martes, 29 de octubre de 2013

MANO HANKISTA EN EL GABINETE DE KIKO




 Vega de Lamadrid suministró su segunda dosis de gabinete y con ello la sorpresa (ni tanta) de estrenos nunca antes vistos. Una priista en el gabinete de un gobierno del PAN. Juanita Pérez, ex coordinadora de Gabinete en la administración municipal de Jorge Hank y, la primera mujer que procurará la justicia en el Estado, Perla del Socorro Ibarra. En su presentación, el gobernador electo justificó: “aquí están presentes los que votaron por Kiko”

Isaí Lara Bermúdez
No hubo duda. Dos cosas marcaron la segunda presentación de Gabinete de Francisco Vega de Lamadrid, a días de ser el gobernador constitucional. Una, sus amistades incondicionales, así como ex colaboradores y los pagos de facturas a sus aliados de facto en la pasada elección, incluido el equipo de Jorge Hank Rhon y el PRD.

Vega convocó la tarde del jueves 24 en Tijuana a su segunda presentación de integrantes de gabinetes como “los mejores hombres y mujeres” con “suficiente capacidad, experiencia y honestidad”. Éstos son:

Perla del Socorro Ibarra Leyva como Procuradora General de Justicia del Estado.

Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Pública.

Antonio Valladolid Rodríguez, Secretario de Planeación y Finanzas.

Carlo Bonfante Olache, Secretario de Desarrollo Económico.

Salvadores Morales Rubí, Secretario Particular.

José Luis Pérez Canchola, Asesor del ejecutivo en materia de derechos humanos.

Carlos Graizbord, Secretario de Protección al Ambiente.

Juana Laura Pérez Floriano, Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

Antonio Araiza Regalado: Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

A Perla del Socorro Ibarra Leyva se le considera una kikista de primer círculo. Y ahora con mayor razón.

Acompañó a Vega de Lamadrid cuando éste fue alcalde de Tijuana de 1998 a 2001. Ibarra, entonces se desempeñó como la Secretaria de Seguridad Pública municipal. La primera secretaria (antes era dirección) y la primera mujer en todo el estado en desempeñar tal cargo.

En aquel periodo de Ibarra Leyva el entonces director de Policía, Alfredo de la Torre fue ejecutado en el mes de febrero en el 2000. Más de 50 disparos de AK-47 y ametralladora Uzi impactaron en el cuerpo del entonces colaborador de Ibarra. Ella siguió en el puesto. Y lo concluyó.

Posteriormente, en el 2004, Ibarra Leyva fue la Subprocuradora de Justicia en Mexicali todavía en el periodo del procurador estatal Antonio Martínez Luna. De hecho, Ibarra repitió ese cargo, en la administración de Héctor Terán ocupó el puesto durante 3 años (1995-1998).

Antes de tomar la subprocuraduría en Mexicali en el 2004, Perla del Socorro Ibarra se había desempeñado como Coordinadora Estatal de Averiguaciones Previas. En 2007 fue nombrada Magistrada del Poder Judicial del Estado hasta la fecha.

El jueves 24, la próxima titular de la PGJE estuvo ausente en la presentación de la segunda parte del gabinete. Ibarra había solicitado “licencia” a su cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baja California pero le fue negada. Por lo que el mismo jueves renunció al Poder Judicial.

Vega de la Madrid justificó su ausencia dado que “tiene una grande encomienda dentro del Poder Judicial del Estado”. La verdad es que para la hora que el próximo gobernador estaba sosteniendo esa reunión, la magistrada ya había renunciado.

De hecho, cuando presentó su renuncia ante el personal del Poder Judicial, Perla del Socorro Ibarra propuso su espacio en el Consejo de la Judicatura a la magistrada Miriam Niebla Arámbulo. La presidenta del Tribunal, María Esther Rentería admitió su “recomendación”.

Cercanos a Perla del Socorro sostienen que su no aparición el jueves 24 se debió a problemas de salud. Una “descompensación” después de una rigurosa dieta para bajar de peso.

JUANA PÉREZ FLORIANO
Juana Pérez Floriano, en la presentación de Kiko Vega apareció a su flanco. Inexpresiva, la priista se limitó a estar. Ahí fue nombrada como la próxima Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Puesto que en la actualidad ocupa Renato Sandoval, uno de los cercanos al actual gobernador.

Juanita Pérez, secretaria municipal de educación en el gobierno priista de Carlos Bustamante. Del 2002 al 2004 (toda a la administración municipal de Hank) estuvo en cargo de primer nivel como coordinadora de asesores del ayuntamiento.

En la administración municipal del propio Francisco Vega de Lamadrid (1998-2001) fue regidora del PRI.

Cuando Jorge Hank Rhon estuvo preso luego que fue detenido en su domicilio por acopio de armas, y fue internado en el Penal del Hongo en el 2011, Juanita Pérez junto con Carlos Barbosa reunieron miles de firmas para exigir su liberación.

La actual funcionaria de Bustamante y próxima integrante del gobierno de Kiko, no solo fue colaboradora y ex empleada de confianza de Hank sino una de sus incondicionales amistades.

Al final de la presentación, a Vega se le cuestionó el criterio para amarrar su gabinete y para incluir a una priista. Dijo que era un equipo “democrático” además de estar “presentes quienes votaron por Kiko Vega”.

A Pérez la llenó de halagos diciendo que la conoció desde “hace mucho tiempo”, que era una mujer “capaz” a la cual le tiene todo el respeto, “firme”, “puntual” y que era un “gesto democrático” porque él era un hombre “de palabra”.

Daniel de la Rosa Anaya, se especula, será el único secretario de Osuna Millán que repetirá en la administración de Vega de la Madrid.

El secretario de Seguridad Púbica es licenciado en Derecho, hasta hace poco requisito para el cargo. Según su currículo cursó un diplomado en Derecho Penal. Se ha desempeñado como director y sub de Averiguaciones Previas en Mexicali; Agente del Ministerio Público y ex secretario del Procurador de Justicia Estatal.

Antonio Valladolid Rodríguez es uno entre tantos que Kiko Vega arrastra desde su gabinetito municipal. Fracasado en varias ocasiones para la alcaldía de Tijuana, a Valladolid se le ha premiado con cargos y candidaturas. La última, después de declinar a su aspiración por la presidencia municipal, fue colocado en la planilla como síndico procurador, cargo que de hecho debería de protestar cuando el Alcalde Jorge Astiazarán haga lo propio.

Antes de su enroque era el delegado Federal del Instituto de Migración, puesto que cogió luego de terminar una gris diputación federal. Actualmente atraviesa un proceso ante el ministerio público por los delitos de invasión, tráfico de influencias y a amenazas, acusado por el dueño de un predio de utilizar a elementos de seguridad pública para amedrentar en asuntos personales.

El jueves se supo, será quien se encargue de las finanzas y la planificación de éstas en el Estado.

Antonio Valladolid, encargado de finanzas de Kiko en la pasada campaña, fue secretario particular de Terán Terán. El mismo gobierno de donde salió Vega para la alcaldía de Tijuana. Posteriormente fue jalado por Vega como coordinador de delegados municipales.

José Luis Pérez Canchola es hasta ahora, el único espacio que el próximo gobierno panista ha otorgado al PRD, su aleado en las elecciones. Canchola fue el primer procurador de Derechos Humanos del Estado en 1991 designado, de igual manera por una panista, el entonces gobernador Ernesto Ruffo.

En el Gobierno del Distrito Federal, fue parte de los asesores en el tema de Derechos Humanos y fue el Director general del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF.

En las pasadas elecciones Pérez Canchola fue candidato a diputado por el distrito 9 y fue derrotado.

Salvador Morales Rubí, había presumido su cercanía con Vega y se sentía el próximo Secretario General de Gobierno, hoy se sabe, solo le alcanzó para ser el secretario particular de Vega de Lamadrid.

Morales se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento con Kiko y desde entonces uno de sus cercanos colaboradores. De hecho, cuando éste buscó la gubernatura del Estado, Morales fue uno de sus principales en campaña. Tras la derrota el panista cumplió como el dirigente del PAN en el Estado y posterior director del ISSSTECALI.

Carlo Bonfante Olache se estrena en la función pública como Secretario de Desarrollo Económico. De corto currículo ha desempeñado perfiles bajos en el sector empresarial. Su último cargo y quizá el más sobre saliente es el de “Presidente Coordinador técnico” de los CCE´s en el Estado el cual adquirió en este año.

Antes de este puesto su desempeño se remonta al 2002 cuando fue presidente de CANACINTRA en Mexicali. De ahí en fuera, únicamente se le recuerda en 1993 como vicepresidente de la Cámara de la Construcción y como “presidente de asociación estatal de tenis”.

Antonio Araiza Regalado es actualmente Director del Registro Público Civil en Mexicali, cobijado en puestos de medio nivel en los gobiernos del PAN en la capital, Araiza brincó a la dirección del Registro Público de la Propiedad en el próximo gobierno.

En la administración panista de Rodolfo Valdez fue delegado municipal del a Zona Centro y anteriormente “jefe del departamento” jurídico de la CESPT en Tijuana. Su máxima fue ser diputado local en la XVII Legislatura (20041-2004).

Carlos Graizbord se debatió, según los panistas junto con Sócrates Bastida la Secretaría de Protección del Medio Ambiente. El jueves fue presentado como su próximo titular. Graizbord es otro de los ex empleados de Kiko rescatados de la defunción pública. Su último puesto público fue en 1999 cuando al lado de Vega de Lamadrid lo colocó como Director del Instituto Municipal del Planeación en Tijuana.

Así, con la mano de Hank, la cuota al PRD, Kiko Vega muestra en la segunda entrega de su gabinete, que comenzó a pagar facturas políticas, después de todo, dijo sobre sus recién nombrados colaboradores, incluida Juanita Pérez, “aquí están los que votaron por Kiko Vega”. Y sí.

SECRETARIO DE SEGURIDAD

Daniel de la Rosa Anaya fue presentando por Francisco Vega de la Madrid. Dijo que repetiría como secretario de Seguridad del Estado. Aunque no le mencionó, diversas versiones apuntaron que sería un cargo temporal, mientras encontraba a quién designar.

Pero resulta evidente que el gobernador electo ya tiene candidatos, porque consiguió que una hora después de presentar la segunda parte de su gabinete, el Congreso del Estado modificara la Ley Orgánica del Gobierno del Estado y la de Seguridad Pública, y que el 24 de octubre de 2013, todos los diputados votaran a favor para eliminar el requisito de ser abogado para encabezar la Secretaría de Seguridad estatal. Ahora será suficiente con “tener un título profesional a nivel licenciatura”.

(SEMANARIO ZETA/ (ISAI LARA BERMUDEZ / 29 de Octubre2013)

EL OBISPO TENDRÁ QUE COMPARECER



La violencia sacude de nuevo a Mexicali, esta vez con el asesinato de un agente ministerial con largo y dudoso historial, que estaba comisionado en el turno nocturno a la vigilancia de la casa del Obispo de Mexicali Isidro Guerrero Macías. Este homicidio se suma a una larga cadena de ejecuciones que las primeras indagatorias de la PGJE  ligan con actos de corrupción y protección de grupos de narcotraficantes

 Investigaciones ZETA
Apacible la noche en Mexicali, en la colonia Nueva, la tranquilidad en pleno, parecía que nada perturbaba el ambiente. Era cerca de las once de la noche del jueves 17 de octubre de 2013 y apenas una hora antes había arribado a su guardia el agente de la policía ministerial Antonio Ruiz Vargas, quien estacionó su camioneta Expedition gris frente a la casa del personaje que resguardaba, el Obispo de Mexicali Isidro Guerrero Macías.

El líder religioso vive exactamente a un lado de la parte posterior de la iglesia Perpetuo Socorro en la avenida Pino Suárez.

La colonia Nueva es considerada una de las áreas exclusivas del Mexicali antiguo –junto con Villafontana y Los Pinos–, ahí se ubican residencias como la del ex gobernador Eugenio Elorduy, la del ex presidente Zedillo, del ex alcalde Pérez Tejada, incluso la Casa de Gobierno se encuentra en la misma zona residencial.

Ruiz Vargas estacionó su camioneta por la avenida Pino Suárez, apuntando hacia el Oeste y se dispuso a descansar-trabajar, como lo hacía en ese punto desde hacía dos años.

De repente un vehículo que circulaba de sur a norte por la calle I dio vuelta a la derecha hacia Pino Suárez, abruptamente frenó al emparejarse a la camioneta del  ministerial y desde la ventanilla surgió una mano empuñando una escuadra de la que salió una ráfaga. Cuatro impactos hicieron blanco en el cuerpo del policía ministerial, uno en el brazo, otro en la cara y dos en la espalda, todos del lado izquierdo. Uno de éstos le perforó el corazón.

El agente quedó muerto casi al instante y los agresores huyeron rápidamente, dieron vuelta en U y viraron hacia la derecha en la Calle I, hacia el sur, donde literalmente desaparecieron.

Antonio Ruiz Vargas tenía 25 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California –desde que era Policía Judicial del Estado–, lapso en el que acumuló un historial público –no concretados en expedientes ante asuntos Internos–, marcado por la corrupción y su presunto involucramiento con grupos criminales.

El señalamiento más sonado en su contra tuvo que ver con su mención en el llamado “narcovideo”, publicado en exclusiva por ZETA en mayo del 2007, donde el ex comandante de la PJE, José Ramón Velázquez detallaba el pleito entre agentes y ex agentes de la policía ministerial, unos involucrados con el Cártel de Sinaloa, otros con el Cártel de Tijuana.

En la larga lista que aportó el ex comandante Velázquez habló de Antonio Ruiz Vargas como parte del grupo, que no solo los protegía, sino también que era integrante del cártel sinaloense, que participaban en operativos delictivos.

Antes, el nombre de Ruiz había salido a relucir en 2001 en declaraciones vertidas por un testigo protegido ante la PGR, donde lo mencionaban como parte del grupo de agentes de la Policía Judicial del Estado, que eran parte del núcleo de apoyo a las actividades criminales que en Mexicali encabezaba Gilberto Higuera, “El Gilillo”, hermano de Ismael Higuera, “El Mayel”, el principal lugarteniente del Cártel Arellano Félix (CAF).
 La indagatoria

La inmediata reacción del Obispado de Mexicali fue “aclarar” que el agente acribillado no era escolta personal del Obispo, no se conocían personalmente y hasta apuntaron una línea de investigación.

“Tal como las averiguaciones previas lo comprueban, este ataque no tiene ninguna relación con la persona del Obispo o el Obispado y se siguen las líneas de investigación de ataque personal en contra del Agente Ministerial”.

Por su parte, el Procurador Estatal Rommel Moreno fue contundente al afirmar que “Le vamos a dar toda la atención para que el señor Obispo pueda comparecer”.

De acuerdo a datos aportados desde la Procuraduría General de Justicia del Estado, frente a la camioneta del agente abatido se localizaron 6 casquillos percutidos calibre 5.7 por 28, un tipo de proyectil caracterizado por el poder de penetración en chalecos antibalas e incluso en cascos con blindaje, se utiliza en fusiles de asalto y escuadras.

Entrevistado el 22 de octubre de 2013, al final de su comparecencia ante los diputados –por la Glosa del VI Informe– el procurador estatal Rommel Moreno Manjarrez dijo que lo primero era esclarecer el hecho.

“Lo que tenemos es que las armas utilizadas, de acuerdo al examen balístico y al registro, no participaron en otros eventos”, dijo el fiscal estatal, explicando que están desarrollando una “dinámica de testimonios” en esa investigación a cargo de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada.

Respecto a los señalamientos criminales en contra del agente asesinado, Moreno solo agregó: “Es una persona que, como muchos otros policías, tenían algunos datos, que no eran contundentes y que no tenía un expediente específico en Asuntos Internos de la procuraduría. Algunos de estos funcionarios que constantemente están en la institución, no los podemos dar de baja porque no tenemos argumentos válidos de acuerdo al Tribunal Contencioso Administrativo”, expuso el procurador.

Y aunque no pudieron fincarle cargos ni darlo de baja por sus presuntos antecedentes criminales, el dudoso historial del ministerial sí está siendo considerado en la indagatoria de su muerte.

“Una línea de investigación que estamos tratando es que se trató de una venganza, con un tema relacionado con situaciones del pasado en el cual estaba presuntamente vinculado. No tenemos todavía la capacidad de determinar”, detalló Moreno.

Entre los elementos también analizan la balística y el posible uso de al menos dos vehículos, los que fueron localizados por los fiscales en la zona cercana al crimen.

A pesar del deslinde del obispado, el procurador bajacaliforniano afirmó que era importante la comparecencia del Obispo “para atender su punto de vista”, igual deberán comparecer compañeros de trabajo del ministerial asesinado.

“La intención es esclarecer este caso, como otros más”, dijo el fiscal estatal, a quien le queda una semana en el cargo.

“Estamos limitados por el tiempo, la próxima semana termina esta administración, vamos a dejar contundente esto”, dijo Moreno, quien aseguró no descartar la posibilidad de que el caso lo atraiga la Procuraduría General de la República. El funcionario dijo desconocer cuantas personas habían participado en la ejecución, solo confirmó que hay dos vehículos a disposición de la Fiscalía en donde se buscan huellas o indicios que puedan ayudar a identificar a los responsables.

“Estamos viendo en este momento tres líneas de investigación”, dijo el Procurador antes de “tratar de evitar entrar en detalles”, según sus propias palabras.
 Te encargo

 El 18 de octubre de 2013, al día siguiente del crimen, el Alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, expuso algunos detalles del incidente, dijo que Ruiz Vargas era el agente asignado por la PGJE para resguardar la casa del Obispo, aclaró que no era su escolta.

“La investigación va mucho que iban directamente contra él, hay que ver sus antecedentes y sobre todo si andaba metido en algún tema últimamente, que es lo que se tiene que revisar”.

Pérez Tejada recordó que la noche del homicidio habló con el Obispo. “Tenía muy poca comunicación, pocas veces lo había visto, no era una persona con la que convivía, no es algo que vaya a ser en contra del señor Obispo, es algo muy particular de la persona que perdió la vida”, reiteró el alcalde cachanilla.

Sobre el tema del antecedente del ministerial acribillado, Pérez Tejada expuso que sobre ese punto había hablado con el Obispo Gurrero Macías, quien le dijo “Oye, pues te encargo mucho la gente que vayan mandar y que vaya a estar aquí afuera de mi casa…”, añadiendo el alcalde que había que tener mucho cuidado para que los agentes que estén en ese tipo de comisiones sean agentes que “no estén en ninguna situación que pueda provocar algo como lo que pasó”, dijo en referencia al crimen.
 El historial

 Quienes conocieron a Ruiz Vargas coinciden en que se trata de un agente que siempre buscó la permanencia con bajo perfil. Tras del escándalo del narcovideo. La PGJE lo congeló al comisionarlo a los llamados “puntos fijos”, sobre todo al Grupo Nocturno, donde estaba asignado desde hace dos años a la vigilancia de la residencia del Obispo.

Ahí llegaba alrededor de las 10 de la noche y se retiraba a las 6 de la mañana. Después del incidente afuera de la casa del líder religioso se ubica como guardia un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Y aunque el Procurador insista en que nunca hubo elementos suficientes para removerlo de la corporación, el currículum público de Ruiz Vargas era identificado con corrupción y crimen organizado.

El 13 de febrero del 2001 fue detenido en Mexicali, en la colonia Francisco Villa, Miguel Ángel Fernández Loera, identificado por las autoridades como escolta y brazo derecho de Gilberto Higuera “El Gilillo”, quien alcanzó a escapar de ese operativo.

Loera se entregó, pero posibilitó la fuga de su jefe; se convirtió en testigo protegido y delató a sus cómplices, entre sus declaraciones relató como llegaban al estado avionetas con mariguana, con cocaína, como los apoyaban militares, municipales y judiciales, entre éstos Ruiz Vargas a quien le correspondió en  varias ocasiones apoyar el traslado de droga –que dirigía directamente Ismael Higuera– por La Rumorosa hasta Mexicali.

Seis años después, en mayo de 2007, el nombre de Antonio Ruiz Vargas salió a relucir de nuevo en el video –entregado a varios medios de comunicación, pero solo ZETA publicó, con el testimonio vídeo-grabado del ex comandante de la policía judicial José Ramón Velázquez, quien fue parte de la escolta del gobernador Ernesto Ruffo.

En el documento el ex agente José Ramón Velázquez reconoció que él encabezaba la célula en Mexicali del Cártel de Sinaloa donde participaban agentes y ex agentes de la PGJE, asegurando que contaban con el apoyo del entonces Procurador Antonio Martínez Luna y de su asesor, un abogado tijuanense que apodaban “El Pato”, Humberto Valdez. Según la versión, a instancias del mismo Procurador se había creado un grupo al interior de la Procuraduría conformado por agentes ministeriales –quienes enfrentarían a otro grupo de  agentes y ex agentes ministeriales en activo que servían al Cártel de Tijuana.

En la larga lista incluyó al recientemente asesinado Antonio Ruiz Vargas y a otros agentes en activo.

Eso fue en mayo de 2007 y el 1 de noviembre de ese mismo año el procurador Martínez Luna terminó el sexenio, entregó el cargo sin ser requerido por la autoridad, los ministeriales activos mencionados tampoco fueron llamados a declarar. En ese ínter, la historia y el crimen organizado cobró la cuenta, de los agentes mencionados en el video:

Adolfo Roa Lara y Hernando Villegas fueron detenidos en Mexicali, con media tonelada de cocaína, ambos siguen presos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Alejandro Ruiz Chaparro fue asesinado al llegar a su casa en Tijuana, el 14 de julio del 2007; Gabriel González Mejía, también fue acribillados en Mexicali, el 29 de julio del 2010, ejecutado a plena luz del día en la colonia Industrial; Martin Guzmán Montelongo fue despedido de la Procuraduría, en agosto de 2010 acusado de intentar robar y chantajear a un comerciante en la zona del Ejido Puebla; Sergio Alvarado Chong, detenido por agentes federales con 7.5 kilos de cocaína en agosto del 2009.

Macario Nakay, Valente Tizoc Núñez, Jaime Arroyo y Hernando Villegas fueron dados de baja oficialmente el 6 de octubre del 2009.

Y Antonio Ruiz Vargas, quien fue asesinado el 17 de octubre de 2013.

MEXICALI: ASESINATOS POR GANES DE DROGA

Una serie de asesinatos se han suscitado en Mexicali en octubre, la mayoría relacionados con pleitos por drogas. Cinco de éstos ocurrieron durante el primer fin de semana del mes, y de acuerdo a reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hasta el martes 22 sumaban 17 homicidios.

La madrugada del lunes 7 de este mes, afuera de su casa en la colonia Valle del Pedregal, fue asesinado Francisco Lugo Zamora, de 36 años de edad, e identificado por su esposa Elizabeth Daniel Peñuelas, quien dijo a los investigadores que su marido tenía deuda por fraudes en la venta de autos, y que en ocasiones se dedicaba al narcomenudeo.

Ese mismo día, se encontró un cuerpo envuelto en una cobija en la zona del Valle de Mexicali, cerca del Ejido Colima. Estaba enteipado y esposado. El nombre del occiso era Iván Ernesto González Méndez, quien residía en la vecina ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo a datos ministeriales, González, quien había participado en San Luis en el robo de 15 kilogramos de cocaína, fue “levantado” tres días antes y a su pareja le insistieron vía telefónica para que pagara un adeudo.

Otros dos asesinados fueron localizados ese mismo día, cerca de las tres de la tarde en el fraccionamiento Misión del Valle. Se trató de una pareja de jóvenes, Mitzy Abigail Salcedo y el ciudadano estadounidense Daniel García Balderas. El joven tenía un disparo en la cabeza, ella dos. La versión de los familiares indica que ambos se dedicaban al cruce de droga y habían acudido a cobrar una carga, pero fueron abatidos.

La noche del domingo 20 de octubre, resultó muerto Luis Germán Venegas, mientras que su acompañante, Ricardo Orozco Alarcón, quedo malherido tras un ataque armado en el Ejido Villa Zapata, durante las carreras nocturnas que se realizan en la zona.

Según testigos, los agresores primero chocaron el auto en que viajaban los dos sujetos, luego provocaron una riña y finalmente los balearon. Los datos anotan que el padre del joven asesinado -ya fallecido también- se dedicaba al narcomenudeo en la colonia Santa Isabel.

 (SEMANARIO ZETA (Mexicali) / ZETA Investigaciones /octubre 28, 2013 12:00 PM )



“EL CHAN”: CONSIGNADO POR “PORTACIÓN DE ARMA”




Juan Lorenzo Vargas Gallardo, señalado por la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Seguridad Estatal y el grupo Coordinación de Seguridad, en diversas ocasiones como líder de una de las células del crimen organizado en Tijuana, presuntamente asociado con el CAF y después con el Cártel de Sinaloa, no tiene mandatos judiciales en su contra. Fue detenido por una denuncia ciudadana y capturado mientras huía llevando al hombro un cuerno de chivo, según la versión del Ejército, por eso fue consignado

 Investigaciones ZETA
La denuncia la recibió el Ejército el domingo 20 de octubre, el hombre que habló informó de la presencia del narcotraficante Alfonso Arzate García “El Aquiles” en una casa ubicada en una calle cerrada con entrada por avenida del Bosque, entre calles Abeto y Fresno, del fraccionamiento Chapultepec en Tijuana.

El denunciante explicó que se estaba realizando una reunión y aparentemente por la cantidad de gente, todos eran criminales importantes, los soldados no aparecieron sino hasta el día siguiente, el lunes 21 de octubre acordonaron el área con patrullas militares, y el denunciante se quejó “…lo hicieron todo para dejarlos ir”.

Considerando la línea de acción de la II Zona Militar, distinta a la ejercida en Comandancias anteriores, cuando recibieron la denuncia anónima, los uniformados no acudieron para atender el reporte de manera inmediata. De haberlo hecho, habrían llegado a la reunión criminal. Lo que hicieron los soldados: solicitar una orden de cateo para la casa denunciada.

Las horas que tardó la autoridad en conceder la orden, fueron cruciales para la huida de los buscados por las corporaciones policíacas. Cuando los soldados llegaron con su orden judicial, ya se habían retirado. En el lugar solo quedaba Gallardo. Aun así, intentó escapar. Fue detenido dos cuadras adelante, armado.

La estrategia militar, que contrasta con aquella campaña de “nosotros sí vamos”, iniciada en la entidad por el General Sergio Aponte Polito, y continuada por el General Alfonso Duarte Múgica, ahora fue de retrasar la atención a la denuncia anónima; no acudiendo en tiempo tras la flagrancia, sino buscando la orden de cateo, lo cual alertó a los buscados para huir.

Desde hace más de un año que Vargas empezó a ser visto en la zona, no era raro verlo circular en autos ostentosos y menos observar el arribo de personas armadas en la zona, reclamaron.

La presencia militar se dio hasta la mañana del 21 de octubre en la avenida Del Bosque en el fraccionamiento Chapultepec Novena Sección, muy cerca de la casa del alcalde electo, Jorge Astiazarán. Al menos ocho vehículos del Ejército permanecieron hasta tarde, estacionados desde la esquina con calle Abeto hasta llegar a la avenida Del Fresno.

ZETA abordó a los soldados al mediodía de ese lunes para preguntar por el motivo de su presencia, los militares argumentaron un operativo de vigilancia y seguridad que se instala normalmente en distintas zonas de la ciudad. “Algo de rutina”, tenían entendido los uniformados atrincherados en sombras y paredes de “La Chapu”.

La vigilancia trasnochó. Sin la presencia de otras corporaciones policiacas, los militares esperaron hasta el día siguiente para presentar un nuevo movimiento: obstruyeron el tránsito en el mismo tramo de 200 metros sobre la avenida Del Bosque en espera del Ministerio Público Federal.

Dos unidades estacionadas para impedir el paso en cada dirección de la avenida, vehículos y peatones eran enviados de vuelta a la avenida principal del exclusivo fraccionamiento residencial. Ni residentes, ni visitas mucho menos a curiosos se les permitió el paso.

Así, quedó resguardada la calle cerrada –sin nombre, pero que se extiende desde la avenida Del Bosque– donde, el martes 22 de octubre, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se apersonaron en el lugar para efectuar un cateo.

Horas después fueron subidos paquetes y mochilas a una unidad oficial resguardada por armas y elementos policiacos. El vehículo y los bultos extraídos de la casa tuvieron el destino hacia las oficinas de la delegación de la PGR en Zona Río.

 OFICIALMENTE MILITARES

 A la PGR fue presentado la noche del martes 21 de octubre; conforme al parte informativo entregado por los militares, previa orden de cateo solicitada. Habían ingresado a una casa en busca de un miembro del crimen organizado.

Mientras ellos ingresaban al domicilio el residente intentó huir saltando por la barda, mientras brincaba llevaba al hombro un cuerno de chivo, rifle calibre 7.62 por 39 y, fajada, una pistola calibre 9 milímetros.

Después del mediodía empezó a circular la versión de que el MP le estaba pidiendo 100 mil dólares a la esposa de Gallardo, para no consignarlo por delincuencia organizada, para no ligarlo a los narcotraficantes buscados, como “El Aquiles”, y para no asegurar la casa donde fue capturado. El abogado incluso, fue alertado por la esposa del detenido, que en el Ministerio Público Federal, le dijeron que si no tenía dinero, podían aceptar propiedades.

ZETA se comunicó con autoridades federales que confirmaron la captura de “El Chan”, explicaron que todos los titulares en la procuraduría sabían de la detención del presunto delincuente, que nadie podía ofrecer dejarlo en libertad y aseguraron que Gallardo sería consignado.

Se les preguntó por qué delitos. Y respondieron que solo por las armas. Porque habían preguntado y el Fuero Federal no tenía ningún cargo o expediente en su contra. También habló la PGJE, donde lo han mencionado en repetidas ocasiones como parte de los cárteles, y resulta que el estado tampoco tiene ningún proceso judicializado, u orden de aprehensión en su contra.

De hecho, pese a las versiones públicas, y de haber sido corrido por falta de confianza en el año 2006 de la corporación, en los expedientes de la procuraduría local su nombre solo está incluido en la AP 606/10/201 como testigo, no presencial, en el homicidio de dos de sus primos.

En estas condiciones fue consignado ante el juez XVI de Distrito por el delito de Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Se preguntó si por ese delito podría ser liberado. Y la respuesta fue: “…sí pero en el juzgado, no la PGR. Y solo si el abogado puede desmentir la versión del Ejército”.

Si lo declaran penalmente responsable, conforme al artículo 83 de la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos, se le sancionará:

“Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes”.

 ANTECEDENTES DE GALLARDO

La madrugada del 17 de diciembre de 2009 un grupo armado, presuntamente encabezado por delincuentes al servicio de Eduardo García Simental “El Teo” (detenido 12 de enero de 2010) entró a la casa del veterano agente ministerial Lorenzo Vargas Romero, se lo llevaron violentamente. ZETA se comunicó el 18 de diciembre con los jefes de la PGJE para verificar cómo actuarían ante la agresión a la corporación y respondieron que no se trataba de un ataque a la institución.

Detallaron que el hombre secuestrado era padre de un ex ministerial corrupto –se dio de baja en 2006– que delinquía para el Cártel Arellano Félix y se llamaba Juan Lorenzo Vargas Gallardo, lo apodaban “El Chan”. Explicaron que de acuerdo a las primeras indagatorias “el levantón” se trataba de una medida de presión, mediante la cual “Los Teos” intentaban  que Gallardo liberara a uno de sus cómplices –que tenía secuestrado– y también dejara de apoyar a Juan Sillas (capturado 4 de noviembre 2011) en la pugna interna contra los García Simental.

Lo único que se supo después fue que el padre del presunto criminal fue liberado sano y salvo el 20 de diciembre.

El nombre de Gallardo surgió después en declaraciones de varios detenidos, fue mencionado por las autoridades del Grupo Coordinación como parte de las células operativas del CAF, pero no le fincaron ningún cargo.

Por ello, el 21 de diciembre de 2010, cuando fue detenido después que sus primos Adrián Vargas Gómez y Omar Alejandro Vargas Gómez fueron asesinados frente a su domicilio en la calle Génova número 14416 del Fraccionamiento Chapultepec Californias, únicamente fue presentado como testigo.

Declaró ante el Ministerio Público del Fuero Común que el día del crimen él: “… estaba en compañía de mi compadre de nombre Juan Carlos Salgada y dos amigas de ésta de nombres Liliana Sevilla y Elizabeth, ya que estábamos conviviendo, bebidas embriagantes, pero se nos terminaron las cervezas y le hablé por teléfono a mi primo de nombre Adrián Vargas Gómez que fueran a mi domicilio para ver si me podían llevar una cervezas”.

Siguió “… llegando a mi domicilio mis primos Adrián y Omar Alejandro de apellidos Vargas Gómez, a los cuales les pedí que me fueran a comprar unas cervezas dándoles dinero para que fueran a comprarlas, por lo que una vez que se fueron mis primos nos quedamos en la casa mi compadre Juan Carlos y sus amigas…”

Y concluyó: “… minutos después tocaron la puerta de mi domicilio, percatándose mi compadre Juan Carlos que eran oficiales de la policía municipal a los cuales mi compadre les permitió el acceso, manifestando que los oficiales al entrar a mi domicilio sin permiso alguno me aseguraron así como a mi compadre de Juan Carlos y nos trasladaron a la delegación municipal y después al cuartel militar, en donde me enteré que a mis primos de nombres Adrián Vargas Gómez y Omar Alejandro Vargas Gómez, habían sido privados de la vida, y que en cuanto a la privación de éstos ignoro el motivo por el cual los privaron de la vida”.

 “EL MONO”, SIN CARGOS EN SU CONTRA

 Como resultado de la misma falta de trabajo ministerial –sea por impericia, cobardía o complicidad– ante la no judicialización de los casos, otro presunto criminal, señalado por las autoridades públicamente como líder del narcomenudeo en la zona norte de Tijuana  y cabecilla del grupo identificado como Los Pelones, fue detenido y liberado esta semana, se trata de Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”, la PGR lo liberó porque no había cargos en su contra.

La policía municipal lo detuvo la madrugada del domingo 20 de octubre de 2013, después de un reporte por detonación de arma de fuego en el fraccionamiento Lomas Virreyes, según el parte policiaco al llegar al lugar, Toscano y Julián Ramírez estaban en el patio de una casa y corrieron al interior dejando en el suelo una bolsa donde encontraron el arma, la cual Ramírez admitió era de su propiedad y él había accionado, por eso “El Mono” quedó libre de cargos, aunque al ser detenido dio un nombre falso, se presentó como Manuel Barajas.

Lo mismo había sucedido después de haber sido capturado el 3 de junio de 2012, el ejército lo apresó en la zona norte con una pistola, un rifle, 20 mil dólares en efectivo y 38 gramos de cocaína. A pesar de que ninguno de esos delitos alcanza fianza, quedó en libertad.

Antes, en  julio de  2010, la Procuraduría del Estado había solicitado una orden de aprehensión en su contra como presunto autor intelectual del secuestro de una mujer estadounidense, lo habían delatado sus cómplices Ernesto Palma y Érika Medina. En ese expediente se sabe que estaba amparado y no se concretó la detención.

Y tampoco fue presentado el 8 de  enero de 2010 –para que declarara como víctima–  cuando intentaron matarlo a balazos en la colonia Altamira de Tijuana.

(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones / octubre 28, 2013 12:00 PM)