miércoles, 13 de marzo de 2013

ASESINAN A DOS PERSONAS EN EL NORTE DE SINALOA



Luis Fernando Nájera    
Los Mochis, Sinaloa.- Los asesinatos a mansalva perpetrados por grupos armados retornaron a la zona norte, luego de unos días de calma en que las autoridades municipales ponderaron el resultado de los operativos de prevención.

Y es que en las últimas horas, dos personas fueron asesinadas. En ningún caso hay detenidos.

De acuerdo con un reporte de la policía, el primer crimen descubierto hacia la tarde del martes fue el de Gabriel Rodríguez Beltrán, quien vivía en la colonia San Francisco, al poniente de Los Mochis.

Su cadáver fue detectado en las inmediaciones del sitio conocido como El Papalote, ubicado entre los ejidos Bachomobampo y Plan de Ayala, al surponiente de Los Mochis.

El cuerpo tenía varios disparos, y estaba semienterrado, cuando fue descubierto.

No se ahondaron en mayores detalles del caso.

El segundo asesinato ocurrió en la sindicatura de Juan José Ríos, a unos15 kilómetros al sur de Los Mochis.

Un supuesto jornalero fue asesinado a rafagazos de rifle de alto poder.

Sujetos que viajaban en tres vehículos mataron al jornalero, a quien alcanzaron en la esquina de calle 10 y Japaraqui, la noche del martes.

Hasta hoy, el jornalero no ha sido identificado.

(RIODOCE.COM.MX/ Luis Fernando Nájera /marzo 13, 2013)

EJECUTAN A DOS; UNO EN GUASAVE Y OTRO EN CULIACÁN



Redacción/ Riodoce
Dos personas fueron ultimadas a balazos en Sinaloa, una de ellas en la comunidad de Batamote, donde estaba semienterrada; el occiso no ha sido identificado.

En Culiacán, un hombre que se resistió a ser privado de la libertad fue ejecutado en la colonia Felipe Ángeles. El hoy occiso viajaba en una camioneta Ford, placas VHZ-4590, de Sinaloa, cuando fue interceptado por los homicidas.

(RIODOCE.COM.MX/ Redacción/ marzo 12, 2013)

DOS MUERTOS EN BALACERA EN CEFERINO PAREDES, SINALOA


     
Luis Fernando Nájera
Los Mochis, Sinaloa.- Dos presuntos gavilleros murieron a balazos hoy miércoles, en una comunidad enclavada al pie de la sierra de Sinaloa, durante un tiroteo entre fuerzas policiales estatales y el dueto de aparentes maleantes.

Los supuestos delincuentes no han sido identificados. Se encuentran en la plancha de una funeraria, en Guasave.

La Procuraduría Regional de Justicia con sede en esta ciudad está a la espera de su identificación.

De acuerdo con la información oficial, los dos sujetos viajaban en una camioneta Ram doble cabina, de color blanco, y en un sitio ubicado entre los poblados Concentración Cinco de Febrero y Ceferino Paredes, sobre la carretera San Blas-Sinaloa de Leyva, se toparon con un comando de ministeriales que buscaban a personas con órdenes de aprehensión vigentes y vehículos robados. Entonces se inició el tiroteo, muriendo los dos sujetos.

En el lugar se decomisó un par de rifles AK-47, una pistola 38 súper y granadas de fragmentación.

Por la  corporación no se reportaron bajas.

El tiroteo ocurre en la víspera del, hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de putrefacción y que fueron enterrados en forma clandestina. Uno de los cuerpos estaba desnudo y adentro de un ataúd. El otro estaba vestido, con ropas de mezclilla.

Ambos cadáveres fueron encontrados en los alrededores de Estación Naranjo.

En el lugar se encontró más de una docena de cascajos para rifles AK-47, conocidos como “cuerno de chivo”.

(RIODOCE.COM.MX/ Luis Fernando Nájera/ Marzo 13, 2013) 

DESAPARECIDOS: LAS LISTAS CAÓTICAS



El presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores se embrollan cada vez más en lo que atañe a las personas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón. Al principio negaron conocer cuántas eran; luego, de manera inopinada la Secretaría de Gobernación difundió una lista en la que enumeraba a más de 27 mil. Pero cuando activistas sociales y familiares de los agraviados consultaron el registro de los desaparecidos, descubrieron que algunos de ellos tampoco estaban en las listas.

Marcela Turati
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Margarita López no se atrevía a enfrentarse al registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas del sexenio anterior que puso en internet la Secretaría de Gobernación. Tuvo miedo a partir de que habló con otras madres y padres de familia que buscaron a sus hijos entre los 26 mil 121 nombres pero no los hallaron. Pronto se dio cuenta de que su hija, Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida físicamente el 13 de abril de 2011, fue desaparecida también de la lista oficial.

“Es indignante, es un golpe bajo saber que aún con todo lo que he alzado la voz y lo que he hecho y las tantas veces que he puesto la denuncia, mi niña no está en esa lista de desaparecidos”, dice esta mujer que al final del sexenio calderonista hizo huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación, junto con Julia Alonso, para exigir la búsqueda de sus hijos.

Enumera los lugares donde presentó la denuncia por la desaparición de su hija, quien fue sacada de su casa por hombres armados: ante el Ministerio Público de Tlacolula, Oaxaca; en la zona militar de Oaxaca; ante el procurador del estado; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la SIEDO –que a partir de septiembre de 2012 se convirtió en Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)–, y luego la amplió, cuando el caso pasó al área de Secuestros; en Províctima; en la Secretaría de Gobernación, cuando hizo la huelga de hambre en tiempos de Alejandro Poiré.

A la par, gritó su dolor en decenas de las plazas públicas de México y Estados Unidos que recorrió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, incluso le dio un expediente con su caso al entonces presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y al general Guillermo Galván.

Hace un par de semanas escribió una nueva ficha para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“La cifra que manejan es irrisoria en comparación con todos los que son. No están muchos conocidos y seguro tampoco están los que por miedo no han salido a denunciar o no tienen dinero para tanto papeleo porque constantemente nos piden que llenemos fichas. Es difícil para nosotros volver a empezar desde el principio”, dice Margarita a Proceso.

Si uno escribe el nombre de Yahaira Guadalupe Bahena López en el sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED) aparece una leyenda: “No se encontró ningún dato”.

En cambio, enlistadas, aparecen 726 personas si se usa Guadalupe como criterio de búsqueda. También aparecen nueve Yahairas, quienes fueron desaparecidas en Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas, Guanajuato, Monterrey y Quintana Roo.

El registro no arroja nombres y edades, se limita a mencionar el sexo de la persona, los municipios y entidades donde desa­pareció, la fecha del suceso y si alguna procuraduría lleva el caso. La mayoría de los casilleros están vacíos.

De las nueve Yahairas, por ejemplo, sólo en la de Guanajuato se mencionan señas particulares escuetas: “lunar cerca de la boca”. En el resto, el vacío.

De ese estilo es el contenido de la base de datos que presentó el 26 de febrero la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, tras una semana en la que familias, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y políticos exigieron que hiciera públicos los registros oficiales de desaparecidos, luego de que ella dijo en radio que sabía de la existencia de un registro con “27 mil 523 personas” desaparecidas durante la administración anterior.

La lista que los primeros meses de gobierno de Peña Nieto dijeron desconocer Osorio Chong y el titular de Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), adscrito a la PGR, con base en reportes de las procuradurías locales. Incluye, sin distingos, a personas extraviadas (no relacionadas con hechos criminales) y desaparecidas (ya sea por agentes del Estado o por delincuencia organizada).

En la conferencia donde se hizo pública, el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, aventuró que seguramente “muchas” de las personas enlistadas ya regresaron a sus casas, por lo que en unas semanas la lista estará depurada.

Por esos mismos días, Gobernación firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja –con experiencia en conflictos bélicos y desastres naturales– para armar protocolos de búsqueda. Anunció que se crearía un grupo especial de búsqueda (conformado por 200 ministerios públicos, peritos y policías federales); también informó a las familias que está por crearse una dirección (que no será fiscalía) dedicada a desapariciones, a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

Así, las autoridades respondieron al duro informe de Human Rights Watch que señalaba: “El presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia (…) debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.

El informe documentó 149 casos en los que “encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”.

Con la publicación de la base de datos, Gobernación respondió también al ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la PGR, Óscar Vega Marín, quien intentó desautorizar la lista de los 27 mil, señalando que el único registro “validado” –que elaboró su área– contiene 5 mil 319 desaparecidos, el cual se desconocía.

En entrevista con Proceso, Vega explica que se basó en información proporcionada por las procuradurías estatales y admitió que, quizás por “irresponsabilidad” de los gobiernos estatales, podría haber un subregistro. Políticos calderonistas salieron en su apoyo.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.

(PROCESO/ Marcela Turati/13 de marzo de 2013)

LA LEY DEL SILENCIO



José Gil Olmos
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace varios años en México se ha presentado un fenómeno que Italia y Colombia han vivido también: se trata del surgimiento de zonas de silencio en las cuales los medios de comunicación decidieron no informar ante las amenazas de muerte, atentados y secuestros que recibieron por parte de bandas de la delincuencia organizadas convertidas en verdaderos gobiernos de terror en comarcas enteras.

Apenas el lunes 11 de esta semana, el diario coahuilense Zócalo de Saltillo anunció a través de su editorial que ya no publicará información relacionada con el crimen organizado, luego de que el viernes pasado recibiera amenazas a través de mensajes en mantas colocadas en distintos municipios de la entidad.

“La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra”, expuso el rotativo de Coahuila.

En la región lagunera donde confluyen Coahuila y Durango se vive desde hace años una espiral de violencia que ha alcanzado a reporteros y medios de comunicación.

El 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión Milenio, fue ejecutado por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer, para “dar un escarmiento” a los comunicadores.

Luego, el 26 de julio de 2010, en el contexto de la cobertura de un motín de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, Javier Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El Vespertino fueron secuestrados por varios días.

Los comunicadores y medios de Coahuila no son los únicos que han tomado esta difícil decisión del silencio. Otro periódico que asumió algo similar fue El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que desde julio de 2012 manifestó que dejaba de “reproducir hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, luego de que sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas dos veces ese año.

Con el cambio de poder en la Presidencia de la República, las cosas no han mejorado para los medios y sus trabajadores. El domingo 3, Jaime Guadalupe González, director de Ojinaga Noticias de Chihuahua, fue ejecutado, convirtiéndose en el primer periodista asesinado bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

A partir de este crimen, el miércoles 6 varios sujetos armados dispararon contra El Diario de Juárez y la sede del Canal 44 de televisión, también en Chihuahua, sin causar heridos.

Semanas antes en Tamaulipas, donde ya muchos medios no publican noticias del narcotráfico sin haberlo anunciado, uno de los dos cárteles que dominan la entidad repartió cientos de volantes en los que se ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para quien diera informes de los responsables de la página y cuenta “Valor por Tamaulipas”.

La ley de silencio impuesta por el crimen organizado se ha expandido hacia Michoacán, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, sin que los gobiernos de los estados o el federal hayan logrado quebrarla.

En los hechos, se trata de la imposición de la voluntad del poder de la delincuencia por encima de la Constitución, sin importar quién gobierne. Lo mismo con Peña Nieto que con el panista Felipe Calderón.

(PROCESO/ José Gil Olmos/ 13 de marzo de 2013)