miércoles, 16 de mayo de 2018

VOLCÓ AUTOBÚS EN EL CORREDOR TURÍSTICO DE LOS CABOS



(California).- Cuerpos de rescate de movilizaron al kilómetro 18.5 la mañana de hoy, donde un autobús de transporte de personal del Hotel Le Blanc volcó sobre la cinta asfáltica al salir de un vado y el chofer perdió el control de la unidad.

El percance, reportado a los números de emergencia a las 10:45 de la mañana de este lunes, ocasionó un embotellamiento del tráfico en el sentido de San José del Cabo a Cabo San Lucas, que tuvo que ser desviado provisionalmente por el acotamiento de la colonia Lomas del Tule, en tanto se atendía la emergencia.

Por el parabrisas de la pesada unidad, fueron rescatados los ocupantes, de los cuáles cuatro presentaron golpes contusos que requirieron el traslado del hospital del Seguro Social para atención médica especializada. Ninguno fue declarado en estado de gravedad.

Participaron en la atención de esta emergencia elementos de ambulancias privadas, heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Federal y brigadas de Protección Civil Municipal.

A la una de la tarde la vía quedó despejada al retirar con grúa la pesada unidad de la marca Mercedez Benz.

¡Volcó autobús en el corredor turístico de Los Cabos!
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San José del Cabo (California).- Cuerpos de rescate de movilizaron al kilómetro 18.5 la mañana de hoy, donde un autobús de transporte de personal del Hotel Le Blanc volcó sobre la cinta asfáltica al salir de un vado y el chofer perdió el control de la unidad.


El percance, reportado a los números de emergencia a las 10:45 de la mañana de este lunes, ocasionó un embotellamiento del tráfico en el sentido de San José del Cabo a Cabo San Lucas, que tuvo que ser desviado provisionalmente por el acotamiento de la colonia Lomas del Tule, en tanto se atendía la emergencia.

Por el parabrisas de la pesada unidad, fueron rescatados los ocupantes, de los cuáles cuatro presentaron golpes contusos que requirieron el traslado del hospital del Seguro Social para atención médica especializada. Ninguno fue declarado en estado de gravedad.

Participaron en la atención de esta emergencia elementos de ambulancias privadas, heróico Cuerpo de Bomberos, Policía Federal y brigadas de Protección Civil Municipal.

A la una de la tarde la vía quedó despejada al retirar con grúa la pesada unidad de la marca Mercedez Benz.

(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ 16 DE MAYO 2018)

NARCISO AGÚNDEZ DETRÁS DE LA HUELGA EN TECNOLÓGICO DE LOS CABOS



San José del Cabo (California).- Tal y como se sospechaba, el autor intelectual de la huelga de personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico de Los Cabos, es el denominado líder moral del Partido del Trabajo y ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño que en un acto de cinismo, se presentó ayer en las instalaciones de plantel para sugerir a los trabajadores en plantón que arrecien sus medidas de manifestación. Casualmente un día después, salieron a manifestarse en la zona turística en la Glorieta Fonatur.

Con lo anterior se desvirtúa el movimiento de huelga, al transformarse en una acción de activismo político a favor de las candidaturas del Partido del Trabajo en el municipio de Los Cabos de parte del Sindicato Único de Profesionales Docentes y Administrativos (SUPDAITES), que reclaman incumplimiento en su contrato colectivo de trabajo.

El líder de la asociación de políticos corruptos denominada “Grupo Los Cabos”, Narciso Agúndez Montaño, ahora utiliza a los profesores del Tecnológico de Los Cabos, como parte de su acción de venganza personal, luego de que le fue embargado por el gobierno federal el rancho San Juan en la comunidad de Santa Anita y entregado, precisamente a FONATUR, donde la mañana de hoy los profesores del ITES se han manifestado, frente a las oficinas de esa dependencia.

Autoridades laborales deberán de revisar más a fondo esta contaminación política coyuntural del movimiento de huelga del ITES que tiene 7 días en paro total.

Agúndez Montaño les dijo a los profesores en paro, que fue por una gestión de él como gobernador, que se logró la construcción de ese Instituto Tecnológico.

(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ 16 DE MAYO 2018)

GASODUCTO, LA OTRA INVASIÓN A YAQUIS



En entrevista exclusiva para Dossier Político, el catedrático y licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora considera que “en realidad, los sectores contrapuestos son básicamente dos: el pueblo yaqui y el capital extranjero; en medio, se ven arrastrados por atender intereses propios, como beneficio secundario y derivado: yaquis que han traicionado su propia lucha por la soberanía territorial en el pasado, o “torocoyoris”, como se les nombra al interior de la comunidad; ex-funcionarios incrustados en la empresa que desarrolla la obra; servidores públicos de los tres niveles de gobierno; delincuentes callejeros del área urbana de la región, presuntamente de Ciudad Obregón, organizados como grupos de choque; policías y militares aparentemente incompetentes o indolentes ante el enfrentamiento campal, que se mantienen al margen y permiten la agresión”…

Hermosillo, Sonora (DP).- El maestro Tonatiuh Castro Silva opina ampliamente sobre el conflicto registrado en Loma de Bácum que, sin duda, este derramamiento de sangre empaña las distinciones que la empresa estadounidense Sempra Energy presume en el mundo, en cuanto a su presunto respeto a los derechos humanos y sus supuestas prácticas empresariales éticas y deja al descubierto el rostro funesto de la Reforma Energética.

En entrevista exclusiva para Dossier Político, el catedrático y licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora considera que “en realidad, los sectores contrapuestos son básicamente dos: el pueblo yaqui y el capital extranjero; en medio, se ven arrastrados por atender intereses propios, como beneficio secundario y derivado: yaquis que han traicionado su propia lucha por la soberanía territorial en el pasado, o “torocoyoris”, como se les nombra al interior de la comunidad; ex-funcionarios incrustados en la empresa que desarrolla la obra; servidores públicos de los tres niveles de gobierno; delincuentes callejeros del área urbana de la región, presuntamente de Ciudad Obregón, organizados como grupos de choque; policías y militares aparentemente incompetentes o indolentes ante el enfrentamiento campal, que se mantienen al margen y permiten la agresión”.

DP: ¿Es falsa la “lucha entre hermanos”?

TCS: “Violencia yaqui”, fue la definición que un diario regional dio a los trágicos hechos ocurridos el pasado viernes 21 de octubre (2016) en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, que fue atacada por miembros de Loma de Guamúchil, refrendando con tal encabezado la representatividad que, lamentablemente, medios de ese tipo tienen respecto a la mentalidad sonorense conservadora y etnocéntrica, y expresando con ello la percepción que en cuanto a esta coyuntura en particular se ha propagado sobre el conflicto que se ha derivado de la forzada imposición del Gasoducto Sonora por el territorio ancestral del pueblo yoeme.

¿Acaso sería posible considerar que la conquista y colonización europea de lo que ahora es México fue consecuencia de una “lucha entre hermanos”, una guerra entre los propios pueblos originarios –considerando el enfrentamiento entre mexicas y tlaxcaltecas–, siendo así ellos los culpables del establecimiento del Virreinato?”.

DP: ¿No fue entre yaquis?

“De la misma forma, resulta absurdo considerar que la confrontación ocurrida, ataque con piedra y fuego en el que hubo vehículos incendiados, heridos y un asesinato, sea resultado de un enfrentamiento “entre yaquis”.

Se señala que es un acto que muestra la aplicación del maquiavélico precepto que reza “divide y vencerás”, pero sólo parcialmente es válido en este caso, pues una de las fuerzas, la mayor, es externa, y no sólo a la etnia, sino incluso al país, y sus cómplices locales, no son sólo yaquis”.

DP: ¿Entonces, quién sería responsable de este conflicto?

TCS: “Sin duda, este derramamiento de sangre empaña las distinciones que la empresa estadounidense Sempra Energy presume en el mundo, en cuanto a su presunto respeto a los derechos humanos y sus supuestas prácticas empresariales éticas y deja al descubierto el rostro funesto de la Reforma Energética”.

DP: ¿No existe crisis de gobernabilidad en la Tribu Yaqui?

TCS: “El discurso del disimulo, como es usual en coyunturas de aprehensión viscosa, reaparece en Sonora. Pretendiendo mostrar a la opinión pública una labor de mediación política y de procuración de justicia, que en realidad constituye una farsa que finalmente habría de justificar el descrédito de la comunidad opositora al megaproyecto, y así, abonar a la continuidad de la obra, Wenceslao Cota Montoya, delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, ensombrece la situación”.

DP: ¿Por qué se enrarece lo sucedido en Loma de Bácum?

TCS: “El funcionario no asiste en primer término a reunión a Loma de Bácum, localidad que recibió la agresión letal por parte principalmente de miembros de la Guardia Tradicional de Loma de Guamúchil, sino es a ésta comunidad a la que acude, dando la voz a los agresores en primer término, y concediéndoles simbólicamente con ello la razón.

Además, tras el acto acusa públicamente que el motivo del enfrentamiento son rencillas internas que, señala, son incluso ´ajenas´ a la realización del gasoducto.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Sonora, en sus dos recientes administraciones, ha guardado una actitud esquiva respecto al proyecto, sobre todo tras el trágico incidente.

En su toma de protesta como Gobernadora Constitucional de Sonora, en parte de su discurso la licenciada Claudia Pavlovich Arellano hizo una alusión directa al Juramento sagrado con el que los gobernadores yaquis asumen su cargo, parafraseándolo parcialmente, y que en su integridad reza:

Para ti no habrá ya sol.
Para ti no habrá ya muerte.
Para ti no habrá ya dolor.
Para ti no habrá ya calor,
ni sed, ni hambre, ni lluvia,
ni aire, ni enfermedades,
ni familia.
Nada podrá atemorizarte.
Todo ha concluido para ti,
excepto una cosa:
el cumplimiento del deber
en el puesto que se te designe;
ahí quedarás
por la defensa de tu nación,
de tu puesto, de tu raza,
de tus costumbres,
de tu religión.

¿Juras cumplir con el mandato divino?

– ¡Sí!

La intempestiva cita, presenciada por miles y televisada en vivo, dejó estupefactos a audiencia y comentaristas, y se tomó como un exabrupto; se admitió dándole el beneficio de la duda, suponiendo que a diferencia del corrupto gobierno de Guillermo Padrés atendería las necesidades de la “tribu”, y de las etnias de Sonora en general”.

DP: ¿Qué atención ha recibido y cómo ha cambiado la Tribu Yaqui?

TCS: “Un año después, no existe diferencia trascendental entre las condiciones de vida de los yoeme en aquel tiempo y en la actualidad, y la amenaza a su territorio es incluso mayor; el Acueducto Independencia sigue funcionando y, además, ahora, se cierne sobre el destino del pueblo yoeme la construcción del Gasoducto Sonora.

En contraste con el apoteósico discurso intercultural de la toma de protesta, así como con el acto realizado al inicio de su gestión, a principios de noviembre de 2015, cuando líderes yaquis que durante la anterior gubernatura se manifestaron en contra del Acueducto Independencia asistieron a Palacio de Gobierno, en Hermosillo, y que se publicitó como “restauración de la relación del gobierno estatal con los yaquis”, ahora no hay presencias coincidiendo y estrechándose las manos.

Desde la capital del estado, la Lic. Pavlovich conmina a la etnia yaqui a fortalecer la unidad. Los funcionarios indigenistas de primer nivel parecen no existir. No hay reconocimiento de las verdaderas partes involucradas y arrastradas a la contienda bélica, y se responsabiliza a los propios yaquis de la confrontación”.

DP: ¿Falta de oficio político?

TCS: “Se ha señalado que el problema creció por “falta de oficio político” de las autoridades locales. Si bien sus propios actos parecieran evidenciarlo, finalmente la destreza política en el nivel microsocial es una herramienta poco útil, en las condiciones actuales, cuando están en juego intereses trasnacionales”.

DP: ¿Capital extranjero contra Tribu Yaqui?

TCS: “En realidad, los sectores contrapuestos son básicamente dos: el pueblo yaqui y el capital extranjero. En medio, se ven arrastrados por atender intereses propios, como beneficio secundario y derivado: yaquis que han traicionado su propia lucha por la soberanía territorial en el pasado, o “torocoyoris”, como se les nombra al interior de la comunidad; ex-funcionarios incrustados en la empresa que desarrolla la obra; servidores públicos de los tres niveles de gobierno; delincuentes callejeros del área urbana de la región, presuntamente de Ciudad Obregón, organizados como grupos de choque; policías y militares aparentemente incompetentes o indolentes ante el enfrentamiento campal, que se mantienen al margen y permiten la agresión.

En lo inmediato, se establece una estrategia claramente punitiva en contra de la comunidad que defiende su territorio: “Un fuerte operativo de la Policía Estatal Investigadora PEI se lleva a cabo en la Loma de Bácum, donde prácticamente tienen sitiadas las entradas y salidas del lugar. Mientras tanto el Personal de periciales y Ministerios Públicos dan fe de los hechos registrados el pasado viernes” (Óscar Félix, Lunes 24 de octubre de 2016, de Grupo Larsa Comunicaciones). Cota Montoya se reúne con las autoridades de Loma de Bácum hasta el martes 25 de octubre y, además, no en la guardia tradicional, como lo establece la cultura política yoeme, sino en un hotel de Ciudad Obregón, lo cual constituye por sí mismo un atentado en términos del marco normativo del propio Estado.

Completando el escenario de judicialización de la lucha por la persistencia étnica, en lugar de los funcionarios del sector indígena (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, regidores étnicos, etc.), son los políticos y policiacos quienes aparecen, justificando su actuación con una petición de aplicación de medidas cautelares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como de las propias autoridades yaquis:

“Este lunes inicia funciones un fiscal especial para las investigaciones de los hechos en que perdió la vida un integrante de la Tribu Yaqui, y se atenderá la petición de autoridades tradicionales de Loma de Guamúchil de realizar acciones de desarme de habitantes de los pueblos de la etnia. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, luego de una reunión de trabajo con el procurador de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, y el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales…” (María de Jesús Estrada, Debate, 24 de octubre de 2016)”.

DP: ¿Qué factores convergen en esta maraña energética y la territorialidad sonorense?

TCS: “Uno de los rasgos del neoliberalismo mexicano es el desdibujamiento de la frontera entre el mundo empresarial y el sector político, lo cual analistas internacionales consideran negativo para toda nación. Principalmente, en las dos últimas décadas ha ocurrido en México un proceso de conformación de cuadros empresariales a partir de la Administración Pública, teniendo tal fenómeno como trasfondo la corrupción tanto en el sentido financiero como en el ético. Desde la década de 1990 ha sido creciente la cantidad de exfuncionarios de gobierno, provenientes de posiciones estratégicas, que son contratados en puestos de alto nivel por parte de los corporativos trasnacionales con la finalidad de aprovechar sus relaciones políticas, así como el conocimiento profundo del sistema normativo y administrativo, tanto en lo formal como en lo visceral.

De esta forma, Carlos Daniel Fernández, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sonora entre 2005 y 2006, y ex diputado local por el mismo partido de 2006 a 2009 –quien cuenta con una aun mayor experiencia política y una notable formación académica relacionada con la gestión gubernamental–, es actualmente Gerente de Asuntos Externos en IEnova, empresa filial de la extranjera Sempra Energy, siendo de su responsabilidad el proyecto del Gasoducto Sonora. Por su parte, Carlos Ruiz Sacristán, Director General de Petróleos Mexicanos y Secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo, funge como presidente de IEnova. Participa también en la compañía como consejero Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Energía igualmente con Zedillo, y de Comunicaciones y Transportes con Calderón. Además del proyecto en cuestión, Sempra Energy se ha ocupado de más de 20 contratos de suministro de gas durante la administración de Enrique Peña Nieto en el norte del país”.

DP: Gasoducto Sonora, ¿capital extranjero pero de interés oficial?

TCS: “Por lo anterior, y considerando además los recursos de la inversión, así como los usos que tendría el gasoducto, resulta confuso distinguir el señalamiento de los funcionarios locales en su afán por evadir responsabilidades: se trata de obra privada, no del Estado; cierto, pero relativo.

El Gasoducto Sonora constituiría una pieza en el rompecabezas llamado Sempra Energy. Forma parte de una red de distribución y de negocios a costa de la riqueza natural de México, y por ello, la problemática en el territorio yaqui es una de las manifestaciones de carácter cultural y ambiental, en un problema mayor de carácter económico y político.

De acuerdo con los planes, gasoducto consistiría en una red de distribución de gas natural que conectaría El Sásabe, Sonora, con El Oro, Sinaloa, atravesando 850 kilómetros del Noroeste mexicano. Contando con esta obra, una filial de Sempra Energy importaría gas natural desde Estados Unidos para atender las necesidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

DP: ¿Qué irregularidades presenta Gasoducto Sonora?

TCS: “El elemento que define la irregularidad del proyecto, y por tanto, la resistencia de los pobladores de Loma de Bácum, es su carencia de Manifestación de Impacto Ambiental y de un ejercicio previo de consulta al pueblo yaqui. Con base en ello, un Juez de Distrito ordenó la suspensión de la obra.

Sin embargo, la problemática es mayor, rebasando tanto la demarcación territorial yaqui, como el aspecto de la etnicidad, pues la maraña política y económica que subyace al Gasoducto Sonora involucra a: a) el emporio, por sus oscuras prácticas; b) los fundamentos de la Reforma Energética, e incluso a sus artífices anteriores al actual sexenio presidencial, y c) la política indigenista actual, que recibió una herencia de problemas en relación con las etnias de Sonora, para los cuales no se vislumbran aún pasos por su resolución, ante lo cual las mismas se mantienen política y literalmente sedientas”.

(DOSSIER POLITICO ALEJANDRO MATTY ORTEGA/“CON CAPITAL EXTRANJERO”: TONATIUH CASTRO SILVA…/ 2018-05-15)

LA NUEVA GENERACIÓN PRIISTA QUE HUNDIÓ A PEÑA NIETO



Al principio de su administración, Enrique Peña Nieto se tomó la foto con 19 gobernadores, la mayoría de los cuales pertenecían al PRI; incluso elogió a la “nueva generación” de militantes priistas que lo acompañaba en su gestión. Sin embargo, su triunfalismo se desdibujó en 2016, cuando perdió siete gubernaturas y varios de los priistas salientes acabaron inmersos en señalamientos de corrupción. Este conjunto de hechos es reseñado en el libro más reciente del reportero Jenaro Villamil, Cleptocracia. El nuevo modelo de la corrupción, en el que documenta cómo el Estado fue capturado por élites que se sienten amenazadas ante un eventual desplazamiento del poder. Con autorización de la editorial Grijalbo, aquí se publican fragmentos del volumen, que ya se encuentra en circulación y que se presentará el próximo jueves 24 de mayo a las 19 horas en la Casa Lamm por jo Tuckman y Ricardo Peralta.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su toma de protesta como presidente de México –el 1 de diciembre de 2012–, Enrique Peña Nieto se tomó una foto en Palacio Nacional con 19 gobernadores que lo acompañaron. La mayoría son priistas. Y gran parte de ellos apostaron, apoyaron e invirtieron en su campaña desde 2010. De aquellos 19 mandatarios estatales, 11 enfrentan ahora cargos por peculado, lavado de dinero o desvío de fondos, están prófugos o han ganado amparos para protegerse. El panorama de esa “nueva generación” de priistas en el poder cambió radicalmente en seis años. Veamos los principales casos:

1. El cuestionado gobierno de Rodrigo Medina Mora en Nuevo León tuvo como consecuencia que el PRI perdiera la gubernatura en 2015; Medina ha sido señalado por su sucesor, el “independiente” Jaime Rodríguez, El Bronco, quien lo acusó por desvío de millones de pesos durante su administración. Sin embargo, la Operación Tornado del gobierno neoleonés –que investiga a 60 exfuncionarios– generó más expectativas que resultados concretos. Medina estuvo recluido 18 horas en el penal de Topo Chico, en enero de 2017, y salió gracias a un amparo tramitado por sus abogados. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero su sucesor no lo pudo comprobar. Se le siguió un proceso judicial por ejercicio indebido de funciones.

2. Andrés Granier, exgobernador priista de Tabasco cuya gestión en la gubernatura provocó que en 2012 el candidato del PRI fuera derrotado en las urnas por Arturo Núñez, del PRD. Granier fue detenido en 2013, acusado de desviar 2 mil 604 millones de pesos, proceso contra el cual se amparó. Desde junio de 2013 se encuentra preso en la Torre Médica del penal de Tepepan (Ciudad de México).


Asimismo, tiene otra acusación pendiente por el desvío de 196 millones de pesos en el sector salud. Su hijo –Fabián Granier Calles–también estuvo preso, pero salió libre bajo fianza.

Andrés Granier se volvió un ejemplo de excesos y frivolidades dentro de los gobiernos tabasqueños. Desde sus 400 pares de zapatos, sus mil camisas presumidas en un audio, hasta las fiestas en la casa de gobierno, el mandatario priista superó por mucho la herencia de cleptocracia de Roberto Madrazo. Extendió sus tentáculos de corrupción hasta Yucatán.

3. César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua cuya mala administración provocó la derrota del tricolor ante la oposición en 2016. Sobre él pesan más de 11 órdenes de aprehensión y varios cargos por peculado electoral, que suman alrededor de 250 millones de pesos; además enfrenta acusaciones por otros casos de lavado de dinero a través de banco Unión Progreso y desvío de recursos por mil 200 millones de pesos. Actualmente se encuentra prófugo. Se presume que está en Estados Unidos.

Duarte Jáquez llegó a la gubernatura de Chihuahua apoyado por su principal padrino político, el senador Emilio Gamboa Patrón. Hizo y deshizo en su entidad durante seis años sin que nadie lo frenara. Su gasto intensivo en comprar medios de comunicación formó parte de sus excesos. En 2012 destinó 808 millones de pesos en gastos para medios, 772 millones en 2013, 602 millones en 2014, 602 millones en 2015 y en 2016, año en que el PRI perdió la gubernatura, destinó 328 millones de pesos a ese rubro, según los datos oficiales de la Oficina de Comunicación Social.

4. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz; tampoco logró que el PRI refrendara la gubernatura en 2016. Ese año triunfó su acérrimo adversario, el expriísta Miguel Ángel Yunes. A Duarte se le considera uno de los casos más escandalosos de corrupción en los últimos años.

Acusado por la Auditoría Superior de la Federación de desvío por más de 36 mil millones de pesos del presupuesto público, ha sido señalado de encabezar una red de más de 400 empresas fantasma que le sirvieron para el lavado de dinero y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Huyó del país en octubre de 2016, en vísperas de dejar el gobierno. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, cuando salía de un hotel, y en julio del mismo año fue extraditado a México. Se le sigue un largo y complejo proceso jurídico, del cual se excluyen los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno y denunciados por activistas, ciudadanos, medios locales e incluso organismos internacionales.

El desastre que dejó en Veracruz no se refiere sólo a la bancarrota del erario. La bancarrota moral fue incluso más grave: miles de desaparecidos, un enfrentamiento constante con los periodistas, hasta lograr el triste récord del estado con más reporteros asesinados, secuestrados o desplazados; un secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que se convirtió en el jefe del crimen organizado en la entidad; una colección de excesos autoritarios y de casos tan graves como Los Porkys –que alcanzó notoriedad nacional–, gracias al apoyo de una red empresarial corrupta.

5. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien también ocasionó la derrota del PRI en la contienda electoral por la gubernatura en 2016. Se le acusa de presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal por 900 millones 99 mil pesos, derivados de la venta irregular de 22 predios de 7 millones 118 mil metros cuadrados. También tiene investigaciones pendientes por presunto peculado electoral, que sumaría unos 200 millones. Una más: supuestamente está asociado, junto con César y Javier Duarte, a una red de empresas fantasma para desviar recursos a las campañas. Huyó del país, pero fue detenido en Panamá y extraditado a principios de 2018. Borge fue protegido y apadrinado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con quien presumió no sólo su amistad, sino sus excesos. Gastó del erario más de 500 millones de pesos tan sólo en rentar aviones para sus viajes personales.

6. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, que dejó el gobierno en 2016. Primero fue acusado de encubrir al narcofiscal Édgar Veytia, señalado por la DEA de ser el principal operador en la distribución y producción de drogas en su propia entidad; Sandoval insistió una y otra vez que él “ignoraba” lo que su propio ex fiscal hizo.
En enero de este año el Congreso de la entidad comenzó una investigación en su contra por presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos. Su red de corrupción la encabezaron parientes que formaron parte también de una red de empresas fantasma.

7. Mario Anguiano, exgobernador de Colima, acusado también de desviar 170 millones de pesos del erario; fue inhabilitado por el Congreso del estado para ocupar otro cargo público por 23 años y condenado a pagar multas por 45 millones de pesos tras detectarse irregularidades en las cuentas del presupuesto de 2013 a 2015.
Colima es uno de los estados conocidos como “cementerio de gobernadores”. El exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña, recibió cuatro balazos después de abandonar la gubernatura.

8. Egidio Torre Cantú, exgobernador de Tamaulipas, es señalado por participar también en una presunta red de desvío de millonarios recursos a las campañas electorales de 2016, la cual perdió su partido (PRI) ante Francisco García Cabeza de Vaca.

Torre Cantú llegó a la gubernatura tras el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, uno de los casos más graves e impunes de atentados contra un candidato priista en Tamaulipas, entidad dominada por los tres cruces del crimen organizado: el cártel del Golfo, el cártel de Los Zetas y Los Beltrán Leyva.

9. Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, dos exgobernadores priistas también de Tamaulipas, antecesores de Egidio Torre Cantú, han sido detenidos y acusados de encabezar una presunta extensa red de lavado de dinero y de vínculos con el crimen organizado, según cortes federales de Estados Unidos en Texas que piden su extradición. También en Estados Unidos piden la extradición de Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila (2011).

Los casos de Yarrington y Hernández constituyen, sin duda, los ejemplos más acabados de narcogobernadores, cuyas redes y vínculos se extienden hasta el Estado de México (tema que líneas abajo analizaremos).

10. José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder jurídicamente frente a la acusación de desvío de fondos públicos por 2 mil 233 millones de pesos (cometida desde la administración de Fausto Vallejo, también expriísta).

Reyna asumió el cargo tras la renuncia de Vallejo en 2014, quien estaba aquejado por una serie de enfermedades, pero también por la crisis de gobernabilidad que condujo a la creación de las autodefensas, lideradas por el doctor José Manuel Mireles, el cual se enfrentó a los grupos de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, cárteles que dominaron las principales zonas de trasiego de la droga.

11. Uno de los casos más graves de impunidad es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura presidencial, hasta que fue señalado en México y en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su administración, en la que la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos.

En enero de 2016 Moreira fue detenido en Barcelona, España, pero unos días después fue liberado. Retornó a México como mártir. Se confrontó públicamente con su hermano y sucesor en Coahuila –Rubén Moreira– y aspiró a ser diputado local por el Partido Joven, una agrupación con su impronta.

A finales de 2017 se dio a conocer un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que sistematizó los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de Los Zetas. En ese informe se compila y sustenta lo que los habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía tiempo: que los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y de Fidel Herrera y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el crimen organizado a cambio de millonarios sobornos.

El informe señala que desde 2004 Los Zetas apoyaron con 10 millones de dólares la campaña de Fidel Herrera, exgobernador del PRI, corresponsable del desastre de Veracruz ocasionado por su protegido y sucesor Javier Duarte; Herrera negó “categóricamente” a la prensa haber recibido “dinero ilegal alguno” del narcotráfico.

El vínculo común entre los Moreira, Herrera y Duarte con el cártel de Los Zetas, según el mismo informe, fue el empresario Francisco Antonio Colorado Cessa, mejor conocido como Pancho Colorado, señalado en varios reportajes de la revista Proceso y en el periódico Reforma de ser prestanombres y “lavador” de dinero. Colorado fue propietario de la empresa ADT Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas.

12. La administración del exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila terminó en 2017, después de un desaseado proceso electoral para que el PRI retuviera la gubernatura de esta entidad. Los escándalos involucran a su administración con la compañía española OHL en las ampliaciones y renovaciones irregulares de sus contratos en el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. La filtración de llamadas telefónicas vinculó a dos funcionarios de su gobierno –Apolinar Mena, secretario de Comunicaciones, y a la consejera jurídica Luz María Zarza–con operaciones ilegales a favor de la constructora.

Hábilmente, Ávila se ha desmarcado de la crisis de seguridad pública en su propia entidad. Fue aspirante a la candidatura presidencial del PRI, pues pensó que la victoria de ese partido en 2017 lo podía ayudar en sus aspiraciones. Estuvo unas cuantas semanas al frente del PRI en la Ciudad de México, para dejarle el control a los tecnócratas cercanos a José Antonio Meade. Ahora bien, las aspiraciones de Ávila se mantienen. Y es quizá de los pocos precandidatos que estarían en condiciones de sustituir a Meade ante cualquier circunstancia.

13. La corrupción no fue exclusiva de los gobernadores priistas. Está el caso del exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés, detenido en 2016 por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Sus abogados han ido ganando ante los jueces varios casos. El juez duodécimo de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México le dictó auto de libertad por el delito de lavado de dinero por 8.8 millones de dólares, pero aún está en prisión preventiva por defraudación fiscal.

14. En aquella fotografía de 2012 con Peña Nieto también aparece el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien dejó la entidad en medio del escándalo provocado por la inseguridad pública, la corrupción y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aguirre buscó al PRD en 2010 para contender por la gubernatura tras perder la nominación priista (cargo que ocuparía por segunda vez, pues de 1996 a 1999 se desempeñó como gobernador interino). Siempre tuvo el apoyo de Peña Nieto y del grupo del Estado de México para ganar en una entidad que el perredismo había gobernado durante más de una década, en medio del crecimiento exponencial de la doble espiral de violencia generada por el crimen organizado y los grupos disidentes, así como la fuerte presencia del Ejército.

Éste es el panorama a casi seis años de distancia. Nunca como en este periodo toda una generación de ex gobernadores priistas había sido acusada y señalada de tantos delitos, como peculado, lavado de dinero, desvío de fondos públicos, quebrantos multimillonarios al erario En la mayoría de los casos no hubo ninguna acción por parte de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación, las cuales debieron haber alertado del enorme daño que causarían en las entidades.

En este periodo se agudizó una tendencia marcada en 2000, con la llegada de los gobiernos de alternancia entre el PRI, PAN y, en menor grado, PRD: a mayor incertidumbre de permanencia de los partidos en un gobierno estatal, mayor grado de corrupción y de descaro en las formas de peculado y triangulación de fondos.

Un recuento publicado por el periódico Reforma el 11 de febrero de 2018 dio cuenta que de 2000 a 2017 uno de cada 10 gobernadores ha sido acusado de desvío de recursos o de formar parte de redes de cleptocracia en sus estados. De 129 mandatarios en estos 17 años, 11 gobernadores imputados son del PRI, dos del PAN y uno exgobernador de coalición, el de Chiapas, Pablo Salazar. Tan sólo en el sexenio de Peña Nieto, nueve de estos exgobernadores del PRI, incluyendo a dos interinos, fueron acusados por desfalco, desempeño irregular en la función pública y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Con Peña Nieto se dio el auge y caída del fenómeno de los “virreyes” priistas. Es decir, lo que fue el “sindicato de gobernadores” formado desde el zedillismo para protegerse, apoyarse y “tomar por asalto” la Presidencia de la República en 2012, amparados por el grupo político más fuerte, con mayor volumen de recursos y operadores electorales en el país: el Grupo Atlacomulco.

Peña Nieto cobijó, protegió y fue cómplice de la mayoría de estos casos por una razón evidente: él también fue el resultado de un pacto de impunidad con su antecesor, el exgobernador Arturo Montiel, cuya aspiración a la candidatura presidencial de 2006 se estrelló con los expedientes de sus propiedades inmobiliarias, la vinculación de sus hijos con redes de corrupción y miles de millones de pesos desviados.

Montiel cumplió con dejar a Peña Nieto al frente del gobierno del Estado de México y éste nunca emprendió una investigación seria en contra de él. Sólo se cuidó mediáticamente de no aparecer más junto con su tutor y pariente en lejano grado.

Como un sexenio antes lo hiciera Montiel con otros exgobernadores priistas como Tomás Yarrington (Tamaulipas), Manuel Ángel Núñez Soto (Hidalgo), Enrique Martínez y Martínez (Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz) y Natividad González Parás (Nuevo León), también Peña Nieto tejió su propia “red de apoyos” con los gobernadores priistas que llegaron junto con él. La complicidad fue muy básica: a cambio del desvío de recursos para su campaña presidencial en 2012, el gobierno mexiquense de Peña Nieto apoyó e “invirtió” (por supuesto, con dinero público o triangulado) en las operaciones político-electorales de varias entidades. Una operación que se realizó frente a las narices del gobierno panista de Felipe Calderón, y que no se hizo nada para frenarla, sobre todo después de las elecciones federales de 2009 y de los comicios estatales de 2010.

Ese modelo creó a los “virreyes” o “señores feudales” de cada entidad que alcanzaron su máximo poder e impunidad durante los sexenios panistas, pero que se quebró en el peñismo. Sirvió para recuperar la Presidencia de la República en 2012, pero se fue derrumbando periféricamente por las mismas razones que derivaron en sus derrotas electorales: la escandalosa impunidad y corrupción que le costará al país y a cada una de las entidades más de una década para que sean resarcidas.

Estos fragmentos del libro Cleptocracia escrito por Jenaro Villamil se publicaron el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.

(PROCESO/ JENARO VILLAMIL/16 MAYO, 2018)

EL FRACASO DEL EXPERIMENTO “MEADE CIUDADANO”



CIUDAD DE MÈXICO (apro).- A la mitad de la contienda presidencial, las posiciones iniciales de los tres principales contendientes no han variado a pesar de las acusaciones y de la guerra sucia, pero lo más evidente en lo que va de la campaña es el fracaso del experimento de Enrique Peña Nieto y el PRI de crear un “candidato ciudadano”.

José Antonio Meade fue preparado con tiempo por Peña Nieto, poniéndolo en distintas dependencias para empaparse de toda la problemática nacional, y aunque estuvo en cinco secretarías diferentes en los últimos sexenios, sólo le faltó la más importante, la de Gobernación donde todos los conflictos se tienen que enfrentar con oficio político, algo de lo que carece el “candidato ciudadano” y le ha generado graves complicaciones en su campaña.

Ante la pésima imagen de su gobierno, salpicado por la corrupción y una deplorable política social y de seguridad pública, así como la imposibilidad de tener un candidato con historia limpia en el PRI, Peña Nieto y su equipo optaron por experimentar con un “candidato ciudadano” bajo la creencia de que esto los salvaría del enojo social por los escándalos de podredumbre en su partido y en su administración.

Y prepararon a José Antonio Meade, cuya imagen de tecnócrata no había sido tocada por los escándalos en la administración de Felipe Calderón y en la de Peña Nieto.

A través de las secretarías de Hacienda y Economía se procuró que tuviera los hilos de las finanzas públicas del país, en Sedesol que se diera “un baño de pueblo” y conociera las carencias sociales de millones de mexicanos; en Relaciones Exteriores el manejo de la política exterior, y en la secretaría de Energía mantener la reforma peñista de apertura total a la inversión extranjera.

Pero algo falló en este experimento. No tomaron en cuenta varios aspectos importantes: no se tomó en cuenta el desencanto de la sociedad con el PRI, que traicionó la confianza que le dieron en la elección del 2012; no se tomó en cuenta la percepción social de que Meade era más de lo mismo; que no era visto como un “ciudadano” sino como el funcionario que estuvo detrás del gasolinazo y que representaba precisamente lo que tanta molestia y enojo provoca en la mayoría de la gente: que el “candidato ciudadano” se percibe como la continuidad de un gobierno y de un partido corruptos.

En su estrategia, los priistas y Peña Nieto no consideraron que el malestar social no es momentáneo y que está bien identificado con Meade como parte del gobierno omiso con las necesidades sociales en sus reformas estructurales. También dejaron a un lado lo que ocurrió en las elecciones del 2016 cuando de 12 contiendas en igual número de estados perdieron siete precisamente por el voto del enojo social.

Quizá pensaron que retando a López Obrador acusándolo de populista podrían hacer subir la imagen conciliadora de Meade, o que acusando judicialmente a Ricardo Anaya de riqueza inexplicable podrían quitarlo del segundo lugar.

En su experimento de crear a un “candidato ciudadano” subestimaron también el sentimiento del PRI duro, el de los militantes tradicionales, que querían ver a uno de los suyos como aspirante a la presidencia y no a un panista disfrazado con una botarga ciudadana.

La suma de todos estos errores es que tienen a Meade y al PRI en tercer lugar en la contienda presidencial y con la posibilidad de perder la mayoría sino es que todas las ocho gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, así como la mayoría en el Congreso de la Unión. Una situación que se prevé como una debacle histórica que cimbrará las bases de este partido.

Por cierto…En el equipo de Meade creen que aún pueden remontar a la mitad de la contienda. Esperan la ayuda salvadora de la maquinaria gubernamental y la operación electoral de Peña Nieto. Pero hasta ahora no se ha visto la maquinaria de los programas sociales en todo el país ni tampoco que lleguen los recursos a los comités directivos estatales del PRI que son los que operan en el terreno para conseguir los votos. Quizá ya se esté operando pero para administrar la derrota…

(PROCESO/ JOSÉ GIL OLMOS/ 16 MAYO, 2018)

MUERE PRESUNTO JEFE DE PLAZA DE LA FAMILIA MICHOACANA TRAS ENFRENTAMIENTO EN EL EDOMEX



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaria de Seguridad del Estado de México dio a conocer este día la muerte de Leonel “N”, presunto jefe de plaza del Cartel de la Familia Michoacana, como resultado de un enfrentamiento a balazos con policías estatales el pasado domingo en el municipio de Zinacantepec, Estado de México.

Según la dependencia, en el tiroteo Leonel “N”, considerado el encargado de la organización criminal para el Valle de Toluca, resultó gravemente herido y aunque fue trasladado a un hospital para su atención no logró sobrevivir.

En la refriega del domingo en la tarde, que movilizó helicópteros, patrullas y a más de 100 efectivos estatales y municipales, también resultó herido un policía de la Secretaría de Seguridad, quien se encuentra grave, pero estable.

En su cuenta de Twitter, la SSP mexiquense escribió el siguiente mensaje:

Seguridad #Edoméx
@SS_Edomex
 Tras enfrentamiento a balazos con Policía Estatal, murió en el hospital Leonel “N”,  probable jefe de plaza de una organización criminal. El elemento de la #SecretaríaDeSeguridad que resultó lesionado durante el tiroteo de días pasados, se reporta delicado pero estable.
6:06 - 16 may. 2018

(PROCESO/ LA REDACCIÓN / 16 MAYO, 2018)

REPORTAN DOS HOMICIDIOS EN TIJUANA


En hechos distintos, dos personas fueron asesinadas este martes 15 de mayo en Tijuana.

Los primeros datos apuntan que a las 14:20 horas en la calle Dátil, de la colonia Florido II sección, un masculino identificado como Juan Silva Piña, de 44 años, recibió múltiples disparos por arma de fuego, quedando sin vida en el lugar. Testigos de los hechos refirieron que el presunto responsable huyó a bordo de una motocicleta.

CRIMEN EN CAMPESTRE MURÚA

Casi dos horas después en la avenida Camino Viejo al Murúa, de la colonia Campestre Murúa, Delegación Centenario, un hombre identificado como Orlando Morgan Solís, de 48 años de edad, fue ultimado de un balazo propinado por sujetos desconocidos. La víctima, cayó tendida a un costado de un carrito de frutas.

Al sitio arribaron agentes policiacos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes declararon sin vida a la víctima, que no ha sido identificada.

Hasta el momento él o los criminales  no han sido detenidos.

En lo que va del año suman  845 asesinatos en Tijuana.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA MARTES, 15 MAYO, 2018 04:41 PM)

17 IMPLICADOS EN ROBO A JOYERÍA DE CABO


Jóvenes asaltantes de entre 16 y los 28 años de edad, comandados por una jovencita, ingresaron a la joyería Diamond’s International en el destino turístico de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. Entraron cubiertos del rostro, empuñando al parecer armas de fuego, amagaron al personal y visitantes, y  rompieron las vitrinas para apoderarse de millones de pesos en joyas.

“Hubo un llamado de alerta de inmediato, parece que algún ciudadano los vio cuando apenas entraban, lo que originó una pronta reacción de los compañeros”, informó un elemento de la Policía Municipal de Los Cabos.

Las imágenes de un ciudadano permitieron evaluar la cantidad de asaltantes que salieron del lugar, además de las captadas  a segundos de haber entrado al local.

“De inmediato se activa un protocolo de coordinación para que todas las autoridades acudan o las cercanas que se encuentren en ese momento realizando patrullajes en el área, puedan atender de manera apropiada el evento”, expuso Juan José Zamorano Martínez, director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

Las grabaciones estiman la participación de por lo menos 15 jóvenes, se observa una camioneta tipo van de color blanco que transportaba a los asaltantes, en la puerta se lee “TRAPE” (Transporte de Personal); una vez que los delincuentes abandonaron la joyería, se dirigieron a la camioneta estacionada apenas a 20 metros, sin embargo, los últimos en salir no alcanzaron a llegar al vehículo, incluso se ve cómo uno de los asaltantes desenfunda una pistola y apunta a los oficiales que llegaban a la escena del crimen.

Las cámaras de vigilancia permitieron ver la camioneta y a tres jóvenes huyendo a pie por la avenida de frente a la joyería, uno de ellos es interceptado por un agente municipal, de inicio opuso resistencia y lo controló.

“Existieron detonaciones de fuego porque en el momento de intentar huir, algunos asaltantes mostraron y apuntaron con las armas a policías municipales, y estos realizaron detonaciones para responder ante una agresión directa”, refirió el funcionario consultado por ZETA.

El otro joven que se alcanzó a ver en la cámara de videovigilancia ingresó a un local comercial portando cubrebocas y guantes de látex, segundos después abandona el local ya sin estos. Enseguida es asegurado por los oficiales junto a la camioneta y cuatro asaltantes más; en total se pudo asegurar a cinco de entrada y tres más minutos después del atraco, siendo un total de ocho detenidos extraoficialmente.

“Quiero hacer mención que existe evidencia que será evaluada a través de sistemas de videovigilancia para poder dar con el resto de esta banda de asaltantes”, señaló Zamorano Martínez.

Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que mediante las indagatorias y datos que arrojan las carpetas de investigación se han contabilizado por lo menos quince personas involucradas en el robo. Además, la investigación arroja que contaban con antecedentes penales y policiales por delitos patrimoniales en Ciudad de México.

“Afortunadamente cinco ya están detenidos, tenemos otros tantos ya identificados y con los cuales ya la dentro de la carpeta de investigación se está trabajando para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes. Estamos hablando de quince personas  que pudieran estar involucradas en el mismo de forma directa, hasta este momento la investigación nos lo está determinando”, adelantó el procurador Daniel de la Rosa Anaya.

Las investigaciones arrojaron los siguientes perfiles:

* Eduardo Andrés “N”, de 16 años, nacido el 21 de abril de 2002 en Querétaro

* Marco Antonio “N”, 17 años, quien nació el 29 de agosto de 2000 en Ciudad de México.

* Brian Alberto Olivares Varela, de 21 años, con fecha de nacimiento 25 de agosto de 1996 en Puebla

* Kevin Alfonso Ortiz Luna, 22 años, también originario de Puebla y nacido  el 24 de abril de 1996

* Hugo César Sánchez Gutiérrez, 28 años, nacido el 30 de octubre de 1989 en Ciudad de México

* Lidia Castro Hernández, presunta líder de los asaltantes de la joyería.

Éstos son seis de los ocho detenidos, el resto de los 15 participantes  permanecen en calidad de desconocidos. Tres de estos  jóvenes cuentan con antecedentes penales por delitos patrimoniales en la Capital del país, teniendo abiertas carpetas de investigación.

“se trata de un grupo de delincuentes que trataron de realizar esta actividad del robo aquí en Cabo San Lucas. ¿Quién es el líder o la líder de este grupo de delincuentes que generó este hecho delictivo, que aquí se generó? Realmente lo que tenemos en la carpeta de investigación es que no son gente sobre todo originarios de nuestra entidad”, puntualizó De la Rosa Anaya.

Por el momento la autoridad realiza la investigación correspondiente para dar con el autor intelectual, pues las investigaciones apuntan a dos, además de los quince autores materiales que planearon el atraco desde CDMX.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ANTONIO CERVANTES/ MARTES, 15 MAYO, 2018 01:00 PM)

DESLAVE EN LOMAS DEL RUBÍ FUE PROVOCADO POR GRUPO MELO, DICE DICTAMEN; VECINOS TENDRÁN QUE DAR SEGUIMIENTO LEGAL


Luego de cuatro meses de que se presentara el deslave en la colonia Lomas del Rubí, el cual provocó el derrumbe de más  de 100 casas dejando alrededor  de 150 personas sin hogar, esta noche el Ayuntamiento de Tijuana presentó finalmente el dictamen realizado en la zona, el cual concluyó que este deslizamiento fue provocado por los movimientos de tierra que Grupo Melo realizó en el sitio, sin embargo, serán los vecinos quienes tendrán que darle seguimiento al conflicto por la vía legal.

Durante una reunión con vecinos en las instalaciones de la delegación de San Antonio de los Buenos, la arquitecta Magdalena García, directora de Administración Urbana (DAU), quien fue la encargada de la elaboración del dictamen, compartió las conclusiones del mismo entre las que destacó que “no hubo supervisión de obra” por parte del personal contratado y autorizado para ello por Grupo Melo.

Detalló que con la maquinaria utilizada provocaron constantes vibraciones en la zona y aparte retiraron una gran cantidad de material con cortes irregulares en la parte baja de la ladera, situación que descompensó el equilibrio del talud, aunado a que no respetaron el proceso de construcción que les indicaba en la guía de procedimientos de movimientos de tierra.

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro reiteró que hubo una clara omisión por parte del director de la obra y que la empresa no acató lo que tenía que hacer en el sitio, además que en ese sentido la omisión vino por parte también de los peritos que no informaron lo que ahí estaba sucediendo y que es a quienes finalmente les infunde parte de la responsabilidad.

Tanto el alcalde como la arquitecta reiteraron también a los vecinos que este dictamen solamente es “una herramienta” que ellos (los vecinos) podrán utilizar para iniciar algún proceso legal “contra quien resulte responsable”, pero que eso ya será la autoridad jurídica la que lo determine, por lo tanto tendrán que ser los mismos vecinos quienes le deberán de dar seguimiento a este conflicto a través de las demandas que previamente ya han venido interponiendo.

Aunado a ello, el alcalde agregó también que para resarcir la situación en el mismo sitio, ahora tendrán que realizar otro estudio geotécnico para poder quitar todo lo que quedó destruido en la parte inferior y de alguna manera poder enmendar el problema, para lo cual tendrán que derrumbar las casas que se encuentren en riesgo y poder determinar que zonas pueden ser habitables o no, situación que genero desconcierto entre los vecinos por no saber qué pasará ahora con esa situación.

Finalmente los vecinos instaron también al alcalde y a todas las autoridades a seguirlos apoyando con recursos materiales y económicos mientras el proceso legal se resuelve y mientras se realiza este nuevo estudio, debido a que muchos de ellos no pueden trabajar, no tienen dónde quedarse y están batallando para continuar con sus vidas, a lo cual Gastélum Buenrostro se comprometió hacerlo.

MÁS INFORMACIÓN EN LA PRÓXIMA EDICIÓN IMPRESA

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / MANUEL AYALA /MARTES, 15 MAYO, 2018 10:32 PM)

HACIENDA ASEGURA RANCHO A NARCISO AGÚNDEZ


La solicitud del ex mandatario sudcaliforniano para apropiarse del predio, un terreno nacional en Los Cabos, la realizó 27 de agosto de 1998. Ahora pertenece a la Sedatu

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCOP), a través del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, dio un revés al ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la institución federal divulgó la “puesta a disposición del terreno nacional denominado Santa Anita Fracción 2, ubicado en el municipio de Los Cabos, Estado de Baja California Sur, con una superficie de 680 mil 193.18 metros cuadrados (68.01 hectáreas), para que sea destinado al servicio de la Secretaría de Turismo, por conducto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)”.

La solicitud de Agúndez Montaño para apropiarse del predio, de denominación nacional, se efectuó el 27 de agosto de 1998, justo a unos meses de convertirse en alcalde de Los Cabos por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). La solicitud fue recibida por la Delegación Agraria de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y ordena “la enajenación onerosa de un terreno presuntamente propiedad de la Nación, denominado ‘Santa Anita (FRACCIÓN RANCHO SAN JUAN)’, ubicado en el municipio de Los Cabos, con una superficie aproximada de 100 hectáreas”.

La autoridad federal giró una solicitud a Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Los Cabos, al entonces representan te de la Reforma Agraria y a la Dirección de Catastro de la administración del presidente municipal Agúndez, solo este último respondió favorablemente a la solicitud para la investigación de antecedentes registrales del predio en mención, informando contar con el predio Santa Anita a su nombre, clave catastral 4-01-029-0048 y una superficie de 100 hectáreas.

Sin embargo, la representación de la ahora Sedatu, emitió un acuerdo de procedencia de la solicitud de Agúndez Montaño, pero ya no eran 100, sino 273.53 hectáreas, situación que, para cerrar el proceso de enajenación del bien nacional y mediante oficio número 2322 -con fecha 31 de agosto de 2002-, remitiera a la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural- actualmente-Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural-, el expediente de trabajos técnicos de integración, medición, deslinde y validación de campo.

Más de siete meses después de llevar a cabo el trabajo en campo, se comprobó que había “regularidades detectadas en la documentación remitida”, el predio no era lo establecido en papel, por lo que se detuvo el proceso de enajenación onerosa del bien nacional.

Una vez concluido el trabajo de campo por parte del Departamento Técnico de Resoluciones, Área Técnica de la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, emitió el dictamen técnico VII-107-B:716578, referente al Predio Santa Anita Fracción 2, resolviendo que “…  cuenta con una superficie de 202.96 hectáreas y es propiedad nacional”.

DOF aseguró Rancho propiedad de Narciso Agúndez Montaño por irregularidades encontradas en la documentación, el predio será utilizado para el fomento del turismo

Las medidas no concordaban con los registros en Catastro Municipal y la hoy Sedatu.

Aun así se llevó a cabo la solicitud por parte de la Dirección General Adjunta, al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que emitiera un dictamen valuatorio del predio en mención, lo cual ocurrió el 16 de diciembre de 2010 (G45101-HMO), estableciendo la propiedad con valor de 202 millones 091 mil 354 pesos; monto que no fue aceptado por Agúndez Montaño.

Sin embargo, para apropiarse del multimillonario predio sin gasto alguno, mediante un escrito con fecha 5 de marzo de 2010 y recibido el 16 de marzo de 2011, el representante legal de Agúndez, Luis Hernández Rodríguez, presentó la inconformidad al respecto, consiguiendo así la suspensión al irse a la Delegación Regional Noroeste del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; institución que logró invalidar el dictamen y anotar lo siguiente:

“Sobre el particular le informo que una vez analizada la información que remite como elementos de juicio que justifican la reconsideración solicitada, se observa que el uso de suelo señalado en el oficio número 04010 de fecha 11 de agosto de 2010 emitido por el Ing. Pablo Cota Núñez, Director de Planeación Urbana y Ecología, es agrícola y agropecuaria, en este sentido y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Agraria este Instituto no está facultado para realizar un nuevo avalúo ni reconsideración del anterior bajo esas nuevas condiciones. Por otro lado y tomando en cuenta lo señalado en el oficio antes indicado con este documento cancelamos y dejamos sin efecto legal el avalúo número G-45101-HMO”.

Lo anterior demuestra que Narciso Agúndez Montaño movió cielo, mar y tierra, incluso influencias en el Municipio para apropiarse del predio Santa Anita, donde ha desarrollado diferentes mítines políticos y reuniones familiares fuera de lo que señala su uso de suelo determinado para uso agrícola y agropecuario.

Incluso queda evidenciado que las administraciones perredistas y petistas favorecieron con usos de suelo y determinaciones para que el militante del mismo partido y hermano del siguiente alcalde en Los Cabos de 2011 a 2015, José Antonio Agúndez Montaño, (2011-2015), apoyara en cubrir los  malos manejos de bienes nacionales.

Posteriormente la Ley no favoreció sus “movidas” en el Municipio, ya que el 28 de noviembre de 2012, el DOF hizo oficial el reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que en su Artículo 4 Transitorio establece:

“Los solicitantes y poseedores de terrenos nacionales que tengan expediente instaurado en la Secretaría, contarán con un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Reglamento para actualizar su solicitud. Para tal efecto, deberán presentar copia de la misma, constancia actualizada de posesión, croquis o plano del predio de que se trate, con la identificación de la superficie y colindancias. Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo primero, se ordenará el archivo de los expedientes de solicitudes de terrenos nacionales que no hubieren presentado su actualización”.

Al no poder seguir mintiendo o encubriendo ante la autoridad federal, Narciso desistió continuar con el proceso legal para apropiarse del predio Santa Anita o Rancho San Juan, el periodo para que se regularizara corrió desde el 29 de noviembre de 2012 al 29 de mayo de 2013.

El fallo para efecto legal del retiro del predio de la propiedad de Agúndez Montaño, se le notificó el 9 de marzo de este año.

Tanto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,  emitieron el resolutivo en que de las 202.96 hectáreas que señala la determinación, 68.01 fueron puestas a disposición de la SHCP, a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; el resto, 134.94 hectáreas, quedan en manos de la Sedatu.

Según la dirección de Fonatur, “la finalidad que se dará a la superficie requerida (las 69 hectáreas), será para atender la creciente demanda de servicios, equipamiento y desarrollo habitacional que requiere el destino turístico de Los Cabos, lo que contribuirá a la consolidación de ese polo turístico con su consecuente desarrollo económico, regional y nacional”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /ANTONIO CERVANTES/  MARTES, 15 MAYO, 2018 01:00 PM)