miércoles, 3 de agosto de 2016

VECINO FÁTIMA RECIBIÓ 27 BALAZOS; ESTÁ MUY GRAVE, Y EN ESTOS MOMENTOS ES OPERADO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS

(Noticias al Momento) La persona que hoy a eso de las 14:00 horas fue baleada en su propio domicilio, en la colonia Adolfo de la Huerta, popularmente conocida como ‘Fátima’, recibió al menos 27 impactos, disparados al parecer con fusil de asalto AK-47, de los llamados ‘Cuerno de Chivo’; su estado de salud es de extrema gravedad.

Ha sido identificado con el nombre de Adrián Fabricio Sánchez Urías, 30 años de edad, quien en estos momentos se haya en quirófano en el Hospital General de Guaymas, a donde fue llevado por una ambulancia de la Cruz Roja.

Los médicos que lo intervienen hacen todo lo humanamente posible por salvarle la vida, pues su estado de salud es extremadamente grave.

Los balazos los recibió en diferentes partes del cuerpo.

Hasta su casa llegaron varios individuos encapuchados, y comenzaron a dispararle, para inmediatamente después darse a la fuga.

El Hospital General de Guaymas, en donde el herido es operado, encuentra fuertemente custodiado por elementos de la Marina, Policía Municipal, Estatal Investigadora, así como de la PESP.


(OPINIÓN SONORA/REDACCION/ AGO 3, 2016)

EJECUTAN A UNO EN GOLONDRINAS Y EN FÁTIMA ATACAN A OTRA PERSONA.

(Noticias al Momento) Hace unos momentos reportaron dos personas baleadas, una de ellas por rumbo de ‘El Banquetón’, del sector Golondrinas, y otro más en la colonia Fátima, a espalda de la Escuela Secundaria Técnica Número 59.

Se dice, que la persona baleada en el sector ‘El Banquetón’, perdió la vida, víctima de varios impactos de bala, y ha sido identificado con el nombre de Roberto Carlos Real Mijares (a) ‘El Dólar’, quien contaba con 37 años de edad.

Al parecer murió de un balazo en la cabeza.

Un comando armado entró al sector Golondrinas, persiguieron a varias personas, logrando ejecutar únicamente a un individuo, hechos ocurridos a eso de las 14:00 horas, y de manera casi simultánea, se consumó la otra balacera en el sector Fátima, en donde una persona quedó herida.

Elementos de la Policía Municipal, así como personal de la PEI, se hayan ya en los lugares de ambas agresiones, tomando nota de lo sucedido.

En torno a ambos casos, la policía ha iniciado intensos operativos en busca de los agresores.

Una ambulancia de la Cruz Roja fue a Fátima para auxiliar al baleado, y trasladarlo al Hospital General de Guaymas.

(Ampliaremos la información en unos momentos más)


(OPINIÓN SONORA/REDACCION/03 DE AGOSTO 2016)

ABUSAN DE MUJER TRAS AMENAZARLA DE MUERTE


Caminando por el Valle del Yaqui fue localizada una mujer luego de ser abandonada por dos sujetos que la ultrajaron tras haberse ofrecido a llevarla en su vehículo a la Central Camionera.

Poco antes de las 20:00 horas la fémina mancillada, vecina del fraccionamiento Urbi Villas del Real, fue encontrada por un automovilista en calles Kino y 300, donde fue auxiliada y posteriormente se dio aviso de lo acontecido a las autoridades.

Al acudir los agentes, la afectada les narró que previamente fue interceptada por dos sujetos a bordo de un sedán de color negro, quienes se ofrecieron a darle un “aventón”, a lo que accedió, sin embargo, al poner en marcha la unidad tomaron un rumbo distinto a su destino.

En el camino los sujetos empezaron a tocarla lascivamente, amenazándola con matarla si se oponía, enfilando por la calle Kino con dirección al sur, hacia el Valle del Yaqui.

Una vez en despoblado ambos individuos abusaron sexualmente de ella para después obligarla a descender de la unidad y retirarse, dejándola abandonada a su suerte.

Uno de los sujetos fue descrito de complexión delgada, tez morena, estatura alta, quien vestía pantalón de mezclilla oscuro y portaba gorra en color claro, mientras que el segundo individuo es de tez clara, complexión regular y vestía pantalón de mezclilla verde.

Posteriormente, la afectada fue orientada para poner formal denuncia ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar.


(DIARIO DEL YAQUI/ Francisco Romero/  03 DE AGOSTO 2016)

LOCALIZAN DOS CUERPOS CALCINADOS


Dos personas, al parecer del sexo masculino fueron encontradas en el interior de un vehículo Jetta, cual fue incendiado en la Zona   Dorada de Mazatlán, Sinaloa.

En los primeros tres días del presente mes se han registrado cuatro hechos de violencia en esta ciudad, esto pese al operativo que mantienen las autoridades.

Uno de los primeros casos tuvo lugar el lunes pasado con el hallazgo del cadáver de un hombre, el cual presentaba impactos de bala y fue colocado en una hielera.

Poco después, en el mismo Municipio, en las cercanías de un fraccionamiento habitacional se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión mediana, el cual presentaba tres heridas de bala.

Sobre el nuevo hecho, la mañana de hoy, a un costado de un puente vial, en la Zona Dorada del puerto se reportó que un vehículo Jetta se encontraba incendiado, por lo que al acudir, se encontró en su interior a dos personas calcinadas.


(DIARIO DEL YAQUI/ AGENCIAS/03 DE AGOSTO 2016)

MINEROS DE “LA HERRADURA” CREARÁN SINDICATO INDEPENDIENTE


No quieren nada con  Carlos Pavón, “por charro”…

La empresa minera que opera la mina de oro más grande y productiva  del país, propiedad del poderoso Grupo Industrial Peñoles que encabeza Alberto Bailléres González,  es acusada por los trabajadores de confabularse con el sindicato blanco que dirige Carlos Pavón para regatearle derechos sindicales y prestaciones económicas,  sociales  y un salario acorde a las utilidades multimillonarias en dólares que reciben los socios por la venta de oro y plata que se extrae inmisericordemente del subsuelo de la región desértica de Caborca, donde está asentada la polémica empresa.

Inconformes por la actitud soberbia y arbitraria de la empresa donde laboran, alrededor de mil 200 trabajadores de la mina productora de oro y plata “La Herradura”, localizada en el  municipio de Caborca, han decidido abandonar las filas del que consideran un “sindicato blanco al servicio del  patrón” y que a nivel nacional encabeza Carlos Pavón Campos.

En su mayoría, los trabajadores de La Herradura son originarios de la región de Caborca y ante la falta de oportunidades de empleo y un aparentemente atractivo  sueldo decidieron  emplearse en este complejo industrial dedicado a la extracción de oro y plata desde 1990 a la fecha.

Sin embargo, la mayoría coincide en sentirse hartos de tener que soportar a diario los desplantes  y la actitud soberbia de la empresa  minera, aunado al cínico disimulo y complacencia del sindicato que actualmente administra el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y establece las reglas para las relaciones entre empresa y fuerza de trabajo.

Los inconformes argumentan -con razón- que el clausulado del actual CCT no representa sus intereses sino el de las empresas Fresnillo S.A. y la gringa, Belmont Inc. que operan y administran la mina La Herradura.

Ambas son subsidiarias del poderoso grupo Industrial Peñoles, primer productor de oro y plata en el país, del cual, La Herradura aporta el 82 por ciento de la producción nacional del metal dorado lo que ubica a este consorcio en el cuarto extractor del preciado metal en el ranking mundial.

El accionista mayoritario del grupo Industrial Peñoles es el influyente empresario mexicano Alberto Bailléres Gonzáles, quien semanas atrás recibió la medalla “Belisario Domínguez” de parte del Senado de la República al reconocerlo como “empresario del año”, lo que demuestra que no en balde se han tejido sobre este personaje historias gratas y no tanto que hablan de un exacerbado poder e influencia que posee sobre las decisiones personales e institucionales de la clase política mexicana diseminados en todas las ideologías partidarias y que convergen en las representaciones populares y decisorias que emanan del poder público.

Aun con el poder político y económico a cuestas, hace unos meses Grupo Industrial Peñoles y sus subsidiarias Fresnillo y Belmont que operan La Herradura, resultaron derrotadas en un largo juicio agrario radicado en su contra por el ejido El Bajío, del municipio de Caborca, debido a que el emporio de Bailléres ilegalmente se apropió de mil 800 hectáreas de pertenencia comunal, sobre las cuales se asentaron las secciones de extracción de oro y plata denominados `Dipolos 1`, `Dipolos 2`  y `Noche Buena`.

Al finalizar el litigio, a finales de abril del año en curso, un tribunal agrario sentenció al consorcio a indemnizar con más de 350 millones de dólares al ejido El Bajío por el usufructuó ilícito de sus tierras durante 14 años para peculio  privado, sin que el núcleo agrario recibiera beneficio alguno.

Cabe subrayar que Grupo Industrial Peñoles a la fecha ha caído en desacato a la sentencia emitida por el Tribunal Agrario con sede en Hermosillo pues se ha negado a resarcir los daños económicos, ambientales y morales ocasionados al ejido El Bajío y sus 72 socios, tal y como lo ordenó en sentencia inatacable una máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

Los abogados defensores del ejido no descartan que en breve los representantes legales y accionistas mayoritarios de la sociedad mercantil podrían enfrentar el imperio de la ley y pagar las consecuencias por el desprecio demostrado al estado de derecho de Sonora y la nación.

Los mineros radicaron desde noviembre de 2015 una demanda laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la capital del país tendiente a disputar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo al sindicato empresarial, trámite que incluye hacer valer el derecho de todo gremio a recurrir al recuento sindical ante divergencias por la representatividad gremial  y que  sea a través del voto, libre, directo y secreto de los interesados lo que permita instituir un nuevo gremio independiente que represente sus intereses y no los de la empresa.



Los trabajadores inconformes han dicho que en para tal fin cuentan con el respaldo moral y solidario del Sindicato Nacional Minero y Metalúrgico de la República Mexicana que -desde su auto exilio en Canadá- dirige en el país el líder Napoleón Gómez Urrutia, así como de la sección 65 de este gremio en  Cananea, y quien lo encabeza, Sergio Tolano Lizárraga.

Entrevistado en exclusiva por Dossier Político, el vocero de los mineros inconformes, Jesús Díaz Castillo, manifestó que los trabajadores de La Herradura están a merced de los caprichos empresariales y de una actitud entreguista del sindicato, a quien acusan de no defender los derechos de los trabajadores sino los de la parte patronal.

Lo anterior es causa que el despido de personal sin justificación sea recurrente semana a semana en La Herradura, violando reiteradamente el derecho constitucional que asiste a todo trabajador de acceder a una indemnización justa y el pago proporcional de las prestaciones económicas de Ley a los que tiene derecho todo trabajador que es separado de la fuente de trabajo sin mediar justificación alguna o explicación razonable o convincente.

REDUCEN PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS A MINEROS

El vocero de los mineros asegura a que la empresa minera arbitrariamente redujo el monto del reparto anual de utilidades que por ley deben entregar a sus trabajadores antes de concluir el mes de mayo de cada año, de tal suerte que de 170 mil pesos que otorgó por esa prestación social en el año 2006 el presente año fiscal la cifra se redujo a solo 50 mil pesos, con tendencia a reducirse en los años subsecuentes, según han amenazado los directivos de la mina a los trabajadores que reclaman el hecho.

Lo anterior, reprocha Díaz Castillo, no obstante que la venta en mercados internacionales del oro y la plata extraídos en grandes cantidades  de la Herradura genera a Grupo Industrial Peñoles rentas multimillonarias en dólares. Incluso, agrega, al primer semestre de este 2016 las utilidades netas a la empresa registraron incrementos sustanciales  por la depreciación del peso frente al dólar.

También hay quejas por la desaparición del fondo de resistencia sindical de nueve millones de pesos anuales para casos de eventualidades por paro laboral o huelga, incluso,  ayuda solidaria a gremios hermanos en tal situación; la cancelación de bonos de productividad y si los hay, son discrecionales para personal dócil y con relaciones afectivas con los mandos medios.

Se quejan de la promoción escalafonaria para beneficio del personal de confianza o quienes son contratados con la intermediación de empresas terceras o contratistas denominadas outsoursing que suelen desplazar a trabajadores de base sindical.

Otra queja que mantiene a los trabajadores en la indefensión sindical y legal es lo que consideran un disfrazado  “estado de sitio policial” al interior del complejo minero La Herradura por la presencia de un excesivo cuerpo de seguridad privada y personas armadas que pululan dentro de la planta que intimidan a la menor provocación a los mineros lo que genera un ambiente de represión durante los turnos.



Respecto a las percepciones salariales en La Herradura, Díaz Castillo reconoce que –al menos en apariencia- el sueldo que devengan los trabajadores  mineros puede resultar para muchos altamente atractivos en comparación con otros sectores de la economía, pues alcanza a promediar  ingresos de hasta tres mil pesos semanales para cada trabajador.

Pero al  analizar factores  como el devenir histórico y el desarrollo de la lucha sindical en el mundo minero de México a través de los tiempos, aunado a los riesgos que representa la actividad para la salud del trabajador y sus familias, lo agreste de la fuente de empleo, alejado del centro urbano, el grado de complejidad de ciertas maniobras laborales y el contraste que resulta de lo anterior con el superlativo margen de rentabilidad de los metales preciosos que se extraen del subsuelo en La Herradura, la percepción de atractivo cambia radicalmente.

Luego entonces, el sueldo devengado, no solo por los mineros de La Herradura, sino por todos los que laboran en todas las unidades de extracción de metales ferrosos y no ferrosos dentro del territorio nacional representa los más bajos y paupérrimos comparativamente con  lo que reciben mineros en complejos similares en otras latitudes del mundo.

Y así lo plantea un reciente análisis del tema salarial en la minería mexicana elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (CESOP) citando datos de  la Federación Internacional del Trabajo en Industrias Mineras y Metalúrgicas (FITIMM).

Textualmente el documento preliminar elaborado a instancias del parlamento federal por el investigador José de Jesús González  Rodríguez señala: “una comparación de salarios entre trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, Estados Unidos y Canadá, muestra que las percepciones en estos últimos países son 16 veces más elevadas que en México.



Un trabajador minero en México puede llegar a ganar en promedio hasta 25 dólares por una jornada de 8 horas de trabajo (450 pesos, aproximadamente al tipo de cambio actual), en tanto, un trabajador en Estados Unidos o Canadá gana 40 dólares sólo por una hora de trabajo.

Al abundar sobre  este tema, el vocero de los trabajadores inconformes recordó que de 1990 al año 2001 el Contrato Colectivo de Trabajo de la mina La Herradura fue administrado por el Sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, pero a partir del gobierno panista de Vicente Fox hubo un complicidad con los consorcios mineros Peñoles  y Grupo México para pulverizar los Contratos Colectivos que más beneficiaban a los trabajadores a fin de incrementar los márgenes de ganancias de los empresarios.

Fue en ese tiempo en que  inició la persecución política contra el líder sindical, Gómez Urrutia y se recrudeció en el sexenio de Felipe Calderón cuando un juez emitió una orden de aprehensión contra el dirigente gremial y la cancelación de la toma de nota como tal por encargo de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la República, pero el liderazgo moral se ha mantenido hasta estos días, ejerciéndolo desde su auto exilio, aunque la intención de privarlo de su libertad  se ha mantenido en el actual mandato de Enrique Peña Nieto.

Es claro que durante la década de los 90´s las prestaciones sociales, económicas y de previsión social para beneficio del trabajador minero de La Herradura que establecía el CCT eran muy  superiores a las de hoy.

Más aun,  los incrementos salariales beneficiaban más la economía de las familias de mineros que hoy en día, pues el sindicato bajo el liderazgo de Napoleón Gómez  exigía por aquellos años una revisión salarial anual sobre la base de los márgenes de utilidad obtenidos el año anterior por  la empresa minera; es decir, el minero ganaba más si la empresa obtenía más dividendos;  no existían topes ni presiones gubernamentales o intención de beneficiar a uno de los factores de la producción como sucede hoy, donde la patronal es sobre protegida desde las altas esferas del gobierno en detrimento del trabajador minero y su familia.

Datos anexos al informe de gobierno del presidente Peña Nieto presentado ante el Congreso de la Unión a finales del 2015 da la razón al vocero de los mineros inconformes pues el documento establece que el incremento salarial que obtuvieron los trabajadores de la industria minera del año 1994 al 2001 resultó el más alto de las otras ramas de la economía nacional, es decir, un 14.2 por ciento de aumento promedio cada año.

Sin embargo, a partir del 2001 hasta nuestros días el incremento salarial para los trabajadores mineros se ha tasado en no más del cinco por ciento directo al salario y una cifra similar en prestaciones.

Lo anterior no obstante que, en el caso de Grupo Industrial Peñoles, a partir del año dos mil sus utilidades por venta en el mercado internacional de oro y plata que en su mayoría se obtiene del subsuelo de las minas de Caborca han alcanzado cifras exorbitantes.

El mensaje del  director general de Grupo industrial Peñoles dirigido a finales del 2015 al presidente del mismo, Alberto Bailléres, habla por sí solo sobre la riqueza de la mina La Herradura de Caborca al expresar textualmente:

“En Herradura se obtuvieron hallazgos de mineral de buena ley en Centauro Profundo, en donde se afina el modelo geológico. En las operaciones mineras, el volumen total de mineral molido y depositado fue de 55.9 millones de toneladas, 4.3% mayor al año anterior, debido principalmente a la entrada en operación de Saucito II, así como al aumento en los volúmenes de Noche Buena y Herradura.

 La producción de contenidos de oro registró 798,686 onzas, un volumen 26.1% superior al ejercicio anterior y una nueva marca anual. Esto se logró, en mayor medida, gracias a la puesta en operación de la planta de lixiviación dinámica en Herradura, que incrementó la recuperación de oro.

DEFENDEREMOS NUESTRA DIGNIDAD ANTE VORACIDAD DEL `OGRO MINERO

“Por dignidad como seres humanos, como mexicanos y sonorenses que somos, el trabajador minero de Caborca ha decidido no soportar más la actitud soberbia de una empresa multimillonaria que nada le interesa el bienestar del quien la hace posible (los trabajadores) y sus familias”, afirma resuelto Jesús Díaz Castillo.

El en carne propia ha sufrido las arbitrariedades de la empresa, al ser despedido sin justificación alguna por la empresa operaria de la Herradura, donde se desempeñaba como despachador de Diésel para los vehículos de carga de material del subsuelo. La baja, narra, sobrevino cuando externo ante sus compañeros la necesidad de informarse sobre el derecho de integrar un nuevo sindicato que defendiera sus intereses.

El cese fue tajante para Jesús. Nunca se le ofreció una explicación que justificará su separación además de que se le negó el derecho a una indemnización justa y el pago proporcional de prestaciones, tales como aguinaldo, fondo de ahorro y bonos diversos, orillándolo a radicar una demanda laboral individual por despido injustificado que actualmente tramita en la junta especial Federal número 23 de Conciliación Y Arbitraje con asiento en Cananea, Sonora, dado que en Caborca no existe representación del tribunal laboral de jurisdicción federal.

“Estamos decididos a no soportar más la presencia de un sindicato que abiertamente no defiende al trabajador sino a la empresa. Empresa que obtiene multimillonarios dividendos en dólares y poco retribuye a sus trabajadores y comunidad en donde está asentada”, arenga Díaz Castillo.

Luego insiste: “Prueba de que el sindicato de Carlos Pavón es un sindicato charro, al servicio del patrón, es el hecho que jamás ha convocado a una asamblea informativa abierta, para que los cerca de mil 500 mineros de La Herradura conozcan directamente de voz de los directivos sindicales a donde van a parar las cuotas aportadas, que tipo de gestiones realiza en beneficio de sus representados.

No lo hacen porque simplemente es un sindicato al servicio del poder del grupo Peñoles, por eso hemos decidido abandonar este sindicato que a diario se burla de sus trabajadores.

Queremos tener nuestro propio sindicato, elegir a nuestros dirigentes libremente y defendernos de las arbitrariedades de la empresa;  para ello contamos con el respaldo y apoyo solidario del líder nacional de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, a quien reconocemos como el más ferviente defensor de los derechos de los trabajadores mineros del país y por eso se ha ganado el ser perseguido político en los últimos gobiernos de México”, manifestó el vocero del incipiente gremio minero.


(DOSSIER POLITICO/ Fernando Gutiérrez R./ 2016-08-02)

NO HABRÁ IMPUNIDAD POR PADRÉS Y RÍO SONORA


Promete Jesús Zambrano Grjalva…

En su visita a Hermosillo, el dos veces ex candidato a la Gubernatura de Sonora, apuntó que desde el inicio del período ordinario de sesiones los diputados federales iniciarán con la exigencia tanto al Grupo México como al Gobierno de la República para reactivar el fideicomiso y se deslinden responsabilidades en las omisiones en las que ha caído la compañía minera y el Gobierno Federal…

Hermosillo, Sonora (DP).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a nivel nacional, el diputado federal Jesús Zambrano Grijalva, prometió que el ecocidio provocado por el derrame tóxico del Grupo México en el Río Sonora no quedará en la impunidad.

En su visita a Hermosillo, el dos veces ex candidato a la Gubernatura de Sonora, apuntó que desde el inicio del período ordinario de sesiones los diputados federales iniciarán con la exigencia tanto al Grupo México como al Gobierno de la República para reactivar el fideicomiso y se deslinden responsabilidades en las omisiones en las que ha caído la compañía minera y el Gobierno Federal

Zambrano Grijalva externó que en el Río Sonora actualmente existe desencanto y enojo porque la tragedia ambiental no ha sido resarcida y menos aún, se ha atendido a la población afectada después del retiro del fideicomiso y de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, dejando en estado de indefensión a los habitantes de esta región de Sonora.

Respecto al ex gobernador de Sonora, consideró que la sociedad sonorense sigue esperando resultados del gobierno de Claudia Pavlovich, por los presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración de Guillermo Padrés Elías.

El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de la Unión en su visita a la entidad, reconoció que se han dado pasos incautando algunas propiedades, "pero lo más importante sigue sin resolverse" que es la detención de Guillermo Padrés Elías.

"Vamos a ver que tanto la gobernadora Claudia Pavlovich está dispuesta a que se avance en esta línea (de investigación) que no se quede sólo en los ayudantes de Padrés que ni siquiera responsabilidad tienen. Hay un principal responsable, consideró quien fuera dos veces candidato a la gubernatura de Sonora por el Sol Azteca.

Agregó que hay que esperar lo que resuelvan los órganos jurisdiccional es sobre las denuncias interpuestas y espera que no se confirme la percepción que hay entre los sonorenses que no se está haciendo nada o que ya hubo un arreglo a nivel nacional, " que se aplique la Ley y punto"

El también ex dirigente nacional del PRD consideró que "mal harían en decir que no metan a la cárcel a (Javier) Duarte a cambio de no meter a la cártel a (Guillermo) Padrés, por decir algo, si los tienen que meter porque hay causas, que los metan caiga quien caiga".


(DOSSIER POLITICO/ CÉSAR FRAIJO / 2016-07-25)

ARDE” INTERNA DEL PAN SONORA


Denuncia Galván a Adrián Espinoza…

La tarde del miércoles, Galván Cázares presentó la inconformidad ante la Comisión Estatal Organizadora de la Elección del Partido Acción Nacional contra Espinoza Espinoza y Alejandro López Caballero por difundir en medios informativos actos que denigran y lesionan sensiblemente la imagen del PAN…

Hermosillo, Sonora (DP).- Por entrevistas “a modo” pagadas a algunos periodistas y medios de comunicación sonorenses que violentan el pacto de civilidad firmado por los tres candidatos a la dirigencia estatal del PAN Sonora, David Galván denunció “campaña negra” de Adrián Espinoza.

La tarde del miércoles, Galván Cázares presentó la inconformidad ante la Comisión Estatal Organizadora de la Elección del Partido Acción Nacional contra Espinoza Espinoza y Alejandro López Caballero por difundir en medios informativos actos que denigran y lesionan sensiblemente la imagen del PAN.

Los argumentos presentados por el equipo del llamado por Adrián Espinoza y Ernesto Munro “candidato oficial”, establecen que el grupo del primero violenta el pacto de civilidad firmado el pasado 21 de junio ante el órgano de control de la elección interna encabezado por Florencio Díaz Armenta.

La denuncia también es contra Evelyn Trigueras por infringir lo establecido en principios de doctrina, estatutos, reglamentos así como por violentar el pacto de unidad y civilidad política, esto implica sanción para el aspirante que es acompañado en fórmula Alejandro López Caballero.

En la sesión, el integrante de la Comisión Estatal Organizadora, Juan Manuel Armenta, pidió al presidente “Chito” Díaz amonestar a los candidatos que están dando entrevistas y haciendo campaña, denostando actos que demeritan la imagen del partido.

Por ello, Galván Cázares pidió “que tiene que ponerles un hasta aquí porque están alentando la campaña negra”.


(DOSSIER POLITICO/ César Fraijo /2016-07-28)

EL DAÑO QUE HICIERON, NO TIENE PRECIO: HABITANTES RÍO SONORA


El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el municipio de Huépac, afirmó que la contaminación del Río Sonora los afectó de pies a cabeza

SONORA (La Silla Rota).- Habitantes del Río Sonora, afirman que el daño ecológico, económico y social, que ocasionó el derrame de metales pesados al afluente, no tiene precio, ya que sus vidas cambiaron para siempre.

En esta segunda parte, La Silla Rota/Proyecto Puente visitó los pueblos de Banámichi y Huépac, donde productores y ciudadanos manifestaron su molestia ante la falta de acciones de las autoridades y la empresa minera Grupo México, para reactivar la economía de la zona y pagar lo que aún se les adeuda por las pérdidas de cultivos.

De igual manera, resaltaron que hasta la fecha no han reubicado los pozos cercanos al río, tampoco han instalado la planta potabilizadora de agua, de ósmosis inversa para eliminar los metales.

Antes, tomaban agua limpia, que salía de la llave; hoy, gastan más dinero en comprar más de cinco garrafones de agua por semana.

HUÉPAC: CAMBIO DE VIDA

Rafael Ibarra Arvizu, productor agropecuario y presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el municipio de Huépac, afirmó que la contaminación del Río Sonora los afectó ‘de pies a cabeza’.

Explicó que su manera de vivir cambió después del derrame, por lo que no hay una cifra que pueda regresar la tranquilidad a los habitantes de la zona.

“Todo nos afectaron, de los pies a la cabeza, a como vivíamos no hay un precio estimado. Nos afectaron la manera de vivir.  No tiene precio el daño que nos hicieron, y ese daño nunca lo van a pagar, el ecológico y de vida”, lamentó.

Ibarra Arvizu mencionó que con los apoyos del fideicomiso se benefició a quienes no vivían en el pueblo y nunca trabajaron el campo; en cambio, a quienes siempre han cultivado y criado animales, los hicieron a un lado.

“Lo que nos tenían que haber pagado, no lo hicieron. Y desgraciadamente los alcaldes se enfocaron en ayudar a la gente que nunca trabajó aquí, gente que nunca batalló ni para agarrar un balde de agua, que no tienen ni ganado, ni tierras, fueron los más beneficiados, y a los de aquí, que estamos desde que nacimos, no hicieron a un lado”, reclamó.

Por otra parte, Ibarra Arvizu mencionó que es propietario de nueve hectáreas, donde cultivaba pastura, frijol y maíz, por lo que perdió todo por la contaminación. Los apoyos nunca llegaron completos y sólo hasta este año, ya pudo cultivar forraje.

“Ya no nos compran del Río Sonora, y son puras mentiras, hasta ahorita no hemos recibido el apoyo, como presidente de la CNC luche mucho, hasta ahorita no nos han resuelto nada. No contamos con autoridades nosotros, nomas dicen pero no hemos tenido soluciones. Ya no confiamos en el PRI, en el PAN, ni en nada”, expresó.

En el mismo sentido opinó Jaime López López, productor y bombero de la región, quien observa cómo la economía del pueblo decayó  un 60% y el turismo hasta el 90%, derivado de la contaminación de mina Buena Vista del Cobre.

“La economía en la región ha caído muchísimo, yo creo que un 60%, nosotros que vivimos aquí, nos damos cuenta, ya no se venden los productos de la misma manera, los gobiernos descuidaron todo. El turismo bajó también hasta un 90%, también por la situación de la carretera, que las dejaron deplorables, con las pipas que traían agua”, expresó.

Además, dijo que quienes organizaron el pago del recurso, lo hicieron detrás de un mostrador, sin conocer realmente la situación de la ganadería y la agricultura, ya que únicamente resarcieron 10 mil pesos por hectárea afectada.

Jaime López es propietario de 23 hectáreas de cultivo, por lo que aquel 6 de agosto del 2014 perdió toda su cosecha de forraje (alimento para ganado), que le daría sustento hasta por cuatro años.

Sin embargo, los administradores del fideicomiso, dieron pagos sólo hasta 10 hectáreas por productor y 10 mil pesos por cada una, por lo que lo le fue suficiente.

Hoy en día, tuvo que reestructurar y aumentar sus deudas en los bancos, para poder invertir en más semillas y sembrar para la temporada de este año, en la cual espera recuperar algo de lo perdido por el derrame en el Río Sonora.

“Todas las falacias del famoso fideicomiso, donde tomaron las decisiones del sector agrícola y ganadero, atrás de un escritorio. El tope fueron 10 hectáreas, no nos sirvió ni para lo más esencial. Lleve documentación para comprobar mis perdidas, pero nada. Ahora, tuve que reestructurar mis deudas, aumentarlas el doble para poder sembrar”, manifestó.

BANÁMICHI: PÉRDIDAS MILLONARIAS

Martín Peña Molina, uno de los productores de nogal en Banámichi, denunció que a dos años del derrame de tóxicos en el Río Sonora, no han recibido ni un solo peso del millón y medio que perdieron de su cosecha en 2014.

Detalló que se trata de una asociación de 56 productores, quienes perdieron toda la cosecha ese año, a causa de la contaminación; sin embargo, no obtuvieron apoyos por parte del fideicomiso de Grupo México, a pesar de certificar los daños.

“Tuvimos una muy fuerte afectación, de la expectativa de producción que teníamos, se nos bajó hasta un tercio. Nos pidieron hasta las perlas de la virgen para certificar el daño de un millón y medio de pesos, se corroboró el daño, pero no nos dieron ni un peso”, lamentó.

Peña Molina mencionó estuvo tratando con el entonces delegado de la Secretaría de Gobernación, Adolfo García Morales (ahora secretario de Seguridad), pero llegó un momento en que le cerró las puertas y no lo atendió más.

“García Morales es el que hizo los compromisos más fuertes aquí, fue el que dio la cara. El nos pidió certificaciones de las pérdidas y se las dimos, la ultima vez me dijo que el ya no sabía nada, cada vez que íbamos ya no nos quería ni ver, ya no nos atendía”, expuso.

Por esta razón, la economía de las  familias de los productores de nogal se vio afectada, no recibieron utilidades ese año y tuvieron que solicitar créditos para invertir en una nueva cosecha para este año.

De igual manera, Martín Peña, quien también es presidente de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego, resaltó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aún tiene pendientes por cumplir con los productores de Banámichi.

Señaló que cuando se presentó la contingencia en el Río Sonora, los productores cedieron uno de sus pozos que estaba alejado del afluente, para que el pueblo se abasteciera de agua, ya que el otro se había clausurado.

Ante esto, la Conagua se comprometió a apoyar a los productores que conforman esta asociación, a la reconstrucción del canal de riego, el desazolve de un tajo y el encauzamiento del río, en una parte de los plantíos.

“Nosotros les cedimos un pozo de la unidad de riego, en un intercambio del pozo. Hubo una serie de compromisos por parte de Conagua, como el desazolve del tajo, una reconstrucción del canal y el encauzamiento del río”, manifestó.

Por otra parte, Raymundo Salazar, productor de leche y queso, expuso que a dos años de la contaminación, aún no tienen la certeza de que el agua y sus productos estén libres de metales pesados, por lo que pide a las autoridades que muestren los resultados de los análisis que realizan.

Mencionó que derivado del derrame, la gente ya no compra de igual manera los productos de la región, como queso, leche, carne, lo que ha ocasionado pérdidas en sus ingresos.

“Sigue todavía la interrogante si el agua que consume la población y el ganado, está en los estándares adecuados, que si habrán variado o no. Y al tener la gente todavía la duda del producto, obviamente el consumo disminuye”, expuso.

Además, lamentó que aún no instalen las plantas potabilizadoras de agua, para eliminar los metales pesados, por lo que llamó a las autoridades y Grupo México  a no abandonar a los habitantes de Banámichi.

“Yo siento que sí nos abandonaron, hasta que no pongan las plantas, no vamos a ver que sí le están dando segumiento, ahorita seguimos comprando agua de garrafón, pero hay quienes consumen de la llave porque no pueden comprar”, finalizó.


(DOSSIER  POLITICO/ Tomado de: La Silla Rota/ 2016-08-02)

NARCOS DISPUTAN LA PAZ


FOTOS: cortesia

Colonias como Ladrillera, Esterito, Agustín Olachea, Navarro Rubio, Pedregal de Cortez y Ciudad del Cielo, son escenario de la sangrienta batalla entre “Los Mayitos” y “Los Dámaso”, tras la ejecución de Luis Antonio Montoya Beltrán

Desde la ejecución de Luis Antonio Montoya Beltrán alias “El Montoya”, “El Artista” o “Don Carlos”, ocurrida el jueves 5 de mayo, las células del crimen organizado de “Los Mayitos” y “Los Dámaso” entraron en disputa por la plaza del narcomenudeo en La Paz.

Específicamente en la zona que comprende colonias como Ladrillera, Esterito, Agustín Olachea, Navarro Rubio, Pedregal del Cortez, Ciudad del Cielo, entre otras. Montoya Beltrán, quien encabezó a “Los Mayitos”, fue ejecutado supuestamente al ser puesto por agentes estatales, días después de que aparecieran mantas exigiendo a “Sangar (sic) y Viviano. Tienen 5 días para entregar los 5 millones por limpiar la plaza traidores hijos de su puta madre contesten los blackberry ratas traidoras… CDS”.


Policias solo son espectadores de la lucha por el control de colonias como El Esterito, Agustin olachea, La Ladrillera, Navarro Rubio y Ciudad del Cielo 2 

Samgar Salvador Gómez Reyes, ex subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue muerto a tiros el 29 de junio de este año en las calles Airapi y Puesta del Sol en la colonia Guaycura, cuando se dirigía a casa de sus padres; en tanto a Bibiano Rigoberto Burgoing García, ex encargado de despacho de la Policía Ministerial del Estado, se le ha visto en La Paz, pero sale constantemente de la ciudad.

El 13 de mayo, un comando armado presuntamente de “Los Dámaso” armó un atentado en contra del Comandante General de la Policía Estatal, Luis Alejandro Osorio Álvarez, en el cual resultó herido con tres impactos de bala, pero sobrevivió.

Tras esta serie de acontecimientos, aún no son esclarecidos por las autoridades, se ha desatado una guerra interna en la zona de control de la plaza que dejó Montoya Beltrán. Por un lado, pelea gente del propio ex líder, tratando de controlar el lugar, y por el otro “Los Dámaso”, en su lucha por entrar al narcomenudeo hacia el norte de la ciudad.

El resultado ha sido una serie de eventos desafortunados para los colonos, quienes han atestiguado homicidios al estilo del crimen organizado, incendios extrañamente provocados en viviendas y vehículos, así como amenazas a ciudadanos de la localidad.  

LOS ATENTADOS

Luego de la ejecución de “El Montoya”, sobrevino la muerte del narcomenudista Édgar Villanueva Sarquín el 23 de mayo. Villanueva era originario de La Paz y contaba con 34 años de edad; según información, un comando armado se aproximó contra el joven en las calles Revolución entre Salvatierra y Torre Iglesias de la colonia Esterito y disparó en varias ocasiones. Incluso la unidad paramédica que acudió en su auxilio lo encontró con vida, pero falleció al poco tiempo.


 Edgar Villanueva Sarquín ejecutado el 23 de mayo, el primero tras la muerte de El Montoya 

La madrugada del 17 de junio, en plena zona hotelera donde culmina el Malecón de La Paz -salida a Pichilingue-, fue encontrado sin vida, a mitad de la calle, Carlos Adán Cervera alias “El Gorras”, de 25 años. Registró diversas detenciones por posesión de estupefacientes.

El mismo día y con relación a ese atentado, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador de Justicia del Estado, dio a conocer que se abrió “una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

En éste, como en todos los hechos que la Ley califica como delitos, la institución realiza las pesquisas correspondientes que lleven al esclarecimiento de los actos delictuosos”; sin embargo, en el primer semestre de 2016, la Procuraduría General de Justicia del Estado únicamente ha logrado detener y vincular a un sicario de entre los 49 crímenes registrados en ese periodo de tiempo.

El lunes 20 de junio, los cuerpos de rescate fueron movilizados a la colonia Agustín Olachea, en las calles Monterrey y México, donde dos vehículos y una vivienda ardieron en llamas.

Algunos testigos informaron que un grupo de personas le prendieron fuego y se fueron del lugar; sufrieron pérdida total un vehículo Volkswagen 2016 y de un camión de volteo para el transporte de materiales para construcción.

Mientras que la vivienda presentó severos daños en su estructura. Según reportes iniciales, el inmueble pertenece a los hermanos César y Cruz López López, ambos con antecedentes por distribución de estupefacientes.

El 4 de julio fue detenido Mario Alberto Ríos Flores, de 30 años de edad, por disparar en contra de su pareja sentimental con un arma calibre 22; la mujer resultó con un disparo en la pierna y, acorde con información recabada, él cuenta con tres detenciones por parte de la Policía Estatal Preventiva por delitos contra la salud, así como tres ingresos al Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, dos en 2013 y una más en 2015. Jonathan Omar Juárez Mora alias “El John”, de 25 años de edad, originario de La Paz, fue ejecutado el 15 de julio por seis impactos de bala calibre 5.56, pertenecientes a un arma larga (R-15, M4 o M16). Según fuentes policiales, el fallecido contaba con registro de antecedentes en Plataforma México.

El 20 de julio, otro incendio de una vivienda se presentó en las calles Campeche e Isabel la Católica en la colonia Ciudad del Cielo, siendo afectadas dos viviendas y un cuarto, “donde se presume sea un picadero y venta de droga”, informó uno de los testigos.


El Frank herido gravemente en la colonia La Ladrillera, el ultimo herido al cierre de esta edición por el control de la plaza que dejó libre El Montoya

Días después, el miércoles 19 de julio, Francisco Javier Agüero Miranda alias “El Frank”, de 41 años de edad, fue agredido a tiros mientras conducía una motocicleta de color rojo.

Versiones afirman que el hombre fue embestido por un automóvil tipo Sentra de color gris y de modelo reciente, enseguida los sicarios descendieron del vehículo y dispararon en repetidas ocasiones, mientras “El Frank” quedó tendido en el lugar. Lo dieron por muerto.

Sin embargo, a unas cuadras más adelante fue hallado por “amigos” en pie y gravemente lesionado, quienes lo subieron a la unidad para su traslado al hospital “Juan María de Salvatierra”.

Al cierre de esta edición, Agüero se encuentra internado con un pronóstico reservado, sólo se sabe, delicado tras las lesiones de arma de fuego.  

LOS ESTRAGOS DE LA NARCOGUERRA

Conforme a datos extraoficiales, la Secretaría de Salud cuenta con informes de 18 personas lesionadas por disparos de arma de fuego en lo que va de 2016, tres de éstas del sexo femenino y  15 del masculino, esto sólo en ingresos al hospital “Juan María de Salvatierra”.

“Es costoso el atender a un paciente con trauma por proyectil de arma de fuego, al menos se usan seis unidades de sangre para cada uno de ellos, lo grave es que nos estamos quedando continuamente sin sangre cuando se intensifican los hechos en la ciudad”, declaró un trabajador del nosocomio que, por obvias razones, pidió anonimato.

De acuerdo con las estimaciones económicas que se tienen en la clínica, al ser internada una persona lesionada por arma de fuego los gastos oscilan entre 80 mil pesos en una persona con heridas menores y 400 mil pesos en casos más graves.

Según datos recabados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los registros municipales de lesionados contemplan 216 lesionados dolosos sin datos en Los Cabos; 16 lesiones dolosas y 40 sin datos en Comondú; seis lesionados dolosos en Loreto; 34 lesionados en Mulegé; y dos por arma de fuego, 48 con otros y 185 sin datos en La Paz.

Aunque el registro actual en el hospital Salvatierra es de 18 lesionados por arma de fuego.

En un momento los empleados del hospital temieron por su vida “ante una supuesta amenaza que se hizo cuando estos eventos se presentaban continuamente”, confió personal del “Salvatierra”, pero esa psicosis desapareció luego de un tiempo, incluso el propio Víctor George Flores, titular de Salud en el Estado reconoció a ZETA que “se decía de una supuesta amenaza, pero nunca hubo tal”.



Ejecutado en Terraplen Los Cocos la madrugada del 17 de junio, el narcomenudista Carlos Adán Cervera alias “El Gorras” de 25 años de edad, originario de La Paz 

Las principales víctimas en esta guerra del narco son sin duda las familias de los involucrados “que nada tienen que ver”, refieren ciudadanos, algunos dejaron hijos pequeños, esposas y padres desconsolados.

“Cuando vi esa imagen en un inicio, vi una persona tirada, sentí algo horrible, un nudo en la garganta, un vacío enorme y después vi la camioneta, no quería abrir la nota pero lo hice, dentro de mí había una esperanza de que no fueras tú… Empecé a leer y mis ojos se llenaron de lágrimas, no lo quería creer, no podías ser, cómo podía ser posible… Mi mundo se derrumbó porque nunca había sentido una pérdida tan cercana, quieran o no, y le guste a quien le guste, como tú decías: tenemos dos hijos que nos unen… siempre estarás en nuestros corazones”, fue el mensaje que quedó después de la pérdida de un cercano en los enfrentamientos a balazos que se siguen presentando en La Paz.

En torno a estos hechos violentos, comerciantes del Mercado Madero manifestaron a este Semanario:

“Son secretos a voces, a la hora que encuentran a un hombre muerto o que los matan a balazos, nomás escuchamos el nombre y decimos ‘andaba en malos pasos’, eso lo sabemos las personas, y te aseguro que también los policías, (pero) ya que los matan hasta salen que tenían investigaciones y todo”.

En esta afrenta,  los taxistas que brindan servicio en zonas donde se han suscitado balaceras, han advertido que no ingresarán muy adentro de ciertas colonias.

“La verdad es puro trabajo, aquí se suben personas de todos oficios, uno nomás ve y calla, la verdad  ahorita voy entrando al turno de la noche. El negocio está muy bajo, ayer la verdad pensé que estaría movido y la verdad no, estuvo bien flojo, todo esto es por la desconfianza que hay en las calles; yo ando en el centro, yo creo que ya la gente no se anima a salir en las noches si no tiene carro seguro, o un amigo quien le dé ‘raite’”, compartió a ZETA don Alberto, un trabajador del volante.  

ESTRATEGIA NO FUNCIONA

En el primer semestre de 2016 se registraron 49 crímenes en Baja California Sur, de los implicados en estos sucesos, sólo se ha logrado la detención de un sicario que resultó lesionado en la balacera del viernes 13 de mayo contra el Comandante General de la Policía Estatal; la PGJE dio a conocer el 3 de julio que en lo que va de la administración de Carlos Mendoza Davis, se contabilizan “2 mil 180 operativos de vigilancia, para dar cumplimiento a las diversas denuncias sobre la venta de drogas al menudeo, y cumplimentar órdenes de aprehensión”, pero de los autores materiales de las ejecuciones no se sabe algo, siguen en carpeta de investigación.


Ejecución de Luis Antonio Montoya Beltrán alias “El Montoya” o “Don Carlos” el pasado jueves 5 de mayo de 2016 

Incluso no se ha podido determinar quién dio muerte a Víctor Manuel Morales Zúñiga, de 31 años de edad y originario de Mazatlán, Sinaloa, empleado externo de la empresa Caligas que murió supuestamente a causa de disparos de agentes de seguridad.

Las armas utilizadas en ese atentado están registradas y asignadas a agentes de seguridad, además del registro de sólo tres policías estatales que ingresaron a la escena del crimen, es decir, al punto donde yacía Víctor Manuel, entre ellos Cristian Alberto León Aguilar, con antecedentes por agresión a ciudadanos y reporteros ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); además de que se tiene el número exacto de cartuchos percutidos (800 de calibre .223 y 60 de 9 milímetros), todos disparados por armas inscritas ante la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno, dio a conocer que el estudio de las armas y los agentes probables responsables tardaría “aproximadamente 30 días, no es cualquier cosa, sobre todo debemos deslindar responsabilidades de manera muy puntual”, pero reconoció que hubo “uso excesivo de la fuerza”, ya que “el uso de las armas debe ser el último recurso que se tiene que usar en una acción como ésta”.

A la fecha no se ha dado a conocer el resultado oficial, ahora enfrentan la dificultad para detener a un sicario, sólo se tienen los cartuchos percutidos y la víctima, haciéndolo una tarea incompetente para los investigadores.  

LAS OPINIONES

Ante los hechos aquí descritos, se dictó un “combate frontal” que más allá de regresar la tranquilidad a la población, parece funcionar sólo a través de números; la percepción no cambia, ya que las ejecuciones han disminuido de un año a otro, “evidentemente con ese dato duro podemos decir que sí, pero si le preguntas a la ciudadanía, la percepción no es que estén disminuyendo, cuando aparentemente queda una calma, nuevamente vuelven las ejecuciones.

Ahorita lo hemos visto al día de hoy, un evento por día, de un tipo u otro, pero un evento por día”, subrayó Fabricio González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Baja California Sur, lo que deja en claro que las leyes las dictan los miembros del crimen organizado.

Jonathan Omar Juárez Mora alias “El John” de 25 años de edad, ejecutado el 15 de julio de seis impactos de bala calibre 5.56 en El Esterito

En un acercamiento con efectivos de la Tercera Zona Militar, y anteponiendo los acontecimientos que se han registrado particularmente en La Paz, “la principal tarea de las fuerzas armadas es buscar la protección y salvaguarda de nuestros ciudadanos, nosotros llevamos una estrecha comunicación en el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, todos los datos los damos a conocer, estamos trabajando para alejar todo esto de las familias que no tienen nada que ver en esto”.

En cambio, la Secretaría de Marina aclaró que ellos están realizando “continuamente monitoreo en los litorales del Estado, de hecho hace unos días realizamos recorridos en toda la zona de La Ventana, El Sargento, todos los puntos donde se ha dicho que ingresan armas; seguimos con los operativos y hemos tenido capturas, y seguiremos hasta que haya de nuevo paz”, estimaron los agentes, miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad del Estado.

Lo cierto es que desde la caída de “El Montoya”, la zona norte entró en inestabilidad por el control de las “subplazas”.

(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /Investigaciones Zeta Martes, 26 julio, 2016 12:00 PM)



POLICÍA MATÓ A CIVIL EN LA PAZ, BCS


FOTOS: cortesía.- Caseta donde quedó muerto Víctor Manuel Morales Zúñiga, civil muerto el viernes 13 de mayo de 2016

Durante el intento de homicidio  del comisario general de la Policía Estatal Preventiva, Luis Alejandro  Osorio Álvarez en mayo de este  violento año en La Paz, fue  asesinado a consecuencia de la persecución policiaca Víctor Manuel, un joven que prestaba los servicios de calibración de las bombas de Caligas; recibió múltiples impactos en cabeza y abdomen.Tres agentes de la PEP reciben órdenes de aprehensión por este suceso

El viernes 13 de mayo de 2016 una historia sin precedente se escribió para el Estado, en particular para los paceños, cuando un comando armado intentó dar muerte al comisario general de la Policía Estatal Preventiva, Luis Alejandro Osorio Álvarez “El Comandante Osorio”. El ataque fue perpetrado en las calles Himno Nacional y Unión, Colonia Diana Laura.

La agresión se dio en dos flancos, por parte de un vehículo Nissan Tiida color gris y un Volkswagen Jetta color blanco; el primero fue abandonado calles más adelante del lugar de los hechos y sus ocupantes abandonaron sin contratiempo la escena del crimen, pero los del auto blanco fueron alcanzados por agentes policiacos y terminaron estrellándose en una estación de la empresa Caligas, en Forjadores y el acceso a la zona de tolerancia.

Allí fue donde la historia se reescribió. Luego del ataque contra el comandante general, en el que resultara lesionado junto con otros dos policías a su mando (un estatal y un municipal), la balacera se trasladó a la estación de servicio donde uno de los sicarios, Manuel Morones Arreola “El Gato”, originario de La Cruz, Sinaloa, murió en el asiento del copiloto de la unidad; Carlos Ramón Torres Sáinz “El Moncho”, de 36 años, originario de Culiacán, Sinaloa, salió huyendo del automóvil y en su camino arrojó un chaleco táctico y se internó en la parte trasera del negocio, donde se atrincheraron trabajadores de la empresa Caligas, entre ellos Víctor Manuel Morales Zúñiga, de 31 años de edad, oriundo de Mazatlán, Sinaloa.

En la intensa balacera que agentes de la Policía Estatal Preventiva desataron en busca del sicario que se les escapó, llegaron a la conclusión desesperada de que se refugió en uno de los cuartos de la construcción en la parte trasera de la empresa y allí dispararon “a lo que se moviera, estaban cegados de odio por lo ocurrido en la Diana Laura”, dijo uno de los agentes que participó en el operativo. “Jamás se siguió un protocolo para ingresar al lugar, jamás se optó por el diálogo en el lugar, nunca esperaron a analizar el lugar de los hechos, no se preguntaron si había civiles en la empresa, simplemente dispararon”, reiteró.

En el lugar quedó tendido el cuerpo de Víctor Manuel -quien prestaba los servicios de calibración de las bombas en Caligas- con heridas múltiples en cabeza y abdomen, mientras el sicario fue encontrado en otra de las habitaciones de la misma construcción, recibió siete disparos (tres en el tórax, uno en el mentón, cadera izquierda, rodilla y tobillo izquierdo), en esos cuartos recolectaron “19 casquillos percutidos calibre .223 REM”, según dio a conocer Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).


El Policía Estatal, Cristian Alberto León Aguiar quedó grabado en video mientras patea a detenido en el suelo

Sin embargo, en la refriega total en ese punto, se encontraron 860 cartuchos percutidos, 800 calibre .223 de rifle de asalto y 60 calibre 9 milímetros arma corta, todos disparados por armas registradas ante la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador general de Justicia del Estado, no quiso ahondar mucho en el tema, solo informó que “ese asunto se dividió en tres etapas, la primera fue consignar a quienes agredieron a los elementos de la Policía Estatal, la segunda proceder en contra de un elementos de Seguridad Pública que en un video se le ve haciendo uso excesivo de la fuerza, y una tercera etapa que estamos por resolver, ya les informaremos oportunamente”.  

TRES ELEMENTOS DE LA PEP RECIBEN ÓRDENES DE APREHENSIÓN

La propia PGJE dio a conocer tres órdenes de aprehensión ejecutadas en contra de participantes en el suceso, una en contra de Carlos Ramón Torres Sáinz “El Moncho”, el único sicario detenido y dos más contra de tres elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Los agentes son: Cristian Alberto León Aguiar, a quien se cumplimentó el 1 de julio del presente año por su relación al delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, y a quien se dictó auto de vinculación a proceso; por otro lado, a los policías estatales Alberto Aurelio Romero Ángel y José Antonio Ibarra Liera, orden de aprehensión el 19 de julio por homicidio calificado con ventaja.

Solo Alberto Aurelio permanece en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, por pruebas en su contra.

La PGJE determinó que derivado de los estudios realizados por la Dirección de Servicios Periciales, se emitieron 37 dictámenes de criminalística de campo, ingeniería civil, balística forense, genética forense; dactiloscopia forense, audio y video, medicina forense, química forense e identificación fisonómica.

A dos meses y medio de los hechos, la institución determinó:

“En el interior de una caseta en construcción, se localizó una persona sin vida, del sexo masculino, contiguo al cuerpo se recolectaron 19 casquillos percutidos calibre .223 REM.

El Servicio Médico Forense determinó como causa de muerte traumatismo craneoencefálico y abdominal, secundario a herida producida por proyectil de arma de fuego; en la diligencia de necropsia se extrajo una bala (elemento problema), que el Departamento de Balística Forense determinó correspondencia de características entre el elemento problema y el elemento testigo (bala obtenida en prueba de disparo controlado), del que resulta una correspondencia de característica entre el casquillo percutido, la bala extraída de necropsia, con un arma larga tipo fusil calibre .223 REM, matrícula E28017”, registrada ante la Subsecretaría de Seguridad Pública.

En otras palabras, el civil fue asesinado por agentes estatales. Aunque solo se encontró una ojiva en el cuerpo de Víctor Manuel y con ella se vinculó al arma del oficial detenido, la PGJE confirmó que el joven no murió de solo un disparo, sino que el dictamen forense “determinó como causa de muerte traumatismo craneoencefálico y abdominal, secundario a herida producida por proyectil de arma de fuego”; es decir, al menos dos heridas tenía el cuerpo del civil, solo una ojiva se alojó en sus restos.

Recordando lo que ocurrió ese día, en una grabación realizada por testigos y que hicieron llegar a ZETA se pudo observar la falta de preparación de los policías que ingresaron al lugar de los hechos.

En el inicio de la grabación se escuchan detonaciones de arma de fuego y al fondo los gritos de una persona. Se escucha claramente los gritos de “no disparen” seguido a un disparo más en el segundo 15, momentos después (segundo 20) se ve a policías caminando, dando la espalda a la escena, como si no hubiera riesgo alguno, pero de un instante a otro se desata una fuerte ráfaga por parte de policías (segundos 20-35); cinco segundos después, un agente ingresa a la zona de la caseta, detrás de él un grupo numeroso más.



 MUERTE 13 DE MAYO

Según los propios testigos, son los elementos de seguridad ingresando a la escena.

Persona 1: “Ya lo mataron, a la verga, se metieron adentro y lo mataron, ¿no? Eso es adentro de la casa… ‘oi, ‘oi (sic) ¿Sí escuchan? Hay plomazos adentro de la casa”.

Persona 2: “Están adentro del cantón, adentro del cantón se están rafagueando a la verga”.

Aproximadamente al minuto y medio de correr la grabación, queda evidenciado el acceso de policías a una zona “controlada”, al menos una decena de agentes van y vienen del lugar caminando tranquilamente en el ángulo que se aprecia en el video, aunque por otros puntos grabados se puede confirmar la presencia de más de 20, sin embargo, cuando parecía que ya se tenía controlado, se escuchan más ráfagas de armas largas al interior de la construcción.

Después esta nueva ráfaga, se ve claramente a los elementos caminando tranquilamente a las afueras de la caseta, al descubierto de supuestas personas armadas, pero al interior continúan los disparos.

De igual manera, se escuchan los gritos de policías, “afuera, mátalos” y, seguido de palabras altisonantes, “Mátalo… mátalo, mátalo a la verga”.

Como parte de una escena “controlada”, se aprecian a policías abandonando la escena, en cuestión de segundos una detonación de arma de fuego más, un minuto después, en el video se escucha una fuerte ráfaga más.

— ¿Cuánto es un minuto en una balacera?, preguntó ZETA a un oficial. “Es un chingo un minuto en una balacera, pueden ocurrir muchas cosas, vaciar todo tu cargador, puedes herir o matar a muchas personas”.

Según la fuente policial, el reporte de la balacera indica que hubo más de 50 policías que estuvieron en la escena, 860 cartuchos fueron disparados, un solo sicario fue detenido en el lugar, un civil (Víctor Manuel Morales Zúñiga) fue abatido a balazos, mientras que su compañero de trabajo resultó lesionado.

En la balacera también participaron más de policías, incluidos los altos mandos y mandos medios, entre ellos el comisario de la PEP, Francisco Javier Moreno Montaño, y el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Faustino Guerra; al menos al comisario de la Estatal se le ve recolectando cargadores desabastecidos usados para abatir al civil.

Hasta el momento no se han brindado mayores informes al respecto, y solo un oficial ha sido vinculado con la muerte del ciudadano.  

AGENTE CON ANTECEDENTES DE AGRESIÓN, IMPUNE

Cristian Alberto León Aguiar, el agente vinculado por uso excesivo de la fuerza, fue puesto en libertad, ya que el delito de agresión no se considera como grave, y es que se presume, fue quien agredió a un civil que aparece en una grabación siendo golpeado mientras está esposado en el suelo, además de detenido en el suceso de ese viernes 13 como medida cautelar, ya que se desconocía la identidad del agresor (sicario) y de quien fuese trabajador de la empresa.

León fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por abuso de poder el 7 de marzo de 2015 (en una balacera ocurrida en las calles Forjadores y Colosio) por agresiones en contra de un reportero, en su momento el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Noriega Rangel, dio a conocer que “este elemento carece de aptitudes para estar cerca de los ciudadanos, definitivamente debe estar lejos de la población y detrás de un escritorio de momento”.

Por ello se le abrió un expediente en el Consejo de Honor y Justicia de la corporación.

Asimismo, quedó evidenciado que pese a los antecedentes por abuso de poder y violencia que ejerce en contra de ciudadanos, este oficial de la PEP continúa portando el uniforme, agrediendo a diestra y siniestra, y lo que es peor, entorpeciendo las investigaciones.

Conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal, la agresión que quedó documentada podría significar “echar  a perder una investigación y que el imputado (sicario) quede en libertad”, alegó uno de los especialistas integrado al NSJP. Situación confirmada en los hechos ocurridos el viernes 13 de mayo. 


Balacera del 22 de Julio 2016, comensales cenan a escasos metros de un atentado resultó lesionado un civil que cruzaba el lugar

Mucho se ha dicho del por qué este elemento goza de tranquilidad e impunidad en el interior de las corporaciones: es sobrino del ex procurador de justicia del Estado, Adonaí Carreón Estrada, señalado en redes sociales, por cuentas apócrifas, al parecer de miembros de células del Cártel de Sinaloa, entre ellos “Los Dámaso”: “Adonaí Carreón tu eres responsable de las olas de muertes en el estado, tú y tu gente son culpables de la ola de ejecuciones”, a manera de “carta abierta del inicio de la guerra y final de la paz”. Firma “El Cartel de la Plaza de Baja California Sur”.  

A DOS AÑOS DE LA VIOLENCIA

Mañana domingo 31 de julio se cumplen dos años de que iniciaron, sin cese, las ejecuciones; fue un jueves 31 de julio a altas horas de la noche que la violencia dio un giro en Sudcalifornia. Ese día fueron asesinados Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera”, Alberto Montero Lizárraga “El Betillo” y Jesús Enrique Urquiza Portillo “El Ferrari”, los tres vinculados directamente al Cártel de Sinaloa y la célula de “Los Dámaso”.

Desde entonces se desató una lucha interminable, hasta estos días, por el control de la plaza en La Paz y otros municipios. Incluso desde el inicio la ola de violencia apuntaba a intensificarse conforme fuera avanzando; ese año cerró con 70 homicidios y, según datos recabados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2015 duplicó las cifras con más de 150 registros; mientras que hasta junio de 2016, alcanzó los 48 homicidios dolosos.

El paso de los hechos violentos en Baja California Sur, dejó gran cantidad de personalidades y figuras detenidas e internas en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz o entregadas la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como: Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón”, Víctor Martínez Barraza “El Víctor” o “El Vidal”, Juan Antonio Martínez Rosas “El Furby”, Ariel Bautista López “El Chapo”, Gustavo Lozoya Portillo “El Portillo”, Abel Nahúm Quintero Manjarrez “El Grande” -quien en su detención accionó un lanzagranadas contra agentes de la PEP en el Bulevar Pino Payas, lesionando al agente Adrián Medina Velázquez- “El 5” y Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China”.

Respecto a esta última, el procurador  Palemón Alamilla expresó que “en la administración anterior el asunto más sonado fue el de una fémina que solo habían consignado por un solo homicidio, nosotros ya la consignamos por seis y la pusimos a disposición de la Procuraduría General de la República por otros delitos”, aunque de entrada dijo desconocer el número de ejecutados del 31 de julio de 2014 a la fecha.



31 Julio de 2014 – KM 9 Carretera a Los Planes, lugar donde se dio muerte a El Pantera, El Betillo y El Ferrari- allí inició la guerra por el control de la plaza en La Paz 

En el andar de estos días tensos para los ciudadanos, diversos daños colaterales se han suscitado en hechos como:

* Menor de 7 años de edad lesionado en un glúteo, como resultado de una balacera en las calles Constitución y Durango, a un costado de la Tercera Zona Militar (6 de noviembre de 2014).

* Una pareja ejecutada en la subdelegación de Chametla, en las calles Baja California y Coahuila; un bebé salió ileso (22 de agosto de 2015).

* Dos personas lesionadas por balas perdidas en Padre Kino y Bravo, al registrarse una ejecución a unos metros, en una zona comercial (31 de agosto de 2015).

* Dos menores de edad de 4 y 8 años, acribillados a la altura del Kilómetro 19 La Paz-Los Cabos, en el Ejido Melitón Albáñez. Acompañaban a sus abuelos (5 de septiembre de 2015).

* Víctor Manuel Morales Zúñiga, muerto por policías estatales en la gasera de Forjadores y acceso a zona de tolerancia (viernes 13 de mayo de 2016).

*Un motociclista arrollado mientras un presunto narcomenudista huía de sus agresores en Marcelo Rubio, casi esquina con 5 de Febrero (22 de julio de 2016).   Los últimos homicidios En la guerra por el control de la venta y distribución de la droga, al menos nueve personas han perdido la vida en el mes de julio por la disputa que se vive en Baja California Sur. * El día 4, alrededor de las 9:30 pm, Carlos Manuel Geraldo Sánchez, de 40 años de edad y originario de La Paz, se disponía a ingresar a la plaza comercial Soriana La Paz; allí le asestaron tres impactos de bala. Fue vinculado con el crimen organizado al servicio de Raúl Castillo de la Rosa “El Cochi”, reclutaba matones para este personaje.

*  El 6, en Márquez y Ramírez de Colonia Centro, a plena luz del día fue perseguido y baleado José Alberto Quiñones Márquez, de 35 años, oriundo de Mazatlán, Sinaloa; fue identificado como narcomenudista al servicio de “Los Dámaso” y precisamente el día que lo agredieron, aunque no se le encontró un arma, testigos afirman haber visto que disparaba contra sus victimarios. Le aseguraron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo; recibió cinco impactos de bala. 


31 Julio de 2014 – KM 9 Carretera a Los Planes, lugar donde se dio muerte a El Pantera, El Betillo y El Ferrari_ allí inició la guerra por el control de la plaza en La Paz

* El 7 de julio a las 11:00 pm, en las calles Héroes de Independencia y Rosales, en el Centro, fue ejecutado Nolberto Lazcano Rivera de ocho tiros calibre 9 milímetros; contaba con 27 años de edad y era de Badiraguato, Sinaloa. Una fuente indicó que este joven narcomenudista estaba demasiado expuesto con armas y droga, “era demasiado visible”. Además, iba y venía sin lugar fijo y “para su suerte, nunca apuntó hacia algún grupo, siempre estuvo en medio y le costó”.

* La mañana del 15 de julio se encontró el cuerpo sin vida de un hombre, a la altura del Kilómetro 211 de la Carretera Transpeninsular, tramo Guerrero Negro-Santa Rosalía, en Mulegé, a bordo de un vehículo Toyota Corolla azul. Mostraba dos heridas en la cabeza. En la escena se encontraron dos casquillos percutidos calibre 45 milímetros.

* El mismo día, Jonathan Omar Juárez Mora alias “El John”, de 25 años, nacido en La Paz, fue asesinado de seis impactos de bala calibre 5.56, pertenecientes a un arma larga (R-15, M4 o M16). Contaba con antecedentes penales en Plataforma México.

* El 16 de julio se localizó el cadáver de un hombre, en una brecha vecinal sobre el Arroyo San José Viejo, en Los Cabos; como causa de muerte se determinó traumatismo craneoencefálico severo, tenía entre 24 y 36 horas de fallecido. Sigue sin identificarse, solo se dieron señas como estatura de 1.70 metros, complexión regular, tez morena clara, cabello lacio; tiene un tatuaje en la espalda con la leyenda “María”, con letras estilo gótico, en el hombro izquierdo un tatuaje en forma de cráneo y en el lado izquierdo del pecho, tres flores que forman la imagen de un rostro.

*Pasadas las 11:30 pm del sábado 16, un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Solidaridad en La Paz, según versión de testigos, pistoleros lo siguieron por el Andador Unión y dispararon en varias ocasiones. Quien en vida llevara por nombre Raúl Armenta “El Huevo” murió por tapón cardiaco de hemoneumotórax secundario a herida por disparo de arma de fuego; contaba con antecedentes penales.

* El 19 de julio fue agredido a balazos Francisco Javier Agüero Miranda “El Frank”, de 41 años. Al momento del suceso conducía una motocicleta color rojo, fue embestido por un automóvil tipo Sentra de color gris de reciente modelo; enseguida los sicarios descendieron del vehículo y dispararon en repetidas ocasiones.

* El viernes 22,  a las ocho de la noche, Gilberto Garzón Hernández, de 27 años, resultó herido de cinco impactos de bala en la colonia Invi Chametla en la capital del Estado. Los hechos ocurrieron en las calles Playa Tecolote y Playa El Caimancito; doce horas más tarde fue declarado muerto. También fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el Arroyo Hondo de la carretera Los Planes, a la altura del poblado Juan Domínguez Cota; laringe y tráquea le fueron cortadas con arma punzocortante. 


El mismo día, en la zona comercial de Marcelo Rubio y 5 de Febrero, Gonzalo Aréchiga Franco, de 32 años, fue perseguido por hombres armados, una vez lesionado por disparos de arma de fuego, al intentar huir de sus victimarios atropelló a un motociclista, quedando debajo del vehículo. La víctima nació en Guadalajara, Jalisco, y cuenta con antecedentes por delitos contra la salud.

* La madrugada del domingo 24, Raymundo Alberto Aguilar Jiménez “El Rey”, de 23 años, fue atacado a tiros y, según testigos, sicarios le dispararon hasta en 30 ocasiones; se le localizó en Morelos e Ignacio Ramírez. El mismo domingo, por la tarde, en las calles Forjadores y Oro se registró una balacera que concluyó a la altura del acceso al fraccionamiento Península Sur, allí quedaron lesionados una mujer de nombre Reyna y Armando Martínez Juárez “El Gordo”, quien recibió varios impactos de bala; minutos después murió en el hospital. Y, minutos más tarde, se reportaron disparos de arma de fuego en Avenida Civilizadores, a la altura del fraccionamiento Bugambilias. Allí encontraron a Perla Karely Millán Peña, de 20 años, con un disparo en la cabeza.

Así concluye julio de 2016 en la entidad, cuando parecía que había un reajuste en La Paz y cierta calma tras la muerte de “El Montoya”, “Don Carlos” o “El Artista”, la violencia continuó por el control de la venta y distribución de la droga, con la participación o “colaboración de ciertos elementos para que esto siga ocurriendo, ya estamos cansados los ciudadanos, y lo peor de todo es que como autoridades no podemos hacer nada, porque los mismos policías están vinculados”, concluyó uno de los miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/  Investigaciones Zeta Lunes, 1 agosto, 2016 12:00 PM)