domingo, 17 de noviembre de 2013

ASESINAN EN EL CENTRO DE ATOYAC A DOS DIRIGENTES QUE PROMOVÍAN UNA POLICÍA RURAL EN EL PARAÍSO

José Luis Sotelo Martínez y Juan Lucena Ríos organizaban una asamblea que se realizaría hoy para presentar la iniciativa. Un hombre les disparó a quemarropa con una pistola calibre 9 milímetros. El 5 de noviembre dirigieron una protesta de productores damnificados en reclamo de un mayor apoyo oficial

Francisco Magaña
Atoyac.- Dos dirigentes campesinos de la comunidad de El Paraíso, José Luis Sotelo Martínez y Juan Lucena Ríos, este último ex regidor por el PAN, fueron asesinados ayer a balazos en Atoyac.

Lucena Ríos y Sotelo Martínez promovían la creación de la policía rural en El Paraíso, ante los secuestros y la violencia que han azotado esa zona.

Trascendió que tenían programado presentar la iniciativa en una asamblea este domingo en El Paraíso para que el día 20 marcharan con motivo del aniversario de la revolución.

Ambos estaban identificados con el PRI, pues en la campaña del 2012 apoyaron a los candidatos priistas.

Los hechos ocurrieron a las 2:20 de la tarde del sábado en pleno centro de la ciudad, en la esquina del parque infantil y?una tienda de abarrotes, donde se estacionan las camionetas que van a la sierra, a escasos cincuenta metros de la comandancia municipal.

Los victimados se disponían a subir a la sierra en una camioneta Nissan color blanca, después de que estuvieron en la ciudad de Atoyac, al igual que cientos de campesinos de la sierra de El Paraíso, que bajaron a cobrar el pago por los daños en sus huertas de café como consecuencia de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

Ambos dirigentes encabezaron el 5 de noviembre una protesta en el ayuntamiento de Atoyac,??por la baja cantidad de recursos que se etiquetaron para apoyar a los cafeticultores afectados de esa zona, con??250 y 500 pesos.

Fuentes policiacas dijeron que el homicida fue un hombre solitario que se acercó directamente a las víctimas y les disparó cuatro balazos a cada uno con un arma de calibre 9 milímetros; les disparó en la cabeza y en el cuerpo, y ambos cadáveres quedaron en el interior de la unidad a la que ya se habían subido.

El asesino huyó confundido con la gente que había en el centro, debido que??habían salido de una misa de comuniones y bautizos de la iglesia Santa María de la Asunción, y los campesinos hacían sus compras después de que se recibieron sus pagos por el apoyo a la cafeticultura siniestrada, en el zócalo de Atoyac.

Luis Sotelo Martínez era el dueño de la tienda más grande de El Paraíso y era suegro del ex comisario del lugar, Ignacio Sotelo Aguilar, de quien habían secuestrado a su esposa, por lo que vecinos se habían organizado para buscar a los plagiarios que murieron a la altura de la Quebradora, al toparse con militares que había en esa zona.

Juan Lucena Ríos fue regidor del ayuntamiento por el PAN en la administración del extinto alcalde priista Germán Adame Bautista, y en el 2008 contendió como candidato a la presidencia municipal por el PVEM.

Antes había sido emboscado en dos ocasiones, de las que salió ileso, la última en noviembre de 2009.

  (EL SUR DE ACAPULCO/ Francisco Magaña/ nov 17, 2013 )

HALLAN EN ACAPULCO OTRA FOSA CLANDESTINA CON SIETE CADÁVERES

*Ejecutan a dos hombres en su casa en Renacimiento

*Exigen Morena y MC respeto al municipio

*El próximo secretario de Seguridad debe estar limpio en derechos humanos: síndico

Siete cadáveres en fosas clandestinas en El Cayaco y dos  ejecutados a tiros en Renacimiento, la violencia del día

Redacción
Siete hombres sepultados en cinco fosas clandestinas fueron encontrados ayer por la tarde en el poblado de El Cayaco, mientras que dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de su casa, en la colonia Ciudad Renacimiento, en otro día de violencia atribuida al crimen organizado en este municipio.

Ayer, desde la una de la tarde, en un vivero ubicado en el poblado El Cayaco, a un costado de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en un perímetro de unos 40 metros, peritos de la Procuraduría y policías ministeriales realizaban la búsqueda de los cuerpos, después de que una llamada al 066 reportó que en la zona había cadáveres enterrados.

Según fuentes de la Procuraduría podría haber más cuerpos sepultados en la zona.

Los siete cadáveres encontrados tenían dos semanas de haber sido enterrados y solo uno de ellos tendría al menos tres días de haber sido sepultado.

El lugar donde encontraron los cuerpos está ubicado cerca de la planta de refrescos Coca-Cola, y para llegar al lugar, a unos 400 metros de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, los agentes entraron en patrullas hasta llegar a una brecha que se ubica a un costado de una casa de materiales para la construcción (Construrama), y después a unos 150 metros doblaron a la izquierda para llegar al sitio.

Durante la búsqueda, los policías encontraron dentro de un vivero tierra húmeda y removida por lo que comenzaron las excavaciones y localizaron cinco fosas clandestinas que tenían una profundidad de unos 2 metros, donde hallaron siete cadáveres que tenían huellas de tortura.

De acuerdo con una fuente de la Procuraduría del estado, en la primera fosa fue hallado un cuerpo, en la segunda otro, y en la tercera tres cadáveres más.

En la cuarta y quinta fosa fueron encontrados el resto de los cuerpos, todos en un perímetro de unos 40 metros.

Según el reporte policiaco, cinco de los cuerpos estaban maniatados y dos estaban vendados de los ojos, aunque al ser llevados por los trabajadores de Semefo a su vehículo las ataduras se deshicieron.

Algunos tenían tatuajes y estaban vestidos. Uno de ellos con pantalón de mezclilla azul y playera.

Los cuerpos estaban ya en estado de descomposición, aunque la fuente precisó que debido al olor, el cuerpo que tenía más tiempo enterrado pudo ser de unas dos semanas.

Al lugar llegaron efectivos de la Marina, el Ejército, Policía Federal y Ministerial quienes resguardaron la zona hasta las 6 de la tarde, cuando terminó la exhumación de los cuerpos.

Cerca de la zona donde encontraron los cadáveres hay casas habitadas, algunas hechas de adobe.

De acuerdo con otra fuente policiaca, uno de los cuerpos podría pertenecer a una persona que está desaparecida desde el miércoles.

La fuente indicó que podría haber más cuerpos y que se realizan más investigaciones en busca de  indicios de más cadáveres, según el informe de las diligencias realizadas por un agente del Ministerio Público.

Apenas el jueves pasado fue hallada otra fosa clandestina con seis cuerpos, entre ellos el de una mujer, en el poblado de El Salto. El cadáver fue identificado como Elvia Solano García, que según sus familiares estaba desaparecida desde el fin de semana pasado. Mientras que otro, que se presume era mecánico, también tenía 20 días desaparecido.

Los ejecutados

En otro caso, dos hombres fueron asesinados a balazos afuera de su casa en la colonia Ciudad Renacimiento.

De acuerdo con el parte policiaco, a las cinco de la tarde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego en la colonia referida y dos personas asesinadas.

Tras el reporte, al menos seis policías entre municipales y estatales llegaron a la calle Petatlán y hallaron dentro de una casa beige con portón azul de herrería, a dos hombres muertos con disparos en el cuerpo.

Sobre los hechos, en el parte policiaco se informó que dos hombres llegaron en un vehículo a la casa donde estaban Gustavo Samuel Rodríguez Abundis, de 27 años, y Domitilio Sánchez Lorenzo, de 28, y les dispararon.

Luego, los familiares de las víctimas ocultaron los cuerpos en la casa y negaron información a las autoridades policiacas, según el informe, pero en el lugar fueron hallados cuatro casquillos percutidos calibre 38 súper, que estaban esparcidos por la calle.
  No tener recomendaciones de derechos humanos, requisito para el secretario de Seguridad, advierte Astudillo

Karla Galarce Sosa
El síndico procurador del ayuntamiento, Napoleón Astudillo Martínez, dijo que los regidores esperan la propuesta que haga el presidente municipal, Luis Walton Aburto, para realizar algún cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, y que uno de los requisitos es que el nuevo funcionario no tenga recomendaciones en Derechos Humanos.

Y desconoció a Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de esa dependencia, quien fue nombrado sin el aval de Luis Walton Aburto por el comisionado nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb.

Destacó que Jesús Cortés Jiménez sigue siendo el titular de Seguridad en Acapulco porque no ha renunciado, y agregó que si existe un cambio, éste debe ser anunciado por el alcalde y no por funcionarios del gobierno federal o por el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

En declaraciones después del acto inaugural del Seminario de Cardiología que se realizó en un hotel de la zona Dorada, Astudillo Martínez dio a entender que con el anuncio que hicieron el gobernador y el comisionado nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb el jueves pasado, se violó el artículo 115 constitucional que establece la autonomía de los gobiernos municipales.

“Sabemos que está el 115 constitucional, que es el respeto a cada una de las instancias, y la forma jurídica (de algún nombramiento) es que el aspirante debe cumplir con todos los requisitos que estipula la ley”, declaró el síndico.

Explicó que para los cambios en las secretarías, el presidente municipal debe enviar la propuesta al cabildo y el cabildo lo vota, lo ratifica o lo rechaza.

“Hay un procedimiento jurídico de ley, que es con el que se debe cumplir primero. Quizás políticamente u operativamente es algo que ha funcionado y que debe funcionar, pero yo creo que… no estamos peleados con que pueda funcionar operativamente, sino que se tiene que cumplir primero con los requisitos de ley”, expuso Napoleón Astudillo.

Indicó que el gobernador carece de facultades legales para realizar el nombramiento.

“Avalaríamos la propuesta que envíe el presidente municipal, porque el gobernador en el ámbito de su competencia no puede mandar al cabildo un documento, una propuesta; nosotros estaríamos viendo y analizando la propuesta que mandara el presidente municipal, y veríamos nosotros si cumple con los requisitos (el candidato), con todo lo que estipula la ley y posteriormente la estaríamos votando en el cabildo”, remarcó.

–¿Usted reconoce el nombramiento que hicieron el gobernador y el comisionado de la PRG? —se le preguntó.

–Bueno, es que no nos han presentado el documento, simplemente desconocemos quién, es porque no tenemos el currículum, los documentos, el expediente que se necesita primero para estudiarlo, para ver si cumple con los requisitos, y en segundo lugar para votarlo dentro del cabildo, entonces estamos en espera de que se nos haga llegar el documento, la propuesta del presidente, primero que nos diga que es su propuesta y ya después de esto, analizaríamos y estaríamos ratificando en el cabildo. El cabildo es el máximo órgano del ayuntamiento y es el que tiene que tomar el acuerdo, es un colegiado jurídico y es el que tiene que votar primero si hay nuevo secretario de Seguridad. Tampoco he visto o nos han enseñado la renuncia del secretario de Seguridad, Jesús Cortés, vamos por etapas primero. Insisto en que no estamos en desacuerdo, qué bueno que se hayan unido los tres niveles de gobierno, para que a Acapulco operativamente le vaya mejor, pero hay un procedimiento jurídico que estipula y que se tiene que llegar a cabo.

–¿Quién es el secretario de Seguridad Pública en Acapulco? —se le insistió al coordinador de regidores del PRD.

–En este momento nosotros no tenemos el conocimiento como ediles. Hasta éste momento, primero, no tenemos conocimiento de la renuncia de Jesús Cortés  como secretario, no tenemos conocimiento de  su renuncia y no nos ha avisado el alcalde si es o no es el secretario, es el secretario hasta que el presidente nos diga y que presente la renuncia.

–¿No hay renuncia entonces?

–No hay renuncia, yo la verdad, como dice el presidente en sus declaraciones, ‘lo brincaron’ y no hubo un acuerdo y no lo tomaron en cuenta, lamentablemente lo hicieron a un lado, pero al final debe haber un procedimiento jurídico para llevar a cabo la designación de un nuevo secretario de Seguridad Pública.

Agregó: “hay esferas de competencias, están el estado, la federación y el municipio, qué bueno que se coordinen operativamente”.

–¿Demandará el municipio que se aplique el artículo 115 constitucional por la acción que no tomó en cuenta al municipio?

–Bueno, eso ya lo decidirá el presidente municipal, ayer únicamente nos dijo que no tenía conocimiento, ‘que se lo habían brincado’, y nosotros estamos en la espera de que primero nos presente la renuncia Jesús Cortés, segundo que nos den una propuesta y que se apruebe en cabildo, ese es el procedimiento.

Recordó que los requisitos para el nuevo funcionario son que no tenga recomendaciones en Derechos Humanos, los filtros de control y confianza, y muchos más.

Al final indicó que en una reunión que sostuvo con el alcalde Luis Walton sobre el tema el viernes al mediodía, reiteró que “se lo habían brincado”.
  Respetar al municipio de Acapulco, exige Mejía Berdeja al gobierno federal y estatal

*Se reúne en Acapulco la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación y en defensa del petróleo

Carlos Moreno A.
El diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, pidió que el gobierno federal y el del estado respeten el gobierno municipal que preside Luis Walton Aburto en Acapulco y que se tomen en cuenta a las autoridades del municipio, luego de que “brincaron” al alcalde al anunciar que Alfredo Álvarez Valenzuela será el nuevo secretario de Seguridad Pública de la ciudad.

Consultado el final de la asamblea de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, Mejía Berdeja sostuvo que debe haber un respeto institucional por parte de la federación y el estado hacia el gobierno municipal.

Lo anterior, luego de que en una reunión privada el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el comisionado nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, anunciaran a Alfredo Álvarez Valenzuela como nuevo secretario de Seguridad Pública de Acapulco.

Subrayó que el alcalde ha realizado diferentes compromisos con la ciudadanía, “él ha sido una gente honesta, al señalar que los problemas de seguridad pública rebasan a cualquier municipio del país, pero desde luego creemos que el (artículo) 115 constitucional es muy claro, la seguridad pública del municipio es una responsabilidad del ayuntamiento y en todo caso los acuerdos que se tomen con la federación se deben pasar por el cabildo”.

Al preguntarle su postura sobre la exclusión de Walton Aburto de la reunión y las que tienen que ver con seguridad, Mejía Berdeja indicó que “ese no es un problema del alcalde, ese es un problema del que lo haya excluido, y finalmente hay un problema de seguridad pública en el país y en el estado, y primero se tiene que tomar en cuenta a las autoridades municipales”.

“La seguridad está desbordada por un problema de la política de combate al crimen organizado del país, y no se va a resolver tampoco si no se toman en cuenta los municipios, no puede excluirse a nadie, eso es un error grave de quien lo esté cometiendo”, insistió.

A una pregunta expresa de un reportero sobre la investigación de las licencias en zona de humedales, que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el diputado federal dijo que “no queremos que le echen tierra al asunto”.

“Nosotros insistimos en que la Sedatu y el gobierno federal tienen que deslindar responsabilidades y además no sólo es un asunto de las anteriores administraciones, sino que tiene que ver también con Semarnat, Profepa, Conagua, porque si hubo omisión o negligencia es responsabilidad también, acuérdense que luego con el pacto se cubren todo”, afirmó.

Defensa del petróleo

A la asamblea de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación asistieron diversas organizaciones, como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), el Sindicato de Telefonistas, el Sindicato de Trabajadores de Bachilleres, Yo Soy 132 Acapulco,  SUSPEG, STAUAG, y Comerciantes Establecidos y Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Guerrero, con Arturo Flores Mercado.

En los discursos los oradores convocaron a los asistentes a defender al país de las reformas entreguistas al capital privado que promueve el gobierno federal, y señalaron que tras la reforma energética y la laboral se esconden intereses que benefician a los empresarios.

Durante su discurso el también vicecoordinador de la fracción del MC, Mejía Berdeja dijo que desde la Cámara de Diputados él se ha opuesto al conjunto de reformas que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, como es la laboral, la cual supuestamente tiene como objetivo incrementar el empleo pero no ha dado resultado.

Dijo que una de las principales es la reforma energética, que “seguramente será la próxima embestida que quieren dar contra el pueblo de México”, porque no beneficiará al país.

Por lo que exhortó a los representantes de las asociaciones que acudieron a la asamblea a que se unan para no aceptar esa imposición.

Reiteró que las reformas que se están promoviendo son una restructuración autoritaria del país, impulsada por el Pacto por México.

Expuso que “la patria” se encuentra en peligro, porque bajo el mal llamado “Pacto por México” y la complicidad de quienes participan, se pretende encubrir su verdadero origen.

Respecto a la reforma energética, dijo que la lucha en defensa del sector energético es para que siga siendo de México, “es un fraude y un negocio privado la venta del petróleo”.

Indicó que lo que busca el gobierno es que “Pemex quede como reliquia”, así como otras privatizaciones que han fallado, como es la de Teléfonos de México, además de que no se habla de combatir la corrupción.

Subrayó que se debe poner un alto al despojo de las ganancias de Pemex y sus prerrogativas para explotar, refinar y distribuir los productos que salen de ahí y que son exclusivos de la nación.

Mejía Berdeja dijo que la estrategia de seguridad que está empleando el presidente Enrique Peña Nieto es la misma que usó Felipe Calderón.

Reprochó que los diputados y también algunos senadores no sean los representantes del pueblo como lo marca la Constitución, sino que sólo representen sus intereses y los de los partidos.

Agregó que propuso una reforma al artículo 2 y 21 constitucional para que haya un reconocimiento constitucional a las policías comunitarias y “se cree un marco jurídico para regularlas y permitir su funcionamiento”.

Porque “hay una guerra sucia en Guerrero en lo social, político, económico”, dijo.

En su intervención, el coordinador nacional de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, Camilo Valenzuela, expuso que la organización está conformada por movimientos sociales, civiles, políticos y culturales, que emprendieron una “lucha en rechazo a las contrarreformas, desde la laboral hasta la energética, que vienen a culminar un proceso de destrucción nacional a través de las privatizaciones”.

Enfatizó que los funcionarios federales están al servicio del gobierno estadunidense, y que se pretende convertir a México en uno de ellos, por lo que exhortó a buscar una unificación “para la reconstrucción de la patria con justicia social y democracia”.

Camilo Valenzuela resaltó que los ciudadanos tienen el derecho a que se les consulte cuando se quiera hacer cualquier reforma, por lo que están pidiendo que las reformas se lleven a consulta ciudadana.

 (EL SUR DE ACAPULCO/  nov 17, 2013)

CHILE: UNA HISTORIA DE TRES PADRES

Jóvenes protestan en Chile contra modelo neoliberal. Foto: Xinhua / Jorge Villegas

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El general Fernando Matthei, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, habrá de despertarse temprano por la mañana, como lo acostumbran los militares, este domingo 17 de noviembre. Al despertar, tratará, creo yo, de no admitir que enfrenta un día lleno de fantasmas. Supongo, sin embargo, que ese hombre que integró durante 13 años la Junta que mal-gobernó su patria va a sacudirse cualquier recuerdo ingrato o resquemor incesante para poder sobrellevar lo que ha de ser, sin duda, una jornada excepcional en su larga vida, puesto que tiene ese día la oportunidad única de votar por su propia hija Evelyn, que se presenta como candidata a la presidencia de la República en nombre de la alianza derechista que actualmente ostenta el poder en Chile.

Falta que le hace a Evelyn Matthei el voto de su padre. No sólo parece asegurada su contundente derrota a manos de Michelle Bachelet, representante de la Nueva Mayoría (las encuestas indican más de 25 puntos de ventaja para la socialista Bachelet, quien ya fue presidenta entre 2006 y 2010). Es posible incluso que la agresiva y ofuscada Matthei no alcance siquiera el segundo lugar en el escrutinio, un resultado desdoroso que puede suscitar una crisis letal en la derecha chilena que logró, cuatro años atrás, elegir en segunda vuelta a Sebastián Piñera como jefe de Estado.

Me pregunto qué va a sentir el general Matthei cuando vea en la papeleta electoral el apellido Bachelet junto al suyo. ¿Recordará en ese momento que hay un chileno, un íntimo amigo suyo, camarada de toda la vida, un general de Aviación que no podrá emitir su voto en estas elecciones? ¿Pensará Fernando Matthei en Alberto Bachelet, padre de Michelle, que no tendrá jamás la posibilidad de votar por su hija para la presidencia, puesto que en marzo de 1974 el general Bachelet murió de un paro cardiaco inducido por las torturas a las que fue sometido durante seis meses por sus propios colegas militares?

Únicamente por haber sido colaborador del presidente Salvador Allende y mantenerse leal a su causa y su palabra.

Fernando Matthei era agregado aéreo en Londres para el golpe del 11 de septiembre de 1973, y nada pudo hacer, por lo tanto, para ayudar a su compadre del alma, el devoto con que intercambiaba discos y con el que conversaba largamente de política y literatura. Su inacción, sin embargo, ya no podía justificarse cuando volvió a Santiago a finales de enero de 1974, en vista de que fue nombrado director de la Academia de Guerra de la Aviación, el lugar donde precisamente estaba detenido y fallecería dos meses más tarde el hombre al que Evelyn conocía como el “tío Beto”. Aunque en varios procesos posteriores la justicia chilena determinó que al entonces coronel Matthei no le cabía culpa penal en la muerte del general Alberto Bachelet –debido a que los subterráneos donde apremiaban a su compañero de armas estaban fuera de límites para todo personal que no perteneciera a la fiscalía militar–, otra cosa es la responsabilidad moral. La que, según el mismo Fernando Matthei, todavía le pesa y avergüenza, como confiesa en un libro que escribió en 2003: “Primó la prudencia”, dice, “por sobre el coraje”.

Ni el más delirante novelista –y me cuento con orgullo como uno de ellos– podría haber imaginado una historia más inusitada, de dos amigos con destinos tan contrarios: uno que muere por haber tenido el coraje, pero tal vez no la prudencia, de aceptar, con rango ministerial, el puesto de jefe de Abastecimiento y Distribución en el gobierno de Salvador Allende; y el otro que vive con excesiva prudencia y sin coraje, para convertirse por dos años en el ministro de Salud de Pinochet y, enseguida, en integrante de la Junta; la hija de Alberto que llegaría a ser ministra de Salud y después de Defensa en el gobierno de centro-izquierda de Ricardo Lagos, y la hija de Fernando que fue senadora y luego ministra del Trabajo en el gobierno conservador de Sebastián Piñera; la socialista que fue presidenta de Chile y la derechista que aspira a serlo.

Aunque a estas alturas a lo que de veras aspira es a obtener una votación que le permita ocupar por lo menos un honroso segundo lugar en las preferencias populares.

Y es aquí donde la historia de Chile nos ofrece un espec­táculo aún más sorprendente, puesto que el general Matthei, al revisar la papeleta con los aspirantes a la presidencia, reconocerá, sin lugar a dudas, el apellido de otro candidato cuyo padre tampoco podrá votar en estas elecciones porque fue ultimado por la dictadura.

Se trata de Marco Enríquez, hijo de Miguel Enríquez, líder del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), que cayó abatido por la policía secreta en una calle de Santiago el 5 de octubre de 1974, dejando tras sí a un hijo de un año y medio de edad, que ahora, casi 40 años más tarde, le está pisando los talones a Evelyn Matthei. Si Marco puede, en efecto, repetir el 20% de los votos que consiguió con su candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2009, logrará desplazar a la hija del general Matthei, para enfrentar a Michelle Bachelet en una posible segunda vuelta, permitiendo que el pueblo de Chile elija entre dos candidatos progresistas y dos visiones del futuro. Es un resultado improbable, pero dejemos que la imaginación corra con colores propios, como hubiera dicho el mismo Miguel Enríquez.

De todos los protagonistas de esta historia, ha sido Miguel a quien más conocí. Mi mujer Angélica y yo fuimos amigos suyos, hasta el punto de que, pese a que no estábamos de acuerdo con la vía armada que proponía el MIR, arriesgamos todo para dar amparo en nuestra pequeña casa a él y a otros dirigentes de su partido en 1970, cuando entraron a la clandestinidad durante el gobierno de Frei padre para provocar en Chile una rebelión al estilo de Cuba, una tesis que nunca dejaron de esgrimir, aun durante los tres años del gobierno allendista de la Unidad Popular.

¿Qué diría Miguel si viera hoy a su hijo deslumbrado por la necesidad de transformar y modernizar a Chile a través de medios pacíficos, si contemplara a su hijo desechando la violencia en que creía con fervor?

Muchos otros revolucionarios latinoamericanos sobrevivieron a la represión de las dictaduras y llegaron a entender que la democracia, lejos de ser la camisa de fuerza de los pueblos, es la condición esencial de todo cambio profundo, toda justicia duradera. Creo que esa hubiera sido también la evolución de Miguel, quien fue tan imprudente en sus ideas y acciones, y a la vez tan pleno de coraje en su vida, tan animado por una sed de liberación humana, que todavía me emociona.

Me hubiera gustado tener esa discusión con Miguel. Me hubiera gustado preguntarle si se arrepentía de los errores que cometió durante los años en que Allende fue presidente, cuando el MIR y elementos extremos y díscolos dentro de la Unidad Popular desestabilizaron al gobierno popular con sus tomas irresponsables de fábricas y terrenos y predios agrícolas, y aceleraron el golpe con su retórica de una revolución armada inminente que nunca se materializó.

Es una conversación que nunca tendremos.

El régimen al que sirvió con tanta fidelidad Fernando Matthei ejecutó a Miguel Enríquez a sangre fría, como lo hizo con miles de compatriotas.

Si por lo tanto hay una insinuación de justicia divina en la derrota que Evelyn va a sufrir incontestablemente a manos de Michelle –un hecho maravillosamente simbólico que la hija de Alberto triunfe sobre la hija del hombre que abandonó a su padre–, ¿no sería más que divino y justo que el hijo del guerrillero e insurrecto Miguel Enríquez dejara fuera de juego a la candidata del pinochetismo? Que el hijo de una de las víctimas le ganara a la hija de uno de los cómplices de esa política de exterminio sería una muestra definitiva de que Chile ha dado para siempre la espalda al legado de Pinochet.

Pero queda en este cuento inverosímil de fantasmas y padres y vástagos todavía una vuelta más de la tuerca histórica. Puesto que fue el mismo aborrecible general Matthei el que facilitó que hubiera hoy en Chile elecciones libres; que su hija y la hija de su compañero Alberto y el hijo de su enemigo Miguel pudieran disputar­ la presidencia; y que fuera el pueblo de Chile, y no sus fuerzas armadas, el que decidiera el porvenir.

Fue para el plebiscito de 1988.

Cuando Pinochet quiso desconocer su derrota en las urnas y echar a andar un autogolpe que lo mantuviera indefinidamente en el poder, fue el general Matthei el que impidió tal maniobra, reconociendo públicamente la victoria del “No”, abriendo paso al retorno de la democracia.

Yo quisiera creer que Fernando Matthei, esa noche del 5 de octubre de 1988, estaba pagando una deuda con su viejo amigo Alberto, mostrando ante Pinochet la valentía que no mostró 14 años antes, cuando ni siquiera fue a visitar ni menos a consolar a un camarada al que estaban torturando a escasos metros de su propia oficina en la Academia de Guerra.

Es una deuda, sin embargo, que no está enteramente saldada. Le queda al general Matthei, a los 88 años de edad, todavía otro gesto de redención con que pudiera señalar silenciosamente su verdadero arrepentimiento, conseguir que los fantasmas finalmente lo dejen en paz.

Sería un gesto simple, aunque arriesgado.

Sólo bastaría que el general Fernando Matthei, cuando entre al recinto electoral este próximo 17 de noviembre y recorra la lista de los candidatos a la presidencia de la República, decidiera en forma clara, tajante, deliberada, hacer una pequeña marca al lado del nombre de Michelle Bachelet; bastaría que él vote por ella, puesto que es desafortunadamente imposible que lo haga el papá…

*Ariel Dorfman es escritor chileno. Su último libro es Entre sueños y traidores: un striptease del exilio.

ATAQUE EN EL DF DEJA UN ADOLESCENTE MUERTO Y TRES LESIONADOS



Distrito Federal— Un muerto y tres lesionados dejo un ataque a balazos en calles de la delegación Gustavo A. Madero cuando un grupo de personas se encontraban conviviendo en un domicilio de la colonia Casas Alemán.

Reportes de la policía capitalina indicaron que durante de la noche de este sábado varios sujetos armados arribaron a una casa localizada en la calle de Puerto Topolobampo, esquina con Puerto Tampico, a la cual comenzaron a disparar en el interior, varias personas resultaron heridas entre ellas una persona que vendía quesadillas.

En el ataque perdió la vida un joven de 18 años, en tanto una mujer de 54 años, un hombre de 53 y otro de 27 fueron llevados a diferentes hospitales por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM, y de la Cruz Roja.

Tras el atentado, los responsables lograron huir sin embargo el seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la SSP-DF lograron la aprensión de un sujeto acompañado por un menor de edad como presuntos responsables del crimen.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la coordinación territorial GAM 5.

(EL DIARIO, EDICION JUAREZ/ El Universal | 2013-11-17 | 09:13)

SALPICA A CALDERÓN Y EX TITULAR DE SEDENA CASO DE ‘PELOTÓN MILITAR DE LA MUERTE’ DE OJINAGA




Distrito Federal– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.

Ni la Sedena ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni la justicia federal están interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades en la detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en Ojinaga, Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte”, que actuó durante el Operativo Chihuahua ordenado por el ex presidente.

La justicia federal se opone a que Calderón sea citado; la Sedena, a que comparezcan su ex titular, el general Guillermo Galván, y otros mandos, y la PGR, de la mano de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido a la defensa de los inculpados.

Uno de los acusados es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, en la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así por la propia justicia militar.

La justicia castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad, pero ante la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de mariguana, acopio de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años de servicio en el Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado de cursos de instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez Ramírez está bajo proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.

Su defensa se complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales de división. Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de generales en la que Galván mandó actuar con mano dura contra los narcotraficantes por órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La instrucción del Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo contra los narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a discreción de los jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua, fue “el pelotón de la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e inhumación clandestina de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú Samaniego Rey, ‘El Cholo’ o ‘El Azteca’; Heriberto Rojas Lemus, ‘El Michoacano’; y Erick Campos Valenzuela, ‘El Campitos’ (Proceso 1889 y 1914).

LAS ÓRDENES, INCUESTIONABLES

El defensor del teniente coronel, Víctor Alonso Tadeo Solano, asegura en entrevista que, pese a ser imprecisa, la instrucción a los jefes militares fue dar resultados. “Esa fue la orden que transmitió Galván y que atribuyó a Calderón”.

Es la misma razón que da uno de los principales acusados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”, el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón. En sus declaraciones ministeriales, además de reclamar inocencia, ha insistido en que las actuaciones del Ejército en Chihuahua en el sexenio pasado fueron conforme a las órdenes salidas de Los Pinos y de la Sedena.

En una audiencia que tuvo lugar el 8 de agosto pasado, Rodas Cobón, segundo comandante de la CINE, declaró: “Todas las órdenes que se recibían deberían ser cumplidas (pues) venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Calderón)”.

Añadió: “Cuando se me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es ilegal, no estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen desde el Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.

Para esclarecer ese señalamiento, el litigante solicitó al juez segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Carlos Zamora Tejeda, la comparecencia en calidad de testigo de Felipe Calderón Hinojosa, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que fue entre 2006 y 2012.

El juzgador se negó a citar al expresidente. Argumentó que los delitos imputados a Juárez Ramírez no se corresponden con las órdenes que Calderón dio para combatir al narcotráfico y que no hay pruebas de su participación en los hechos que se le atribuyen al acusado, por lo que no consideró “pertinente” citar al ex funcionario como testigo.

El abogado se inconformó con esa decisión, pero en una rápida resolución, adoptada el 31 de octubre pasado, a un mes de haber interpuesto el recurso de inconformidad, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Distrito, con sede en la ciudad de Chihuahua, ratificó la negativa del juez Zamora Tejeda a citar a Calderón.

“Tal determinación se considera acertada si se toma en cuenta que el oferente de la prueba no explicó de qué manera la testimonial de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa puede dar luz sobre los hechos” o conducir a resultados concretos respecto a los ilícitos que se le imputan, estableció el Tribunal Unitario en el toca penal 258/2013-IV.

Según el nuevo fallo, la decisión de la justicia federal de no citar a Calderón no le causa ningún agravio ni deja en indefensión a Juárez Ramírez, quien ha solicitado la comparecencia del ex presidente para que declare respecto a las órdenes que dio al titular de la Sedena durante su sexenio, el general Guillermo Galván, quien se encuentra en retiro, respecto a la manera en que se debía tratar a los narcotraficantes.

El abogado sostiene que el teniente coronel participó en una reunión de Galván con jefes militares responsables del Operativo Chihuahua, en la que transmitió las órdenes de Calderón. El encuentro castrense tuvo lugar en septiembre u octubre de 2008 en la base área militar de Chihuahua.

Para comprobar ese dicho, el litigante también ha pedido el testimonio de otros de los generales participantes en esa reunión: empezando por el entonces comandante de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, el general de división Marco Antonio González Barrera.

También ha pedido la presencia de quien en ese momento era el jefe de la Quinta Zona Militar con sede en la ciudad de Chihuahua, pero con mando en todo el estado, el general de división Felipe de Jesús Espitia Hernández. Además, del jefe de la guarnición militar de Ojinaga, el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien también está bajo proceso penal por los hechos atribuidos al “pelotón de la muerte”.

Antes de que el caso trascendiera en la opinión pública, la PGJM entregó a la Policía Judicial Militar (PJM) “un anónimo” que daba cuenta de la existencia del pelotón. Desplegó a Chihuahua un grupo de agentes e investigadores judiciales militares que entre agosto y septiembre de 2009 tomaron las instalaciones de la CINE.

LA AUSENCIA DEL GENERAL GALVÁN

Acuartelado todo el personal, en primer lugar su comandante, el teniente coronel Juárez Ramírez, la PJM interrogó y ordenó la detención de 31 efectivos. Los detenidos aseguran que fueron torturados para culparse unos a otros e involucrar al teniente de la CINE y al comandante de la Guarnición.

Los inculpados se han desistido de su primera declaración ante la justicia militar no sólo por haber carecido de abogado, sino porque no hubo órdenes judiciales en su contra, pero sobre todo porque alegan haber sido torturados. Pero la Sedena, de la mano de la PGR y de la justicia federal, ha puesto todo tipo de trabas para confrontar la investigación judicial con que sostiene sus acusaciones.

La Sedena se ha negado a que los mandos del Operativo Chihuahua declaren ante la justicia. En el juicio contra el teniente coronel Juárez Ramírez, el general Galván ha sido citado en cinco ocasiones y en ninguna ha asistido, contrario a las disposiciones legales que facultan a un juez para que a la tercera ocasión presente a un testigo con el apoyo de la fuerza pública.

Para una de las audiencias, programada el 17 de octubre de pasado, el actual secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, acordó pedirle al juez segundo de Distrito que la audiencia fuera por videoconferencia.

Días antes, el titular de la PGJM, el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez, le dijo al juez que Galván no podía comparecer en Chihuahua porque en su calidad de asesor del secretario, el ex titular de la Sedena tiene que estar en México para “atender todos aquellos asuntos” relacionados con la defensa de la nación, la seguridad interior y el auxilio a la población civil”, entre otros.

El paso de los huracanes Ingrid y Manuel en la segunda semana de septiembre pasado, fueron la excusa: “Tal relevancia de las actividades que desarrolla el general Galván Galván son las actuales circunstancias de desgracia que pasa el país por las inundaciones ocurridas en gran parte del territorio, donde el militar requerido está prestando vital asesoría a la nueva administración para el manejo y despliegue del personal del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales”.

Según el procurador militar, era “indispensable” la estancia de Galván en la Ciudad de México o en el lugar que se le requiera, razón “que impide su presentación ante esa autoridad judicial”, por lo que pidió que su testimonio se realice por vía de exhorto a un tribunal de la Ciudad de México o por videoconferencia. Pero hasta ahora nada ha ocurrido, con el consentimiento del juez.

SOLAPAMIENTO CASTRENSE

La Sedena ha seguido la misma estrategia con los otros oficiales de alto rango requeridos. El 11 de octubre le envío un escrito al juez segundo de distrito de Chihuahua para decirle que los generales Marco Antonio González Barreda y Felipe de Jesús Espitia por sus nuevas funciones en la secretaría no pueden separarse de sus cargos en la Ciudad de México.

González Barreda, quien al momento de los hechos era el comandante de la XI región con sede en Torreón y que abarca a Coahuila y Chihuahua, es ahora director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Después de su responsabilidad en el Operativo Chihuahua, terminó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército.

El general es “un alto funcionario de esta secretaría” que se dedica “de forma permanente” a hacer “análisis y proyectos de Seguridad Social, lo cual implica necesariamente su permanencia en la Ciudad de México”.

El general Espitia Hernández, el responsable directo del operativo como comandante de la 5ª Zona Militar con sede en Chihuahua, es ahora coordinador de asesores del ISSFAM. Su tarea es la de “asegurar el desahogo de los asuntos atendidos directamente por el director general, que por su importancia requieren atención “urgente y extraordinaria”, por lo que siempre tiene que estar disponible en la capital del país; además de que participa “en forma directa y activa en los planes de Desastre Nacional, activando ayudas a la población civil”.

La institución castrense le dijo al juez que ambos generales “desempeñan cargos públicos de alto mando”, categoría que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea sólo corresponde al titular de la Sedena. Según esa norma, es el único al que se le puede nombrar alto mando.

La protección de la dependencia no es únicamente hacia los generales. La PGJM, también con el beneplácito del juez segundo de Distrito en Chihuahua, ha obstaculizado la presentación de los encargados de la detención y responsables de alegada tortura de los militares inculpados, los agentes y mandos de la justicia militar que se trasladaron desde la Ciudad de México.

El 16 de julio pasado, la Sedena le dijo al juez Zamora Tejeda que el responsable de las detenciones e interrogatorios, el entonces coronel y ahora general brigadier David Enrique Velarde Sigüenza, director de la PJM, “actualmente se encuentra desempeñando actividades propias del servicio en la Plaza de México, Distrito Federal, por lo que se requiere su presencia permanente en esa plaza”.

Ese mismo día, dijo que otro de los que participaron en la detención, el mayor de infantería Nicolás Alonso Pacheco, causó baja del Ejército y ya no está al alcance de la secretaría.

La justicia militar dilató tanto como pudo los careos y ampliación de declaraciones del mayor de infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, quien fue el encargado de las investigaciones en la CINE.

A pesar de que la Sedena pedía que declarara vía exhorto, Rivera Medeles tuvo que presentarse ante el juez apenas el martes 5. En su deposición, dijo que el acuartelamiento fue ordenado por el ex secretario Galván y que la investigación comenzó por un anónimo. Aunque admitió que los inculpados declararon sin abogado, negó que hubieran sido torturados.

Por otras vías, la Sedena también ha obstruido la defensa. La PGJM, a cargo del general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, emitió el mensaje CEI (correo electrónico de imagen) número 70262 para que todos los militares de bajo rango que sean llamados como testigos para el caso, antes de comparecer en Chihuahua, se presenten primero ante la justicia militar.

Asimismo, ha contado con la ayuda del juez Zamora Tejeda, quien programó hasta enero y febrero de 2014 la ampliación de declaraciones y careo de los policías militares Roberto Germán Barrera Bermejo y Román Rodríguez Morales, quienes participaron en la detención.

La delegación de la PGR en Chihuahua también ha puesto obstáculos para el deslinde de responsabilidades. El 15 de julio pasado le pidió al juez que los careos y testimonios de cualquier elemento de la Sedena que haya tenido que ver con la detención de los acusados se hagan vía exhorto ante un juez en la Ciudad de México “a efecto de evitar que se trasladen al Estado (sic) y se ponga en riesgo la seguridad de los elementos castrenses”.

Peor aún, ha impugnado algunas de las pruebas ofrecidas por la defensa del teniente coronel Juárez Ramírez. El 23 de agosto se dijo agraviada de que el juez hubiera aceptado el testimonio de los cabos de infantería Manuel Juárez Rodríguez y Francisco Lima Reyes, quienes presenciaron la detención del teniente coronel.

Solicitados por el jefe militar detenido, ambos ya fueron autorizados a declarar como testigos, luego de varios meses de litigio que tuvo que seguir el abogado Tadeo Solano. Incluso, el agente del Ministerio Público federal asignado al caso ha faltado a diligencias que tendrían lugar al interior de la Tercera CINE.

 (PROCESO/ Jorge Carrasco/  2013-11-16 | 23:19)