Desde
hace cuatro meses, integrantes del Comité de Participación Ciudadana solicitaron
al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasmas o con irregularidades
contratadas por universidades públicas.
Gobierno
federal niega al Sistema Nacional Anticorrupción información sobre La estafa
maestra
El
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la
República (PGR) y dependencias como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni
al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a
ciudadanos que lo han solicitado, información pública sobre el esquema de
desvío de recursos públicos, documentados en La Estafa Maestra
LA ESTAFA MAESTRA: GRADUADOS EN
DESAPARECER DINERO PÚBLICO
Con
Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol,
revela Auditoría
SAT
investiga a empresas de La Estafa Maestra: suman 38 que ganaron 2 mil 642 mdp
Desde
hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno
de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las
facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas
por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que
nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF.
“Aún
no hay respuesta”, dice José López Presa, miembro del Comité. “Desde nuestra
perspectiva, tratándose de recursos públicos no hay pie a la reserva de la
información”, pero la negativa ni siquiera se ha expresado a través de un
documento oficial, simplemente el SAT ha “ignorado” la petición.
La
estafa maestra es el esquema de desvío documentado por Animal Político y
Mexicanos contra la Corrupción en el cual once dependencias públicas
“contrataron” a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos
para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a 186 empresas, de
las cuales 150 son irregulares y, por tanto, no cumplieron los servicios. El
dinero simplemente desapareció.
De
acuerdo con la ley, el SAT tiene una actuación preponderante para encontrar a
los posibles responsables de la estafa porque es el encargado de revisar la
legalidad de las empresas y las operaciones que realizan; por tanto, tienen la
información fiscal de las 186 compañías que supuestamente fueron contratadas en
este esquema.
Parte de esta información es pública, toda vez
que el SAT publica listas quincenales en las que incorpora a las empresas
fraudulentas que detecta. Por eso es que, hasta diciembre de 2017, ya había
boletinado 61 empresas como fantasma y presunta fantasma, 22 compañías más que
las detectadas hasta septiembre pasado, cuando se publicó el reportaje.
Además,
otras 89 compañías son irregulares, según comprobó el equipo de investigación
de La estafa maestra, debido a que cuando se buscaron en las direcciones
registradas, en realidad son lotes baldíos o comercios; fueron desmanteladas,
su objeto social no coincide con los servicios supuestamente contratados, no
fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación o ni siquiera
tienen dirección.
El
dinero público que terminó en estas 150 empresas irregulares asciende a 5 mil
137 millones de pesos.
DOCUMENTOS CLAVES
Pero
las facturas darían información adicional respecto a las operaciones y detectar
a más implicados en la trama, por eso “hicimos la solicitud a través del
derecho de petición y no a través de la ley de transparencia y acceso a la
información”, dice López Presa.
Por
lo que esperaban que la información se entregara de manera expedita, al ser
miembro del Sistema Nacional, que está conformado por cuatro cabezas: el Comité
Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema
Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción; pero no ha
sido así.
Aunque
la razón de existencia del Sistema Nacional es la prevención e investigación de
casos de corrupción, con la participación de ciudadanos, hasta el fiscal
anticorrupción o el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
en la práctica no está ocurriendo porque aún faltan nombramientos y los
intentos de investigar casos como La estafa maestra están detenidos.
López
Presa explica que podría haber interpretaciones jurídicas en las cuales las
autoridades federales sustenten que el Comité no tiene facultades para conocer
esa información, lo cual “no nos favorece. La duda hace que las
interpretaciones jurídicas sean lo más cerradas para evitar que nosotros
tengamos este acceso a la información”.
La
negativa “está impidiendo que se combata con efectividad a la corrupción”, al
igual que la falta de nombramientos como el fiscal anticorrupción y los
sistemas locales en el resto del país, asegura López Presa.
PGR Y DEPENDENCIAS, POR LA NEGATIVA
El 6 de noviembre de 2017, la Asociación civil
Mujeres de Hierro interpuso una petición ante la Procuraduría General de la
República (PGR) para saber el estatus de la investigación sobre los
involucrados en el presunto desvío de 7 mil 630 millones de pesos, documentados
en La estafa maestra.
La
organización, presidida por Lorena Villavicencio, pidió conocer si se estaba
investigando a los presuntos responsables o si la carpeta de investigación ya
había sido consignada ante el juez para abrir un juicio.
El
15 de noviembre pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delitos Federales de la PGR respondió que no podía entregar ninguna información
al respecto porque el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos
Penales lo impide.
En
el oficio UEIDCSPCAJ-1057-2017, la PGR explica que dicha legislación establece
que “los registros de investigación, así como todos los documentos
independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registro de
voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados
y, únicamente las partes (imputado y su defensor, la víctima u ofendido y su
asesor jurídico) podrán tener acceso a los mismos”.
Por
lo tanto, “no es posible proporcionarle la información que solicita”, informó
el titular de la Unidad especializada en investigación de delitos cometidos por
servidores públicos y contra la administración de justicia, Sergio Antonio
López Escalante.
Pese
a la negativa, la organización Mujeres de Hierro prepara un amparo para
continuar con la pelea por la información, dice Lorena Villavicencio. Aunque se
trata una investigación judicial que efectivamente guarda secrecía según el
Código de Procedimientos Penales, la solicitud por conocer el estatus de la
investigación es porque “como ciudadanos tenemos derecho a que nuestros
recursos no sean desviados ni se permita el uso de dinero público para
simulaciones o fines diversos”.
¿Información
reservada?
La
Secretaría de Desarrollo Social también intentó reservar información sobre los
convenios que realizó con universidades públicas y mediante los cuales entregó
2 mil 224 millones de pesos entre 2013 y 2014, cuando la titular era Rosario
Robles.
Durante
la investigación de La estafa maestra, se hicieron solitudes de información a
la dependencia, pero una de las respuestas por parte de la Sedesol, incluso,
pretendió reservar los documentos de un convenio con la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM) por cinco años, argumentando que contenía datos
“sensibles” y que se encontraba en un proceso de auditoría.
En
febrero de 2017, el equipo de investigación solicitó a la Sedesol el convenio
DGI/33301/04/2012, firmado con la UAEM, cuyo objeto era “la coordinación
plurianual para el servicio administrado de infraestructura de misión crítica”,
además de anexos y convenios modificatorios.
En
la primera respuesta, la Sedesol dijo que tacharía datos “sensibles” sobre
particulares. Pero al tratarse de un documento público, en el que intervinieron
sólo funcionarios públicos, se interpuso un recurso de revisión para evitar que
se entregara información parcial.
Entre
los alegatos de la dependencia, estuvo que el convenio formaba parte de una
investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pese a que
ésta ya había determinado posibles irregularidades y había publicado la
auditoría como parte de la Cuenta Pública de 2014.
Además,
explicaba que este mismo criterio de negativa había sido utilizado por el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) en una resolución a
otro recurso de revisión interpuesto por el equipo de investigación y en el
cual la UAEM había negado entregar el convenio.
Por
ello, los alegatos incluían la propuesta de reservar la documentación “por un
periodo de cinco años”, explicaba el Comité de transparencia de la Sedesol,
encabezado por Javier Ortiz, suplente del abogado general y comisionado para la
transparencia.
En
agosto de 2017, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) rechazó la petición de
reserva y mandató a la Sedesol a entregar los documentos, al tratarse de
información pública.
La
negativa de este tipo de información también la aplicó otra de las dependencias
que no estuvieron contempladas en el reportaje publicado en septiembre de 2017,
pero que también hicieron convenios con universidades públicas, como la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu).
Dicha
dependencia hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero
en 2016, cuando la titular era Rosario Robles, luego de ser removida de la
Sedesol. Aunque se solicitaron todos los
convenios realizados, también los negó bajo el mismo argumento del proceso de
auditoría.
Según
su respuesta, el personal de la Sedatu ni siquiera tenía acceso a la
documentación porque los expedientes relativos a los convenios “se puso a
disposición de la ASF en un área de acceso restringido al interior de esta
Secretaría, de ahí que el manejo y resguardo de esta documentación es
responsabilidad exclusiva del grupo auditor hasta la formalización del cierre
de esta auditoría”.
Personal
de la Auditoría Superior de la Federación consultado aseguró que, en ningún
proceso de auditoría, se impide el acceso a la documentación a los funcionarios
de la dependencia y mucho menos trabajan en un “área restringida”.
De
acuerdo con funcionarios del INAI, el proceso de auditoría no es una razón para
impedir la entrega de los convenios o comprobantes de servicios, toda vez que
no se pide el expediente de investigación, sino documentos que contienen
información pública.
(ANIMAL POLITICO/ NAYELI ROLDÁN Y MANU
URESTE/ ENERO 16 2018 06:00)