La historia de cómo el crimen
organizado se vincula con la expansión minera en la sierra del Triángulo
Dorado, donde la industria extractiva ha prosperado sobre los territorios de
los desterrados por la violencia.
Sibely Cañedo, Marcos Vizcarra, Sheila
Arias
Al día siguiente del robo del
siglo a la minería en Sinaloa, ocurrido el 8 de abril de 2015, el empresario
canadiense Rob McEwen salió a dar una declaración tronante: “Los cárteles están
activos en esa región, y en general, tenemos buenas relaciones con ellos”.
El fundador y ejecutivo en
jefe de McEwen Mining se expresó así del asalto, presuntamente a manos de
personas armadas, en el que su empresa perdió 8.4 millones de dólares en oro de
la mina El Gallo, ubicada en el municipio de Mocorito.
“Si queremos ir a explorar
una zona, les preguntamos y nos dicen que no. Pero luego nos dicen que
regresemos en un par de semanas, cuando hayan terminado sus asuntos”, remató
McEwen en un canal de noticias financieras de Canadá.
En menos de dos días, y
después de un revuelo internacional, aclaró que sus declaraciones habían sido
un “malentendido”.
Nunca se supo nada del famoso
asalto. Las investigaciones continúan abiertas y bajo reserva. Para muchos se
trató de un autorrobo. Pero sembró la duda: ¿operan las empresas mineras bajo
el amparo de los narcotraficantes, que ejercen control en la Sierra Madre
Occidental, en este estado del Noroeste de México?
Lo que sí es un hecho es que,
a pesar de que la sierra se convirtió en territorio de disputa entre los
cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, al mismo tiempo que se
intensificaron los enfrentamientos, los asesinatos y los desplazados de sus
tierras, la minería no sólo no dejó de producir, sino que hizo crecer sus
volúmenes y ganancias.
Así, de 2006 a 2016, Sinaloa
vio subir más del doble el valor de su producción minera (112%), al pasar de
mil 721 millones 506 mil pesos a 3 mil 646 millones 995 pesos, destacando como
productor de oro, plata, plomo, cobre y zinc en el panorama nacional, incluso
en los municipios donde la violencia se ha mantenido constante: Choix, El
Fuerte, Cosalá, Badiraguato, San Ignacio, Sinaloa, Concordia y Rosario.
Aumentó la ambición por
explorar y explotar los minerales, motivada por el aumento en los precios de
los metales. Y esto se reflejó en el número de títulos de concesión minera y su
cobertura en la superficie concesionada. Para febrero de 2019, existían en
Sinaloa mil 487 concesiones vigentes y 112 proyectos, de los cuales si acaso
unos 20 se encuentran activos y el resto en exploración, de acuerdo con datos
de la Secretaría de Economía del estado.
Sin embargo, son escasos los
beneficios fiscales que dejan a los municipios, ya que sólo han tributado a
nivel local desde la reforma hacendaria de 2014.
Para poner esto en
perspectiva, por mencionar el periodo en que las cifras están disponibles,
resulta útil el dato siguiente: de 2014 a 2016 las mineras pagaron 118 millones
118 mil 568.03 pesos al Fondo Minero para el Desarrollo Regional Sustentable en
Sinaloa, tan solo el 1.22 por ciento del valor de la producción de minerales calculada
para esos años.
Y esto sin considerar que no
todas las compañías mineras ubican sus domicilios fiscales en los lugares de
operación, lo que repercute en un subregistro que hace que los recursos no
lleguen a las localidades afectadas por los impactos sociales y ambientales de
la industria extractiva.
Así lo explica el economista
Carlos Bruno Fiscal, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien señala
además que la minería aporta únicamente el 1 por ciento del PIB estatal.
Mientras la propia Secretaría de Economía, arroja datos de que la minería
genera alrededor de mil empleos en el estado.
Fuera de aquel robo
millonario —no se veía un asalto así desde tiempos de la Revolución, cuando los
rebeldes atacaron las haciendas en venganza por el saqueo y los malos tratos a
sus trabajadores—, la minería y el narcotráfico han compartido territorio en la
vasta franja montañosa que une a los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango,
sin altercados que frenen las operaciones extractivas. “Al contrario, parece
que entre más violencia más crece la minería”, expone el investigador Juan
Manuel Mendoza Guerrero, líder del cuerpo académico Migración y Desarrollo
Regional de la UAS.
De acuerdo con una revisión hemerográfico
realizada para esta investigación, en 11 de los 18 municipios de Sinaloa se han
desplazado por violencia al menos 234 comunidades, de 2006 a 2018; de las
cuales, 230 se encuentran en territorios donde se presenta actividad en
exploración y explotación minera, aunque no siempre las causas se atribuyen a
la minería.
Sobresale el municipio de
Sinaloa con más 60 localidades desplazadas, así como Concordia con 33, Mazatlán
con 23, Rosario con 19 y San Ignacio con 17, contando las comunidades que han resultado
afectadas en alguna ocasión.
Aunque no existen registros
oficiales, los movimientos de desplazados que se han formado en Sinaloa han
documentado mil 800 familias en total, unas 9 mil personas. En tanto, la
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), una organización
independiente, calcula cerca de 40 mil en una cifra acumulada desde 2007.
El retorno no ha sido una
alternativa para la gran mayoría, que sigue buscando ayuda en las principales
ciudades del estado, debido a que sus tierras están ocupadas por grupos
delincuenciales. En algunas regiones, se ha denunciado la existencia de pactos
entre empresas mineras y grupos armados a cambio de protección.
Es el caso de San José de
Gracia, una comunidad enclavada en la zona serrana del municipio de Sinaloa, al
norte del estado, a donde los inspectores ambientales sólo pueden llegar por
aire sea por lo intrincado de la serranía o por el miedo a la presencia de
grupos armados. Allí opera la compañía Dyna Resource, cuyos directivos aseguran
que al contrario de violentar la zona, la mina ayudó a dar empleo a mucha gente
que no encontraba otro camino que la ilegalidad.
Pero la forma en que la
minería se relaciona con las comunidades varía de una región a otra.
Al otro extremo en el sur del
estado, los ricos yacimientos de oro y plata han sido la maldición de los
habitantes de Rosario y Concordia que, desde 2012, han visto morir asesinados a
sus amigos y familiares y han tenido que sufrir el desarraigo de sus
comunidades por las pugnas entre grupos armados ilegales, que en gran medida
son motivadas por el control de las minas.
En esta región, la minería es
una actividad donde los narcotraficantes no sólo buscan dominar el territorio
para cobrar “cuotas” a los empresarios, como ocurrió en 2017, sino que personas
ligadas al crimen organizado aparecen como concesionarias de títulos mineros y
participan directamente en la operación y vigilancia de las minas, de acuerdo
con varios testimonios.
Uno de los efectos de la
inseguridad es el despoblamiento de las zonas mineras, lo que hace que la
industria extractiva pueda realizar sus operaciones prácticamente sin
oposición, mientras en el resto del país, se han desatado decenas de conflictos
socioambientales en torno a esta actividad y la ejecución de megaproyectos.
En esta historia conoceremos
cómo la presencia del crimen organizado, principalmente de grupos armados al
servicio del narco —de manera planeada o no— , le ha allanado el camino a la
expansión de compañías mineras transnacionales, en su mayoría canadienses,
quienes cuentan al menos con el 44 por ciento del territorio concesionado para
realizar labores de prospección y extracción en Sinaloa, así como unos diez
proyectos activos dedicados a la obtención de oro y plata.
Así, continúan explorando y
explotando en los municipios con mayor expulsión de habitantes con todo el
respaldo del Estado y del marco jurídico mexicano, mientras las víctimas de la
violencia siguen viviendo en el destierro al no poder retornar a sus
comunidades.
SAN JOSÉ: UN PUEBLO RICO EN DESGRACIA
San José de Gracia es un
pueblo escondido en la sierra, pero conocido por la cantidad de oro que se
extrajo en los años de la Revolución para llevarlo a Parral, Chihuahua, donde
acuñaban monedas.
El negocio dejó de ser
próspero, porque ese lugar quedó en medio del territorio que se conoce como
‘Triángulo Dorado’. No es propio del oro que hay incrustado en las montañas y
cerros, sino por la producción y tráfico de drogas y armas por grupos
delictivos.
Nadie volteó a San José en
muchos años, hasta el año 2000.
La empresa estadounidense
Dyna Resource de México obtuvo en esa década 24 concesiones para poder
explorar, excavar y extraer oro y plata.
Fue en 2010 cuando la mina de
San José de Gracia empezó a operar. Al mismo tiempo ocurrió la llamada ‘Guerra
contra el narcotráfico’ y las organizaciones criminales que operaban en Sinaloa
comenzaron a disputarse el territorio.
“La gente se puso de punta uno
con el otro. Comenzaron a correr gente... a correr así, a desplazarlos. Fue
cuando nosotros nos vinimos. Nos tocó esa, que nos vinimos”, cuenta Luis, que
por solicitud de reserva de su nombre, será llamado de esa forma.
Este hombre relató cómo
prefirió perder lo poco que tenía a seguir bajo el yugo de lo que él llama
alianza entre narco y mineros.
Entre 2012 y 2013, asegura
Luis que de San José de Gracia salieron decenas de familias y al mismo tiempo
llegaban decenas de hombres con cascos y chalecos con las letras “DR”,
iniciales de Dyna Resource.
Enclavado en la Sierra Madre
Occidental, a tres horas de Sinaloa de Leyva, se encuentra San José de Gracia,
donde la empresa estadounidense Dyna Resource de México opera una de las minas
más importantes de Sinaloa.
En el abandono luce el pueblo
de San José de Gracia, del cual han salido decenas de familias a causa de la
inseguridad, que se desató después de 2012.
Pobladores entrevistados
afirman que a San José de Gracia no es posible ir si no es con permiso de este
grupo armado ilegal, al que identificaron como parte de la organización
conocida como el Cártel de Sinaloa.
La empresa es acusada,
además, de contaminar el arroyo del pueblo y de no dar seguridad laboral a sus
trabajadores, pero por la inseguridad es complicado el acceso para las
autoridades ambientales, incluso para las de Protección Civil.
Esto refleja la ausencia del
Estado, lo que permite a la mina operar con escasa vigilancia.
Nadie pasa a San José de
Gracia si no tiene permiso —insiste Luis—. Libremente, solo pasan los mineros.
No son lo mismo, aunque trabajan juntos. Si quieres vivir ahí, necesitas
permiso, y para ganártelo debes elegir partido. Si apoyas al equivocado, tienes
24 horas para salir de ahí o te matan, si no, trabajas y cuidas la mina.
Es la regla.
—¿Cómo le pagan al narco?
—Le sueltan ahí la chamba,
para que los ayuden, para que no haya pedo.
—¿Para que no haya pedo con
quién?
—Pos’ si no le dan al señor
ese, se le echa encima la gente; a él lo respetan y pos’ él tiene a la gente y
está… sí la saben hacer, y ahí no crea que lo dejan otras gentes que se
alivianen. No, él es el jefe nomás.
—¿Quién es el jefe de allá?
—Anselmo N.
De Anselmo, a quien se
refieren como un señor alto y que controla la zona, no se encontraron registros
de que haya sido fichado por la Fiscalía por algún delito. Tampoco en los
medios de comunicación.
—¿Por qué no lo perdonó a
usted?
—No, es que también es el
miedo, no perdón.
—¿Con quién trabaja él?, ¿con
los hijos de El Chapo?
—Sí, con una gente de esas.
—¿Él cómo cuida la mina?
—Es que él es socio. Tiene
maquinaria ahí, luego les ayuda… Es que es para que no les roben, él los cuida
para que no roben a la mina, pero también le roba a la misma. Él tiene charola,
pues, pero sí le sirve a la mina eso… Si no, ya no estaría.
La familia de “Luis” se
asentó en un fraccionamiento emergente que construyeron los mismos desplazados,
con algunos apoyos de gobierno. Aun así, por la violencia, meses después muchas
personas debieron abandonarlo. Fotos: Marcos Vizcarra.
El director general de Dyna
Resource de México, José Vargas Lugo, rechaza las acusaciones.
Si bien es cierto —relata—,
cuando llegaron a San José de Gracia a principios de la década del 2000
tuvieron que lidiar con la narcocultura, gracias a la mina hoy 300 trabajadores
—más de la mitad del pueblo— tienen una opción de trabajo “digna y decorosa”.
Dyna llegó allí y empezó de
cero, recuerda el directivo de la compañía estadounidense, que mantiene una
operación pequeña al procesar 250 toneladas de material cada día y cotiza en la
bolsa de valores de Toronto. “ Es demasiado complicado interactuar en un
narco-ambiente, cuando tú traes una visión empresarial y tienes que empezar a
cambiar las narco costumbres por una cultura de trabajo”, detalló Vargas Lugo,
quien tiene raíces en esa región y vive allí desde hace 20 años.
Hoy se siente orgulloso de la
transformación que, a sus ojos, ha experimentado la comunidad debido a la
disponibilidad de empleo legal.
Esa es la forma en que han
podido interactuar con la comunidad, sobre todo ahora —dice— que “de todos es
conocido” que el negocio de la producción de drogas ilícitas se ha acabado en
la sierra.
Ya no la compra el mercado
“gringo”, ni la marihuana ni la amapola, luego de que hace unos años esta
actividad vivió su auge.
Vargas Lugo reconoce que
muchos de los que antes andaban armados hoy son trabajadores de la mina y la
cuidan. O si tienen maquinaria, también pueden ser proveedores o contratistas.
“La comunidad apoya la mina.
Hay detractores, pero son los menos.”
Eso sí, afirma, a la gente se
le paga bien, como ninguna otra mina en Sinaloa.
Añade otro dato: Al ejido
Santa María y Anexas, donde se encuentra asentado este pueblo, se le paga una
renta anual de 2 millones 340 mil pesos.
“Ese es el problema que
tenemos, y la manera que hemos tenido nosotros que interactuar con la gente
para evitar la violencia; esa gente que traía pistola, rifle y pechera, ahora
esa gente ya no trae la pistola ni el rifle ni la pechera, ahora se dedican a
trabajar con nosotros”.
Insiste en su negocio es la
exploración de los minerales y la empresa no tiene nada que ver con el
narcotráfico, una economía que, según él, está en declive.
Pero un tema aparte es el
impacto ambiental.
Zona rica en recursos
naturales, como bosques, ríos y minerales, San José de Gracia es el lugar ideal
para la minería. Hay suficiente oro. Solo en 2017 obtuvo ganancias por 2
millones 527 mil 709 dólares, según sus reportes públicos en Estados Unidos.
Está en un lugar estratégico:
las operaciones son en la zona serrana junto al Río Fuerte.
La mina de San José de Gracia
cuenta con el apoyo de las autoridades federales. Tan es así que la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinó que podía quedar
exenta de la Manifestación de Impacto Ambiental, a pesar de ubicarse en una
zona con uso de suelo forestal y de producir desechos tóxicos, que van a parar
a una presa de jales, acusada por pobladores de no cumplir con la Norma 141 de
la Semarnat.
Pobladores han hecho
denuncias anónimas, mostrando —con información de mapas de satélite— que, por
su posición geográfica, los tóxicos terminarían en la presa Bacurato en caso de
un derrame, advirtiendo del supuesto peligro de un desastre social y económico,
ya que esta presa es la que abastece a los valles agrícolas de la región.
El gerente general de las
operaciones de Dyna en México atribuye las acusaciones a un conflicto legal de
corte corporativo por la propiedad de las minas, de ahí que sus adversarios se
dediquen a dispersar información negativa de la empresa.
Cuestionado sobre las fallas
en la presa de jales, descartó riesgos al afirmar que ya se ha construido un
bordo de emergencia, suficiente para contener miles de toneladas de residuos en
caso de un derrame. Además de contar con todos los permisos que la autoridad le
ha solicitado.
No obstante, la mina no ha
estado exenta de problemas.
En 2016, el gobierno de
Sinaloa suspendió las operaciones por riesgos sanitarios para los trabajadores,
bajo acusaciones de que en ella habían muerto personas por las condiciones
precarias.
Una semana después la mina
fue reabierta, luego de que la empresa ganara otro juicio, demostrando que el
gobierno de Sinaloa no tenía jurisdicción, porque el permiso de operación era
de orden federal. Y en 2017, un grupo de trabajadores paró labores en demanda
de que se cumpliera la promesa de construir una clínica, la cual ahora está por
concretarse, según adelantaron los directivos.
En tanto, se espera que la
“vida” de la mina dure unos 20 años más, y en Dyna Resource de México están
seguros de contar con el aval de la comunidad y los ejidatarios.
Minería y violencia: una
correlación positiva
Esta es la forma en que el
catedrático Juan Manuel Mendoza, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, resume
un fenómeno territorial en que los recursos minerales parecen ser un atractivo
para grupos delincuenciales. Pues no sólo añaden el cobro de “cuotas” a su
portafolio de actividades criminales, también se hacen con el control de los
recursos naturales, del agua, de los bosques y hasta deciden quién puede vivir
en el territorio y quién se tiene que ir.
“El narcotráfico se ha
convertido en una especie de ‘mandamás’ de los recursos de la región serrana:
minerales, siembras, producción de droga, explotación forestal..., donde
controla quién entra, quién sale y quién puede hacer usufructo de ello”,
explicó.
Aunque no habla de un pacto
explícito entre compañías mineras y grupos armados, advierte cómo los
desplazamientos forzados resultan convenientes a los proyectos mineros, porque
estos se desarrollan en territorios donde por la soledad y el miedo, no hay un
clima propicio para la participación ciudadana o la protesta. Esto, a pesar de
las externalidades negativas de la explotación de minerales, que presenta
consecuencias irreversibles para el medio ambiente, como contaminación de ríos
y de mantos freáticos, generación de metales pesados entre otros desechos
tóxicos.
LA SOLEDAD HA SIDO UNA ALIADA DE LAS MINERAS
En la década de 1990, se
inauguró lo que el académico y activista Francisco López Bárcenas denomina el
ciclo de despojo neoliberal, a través del modelo extractivo. En estos años, se
dieron las modificaciones al marco normativo para abrir las puertas a las
compañías extranjeras, luego de un periodo nacionalista de más de cuatro
décadas.
Fue un paquete de reformas
que incluyó la enmienda al Artículo 27 constitucional (1992), que regula los
regímenes de propiedad de la tierra y de los bienes nacionales, y que se
introdujo en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
en 1994, con el que se pusieron las bases para iniciar una nueva época en que
se fomentaría abiertamente la entrada de empresas transnacionales. Pero no sólo
eso. También para que pudieran explotar y sacar los minerales del país con
amplias facilidades fiscales, administrativas y operativas, con muy bajo o nulo
costo por los daños sociales o ambientales provocados.
Para el siguiente decenio, la
política de apertura iniciada por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ya
había provocado un crecimiento inusitado de la minería en el país.
En Sinaloa, esta historia
tuvo su correlato con la ampliación de la frontera minera a lo largo de la
Sierra Madre Occidental, donde de 2002 a 2003, pasó de tener 892 a mil 126
concesiones (de 385 mil a 500 mil hectáreas), de acuerdo con datos del Servicio
Geológico Minero. Ello significa que pasó de ocupar el 6.63% al 8.6% del
territorio del estado de Sinaloa.
Cuando empezó la guerra de
cárteles, en 2008, la minería tenía concesionadas 1 millón 64 mil 951.3971
hectáreas en 1,317 títulos. Luego de la parte más álgida del conflicto, entre
2014 y 2015, se había alcanzado el pico más alto con 1,951 concesiones y 1
millón 750 mil 497.6214, cerca del 30 por ciento del territorio de la entidad.
De acuerdo con las
modificaciones a la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación
de fecha 21 de abril de 2005, actualmente se considera el modelo de la
Concesión Única.
Fuente: Dirección General de
Minas. Para 2018 el dato es hasta noviembre. No hay información para 2012,
2013, 2016 y 2017
Ni la guerra ni los
desplazamientos forzados pararon el interés de las compañías por invertir,
motivadas por el aumento del precio de los metales en el mercado internacional.
En los municipios de Choix, El
Fuerte y Sinaloa, la oleada de desplazamientos masivos se vivió entre 2012 y
2013, en más de cien comunidades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en
su recomendación 39 de 2017, urgió al Gobierno del Estado a brindar atención
integral a los más de 2 mil desterrados de esa región, que en su mayoría aún no
han podido retornar a sus pueblos porque estos se hallan ocupados por los
grupos armados que los desplazaron.
A pesar de que no ha habido
una política de Estado para el retorno seguro de las víctimas a sus
comunidades, en estos tres municipios se registran cerca de 20 proyectos
mineros, de los cuales 17 se encuentran en su etapa de exploración de empresas
de EUA, Canadá, China y Australia.
A diferencia de los
pobladores desplazados, para quienes sí ha habido incentivos es para las
mineras junior, quienes se encargan de hacer los estudios de prospección para
luego vender el proyecto a los grandes consorcios.
En el norteño municipio de
Choix, donde en 2014 asesinaron a Ramón Corrales Vega, líder campesino opositor
a la minera Paradox Global Resources — un crimen sin esclarecer, atribuido al
narcotráfico—, la misma empresa ya realiza labores de exploración para el
proyecto Cerro Mozambique para continuar con la extracción de hierro de ese
municipio, de donde se retiró tras haber provocado un derrame de residuos
tóxicos en 2015.
Mientras la compañía minera
Río Tinto, responsable en 2018 del derrame en Urique, Chihuahua, donde quedaron
sepultados nueve trabajadores, es la que mantiene exploraciones para el
proyecto El Rosario en el mismo municipio.
En Badiraguato, donde los
éxodos forzados recrudecieron desde 2016 por las pugnas internas del Cártel de
Sinaloa, ahora proliferan las perforaciones para exploración de empresas
chinas, como la Tianjin North China Geological Exploration Bureu y China
Minerals Resources.
El panorama se repite a lo
largo de la Sierra Madre, donde la violencia no se ha detenido, sin embargo, es
algo que raras veces las empresas dan a conocer a sus accionistas, sobre todo
las que cotizan en la Bolsa de Valores, como lo indican los códigos de ética y
de minería responsable.
En contraparte, para el
secretario de Economía del estado, Javier Lizárraga Mercado, es una actividad
importante porque genera trabajo en lugares marginados, donde prácticamente no
existen empleos formales.
“Hay que entender que ellos
están en las zonas serranas, trabajando bajo condiciones muy difíciles, muy en
contra, en comparación a lo que es un trabajo normal aquí en la ciudad, están
expuestos a situaciones de riesgo, no sólo en lo interno, sino por todo como ha
sido la sierra”, declaró en entrevista para esta investigación.
Argumentó que sólo las
empresas mineras que son formales, medianas y grandes, aportan al Fondo Minero.
Son las que son supervisadas y controladas.
Pero por otro lado, señaló
que hay un grupo de mineros pequeños, a quienes se les conoce como gambusinos,
que a esos nadie los controla, nadie los vigila y es importante “meterlos” a la
formalidad.
Para Dustin VanDoorselaere,
director general de First Majestic Silver Corp (FMSC), la inseguridad es la
parte difícil de trabajar en México. A pesar de ello, la compañía canadiense se
continuará sus operaciones en este país, donde se ha establecido desde 2012 y
cuenta con seis proyectos activos dedicados principalmente a la extracción de
plata.
En el sur de Sinaloa, una
región conflictiva por la presencia de bandas delictivas del narcotráfico, FMSC
realiza trabajos de exploración en Plomosas (perteneciente al ejido de La
Rastra, del municipio de Rosario) y han tenido que tomar protocolos estrictos
de seguridad para minimizar el riesgo de sus trabajadores.
“Muchas de estas áreas son
remotas, es muy difícil para nosotros como empresas, tenemos que usar
básicamente nuestra seguridad privada, es la única forma de inhibir (el
peligro); allá, no hay policías, no hay militares, sólo nosotros”, reveló.
No salir de noche, circular
exclusivamente en vehículos bien identificados, entablar buena relación con las
autoridades locales, pero sobre todo establecer lazos de amistad con la
comunidad, es parte de lo que se hace al llegar a una de estas zonas inhóspitas.
Y con la gente que se dedica
a actividades ilegales, tratan de mantener una relación de “respeto”. “Lo mejor
es tratar de convivir en armonía, ellos tienen su negocio, y realmente no se
conflictúa con la mina. Ellos entienden que una operación minera trae
prosperidad al pueblo: mejores caminos, energía eléctrica, escuelas”, explicó
el directivo, quien tiene más de 25 años de experiencia en la minería en varios
países de América Latina.
“Tal vez los hombres que se
dedican a estas cosas hacen su trabajo — prosiguió— , pero sus hijos, sus
hijas, muchos prosperan de la actividad que lleva la mina”.
Aclaró que esto no significa
que exista un “pacto” con los grupos armados, sino simplemente una convivencia.
“Nosotros somos una empresa extranjera, cotizamos en la bolsa canadiense, en la
bolsa de Nueva York, no podemos tener este tipo de relaciones”, insiste.
La situación que priva en La
Rastra los ha llevado a suspender operaciones de manera temporal, para luego
continuar con las barrenaciones que buscan hurgar en los grandes yacimientos de
plata de la región. Sus trabajadores han sido víctimas de extorsión y secuestro
en la sierra de Guerrero. Pero de ningún modo tienen pensado salir de México,
pues es el único destino de sus inversiones por el momento.
“SON PLEITOS DE
MINAS”, CLAMAN EN CONCORDIA
“Son pleitos de minas”, es la
nueva expresión con la que ahora se busca encontrar una explicación a la
violencia que tantas vidas ha cobrado en el municipio de Concordia, un pueblo
colonial enclavado en las montañas al sur del estado bajo el cual subyacen
grandes riquezas. No sólo hay ajustes de cuentas y enfrentamientos armados
entre sicarios, sino también amenazas y éxodos forzados.
Más de 200 homicidios dolosos
cuenta la Fiscalía desde 2012, año en que comenzó la tragedia.
Desde hace tiempo que ya no
se meten al “costal” del narcotráfico todos los asesinatos.
Región minera desde la época
de la Colonia, en Concordia, la fiebre del oro (y de la plata) se ha
posesionado de grupos armados ilegales, que han quedado “al garete” luego de
que el “Chapo” Guzmán perdió el control de esos territorios tras su
extradición, ocurrida en enero de 2017. Pero han surgido nuevos grupos que
pelean el dominio.
Después de la matanza de El
Platanar de los Ontiveros la noche del 24 de diciembre de 2012, la violencia se
ha negado a abandonar esas tierras. Esa noche entró un grupo de unos 20 hombres
armados al pueblo y se cobró la vida de nueve personas. La Navidad más triste
que jamás recordarán.
“Desde entonces la violencia
no se ha ido, pueden pasar uno, dos o tres meses, sin que pase algo, pero luego
vuelve…”, recuerda Susana N., originaria del mineral de Pánuco, uno de los más
devastados.
Los hechos sangrientos
continúan de manera intermitente, desplazando familias y pueblos enteros. No
era como en otros tiempos, cuando los clásicos “ajustes de cuentas” o el “se
matan entre ellos”. Se vinieron las masacres, la muerte de gente inocente, de
los “que no andan mal”.
En el 2017 se acumularon los
homicidios. Ríos de gente salieron de más de 17 comunidades: La Petaca,
Chirimoyos, Santa Lucía, Potrerillos, El Batel, La Guayanera, El Cuatantal,
Copala, La Mesa del Carrizal, El Palmito, La Capilla del Taste, y otros más de
los alrededores, en su mayoría poblaciones dedicadas a la agricultura y
ganadería de pequeña escala, la explotación forestal, pero también a la
minería, una actividad que ha encarado sus altibajos a lo largo de la historia,
pero que en años recientes ha retomado un nuevo auge.
Agripino N (los nombres de
los entrevistados serán modificados para proteger su identidad), quien vivía en
Potrerillos, pueblo donde la mayoría trabajan en el aserradero, relató cómo la
tranquilidad se rompió en todas esas comunidades, conectadas a través de los
caminos serranos. Cada vez era más común que bandas de 20 a 30 hombres con
armas AK-47, pasearan por las calles de las comunidades como quien anda por su
casa.
Los mineros, grandes y
pequeños, comenzaron a ser extorsionados, aunque no eran los únicos porque
también cobraban cuota a madereros, agricultores, comerciantes....
Era octubre de 2017, cuando
por acción de “Los Valvuleños” cerraron cuatro empresas: Minera Río Pánuco,
Comercializadora de Metales y Minerales, Caprepa y Minera Dos Señores, cuyo
principal accionista, Héctor Garay Flores, fue asesinado en Mazatlán en febrero
de 2017. Todas ellas Sociedades Anónimas de Capital Variable (S.A. de C.V.),
situadas en Concordia en terrenos colindantes con el estado de Durango.
LA SIERRA SE QUEDÓ DESOLADA
En julio de 2017, Chirimoyos
y La Petaca se convirtieron en “pueblos fantasma” tras la incursión de grupos
armados a la sierra del municipio de Concordia, hacia el sur de Sinaloa y
colindancias con el estado de Durango. Tras amenazas de los grupos delictivos,
cientos de personas huyeron dejando todo lo que tenían. Fotos: Archivo
Noroeste.
Presencia del Ejército en
pueblos de Concordia, tras reportes de la presencia de grupos armados en la
zona, en julio de 2017. Foto: Archivo Noroeste.
Con 67 crímenes, el 2017 fue
el año fatídico en que detonaron los asesinatos alrededor de la minería. Pero
ahí no fue donde comenzó todo.
Dos años antes, mientras se
dirigían a la mina de su propiedad, el 25 de junio de 2015 asesinaron a Óscar
Fitch Tovar junto a sus hijos Jorge Rigoberto y Heraclio Isaac Fitch
Valenzuela. Otros dos de sus hermanos ya habían sido abatidos a balazos:
Eduardo Fernando en diciembre de 2014 y Raymundo en abril.
Un año antes, de forma
similar, también murió su tío Rigoberto.
Todos de la familia
propietaria de la mina Nuestra Señora del Rosario, mejor conocida como la mina
de Fitch, en Pánuco.
“Mataron toda una familia y
no era caso mayor”, continuó relatando Susana.
Los habitantes pidieron ayuda
al alcalde priista, Felipe Garzón, para que enviara al Ejército. O que ya de
perdida les donara un terreno como habían hecho tras la masacre del Platanar.
—Nosotros veníamos con el
presidente y le pedíamos a Felipe…¿nos puede ayudar? Porque en una carrera,
po’s a dónde vamos a llegar.
—Es que todavía en Pánuco no
pasan cosas mayores.
—¿Entonces necesitan que
maten a más gente para que nosotros nos podamos salir?; ¿mataron a toda una
familia, completa, ¿y no era caso mayor?
NO LES ESCUCHARON. LO PEOR VINO DESPUÉS.
“De hecho, cuando estaba el
miedo, al siguiente año empezaron con una mina que es de una familia, los
Fitch, en esa mina tuvieron problemas... Acuerdos que nunca llegaron, me das la
mitad, me das esto, y ahí no les convenía; llegaron a tener problemas de ese
lado. No tuvieron acuerdo con un grupo delictivo de ahí arriba [del poblado de
El Palmito], y empezaron: primero mataron a un hijo de la familia (2014), de
ahí mataron a otro hijo y a otros trabajadores de la misma mina. Al final
acabaron con todos con los papás y los tres hijos, o sea, que toda la familia
completa”.
ESCUCHA EL TESTIMONIO DE SUSANA
Con cuatro hijos muertos y
despojada de casas, camionetas y maquinaria para minería, Florinda Valenzuela
viuda de Fitch huyó de su querido Pánuco no sólo con el dolor, sino en el
desamparo. En su condición de desplazada, pasó a vivir de la buena voluntad de
quien quisiera brindarle asilo.
“Entonces mis hijos estaban
platicando con ellos, pero se refiere que ya no fue lo que ellos pedían, sino
que ellos querían las minas, y todavía está el problema de minas... Allá está
todavía el problema ese…”. Recordó con voz fragmentada cómo sus hijos
padecieron las extorsiones de uno de los grupos armados de la zona.
“Hace tres meses (julio 2018)
mataron a otros porque se estaban metiendo a las minas de mis hijos. Y ese es
mi problema, que yo no puedo ir a mi casa, me despojaron de todas las cosas, de
todos los bienes que dejaron mis hijos, todo, camionetas, ahora estoy yo sola.
Ningún hijo... y pues ya no quisiera recordar esos momentos porque es muy
triste para mí”.
La señora rompió el silencio
animada por el Movimiento Amplio Social Sinaloense, en un encuentro con
legisladores y autoridades locales para ayudar a los más de 2 mil desplazados
en Mazatlán, gran parte de ellos a causa de los enfrentamientos y amenazas que
vierten en la sierra los grupos delictivos.
TODOS LOS CAMINOS LLEVAN... A LA MINA
Todas las muertes llevan a la
mina. Rogelio N es originario de Copala, otro pueblo minero de gran tradición.
Rogelio pasó de campesino a minero por la violencia. Tenía sus tierras en las
partes altas de Concordia, hacia el pueblo de La Guayanera. Un buen día, “esa
gente” le mandó decir que ya no podía pasar más a su pueblo. Fue entre 2012 y
2013, cuando las cosas empezaron a ponerse “calientes”. Después de peregrinar
de un trabajo a otro, ya como velador ya como mandadero en la zona periférica
de Mazatlán, Rogelio regresó para emplearse en la Minera Real de Pánuco, a
varios kilómetros de Copala. Se convirtió en ayudante de perforista.
Para describir su trabajo,
basta escuchar a su esposa: “No sé si tengo más miedo de lo que pasa adentro, o
de lo que pasa afuera”. En las entrañas de la tierra, los derrumbes han matado
trabajadores o los han dejado incapacitados de por vida. Afuera, los caminos
vigilados por hombres portando cuernos de chivo (fusiles AK-47), las armas que
identifican a los narcotraficantes
“Somos varios trabajadores
que trabajamos en dos turnos, aunque no me han atacado directamente, sí va uno
con miedo a trabajar. En una ocasión me tocó escuchar los enfrentamientos, a lo
lejos en los cerros mientras nosotros hacíamos perforaciones”.
Sobre abusos laborales
cometidos por la empresa minera, como retenerles el sueldo o no pagarles seguro
contra riesgos, mejor ni quejarse.
Rogelio nos hace regresar al
tema de la mina de Fitch, productora de oro y plata. Asegura que esa mina es
operada por los mismos delincuentes. Según su testimonio, son ellos quienes
después de matar a los Fitch tienen el control de la zona, o al menos lo tenían
en aquel diciembre de 2018 que fue entrevistado, porque las disputas son
constantes y los liderazgos cambian.
Pero si así es la suerte de
un trabajador de una mina “formal”, la vida no es más fácil para los mineros
informales, conocidos como gambusinos. De la gran empresa transnacional a la
mediana y pequeña minería, el gambusino es el eslabón más débil de la cadena
minera, también el menos regulado. Suele explorar sin contar con maquinaria,
sólo con la fuerza de herramientas básicas para picar la piedra. Tiene la
opción de vender el material obtenido a las plantas procesadoras o de hacer un
procesamiento rústico en las taunas, pequeños molinos que giran a base de un
motor eléctrico, en sustitución de las mulas. Después de moler la piedra, la
venden a distintos compradores de metales. Ha sido el sustento de generaciones
en toda la sierra de Sinaloa, pero hoy también están siendo desplazados por la
violencia.
SIN ESCAPATORIA: LA VIDA POR EL METAL
Una mujer que se vio obligada
a salir de Pánuco, por miedo a que sus hijos fueran asesinados o reclutados,
cuenta cómo actúan los grupos delictivos en relación con los mineros, tanto
establecidos como los irregulares. "Los dueños (de las minas) tienen que
darles semanalmente dinero o gasolina”, cuenta. A los gambusinos les imponen
otro tipo de reglas. “Me vas a dar la mitad del material y aparte te lo voy a
comprar para que tú no tengas que moverte”, les dicen.
Los grupos delictivos reciben
el material recolectado y lo llevan al laboratorio, para calcular qué tan rico
es el metal. "Así que imagínese —reveló— a mucha gente le conviene porque
si tiene un valor de 2 mil pesos la piedra, en un rato se ganan mil
pesos."
El problema es que al
venderle a uno de los grupos, se echan de enemigos a los contrarios.
Es ahí cuando los asesinan o,
en la mejor de las suertes, tienen que salir huyendo.
"El pueblo no debería
caer en la extorsión, pero si no, los matan a ellos o a sus familias",
reveló con la voz cortada.
En Pánuco, el pasado 22 de
mayo de 2018 asesinaron a cuatro personas que trabajaban en una mina, de
acuerdo con declaración de familiares a la Vicefiscalía de la zona sur. Venían
de tomar muestras de minerales cuando fueron emboscados en un camino de
terracería mientras viajaban en una camioneta, allí quedaron sus cuerpos sin
vida ultimados a balazos.
Muertes como esa, son cosa
común en este poblado donde los caminos a la mina también llevan a la muerte y
al Cártel de Sinaloa.
La desgracia de los
gambusinos
MINEROS Y SUS NEXOS CON EL CÁRTEL DE SINALOA
Al analizar la base de datos
de los concesionarios mineros en el estado de Sinaloa, se encontró que entre
ellos hay personajes ligados al narcotráfico como Manuel Beltrán Arredondo,
padre de Julio César Beltrán Quintero, “El Julión”, quien al ser asesinado en
2005, en la avenida Obregón de Culiacán, fue identificado por la entonces
Procuraduría General de Justicia del Estado como integrante del Cártel de
Sinaloa.
Se trató de un caso muy
sonado, pues según documentaron las notas periodísticas, sus escoltas —que
también fallecieron— eran policías.
Cuatro años antes habían
asesinado en forma similar al hermano de “El Julión”, Adolfo Beltrán Quintero,
en la ciudad de Guadalajara.
Padre e hijos eran
accionistas de la empresa minera El Sacrificio, con domicilio en la capital
sinaloense y dada de alta el 16 de mayo de 1995, según el acta constitutiva
encontrada en el Registro Público del Comercio.
Originario de Tamazula,
Manuel Beltrán Arredondo tenía minas precisamente en Concordia, entre la
frontera de Durango y Sinaloa, donde después de su muerte se detonó una disputa
por el territorio entre bandas criminales.
Asesinado en 2007, también en
Culiacán, ostentaba los títulos de concesión por 50 años de las minas La
Galeana (20 hectáreas) y San Dimas II (80 hectáreas), expedidos en 2002. Ambas
concesiones fueron cedidas en 2007, a Minera Real de Cosalá SA de CV; y después
en 2016, a Minera Río Pánuco.
Esta última, de acuerdo con
la cartografía minera de la SE, posee 38 concesiones que acaparan al menos 2
mil 981 hectáreas en el municipio, y fue una de las que cerró temporalmente por
la ola de extorsiones, en 2017.
En tanto, Minera Real de
Cosalá está registrada en Culiacán, y se dedica a la exploración y extracción
de cobre, oro y plata, y también es operaria de la mina La Verde, en Concordia.
De ninguna de estas dos
empresas nacionales se encontró el acta constitutiva en el registro público.
Como empresarios y
concesionarios mineros, los narcotraficantes mantienen intereses en la minería
más allá del cobro de extorsiones o de cuotas.
De una época más reciente, ya
cuando las disputas tras la extradición del “Chapo” Guzmán, José Ángel Ibargüen
Campos fue señalado como uno de los lugartenientes del cártel que contaba con
concesiones mineras. Era conocido en la sierra como “El Angelillo”. Fue
asesinado en febrero de 2017, y su muerte precedió a una serie de ataques y
masacres que provocaron los éxodos masivos que vaciaron de su gente a los
pueblos alteños.
Su nombre aparece como
concesionario vigente de la mina Los Ciruelos no. 2 (517.18 hectáreas), en
sociedad con Francisco Javier de la Riva Valdez, Luis Olivarría González y
Eduardo Labrador Ulivarría. También inactiva.
Según el semanario Riodoce,
“El Angelillo” fue presentado por las autoridades federales como líder de un
grupo delictivo vinculado a Alfredo Guzmán Loera, el “Guano”, hermano de
Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Este grupo tiene su bastión en El Palmito, y es
el principal opositor a la banda de Los Valvuleños, a la cual el entonces
secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro Robles García, atribuyó los
hechos de sangre de ese año, y así lo declaró ante el Congreso del Estado el 17
de octubre de 2017, cuando fue llamado a comparecer luego de que el
desplazamiento forzado se salió de control.
24 JULIO DE 2009
Asesinan en Culiacán a Manuel Beltrán
Arredondo, quien fue padre de Julio César Beltrán Quintero “El Julión”,
supuesto operador de Joaquín Guzmán Loera.
Fuentes:
elsiglodetorreon.com.mx
noroeste.com.mx
proceso.com.mx
Aparece como concesionario vigente de
las minas La Galeana (20 has) y San Dimas II (80 has).
10 DE JUNIO DE 2014
Eduardo Labrador Uribarría,
de 37 años, es asesinado junto con otras dos personas en las sierra de
Concordia, con domicilio en El Cuatantal.
Fuentes:
debate.com.mx
Eduardo Labrador Uribarría aparece como
titular de la concesión vigente de la mina Los Ciruelos no. 2 (517.18 has), en
sociedad con Francisco Javier de la Riva Valdez / Luis Olivarria González /
José Ángel Ibargüen Campos
DICIEMBRE 2014
Fueron asesinados Eduardo
Fernando Fitch Valenzuela; y Raymundo Fitch Valenzuela en abril.
Fuentes:
noroeste.com.mx
jornada.unam.mx
Eduardo Fernando Fitch
Valenzuela aparece como titular de la concesión vigente de mina Las Quintas,
que abarca 100 hectáreas.
25 DE JUNIO DE 2015
Óscar Fitch Tovar y sus hijos
Jorge Rigoberto y Heraclio Isaac Fitch Valenzuela fueron asesinados en Pánuco,
Concordia . En diciembre fue asesinado Eduardo Fernando Fitch Valenzuela, y
Raymundo Fitch Valenzuela en abril. Todos de la familia propietaria de la mina
Nuestra Señora del Rosario, mejor conocida como "La Mina de Fitch".
Fuentes:
noroeste.com.mx
En la cartografía minera,
Óscar Rigoberto Fitch Tovar aparece como titular de concesiones vigentes de las
minas: Nuestra Señora del Rosario (21.68 has), Nuevo San Dimas (11 has, en
sociedad con Arturo Rolando Fitch Tovar / Jaime Guinea González), Pánuco número
uno.
FEBRERO 2017
El empresario minero Héctor
Alejandro Garay Flores es asesinado en la colonia Ferrocarrilera de Mazatlán.
Fuentes:
noroeste.com.mx
Héctor Alejandro Garay Flores
es titular de una concesión vigente de la mina El Columpio (34.46 has).
8 FEBRERO 2017
José Ángel Ibargüen Campos es
asesinado en el túnel Las Ventanas, en la supercarretera Mazatlán-Durango en
las inmediaciones del municipio de Concordia. Según las autoridades federales,
el finado José Ángel Ibargüen Campos, el Angelillo, lideraba un grupo delictivo
vinculado a Alfredo Guzmán Loera, el Guano, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán
Loera.
Fuentes:
riodoce.mx
José Ángel Ibargüen Campos
aparece como concesionario vigente de la mina Los Ciruelos no. 2 (517.18 has),
en sociedad con Francisco Javier de la Riva Valdéz / Luis Olivarria González /
Eduardo Labrador Ulivarría.
04 OCTUBRE DE 2017
Caín Rodríguez Corrales fue
asesinado junto con otras dos personas en un supuesto enfrentamiento entre dos
bandos contrarios registrado en el entronque hacia el poblado La Urraca
(Concordia).
Fuentes:
punto.mx
Caín Rodríguez aparece como
titular de una concesión vigente, de la mina Las Quintas (100 has).
Tiempo después, el 29 de
abril de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el robo de oro
está relacionado con el desplazamiento forzado en esta zona, con el ingreso de
gavillas provenientes de Durango.
La normatividad para el
registro de concesiones es tan laxa, que a pesar de las implicaciones de la
explotación minera que involucra el uso de explosivos autorizados por la
Secretaría de la Defensa Nacional, no hay una restricción para que personas
relacionadas al crimen organizado cuenten con títulos mineros, siendo parte del
mercado de especulación del territorio y teniendo a su disponibilidad los
recursos naturales de la nación.
Esto lo confirmó una fuente
de la Secretaría de Economía federal, que es la entidad oficial que regula la
minería en México: “Nosotros somos encargados de la ventanilla, recibimos los
documentos, y si cumple los requisitos, no podemos negar el trámite”.
Por su parte, el ex delegado
de la Secretaría de Economía en Sinaloa, Rafael Castaño Rodríguez, aseguró
desconocer la existencia de concesiones a nombre de estas personas, pero indicó
que si no hay causal de baja, estos siguen apareciendo en el registro de los
títulos mineros, pues no hay una ley o reglamento que lo impida.
Así, Manuel Beltrán Arredondo
pudo hacer las cesiones de derechos a Minera Real de Cosalá, sin ningún
impedimento ni revisión por parte de ninguna autoridad.
El vínculo de empresas
mineras con el narcotráfico no es nuevo. Surgió a la luz pública en 2008,
cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en
inglés) congeló los bienes y cuentas de Rigoberto Gaxiola Medina, Don Rigo,
acusado de narcotráfico y de ser el operador de una red de lavado de dinero
para el Cártel de Sinaloa por cerca de 184 millones de dólares.
Don Rigo, catalogado como
estrecho colaborador del Chapo y constructor de túneles para el trasiego de
droga por la frontera de Nogales, Sonora, fue acusado de blanqueo de activos
junto con trece de sus socios. Entre ellos se encontraba José Manuel Fitch
Tovar, hermano de Óscar, el padre de aquella familia minera asesinada en
Pánuco, entre 2014 y 2015. Pero también otros del mismo grupo familiar.
En la lista negra fueron
incluidas las empresas Minera Rio Presidio, Minera La Castellana y Anexas, Copa
de Plata y la Compañía Minera Del Río Cianury, todas sociedades anónimas de
capital variable con domicilio en Sinaloa.
Fuente: Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
Sin importar estos
antecedentes en la Unión Americana, José Pablo Fitch Parente, uno de los
señalados por participar en la red de blanqueo, registró una nueva empresa a su
nombre en 2014, en la que tenía de socio nada menos que a Don Rigo. Se trata
también de una sociedad anónima de capital variable, la Compañía Minera Río
Tamazula cuyo domicilio se ubica en Culiacán.
Los intereses del narco en la
minería hicieron recrudecer la violencia en los pueblos serranos del sur de
Sinaloa. Académicos lanzaron la hipótesis que todo era para dejar desolada a la
región y facilitar la llegada de empresas transnacionales. Sin embargo, desde
hace tiempo que estas se encuentran en el territorio.
En Concordia, por ejemplo,
existen 215 concesiones mineras en 63 mil 643.48 hectáreas. Compañías
internacionales en sociedad con firmas o concesionarios mexicanos, ocupan parte
importante del territorio, entre ellas Goldplay de México, SA de CV; Skeena México
Supply of the North, Minera Corner Bay, Silverstone Resources y Compañía Minera
Bacis.
En la municipalidad vecina de
Rosario se vive una situación muy similar, donde familias de gambusinos se han
tenido que marchar de sus comunidades y alojado como “invasores” en terrenos
irregulares.
En Rosario se encuentran
vigentes 108 concesiones mineras, que ocupan 101 mil 531.50 hectáreas, donde
las mayores concesionarias son las sociedades anónimas Oro Gold de México,
Minera La Rastra, Inca Azteca Gold, Minera Camargo y Goldplay de México,
empresa que anunció recientemente el hallazgo de 36 millones de onzas de plata
en su proyecto San Marcial.
De manera intermitente desde
2012 se han incrementado las rencillas entre distintos grupos armados,
asociados al narcotráfico. Pero en La Rastra, en el polígono más alto y
apartado de ese lado de la sierra, la violencia prácticamente ha arrasado con
la población. De ser un pueblo de unos 300 habitantes, según el censo de 2010,
en los últimos tres años han muerto asesinadas 50 personas, además de registrar
desapariciones forzadas. El más reciente desplazamiento forzado se registró en
la prensa el mes de abril de 2019, tras un doble atentado que dejó muertos a
cuatro personas.
La violencia que rodea a la
minería no para, lo mismo que los capitales en busca de riqueza.
Cruces en el camino a
Plomosas que recuerdan a los mineros asesinados en los últimos tres años. Foto:
Rafael Villalba.
En la serranía del municipio
de Rosario, varias compañías nacionales y extranjeras realizan operaciones de
exploración y explotación de oro, plata, plomo y zinc. Foto: Rafael Villalba.
ESTE REPORTAJE FUE REALIZADO PARA NOROESTE EN EL MARCO
DE LA INICIATIVA PARA EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN DE LAS AMÉRICAS, DEL
INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALISTS (ICFJ), EN ALIANZA CON CONNECTAS.