viernes, 24 de noviembre de 2017

LA CRUZADA DE LÓPEZ OBRADOR

No tiene duda alguna Andrés Manuel López Obrador en donde radica el problema toral de México. Es la corrupción. En el plan de gobierno que presentó el lunes, todo gira en torno a ese fenómeno. Por la corrupción no se avanza, ni existe desarrollo o crecimiento, pero genera desigualdad e injusticia. Por tanto, se lee con claridad en decenas de las 415 páginas que integran el documento, hay que destruir al sistema que lo ha construido y que lo tiene, tomando las imágenes del discurso de López Obrador, secuestrado por un grupo de personas. Sólo así, es el mensaje, acabando con el dominio de esas minorías, vendrá el renacimiento de la sociedad. No se trata de venganzas políticas, sino de justicia social, es la premisa que recorre todo el proyecto de nación.

El documento que presentó López Obrador al Congreso Nacional de Morena abraza la retórica, como cuando habla de la corrupción como “uno de los mayores flagelos” de la sociedad mexicana, o se introduce en el terreno de los lugares comunes, como cuando menciona “el robo directo de las arcas públicas o en los sobornos para favorecer a determinados agentes económicos” en la obra pública y en las licitaciones. Sin embargo, pese a todo lo cosmético que parezcan estos planteamientos, ¿alguien puede refutarlos objetivamente? Al contrario. López Obrador, que comenzó arando en ese desierto cuando apenas unos cuantos mexicanos estaban interesados en enfrentar la corrupción, está ahora en un océano cada vez más poblado de anticuerpos contra ese fenómeno.
  
López Obrador ha sido congruente y consistente en su denuncia de corrupción de actores políticos y agentes económicos a lo largo de su vida pública, y su biografía es reflejada en el plan de gobierno con la afirmación que durante los últimos cinco años, los casos que se han hecho públicos, han crecido de manera preocupante. “La sociedad ve con enojo y frustración cómo gobernadores y funcionarios públicos de los partidos políticos tradicionales han hecho de la corrupción una práctica normal, mediante el robo directo de miles de millones de pesos, en donde la mayoría de los casos goza de impunidad y protección gubernamental”, indica el documento. Una vez más, la subjetividad de una percepción que se ha ido construyendo como una verdad.

De acuerdo con Transparencia Internacional, citada en el mismo plan de gobierno, el 61 por ciento de los mexicanos piensa que la corrupción ha aumentado y el 51 por ciento admite haber pagado sobornos para poder hacer menos complicada su vida cotidiana, que es el porcentaje más alto en todo América Latina, y muestra una sociedad plagada por la putrefacción de ese mal. México está ubicado en el lugar 123 de 176 países analizados, junto con naciones africanas controladas por líderes tribales o jefes de organizaciones guerreras, y a la par que los déspotas del Medio Oriente y Asia.

El plan de gobierno recuerda la postura de López Obrador sobre la declaración reiterada del Presidente Enrique Peña Nieto de que la corrupción es cultural en México. “La corrupción no es un asunto cultural ante el cual debamos resignarnos, ni una forma de ser de los mexicanos en general, sino una desviación de los gobernantes que puede y debe ser erradicada”, dice. “Por ello resulta fundamental respetar la ley. Si hay voluntad para aplicarla, se puede atacar la impunidad desde su raíz”. El documento no se equivoca. El Instituto Mexicano para la Competitividad, que también es citado, identifica la crisis de representación de los gobernantes frente a los gobernados: 91 por ciento no confía en los partidos políticos, 83 por ciento no confía en los legisladores, y 80 por ciento no confía en las instituciones del sistema judicial. El rechazo es generalizado. En la última encuesta de aprobación presidencial elaborada por la empresa Buendía & Laredo para El Universal, la aprobación de Peña Nieto mostró su cuarta alza del año, y se colocó en 31 por ciento, como resultado del activismo y protagonismo del presidente durante los sismos de septiembre. Sin embargo, la desaprobación -6.4 de cada 10 mexicanos-, sigue siendo la más alta que ha tenido un presidente mexicano en su quinto año de gobierno.
  
Los datos le dan la razón a López Obrador. El énfasis que colocó en el plan de gobierno atiende perfectamente las frustraciones y molestias de la mayoría de los mexicanos. A cuántos de ellos que no forman parte del núcleo duro de electores que tiene -alrededor de una tercera parte del electorado- va a convencer con este planteamiento, aún no se sabe. Sin embargo, la corrupción es el tema que más enciende a los mexicanos. En las cinco variables que presenta el Barómetro de la Corrupción de Transparencia Internacional sobre qué opinan los mexicanos sobre el fenómeno, rechazan las cuatro que tienen que ver con lo que se ha hecho para combatirla, y expresan su disgusto con los niveles de corrupción. El 74 por ciento señala que son las personas, no los políticos, quienes pueden cambiar las cosas.

La lectura de López Obrador es certera en términos electorales. “El estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la corrupción no son los únicos destinos posibles de México”, indica el documento. “Cambiar esta circunstancia nacional siempre ha estado en nuestras manos”. La cruzada que tiene el candidato extraoficial a la Presidencia de la República marcha por una buena dirección para ir ganando adeptos en su tercera búsqueda por el poder. La corrupción se ha vuelto vomitiva y es el único, hasta ahora, que ha dicho de frente que la combatirá. ¿Alguien quiere construir una candidatura competitiva? Este tema es el principio del camino.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 24/11/2017 | 04:06 AM)

EL FRENTE SE ENFRENTA

Las alas del Frente Ciudadano por México están cansándose y las señales son que no sobrevivirá el año. Los síntomas de lo que parece ser una enfermedad terminal lo reveló uno de los dos potenciales candidatos a la Presidencia por esa incipiente coalición, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien dejó entrever que dos de los tres socios en el Frente están pensando dejar fuera al PRD. Al responder una pregunta en el foro político organizado por El Financiero, sobre la posibilidad de que el PRD y Movimiento Ciudadano decidieran jugar con una candidatura conjunta excluyendo al PAN, Mancera sorprendió a todos con la respuesta. Lo que he escuchado, reviró, es que son ellos dos los que están hablando para aliarse sin el PRD, en la candidatura presidencial.

¿Han traicionado a Mancera y al PRD? El Jefe de Gobierno capitalino eludió responder la pregunta. “La gente cambia de opinión”, respondió. ¿Por qué tendría que cambiar de opinión? Eso ya no abundó Mancera, pero con sus declaraciones ha establecido los términos de un eventual rompimiento. La primera señal fue cuando declaró hace ya casi un mes que el método de selección de candidato debía incorporar a los ciudadanos, que evolucionó a una postura más incisiva. “Ni imposición, ni dedazo”, ha dicho en dos ocasiones. Apurado a precisar a qué se refería, Mancera dijo que a una decisión cupular donde el candidato se decidiera en forma cupular de acuerdo con el peso electoral del partido. Es decir, que la candidatura fuera para Ricardo Anaya, el presidente del PAN.
Anaya y sus voceros han planteado en la mesa de negociación del Frente que así tiene que ser y que la candidatura sea para el partido que más posiciones políticas tiene en el País. El PAN gobierna 41 millones de mexicanos en 10 estados, además de encabezar casi 25 por ciento de las presidencias municipales. El PRD gobierna en cuatro entidades, pero ninguna de ellas se encuentra dentro de los seis estados con mayor peso electoral, salvo la Ciudad de México, donde a nivel delegacional y legislativo, perdió el control ante Morena en 2015.


La insistencia de los panistas a que el candidato se decida cupularmente motivó otra declaración de Mancera el martes, donde propuso que no sólo Anaya, sino cualquier otro candidato a la Presidencia, se sometiera a un examen de control de confianza -“para eliminar opacidad y dar certeza a los ciudadanos”, dijo Mancera-, al polígrafo, un examen médico, y que divulgue todos sus bienes patrimoniales -“para que después no vengan con sorpresas durante la campaña”, añadió el Gobernador capitalino-. Esta declaración fue frontal contra Anaya, pero Mancera lo negó en el foro político, aunque insistió que debería ser una exigencia moral para cualquier candidato.

Anaya, que ha sido criticado en la prensa por operaciones inmobiliarias opacas y ha sido señalado de haber aprovechado cargos en la administración pública para beneficiar a su familia política, era el objetivo de las palabras de Mancera, pero no dio acuse de recibo. Tampoco envió ninguna señal a su socio electoral por haberse reunido el viernes pasado con Margarita Zavala, con quien se enfrentó Anaya hasta que renunció al PAN, y con Rafael Moreno Valle, el ex Gobernador de Puebla que aspira a la candidatura presidencial. Sólo silencio ha recibido Mancera de Anaya. Un tratamiento similar ha sido aplicado también por el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el tercer socio de la coalición frentista.


La falta de reclamos no es una buena noticia sino todo lo contrario, pésima. Si las negociaciones estaban selladas con sangre e iban a ir juntos hasta que la elección los separara, la falta de reacción es muestra, pensando convencionalmente, de desinterés. Si dos de las tres partes muestran desdén, la revelación de Mancera que Anaya y Delgado pretenden dejarlo solo, explica el por qué decidió provocar al líder del PAN con sus declaraciones. Si Anaya no le responde, cuando menos en privado, se puede argumentar que dejó de ser útil para sus fines. Sería algo típico de Anaya, cuya biografía política está salpicada de traiciones. Tampoco sería raro de Delgado, quien ha asumido un papel preponderante en las negociaciones del Frente, al mismo tiempo de intensificar su diálogo secreto con el Presidente Enrique Peña Nieto, y con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Siguiendo con esta línea de argumentación, Anaya y Delgado tendrían razones para no seguir la coalición con el PRD y Mancera. La de Anaya está clara en cuanto al peso electoral del PAN, mientras que Delgado, cuyo Movimiento Ciudadano tiene poco peso electoral pero importante en la suma de votos, particularmente en Jalisco, la cuarta entidad con mayor número de electores donde tienen gran presencia, la negociación bilateral le daría mejor rédito en posiciones políticas y presupuestos, que una trilateral donde su posición valdría menos.


Juntos, PAN y Movimiento Ciudadano, de acuerdo con la última encuesta presidencial publicada por El Financiero el lunes, tendrían 23 por ciento del voto, contra 27 por ciento del PRI y Morena. Anaya como candidato, se hundiría al tercer lugar, a más de 12 puntos del puntero, Andrés Manuel López Obrador. Aún así, ¿sería mejor para él jugar sólo con Delgado? Así parece. Nadie le reclamaría una actitud vertical y autoritaria como está haciendo Mancera, pues el incentivo que mueve a Delgado son posiciones políticas y recursos presupuestales. Dinero, no poder. Anaya ambiciona el poder. Mancera quiere a los ciudadanos. Eso no va con el negocio electoral de sus socios en el frente, que parece estar pasando al anecdotario.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 23/11/2017 | 04:07 AM)

REVIVE PLATAFORMA MÉXICO

El mundo mexicano está al revés. Quienes iban a acabar con la violencia en los primeros 100 días administración de Enrique Peña Nieto, se encaminan a ser el gobierno donde mayor muertos, por homicidios dolosos, se hayan registrado, a un ritmo actual de 4 cada 60 minutos. Y quien vio en el gobierno de Felipe Calderón el origen de todos los males en materia de seguridad, decidió que para la pacificación del país, cuando llegue a la Presidencia, recurrirá a la estrategia que precisamente desarrolló el gobierno anterior. Qué paradoja. La Némesis mexicana, como identificaron al gobierno de Calderón, resultó tener la estrategia que mejor funcionaba. De cara al Gobierno federal, porque aquél gobierno sí combatió y comenzó la reducción de los índices de violencia; en el caso del precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, porque pese a su alto número de muertos, en el mediano plazo es lo único que se podía hacer.

Al presentar su plan de gobierno el lunes pasado, el proyecto de López Obrador pasa por el rediseño institucional del área de la seguridad, la coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Prioriza la inteligencia por sobre la fuerza y por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los miembros de los cuerpos policiales. “Ha sido un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico”, dice en el proyecto del plan de gobierno. “Llevamos más de 10 años aplicando esa lógica centrada únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su infraestructura financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres”.

Tiene razón López Obrador, pero en lo cosmético. El documento que le prepararon sus asesores en seguridad toca los linderos del problema de la seguridad pública pero no lo ataca de fondo. El problema de la última década obedece a otros factores más complejos. La violencia en el sexenio de Calderón escaló por el cambio de incentivos en la lucha contra el crimen organizado de los gobiernos anteriores. Previamente, la racional era que sexenalmente se atacaba a un cártel, máximo dos, con lo cual las organizaciones criminales pactaban entre sí plazas y territorios, sin enfrentarse entre ellas y así evitar que al llevar la violencia en las calles, la respuesta del Estado fuera equitativamente violenta.

El viejo esquema -que algunos han caracterizado como un pacto con los cárteles- se rompió por la incompetencia del gobierno de Vicente Fox en la lucha contra el crimen organizado, que en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, pasaron a jugar el rol de autoridad, apoderándose de municipios en esas entidades. Esa pérdida de control territorial llevó a Calderón a dejar de combatir con discrecionalidad e iniciar una guerra de 360 grados, con lo que el incentivo criminal de no pelear entre ellos cambió a la guerra de aniquilación para evitar perder el negocio y la vida. La estrategia de Calderón fue similar a la que se siguió en otros países para enfrentar a las organizaciones criminales en Palermo, Medellín, Nueva York o Miami, donde el costo de vidas se iba a incrementar de manera radical y gradualmente, golpeando con mayor velocidad a que los cárteles podían remplazar a jefes y estructuras, irían ganando la guerra.

El índice de violencia comenzó a bajar en mayo de 2011, pero el equipo de Peña Nieto descalificó por completo la estrategia –porque no la entendió nunca- y señaló que sería mediante la prevención como lograrían bajar la violencia. Dejaron de combatir ocho meses a los cárteles, y ante la pasividad, se fortalecieron. La prevención se redujo a minucias -como repartir lentes a los niños para que pudieran leer y no dejaran la escuela y se integraran a las pandillas- y durante los dos últimos años dejaron de dar presupuesto a ese rubro. Desmanteló Plataforma México, que aportaba inteligencia criminal, y con una visión torcida de la seguridad, la Secretaría de Gobernación absorbió a la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado es que en el gobierno de Peña Nieto la violencia se incrementó a niveles nunca antes vistos y la expansión criminal cubre prácticamente todo el país.

López Obrador, como nadie, quiere que siga esta tendencia de victoria criminal. En el plan de gobierno está su solución. Quizás sin saberlo, pero el proyecto recoge el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y la Legalidad que se firmó -incluidos los entonces gobernadores Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong- en el Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008, donde convierte a la seguridad pública en un asunto de Estado y enumera una serie de acciones de coordinación y estrategia de inteligencia que ejecutó Plataforma México hasta que el gobierno actual la liquidó. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como también la profesionalización de las policías y su mejoramiento salariar, fueron parte del diseño de Calderón, de donde López Obrador también recoge en su proyecto, la restitución de la Secretaría de Seguridad Pública.

El que haya recurrido a una estrategia ya planteada, no debe llevar a la descalificación del plan de gobierno de López Obrador. Más bien, habla de una maduración al sostener que la seguridad pública no debe ser un asunto de interés sexenal sino del Estado Mexicano. La improvisación del equipo de seguridad del Presidente Peña Nieto ya mostró el costo que conlleva la incompetencia. Un sexenio tirado a la basura por los aventureros de este gobierno ha sido demasiado.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 22/11/2017 | 04:02 AM)  

EL MENSAJE DE ANDRÉS MANUEL

Andrés Manuel López Obrador ha invertido tiempo en buscar cambiar la opinión del sector empresarial que en dos campañas presidenciales previas, tomó una abierta posición en su contra, financiando inclusive a sus rivales. En las elegantes residencias de Lomas de Chapultepec, se ha reunido a comer con algunas de las figuras cuyas acciones, al frente de sus empresas, pueden mover el Producto Interno Bruto. Ha hecho lo mismo con los capitanes de la industria en Monterrey, el otro polo de poder económico en México, pero no parece terminar de persuadirlos de que es la mejor opción que tiene el país. Después de todo, como admiten algunos de esos empresarios, están decepcionados de dos sexenios panistas y frustrados porque el regreso del PRI al poder está muy lejos de lo que pensaban sería. Ni sabían cómo gobernar el país y llevarlo a mejor destino, ni habían visto la corrupción tan extendida como en la actual administración.

Este panorama ha hecho lo que Jorge Buendía, la cabeza de la empresa de opinión pública Buendía & Laredo, caracteriza como “un muy mal humor” de los mexicanos en estos tiempos. El 64 por ciento, dijo Buendía la semana pasada en una presentación en el Centro Woodrow Wilson de Washington, piensan que el país va en una dirección equivocada, que es una proporción similar de los electores que votaron en 2012 por otra opción que no fuera Enrique Peña Nieto, se mantienen inamovibles como fuerza opositora. Quien la ha canalizado, según Buendía, es Morena, el partido de López Obrador, que cuando nació oficialmente en 2015 tenía 15 por ciento de opinión positiva, mientras que en 2017 subió 22 puntos, hasta ubicarse actualmente en 41 por ciento.

López Obrador se mantiene, como si le perteneciera, en el primer lugar de las encuestas electorales. Aunque en este momento los estudios miden conocimiento de nombre (rebasa el 95 por ciento de mexicanos que lo conocen), mantiene un núcleo muy sólido entre los electores, que le ha permitido tener garantizada una tercera parte del electorado. Esto no le ha servido, empero, para ganar dos elecciones presidenciales, ni ha sido suficiente para poder montar una oposición social de envergadura como respaldo a sus impugnaciones. Su respuesta ante ello ha sido ratificar sus viejas banderas nacionalistas y mantener su decisión de que en caso de ganar la Presidencia de la República, desmontará las reformas del Presidente Peña Nieto, en particular la energética y la educativa.

Los mensajes de López Obrador no han caído bien entre las clases empresariales y los inversionistas, ante los cuales no ha podido ni querido- modificar si imagen. ¿Hay razones objetivas para el temor a que López Obrador sea Presidente el próximo año? “Siempre existe la posibilidad de que AMLO, por sí mismo, les recuerde a los mexicanos por qué nunca podrán confiarle la Presidencia”, escribió recientemente Richard G. Miles, director de la Iniciativa del Futuro México-EU del Centro Estratégico de Estudios Internacionales en Washington. “López Obrador en un populista autoritario de corazón. Si insiste en deshacer la reforma energética o sabotea las delicadas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o apoya a Venezuela, podría empujar a los votantes hacia opciones menos atractivas pero más seguras. O podría, difícilmente, mantener la auto disciplina y martillar el único mensaje con el que está ganando: todos los demás son unos ladrones”.

El mensaje de López Obrador ha sido una constante en la preocupación de empresarios e inversionistas. En enero, el Financial Times, el diario británico que junto con The Wall Street Journal es el de mayor influencia en esos sectores en el mundo, comparó a López Obrador con Donald Trump, caracterizándolo como “otro populista, antiestablecimiento que esperaría seguir los pasos del Presidente electo de Estados Unidos”. En mayo, Shelly Shetty, una de las directoras de la agencia calificadora Fitch Ratings, dijo que la victoria de López Obrador generaría “incertidumbre y volatilidad” en México.

Hace unos días Niall Walsh, director asociado de Global Risk Insights, escribió que la victoria de López Obrador comprometería la potencia regional de México. “Los inversionistas internacionales favorecen instituciones fuertes y estables, y temen de líderes populistas que amenazan con desmantelar las normas y las estructuras burocráticas”, agregó. “Considerando su disposición a prevenir la implementación de las reformas pro-mercado, el potencial de la elección de AMLO traería negatividad en los mercados. Sería probable un declive en el valor del peso, acompañado por una reducción en el crecimiento, comparado con otras economías latinoamericanas”.

Las preocupaciones del capital mexicano y extranjero nacen de su programa de gobierno, donde ven una modificación de la competencia del mercado por un modelo de sustitución de importaciones, que fue la política económica que mantuvieron los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo que metió a México a 12 años de crisis profunda. No les gusta su lenguaje, como donde dice que la privatización es sinónimo de robo, o cómo concilia sus propuestas de ampliación del gasto público y proyectos de obra pública e infraestructura, sin un plan de ingresos que no sea la captación de recursos mediante la reducción de la corrupción, o iniciativas muy atractivas para el electorado pero sin impacto real en las finanzas públicas, como la venta del avión presidencial.
Al presentar López Obrador este lunes una síntesis de nueve páginas de su Plan de Desarrollo, no disipó los temores. Más bien, en el concepto general de su programa se mantienen los mismos objetivos que ha venido plateando por meses y que hacen que lo vean en amplios sectores con reservas y antagonismos.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 21/11/2017 | 04:06 AM)  

2018: EL FACTOR VIDEGARAY

En más de una ocasión, el Presidente Enrique Peña Nieto ha dicho en privado que cuando se revele el nombre del tapado, será sorpresa para todos porque nadie se lo esperaba. ¿Cuál podría ser esa sorpresa? De entrada, ninguno de los cinco secretarios cuyos nombres se encuentran en la palestra desde hace semanas. ¿Eruviel Ávila? El ex Gobernador del Estado de México y líder del PRI en la Ciudad de México, es el priista mejor visto de todos los aspirantes a la candidatura presidencial, según las encuestas que tiene Peña Nieto pero, ¿otro mexiquense sentado en la silla presidencial? Si todos ellos no, ¿quién realmente sería una enorme sorpresa que a la vez mandara un mensaje al PRI, a los empresarios y a los inversionistas extranjeros? Sólo uno está en esa categoría, Luis Videgaray.

El Secretario de Relaciones Exteriores se ha descartado para aspirar a la candidatura presidencial, por considerar, de acuerdo con sus cercanos, que tiene dos lastres: la cercanía con Peña Nieto y la reforma fiscal-. Parece haber quedado olvidado otro negativo, la mancha de ilegitimidad por su casa de descanso en Malinalco, adquirida a través de un crédito con tasas por debajo del mercado, que le dio el empresario Juan Armando Hinojosa, que realizó la operación inmobiliaria de la casa blanca.

La cercanía con el Presidente es el motor principal para su autodescarte, y ha sido un argumento esgrimido en la selección de otros candidatos como un lastre, no un activo, en la designación de un candidato. El último donde elaboró ese argumento fue con Alfredo del Mazo, primo en octavo grado de Peña Nieto. El resultado electoral, aunque muy apretado y negativo para el PRI, le dio la Gubernatura a Del Mazo, con lo cual la posición de Videgaray quedó disminuida.

Videgaray, además, tiene lo que ningún otro en el Gabinete, la dependencia que de él tiene Peña Nieto. Se conocen desde que Peña Nieto, como Secretario de Administración del Gobernador Arturo Montiel, pagaba los honorarios a Protego, la consultora de Pedro Aspe que elaboraba los libros blancos del gobierno, y cuyo enlace era Videgaray. Peña Nieto lo hizo Secretario de Finanzas, coordinador de su campaña presidencial y diputado. En el Gobierno federal no sólo le cumplió su deseo como Secretario de Hacienda, sino que su equipo analizó los perfiles de quienes había sido seleccionados por Peña Nieto para su Gabinete. Es decir, tenía la capacidad de veto, como pasó con algunos potenciales secretarios que nunca llegaron a serlo por la opinión negativa que emitió el consejero de Peña Nieto, una especie de Nicolás Maquiavelo y José Fouché.


Fue idea de él invitar a Donald Trump como candidato a la Presidencia, y el fiasco político y público por esa iniciativa, mas la presión del Presidente Barack Obama, provocó que Videgaray pagara con su renuncia el chasco de Peña Nieto. Hace no mucho, sin embargo, en una plática con Susan Rice, quien fue su directora del Consejo de Seguridad Nacional, transmitió el sentir de Obama a la entonces Canciller Claudia Ruiz Massieu, reconoció que la visita de Trump a Los Pinos no tuvo ninguna incidencia sobre la campaña o el resultado electoral. La victoria de Trump en las elecciones reivindicó a Videgaray ante los ojos de Peña Nieto, quien no alcanza a distinguir entre una decisión mal tomada y una correctamente aplicada, sin importar el resultado de ella.

Imposible de vivir políticamente separado de él, le encargó supervisar la campaña electoral en el Estado de México, en la cual se involucró durante el proceso de designación de candidato, y le pidió establecer una relación directa con Trump, que construyó a través de su yerno y asesor, Jared Kushner. Esa relación le ha dado un acceso privilegiado en la Casa Blanca como prácticamente ningún extranjero tiene, que si bien no ha cambiado los fundamentos dogmáticos del Presidente estadounidense sobre México, ha impedido que sus arranques terminen de demoler la relación bilateral.

Peña Nieto depende enormemente de Videgaray, su alter ego, que le dio densidad y destino a su Presidencia, con la construcción del Pacto por México. En la Cancillería, el peso de Videgaray en la política palaciega le ha permitido modificar años de ostracismo en líneas diplomáticas y seguir operando temas de política interna tantas veces como Peña Nieto -que son más de las normales para quien ocupa la cartera de exteriores- lo necesite. Nadie como él, con la exposición en el mundo, con la experiencia en dos carteras fundamentales como Hacienda y Relaciones Exteriores, con dos campañas sobre su espalda y cargos de elección popular, tiene el palmarés idóneo para una candidatura presidencial.

Peña Nieto también dice que engañará con la verdad, que bien cabría en la figura de Videgaray. El único problema que se le ve, en este momento, es que ha dicho en público y en privado que no quiere la candidatura. Prefiere, como ha sido su constante en los últimos años, estar en la mesa donde se deciden las cosas, el hábitat en el que mejor se siente y opera. Sin embargo, no hay que olvidar que meses antes de que se decidiera la candidatura en el Estado de México en 2011, dijo que le gustaría, pero haría lo que el Gobernador, decidiera. En ese entonces, Peña Nieto lo hizo a un lado. En esta ocasión, una vez más y pese a lo que diga Videgaray, el Presidente priista tiene la palabra y decisión sobre su futuro y el candidato del PRI.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 17/11/2017 | 03:00 AM)  

2018: QUÉ HACER CON ANAYA

Las dudas sobre si Ricardo Anaya, el líder nacional del PAN, va a aceptar someterse a un proceso democrático y abierto para definir la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, que tiene escasa una semana para concluir esos acuerdos y formalizar una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano en el Instituto Nacional Electoral, no deben ser motivo de discusión. La biografía política de Anaya permite afirmar que si él no es el candidato del Frente, va a romper con sus eventuales socios e ir solo a la elección de 2018.

Anaya no tiene palabra ni respeta compromisos. ¿Por qué esperar a que cumpla con su palabra con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que le disputaría la candidatura?

Pero sólo para efectos de argumentación, aún si Anaya entrara a un proceso de competencia real y no de imposiciones donde ganara la candidatura, no es la mejor opción que pueda tener el Frente para elección presidencial. En el entorno de Anaya piensan lo contrario, y de manera indirecta lo avalan expertos en opinión pública, porque su discurso, como el de Andrés Manuel López Obrador, apela a los inconformes, que es el principal atributo que hoy se le asigna a cualquier aspirante a la Presidencia. Según Consulta MItofsky y Buendía&Laredo, entre el 40 y el 50 por ciento del electorado, dan al PRI como la primera respuesta del partido por cuál partido nunca votarían.

Es decir, el discurso anti gobierno y disruptivo es lo que da más réditos políticos, por lo que el enfrentamiento de Anaya con el Presidente Enrique Peña Nieto, le ha aportado conocimiento nacional -que ha crecido en los últimos meses-, y el perfil contestatario tan apreciado por el electorado en estos tiempos. Sin embargo, a diferencia de López Obrador, que ha sido consecuente y consistente en su discurso de oposición, Anaya se colocó en ese lugar después de acompañar a Peña Nieto y a su gobierno durante el proceso de implementación legislativa de las reformas económicas. Su choque con el Presidente obedece a que al incumplir los acuerdos con Peña Nieto con respecto a la elección para Gobernador en el Estado de México -aparentemente ser instrumento para restar votos a Morena-, el conflicto entre ellos se volvió personal.

Después de las elecciones mexiquenses, Anaya buscó una cita con Peña Nieto, pero nunca se le dio. Por el contrario, se endureció la campaña de El Universal en su contra. La campaña, extendida a otros medios, cuestionó la riqueza de su familia política, que creció a la par de su carrera en la administración pública en Querétaro, de donde es originario, y se han divulgado documentos de sus gastos en Atlanta, donde vive su familia, hechos con dinero en efectivo para no dejar rastro de sus ingresos y egresos en el sistema bancario estadounidense. Anaya siempre ha defendido su riqueza y asegurado que todos tienen una lógica patrimonial y no proceden de evasión fiscal ni tienen origen oscuro.

Anaya se encuentra en un punto sin retorno. La confrontación con Peña Nieto y el PRI seguirá, aunque no se sabe qué alcances pueda tener. En todo caso, el líder del PAN se está convirtiendo en un lastre de manera acelerada. Por un lado es la vulnerabilidad de su figura ante las acusaciones sobre el manejo de su fortuna, y por otro, el manejo patrimonialista con el que ha manejado el PAN con el único propósito de alcanzar la candidatura presidencial, que ha provocado fracturas y renuncias en el partido que lo han debilitado como fuerza política.

En las condiciones actuales, el análisis es si Anaya y lo que representa en el PAN hoy en día, sigue siendo un activo o un lastre. Indiscutiblemente, el PAN, suma votos y fuerza al Frente Ciudadano. El problema estriba en la obsesión de Anaya por la candidatura presidencial y lo pernicioso de su comportamiento político. El Frente no puede dudar en estos momentos y debe optar por romper con él. El PRD puede consolidar sus acuerdos con el Movimiento Ciudadano y abrirse a otros partidos, como Nueva Alianza, que reclama para sumarse a la coalición que el método sea abierto, y el Partido Verde, que anda en busca de nuevos aliados.

Según la última encuesta pública de preferencia por partidos, elaborada en octubre por Consulta Mitofsky, el Frente ganaría la elección con 21.2 por ciento del electorado, Morena y el PT detrás con 16.4 por ciento, y el PRI, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, con 14.8 por ciento. Visto individualmente, el PAN tiene 19 puntos de preferencia electoral por 5.1 del PRD y 1.2 de Movimiento Ciudadano. Parecería una locura que si el PAN aporta tanto al Frente -12.7 por ciento-, el camino debe ser romper con Anaya. Si se ve con la frialdad de la racionalidad numérica, ciertamente es un error. Sin embargo, a lo objetivo se le tiene que sumar lo subjetivo en este caso, que es la volatilidad objetiva del carácter de Anaya en todos los sentidos, menos en la traición.
  
Separarse de él es la mejor opción electoral, seguido de un intenso trabajo en los próximos cuatro meses para elevar el porcentaje de preferencia electoral nacional y convertir la coalición en una opción de voto real y atractiva en el escenario electoral polarizado que se pronostica. Mantener la esperanza que Anaya aceptará una competencia equitativa por la candidatura y reconocerá su derrota, es un suicidio político que arrastrará a los partidos que decidan apoyarlo, bajo cualquier escenario posible hoy en día.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 16/11/2017 | 02:00 AM)  

GRUPOS ARMADOS EXPULSAN A DOS MIL INDÍGENAS DE SUS CASAS EN CHENALHÓ, CHIAPAS (VIDEO)


Un párroco señala que ocho comunidades del municipio de Chalchihuitán fueron expulsadas por la irrupción de personas que portan armas de alto poder.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ 24 DE NOVIEMBRE 2017)

MÉXICO, UN ESTADO EN ABANDONO: SIN FISCAL, SIN INVESTIGACIONES Y CON AUMENTO DE VIOLENCIA: ARISTEGUI (VIDEO)


¿Qué está haciendo el Estado Mexicano en materia de seguridad? No mucho, como se puede apreciar en la cifras", comentó Carmen Aristegui, quien advirtió que no se puede permitir más la inacción de las autoridades, ni que estén "nadando de a muertito" para heredar el problema a la próxima administración.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ 24 DE NOVIEMBRE 2017)