lunes, 4 de junio de 2018

LA PAZ Y LOS CABOS, SERÁN PRIMEROS MUNICIPIOS SIN AGUA DE AMÉRICA


La situación de la disponibilidad del agua en el municipio de La Paz se ha vuelto crítica, por lo que no tarda en ser declarado como el primer municipio sin agua de América, junto con Los Cabos donde el vital líquido ha escaseado con una tendencia de agotamiento que ha puesto en situación de alerta a las autoridades.

El Frente Ciudadano en Defensa del agua y de la vida, señalaron que “A pesar de que las investigaciones de connotados expertos de nuestras instituciones de investigación (además de los datos de CNA) nos demuestran que NUESTROS ACUÍFEROS ESTÁN CADA VEZ MÁS SOBRE-EXPLOTADOS; para magnificar aún más el problema, un grupito de pro-mineros propone que los PONGAMOS EN RIESGO con los mega proyectos de minería “responsable” o “sustentable” (incluyendo a Los Cardones-TV Azteca), solo para que Salinas y los dueños de las otras mineras se hagan aún más ricos”.

Y es que siguiendo la publicación de California Hoy En la actualidad en La Paz se tiene un déficit de menos 17.8 millones de metros cúbicos disponibles en los acuíferos de Los Planes, El Coyote, La Paz, Alfredo V. Bonfil y El Carrizal. Gran parte de esa agua en forma racionada se utiliza para actividades agrícolas y la mayor parte se reserva para el consumo de la ciudad.

En Los Cabos está en números rojos el acuífero de Santa Anita que abastece a San José del Cabo y la zona hotelera del corredor turístico además del 60 por ciento del puerto de Cabo San Lucas. El resultado es que en el presente no hay agua disponible y para el 2020 se espera que entre en operación una nueva planta desaladora para Cabo San Lucas.

En el caso de La Paz, también hay una sobre explotación de los acuíferos y al ritmo que se sigue antes de un año habrá una grave crisis de escasez, de acuerdo a las estimaciones.

No hay sobrecarga de los acuíferos y la disponibilidad actual del líquido vital está en un déficit nunca antes visto.

Los sudcalifornianos son los mexicanos con menor disponibilidad de agua dulce por habitante, 785 metros cúbicos por año, cuando el promedio nacional es de 4,200, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Esta escasez es consecuencia de sus condiciones climáticas e  hidrológicas, pero también al aumento de la población, falta de infraestructura y fallas en las redes de distribución.

EN EL 2011 GREENPEACE ADELANTÓ

Las organizaciones alertaron que 35 por ciento de los acuíferos de la entidad, es decir de 14 de 39, ya están sobreexplotados. Acuíferos como el de La Paz, Los Planes, Vizcaíno, San Ignacio, San José del Cabo y San Lucas presentan un déficit año con año, de acuerdo con el estudio “Disponibilidad de Agua Subterránea en BCS” de Comisión Nacional del Agua, del año 2010.

Los defensores del agua señalan que por lo anterior “es de IMPORTANCIA VITAL IMPEDIR LA MEGA MINERÍA SOBRE NUESTROS ACUÍFEROS y ÁREAS DE RECARGA, pues los CONTAMINARÍAN de manera IRREVERSIBLE, con todas las consecuencias observadas en los sitios ya contaminados por la minería: Grave afectación a la SALUD de la población, evidenciada por una gran cantidad de estudios médicos que demuestran que la CONTAMINACIÓN MINERA incrementa de manera muy significativa el índice de CÁNCER y otras graves enfermedades; alto impacto negativo a las HABITUALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, etc.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ AGUEDA BAROJAS  /03 JUNIO 2018)

TERROR EN PUERTO PEÑASCO. Y LA ENCUESTA DE REFORMA



Y mientras todos ocupados en la prospectiva, el análisis de encuestas y las intenciones del voto, en Puerto Peñasco están pasando cosas graves.

Un grupo de choque integrado por hombres armados de bates, tubos y machetes irrumpió en el relleno sanitario, agrediendo al gerente de la empresa Tec Med, concesionaria del servicio de recolección de basura en aquel municipio, la emprendieron a golpes contra Saúl Madero Torres, dejándolo con un brazo fracturado y golpes contusos en diferentes partes del cuerpo.

Según su propio testimonio, durante la agresión se fingió muerto para que no lo siguieran apaleando, pero pudo escuchar cuando Jesús Cota, dirigente del sindicato de empleados municipales daba la orden para que lo asesinaran.

La información fue difundida por el colega y amigo Julio César Ortega Quiroz, en un video donde la víctima explica que el pasado martes, un grupo de hombres encapuchados (a excepción de Jesús Cota, que tenía el rostro descubierto) llegaron para agredir al personal del relleno sanitario.

El antecedente es que el sindicato emplazó a huelga a la empresa para el pasado 25 de mayo, pero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje falló en contra del emplazamiento, toda vez que los trabajadores de Tec Med no están afiliados al sindicato del ayuntamiento.

Durante la agresión se solicitó el auxilio de la policía municipal, pero los agentes llegaron hasta que los facinerosos se habían retirado. De hecho, uno de los agentes dijo que custodiaría la ambulancia en que trasladaron al gerente de Tec Med al hospital, para cuidar que no volviera a ser agredido, pero en el trayecto abandonó la ruta.

El pasado 25 de mayo, el dirigente sindical colocó las banderas rojinegras en los accesos al relleno sanitario, pero éstas fueron retiradas por personal de la empresa después de conocer el fallo de la autoridad laboral.

Jesús Cota se retiró, amenazando con volver con una grúa para romper las puertas de acceso. No lo hizo así, pero regresó con algunos de sus compañeros y con marros rompieron los candados. Esa vez la policía municipal se lo llevó esposado, pero ese mismo día quedó libre.

De acuerdo con el testimonio de Saúl Madero Torres, no tiene elementos para suponer que Jesús Cota y su gente obedezcan a alguna consigna del alcalde Kiko Munro, pero se le hace muy sospechoso que la policía no actúe.

Desde los primeros meses de la administración municipal, el ayuntamiento suspendió el pago a la empresa Tec Med y desde entonces el tema de la recolección de basura ha vuelto a ser uno de los principales problemas en la comunidad. Pero ese pago se está negociando, aseguró el afectado, por lo que quizás no sea la causa del enfrentamiento.
Hasta el momento de hacer pública su denuncia, ninguna autoridad municipal ni estatal (agente del ministerio público) se había acercado con Torres Madero para tomarle su declaración, aunque advirtió que interpondrá las denuncias correspondientes.

En el contexto de una contienda electoral que se antoja muy reñida en el puerto, las autoridades deben poner especial atención a esta que pudiera convertirse en una escalada de violencia con funestas consecuencias.

II

Y a prácticamente un mes de que concluya el proceso electoral, el que no cesa en su empeño de seguir abriendo un boquete al de por si alicaído PAN, es el hoy convencido morenista Francisco Vázquez, uno de los más fieros defensores del padrecismo cuando militaba en sus filas.

Vázquez pretendió la candidatura del PAN a la alcaldía de Huatabampo, pero fue dejado en el camino por la nomenklatura blanquiazul, que de decidió por Ramón Díaz Nieblas. Pancho Vázquez entonces migró hacia Morena, donde Alfonso Durazo le dio el nombramiento de enlace con la sociedad civil.

Desde allí, ese experimentado operador electoral del blanquiazul ha recorrido el estado cooptando para la causa del Peje a varios liderazgos del PAN.

Pero ahora no sólo ha sumado liderazgos del PAN, sino del PRI y de la sociedad civil.

Su más reciente “gracia” la hizo ayer en Agua Prieta, donde anunció la incorporación de Pepe Moreno, quien fuera presidente del comisariado ejidal y buscara, sin conseguirlo, la candidatura independiente a esa alcaldía.

Junto a él, se sumaron a la campaña de Morena: Pedro Manzo, dirigente de la CTM municipal; Efraín Ramírez, líder del Stirt en la localidad; Raymundo Gastélum Benavides, dirigente de la CCI; Alfonso Bañuelos, dirigente deportivo; Magali Moreno Montaño, presidenta de la fundación “Ponte en sus zapatos”; Jessica Muñoz, boxeadora; Claudia Victoria Pérez, dirigente de una organización de mujeres; Norma Martinez, de la Asociación Sembrando Sonrisas y Olivia Villa Dupont, de la Asociación de mujeres Transformando Agua Prieta.

Todos estos personajes fueron sumados por Pepe Moreno y según sus cuentas, representan en conjunto a unos siete mil simpatizantes.

III

GUARDEN TODO. El periódico Reforma dejó ese sitio poco edificante donde el Peje agrupa a la prensa fifí vendida a la mafia del poder, y ayer prácticamente le alzó la mano a Andrés Manuel López Obrador, al colocarlo a la cabeza con 52 por ciento de las preferencias electorales, contra un 26 de Ricardo Anaya, un 19 de José Antonio Meade y un 3 de El Bronco.

Ni sumados los otros tres contendientes, alcanzan al puntero, de acuerdo con este estudio que, desde luego, fue aplaudido a rabiar por los pejeliebers, y descalificado agriamente por sus oponentes.

Si las cosas están así, ya pudiéramos ir guardando todo, relajarnos plácidamente en alguna palapa marisquera y esperar el 1 de julio a que las cosas fluyan como dice Reforma.

El asunto sin embargo, no es tan sencillo. En los últimos días, y acaso por esa marcada intención del voto por el candidato de Morena, han salido a la palestra los principales capitanes del poder económico, con sendas cartas en las que llaman a sus empleados al ‘voto razonado’ y, sin llamarlo por su nombre, advierten los riesgos de un voto a favor del tabasqueño.

Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Grupo Bal), Héctor Hernández Pons Torres (Grupo Herdez y Vasconia) advirtieron a sus empleados sobre los riesgos de votar por el Peje.

El asunto no es menor. Antes bien, podría significar el recrudecimiento de la guerra entre esa parte del poderoso sector empresarial que cierra filas en torno a un llamado a votar por el que sea, menos el Peje, y el propio Peje.

¿Qué tanto podría modificar esto, a 30 días de las elecciones, los indicadores de intención del voto, y las mismas votaciones? Es un enigma y, aunque todo parece indicar que no hay modo humano de revertir tendencias, la polarización social que habremos de atestiguar en esta recta final puede no tener nada que ver con lo que hasta ahora hemos vivido, y que no ha sido poca cosa.

La única forma de alcanzar la transición pacífica, es un resultado abrumador e inobjetable, pero si las tendencias se cierran el “día D”, echando por tierra las encuestas como ha pasado en otras ocasiones, los escenarios de ingobernabilidad podrían alcanzar niveles nunca vistos.

Y los días subsecuentes a la elección, con lo que parece un inminente triunfo del tabasqueño y un escenario de puentes rotos con el gran capital, serían francamente impredecibles.

Ya veremos.

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(DOSSIER POLITICO/ ARTURO SOTO MUNGUÍA /2018-06-04)

UN ENGAÑO, EL FIDEICOMISO PARA SANEAR DAÑOS DE LARREA EN SONORA



No se incrementaron los recursos, denuncian comités

El Fideicomiso del río Sonora incumplió con compromisos asumidos en 2014 para atender a la población afectada por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi debido al derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México. Dicho instrumento cerró con un ejercicio de 2 mil millones de pesos y no se realizó el acuerdo de incrementar los recursos, como establece el convenio.

Afectados –que llegaron a ser alrededor 20 mil en ocho municipios sonorenses– formaron comités de cuenca para demandar el cumplimiento de los apoyos. Con asesoría de Grupo Poder, encontraron, por ejemplo, que no se establecieron las 36 plantas potabilizadoras, sino sólo ocho, aunque no todas operan; la unidad médica para tratar las intoxicaciones no se instaló, el edificio quedó en obra negra, y tampoco se reactivó el sector agropecuario, entre otras fallas.

Tras el derrame mencionado, ocurrido el 6 de agosto de 2014, Grupo México –propiedad de Germán Larrea– y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales convinieron establecer el fideicomiso, en el cual la empresa se comprometió a aportar 2 mil millones de pesos para atender “afectaciones a la salud pública, los ecosistemas y la infraestructura dañada por la contaminación”, sustentados con recursos de la empresa. En el artículo tercero del convenio de ese instrumento se establece el compromiso de elevar el monto si resultaba insuficiente para dar cumplimiento a sus fines.

El fideicomiso cerró en febrero de 2017, sin llevar a cabo todas las obras, señaló el Grupo Poder, así como un informe de Baskut Tuncak, relator especial de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las obligaciones de derechos humanos relacionados con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y desechos peligrosos.

En ese instrumento se ejercieron 2 mil 17 millones de pesos, de los cuales 8.4 millones fueron para hacer el libro blanco; 125 millones para rehabilitación de pozos; 32 millones se ejercieron en comunicación social, y 5.1 millones en servicios notariales. También, 350 millones para el programa de vigilancia epidemiológica, así como supervisión de agua, aire, suelos y reforestación, de acuerdo con el reporte final de gastos.

El informe del relator de la ONU, divulgado en mayo, señaló, entre otras irregularidades, que las plantas potabilizadoras no funcionan. “Uno de los avances que la empresa y el gobierno manifiestan es la apertura de nuevos pozos, pero esta accioìn se ha realizado en la regioìn afectada con el uso de normas que estaìn por debajo de los estaìndares internacionales, lo cual viola el derecho humano al agua salubre y de calidad”.

Agrega que los anaìlisis de agua que presenta el portal del Fideicomiso del río Sonora “no explicitan coìmo se disenÞoì el muestreo, y la periodicidad con la que se presentan los datos no es adecuada. La falta de rigor de vigilancia del fideicomiso no permite considerar sus resultados como concluyentes”.

En el reporte de resultados, el organismo indica que “tras una permanente vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrológica, se puede asegurar que la del río Sonora y los pozos que abastecen de líquido potable a los cerca de 23 mil habitantes, cumplen con las normas de salud y de medio ambiente aplicables en el país”.

(DOSSIER POLITICO/ TOMADO DE: LA JORNADA/ 2018-06-04)

LOS PRIMEROS CAÑONAZOS


Andrés Manuel López Obrador olió la sangre de la victoria en Tamaulipas. La semana pasada instruyó a su coordinador electoral en esa región, Ricardo Monreal, comenzar la batalla contra el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien en junio de 2015, con una votación arrolladora, le arrebató al PRI el poder estatal que siempre habían tenido, con lo que demostró recursos políticos, económicos y capacidad de movilización, que tienen preocupado al puntero en las preferencias presidenciales. La motivación de López Obrador debe ser preventiva, ya que avanza -según las encuestas- a conquistar el estado, y debe querer que nadie se lo impida. El problema es el patrón nacional donde se han roto las normas de convivencia y se está arrastrando a los ciudadanos al estado primario en el que se encuentran combatiendo los actores políticos.

La semana pasada Monreal ofreció una conferencia de prensa en Ciudad Madero, donde nadie imaginaba en dónde terminaría. “Le hago un llamado al Gobernador para que no meta las manos, ni él, ni su gente”, comenzó Monreal sin mostrar evidencia que apoyara su denuncia sobre injerencia ilegal en el proceso electoral. “Hemos tenido una actitud de respeto para él. No queremos que esa actitud se pierda. Andrés le manda decir al Gobernador que no se meta. Por mi conducto, le manda decir que no actúe de manera ilegal”.

La prensa tamaulipeca buscó al Gobernador García Cabeza de Vaca para conocer lo que pensaba de las imputaciones de Monreal, y conforme avanzaba su respuesta, el lenguaje fue subiendo de tono, semántico y acusatorio. “Hemos sido muy respetuosos del proceso electoral, pero en particular hemos sido muy respetuosos con las leyes electorales en Tamaulipas”, comenzó. “Si existe algún elemento que tenga él conocimiento o alguien de algún partido político de irregularidades en el proceso electoral, que meta las denuncias correspondientes. Nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestras convicciones de apoyar y respaldar todas las acciones que sean encaminadas a desarrollar un proceso democrático”.

Entonces, se dispararon los cañonazos. “Yo le recordaría a él”, dijo García Cabeza de Vaca de Monreal, “que lo corrieron de la Ciudad de México por corrupto. Por eso no fue candidato a (la jefatura de gobierno de) la Ciudad de México. Esa no es una presunción, es una realidad. Que no venga a descargar su ira e impotencia con esa actitud amenazante que no ayuda en nada a este proceso electoral”. La respuesta de Monreal llegó cargada de ira:

“Llamé de manera respetuosa a que el Gobernador sacara las manos y los pies (eso no lo dijo en un principio) del proceso. Era un llamado respetuoso pero reaccionó de manera violenta el Gobernador del estado de Tamaulipas. Yo le recuerdo que una de las características que debes asumir como gobernante es la prudencia, la serenidad, la sensatez; no el hígado porque siempre pierdes. Hice señalamientos puntuales en un afán de buena fe. Reaccionó violentamente e hizo una acusación. Le exijo que lo demuestre. Dijo que había salido de la Ciudad de México por corrupción. Tengo 40 años en el servicio público; he sido tres veces diputado; dos veces senador; gobernador y delegado de la Cuauhtémoc.

“No voy a permitir que un Gobernador como él esté difamando. Por eso le exijo que demuestre en qué parte, con qué juez, o con qué órgano de control estoy acusado y sancionado por corrupción. Y si no, que se retracte y ofrezca una disculpa. Yo tengo expedientes, lo recordarás Gobernador, del 2009, de la averiguación de la SIEDO, la 012, y sabes muy bien a lo que me refiero. No sé por qué estás gobernando. No sé por qué estás impune, pero es un asunto de la autoridad que tendrá que responder”.

La averiguación a la que se refirió Monreal es la PGR/SIEDO/UEJDCS/012/2009, que contiene la declaración ministerial de Antonio Peña Argüelles, a quien una corte federal en San Antonio encontró culpable en 2014 de haber lavado dinero para el Cártel del Golfo y Los Zetas, así como de haber sido intermediario entre esas organizaciones criminales y el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos como parte orgánica de esos cárteles. Peña Argüelles declaró que en 2004 le pidió Yarrington conseguir apoyos económicos del Cártel del Golfo para inyectar a la campaña de García Cabeza de Vaca a la Alcaldía de Reynosa. La investigación, hasta donde se sabe, sigue abierta.

Monreal fue más allá en el reto al Gobernador. “Estoy acostumbrado a enfrentarme a sátrapas, a tiranos, a este tipo de personajes autoritarios”, dijo. “No les tengo temor. No soy tu lacayo ni tu bufón. No te estás enfrentando con uno de tus lambiscones. Te voy a enfrentar con la ley en la mano”.

A la velocidad de una declaración y una respuesta, el conflicto electoral se volvió en uno judicial, pendenciero, amenazante y totalmente alejado del proceso democrático en el que todos pregonan se encuentra México. Qué más falsedad en la retórica extendida que lo que este episodio desnuda. Vivimos en un conflicto que cada vez profundiza su división, alimentados por un espíritu vengativo, abundante en intolerancias, donde las pieles son muy suaves y los rencores muy profundos. Ya no hay puntos medios. La polarización dejó de ser polar y tiene múltiples expresiones de discordia y encono. El 1 de julio no será el mejor o el peor día de unos y otros tras el resultado electoral. El día 2, si las cosas siguen por este derrotero, empezaremos a ver el fruto de nuestra furia.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 04/06/2018 | 04:05 AM) 

ÁRBITRO CHAFA


El mejor trabajo de un órgano electoral es cuando no se nota. El peor, cuando está en el centro del escenario como el protagonista principal. Desde hace tiempo esto es lo que ha pasado con los consejeros electorales, cuyo presidente es Lorenzo Córdoba. Siempre están involucrados en asuntos contenciosos, con los tribunales, con los partidos, con los candidatos, con los medios de comunicación. El Consejo Electoral del INE tiene mucho de temerario y arbitrario. Pero también, suele estar metido en problemas por sus propias contradicciones. La última tiene que ver con la legalidad de la candidatura que registraron de Nestora Salgado; la que viene, legalidad de la candidatura que registraron de Napoleón Gómez Urrutia.

Los consejeros electorales han estado atrapados toda la semana en sus propias declaraciones. Al iniciar la semana no veían ningún error u omisión de su parte al haber otorgado el registro de candidatura a Salgado, candidata plurinominal de Morena al Senado, pese a tener doble nacionalidad. A la mitad de la semana ya habían matizado su opinión, y consideraban que al no haber denuncia no tendrían por qué intervenir en revisar su legalidad, cuando menos por ahora. Al no ser un caso “público y notorio”, dijo el consejero Benito Nacif, tendrá que haber una denuncia para investigarse, y esto, hasta después de las elecciones.

Los consejeros están atrapados en lo que llaman actos de buena fe, y sus omisiones legales. El artículo 32 constitucional establece que “la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”. Se puede restablecer ese derecho pleno, siempre y cuando, como señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Nacionalidad, se presente la renuncia vía certificado de nacionalidad a los mexicanos a los que otro Estado atribuye diversa nacionalidad.

El problema para los consejeros electorales es que fue tan abierto el tema de la doble nacionalidad, tan público y notorio, que la propia Salgado afirmó hace unos días que no renunciaría a ser estadounidense. Se burló de ellos o los desafió. El Instituto Nacional Electoral ya admitió que cometió un error al revisar la documentación de Salgado, y está abierta la posibilidad de que, en caso de ganar, nunca se le otorgue la constancia de mayoría. Pero si sucede con Salgado, tendrá que pasar también con Gómez Urrutia, candidato plurinominal de Morena al Senado. Gómez Urrutia tiene la nacionalidad canadiense y sólo presentó su certificado mexicano de nacionalidad. Los consejeros se lo aceptaron y cometieron un error: lo que vale es el certificado del gobierno canadiense que le retira la ciudadanía. Ese documento, no existe.
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El Consejo Electoral del INE ha tenido una serie de actuaciones y tomado decisiones que parecen encaminadas a agradar a Andrés Manuel López Obrador. El caso de Salgado y Gómez Urrutia son dos ejemplos, pero los antecede la organización de los debates presidenciales. Desde otoño pasado decidieron en forma unilateral las plazas, las horas y, sobre todo, los temas de los debates. De esa forma escogieron que el primero sería sobre corrupción y gobernabilidad. En todas las encuestas de cada elección, el tema de mayor interés para los electores es el económico, lo que, permite señalar que si en la mente de los consejeros hubieran estado los ciudadanos, habrían seleccionado el que más preocupa a la mayoría. Optaron por ir por el que provocó la ira contra el gobierno y golpeado a su candidato presidencial. El PRI buscó que se cambiara el orden temático, pero nunca se aceptó meterlo siquiera a discusión. Los consejeros jugaron políticamente sin revelar el método por el cual seleccionaron los temas. En la campaña de José Antonio Meade, consideraron que este orden lo perjudicaba.

Las actitudes de los consejeros electorales también han provocado actos de autocensura en los medios, donde en varias organizaciones, ante la confusión sobre sus criterios sobre qué es información, análisis o propaganda, han limitado coberturas ante el riesgo que algún día en que amanezcan de mal humor, decidan emprender una querella contra un medio. Las acotaciones auto impuestas en los medios han llevado a los absurdos de las coberturas que se están realizando, donde lo relevante no es lo importante de lo que sucede, sino que todo esté absolutamente balanceado para darle gusto a los consejeros. La justicia de puntos equidistantes no es justicia. Es el justo medio aristotélico provee justicia, no la llevada a cabo por el INE.

La democracia electoral pregonada por el INE ha costado trabajo que la apliquen en los hechos. Por ejemplo, a finales de 2016, Córdoba afirmó que revisarían la utilización de los recursos de los candidatos en los medios, pero no podían plantear que los políticos no hablaran de política; en 2018, censuraron debates en los medios durante la intercampaña. “Somos muy liberales en el tema de la libertad de expresión”, ha dicho Córdoba, pero Ciro Murayama, uno de sus más cercanos demostró el talante del grupo: porque no le gustaban los mensajes en Twitter del propagandista de López Obrador, John Ackerman, bloqueó sus comentarios. Ante la presión pública, rectificó. El episodio no es una mera anécdota, sino habla mucho de lo que el INE de Córdoba ha sido a lo largo de todo este tiempo: autoritario, déspota e hipócrita. Un árbitro, pues, realmente chafa.

Nota: En réplica a esta columna el miércoles donde se indicó que Manuel Mondragón y Kalb se formó en la escuela policial de Alfonso Durazo, el doctor negó haber trabajado con quien fue jefe de la policía en la Ciudad de México durante el gobierno de José López Portillo.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 01/06/2018 | 04:05 AM)  


PEÑA BAJA EL TELÓN


Qué equivocados estábamos muchos en agosto de 2014. En este mismo espacio se escribió el día 8: “La próxima semana esperan se promulgue la Reforma Energética, con lo cual sucederán dos cosas importantes: finaliza el ciclo de las reformas económicas de segunda generación impulsadas por el Presidente, y empieza el sexenio de Enrique Peña Nieto. El gobierno comenzó en términos formales el 1 de diciembre de 2012, pero la administración de la política y la economía durante los primeros 615 días del sexenio, no tendrá nada que ver con los mil 574 que le quedan por delante. Esta fue una fase de contención; en la que viene el Presidente estará sin manos atadas y con todas las herramientas que le pidió al Congreso para la transformación del país. Mover a México tendrá que dejar de ser un discurso, y convertirse en realidad”. ¿Cuál fue la realidad que venía? Incompetencia, es lo que demostró.

Para ese entonces llevaba un año de fractura con las élites tras la Reforma Fiscal que provocó que en agosto de 2013, su nivel de aprobación cayera por debajo de la desaprobación. “Retomará la iniciativa y probablemente la mano suave de todo este tiempo de negociación de reformas, regrese a la rigidez de esa clase política mexiquense sofisticada y apabullante”, se apuntó entonces. “Peña Nieto necesita salir bien en 2015 para estar mejor en 2018. La apuesta es grande, y cuando se juega alto, se gana mucho o se pierde mucho”. Esto último es lo que sucedió.

El Presidente jugó en ligas para las que no estaba capacitado ni él, ni su equipo. La ruptura con sus aliados, los empresarios, fue visto entonces y todavía ahora, como la recuperación del poder pleno en Los Pinos, sin compartirlo con los barones industriales, como creían había sido en el pasado, sin entender que inclusión no era cesión, y que el consenso para gobernar se construía, no lo dinamitaba la soberbia.

Movió a la Nación, pero en su contra. Otoño parecía que sería su coronación anticipada, pero el 26 de septiembre, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad. Insensibles en Los Pinos, dijeron que era un tema de narcotráfico y no intervinieron. Para cuando reaccionó el Presidente, esa desaparición ya era su responsabilidad y el crimen era de Estado. La incompetencia, una vez más, lo llevó a ese punto.

Si las cosas comenzaban a descuadrarse dramáticamente, se pusieron peor cuando en octubre apareció la casa blanca. Un conflicto de interés que nunca supo resolver porque jamás comprendió que ese fenómeno no se traduce automáticamente en corrupción, se convirtió en el símbolo de corrupción de su gobierno y la marca indeleble de su sexenio. Un poderoso Secretario de Estado asegura que los empresarios, molestos por el maltrato de Los Pinos, se contaron entre las fuerzas oscuras que contribuyeron a magnificar la percepción de la corrupción presidenciall.

No les fue difícil anidar la idea. La rapacidad cometida o solapada institucionalmente será una las historias de antología del sexenio. Peña Nieto batalló contra la percepción durante más un año, pero en diciembre de 2016, tiró la toalla. En una reunión con un grupo de periodistas, admitió que no había nada que hacer, y que todo lo que intentara no iba a modificar las cosas. Desde entonces era un Presidente resignado. Sólo le quedaba machacar permanentemente sobre las bondades de sus reformas y escoger un candidato presidencial que pudiera mantener al PRI en el poder. Le había ido electoralmente mal al PRI en 2015, y en 2016 le fue peor. Escoger un candidato no militante del PRI fue su apuesta, pero una vez más, la incompetencia de él y de su equipo que no negociaron cuidadosamente una imposición en un partido molesto con su jefe político, terminaron de romper la última alianza que le quedaba, con su propio partido.

Arrancó el 2018 con ganas de vencer en las elecciones, y al menos dos veces por semana, discutía con Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, la estrategia electoral. El Presidente, sin embargo, ya estaba en otra realidad. Cuando fue inevitable el relevo en el PRI, le dijo a Nuño que él sustituiría a Enrique Ochoa. Eso hubiera sido un gatopardismo, al significar Nuño y Ochoa lo mismo. Nuño lo persuadió que no era una buena opción. El viejo toque político del mexiquense, se había agotado. Personas que han hablado con él tras los últimos intentos por revivir la candidatura oficial previo al primer debate, lo vieron tranquilo. En público se le veía relajado, inclusive contento.

Es la despresurización del que perdió la angustia y se le fue la adrenalina. En este caso, se puede argumentar, de quien se sabe que su tiempo y el de su partido, acabó, aún antes de realizarse la elección. Asimismo, personas que han conversado con él sobre el otro tema contencioso, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, coinciden en que la presión que tenía se disipó, y su impresión es que Peña Nieto dejó de preocuparse si se ratifica este año o sea otro Presidente el que lo continúe o lo mate. Lo último en esta misma línea, es el llamado empresarial a que haga algo en materia de seguridad y que no endose el problema al siguiente Presidente.

Peña Nieto respondió derrotado. Ha bajado el telón de su sexenio y espera entregar la estafeta. Estas son las señales que envía todos los días y que, hasta ahora, no hay absolutamente ninguna que indique lo contrario.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 31/05/2018 | 04:09 AM) 


LOS MUERTOS DE PEÑA


Ciento siete mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio, hablan muy mal de la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto. En Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas, los reportes de balaceras y asesinatos son cotidianos. Hay zonas en el país donde nuevamente, como hace 15 años, no se pueden visitar, y viajar por carreteras por las noches se ha vuelto muy peligroso en varias regiones del país. El incremento de ataques a empresas, asaltos físicos, secuestros y extorsiones, tienen muy ansiosos y preocupados a los empresarios, que ya vieron afectados sus negocios por el alza galopante de la violencia, subrayan el colapso de su política. Mal cierre tiene el Presidente en el tema que más lastima a la sociedad, gran lastre que añade carga al final de su sexenio.


Las cúpulas empresariales le están exigiendo que no deje el problema de la seguridad al próximo gobierno, y que apure las reformas que se tienen que hacer para frenar la violencia al alza que no pueden esperar. Los empresarios pecan de ingenuidad en su desesperación para que el gobierno federal haga algo. ¿Por qué tendría que hacerlo? El Presidente le compró de cabo a rabo la estrategia de seguridad a su ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y está convencido de que la violencia desatada está asociada con dos factores: que los gobiernos estatales y municipales no han hecho su trabajo, y que su repunte se dio con los cambios de gobiernos locales en los dos últimos años. Bajo esta racional, el problema no está en la Federación, sino en el ámbito estatal.

La falta de autocrítica no ayuda al diagnóstico correcto. ¿Qué hizo Peña Nieto de saque de su administración?

*Fusionó a la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, revirtiendo dos años de construcción de un nuevo andamiaje institucional, al reinstalar el viejo concepto de la policía política montado en la seguridad pública. Al frente de ella colocaron a Manuel Mondragón, quien se formó en la escuela de Arturo Durazo, el jefe de la policía durante el gobierno de José López Portillo, uno de los momentos más oscuros en la seguridad pública.

*Desmanteló Plataforma México, con lo cual se dañaron años de trabajo sistemático de inteligencia criminal, porque estimaban que no sería para nada. La tecnología utilizada en los sistemas de inteligencia criminal fueron compartidos para hacer inteligencia política.

*Permitió que se despidieran a los mandos de la Policía Cibernética porque sus salarios eran altos. Una de las consecuencias más claras se vio recientemente al no poder actuar con celeridad para evitar los ataques a los bancos.

*Su estrategia de prevención nunca funcionó. Jamás le dieron presupuesto y terminaron quitándole todos los recursos para lo que iba a ser, habían dicho al arrancar el gobierno, la pieza toral de la política de seguridad pública. Todo se quedó en un ejercicio de propaganda.

*Se dejó de combatir durante ocho meses al crimen organizado, ante el supuesto de que era el combate frontal lo que generaba la violencia en las calles, que permitió que los cárteles se fortalecieran. Esa omisión por ignorancia permitió que la violencia comenzara su repunte a los nivelles de descontrol e ingobernabilidad que se viven ahora.


*Se armaron grupos de autodefensa, en realidad paramilitares, varios de ellos vinculados con el crimen organizado, cuyas secuelas se ven todavía en Guerrero y Michoacán. Apoyarlos con armas y protección, les dio legitimidad y profundizó el problema de la inseguridad y el crimen organizado.

*Se pospuso dos años el examen de control de confianza para policías municipales, con lo cual su vinculación con criminales se intensificó. En este espacio ya se ha señalado que de haber existido, muchos de los municipales que participaron en el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, no habrían cometido ese delito porque jamás habrían pasado esos controles.

¿Qué hizo Peña Nieto posteriormente?

*Regresó a la política de combate al crimen organizado del ex Presidente Felipe Calderón pero con la misma deficiencia: no atacó integralmente el fenómeno. Las causas sociales y económicas que son aceleradoras del fenómeno, permanecieron sin ser transformadas. Y al igual que la administración previa, se echó la culpa de sus deficiencias a los gobiernos locales.

*No pudo, o no quiso, sacar un nuevo modelo de policía, pero presionó para que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, con lo cual se podrá tener a las Fuerzas Armadas permanentemente realizando tareas de seguridad pública.

*El trabajo con los gobiernos estatales de ir fortaleciendo a las policías locales y gradualmente ir retirando al Ejército de las calles, se quedó en discursos. El encargado de planear la estrategia con los gobernadores, Osorio Chong, nunca lo hizo; el Presidente tampoco le pidió cuentas.

*Pese a los fracasos visibles como la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que evidenció el colapso de los sistemas y protocolos del Sistema Penitenciario Federal, nadie de los responsables principales de que existieran las condiciones para el escape, fue procesado.

*Nunca se pidieron cuentas a los responsables de la seguridad pública del por qué si el presupuesto se incrementó casi cuatro veces en los primeros cinco años del gobierno, la fuerza policial nunca se incrementó. ¿En dónde quedó ese dinero? No se sabe, porque la información de su destino está reservada.

Con tantas pifias, omisiones, negligencias o encubrimientos que se han dado en el gobierno peñista en materia de seguridad, ¿cómo esperan las cúpulas empresariales que el Presidente rectifique el rumbo? Es esperar demasiado de Peña Nieto que, en esta materia, como en otras que serán analizadas próximamente, ya cerró la cortina.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/30/05/2018 | 04:03 AM)   


UN NOTARIO, UN BENEFICIARIO DE UN PROGRAMA PÚBLICO Y UNA RED DE FAMILIARES, LOS PRESUNTOS LAVADORES DEL CJNG


Una investigación de Animal Político arrojó que son por lo menos 62 los presuntos lavadores de dinero del CJNG; la mitad son mujeres vinculadas con los líderes de la organización.



Un notario, un beneficiario de un programa público y una red de familiares, los presuntos lavadores del CJNG
Cuartoscuro Archivo

 De las 253 empresas que presuntamente lavan dinero para los cárteles del narcotráfico en México, 33 pertenecen al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a sus socios los “Cuinis”, de acuerdo con información pública del Departamento del Tesoro (Tesoro) de Estado Unidos.

De las 33 empresas del CJNG, una fue sacada de la lista del Tesoro y una más, el “Hotelito Desconocido”, fue asegurada en 2015 por la Procuraduría General de la República (PGR), ante la sospecha de que la compañía era operada y utilizada como estructura empresarial del CJNG.

De acuerdo con el Tesoro, son seis las personas que manejan los negocios del CJNG (de 7 empresas no proporcionan nombres de los socios), quienes a su vez los vinculan directamente con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Abigael González Valencia, “El Cuini”.


Una investigación de Animal Político, sin embargo, arrojó que como dueños, delegados, apoderados legales y comisarios de 21 de las 33 empresas boletinadas por el Tesoro aparecen un total de 62 personas, de acuerdo con las actas constitutivas de las compañías del Registro Público del Comercio.

RED FAMILIAR
La mitad de los socios son mujeres. Muchas de ellas familiares directos de los líderes del CJNG.

Jessica Johanna González Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, cuyo nombre no aparece en la relación del Tesoro, es propietaria de dos de las empresas: J & P Advertising, S.A. DE C.V. y Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V., boletinadas en 2015.

En el caso de la empresa Jjgon, otra de las socias de Jessica Johana es su mamá Rosalinda “N”, quien tras su detención, el pasado 27 de mayo, fue vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero.

Leer: Los vínculos empresariales de Rosalinda con el Cártel Jalisco

En el caso de la empresa W & G Arquitectos, S.A. de C.V., boletinada por el Tesoro en 2015, la dueña es Wendy Dalaithy Arévalo Amaral, cuñada de Abigael González Valencia. El nombre de esta mujer ha sido mencionado en repetidas ocasiones por las autoridades norteamericanas como socia de los negocios del CJNG. En el RPC solo aparece como dueña de una compañía.

Jeniffer Beaney Cazares Camacho, esposa de Abigael, es otro de las personas que aparece en la relación del Tesoro. En el RPC su nombre aparece en un par de ocasiones como dueña de Grupo Dijema, S.A. de C.V., boletinada en 2015, y Agrícola Boreal S.P.R. de R.L., que desde 2016 se encuentra en la lista norteamericana de empresas lavadoras de dinero.

BENEFICIARIO DE CONAGUA ES SOCIO DE EMPRESA 

Otra empresa boletinada por el Tesoro es “La Firma Miranda”, dedicada a “la compra, venta, permuta, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, comodato y administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos, rústicos y campestres y la disposición en cualquier forma de ellos, así como los derechos reales que sean necesarios para la realización de su objeto social”, de acuerdo con su acta.

Fue creada el 27 de diciembre de 2011 con un capital social de 50 mil pesos. Entre sus dueños aparecen: José Ramón Camacho Castillo y Blanca Ovalle Velázquez. Como comisario figura Manuel Salvador Villanueva Ortega.


En el caso de José Ramón Camacho, información pública de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Gobierno de Jalisco, lo ubican como beneficiario de recursos públicos en 2016, cuando ambas instancias le otorgaron un millón 731 mil pesos y 415 mil pesos, respectivamente, para instalar un sistema de riego por goteo en predio “denominado El Jazmín”, en el municipio de Sayula.

El recurso fue entregado un año después de que el Tesoro boletinara a esta empresa, propiedad de José Ramón, como una de las lavadoras de dinero para el CJNG.

NOTARIO ES DELEGADO DE EMPRESA

El académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestro en derecho internacional y notario jalisciense, Guillermo Alejandro Gatt Corona, aparece como delegado de la empresa Hotelito Desconocido, S.A. de C.V., boletinada por el Tesoro en 2015 por sus nexos con el CJNG.

El 26 de enero de 2000 quedó constancia en el RPC que, a solicitud de  Gatt Corona, “representante y/o delegado” de la sociedad, se realizó una asamblea para formalizar una serie de acuerdos como el cambio de domicilio social y la modificación del valor de las acciones.


Se trata de la única empresa asegurada por la PGR por formar parte de las operaciones de lavado de dinero del CJNG.

De acuerdo con el RPC, Gatt Corona es socio de otras cuatro compañías establecidas en Jalisco. Dos de sus socios son ciudadanos norteamericanos, según las actas de esas empresas.

El 17 de julio de 2016, la revista Proceso edición Jalisco publicó un reportaje titulado: “Alfaro, un gobierno para los amigos”, donde documenta que en 2010, cuando Enrique Alfaro, actual candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, “se desempeñaba como presidente de Tlajomulco, su hermano se asoció con el cuñado de Alfaro y con Guillermo Alejandro Gatt Corona, para crear la empresa Gatt Corona y Asociados”, compañía que en la administración de Alfaro, como alcalde de Guadalajara, recibió 139 mil 11 pesos por “servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados”.

SÓLO UNA EMPRESA ASEGURADA

De acuerdo con las actas constitutivas de 22 de las 33 empresas boletinadas por el Tesoro norteamericano, solamente en un caso se ha registrado el aseguramiento de la sociedad (Hotelito Desconocido).

El resto de las empresas no cuentan con solicitudes de aseguramiento por parte de la PGR, como ha ocurrido con otras empresas vinculadas con actividades de lavado de dinero para diferentes grupos del narcotráfico.

(ANIMAL POLITICO/ REDACCIÓN/ JUNIO 4 2018 08:18)

CASTIGO LAXO A LA COMPRA DE VOTOS


La compra de sufragios en la nueva Ley Electoral para Nuevo León contempla castigos que no pasan de pagar una multa de poco más de 50 mil pesos. Esta medida motiva a que operadores políticos continúen promoviendo el voto de manera ilegal ante penas mínimas que castigan su comisión


La compra de votos en Nuevo León es una práctica que tiene un castigo mínimo para los candidatos o partidos políticos que lo promueven.

De acuerdo con la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, aquel actor político o particular que incite el voto a cambio de dinero, de despensas o la entrega de tarjetas bancarias, deberá pagar una multa de entre 400 a 600 salarios mínimos.

Es decir, que de ser sorprendido cometiendo ese delito electoral solo con saldar una cantidad que va de los 35 mil 344 a los 53 mil pesos, se absuelve la falta.

A la persona que “solicite votos a cambio de dinero, algún estímulo, premio, compensación o de la promesa de entregarlo” deberá cumplir con el castigo señalado, según el artículo 347 de la Ley Electoral Estatal.

Esta medida de multar a los operadores políticos que buscan acaparar más sufragios, al representar una cantidad mínima en comparación con los montos de financiamientos para campañas electorales, motivan a que se practique con mayor frecuencia.

Cabe recordar que la Ley Electoral tuvo su última reforma en julio de 2017, sin embargo, las modificaciones recientes no fueron tan severas como para contener la compra del voto en la entidad.

Los cambios a la Ley estuvieron en medio de la polémica luego de que la Comisión Estatal Electoral (CEE) e integrantes del Congreso local no se ponían de acuerdo en cuanto a si dicha legislación estaría vigente para las elecciones a celebrarse el próximo 1 de julio.

Por su parte, la CEE acordó en un principio que la ley que estaría vigente para los comicios del próximo julio de 2018 sería la anterior a la última reforma.

Sin embargo, el diputado local del PAN, Hernán Salinas Wolberg, encargado de la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó la postura de la CEE, tras argumentar que la decisión recaía en el Congreso y no en el órgano electoral estatal, por lo que la controversia se llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien más tarde dio la razón al legislador panista.

Por lo anterior, la Ley Electoral aprobada el 29 de junio de 2017, la cual cuenta con castigos laxos para la compra del voto, regirá los próximos comicios de julio, en los que la ciudadanía de Nuevo León renovará el Congreso estatal y a 51 alcaldes. Es decir, que designará en las urnas a 26 diputados locales por mayoría de votos y 16 más serán seleccionados por la vía plurinominal.

La Ley estatal electoral cuenta con sanciones menos severas que la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual estipula de cincuenta a diez días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”, según el artículo 7 fracción VII.

La compra de voto se ha convertido en una práctica frecuente en Nuevo León, y algunos sectores, sobre todo populares, aceptan dádivas por este delito sabiendo que no pasará nada.

La organización civil Acción Ciudadana de Frente a la Pobreza, a través de su sitio www. democraciasinpobreza.mx, reporta que en Nuevo León se pagan en promedio 500 pesos a la personas que venden su voto a un partido político, lo mismo ocurre en Tamaulipas y Coahuila, donde también se entrega esa cantidad.

MISMO CASTIGO, DISTINTO DELITO

No solo la compra de voto tiene una sanción mínima en la Ley estatal electoral, sino también para quien sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos electorales o material electoral tendrá un castigo económico.

Lo anterior, podría ser aplicable para aquellos operadores quienes solicitan copias de credenciales de elector o acompañan a los votantes a las casillas para buscar la comprobación de que hayan ejercido su sufragio a favor del candidato que promueven.

EL PRÓXIMO 1 DE JULIO LOS CIUDADANOS DE NUEVO LEÓN RENOVARÁN EL CONGRESO LOCAL Y A 51 ALCALDES

La fracción II del artículo 347 señala multa de cuatrocientos a seiscientos días de salario mínimo, para quien “sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos electorales o material electoral” o “celebre mítines, reuniones públicas o cualquier otro acto público de campaña, o de proselitismo o distribuya, difunda o instale propaganda electoral, el día de la elección”.

La misma pena será aplicada para quien “obstaculice o impida mediante violencia o amenazas la instalación, apertura o cierre de una casilla”, señala el artículo 347.

La más reciente Ley electoral de Nuevo León carece de multas o castigos ejemplares para quienes realicen “guerra sucia” durante las campañas electorales.

Solo habrá castigo económico para los partidos o candidatos que difundan dolosamente noticias falsas sobre el desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, más no por descalificaciones.

(REPORTE INDIGIO/JESUS PADILLA/ Jun 4, 2018) 

DEJAN MEGADEUDA Y HOSPITALES TIRADOS



Gobierno dejará deuda por 25 años de 104 mmdp por 8 hospitales que serán construidos y operados por la IP, tras contratos asignados en 2017

El Gobierno dejará a las administraciones de los próximos 25 años una deuda de 104 mil millones de pesos por 8 hospitales que serán construidos y operados por particulares con contratos asignados en 2017, un año antes de acabar el actual sexenio.

Según la página Proyectos México, las obras de siete de esos hospitales del IMSS y el ISSSTE no han iniciado o están en pausa. Sólo uno, en Mérida, se encuentra terminado, pero no opera.

Los esquemas mediante los cuales se asignó su construcción y operación son las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Lo anterior significa que, excepto la parte médica, las empresas beneficiadas operarán y darán mantenimiento a esos hospitales durante 25 años, mientras que el Gobierno aportará un pago anual.

Francisco Gallo, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, advirtió que, desde que en 2016 la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas permite usar esa figura para hospitales, se utiliza como "pago de favores".

"Es: 'Te voy a dejar un negocio millonario por los próximos 25 años por los favores que nos has hecho'. Porque ¿Cómo es posible que en cinco años no se proyectan y ahora lo hacen en un año y los licitan en un mes?", cuestionó.

La deuda pública que esas obras representarán para las futuras administraciones es 35 mil millones de pesos superior al presupuesto anual del Seguro Popular, con el que atiende a 55 millones de afiliados.

Pese a la magnitud de la inversión pública hospitalaria, no hay suficiente transparencia sobre los costos, advirtió Yahir Acosta, consultor de Ethos. Laboratorio de Políticas Públicas.

De acuerdo con los contratos registrados en Compranet, la construcción y operación de los 8 hospitales del IMSS y el ISSSTE asciende a 104 mil millones de pesos.

Empero, el portal Transparencia Presupuestaria, de Hacienda, reporta que el costo por los hospitales es de 192 mil millones de pesos.

Incluye infraestructura y "gastos estimados totales de mantenimiento y operación del activo en el horizonte de evaluación".

Además de los ocho hospitales, Proyectos México reporta en categoría de análisis otras seis obras similares en igual número de entidades, por un monto preliminar de 8 mil 362.3 millones de pesos tan sólo en infraestructura, todos a cargo del ISSSTE.

(EL MAÑANA DE REYNOSA/ AGENCIA REFORMA | 04/06/2018)

AMENAZAS DE MUERTE OBLIGAN A CIERRE DE MEDIO DIGITAL EN TAMAULIPAS; ARRECIAN AGRESIONES Y COACCIÓN CONTRA PERIODISTAS



NUEVO LAREDO, Tamps. (proceso.com.mx).- Una nueva amenaza de muerte contra un periodista de Tamaulipas se suma a la cadena de agresiones y asesinatos contra los comunicadores del noreste de México, una región que ha sido “zona de silencio” durante años debido a la complicidad de autoridades y crimen organizado.

Jorge A. Pérez González, director del portal Optimus Informativo, anunció el cierre de su espacio debido a intimidaciones y amenazas, “todo bajo el amparo del anonimato”.

“Hay quien me dice que debo presentar la denuncia respectiva, pero en un país donde la impunidad reina, creo que es más peligroso esto que darles el gusto de callarnos”, señaló Pérez González en una columna de despedida.

“Estas líneas no persiguen ni la victimización ni la autoflagelación, agradezco de antemano la solidaridad de los lectores… no tenemos otra alternativa más que alejarnos por precaución de EL ACOSO Y EL AHOGO”, concluyó el texto.

Pérez González ha intercalado su oficio de periodista con diversos cargos públicos: fue síndico primero en el ayuntamiento de Matamoros y también se desempeñó como coordinador operativo de Comunicación Social durante el gobierno de Tomás Yarrington.

No obstante que desde ese puesto acordó convenios de publicidad con medios de Tamaulipas, los cuales fueron utilizados para imponer una censura a periodistas críticos del exgobernador, ante la amenaza los comunicadores de Tamaulipas cerraron filas con Pérez González.

La denuncia del director de Optimus Informativo ya está siendo atendida por el Mecanismo de Protección a Periodistas y por diversas organizaciones como Artículo 19.

Esa nueva amenaza se suma a la cadena de ataques y asesinatos que se han registrado en la región, sin embargo las agresiones ahora vienen por parte de funcionarios y miembros de partidos políticos y no por el crimen organizado como anteriormente sucedía.

En los últimos meses tres periodistas fueron asesinados en la región, se registró el intento de secuestro contra un comunicador y al menos dos reporteros fueron despedidos por presiones de funcionarios que utilizan los convenios de publicidad como arma de chantaje.

En Monterrey se registró en días pasados el asesinato de Alicia Díaz González, corresponsal de El Financiero; le siguió el crimen en Ciudad Victoria contra Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior; anteriormente mataron en Nuevo Laredo a Carlos Domínguez Rodríguez.

Las investigaciones realizadas por las autoridades registran que los asesinatos de Carlos Domínguez y Héctor González tienen tintes políticos.

Mientras que en Nuevo León, exjefes policiacos y exfuncionarios planeaban el secuestro del periodista Víctor Badillo, molestos por su trabajo que ha documentado las ilegalidades y corrupción que priva en el municipio de Escobedo.

DESPIDOS POR “AFECTAR A CLIENTES”

A las agresiones y amenazas ahora se suman los despidos de periodistas por publicar en sus redes sociales comentarios que molestaron a los funcionarios que mantienen convenios de publicidad con sus medios.

El Heraldo de Saltillo anunció el pasado 31 de mayo que su reportero Daniel Revilla “dejó de prestar sus servicios en El Heraldo al haber cometido faltas graves a las políticas internas de esta empresa, deshonestidad y agresiones en contra de nuestros clientes”, informó una editorial que se publicó en su página de la red social Facebook.

La “deshonestidad” que cometió Daniel Revilla fue denunciar en sus redes sociales agresiones de la Policía Municipal de Ramos Arizpe en su contra cuando realizaba una cobertura periodística encargada por su medio.

En respuesta a esa denuncia, sus jefes le advirtieron: “Ojo con eso Daniel; aunque tu comentario es a título personal, tú trabajas para El Heraldo y en El Heraldo tenemos acuerdos comerciales importantes con Tita (la alcaldesa de Ramos) que tú estás poniendo en riesgo”.

Tras despedirlo, sus jefes publicaron: “Asimismo, nos reservamos emprender las acciones legales tanto por la vía penal como por la vía civil que correspondan”.

El mismo caso se registró en la región de la Laguna de Durango, con una periodista que publicó denuncias en su red social y a título personal pero por ello fue despedida por el diario donde trabajaba: Milenio Laguna.

Cecilia Rojas Orozco denunció en sus redes sociales que el Festival Lerdantino de 2010 dejó una deuda que afectó a más de 100 personas involucradas, desde artistas hasta organizadores y proveedores. La deuda no pagada se le atribuye a Othón Reuter Ramírez, quien entonces presidía el comité del festival y hoy es director de Arte y Cultura en Lerdo.

Para abril de este año, Cecilia Rojas fue despedida de Milenio Laguna como represalia por su denuncia a título personal. La orden para despedirla vino de la alcaldía de Lerdo.

(PROCESO/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ 3 JUNIO, 2018)

AGENTES EN LA MIRA; MATAN A CUATRO POLICÍAS EN UN MES EN SINALOA



HALLAZGO. Sin vida es hallado policía de Tránsito.

Durante el último mes las corporaciones policiales volvieron a ser blanco de ataques.

En ese periodo asesinaron a un escolta del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, a un agente vial de la misma corporación, a un elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Guasave y al coordinador de Investigación de Delitos de la Policía Investigadora del Estado.

Además, tres elementos de la Unidad de Vialidad y Tránsito de Culiacán fueron atacados a balazos, pero resultaron ilesos.

Tres de los policías asesinados fueron agredidos durante su día de descanso.

La policía de Culiacán fue la que más bajas tuvo en la última ola de ataques.

Uno de los agentes asesinados es José Ángel Cázares Torres, escolta del titular de la SSPyTM, Óscar Guinto Marmolejo.

El policía fue atacado a balazos la noche del domingo 30 de abril, en la comisaría de Bellavista, sindicatura de Culiacancito.

El escolta circulaba en una camioneta de la corporación acompañado de su familia, ya que se encontraba en su día de descanso.

Los sicarios viajaban a bordo de dos vehículos y dispararon con fusiles AK 47.

El policía quedó muerto en su vehículo, una persona que se encontraba en la calle resultó lesionada, mientras que los familiares salieron ilesos.


ATAQUE A TRÁNSITOS.

El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que el móvil del asesinato podría ser la detención de cuatro personas armadas en la que participó el agente.

Los delincuentes fueron capturados con cinco fusiles AK 47, dos pistolas calibre 9 milímetros, cargadores y chalecos tácticos.

El miércoles 23 de mayo, el agente Jesús Ramón Peinado Barraza, de la Unidad de Vialidad y Tránsito de la SSPyTM de Culiacán, salió de su domicilio y ya no volvió.

El agente, quien también se encontraba de descanso, salió de su casa en su vehículo, en el ejido La Sinaloa, en Navolato.

Mediante una llamada anónima, autoridades de Navolato fueron informadas que hombres armados habían “levantado” al tránsito.

Agentes de las corporaciones de ese municipio y de Culiacán implementaron un operativo de búsqueda y alrededor de las 11:30 horas del jueves, localizaron la camioneta y el cadáver del policía en el interior.

El vehículo fue abandonado en el poblado Buenos Aires, en Navolato.

El policía tenía 19 años trabajando en la corporación.

Dos días después, hombres armados dispararon a elementos de la policía vial, en la colonia STASE, en Culiacán.

Según el titular de la SSPyTM, Óscar Guinto Marmolejo, los tres agentes se encontraban infraccionando a dos motociclistas.

Un vehículo Honda color gris, narró, se acercó al lugar y tras bajar una de las ventanillas empezaron a disparar para luego darse a la fuga.

Mencionó que por la afluencia de vehículos que había, los tránsitos no repelieron la agresión para evitar que terceras personas resultaras lesionadas.

Los tres policías y los dos motociclistas resultaron ilesos.

Guinto Marmolejo dijo que desconocían si la agresión fue contra los tránsitos o contra los civiles a los que estaban levantando la infracción, pero una de las motocicletas de los agentes recibió dos impactos de bala.



COORDINADOR DE INVESTIGACIONES. Asesinado en el campo El Diez.

JEFE POLICÍA ASESINADO

La noche del domingo 20, el coordinador de Investigación de Delitos de la Policía Investigadora del Estado, Jorge Ricardo Jiménez Fuentes, fue asesinado en el campo El Diez.

El policía fue privado de su libertad a las 21:55 horas, en las inmediaciones del trébol del campo El Diez.

El agente circulaba en una camioneta Chevrolet Cheyenne, color blanco.

De acuerdo con las investigaciones, el policía activó el botón de pánico del radio que portaba, por lo que elementos de las corporaciones se trasladaron hacia la ubicación que envió el GPS.

En esos momentos, una persona reportó al sistema de emergencias 911 que había un tiroteo en la zona del trébol.

“En los actos de investigación desarrollados hasta el momento no ha sido confirmado un enfrentamiento, dado a que no se han encontrado elementos de prueba que indiquen una respuesta a la detonación de armas”.

“El reporte también hacía referencia a que el elemento caído iba acompañado por otros dos investigadores que habían sido privados de su libertad, lo cual fue descartado debido a que no se tienen pruebas ni testimonios que confirmen que la víctima iba acompañada”, dio a conocer la Fiscalía General del Estado.

Durante el operativo de búsqueda del mando policial hallaron al agente asesinado a balazos.

En las inmediaciones de esa zona, sobre un camino que conduce del campo El Diez a la comisaría El Quemadito, localizaron la camioneta del agente.

A 100 metros de la unidad fue detenido un menor, de 15 años de edad, a quien se le aseguró una arma larga.

Alrededor de las 0:20 horas, en la misma zona, por el bordo del canal 7, hallaron el cadáver de José Antonio “N”, vecino de la colonia Rosario Uzárraga, de Culiacán.

La Fiscalía no ha establecido si el homicidio de José Antonio está relacionado con el asesinato del coordinador de Investigaciones.

El menor de edad no pudo ser vinculado, debido a que no se acreditó la flagrancia delictiva.

“El personal de esta Fiscalía trabaja en establecer un orden cronológico de los hechos en los que fue privado de la vida un Policía de Investigación del Estado, e identificar si hubo más víctimas de algún delito”, señaló la FGE.



ÓSCAR GUINTO. Titular de Seguridad.

ENFRENTAMIENTO EN GUASAVE

En Guasave, elementos de la Policía Municipal se enfrentaron a un grupo de delincuentes presuntamente dedicado al robo de combustible.

El saldo fue de un policía y dos presuntos delincuentes muertos.

El tiroteo ocurrió la tarde del domingo 29 de abril, en la carretera que conduce de la comunidad de Las Brisas a El Serrano.

De acuerdo con la información, los agentes circulaban en un convoy de tres patrullas, cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes que viajaba en sentido contrario.

Los delincuentes dispararon contra los policías, quienes repelieron la agresión y se inició un enfrentamiento.

Durante el tiroteo, los policías bajaron de las patrullas y los delincuentes se apoderaron de una de ellas y se la llevaron.

En el sitio lo delincuentes dejaron abandonada una camioneta Ford Expedition.

La patrulla fue localizada momentos después en la comunidad de La Escalera.

En el lugar del tiroteo quedaron muertos el policía y los dos presuntos delincuentes.

En todas las agresiones elementos de las corporaciones municipales, estatales, Ejército y Marina han implementado operativos de búsqueda de los responsables, sin poder localizarlos.

Artículo publicado el 27 de mayo de 2018 en la edición 800 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDIN/ 29 MAYO, 2018)