jueves, 11 de mayo de 2017

MARINOS VAN CON TODO


FOTOS: cortesia.- Agentes de la Marina atacaron a delincuentes y viciosos en Villas del Cortez en SJC el primero de mayo, murieron 8 personas

Aunque en un principio se especuló de la posible detención de “El Mini Lic” en la balacera registrada a las 2:45 am del lunes 1 de mayo en Villas del Cortez, elementos de la SEMAR podrían haber ido por “El Colores”, sicario de “Los Dámaso”, responsable de la más reciente ola de violencia en San José del Cabo

Mientras a nivel nacional el debate es si Dámaso López Núñez “El Licenciado” o su “asesor logístico” pondrán en manos de las autoridades su estructura de operación criminal y gubernamental en varios estados de la República, incluida Baja California Sur; un día antes de la detención del capo, ocurrida el lunes 1 de mayo en Ciudad de México, en la comunidad de San José del Cabo se desató un fuerte enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos delincuentes. El saldo: ocho personas muertas, incluido un marino y siete civiles.

“Es un mensaje muy claro que ha dejado la Marina, la interpretación que se le puede dar es que van con todo y contra todos”, emitió un agente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, al comentar sobre un enfrentamiento registrado en Villas del Cortez.



Ante la detención de Dámaso, autoridades de BCS reforzarán cercos de seguridad con el fin de evitar un efecto cucaracha y delincuentes se refugien en la entidad

Este hecho desató especulación por el hermetismo de las fuerzas federales, sobre todo de la Secretaría de Marina (SEMAR), donde indicaban primero un operativo para detener a Dámaso López Serrano “El Mini Lic” y/o López Núñez “El Licenciado”, y después se dijo que el enfrentamiento se debió al intento de capturar a un brazo armado de la agrupación en San José del Cabo, conocido como “El Colores”. Sin embargo, no hubo confirmación por parte de autoridades. Según fuentes de información, extraoficialmente en un recorrido de rutina por las calles de Villablino, entre Villa Talavera y Villa Bilbao, hombres armados dispararon en contra de los efectivos, lo que desató una refriega entre presuntos sicarios y elementos de la Marina Armada de México.

Siendo aproximadamente las 2:45 am del lunes 1 de mayo, elementos de la SEMAR arremetieron contra la vivienda donde “se refugiaron los supuestos agresores; la respuesta fue prácticamente inmediata, los efectivos ingresaron al domicilio, la cual era usada como picadero, a través de las ventanas los marinos descargaron su fuerza tras verse vulnerados, ya que uno de los elementos fue herido de graves supuestamente”, agregó la fuente.

Según la base de datos establecida por cuerpos de investigación, ese domicilio ya contaba con antecedentes por la presunción de movimiento inusual y distribución de droga, por lo cual “no era sorpresa que las unidades pasaran por el lugar”, como se informó a ZETA.

La SEMAR indicó que “con el fin de controlar la agresión y reducir el peligro de daños a terceros, resistió con base en los procedimientos establecidos del Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común de las Tres Fuerzas Armadas”. El objetivo era eliminar a la “amenaza”.



En paredes y muebles quedó plasmada lka fuerza con que la SEMAR respondió un ataque en Villas del Cortez en SJC

En el sitio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur confirmó el fallecimiento de siete civiles (cinco hombres y dos mujeres), así como un elemento de la Marina, el cual resultó lesionado de gravedad y falleció minutos más tarde al ingresar a un hospital; los occisos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la PGJE para la práctica de la necropsia de Ley.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, las bajas serían:

* Ubaldo Ávila Mérida, de 28 años de edad, marino que han registrado como el que perdiera la vida.

* Maciel Guadalupe, 22 años, presunto adicto.

* Andrés Román, 50 años, probable adicto.

* Ángel Salvador, 18 años, de quien registros no arrojan oficio.

* Antonio “N”, 44 años, presunto sicario.

* Ángel “N”, 24 años, desempleado y presunto sicario.

* José Isabel, 33 años, contratista.

* Alejandra “N”, 31 años, desempleada y con registro por adicción.




Entre las víctimas de la vivienda de Villas del Cortez había al menos dos sicarios, el resto al parecer adictos en el lugar equivocado

Cabe destacar que los occisos “no todos estaban involucrados en conductas de agresión o que pudieran significar riesgo por operaciones con la maña, algunos era solo adictos y estaban en el lugar y hora equivocada”, se confió a este Semanario.

Con el uso de la artillería pesada de la Marina, los elementos abrieron paso desde dos frentes, uno por la parte frontal y otro más por la parte trasera para evitar que se desplazaran de la vivienda, la cual “era un desastre, de entrada, por la parte de la cocina había cosas regadas por todos lados, un batidero de ropa, electrodomésticos, computadoras; en la pared que daba de frente, una figura religiosa de San Judas y tres gorras colgadas. Volteabas  cada pared y veías impactos de bala, pero huecos de un arma disparada a una distancia corta, metros más adelante manchas de sangre, mismas que terminaban en el baño”, indicó un agente de investigación.

Las imágenes vertidas en medios locales datan del interior de la casa, con la pared de los cuartos y del baño exhibiendo considerables hoyos en la pared, producto de la descarga de las armas de fuego de marinos; cerca de la ventana que da a la calle se pudieron constatar al menos tres impactos de bala, señal que gran parte de los disparos fue de efectivos, lo que pone en duda un enfrentamiento, pero deja claro una respuesta a una supuesta agresión que dejó a un elemento sin vida.



Los embates de las fuerzas del orden contra Los Dámaso, ha sido directa al menos 16 sicarios han sido sacado de las calles para la célula

Las imágenes fueron colectadas por un reportero de un portal digital que se adentró en el inmueble, lo cual pone en duda si el sitio se encontraba resguardado.

De acuerdo a un boletín emitido por la Secretaría de Marina, en el lugar se aseguraron “armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como droga, vehículos, equipos de comunicación, equipo táctico y uniformes”, no se especificaron cantidades, menos si los uniformes o equipos pertenecían a elementos de alguna corporación de seguridad.

Lo que sí confirmaron miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública a ZETA, es que el golpe fue contra células encargadas de la zona de San José del Cabo, dando a entender que se trataba de bajas de grupos en pugna.



Cinco hombres y dos mujeres murieron acribillados al interior de un domicilio en Villas del Cortez en SJC, presuntamente sicarios agredieron a balazos a Marinos, quienes respondieron el fuego

“Algunos comunicadores han tachado de excesiva la fuerza con que se actuó, pero lo que queda claro es que las instituciones están actuando con la fuerza requerida y utilizada ya en otros estados como Nayarit, para el abatimiento de miembros de la delincuencia organizada. Ese es el interés, desarticular células que puedan provocar eventos de violencia”, agregó la fuente.

Autoridades han reconocido que aunque algunas de las víctimas de Villas del Cortez no tenían participación criminal, en tanto el actuar de la Marina queda más que justificado al dejar en claro que habrá mano dura contra las actividades ilícitas.

“Si pertenecían o no a grupos criminales, son personas y nos duelen. Esto no nos quita las ganas y la voluntad, vamos a seguir con mayor fuerza, con mayor unidad, las instancias que estamos trabajando en esa tarea para que siga en esta tendencia a la baja y los actos de violencia; estamos hablando de que entre el mes de marzo y abril, disminuyeron arriba del 95 por ciento las ejecuciones”, concluyó la fuente.


(SEMANARIO ZETA BCS/ Edición Impresa  /Investigaciones Zeta/ Martes, 9 Mayo, 2017 12:00 PM)

CJNG ES EL RIESGO EN BCS

FOTOS: Archivo

 “Se va a poner pesado, estimamos que sí vaya a registrarse una cacería de Dámaso”, señaló un miembro del Grupo Interinstitucional a este Semanario. Autoridades advierten el posible fortalecimiento de Jalisco, con miembros de Sinaloa

A finales de abril, más de mil 400 elementos fue enviados de la Federación a Baja California Sur, la mayoría para concentrarse en proteger al destino turístico de Los Cabos, escenario reciente de balaceras y ejecuciones que ha dejado un saldo de 120 muertos en lo que va de 2017. Esta es la consecuencia, principalmente, de la narcoguerra entre “Los Dámaso” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Ahora autoridades anticipan un repunte de la violencia tras la detención de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, sobre todo en Los Cabos.

“Se va a poner pesado, estimamos que sí vaya a registrarse una cacería de Dámaso, estos fenómenos -refiriéndose a la detención– son claras señales que las cosas tienen que tomar un camino o un orden, esperemos que el orden sea marcado por quienes encabezamos la seguridad”, expresó un miembro del Grupo Interinstitucional entrevistado por ZETA.

El miércoles 3 de mayo, pasadas las dos de la tarde en la colonia Buenos Aires de San José del Cabo, la víctima de esta reacción criminal fue Ramón Humberto Villa Robles, de 21 años de edad, quien caminaba por el domicilio de Dátil, entre Sauce y Del Bosque cuando un comando armado disparó con rifles de asalto calibre .223.

“Vecinos dijeron que los presuntos se llevaron a una persona, esto puede ser la limpia de la plaza, como ellos le llaman, lo que nos invita a estar atentos y cerrar más las líneas y mejorar la estrategia”, expuso una fuente consultada.

La advertencia de las autoridades es el posible fortalecimiento del CJNG o CTNG con miembros del propio Cártel de Sinaloa.

“Sin querer minimizar, yo quisiera destacar el número de armas que han sido aseguradas con detenidos, porque eso nos va a dar la posibilidad de generar estabilidad de seguridad. Nosotros quisiéramos exactamente ver cómo entran, estamos en un litoral, el mayor litoral del país, con el 22 por ciento de los litorales, y que resulta imposible para cualquier país estar observando uno por uno de los lugares donde puedan ingresar por mar, por aire; tenemos un territorio donde pueden aterrizar aeronaves en pistas naturales que ya existen, y es muy complicado estar vigilando todos los lugares de Sudcalifornia”, expresó Álvaro de la Peña Angulo, vocero del Grupo de Coordinación y secretario general de Gobierno.

Pero otro de los problemas es la urgente depuración de las policías. En 2017, al menos 15 policías estatales han sido asignados a tareas de otro tipo por no cumplir con los lineamientos de control y confianza.

“No te imaginas el temor que es subirse a una patrulla que diga (Policía) Estatal Preventiva, aunque estén designadas al Mando Mixto nos da miedo trabajar con elementos en los que hasta los jefes tienen una dudosa confianza. No ha resultado como se esperaba esta manera de trabajar”, externó un agente de la Policía Municipal.

De ahí que urja examinar a los agentes, y así como ha ocurrido en Los Cabos, con el despido de más de 50 elementos ya, los cuales comprometían su servicio para con los ciudadanos y sí con vínculos hacia la delincuencia organizada, apunta a que Jalisco tiene carta abierta para poner las reglas del juego, y las autoridades a imponer la Ley

LA PRESENCIA DEL CJNG

“Si bien es cierto que Cártel Jalisco se ha mantenido al margen en los últimos meses en cuanto a ejecuciones, dejando en cierta manera actuar a ‘Los Dámaso’, también es un grupo criminal y no ha sido golpeado como tal”, evidenció uno de los expertos consultados por este Semanario.

Y es que la mayor parte de la estructura desmembrada, ha sido contra Cártel de Sinaloa, justo en la última reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, brindando el informe de los primeros tres meses, dio cuenta de golpes duros contra “Los Dámaso”.

“Recordaremos al apodado ‘El Lucifer’, que a éste se le consideraba como un sujeto del brazo armado de las llamadas ‘Fuerzas Especiales de Los Dámaso’ con todos los objetos del delito en pantalla, les comento que  él se le dictó prisión preventiva”, mencionó el titular de la Secretaría General de Gobierno durante la reunión de evaluación trimestral del Grupo de Coordinación, sobre la detención del joven sicario en El Zacatal de San José del Cabo el 6 de marzo.



ÁLVARO DE LA PEÑA ANGULO

Una de las detenciones importantes dadas a conocer es la de uno de los operadores y encargados de suministro de armas, a quien se identifica como “El Armando” y “La Cris”, detenidos bajo investigación el 10 de marzo y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Pero también al apodado “El Armando”, que era buscado por autoridades de Estados Unidos por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en aquella nación, falsificación de documentos, delitos contra la salud y pandillerismo; tiene presunta relación con el suministro de armamento a células criminales en Los Cabos.

Sin embargo, los líderes del CJNG han cruzado la línea “sin ser detectados”, lo que les ha permitido establecerse de manera silenciosa y con solidez, o al menos han manteniendo “un perfil bajo, lo que tiene estrategia y complacencia, ya que grupos policiacos que trabajaron al servicio del otro cártel, hoy están a su mando o por lo menos en contra de los que buscan abatir”, evidenció un agente ministerial consultado por ZETA.

Entre las detenciones relevantes de este año están las de:

*“El Lucifer” el 6 de marzo, con armas y droga, y acompañado de dos jovencitas de 18 años de edad en El Zacatal, San José del Cabo.

* “El Armando” y “La Cris” el 10 de marzo, supuestamente suministraban armas para la batalla por la plaza.

* Dos presuntos sicarios en el lobby del hotel Hyatt Ziva de San José del Cabo el 12 de marzo, tras una balacera y persecución.

* Dos jóvenes sicarios el 24 de marzo, en un enfrentamiento que culminó en los alrededores de la Unidad Deportiva San José 78; viajaban a bordo de una camioneta Tahoe color negro.

* Seis detenidos y un fallecido, fue el resultado de una refriega en las calles de la colonia Santa Rosa en San José del Cabo; se les aseguraron armas de uso exclusivo, equipo táctico y droga.

Mientras que “Los Dámaso” han sido tocados por las autoridades y grupos antagónicos, otras células delictivas, hasta cierta medida, “han operado con normalidad, lo interesante se viene en estos días, donde mientras no haya una organización en Sinaloa, es posible que se venga el contrario con todo, y para eso estamos las autoridades: para contener todo el nivel de violencia, sea del grupo que venga, lo importante es erradicar la violencia”, puntualizó el miembro de inteligencia militar consultado.

Por lo pronto se confirmó a ZETA que la Secretaría de Marina (SEMAR) mantiene vigilancia en las costas, sobre todo de La Paz y Los Cabos, con embarcaciones, dos aeronaves, dos helicópteros de alto alcance, artillados para la vigilancia; por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Estatal Preventiva (PEP) la llevan a cabo en las periferias de la ciudad, principalmente en las comunidades de San Antonio, Los Planes y toda comunidad aledaña de La Paz para evitar que haya delincuentes escondidos en la zona.

“Ha pasado en otros estados del país, que detienen a alguien de alguna célula criminal, a algún capo, un líder y sucede esto, sin embargo, estamos haciendo todo lo que nos compete y lo necesario para que no suceda así, y quien llegue a la entidad, a través del avión, del barco, incluso la propia carretera que viene del norte, va a ser muy difícil que por lo menos por esas vías estén ingresando”, lanzó Álvaro de la Peña.

Aunque la intención no solo es abatir al Cártel de Sinaloa, contra Jalisco se pretende implementar más operativos y cerrar filas. “Vamos a seguir operando con mayor intensidad en los módulos de revisión secundaria, más cateos, más operativos en las calles, invitando a la gente con la denuncia anónima, es fundamental la denuncia anónima, la participación de la gente”, exhortó el funcionario estatal.

DETENCIÓN DE DÁMASO SÍ REPERCUTE

“El escenario que se viene para Baja California Sur me parece alentador, alentador en términos de que la seguridad pueda restablecerse, dado que es lógico pensar esto al quedar acéfala la organización criminal, al quedar desarticulada en este momento la organización por la carencia de su cabeza más visible, con capacidad más ejecutiva”, comentó Gerardo Vázquez Alatriste, ex funcionario de investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde el 31 de julio de 2014 se desató la violencia en Baja California Sur, primero en La Paz, luego Comondú, Loreto y Mulegé, ahora concentrada en Los Cabos. “Muchos de los hechos nos han apuntado a células de ‘Los Dámaso’, estructura criminal que hoy se ve afectada tras la detención (de ‘El Licenciado’), no descartamos que tengan estructura, pero es un golpe duro y se viene el arrecio de los rivales y por qué no, de las propias autoridades”, argumentó un miembro de inteligencia militar.

“Esto puede volverse alentador en términos de que el control social se pueda restablecer, a qué me refiero: a que el Gobierno del Estado tiene una magnífica oportunidad para actuar de manera simultánea o de manera consecutiva a estas acciones, de manera que se pueda reprimir a la gente, que se pueda quedar en el control de la región”, indicó por su parte el ex mando de la PGR.

Al momento, la zona más vulnerable en Baja California sur es San José del Cabo, donde hay mayor presencia de células de “Los Dámaso” y donde al momento se concentra la operación de grupos del CJNG.

“Es un momento clave para que Baja California Sur recupere ese control social, que cesen los enfrentamientos y se saque de circulación a mucha gente vinculada en actividades delictivas, sobre todo ellos, pero también es importante para que el Gobierno del Estado actúe para que esa ausencia tampoco sea capitalizada por las empresas criminales rivales, es buen momento, este momento difícilmente se va a volver a presentar a Baja California Sur”, afirmó Vázquez Alatriste.

Para “La Paz y Los Cabos es muy importante esta detención,  puesto que este capo tenía influencia en las operaciones criminales, sobre todo en Los Cabos y cierta influencia en La Paz. En este caso nos ayuda porque es más fácil la tarea, sin que suene a que se va a resolver de un día para otro, no es así”, advirtió.

Por último, Álvaro de la Peña Angulo, funcionario con vasta experiencia en seguridad nacional, declaró: “Vamos a continuar redoblando el esfuerzo, porque no se resuelve con la detención de él, siguen otros grupos luchando por el poder y las plazas en el país, y tenemos que entrar en un esquema de alerta para no confiarnos”.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / INVESTIGACIONES ZETA /LUNES, 8 MAYO, 2017 12:05 PM)

EN UN AÑO, SIETE VECES MÁS EJECUCIONES


FOTO: cortesía

De 27 homicidios dolosos registrados en el primer trimestre de 2016, el Secretariado Ejecutivo Nacional reporta 188 víctimas de este delito entre enero y marzo de 2017.

Por encima de estados como Guerrero y Sinaloa, Baja California Sur ocupa el segundo a nivel nacional en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes

En los primeros tres meses de 2017, en Baja California Sur fueron asesinadas más personas que en todo 2014 y, si se compara con el total de homicidios registrados en 2013, la cifra de un trimestre la supera tres veces.

Datos del Secretariado Ejecutivo Nacional indican que 188 personas han sido ejecutadas de enero a marzo de 2017. El primer mes se contabilizaron 60 víctimas, 49 más en el segundo mes y 79 en el tercer mes.

Este número es siete veces mayor a los 27 homicidios dolosos registrados de enero a marzo de 2016. Ese año cerró con 280 víctimas de este delito, pero en ningún mes se registró un número tan alto de homicidios, siendo el mayor agosto con 31.

Con ello, suman más de 500 asesinatos en la administración estatal de Carlos Mendoza Davis, quien en 2015 asumió la gubernatura.

La disputa de los territorios entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue sumando víctimas y elevando la incidencia delictiva en esta entidad.

TASA DE HOMICIDIOS, CUATRO VECES POR ENCIMA DE LA NACIONAL

En 2017, el Secretariado Ejecutivo Nacional calcula en 4.68 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el país. Baja California Sur alcanzó una de 16.42, la segunda más alta, solo por debajo de Colima con 20.33

Le sigue Guerrero, con 15.25, y de ahí, la más cercana es de 11.41 en Baja California donde, hasta marzo, se reportaron 529 ejecuciones. Con esta cifra, BCS supera a países como Ecuador y Nicaragua.

La utilidad de estas tasas radica en no observar el número de homicidios como una cifra aislada, sino contextualizarla dentro de la población para así medir el impacto que tiene la violencia entre los habitantes.

Incluso en abril, mes que todavía no es contabilizado por el Secretariado Ejecutivo Nacional, fueron asesinados el periodista Max Rodríguez, lo que atrajo las peticiones de organismos nacionales e internacionales para que se investigue el crimen, así como el comandante del Grupo Operativo Especial (GOE) de la Policía Estatal, Juan Salvador Díaz Moreno.

PRESIONAN EMPRESARIOS DE LOS CABOS

Al revisar los municipios donde se concentran las ejecuciones, Los Cabos y La Paz se muestran a la cabeza. En la primera ciudad, donde suman 97 homicidios, “Los Dámaso”, “Los Acosta” y “Los Colores” luchaban por el control de la plaza, como se ha documentado en ZETA (“Policías en la mira de sicarios, semana del 12 al 20 de abril).

Precisamente el 18 de abril, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se trasladó a Los Cabos para reunirse con un grupo de empresarios y abordar asuntos de seguridad pública.

A pesar de las cifras, el funcionario federal habló con optimismo de la incidencia delictiva en este destino turístico, “acaba de pasar un periodo muy importante a nivel nacional e internacional y prácticamente no tuvimos un solo incidente, la idea es permanecer así todo el tiempo, todos los días del año, no solamente por temporadas, sino todo el tiempo”.

Sobre la presencia de las fuerzas federales, declaró: “Que los delincuentes sepan que están presentes aquí las autoridades federales, estatales, coordinadas para hacerles frente, para detenerlas y para, por supuesto, presentarlos a la justicia”.

Acerca de la participación de los empresarios en temas de seguridad pública, anunció que éstos se incorporarán a una mesa de seguridad y justicia, como las que ya existen en otras entidades federativas.

“La idea es que se involucren lo más que puedan y se pueda ahí ver cómo va funcionando la estrategia, cuáles son los resultados, qué es lo que falta, para que junto con la sociedad, se den mejores resultados”, apuntó.

LA PAZ QUE NO HA REGRESADO

Desde 2015, en La Paz incrementó considerablemente la violencia. Ese año se registraron 112 homicidios, lo que la convirtió en la ciudad más violenta en comparación, por ejemplo, con poco más de 30 ejecuciones registradas ese año en Los Cabos.

En 2017 se han registrado 29 homicidios, que comparados con los 11 que se cometieron en el primer trimestre de 2016, demuestran cómo la cifra sigue en aumento. Precisamente este municipio cerró con 132 homicidios en 2016, poco menos de la mitad de los registrados en toda la entidad.

Años atrás, por ejemplo en 2014, hubo solamente 48 homicidios en La Paz. Incluso, en meses como junio no se registró una sola víctima de este delito. Un año antes, 2013, solamente 25 personas perdieron la vida por homicidio intencional.


(SEMANARIO ZETA BCS/ Edición Impresa/  Inés García Ramos /Martes, 2 Mayo, 2017 12:00 PM)

LA TRANSA DE LAS LUMINARIAS


FOTOS: Antonio de Jesus Cervantes

La responsabilidad apunta a Santiago Leal Amador, director general de la Consejería Jurídica del XV Ayuntamiento de La Paz. Desde el principio regidores y funcionarios públicos fueron “engañados” por la parte jurídica, expresa Gerardo Jáuregui Quezada, apoderado legal de GIRRSA, empresa concesionada a la que el municipio adeuda 26 millones de pesos

A principios de junio de 2015 se dio a conocer el punto de acuerdo del Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz, en el cual se resolvió entregar por 15 años la concesión del servicio de alumbrado público a la empresa nayarita Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, S.A. de C.V. (GIRRSA), la cual se encargaría desde ese entonces del mantenimiento, reparación y sustitución de las más de 18 mil luminarias que existen en la capital de Baja California Sur.

“Lo veo muy preocupado antes de tiempo. Él va a tener tres años para preocuparse, ya llegará el tiempo de ocuparse por el municipio, y le va a hacer falta tiempo para preocuparse por todos los problemas que se vienen”, expresó Francisco Monroy Sánchez, alcalde en turno del Ayuntamiento y suplente de Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien fuera precandidata por la gubernatura del Estado.

Ese mensaje envió Monroy al sucesor de las deudas municipales, Armando Martínez Vega, el cual es notorio no encuentra una salida a los problemas que su equipo le ha generado, poniendo al descubierto un millonario quebranto para las arcas municipales.

La responsabilidad apunta a Santiago Leal Amador, director general de la Consejería Jurídica del XV Ayuntamiento de La Paz, quien en principio hizo lo conducente para hacer llegar a los integrantes del Cabildo las supuestas irregularidades que cometió la empresa para ser seleccionada de entre cuatro más.

Fue en la Segunda Sesión Pública de Cabildo da La Paz donde se contaron 13 votos a favor y uno en contra para la revocación del título de concesión a la empresa para la prestación, explotación, administración y conservación del servicio de alumbrado público municipal. Ahí se expusieron los puntos que, en la opinión de Leal Amador y dado a conocer a Rosa Evelia Solorio Ramírez, síndico municipal, son los puntos que declaran irregularidades en el proceso de entrega de la concesión.


GIRRSA mantiene trabajos en las calles de La Paz, pese a que ha sido negado por el Ayuntamiento y el Consejero Jurídico

Entonces se señalaron cinco puntos primordiales:

1.         La anterior administración falló al aprobar dicha concesión por no revisar a detalle el resto de los proyectos presentados en la convocatoria de licitación;
2.          
2. El resultado no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado;
No contaba con la firma del tesorero municipal;

Supuestamente tenían la autorización de la alcaldía ni del Estado;

Por Ley está prohibido otorgar concesiones de los servicios públicos a particulares.

Sin embargo, desde un inicio tanto regidores como algunos funcionarios públicos del Ayuntamiento fueron “engañados” por la parte jurídica, según expresa Gerardo Jáuregui Quezada, apoderado legal de GIRRSA.

“Dentro del proceso lo que ha sucedido es simplemente la presentación de escritos dilatorios, pero lo único que demuestran es lo tendencioso con que se conducen y las falsedades. Me atrevo a decir que la Consejería Jurídica se conduce con falsedad ante el pleno del Cabildo, y el pleno del Cabildo no está enterado de la realidad jurídica de su estatus”.

Pese a las declaraciones vertidas en ese entonces, Jáuregui no se dio por vencido, pues existía un contrato firmado por el Ayuntamiento, y debía hacerse efectivo.

“Al inicio de los trabajos del XV Ayuntamiento determinaron desconocer el título-concesión que fue otorgado por la anterior administración, sin embargo, este desconocimiento de nuestro proceso jurídico fue sin que nos hayan respetado las formalidades del procedimiento, es decir, lo hicieron de forma unilateral, eso motivó a que la empresa nos fuéramos a promover un juicio de amparo, ya fue resuelto, obteniendo una sentencia donde nos están protegiendo y en la cual en este momento está en revisión ante el Tribunal Colegiado”.

Según el abogado,  de entrada fueron violentados los derechos de la empresa al negarse la audiencia.

OBLIGACIONES OMISAS Y DESACATO

“Ya cuando hay un desacato a una orden federal, es otro nivel de circunstancias que se tiene que hacer, yo creo esto no va ligado pero hace darse cuenta, de que probablemente han engañado al alcalde las partes jurídicas del Ayuntamiento, porque así como algunas denuncias que han presentado contra tu servidora o sus colaboradores, carecen de sustento, carecen de elementos, son ideas, son comentarios, son suposiciones”, dijo la diputada federal priista y ex alcaldesa de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, poniendo en duda las capacidades del director de la Consejería Jurídica.

“Los asesores jurídicos o las gentes que participan en esto, no tienen la capacidad para atender, o para diluir estas cosas, ese es el tema, por el bien del municipio el alcalde debe tomar cartas en el asunto, para que se fortalezcan estas cosas y que no sigan pasando cosas fuera de orden que lastiman a la ciudadanía”, recomendó ante la incapacidad demostrada del Área Jurídica.

Aun con un mandato del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, hubo un acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria celebrada el 13 de junio de 2016. Para resolver el incidente de revisión en materia administrativa número 505/2015, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1039/2015, la autoridad municipal entró en desacato.

“Sin embargo, en el inter del procedimiento existe una suspensión definitiva que data del 13 de junio del 2016, la cual no ha sido acatada por la autoridad, esa actitud omisiva deriva en que estemos en un incidente de incumplimiento, y ese incidente de incumplimiento lo que va a traer consigo son unas consecuencias muy delicadas”, lamentó Gerardo Jáuregui, apoderado legal de GIRRSA.

Lo cierto es que desde el principio las arcas municipales estaban indefensas en materia jurídica. Uno de los casos fue la contestación que hiciera el director de la Consejería al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en el asunto donde se “rinde informe en el incidente para modificar o revocar la suspensión definitiva”; en primera acepta que hay una suspensión definitiva, y en segunda, llama ignorantes a los integrantes del Tribunal Colegiado:

“Falseando los hechos para tratar de sorprender a su señoría, además aplica el principio general de derecho que establece Quien afirma está obligado a probar, situación que en la especie no ocurre y que los integrantes del Tribunal Colegiado denotan una ignorancia inexcusable de la ley de la materia cuando en teoría son expertos en materia constitucional, al tomar como suyo el argumento de la quejosa, cuando no existe documento, ni prueba alguna en el expediente que acredite el dicho de la quejosa”.

El escrito fue enviado por el director general de la Consejería Jurídica a título del secretario general del municipio, Isidro Ibarra Morales, es decir, actúa desde su silla, falsea información, oculta la misma y falta al respeto a la autoridad sin firmar un solo documento, sino a través de otras figuras públicas.

Aunque la empresa ganó un amparo contra el Ayuntamiento de La Paz, y ahora el mismo debe cumplir con el pago de hasta 26 millones de pesos que adeuda a GIRRSA, el cual no ha emitido, deriva en desacato por una instrucción de un juez federal, situación que ha sido tomada a la ligera por Santiago Leal.

“La existencia de un posible desacato por no pagarle a la empresa es un juicio que aún no concluye, estamos aún en proceso, y aún no estamos en desacato, ninguna de las autoridades municipales ha caído en desacato hasta este momento”, mantiene la postura el consejero jurídico, pese a los recursos de revisión desechados por improcedencia.



Gerardo Jáuregui, Apoderado Legal de GIRRSA, asegura que la Dirección de la Consejería Jurídica se conduce con falsedad

Con documentos en mano, Gerardo Jáuregui informó que la autoridad federal ha requerido en más de dos ocasiones el pago a la administración municipal, a lo cual han sido omisos, a sabiendas de lo que marca la Ley.

“Tomado en cuenta o lo que no se ha dicho por parte de nuestras autoridades, la autoridad federal les ha requerido en más de dos ocasiones para que en 24 horas dieran cumplimiento, no lo han hecho, el área de Consejería Jurídica se ha encargado de dilatar lo que es irremediable, que es acatar la orden del tribunal, y bueno, la actitud rebelde que están tomando va a traer como consecuencia lo que marca la propia Ley de Amparo: la configuración de un delito especial, y en ese caso la inhabilitación y destitución del puesto”, lanzó el apoderado legal.

Pero esto va más allá de la destitución del funcionario público, hay tres momentos que se pudieran presentar:

* La apertura de una averiguación ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque se configura un delito especial;

* La solicitud ante el Congreso del Estado para el desafuero y destitución de los funcionarios municipales, es decir, regidores, alcalde, síndico municipal y tesorero.

* Un cumplimiento sustituto, que puede ser el embargo del Ayuntamiento, el congelamiento de cuentas o alguna alternativa para que se paguen las tarifas acordadas en el contrato.

Ha quedado claro que autoridades desconocen en gran proporción el fondo del asunto, incluso la síndico Rosa Evelia Solorio Ramírez, el propio alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega y el jurídico, estuvieron enterados y no notificaron al Cabildo paceño de lo que ocurre en este caso en particular; ahora todos están en desacato por la mal función de un servidor público, el cual a decir de la empresa, “ha actuado de mala fe”.

Pero algunos, por no decir la mayoría, “la actitud que han tomado los funcionarios municipales, a excepción de algunos, es ser omisos, es tener los ojos cerrados a lo que es evidente, una parte de los funcionarios, viendo cómo está la situación, han tratado de buscar una alternativa o una solución a esto”, lo cual también los hace responsables del mal trabajo que se hace desde este puesto jurídico.

MENTIRAS Y ENGAÑOS JURÍDICOS

Son facultades de la Consejería Jurídica “dar seguimiento a los juicios y controversias en los que sean parte las dependencias y entidades de la administración. También se erigirá en Consejera Jurídica de todas las dependencias de la administración municipal; contribuirá en la revisión de los convenios, acuerdos y contratos en los que sea parte el municipio, y brindará asesoría sobre la integración y seguimiento de los procedimientos administrativos. Asimismo, será la responsable de incoar los procedimientos y actas administrativas en materia laboral, así como dar seguimiento a los juicios laborales en los que el Ayuntamiento o el Municipio sea parte”.

Además, dicha dirección “dará al Síndico Municipal la asesoría necesaria para el desempeño de sus facultades y será la responsable de dar seguimiento a los juicios en los que por motivo de sus facultades deba comparecer la Sindicatura Municipal”, determina la Ley Orgánica del Municipio.

Dicho esto, el servidor público encargado de la Dirección General de Consejería Jurídica, la síndico municipal y el propio alcalde, han quedado a deber en sus responsabilidades, el primero por “tener desempeñando una función que no llena, no sabe, o de plano está jugando; la síndica ha fallado mucho en los documentos, los documentos que presenta aquí frente a los regidores carecen de siquiera sentido común, falta de orden y compromiso; y el alcalde los está dejando ser, cuando lo están poniendo en mal”, expuso una fuente.

Para dejar en claro el desconocimiento de la Ley por parte de Leal Amador, “el amparo 1039/2015, relativo al tema conocido públicamente como el de la luminarias, es un asunto que aún no se resuelve en definitiva,  que se encuentra actualmente en proceso de revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito con sede aquí en la ciudad, estamos dando seguimiento y esperamos una resolución, esperemos pronta”, sin embargo, ya ha sido solicitado y de igual forma desechado por el Tribunal Colegiado, situación que omitió el servidor público.

Aun cuando el propio Ayuntamiento ha registrado otros recursos de revisión, los cuales se desecharon por ser “notoriamente improcedente el recurso de revisión que hace valer la Síndica Municipal del Ayuntamiento de La Paz (Rosa Evelia Solorio Ramírez)”, quien es mencionada en el “Amparo en revisión número: 779/2016 en la Subsecretaría General de Acuerdos Sección de Trámites de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás Asuntos”.



Con documentos en mano, el representante legal de la empresa GIRRSA aseguró que sus representados recibieron un Amparo para continuar con las labores de mantenimiento del alumbrado público de La Paz

Según Santiago Leal Amador, recurriendo a su verdad, “hay un resolutivo que no es definitivo, donde el Juez Segundo toma una determinación, sin embargo, ese resolutivo es una parte en todo el procedimiento, éste termina hasta la sentencia que pueda emitir el Tribunal Colegiado, que hasta este momento no la ha emitido”, sostiene.

Pese al resolutivo ya emitido por los tribunales colegiados de Circuito, el director general de la Consejería Jurídica tuvo el valor de sostener una mentira a ZETA, sin embargo, el propio amparo en revisión 779/2016, emitido el 13 de junio de 2016, afirma que las sentencias pronunciadas “por los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de la revisión no admitirán recurso alguno, es decir, dichas resoluciones constituyen decisiones emitidas por tribunales terminales y son definitivas e inatacables; por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está jurídicamente facultada para modificarlas a través de la interposición de otro recurso de revisión, ya que permitirlo provocaría una impugnación interminable de resoluciones de los recursos de revisión”, lo que le da la razón a Jáuregui Quezada, quien acusa, Leal Amador “solo pretende dilatar el proceso”, pero ya con un destino declarado, la suspensión definitiva, “solo pide que nos dejen trabajar”.

En los documentos se deja en claro que el consejero jurídico mantiene la mentira, pues el incidente de revisión 505/2015 en materia administrativa, resuelve que “se concede la Suspensión Definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo”, promovido por GIRRSA.

Incluso como menciona esta edición de ZETA, el propio representante legal del Ayuntamiento reconoce: “El síndico municipal y otras autoridades, rinden el informe para modificar o revocar la suspensión definitiva”, es decir, es contradictoria la declaración a voz de Leal Amador con los documentos presentados.

Por último, menciona que no hubo notificación alguna, lo cual es falso, según el documento emitido el 21 de abril de 2017 al Tribunal Colegiado, por parte del secretario general del Ayuntamiento (oficio SG 603/2017, del incidente 1039/2015), donde afirma:

“En atención al requerimiento efectuado por este Tribunal. Y con el objeto de acreditar las acciones emprendidas por esta Secretaría General a mi cargo a efecto de dar cumplimiento en todos sus términos a dicha suspensión, me permito acompañar los oficios”, dirigidos a Raúl Adrián Calderón Jordán, Tesorero Municipal; y José Martín Guluarte Ceseña, Director General de Servicios Públicos Municipales”.

Hasta el último día y por desconocer el fallo del tribunal, el secretario solicitó los informes para hacer válidos los pagos a la empresa, lo cual denota el trabajo interno e incomunicado por la parte jurídica, al no notificar a las áreas que representa y faltando al principio por el cual fue nombrado a su cargo.

Aclaran los documentos que la condición como empleados municipales de la Consejería Jurídica, síndica, tesorero y hasta el alcalde, debe revisarse por parte del Cabildo para determinar su permanencia, porque al menos han incumplido con labores en las que deben atender a la ciudadanía.

LA ESTOCADA AL ARCA PÚBLICA

Según los costos establecidos por parte de la empresa, gastos básicos como son una bombilla o un foco, como comúnmente lo conoce la población, se estima en 72 pesos, “sin embargo se tiene conocimiento de costos ingresados a través de Servicios Públicos de hasta 120 pesos”, lo que podría implicar un abuso y un “negocio” para servidores públicos.

La operación del mantenimiento de las luminarias “se ha visto complicada, no nos pasa servicios públicos los reportes, entonces, lo que hacemos es recibirlos a través de la página en Facebook GIRRSA La Paz, o bien, a través del correo GIRRSALaPaz@gmail.com”, lamentó la empresa.

Lo que se revisa por parte de los regidores, y que hay molestia entre algunos consultados, aparte del desconocimiento de fondo, es que se habla de un recurso o soborno que se solicitó por servidores públicos de La Paz, en particular en área jurídica, mismo que no ha sido revelado, al evidenciar abuso de poder, “son ocho millones que se solicitaron vía telefónica a la empresa para dejarla operar, petición que fue negada, situación que mantiene en la lucha por la permanencia de ciertos funcionarios”, destacó la fuente consultada.

“Los actuales encargados del área de Servicios Públicos pretenden ver esto como un negocio, cuando no, simple y sencillamente se debe respetar un contrato, si no quieren respetar el contrato, simple y sencillamente que hagan bien las cosas, que guarden las formalidades de un juicio y que venzan en un tribunal”, denunció el apoderado legal de GIRRSA, dejando entre líneas la posible corrupción a la que han sido expuestos y acosados por funcionarios municipales.

Aunque el acoso jurídico y telefónico se ha dado, la empresa mantiene las labores en las calles de La Paz, todas las denuncias por el servicio se atienden el mismo día, según Jáuregui, incluso se estima que la misma haya invertido 14 millones de pesos solo en equipo de trabajo, herramientas, lámparas y cableado.

“Estamos laborando desde el primero de julio de 2015. Podrá darse de la atención que se ha hecho a los reportes ciudadanos. La inversión que se ha hecho es de 14 millones de pesos aproximadamente, está la infraestructura enterrada en la calle, en el cableado, en todas las refacciones que se han cambiado. A la fecha son aproximadamente 26 millones de pesos que se nos debe”, aseguró.

Por su parte, el director general de la Consejería Jurídica indicó que la empresa actualmente no trabaja en el servicio de alumbrado público, “nosotros hemos seguido prestando el servicio de alumbrado público, Servicios Públicos Municipales le da mantenimiento con su equipo de trabajo, con trabajadores del Ayuntamiento. No veo dónde exista una deuda a favor de esta empresa, no está justificada, no existe, nosotros hemos hecho cargo de este servicio público”, reiteró.

A lo que la empresa respondió: “Tenemos bitácoras de todos los trabajos que se han hecho”, incluso el Ayuntamiento acepta el trabajo de GIRRSA, y que son ellos mismos quienes recibieron las bitácoras de trabajo, como obra en un informe de bitácoras, dicho cuadernillo se denomina “GIRRSA, reporte periodo 1 de agosto al 31 de agosto del 2015” y fue recibido por el XIV Ayuntamiento de La Paz el 18 de septiembre de 2015. Documento que existe en el expediente del Ayuntamiento y que “se hicieron de la vista gorda u omitieron su existencia a la llegada de la nueva administración”.

Aunque el propio gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, ha apostado por la llegada de Asociaciones Público Privadas (APPs) para el mejoramiento del servicio público, por la falta de una “negociación” al servicio de unos pocos, el Ayuntamiento ha decidido cancelar una concesión que no sirve a los intereses de los servidores beneficiarios.

FUEGO AMIGO EN LA PAZ

A través de una nota periodística, recientemente salió a relucir la supuesta destitución del secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Isidro Ibarra Morales, aduciendo malos manejos y por haber recibido un soborno, así como su participación para que fuera aceptada la licitación y concesión de la empresa.

“Acusaciones que fueron infundadas”, por dos razones: “el secretario, en carácter de servidor público, no tiene influencia para la entrega de una concesión, en todo caso sería todo el cabildo; segunda, la concesión fue entregada en la anterior Legislatura”, afirmó un jurídico consultado por ZETA.



Rosa E Solorio Ramírez, Síndica Municipal la cual tuvo conocimiento de los movimientos juridicos y legales y fue omisa, la cual podría estar en desacato

Los hechos fueron señalados supuestamente de manera jurídica, lo cual implicaba su inminente salida, al respecto ni la propia área jurídica del Ayuntamiento tiene sustento, mucho menos conocen tal determinación de manera oficial, lo cual queda en una falacia, o bien, un distractor de lo que es un millonario menoscabo al arca municipal.

“Una nota que ha salido en redes sociales, hasta donde sé, no tengo ninguna información oficial en ese sentido, nosotros hemos dado seguimiento legal a la parte del tema y desconozco esa parte”, expuso Santiago Leal Amador.

Dicha información sale a relucir luego que la empresa con la concesión de alumbrado público (GIRRSA) prácticamente tiene atada de pies y manos a la administración, lo que significaría una pérdida millonaria, el propio Ayuntamiento debe acatar la disposición del juez, a través del amparo otorgado a la empresa.

Mientras tanto, el asunto del supuesto soborno se analiza de manera legal, a lo que Isidro Ibarra manifestó que compete al área jurídica y no como se manejó la información, lo que recalca fue mero distractor, emanado desde el Ayuntamiento, en un fuego amigo para que la atención se centre en asuntos que no tengan que ver con el grave quebranto financiero al que se expondrá el municipio.

Aunque la culpa se la quisieron echar cuatro regidores, y el propio alcalde en compañía de jurídicos, Ibarra Morales se defendió.

“Les aclaré que soy el secretario general, que no soy el jurídico, yo no he llevado los temas jurídicos, yo no he intervenido, aparte que no conozco, no me han informado de los procesos que se han llevado de los expedientes, de la resolución, de los recursos de revisión, de las notificaciones; firmamos de buena fe porque nos entregan los informes de todos los casos, incluyendo este de las luminarias, al 15 para que se venza el término”, y culpó a los jurídicos de hacer su función a última hora.

Ibarra negó rotundamente la presunción de un soborno que recibió por parte de la empresa dedicada al mantenimiento del alumbrado público, para que la misma pueda desempeñar el mantenimiento, y advierte, no hará las cosas a periodicazos o notas en internet, como lo hicieron para desviar la atención; lo hará a través de los medios legales conducentes.

“La otra cuestión que quiero aclarar y negar rotundamente, y ante eso voy a poner mis recursos legales, para quien me señaló, me pruebe que yo acepté un soborno, me lo tiene que probar, pero en un juicio, y eso ya lo estoy trabajando, ya lo estoy preparando para que todos los que me acusaron, o me sugirieron o los que filtraron, incluyendo los medios; porque ya me hicieron un prejuicio, ya me afectaron, también los voy a llamar a cuentas, pero donde debe ser”, denunció.

Lo que buscaban fuera una caja china que pretendía desviar la atención de la pérdida millonaria a la que será acreedor el Ayuntamiento, destapó la cloaca municipal, poniendo en tela de juicio, y sobre todo en duda, si las cosas se están haciendo bien en el municipio.

La destitución de Ibarra Morales fue acordada desde el seno de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Cabildo de La Paz, orquestada por el alcalde Armando Martínez, la síndico municipal Rosa Evelia Solorio Ramírez y los regidores Arlen Ivet Palacio Villanueva, Jorge Arturo Barrón Pinto, Pablo Ojeda  Meza y Julio Cervando Higuera.

Aunque el alcalde mencionó que no haría reuniones de este tipo, la Primera Sesión Privada Extraordinaria se realizaría el viernes 28 de abril a las cuatro de la tarde, en la Sala de Sesiones de Cabildo “C.P. Manuel Jorge Santa Ana González”, de Palacio Municipal.

En la orden del día destacaban dos puntos principales:

* Análisis, discusión y en su caso, acuerdo sobre la actuación y situación actual del titular de la Secretaría General del H. XV Ayuntamiento de La Paz;

* Propuesta y análisis de acuerdo por el cual el H. Cabildo acuerda acatar el resolutivo una vez que cause estado del juicio de amparo 1039/2015.

Ante el acuerdo en lo oscurito, es inminente la solicitud de cesar del cargo a Isidro Ibarra Morales, ya que no hay atribuciones legales para la salida del servidor público, lo que lleva de nuevo a pensar en si la actuación jurídica del H. Ayuntamiento se realiza bajo legalidad.

Armando Martínez Vega estaría dejando próximamente su encargo por una licencia médica, mientras se esperan resolutivos del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual podría enviar el cese de funcionarios que hayan entrado en desacato y  juzgarlos por responsabilidades.

Santiago Leal Amador ha estado involucrado en estos temas desde su gestión jurídica en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, donde contaba con un récord de hasta 80 juicios perdidos por montos superiores a 200 millones de pesos; él mismo reconoció en una entrevista otorgada a NoticiasPV.Com (11 de noviembre de 2013) que “son temas que desafortunadamente, cuando se originaron, se les dio seguimiento en nuestro concepto, no fue el mejor, por eso tenemos sentencias en contra. El total de los juicios que están ahorita desfavorables al Ayuntamiento importan un total de 200 millones de pesos. Estamos hablando de unos 80 juicios entre laborales, administrativos, etc”, concluye la nota.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/  Edición Impresa  /Antonio Cervantes/ Martes, 2 Mayo, 2017 12:00 PM)

DESCARRILA TREN DE FERROMEX EN NACO


Trasladaba carga de cobre y ácido sulfúrico; no se reportan derrames

Un tren de la empresa Ferromex con una carga de ácido sulfúrico y cobre provenientes de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, tuvo en accidente a la altura de Naco, en la frontera con Arizona, dejando heridas al menos 3 personas, todos empleados de la empresa FERROMEX.

De acuerdo con reportes, aún no confirmados por la Unidad Estatal de Protección Civil, en el incidente participó un tren de 63 vagones, de los cuales 35 venían cargados, 25 con ácido sulfúrico y los otros 10 con polvo de cobre, en un momento en que se trasladaban de la mina La Caridad en Nacozari, a Buenavista en Cananea.

El incidente habría ocurrido porque barrotes de la vía colapsaron por el peso de las máquinas del tren. No hay reportes sobre derrames de ácido, aunque sí se informó que al sitio del accidente arribó personal de Protección Civil, los cuerpos de bomberos de Agua prieta y Naco, además de personal de la Cruz Roja, que atendió y trasladó a los heridos a Naco para que fueran atendidos en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS.












(DIARIO DEL YAQUI/ Demian Duarte/11 DE MAYO 2017)

REPORTAN VIOLENCIA EN LOMA DE BÁCUM

Un nuevo hecho de violencia entre yaquis de Loma de Bácum ocurrió ayer por la noche, esto cuando Antonio R. V., realizó disparos contra una pareja.

Esto ocurrió durante el festejo del Día de las Madres, donde Francisca V. y su esposo Jesús G. salieron a una tienda a comprar.

Enseguida del comercio vive Antonio R.V., quien fue uno de los que el 21 de octubre de 2016 atacaron la guardia tradicional, y comenzó a disparar contra la pareja, apoyado por sus hermanos Marcelino, Juan Ramón y Román.

En medio de la confusión se armó una pelea a pedradas, una de las cuales alcanzó a Ramón A., quien tuvo que ser hospitalizado, pero fue dado de alta porque la herida fue leve.

Enojados, los yaquis, hombres y mujeres, rodearon la vivienda de Antonio R.V., quien es capitán de las autoridades espurias de Loma de Bácum, y le quemaron la enramada que fabricaron para sus reuniones.

Según algunos testigos de los hechos, tal vez Antonio y sus hermanos estén molestos porque las verdaderas autoridades tradicionales de Loma de Bácum lograron ganar el amparo para que el gasoducto no sea construido en territorio yaqui.

El pasado 21 de octubre se presentó un enfrentamiento entre habitantes de Loma de Bácum, que fueron agredidos por los de Loma de Guamúchil en un intento de apoderarse de la Comunila para intentar echar abajo el juicio de amparo contra la construcción del gasoducto.

En esa ocasión falleció Cruz B.P. y se acusó a Fidencio A. de ser quien le disparó, pero a siete meses de haber sido encarcelado, aún no le pueden fincar responsabilidades.


(DIARIO DEL YAQUI /REDACCION/ 11 DE MAYO 2017)

DÍA DE LAS MADRES SANGRIENTO; CUATRO MUERTOS EN CULIACÁN


A uno de los occisos tras inmovilizarlo lo ejecutaron sin piedad

Culiacán, Sinaloa.- La violencia no perdonó las festividades del Día de las Madres en la capital del estado, este día se cometieron cuatro ejecuciones dentro de la ciudad y sus alrededores.

LO INMOVILIZAN Y LO EJECUTAN

Un hombre de aspecto joven fue localizado ejecutado en un sector conocido como ampliación El Barrio, sitio cercano a donde estaba el desaparecido rastro municipal.

La víctima tenía las manos y los pies amarrados con cinta canela. Estaba de lado, pero de lejos se podía ver que se trataba de un hombre de no más de 30 años, complexión delgada, y traía dos rosarios, uno de cristal y otro de madera. Además, en su oreja izquierda traía un arete.

Como características, se dijo que vestía una playera color blanco con negro, pantalón de mezclilla azul y estaba descalzo. Tenía un corte moderno de cabello y su tez era morena clara, pero debido a la pérdida de sangre había tomado un color amarillento.



Lo que se presume: Todo indica que los agresores llevaron a la víctima hasta un predio que está siendo emparejado para hacer casas de fraccionamiento, pero que en la actualidad sirve como basurero clandestino de mucha gente de los alrededores.

Allí, en ese lugar, estando totalmente inmovilizado, le dispararon por lo menos en una o dos ocasiones, ya que había un casquillo de bala.

El crimen era reciente, pues la sangre que le salió de atrás de la rodilla se miraba fresca.

Personas que habitan cerca indicaron que muy temprano habían escuchado disparos.

 “No, este compa no se parece a ninguno de aquí”, dijo un joven que llegó al sitio en motocicleta. Mientras otros le encontraban parecido con varios y nadie a la vez.

Al sitio llegó también un hombre que buscaba a su hijo, pero debido a que solo lo podía ver de lejos, no lograba identificarlo.

Mientras este cuerpo yacía bajo los fuertes rayos del sol y se estaba en la espera de peritos e investigadores para los que estaban presentes, era incómodo permanecer en el lugar debido a que este era invadido por el mal olor que despedían la gran cantidad de desechos que habían cerca.

Mientras se tenía el reporte de este fallecido, también se reportaba que habían encontrado dos cuerpos más en diversos sectores. Esto causaba indignación en algunas personas, quienes reprochaban que ni por ser Día de las Madres los delincuentes paraban tanta violencia.

LO DEJAN EN LA COSTERITA

Envuelto en una cobija de rayas, la cual estaba encintada, dejaron el cuerpo de un hombre a un lado de la carretera La Costerita, a la altura del fraccionamiento Punta Azul.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 8:00 horas de ayer y estaba frente a una yarda de tráileres. Los trabajadores del lugar dijeron que no vieron cuando lo dejaron, y que tampoco escucharon disparos, por lo que se sospecha que el mismo pudo haber sido abandonado en ese sitio en horas de la madrugada, ya que el sector es muy transitado.

A la víctima, a la cual solo se le podía ver un poco del cuerpo, se le apreciaba un torniquete hecho con un palo y con un trapo alrededor del cuello. Aunque se desconoce si la asfixia fue su causa de muerte, también se dijo que tenía sangre en el rostro, además de que en el lugar se localizó un casquillo. Se desconoce si allí le dispararon.

Al sitio acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes tras levantar las evidencias llevaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, en donde fue identificado por sus familiares como Juan Carlos, de 41 años, y se dijo que era vecino del sector de la Feria Ganadera nueva.


Foto: EL DEBATE

LO TIRAN EN SOLAR BALDÍO

Muy temprano durante la mañana de ayer, vecinos de la colonia Progreso encontraron en un predio nada menos que un cadáver.

Mientras había quienes se preparaban para festejar a los seres que les dieron la vida, hubo quienes amanecieron con la terrible escena de tener ante sus ojos un muerto.

El cadáver estaba en un predio ubicado por el bulevar de Bella Vista, entre Maquío Clouthier y Las Torres, en la colonia Progreso.

El cuerpo estaba tirado boca abajo, y se podía ver que lo habían arrastrado, por lo que se presumió que sus agresores lo asesinaron en otra parte y solo lo fueron a tirar allí.

Como características, traía un tatuaje de unas letras entre los dedos de la mano izquierda y otro del que no se dijo sus características en un hombro.

Cerca de donde estaba se encontró una sábana azul con manchas de sangre, por lo que se presumió que quienes lo tiraron lo llevaban envuelto con la finalidad de no ensuciar la unidad.

Detalles: El occiso vestía pantalón negro y camisa verde con rayas blancas. Los vecinos del sector se acercaban con la finalidad de ver si era algún conocido, pero el tiempo pasó y no lograron identificarlo.

Al llegar los peritos al sitio para poder realizar las diligencias se vieron obligados a tapar la calle contigua, provocando que algunos conductores se molestaran, ya que se tenían que desviar por otra calle.

A diferencia de los otros dos cuerpos que estaban al mismo tiempo en diversos lugares, este no presentaba huellas de tortura ni tampoco estaba amarrado.

El cuerpo fue dejado a un lado de un anunció de gobierno, en el cual se promueve el deporte. Se desconoce por qué fue dejado en ese sitio y dónde fue que le quitaron la vida.

Debido a que nadie llegó a identificarlo, el cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense, en donde estaría a la espera de que acudan a reclamarlo sus seres queridos.


Foto: EL DEBATE

LO DEJAN SIN VIDA EN UNA BRECHA

Con las manos amarradas al pecho y sin vida, fue encontrada una persona sobre un camino de terracería en el poblado El Limón de los Ramos. Se dijo que la víctima fue localizada por personas que pasaban por el lugar.

Los hechos: Agentes de la Policía Municipal recibieron el reporte de una persona sin vida sobre un camino de terracería ubicado a unos metros del canal pluvial Humaya. Estos buscaron por varios minutos al occiso hasta que confirmar el hecho.

El reporte a las autoridades ocurrió alrededor de las 18:30 horas, sobre una brecha que se ubicaba a unos 300 metros de la carretera internacional México 15, cerca de la entrada al poblado El Tamarindo.

La víctima se encontraba bocarriba con las manos atadas al pecho, estaba tirado junto a un predio abandonado entre las parcelas.


Foto: EL DEBATE

Con pantalón de mezclilla color azul, camisa negra y al parecer descalzo, fue encontrada la persona, quien, según las autoridades, presentaba heridas de torturas; asimismo, junto al fallecido se encontró una cachucha, la cual se presume que sea de la víctima. En el lugar de los hechos no se encontraron casquillos, por lo que se presume que fue ejecutado en otro lugar y tirado en el sitio donde fue encontrado por personas no identificadas. Era de tez morena clara, robusto y de aproximadamente 30 años de edad.

El sector fue asegurado por los elementos municipales a la espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En el lugar no se encontró ninguna identificación del fallecido, por lo que se ubicó en calidad de desconocido por las autoridades.



(EL DEBATE/REDACCION/ 11/05/2017 - 06:11 HS)