lunes, 19 de marzo de 2018

CAE EX ALCALDE DE LA PAZ, BCS POR “DELITO DE EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES”



A las 13:00 horas de este miércoles 14 de marzo, fue ejecutada una orden de aprehensión por elementos de la Policía Ministerial en contra del ex alcalde  priista  de La Paz, Baja California Sur, Francisco Javier “Nacho” Monroy Sánchez.

Monroy Sánchez sucedió en el cargo  a Esthela de Jesús Ponce Beltrán como suplente desde el 6 de marzo de 2015 y cumplió su periodo hasta el 27 de septiembre de 2015 en que llegó su sucesor por elección popular,  el panista Armando Martínez Vega.

La orden fue ejecutada en su negocio de lavado, refaccionaria y llantera ubicada en Rosales y Josefa Ortiz de Domínguez,  por el presunto “Delito de Ejercicio Abusivo de Funciones” contemplado en el Código Penal para el Estado de Baja California Sur reformado al 31 de octubre  del 2016.

Al parecer algunas de las acusaciones que se hicieron en su contra o que podrían ser las razones principales, son:

– Presuntamente “auto-compró” durante su gestión al frente del municipio en cuestión de servicio de refacciones y otros servicios que presta en su negocio.

– La posibilidad de la concesión presentada a la Minera “Los Cardones”, en donde también estarían involucrados miembros del Cabildo de La Paz en su  momento.

Se sabe que el ex servidor  público  se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, así lo confirmó la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y mañana jueves rendirá  su declaración.

Francisco “Nacho” Monroy, habría solicitado amparos en agosto  de 2017, esto con el fin de protegerse, según declaró en su momento.

“Sí, de hecho, si traigo amparo porque no se sabe en qué momento y ve tu a saber, ahorita realmente no sé cómo están las cosas, de qué se trata, y pues una protección”, comentó en una ocasión  Nacho Monroy.



Según la antigua ley (antes de la reforma), este delito de “Ejercicio Abusivo de Funciones” contempla en su Artículo 280 que se impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, al servidor público que:

1.- Servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico, que produzca algún beneficio económico al propio servidor público, a su cónyuge, concubino o concubina, o para cualquiera de sus parientes en los grados previstos por el Código Civil para el Estado o para cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

2.- Servidor público que, valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones o enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto jurídico, que le produzca algún beneficio económico indebido al propio servidor público, o a alguna de las personas mencionadas en la fracción anterior.

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(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / ANTONIO CERVANTES /MIÉRCOLES, 14 MARZO, 2018 06:02 PM)

EL HECHO: EL VERGEL QUE HA SIDO BC SE ESTÁ SECANDO. LA RESPUESTA DE “KIKO” VEGA: DARLE EL AGUA A EU. ASÍ


Al norte del país, en el estado árido de Baja California donde habitan más de 3 millones de personas, hay escasez de agua al menos desde 1955. En la zona costera del Pacífico, donde están los municipios Tijuana, Ensenada, Tecate y Playa Rosarito, se debe a la ausencia de lluvia y la sobrepoblación. Se ha llegado a los tandeos de suministro en determinados horarios y días.
Pero en el Valle de Mexicali, donde se construye la cervecera Constellation Brands como parte del parque industrial Gateway, pese a estar alimentado del Acueducto Río Colorado-Tijuana, el desabasto es por la mala administración de las autoridades estatales, aseguraron afectados e investigadores locales. En el caso de los 27 módulos de riego en Mexicali gestionados por usuarios rurales, hay un “desorden y corrupción” que ha provocado la pérdida de cosechas.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– En Baja California, un estado árido con hasta 50 grados de temperatura y largas temporadas de sequía, sus habitantes han enfrentado escasez de agua en las últimas seis décadas. Alimentados por el Acueducto Río Colorado-Tijuana, en la zona de la costa de Tijuana, Ensenada, Tecate y Plaza Rosarito se debe a la falta de lluvia y la sobrepoblación, y en el Valle de Mexicali, donde hay, es por el mal manejo de las autoridades gubernamentales y de la sociedad de usuarios rurales en el caso de los 27 módulos de riego para cosechas, han dicho investigadores locales y activistas afectados.

En esa entidad norteña viven 3 millones 499 mil personas. En Tijuana hay un millón 693 mil 494; en la capital Mexicali, un millón 14 mil 987; en Ensenada, el municipio más extenso del país, 569 mil 425; en Tecate, 110 mil 870; y en Playa Rosarito, 110 mil 698. El 65 por ciento de los mantos acuíferos están sobreexplotados y el Inegi prevé que para el 2030 serán el doble de población y se disparará el consumo humano y urbano seis veces más.

“El agua en Tijuana, que es un clima mediterráneo, es por tandeos ya; están sufriendo el cambio climático. Nada más pueden lavar ropa dos días a la semana de 1 a 5 de la mañana. En Ensenada también y solo tienen agua dos días de mala calidad. Tienen que dejar la cubeta debajo de la llave para que se llene por gotitas. En San Quintín, delegación de Ensenada, está más crítica la situación. En Tecate ya se empezó con los tandeos de agua cada ciertos días y horas. Es un serio problema en un estado declarado árido”, aseguró Rigoberto Campos del comité En Defensa del Agua.

“Es una triste y pobre calidad de vida. Si alguien no lavó en la madrugada cierto día de la semana ya se quedó con toda su ropa sucia. Los baños están resentidos y todas las tareas del hogar. Ya no se puede planear. Se le está dando prioridad al uso industrial en vez de al humano”, dijo.

El problema, recordó, data cuando en el Valle de Mexicali en 1955 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un padrón congelado porque ya no alcanzaban los volúmenes de agua para más extensión de cultivos. El 30 de agosto de 1965 se publicó una veda rígida donde se prohibió toda nueva perforación de pozos y nuevas concesiones porque el acuífero del Valle de Mexicali estaba en peligro de ser sobreexplotado. Pero las medidas no se cumplieron. 50 años después, en abril de 2015, se volvió a publicar en el Diario Oficial sobre un acuífero sobreexplotado por una recarga negativa de 400 millones de metros cúbicos y hasta hoy no hay una medida de investigación.

Milton Castellanos, de Mexicali Consciente, afirmó que por el lado de la zona de la costa del Pacífico hay escasez. En la parte sur de Ensenada incluso es “crítica” en el consumo humano, y en Playa de Rosarito hay gente a la que ya no se le puede administrar el líquido. “Por una parte hay una crisis porque ha bajado el recurso de las fuentes porque no ha llovido, hay largas temporadas de sequía y los pozos se han abatido. También ha crecido mucho la población: en esa región tenemos el índice de crecimiento de población de los más grandes del país. Todos ellos demandan servicios públicos, principalmente el agua”, explicó.



Ambientalistas y ejidatarios de la región, de los colectivos como Mexicali Resiste, Baja California Resiste y el Comité en Defensa del Agua, han denunciado ante diversos foros nacionales e internaciones que la “construcción con licitaciones irregulares y Constellation Brands, empresa cervecera, en obra en esta ciudad, y que abastecerá al mercado estadounidense” traerá más escasez de agua en la región. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro

El ingeniero del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y habitante de Baja California, Témoc Ávila Hernández, expuso que los del municipio Ensenada son los que no tienen agua. Sin embargo, afirmó, es porque no hay infraestructura para trasladarla del Acueducto Río Colorado-Tijuana. Por ello le ha propuesto al Presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna usar los 500 millones de pesos de recursos públicos que se usarían para el Acueducto de 47.5 kilómetros que la cervecera Constellation Brands emplearía antes de ser cancelada por un Tribunal Federal ante movilización ciudadana.

Ávila documentó, basado en datos de la Comisión Estatal del Agua, que la oferta total de agua que hay en la zona costa es de 217.84 millones de metros cúbicos anuales (181.9 millones de metros cúbicos del Acueducto Río Colorado y 35.88 millones de pozos), menos el consumo de 160.5 millones cúbicos anuales en todas las ciudades, resulta que la oferta excedente es de 57.3 millones de metros cúbicos de agua anual.

“No necesitamos más volúmenes de agua en la zona costa”, afirmó el investigador. “Esa agua probablemente ya se está mandando a Estados Unidos”, agregó, “específicamente a San Diego”.

El Gobierno del estado, encabezado por el panista Francisco Vega de la Madrid, firmó un contrato con la empresa española Consolidated Water, que tiene su sede en Islas Caimán, y NSC Agua para una planta desalinizadora en Playa de Rosarito por la que pagarán 83 mil millones de pesos durante 37 años. El documento dice que durante la apertura de la segunda fase se le entregará agua dulce a la ciudad de San Diego.

“La planta de Rosarito no se justifica porque todavía traemos agua disponible para los próximos 12 años”, expuso.

La capacidad de la desalinizadora de Playa de Rosarito es de 2.2 metros cúbicos por segundo durante la primera fase y otros 2.2 metros cúbicos por segundo de agua en la segunda fase, un total de 4.4 metros cúbicos por segundo. Esa agua, comparó Ávila Hernández, es toda la que se requiere en la ciudad de Tijuana y Rosarito.

Sin embargo, también existe la versión de que será planta desaladora (quitar alas de ave o salmón), según una declaración del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado, Manuel Guevara, quien ya renunció.

De ser así, “el agua que entregarán, por ser una desaladora y no desalinizadora, la darán salada. El contrato ya firmado dice que tiene que ser comprada esa agua por la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESP) de Tijuana. Seguiremos bombeando agua del Río Colorado hacia la planta del Florido y de ahí seguramente le vamos a entregar el agua dulce al municipio de San Diego y Tijuana se va a quedar con el agua saladita a un costo además altísimo”, aseguró el ingeniero Témoc Ávila.

La CESP de Tijuana está pagando el metro cúbico de agua a 28 centavos, pero cuando ya deba comprarla a la desalinizadora o desaladora de Playa Rosarito será a 12 pesos con 92 centavos cuando estén las dos fases, un incremento de tarifa para el pueblo de Tijuana de 4 mil 600 por ciento más cara, añadió.

EL DESORDEN EN MEXICALI

En el Valle de Mexicali no se tiene problema de escasez, sino “mala” administración del agua y “desorden” pese a contar con una cuota tanto del Río Colorado como del subsuelo que hay en una cuenca hidrológica muy grande, aseguró Milton Castellanos, de Mexicali Consciente.

“El gobierno desde sus diferentes instancias (Comisión Estatal del Agua, Comisión Internacional de Límites y Aguas, y la Comisión Estatal de Servicios Públicos) tiene responsabilidad en este mal manejo y derroche. Cometen mucho desorden y derroche. Se calcula que más de medio millón 500 mil metros cúbicos se tiran al mar”, aseguró el Doctor Milton.

Pero la responsabilidad también es de los más de 14 mil usuarios rurales con derecho a administrar los 27 módulos de riego, cuyo desorden ha provocado pérdidas de cosechas.

Modesto Ortega, ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, y quien fue despedido de su cargo durante el gobierno de Francisco Vega de la Madrid por oponerse a la construcción de un acueducto para la cervecera Constellation Brands, dijo a la agencia Cuartoscuro que el crecimiento poblacional e industrial desmedido en Tijuana ha provocado que algunos módulos de riego vendan ilegalmente una mayor cantidad de agua que la establecida al municipio. Esta venta ilegal de agua ha dejado sin agua a muchos ejidatarios causándoles pérdidas año con año en sus ganancias.

Los módulos de riego son administrados por los usuarios particulares rurales, pero “tienen un desorden, hay abusos y corrupción”, dijo en entrevista Milton Castellanos, de Mexicali Consciente. “No hay un sistema confiable de medición de lo que se extrae, salvo en los pozos que pasa por bombas. Todos tienen derecho a regar determinado número de hectáreas, pero algunos riegan por inundación, sistemas de asperción y otros por goteo. Nunca se sabe exactamente cuánta agua utilizan, se mide por observación. Unos se sirven con la cuchara grande”.

Sobre ello, el ingeniero Témoc Ávila Hernández dijo que el Secretario de Desarrollo Agropecuario estatal, Manuel Valladolid, dijo que hay agricultores que tenían un permiso de riego para 20 hectáreas de trigo, pero estaban sembrando casi mil hectáreas de alfalfa.

“En Mexicali tenemos 34 mil 958 hectáreas que se siembran de alfalfa. Si esas se sembraran con trigo, tendría que usar 409 millones de metros cúbicos de agua anual, pero al hacerlo con alfalfa se gastan 600 millones de metros cúbicos anuales de agua. Traemos un excedente sin autorización de 252 millones de metros cúbicos de agua anual y ahí alguien está dejando de recibir agua. Ahorita traemos 27 mil hectáreas que no se están sembrando en el Valle de Mexicali por falta de agua”, afirmó.

Para Milton Castellanos, de Mexicali Consciente, el problema es de programación o “abusos” en la disposición de agua. “Hay periodos en que se superponen unas con otras. No se ha terminado de levantar la cosecha de invierno para empezar a regar las siembras que se levantan en verano. En esas temporadas se tiene que ser muy cuidadoso para administrar y suministrar el agua. Echas a perder a alguien que quiera sembrar o alguien que quiere dar el último riego”.

AGUA PARA LA CERVECERA

Ante el desabasto de agua en la zona costera, organizaciones civiles como Mexicali Resiste o Baja California Resiste se han manifestado y en la ruta jurídica interpusieron una demanda contra el cambio del uso de suelo y cambio de construcción en el Tribunal de Justicia Amnistrativa. También cuentan con un amparo en el juzgado sexto del distrito de Meixcalo contra las tres fuentes de agua que busca la cervecera Constellation Brands (pozos profundos y agua del Río Colorado para uso agrícola).

“[La respuesta del Gobierno estatal] ha sido nula, por el contrario llegó el Gobierno federal muy amenazante por parte de ña Secretaría de Gobernación [respecto a] que tenían que apoyar toda inversión extranjera independientemente de si tuvieran permisos o no. Estamos en una lucha frontal contra los tres órdenes de Gobierno”, afirmó el activista Rigoberto Campos.

“[El Gobernador] ‘Kiko’ Vega anda en actos de corrupción: autorizó el acueducto para conectarse de Villa Hermosa-Choropos sin los permisos. Fue cuando lo bloqueamos y nos fuimos al amparo y cancelaron los contratos. La cervecera [Constellatiom] empezó a construir sin la manifestación de impacto ambiental. Se vio beneficiado en la venta de terrenos y otorgamiento de licencias”, dijo.



El 16 de enero pasado, policías municipales, estatales y ministeriales se enfrentaron con manifestantes de Mexicali, luego de que trabajadores de la planta Constellation Brands intentaran comenzar trabajos en la construcción de un ducto de agua a la planta cervecera y fueran impedidos por los opositores. El saldo fue de cinco personas detenidas y múltiples lesionados por golpes de piedras. Foto: Víctor Medina, Cuartoscuro

Respecto a los efectos al ecosistema, en enero de 2017 interpusieron una demanda en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se turnó a la Nacional fundada en que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. “El abatimiento del acuífero con esa batería de 40 pozos que pretende perforar la Constellation nos dañaba a nosotros para llevar una vida digna en el Valle de Mexicali y en el estado”, acusó Campos.

“En Mexicali no hay aún escasez, pero la Constellation va empezar a reflejarse en la baja presión en las colonias y muy posiblemente al siguiente año de operación de la cervecera vamos a entrar en tandeo también. El agua que había de reserva para la ciudad se la está llevando Constellation Brands”, agregó el activista.

El ingeniero Témoc Ávila Hernández documentó que la empresa Constellation Brand, que usará 7 millones de metros cúbicos anuales de agua, es la primera de todo un parque industrial y comercial que se está construyendo en Mexicali llamado Gateway. Traerán empresas del ramo de alimentos y bebidas que consumirán 20 millones de metros cúbicos en total. La operación se prevé que arrancque en 2019. El negocio es de 5.7 billones de dólares y producirán 15.3 millones de latas diarias de cerveza de 355 mililitros.

“En la documentación que el Gobernador Francisco Vega mandó al Congreso del estado en 2016 se especifica que exigen al gobierno estatal que les garantice 20 millones de metros cúbicos de agua anual. El agua que se iba a entregar eran 36.5 millones considerando los 16.5 millones del acueducto cancelado”, dijo.

A cambio del agua, al año cuesta 56.51 millones de dólares, pero la empresa quería pagar 14.9 millones de dólares una sola vez para comprar los derechos del distrito de riego de los módulos, expuso Ávila. agregó que “también hay algo turbio” en un descuento a todo el parque industrial. Debería de pagar 91 millones de pesos mensuales de agua, pero el gobierno del estado sacó un decreto el 23 de junio del 2017 donde dice que les descontará de 54 pesos con 85 centavos el metro cúbico a 19 pesos 55 centavos, por lo que pagará 32 millones de pesos y se ahorrará 58 millones de pesos cada mes y 600 millones de pesos anuales, un 60 por ciento de los ingresos totales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, dimensionó el investigador del IPN.

Milton Castellanos, de Mexicali Consiente, explicó que hay un debate. “Hay quienes desde la investigación científica y la docencia sostienen que puede haber una y más Constellation Brands porque no hay peligro. Sin embargo, hay una movilización social cuya bandera de lucha es que la cervecera se va a acabar el agua de Mexicali, lo cual no puede sostenerse razonablemente. Tenemos disponibilidad del Río Colorado por mil 830 millones de metros cúbicos y además más de 700 millones de metros cúbicos que tenemos del subsuelo, es decir, una disponibilidad de 2 mil 500 millones de metros cúbicos y Constellation (más el parque industrial) podría utilizar 20 millones de metros cúbicos; esa es la proporción”, dijo basado en sus datos.



El Lago de los Patos, en la mesa arenosa de Mexicali, que recibía cientos de aves migrantes de Canadá, se ha secado provocando cambios en los ecosistemas. El sector agricultor de BC se opone a la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en la zona, ya que la transnacional consumiría unos 20 millones cúbicos de agua al año –el doble que en Ensenada, municipio que consume 9 millones anuales–. Agricultores aseguran que les quitará el agua de sus cosechas para fabricar cerveza para EU. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro

Rigoberto Campos, activista del comité en Defensa del Agua, contó que en el Valle de Mexicali se podían sembrar más de 300 mil hectáreas y ahorita solo 176 mil hectáreas.

“Cada año batallamos con completar los riegos y los cultivos. Tenemos problemas para el último y quinto riego del trigo, para el penúltimo y último riego del algodón y en el siguiente mes tendremos problemas de agua cuando se empalma los cultivos de alfalfa, algodón y trigo. El año pasado se desecharon 3 mil hectáreas de alfalfa porque no hubo el tiempo: se esperaron hasta 50 días para el agua a 50 grados que teníamos de calo. Tenemos escasez de agua para poder terminar bien los cultivos y se refleja en malos rendimientos. Los costos de operación ya son poco recuperables”, determinó.

“Estamos motivado todas nuestras demandas de que no puede hacerse el cambio del uso agrícola del agua para el industrial porque la ley es muy clara: primero tiene que satisfacer el humano, el agrícola y luego ya el industrial. El de la cervecera incluso no va a transformar materia prima con el agua, sino que al importar la malta solo van a maquilar y revolver agua. Llamamos a los módulos de riego a que primero tienen que satisfacer la superficie cultivable y luego ver otro uso”

“Estamos en sequía extrema. En Mexicali nunca nos llueve en el año. Tenemos una precipitación máxima de 50 centímetros al año. La recarga de los acuíferos es con el agua de los mismos cultivos que regresa en un 65 por ciento. No hay infraestructura para recargar los acuíferos ni sanear la sobrexplotación. Inegi nos dice que para el 2030 vamos a ser el doble de población y se dispara el consumo humano y urbano seis veces más”.

(SIN EMBARGO/ DULCE OLVERA/17 DE MARZO 2018)

MINERA CANADIENSE CON HISTORIAL DE DESPOJO Y MUERTOS EN EL PAÍS DERRAMA CIANURO AL RÍO PIAXTLA



La minera canadiense en San Dimas, Durango, vertió 200 litros de solución cianurada en el río Piaxtla a causa de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente. Organizaciones exigieron una valoración real de los impactos ambientales que la minera ocasionó en territorio sinaloense y urgieron a tomar medidas, ya que, señalan, la Profepa se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.
En octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono. Pero la minera es acusada de más. Por ejemplo, de haber despojado de sus tierras a ancianos de Coahuila.

–Con información de Sibely Cañedo
Sinaloa/Ciudad de México, 19 de marzo (Noroeste/SinEmbargo).- El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.

Luego de que el pasado 11 de marzo, Primero Empresa Minera S.A. de C.V. vertió 200 litros de solución cianurada a este cuerpo de agua, Conselva y Voces Unidas por el Agua exigieron una valoración real de los impactos ambientales, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.

“Se tiene que evaluar el daño al ecosistema; y si hubo filtraciones al subsuelo, también del manto freático, del que se abastecen comunidades. No son sólo unos pececitos”, reclamó Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva.

Explicó que el río Piaxtla nace en la sierra de Durango, pero en su recorrido hacia el Océano Pacífico atraviesa el municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde abastece de agua a tierras de riego para la agricultura; desemboca a la altura del campo pesquero Barras de Piaxtla, además de colindar con el área natural protegida de la Meseta de Cacaxtla.

“Son hechos que nos preocupan debido a que la mayoría de nuestros ríos tienen su origen en la zona serrana de Durango y Chihuahua, estados con alta actividad minera y donde los accidentes son frecuentes y difíciles de monitorear”, advirtió.

Sandra Guido urgió a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intervenir debido a que el cianuro, así sea en pequeñas cantidades, es altamente tóxico y no es degradable.

CRITICAN LEYES “LAXAS”

Para Esperanza Kazuga, representante del colectivo Voces Unidas por el Agua, gran parte del problema radica en que las leyes son muy “laxas” con estas empresas. Esto se agrava con la dificultad de vigilar sus operaciones, que normalmente se llevan a cabo en áreas montañosas.

“Reporta la Profepa que no tiene personal suficiente para cubrir todo el territorio, y generalmente las minas están en la sierra, entonces también por la violencia vemos difícil que puedan subir a inspeccionar”, consideró.

La activista y empresaria insistió en que las mineras hacen ganar “a unos cuantos”, mientras los impactos negativos son para pueblos enteros. Además, dijo, los costos de reparación son muy altos en caso de un derrame, cuando no, los perjuicios son irreversibles.

“Hay que revisar cómo se están otorgando las concesiones, ¿por qué resulta atractivo para las compañías, sobre todo extranjeras, instalarse en México? Porque en sus países las leyes son estrictas”, cuestionó.

Señaló que es necesario revisar la legislación para obligar a estas empresas a reparar los daños que provocan o inclusive limitar su autorización.

¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ?

La compañía Primero Empresa Minera S.A. de C.V. derramó 200 litros de una solución con cianuro al río Piaxtla en el municipio de San Dimas, Durango, colindante con el municipio de San Ignacio, ocasionando la mortandad de peces.

El accidente ocurrió el 11 de marzo a causa de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente de una solución cianurada. Al quedarse sin combustible en una pendiente, la solución fue vertida hacia el río, informó el boletín 298-18 de la Profepa. Hasta el momento, no se ha informado de ninguna sanción.

FIRST MAJESTIC: DE ABUSO EN ABUSO

En octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Heriberto Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.

El delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.

En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de 13 años.

Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.

First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

MINAS: ABUSO TRAS ABUSO

El 21 de febrero pasado se dio a conocer que First Majestic, la minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México, iba a San Dimas, en el estado de Durango.

Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo entonces que planeaba trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas “para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining”.

La noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de Tayoltita.

First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.

La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.

De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.

(SIN EMBARGO/ REDACCION/ 19 DE MARZO 2018)



ESTUDIANTE DEL ITESO HIZO EL POLÉMICO VIDEO DE LA “NIÑA BIEN” QUE PIDE VOTAR POR “YA SABES QUIÉN”


Tras la difusión del video y de la polémica generada en redes, la Coordinación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco se deslindó del material e indicaron que siempre han sido respetuosos de las creencias religiosas y políticas de los ciudadanos.



Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– Una estudiante de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) generó polémica en redes sociales luego de que compartiera un video en el que una joven pide a ritmo de reggaetón votar por “ya sabes quien” en alusión a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En el material audiovisual, que se volvió en un fenómeno viral en redes, se observa a la protagonista apodada la “niña bien” quien se expresa preocupada por no saber por qué candidato votar en las próximas elecciones.

La joven, quien supuestamente pertenece a una familia de clase alta, acude a una iglesia acompaña de sus padres para tratar de encontrar una respuesta a su dilema.

La chica aparece hincada frente a un altar, de pronto, comienza a cantar y bailar a ritmo de reggaetón, mientras se suelta el pelo, en tanto los asistentes y un supuesto cura la miran con extrañeza.

En el clip, la joven se dice cansada de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierne en Zapopan, Jalisco, y hace un llamado a votar por el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Desde su difusión esta tarde, la grabación causó polémica en redes. Algunos usuarios criticaron el contenido y la manera en la que se burlan de las costumbres religiosas y otro sector calificó el material como original.

Tras la difusión del video y de la polémica generada en redes, la Coordinación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco se deslindó del material e indicaron que siempre han sido respetuosos de las creencias religiosas y políticas de los ciudadanos.

A través de un comunicado, la Coordinación de la campaña respetuosa de las creencias religiosas y políticas de todos los ciudadanos e hizo un llamado a la población para verificar las fuentes de la información que se difunde en redes sociales.

1.- El video NO es parte de la campaña de AMLO. No proviene de Morena ni de su coordinación de campaña en este estado.

2.- NO compartimos las ideas, ni la forma vulgar en que se expresan.

3.- Llamamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía a NO permitir la manipulación y la confusión a través de “fake news” o estos burdos intentos de guerra sucia.

4.- Siempre hemos expresado un profundo respeto a todas las creencias religiosas, por lo que condenamos esta grave forma de ridiculización de un culto religioso que merece todo nuestro respeto.

ESTUDIANTE ACLARA LOS HECHOS

Luego de ver el impacto que generó su video en redes sociales, Almudena Ortíz-Monasterio la creadora del clip aseguró que su única intención era expresar su inconformidad por la situación de inseguridad que se vie en Zapopan.

“Hooola familia, amigos y stalkers!! Ahora que cumplí 18 años me di cuenta que tengo el chance de cambiar y estoy harta que en México siempre es lo mismo y la tranquilidad que teníamos en Zapopan ya no se ha visto. Que oso seguir votando por los mismos. Creo que ya es momento de algo nuevo, por eso hice este video!! Espero que les guste!!! [sic]”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / MARZO 18, 2018, 9:16PM)

JUEZ FEDERAL DICTA FORMAL PRISIÓN A “LA RANA”, RELACIONADO CON LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS



El pasado 12 de marzo, elementos de investigación de la Policía Federal capturaron a Erick Uriel “N”, alias “La Rana” por estar presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó el Secretario de gobernación Alfonso Navarrete. “La Rana” fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Gómez Palacio, Durango.

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).- Por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, un Juez federal de Matamoros, Tamaulipas, dictó esta día auto de formal prisión en contra de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, alias “La Rana”.

El pasado 12 de marzo, elementos de investigación de la Policía Federal capturaron a Erick Uriel “N”, alias “La Rana” por estar presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó el Secretario de gobernación Alfonso Navarrete.

Erick Uriel “N”, capturado en Guerrero, es señalado como una de las últimas personas que tuvo contacto con los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre del 2014.

El presunto delincuente, originario de Atixtlac, Guerrero, era considerado como objetivo prioritario por las autoridades. De acuerdo con información de medios, “La Rana” se desempeñaba como sicario y traficante de droga.

Jonathan Osorio Cortes, alias “El Jona”, declaró el 28 de octubre de 2014, que se encontró con una camioneta blanca en la que viajaban aproximadamente 40 personas que eran cuidados por “El Cepillo”, “La Rana”, “El Duba”, y “El Peluco”.

“‘La Rana’, bajo a cuatro personas en forma aleatoria y los paso a la estaquitas en la que íbamos nosotros, para esto quiero decir que una de las personas que pasaron ya estaba muerta, tenía una herida en la cabeza, el cuerpo estaba frío lo que me indicaba que ya tenía rato de que estaba muerto”, dijo Jonathan Osorio.

De acuerdo con las autoridades no fue necesario usar ningún tipo de arma durante la detención de Erick Uriel “N”, quien formaba parte de la lista de 5 personas de vital importancia en el caso de los 43 y por quien se ofrecía una recompensa.

(SIN EMBARGO/ REDACCION/ 18 DE MARZO 2018)

AUTORIDADES DE COAHUILA BUSCAN REAPREHENDER A SERGIO LOZANO, EX ALCALDE DE ALLENDE, TRAS SIETE AÑOS DE LA MASACRE



Ariana García Bosque, abogada de Familias Unidas por la Búsqueda de Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, expresó que de este caso se debe resaltar que la afectación en mayor grado no ocurrió en Allende, sino en la zona de Piedras Negras, donde se registraron más de mil llamadas telefónicas de auxilio durante la temporalidad indicada.

Armando Ríos
Piedras Negras/Ciudad de México, 19 de marzo (Vanguardia/SinEmbargo).- Tras cumplirse siete años de la masacre de Allende, la Fiscalía General del Estado busca reaprehender a Sergio Lozano, alcalde de Allende en la época de la matanza, además de que cuenta con 26 órdenes de aprehensión pendientes, informó José Ángel Herrera, fiscal especializado en personas desaparecidas en el Estado.

En entrevista realizada en el Foro Nacional para la Implementación de la Ley de Desaparición Forzada, el Fiscal especializado informó que se ha condenado a tres personas por el caso con hasta 75 años de prisión, entre los cuales se encuentran un elemento de policía y el comandante que fue enjuiciado en noviembre pasado, así como un miembro del Cártel de Los Zetas.

Asimismo, el Fiscal explicó que en la última semana fueron llevadas nuevas diligencias para volver a girar una orden de aprehensión contra Lozano.

“Nosotros tenemos la oportunidad de seguir aportando diversos nuevos medios de prueba, para acreditar la participación de esta persona, y poder girar una nueva orden de aprehensión”, expresó.

Lozano fue detenido el 17 de noviembre de 2016, acusado de secuestro masivo y dar órdenes a policías locales para no intervenir en las agresiones del crimen, sin embargo, en febrero de 2017 fue liberado, ya que un juez no encontró elementos para vincularlo a proceso.



Además, fuentes de la Fiscalía General del Estado revelaron que en los próximos meses se resolverán otras tres sentencias más, e informaron que al tratarse de delitos graves, será difícil o nula la oportunidad de que puedan tener acceso a uno de los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como el caso de una fianza o la prisión domiciliaria.

URGEN APLICAR LA JUSTICIA

Por su parte, Ariana García Bosque, abogada de Familias Unidas por la Búsqueda de Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, expresó que de este caso se debe resaltar que la afectación en mayor grado no ocurrió en Allende, sino en la zona de Piedras Negras, donde se registraron más de mil llamadas telefónicas de auxilio durante la temporalidad indicada.

Por ello, la abogada urgió a las autoridades que este tipo de casos deben ser claros y transparentes con la aplicación de la justicia contra los implicados, puesto que incluso, uno de los elementos que atendían las llamadas durante aquella época, fue ascendido al puesto de titular del área de contraloría de la FGE en la delegación norte 1 de Piedras Negras, a pesar de haberse negado a levantar las denuncias y atender los auxilios en su debido momento.


La tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas con decenas de pistoleros abordo, entraron a la zona. Foto: Vanguardia

A siete años de distancia las autoridades estatales han avanzado en las indagatorias:

26 órdenes de aprehensión contra 18 personas

9 autoridades son involucradas en los hechos por lo que son seguidas por la FGE

9 integrantes del crimen organizado son vinculados como responsables

MANUAL PARA ENTENDER LA MASACRE DE ALLENDE

No fue una película hollywoodense. Fue la puritita realidad. Del 18 al 20 de marzo de 2011, Coahuila vivió uno de sus capítulos más sangrientos de la historia reciente: la masacre y desaparición masiva de personas en Allende, misma que se extendió a más municipios del norte de la entidad.

A través de distintas publicaciones en Vanguardia, Vice, Proceso, ProPublica, National Geographic, de trabajos académicos como “El Yugo Zeta” o “En el Desamparo”; de testimonios en cortes de Estados Unidos,relatos de familiares de víctimas y hasta del propio gobierno, se ha logrado embonar las escenas de una película teñida de terror, un rompecabezas mortífero, donde cada pieza es un martillazo de coraje, frustración, de omisión, de olvido, incertidumbre y vergüenza.

El Manual de Escenas para entender la masacre de Allende, es una realidad que jamás debió contarse.

Era el sexenio de Humberto Moreira, aunque meses atrás había dejado la gubernatura para convertirse en líder del PRI nacional. Su lugar lo ocupóJorge Torres López y el secretario de Gobierno era David Aguillón Rosales. El gobierno se jactaba de grandes inversiones, infraestructura vial y apoyos a los necesitados. Dos temas vestían el aura en el estado: “estábamos hasta el cuello” de deuda y los Zetas controlaban la entidad.


Pese a los llamados de auxilio de los vecinos, ninguna autoridad respondió. Ni municipal ni estatal ni federal. Foto: Vanguardia

Sin embargo, la investigación académica “El Yugo Zeta” se refiere que en un memo de 2003, la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense) aseguraba que Los Zetas ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras.

EL ESCAPE

Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, presuntos miembros de los Zetas, traicionaron y huyeron de Coahuila con rumbo a Estados Unidos. En sus manos presuntamente cargaban entre 5 y 10 millones de dólares de ganancias por el trasiego de droga y el libro de contabilidad.

Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, les advirtieron que devolvieran el dinero o de lo contrario matarían a toda su familia y amigos. No hicieron caso.

Cuellar, Moreno y Garza huyeron a Estados Unidos donde los dos primeros se convirtieron en testigos protegidos de la DEA. Antes de partir, Cuéllar avisó a quienes trabajaban para él que escaparan.

Las familias, en su mayoría, vivían en la región de los Cinco Manantiales, una zona de paso a Piedras Negras, la frontera con Estados Unidos. Unos 50 kilómetros separan Allende de la frontera.

“Cuando ‘Poncho’ y yo nos venimos para acá, a los Estados Unidos, ellos empezaron a matar a toda esta gente inocente, y sus familiares intentaron poner denuncias, pero les dijeron que no les tomarían ni una y que tenían 24 horas para irse de la ciudad”- Testimonio de Héctor Moreno, la fuente es el Informe “Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.


Los Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios. Foto: Vanguardia

LA VENGANZA

La tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas con decenas de pistoleros abordo, entraron a la zona. Cerraron los accesos a la carretera como los dueños de la carretera que eran. Comenzaron a derribar puertas, matar gente, desaparecerlas. Hombres, ancianos, mujeres, niños. Todos eran lo mismo.

Según Proceso, los sicarios llegaron a la alcaldía y pidieron por los registros de catastro de todas las propiedades de los traidores y sus familias. Según el gobierno de Coahuila, el alcalde de Allende, Sergio Lozano, y los policías, sirvieron a los Zetas, al grado de presenciar las desapariciones y no hacer nada.

Los Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios. Para Allende y sus habitantes era un apocalipsis causado para la naturaleza del odio y la venganza.
Mataron y mataron, como reses subieron cadáveres a las camionetas.

Para desaparecerlos, mencionó Proceso, utilizaron narcofosas y “cocinas”. Una “cocina” era el penal de Piedras Negras, donde evaporaron y tiraron al río lo que quedó de los cuerpos.

Según el informe “En el Desamparo” del Colegio de México —que recoge documentos oficiales y testimonios—, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, Los Zetas atacaron 32 casas y siete ranchos de Allende, con la finalidad de vengarse de Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza. Lo que pudieron, lo demolieron con maquinaria pesada.

Allende era un territorio pos apocalíptico

EL HORROR

Una escena descrita en el documento “En el Desamparo”: En el rancho “Los Garza”, (los Zetas) llevaron en un camión con redilas, tambos metálicos grandes con diésel o gasolina.

Esparcieron el líquido por toda la casa y la bodega donde habían amontonado los cuerpos. Remataron antes a los que quedaban con vida.

Otra escena del mismo documento: En el rancho Los Tres Hermanos (municipio de Zaragoza) también mataron y cocinaron gente, utilizando otro procedimiento: llevaron tambos y les hicieron agujeros en la parte de abajo y en los lados. Luego echaron un muerto en cada tambo. Después bañaron los cuerpos con diésel para enseguida prenderles fuego. Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera nada.

En el penal de Piedras Negras, que servía de guarida de los Zetas:

“Los Zetas obligaron a 40 personas a arrodillarse y los ejecutaron a disparos en la ciudad de Piedras Negras” –testimonio de Adolfo Efrén Tavira. Fuente: Informe “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.

EL INFIERNO

Los académicos Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, en su investigación denominada “El Yugo Zeta”, revelaron que la línea de emergencia 089, el C4 coahuilense, recibió 26 reportes de Allende y mil 225 de Piedras Negras entre el 18 y 22 de marzo de 2011.

De las llamadas, 100 fueron para alertar 42 incendios distintos en Piedras Negras, y nueve en Allende sobre cuatro incendios más.

Pese a los llamados. Ninguna autoridad respondió. Ni municipal ni estatal ni federal. Y no hay detenidos por esas omisiones.

La escena: los llamados de auxilio de un lado del auricular. ¡Auxilio! ¡Están quemando! ¡Están incendiando la casa! Nada. Ninguna respuesta.

El informe “El Yugo Zeta” reproduce una llamada de auxilio al C4: ‘Persona de sexo femenino proporciona la siguiente información: Menciona que “Allende es un pueblo sin ley, andan incendiando casas, levantaron a mucha gente, hay muchos desaparecidos los Zetas se los llevaron yo creo que se traicionaron unos a otros porque hay un desorden bruto, horrible. […] Hay demasiada gente desaparecida, hay saqueos en los domicilios. Esto ocurre desde el viernes en la tarde y es lo mismo todas las noches’. No proporciona más datos y corta la llamada”.


Otras voces, la mayoría, hablan de 300 personas desaparecidas y posiblemente asesinadas. Foto: Vanguardia

Como dice el documento de Aguayo y Dayán: “una autoridad estatal en Saltillo supo lo que estaba pasando en Allende. ¿Entregaron ese mensaje a los superiores? ¿llegó hasta el Fiscal General? ¿el Fiscal lo transmitió al gobernador?”

Para Aguayo y Dayán, más que la masacre de Allende, es más correcto hablar de “La Tragedia del Norte de Coahuila”, por las pérdidas humanas.

EL ERROR/LA RESPONSABILIDAD

Según la investigación periodística “Anatomía de una Masacre”, escrita por la periodista Ginger Thompson, un agente de la DEA persuadió a un miembro de los Zetas de entregarle los número de identificación rastreables de los teléfonos celulares de los capos Miguel Ángel y Omar Treviño, líderes de los Zetas.

La agencia cometió el error de compartir la información con una unidad de la policía mexicana. No pasó mucho para que los capos se enteraran de la traición. Allí nació la venganza.

Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar. Ginger Thompson escribió que Cuéllar tenía la responsabilidad de conseguir para sus jefes “celulares nuevos cada tres o cuatro semanas”. Y Cuéllar había asignado esa tarea “a su mano derecha”, Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”.

EL MONTAJE

Meses después, cuando el ex Gobernador Rubén Moreira llegó a la gubernatura, montó un operativo de cientos de policías estatales, federales, militares y marinos. Entre el 26 de enero y el 5 de febrero de 2014, buscaron rastros de desaparecidos.

Hallaron narcofosas, contenedores agujerados donde eran supuestamente quemados los cuerpos con diesel. Recogieron fragmentos óseos como quien colecciona conchas de mar. En total se levantaron 66 fragmentos óseos y 68 dentales.

EPÍLOGO

El Gobierno de Coahuila habla de la desaparición de 28 personas. La investigación “En el Desamparo” menciona 42 desapariciones. El texto “Anatomía de una Masacre” refiere que alrededor de 60 personas muertas o desaparecidas han sido conectadas por familiares. Otras voces, la mayoría, hablan de 300 personas desaparecidas y posiblemente asesinadas.

La venganza trascendió. Un año después (marzo de 2012), un grupo de sicarios y policías detuvo y desapareció en Allende a cuatro integrantes de la familia Garza: una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebe de meses.

DATOS

3 hombres presuntamente traicionaron a líderes de un cártel.

4 días duró la masacre catalogada como un apocalipsis.

300 personas desaparecidas, aseguran, dejó la masacre.

LOS TESTIGOS MUDOS:

Autoridades hallaron narcofosas, contenedores agujerados donde eran supuestamente quemados los cuerpos con diesel.

Recogieron fragmentos óseos como quien colecciona conchas de mar. En total se levantaron 66 fragmentos óseos y 68 dentales.

Había también decenas de casas destruidas completamente

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Vanguardia.

(SIN EMBARGO/Redacción / 19 DE MARZO 2018)

SEIS MESES DESPUÉS DEL SISMO, EL GOBIERNO FEDERAL NO FALLA: NADIE SABE DÓNDE ESTÁN LOS DONATIVOS


¿Dónde está el dinero público y de donaciones privadas y extranjeras para la reconstrucción del país?, ¿Quiénes manejan esas bolsas millonarias? Esto y más se han cuestionado durante los seis meses los miles de damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre, y que golpeó fuertemente a cinco estados del país, incluida la Ciudad de México.
El CIDE realizó un estudio para detallar que los recursos públicos federales y estatales son administrados o vigilados por la Secretaría de Hacienda, el Gobierno federal, Sedesol, Sedatu y Banobras. Pero detectó que, en general, reportan falta de transparencia por lo que incluso hay riesgo de que queden en el limbo.
En la Ciudad de México, donde hubo señalamientos contra legisladores de la ALDF por el secuestro del presupuesto para los damnificados, ahora la Secretaría de Finanzas se encarga de asignarlos a las dependencias que lo requieren bajo la vigilancia de la Comisión de Reconstrucción. La instancia se ha comprometido a subir en línea a dónde va cada peso tanto del Fondo (5 mil millones de pesos) como de otras fuentes –como la de contingencia (2 mil 900 millones de pesos)–. “Como si fuera una auditoría”, dijo Edgar Amador Zamora, Secretario de Finanzas de la capital del país.
Pero a seis meses de la tragedia persisten muchas dudas sobre cuánto es el monto total de la ayuda debido a un problema de comunicación y, por supuesto, a la falta de transparencia , afirmó el autor del estudio del CIDE, Jaime Hernández.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– Hace seis meses un temblor con intensidad de 7.1 grados sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero. Murieron 471 personas, otros 12 millones resultaron afectados y más de 180 mil viviendas están dañadas. Para el proceso de reconstrucción, surgieron fondos públicos a nivel federal y estatal, así como privados. Sin embargo, la falta de transparencia en su administración lleva a “un riesgo de captura” de los recursos, advirtió el estudio “Reconstrucción 19S” del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE).

Las instancias que administran o vigilan los recursos públicos para asignarlos a dependencias que requieren ejercerlos son la Secretaría de Hacienda, de Gobernación, de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como Banobras, Fovissste, Secretaría de Finanzas de la capital del país y Protección Civil estatales. Respecto a los recursos privados, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la que debe vigilar a las instituciones bancarias, así como el Consejo Nacional de Protección Civil.

Luego de analizar la operación de estos tres tipos de recursos, “el diagnóstico arrojó falta de transparencia, y rendición de cuentas, lo cual lleva a un riesgo de captura de los recursos y que los principales afectados sean los que menos reciban el apoyo necesario”, determinó el informe.

Las fallas son principalmente en el Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de Puebla, el Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca y el Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) de Chiapas.

Jaime Hernández Colorado, uno de los autores del estudio del CIDE, dijo en entrevista que “si hablamos de peligro se deben englobar a todos los recursos aun cuando los estatales están todavía a merced de un conjunto de riesgos mayores por la naturaleza que tienen. No existe sobre ellos control de las instancias de la Secretaría de Hacienda”.

En el caso de los fondos de Morelos y Chiapas se utilizan de la misma manera que los gastos ordinarios de los gobiernos estatales, “lo que abre un espacio para la discrecionalidad y limitan la transparencia” porque, explicó, la información llega a los ojos del ciudadano con “un desfase considerable” y ya no es posible ejercer ningún tipo de dirección.

Respecto a la Ciudad de México, donde hubo 5 mil 765 casas dañadas, el 22 de febrero el Pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó el dictamen que reforma la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para retirar la facultad al órgano legislativo de autorizar y vigilar el uso de 8 mil millones de pesos presupuestados para la reconstrucción.

Los diputados Leonel Luna Estrada, del PRD, y Jorge Romero Herrera, del PAN, ambos de la Comisión de Gobierno, así como el perredista Mauricio Toledo Gutiérrez, de la Comisión de Presupuesto, fueron señalados por Morena y la organización civil Nosotrxs de “secuestrar” esa bolsa de dinero. Luego de la reforma a la Ley de Presupuesto, la Secretaría de Finanzas, dirigida por Edgar Amador Zamora, y vigilada por la Comisión para la Reconstrucción, se encarga del manejo de ese fondo.

En entrevista con SinEmbargo, Amador Zamora dijo que en total cuentan con un presupuesto de alrededor de 6 mil 800 millones de pesos considerando las distintas fuentes. En concreto, el Fondo de Reconstrucción que está en la fracción primera del artículo 14 de la Ley de Presupuesto reformada son alrededor de 5 mil millones de pesos.

“La enmienda al artículo 14 del decreto de Presupuesto establece que lo administraría la Secretaría de Finanzas y requeriríamos el visto bueno de la Comisión de Reconstrucción para armar el plan, lo cual tiene todo sentido porque la Secretaría no es experta en temas técnicos. Preferimos el concurso de los especialistas de la Comisión para que nos validen que los proyectos que se proponen sean los adecuados”, afirmó. “La Secretaría de Finanzas no ejerce, asigna presupuesto y da curso al ejercicio”, reiteró.


El monto del presupuesto del Fondo de reconstrucción se encuentra en el artículo 14, en la fracción primera que es de 5 mil millones de pesos. En el artículo 2 hay cerca de mil 200 millones de pesos asignado a cuatro dependencias: a la Agencia de Gestión Urbana, a la Secretaría de Educación, al Invi y a la Secretaría de Desarrollo Social. Además, en el artículo tercero de esta Ley de presupuesto están los recursos con normas federales del FAIS para que sean utilizados para  la reconstrucción de la CdMx.

El total de los 6 mil 800 millones es un presupuesto que se va asignando este 2018. Las dependencias que lo están ejerciendo son las encargadas de la reconstrucción: el Sistema de Aguas, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural, enlistó el Secretario Amador.

Pero también les han ido repartiendo de otras fuentes.

“Se cuenta con un Fondo de Contingencia, que el año pasado se activó por 3 mil millones de pesos, de los cuales comprometieron cerca de dos mil 500 millones. Para este ejercicio 2018 se han activado 2 mil 900 millones de pesos, los cuales también han sido comprometidos y han comenzado a ser asignados”, afirmó.

El Secretario de Finanzas se comprometió a que se subirá en la plataforma digital de la CDMX todo el trato presupuestal, incluyendo la asignación, la explicación de cada dependencia de por qué requiere el monto que está solicitando para la reconstrucción, y en qué actividades lo emplearán. También publicarán el pago al proveedor del servicio y pondrán incluso los contratos correspondientes.

“Como si fuera una auditoría, va a ser una revelación absoluta. Cualquier ciudadano podrá saber los montos pagados y a quién se les dieron”, sostuvo. “En la plataforma de la CDMX habrá una sección especial para transparencia para el ejercicio 2017. Para el ejercicio 2018 está en curso y conforme vayamos teniendo se va ir divulgando en el mismo formato”.


Edgar Amador Zamora, Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, explicó que en el tema de los recursos para la reconstrucción de la capital del país, los ciudadanos conocerán con transparencia los montos pagados y quién se le dieron. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

EL CAOS PERSISTE

Respecto a la iniciativa ciudadana presentada a la ALDF, Mónica Tapia, presidenta de Ciudadanía 19S, expuso vía telefónica que la Comisión de Gobierno ya la turnó para dictaminación a la Comisión de Desarrollo Urbano, a la de Administración, y a la de Presupuesto.

“Estamos a la espera. El Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) mandó (el jueves) una iniciativa para reformar también la Ley de Reconstrucción. Pero tiene un punto mínimo porque la próxima semana se acabará la fecha límite para que la gente se registre en la plataforma y si no están no son sujetos de apoyo público. Se dio con muy poquito tiempo”, dijo Tapia.

Destacó que además de discutir ese punto, también es urgente y necesario la conformación de la Comisión de Reconstrucción luego de las renuncias, los censos completos cuyo plazo terminó el 16 de marzo sin cumplirse, y la fiscalización de los recursos.

“El Secretario de Finanzas dijo que los 6 mil 800 millones de pesos están intactos. Pues según yo eran 8 mil 700 millones de pesos. Ahora ya bajaron. Millones van, millones vienen y no sabemos cuál es el monto real y cómo se está usando”, afirmó Tapia a nombre de los damnificados.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, es porque además de los 5 mil millones del Fondo, cuentan con otras fuentes como el fondo federal FAIS y el Fondo de Contingencia que hacen los 8 mil millones de pesos. El investigador del CIDE, Jaime Hernández coincidió y agregó que la CDMX tambié cuenta con un fideiscomiso para donativos privado. Aunque hay más información respecto a otras entidades, aseguró que sigue faltando certeza y “es un problema de comunicación”.

El Secretario de Gobierno de la capital del país, José Ramón Amieva, afirmó en entrevista que en algún momento tanto la ALDF como la Secretaría de Finanzas pueden sentarse para hacer una “conciliación númerica” porque el dinero “tiene que ser exacto”. Documentó que la CDMX cuenta con 25 millones de pesos como donativos recibidos en 2017, de los cuales 20 millones se destinaron a la Fundación Slim para potenciar el dinero. El resto la Secretaría de Finanzas tiene pendiente de asignar.

Sin embargo, “sigue habiendo muchísimo caos, descontrol y son ya seis meses”, acusó Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S. “El gobierno es muy incapaz de llevar a cabo una reconstrucción plural, con participación, efectiva y limpia”.

El investigador del CIDE, Jaime Hernández, agregó que no existe un proceso ni estrategia de reconstrucción, sino “acciones aisladas que no tienen coherencia entre sí”.

MEZCLA DE FONDOS

El estudio del CIDE “Reconstrucción 19S” alertó que tener fondos públicos y privados operando de manera paralela levanta “una señal de alerta”, pues sin una adecuada coordinación, se correo el riesgo de duplicidad de esfuerzos, opacidad en el ejercicio de los recursos y poca efectividad y eficiencia en la resolución de los problemas ocasionados por el fenómeno geológico.

A eso se suman los recursos de partidos políticos nacionales que quisieron “donar” y que se han reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Dado que han sido reingresados a las arcas públicas federales tendrán el destino que les asigne la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con los fondos públicos nacionales existentes.

Los rubros de atención previstos por estos fondos públicos y privados son para los damnificados (apoyos productivos, fuentes transitorias de empleo, salud, entre otros); infraestructura y bienes públicos (caminos, puentes, agua potable, saneamiento, alumbrado, estructuras gubernamentales, entre otros), infraestructura y bienes privados (vivienda, menaje, estructuras privadas, entre otros), zonas naturales y zonas productivas.

Ante las irregularidades detectadas por los investigadores del CIDE, el estudio pide que el ejercicio de los recursos públicos y privados se haga de manera eficaz con planeación sustentada; se apegue a un modelo participativo en labores de vigilancia y control; se haga de forma transparente; contenga mecanismos de rendición de cuentas para limitar los espacios de discrecionalidad y el mal uso de los recursos; e introduzca estrategias de comunicación y buenas prácticas en el manejo de la información.

Sobre la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, luego de la renuncia de tres de sus miembros por señalamientos de opacidad en el uso de los recursos, sigue sin reunirse.


Tras el terremoto del 19 de septiembre pasado, un grupo de rescatistas japoneses ayudan en las labores de rescate en los edificios del Multifamiliar Tlalpan, en la Ciudad de México. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S, llamó a reconformarla con nombramientos de convocatoria abierta; que no “sean cuates” de la Secretaría de Finanzas o del Jefe de obras o “premios de consolación” con fines políticos. También urgió a que se haga cargo de la asignación de recursos con prioridades, las cuales no están claras porque no hay un censo terminado ni un Atlas de riesgo actualizados.

Sobre el censo retardado, el Secretario de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que la Ley habla de una plataforma que debe referir un censo de inmuebles, de mercados públicos y empresas, de infraestructura urbana (escuelas y hospitales), actividades agrícolas y cultural, los cuales “están en proceso de integración”.

El censo que ya se concluyó es el socioeconómico levantado por la Sedesol, el cual arrojó a 27 mil personas en situación de vulnerabilidad, dijo Amieva.

“Lo que nos han dicho las áreas es que se tuvieron que realizar los censos con el personal que ya se contaba porque no hubo contrataciones adicionales. (Se hizo) de acuerdo a la capacidad operativa que cada Secretaría tenía y fue retrasando un poco”, aseguró. Aunque destacó que el gobierno capitalino envió otra iniciativa a la ALDF para que el límite para tener el censo se amplíe y con ello ningún afectado se quede sin apoyo.

FONDOS PÚBLICOS FEDERALES

Estos fondos se han diseñado como una herramienta de apoyo monetario directo o en especie (materiales, alimento, recursos humanos, entre otros) y se clasifican como un subsidio o como crédito. Actualmente se mantienen en operación cinco fondos:

1 FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) – SHCP Y SEGOB


Marcha de damnificados. Foto: Cuartoscuro.

El Fonden es financiado por medio del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Primero se genera un comité de evaluación de daños para su correcta implementación y al autorizarse los recursos, la Segob y la SHCP firman un convenio de coordinación con los gobiernos estatales o dependencias. Finalmente, Banobras se responsabiliza de transferir los recursos autorizados directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios, y proveedores contratados por los gobiernos estatales o dependencias.

Las acciones de control, vigilancia y evaluación de los recursos del Fonden corresponden a la SHCP, a la Segob, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este órgano fiscalizador ha señalado problemas en la ejecución del Fonden por falta de mecanismos de control y evaluación de la ejecución de los recursos, además de acciones incompletas o nulas, y falta de evidencia sobre la información recopilada.

2 FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA – SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL (SHF)

A través del Programa emergente de reconstrucción y rehabilitación de vivienda operado por las Agencias Productoras de Vivienda (APVs) de la banca del gobierno SHF, los damnificados pueden acceder a un crédito hipotecario de hasta 100 mil pesos, recursos que pueden ser un complemento al Fonden. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debe generar el padrón de viviendas afectadas.

Dependiendo de los daños de las casas podrán acceder a facilidades para adquisición y reconstrucción con tasas de interés y plazos preferenciales del 7 por ciento y hasta 120 meses, respectivamente. Uno de los requisitos es contar con el documento que acredite la posición de la tierra.

No obstante, las evaluaciones oficiales sobre su implementación y resultados han señalado fallas importantes. La Auditoría Superior ha detectado en diversas auditorías un inadecuado control y casi nula transparencia y rendición de cuentas de las relaciones entre la SHF, dirigida por Jesús Alberto Cano Vélez, y los responsables directos de atender las necesidades de vivienda de los afectados.

3 FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO – FOVISSSTE

Los trabajadores activos del Estado tienen acceso a créditos preferenciales mediante préstamos con garantía hipotecaria, ente ellos el tradicional que puede ser utilizado para la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en terreno propio, acciones de ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda o para la redención de pasivos.

El monto máximo del crédito por otorgar está en función del salario básico mensual del derechohabiente; el plazo máximo para el pago es de 30 años; el pago es mensual vía nómina y la tasa de interés se calcula con base en el sueldo básico de cotización. En el caso del sismo, se creó el Programa inmediato de reconstrucción de vivienda (Pire) que cuenta con 15 mil millones de pesos. De acuerdo con las convocatorias 2017 y 2018 se dieron 3 mil y 5 mil créditos, respectivamente.

Se estableció que el monto total de los créditos para los afectados se entregaría en tres pagos: del 50, 40 y 10 por ciento; se otorgarían 35 mil pesos para quienes su inmueble esté inhabitable; se concederían pagos de hasta un millón de pesos por pérdida total del bien raíz y se mantendrán sin cambio las tasas de interés vigentes otorgadas por el Fovissste. En caso de daño parcial de la propiedad, se planteó el otorgar una mensualidad de 5 mil pesos por seis meses para pago de renta.

Pero respecto a transparencia, el estudio del CIDE observó que la información necesaria para ser sujeta a revisión se acumula, se registra y se publica en términos cuantitativos, lo que obstaculiza el rastreo específico de las actividades, de los beneficiarios y de los logros obtenidos.

Damnificado en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.

4 FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) – SEDATU

El Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) de este fideicomiso apoya a los hogares en situación de pobreza patrimonial, mediante la entrega de subsidios para su aplicación en materia de vivienda. El requisito es que no deben tener acceso a ningún tipo de crédito bancario o laboral y para activarlo se debe emitir la Declaratoria de Desastre y poner primero en marcha el Fonden.

No obstante, el PAV no ha sido identificado por el Gobierno Federal como un medio de ayuda para la reconstrucción actual, expuso el estudio. Asimismo, las fallas detectadas por la ASF en su uso previo señalan que no se cumplieron sus objetivos y, como en el resto de la operación de los fondos públicos federales, una vez que son entregados a los ejecutores de gasto se disuelve la línea del seguimiento y la evaluación. Los administradores se convierten en meros dispersores del recurso y ante la corresponsabilidad se ganan espacios para evitar la responsabilidad.

5 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) – SEDESOL

Se responsabilizó a la Sedesol como coordinadora del fondo y fue clasificado en dos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Mediante el FISE pueden ejecutarse obras y acciones orientadas a beneficiar a las poblaciones con mayor rezago social.

La Sedesol propone el monto por repartir y la Cámara de Diputados analiza y en su caso, aprueba para su publicación oficial en el PEF. Una vez publicado el monto, la SHCP lo distribuye entre los estados conforme lo señala la Ley de Coordinación Fiscal. Los gobiernos estatales por su parte deben enviar el 50 por ciento de los recursos a las denominadas zonas de atención prioritaria y el resto a los municipios con los dos mayores grados de rezago social o en pobreza extrema.

Sin embargo, “se han detectado casos en los que los recursos del fondo se traspasan a otras cuentas para cubrir otros gastos, se ejecutan acciones y obras fuera de los rubros establecidos por su normativa o bien que no benefician a la población objetivo, no se cuenta con la documentación comprobatoria de los gastos, se efectúan pagos en exceso, conceptos de mala calidad, e identifican obras pagadas no ejecutada”, enfatizó el informe del CIDE.

FONDOS PÚBLICOS ESTATALES

También son bolsas de dinero público, que en su mayoría operan con los fondos que se transfieren de la federación, pero que suman también recursos de la entidad. Son seis en total:

1 FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FOREF)  – BANOBRAS

La Segob, en conjunto con la SHCP, integró el Foref como un fideicomiso con Banobras por medio del cual ofrecieron a los estados afectados un esquema crediticio a largo plazo por 20 años.

A diferencia del Fonden y dada su naturaleza financiera, el Foref no plantea tiempos específicos para su contrato debido a que para ello previamente los estados deben solicitar permiso al Congreso estatal. Banobras, dirigido por Alfredo Vara Alonso, es el responsable de realizar las inspecciones que considere pertinentes para verificar el cumplimiento de las acciones asociadas al crédito.

Pero la información que se publica es la que por obligación incluyen los gobiernos estatales en sus cuentas públicas como deuda, lo que afecta a la rendición de cuentas de este fondo, determinó el CIDE. Asimismo, el fondo representa riesgos tanto financieros como de desempeño por parte de los acreedores que se molestan ante la falta de mecanismos claros y oportunos de supervisión, evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

2 FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN) – SECRETARÍA DE FINANZAS


Damnificados en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Para poder acceder a los recursos de este fondo la Secretaría de Salud o de Protección Civil debe solicitar al Comité de Evaluación de Daños la propuesta del monto necesario, acompañado de la documentación que la instancia en cuestión considere suficiente, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera.

Como mecanismo de seguimiento para la estrategia de recuperación se creó la Comisión para la Reconstrucción, cuyo primer director, Ricardo Becerra, decidió renunciar al señalar que la ALDF los puso al margen de las decisiones sobre el uso de los recursos. Actualmente Raúl Esquivel, el Jefe Vulcano, es el subcomisionado para la Reconstrucción. “Tiene una trayectoria impecable al servicio de la comunidad, pero no sé si sepa de censos y de fiscalización de recursos”, aseguró Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S.

La rendición de cuentas del Fonaden CDMX recae en la Secretaría de Finanzas, dirigida por Edgar Amador, la cual está encargada de informar sobre aspectos relevantes de su ejercicio y las obligaciones deben cumplirse por medio de la ventana de transparencia del gobierno de la CDMX.

Adicionalmente, se creó la plataforma Reconstrucción CDMX, en donde se encuentran los documentos de declaratoria e informes de afectación. Estos mecanismos, si bien son una base mínima para la transparencia y rendición de cuentas de los recursos que se ejerzan en la estrategia de reconstrucción, requieren de mayor puntualidad y actualización permanente, urgió el CIDE.

3 FONDO DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA CIUDAD DE PUEBLA

Este fondo se creó en el marco de los sismos de septiembre de 2017. Su objetivo es la atención inmediata con una bolsa de hasta 50 millones de pesos, alimentada de recursos estatales y del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

La Contraloría Municipal, donde el panista Luis Banck es Alcalde, es la instancia encargada de la vigilancia en el ejercicio de los recursos. Sin embargo, eso no permite afirmar que las reglas del fondo establecen mecanismos de transparencia, rendición de cuentas o participación ciudadana, observó el CIDE.

4 ÓRGANO DESCONCENTRADO UNIDOS POR MORELOS – INFONAVIT Y FOVISSSTE

Creado luego del 19 de septiembre, este órgano desconcentrado de Morelos ha planteado como mecanismos de identificación de estrategias y planeación la instalación de mesas de trabajo con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Pero carece de mecanismos de seguimiento.

El Comité Técnico del órgano desconcentrado debe garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las acciones y recursos ejercidos. El manejo y disposición de los recursos económicos serán transparentados y publicados en Internet con el formato de datos abiertos y la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social es la encargada de llevar a cabo el monitoreo y la evaluación de la estrategia estatal y las acciones de órgano.

5 Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca – Protección civil estatal

Este Seguro de crédito cuenta con una bolsa de 60 millones de pesos, pero solo se activan sólo una vez que se han aprobado los recursos del Fonden para la atención de desastres en Oaxaca, que a su vez se tarda. Este seguro tiene vigencia a julio de 2018 y está respaldado por Agroasemex.

El seguimiento de los recursos es responsabilidad de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), dependencia que también asegura su vigencia. No obstante, el estudio no encontró evidencia acerca de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a los que están sujetos los recursos del seguro.

6 Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) – Protección civil de Chiapas

El Fogird es un fideicomiso constituido a partir del Presupuesto de Egresos de Chiapas de 2017, basado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La Secretaría de Protección Civil será la encargada de llevar el control de los recursos asignados y tiene la obligación de informar sobre el avance en el ejercicio de éstos. Sin embargo, no se encontró evidencia de que existan mecanismos específicos de transparencia y rendición de cuentas del fideicomiso.

FONDOS PRIVADOS


La Fundación Carlos Slim entregó una bolsa económica de 2 mil 467 millones de pesos para la reconstrucción de los estados afectados. Foto: Cuartoscuro.

Empresas nacionales e internacionales, gobiernos extranjeros, celebridades y personas físicas donaron a través de instituciones bancarias, fideicomisos privados, organizaciones de la sociedad civil y plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding).

La transparencia en estos fondos se complica, dijo el investigador del CIDE, Jaime Hernández Colorado. “Existe un volumen de recursos sobre el que no hay información de ningún tipo”, aseguró.

Se han identificado dos fideicomisos privados relacionados con la reconstrucción con registro de donatarias autorizadas, que han reportado información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) al 31 de octubre de 2017: el Fideicomiso Fuerza México que constituyó el Consejo Coordinador Empresarial y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México.

De acuerdo con datos reportados por Transparencia Presupuestaria de la SHCP y por el reporte de transparencia de donatarias autorizadas al 31 de octubre del SAT, el Fideicomiso Fuerza México recibió en total 51 millones de pesos de gobiernos extranjeros y 64.7 millones de pesos de donantes mexicanos.

Además están los fondos para la reconstrucción de aseguradoras y empresas; de organizaciones de la sociedad civil con un total de 942 millones de pesos; y de instituciones bancarias. Al menos se concentraron 2 mil 864 millones de pesos en instituciones bancarias. Además hay otros 2 mil 25 millones que recibieron organizaciones registradas ante el SAT, de acuerdo con el  estudio “Reconstrucción 19s” del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Pirc) del CIDE.

La opacidad fue por parte de Scotiabank, Ayuda Santander, Intercam Banco, Multiva y HSBC. En contraste, Banorte, Bancomer, Banamex, Banco Azteca e Inbursa ofrecen la información.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es la instancia responsable de vigilar y se asegurar de la correcta ejecución de todos los servicios y esquemas de apoyo que ofrecen las instituciones bancarias a los damnificados.

Por parte de dos de los hombres más ricos de México, Fundación Azteca –de Ricardo Salinas Pliego– recaudó 63.5 millones de pesos, y Fundación Slim –de Carlos Slim Helú– reportó una recaudación de 2 mil 467 millones de pesos, los cuales administrará directamente y ejecutará en proyectos de ayuda humanitaria para los damnificados.

(SIN EMBARGO/ Dulce Olvera/19 DE MARZO 2018)