miércoles, 1 de noviembre de 2017

ANÁLISIS: EL RÉCORD DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO ES UNA CRISIS QUE COMENZÓ HACE 20 AÑOS


Policías detienen a un joven durante un patrullaje nocturno en Tecomán, en el estado mexicano de Colima. Credit Rodrigo Cruz para The New York Times

MAX FISHER y AMANDA TAUB
CIUDAD DE MÉXICO – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

 “En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

MEDIDAS EXTREMAS


Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times

En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

SOLUCIONES A CORTO PLAZO Y PROBLEMAS A LARGO PLAZO


Felipe Calderón con integrantes de la Marina antes de un desfile, en 2006 Credit Alfredo Estrella/Agence France-Presse — Getty Images

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas pre democráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y ex director del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

“LA CLAVE DEL FRACASO”


Una casilla en Ecatepec, Estado de México, en durante la votación para el gobernador, el 4 de junio. No hay reelección de cargos públicos en México. Credit Brett Gundlock para The New York Times

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

EN VEZ, EL DESORDEN Y LA VIOLENCIA HAN AUMENTADO.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

UN ESTADO FRÁGIL SE HUNDE

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD

La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

UNA ATOMIZACIÓN SOCIAL Y DEL ESTADO

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

LA PARÁLISIS EN MEDIO DEL DESASTRE


El presidente Enrique Peña Nieto durante el quinto informe de gobierno, en septiembre Credit Mario Guzman/European Pressphoto Agency

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más ricos, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, ex director del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ MAX FISHER Y AMANDA TAUB/ 28 DE OCTUBRE DE 2017)

ACLARACION SOBRE LA COMISION ESPECIAL MIFEL DEL REGIDOR PERREDISTA PROFR. JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZALEZ

Después de la sentencia judicial de 34 millones 976 mil 157 pesos al Ayuntamiento Guaymas  a favor de Banca MIFEL de una deuda generada de 6 millones de pesos que dejó  Mónica Marín Martínez, presidenta municipal sustituta  en el período 2009-2012 esta cifra se remontó a más  8 mil millones de pesos entre capital e intereses.

El Consejo de Administración de MIFEL autorizó al Departamento Jurídico para que firme un convenio con el Ayuntamiento de Guaymas por 16 millones de pesos, con un anticipo de 4 millones y 12 mensualidades de un millón de pesos. Con esto Banca MIFEL se da por pagada la sentencia de los casi 35 millones de pesos.

Este convenio, por diferentes razones  no se dio a conocer al Ayuntamiento de Guaymas por carecer de la liquidez suficiente para garantizar el pago de los 4 millones de pesos del anticipo.

El Ayuntamiento, el 17 de agosto del año en curso, nombra una Comisión Especial que fue integrada por la Comisión de Hacienda, cuyo presidente es Eduardo González Gaxiola; el Presidente de la  Comisión de Servicios Públicos, Rodolfo Lizárraga Arellano y Pedro Castillo Morales Presidente de la  Comisión de Obras e Infraestructura Urbana.

Esta Comisión acude a la Ciudad de México con la finalidad de buscar mejores condiciones de pago, encontrándose en primer lugar, con el reclamo de Banca MIFEL de no haber atendido el convenio por 16 millones de pesos, que previamente había sido aprobado por el Consejo de Administración de MIFEL.

Fuimos  atendidos por el licenciado Rafael García Job, Director Ejecutivo Legal y Cumplimiento y el licenciado Felipe Bravo Martínez Gerente Jurídico Contencioso ante quienes la Comisión Especial les presentó la situación económica y financiera  que le impide al Ayuntamiento cumplir con los 4 millones de anticipo, pero se le manifestó la voluntad de resolver el problema en forma definitiva, pidiendo facilidades de pago  para lograrlo.

Ante esto y habiéndolo consensado  con los miembros de la Comisión Especial en reunión privada en el mismo sitio, propuse:
01.- Pagar 14 millones de pesos diferidos en 12 documentos mensuales.

La respuesta por parte del licenciado Rafael García Job, fue de negativa total, ya que Banca MIFEL requería de un pago de 16 millones de pesos  y un  anticipo de 4 millones de pesos a la firma del convenio.

En una segunda propuesta y apoyándome en los comentarios hechos por el Regidor Enrique Hudson Alcérreca, propuse:
02.-  Pagar 2 millones de pesos a la firma del convenio y 2 millones en el mes de febrero de 2018, considerando que son los meses donde el Ayuntamiento de Guaymas cuenta con mejores posibilidades de pago.
Lo anterior lo hice, seguro de que mi obligación es y será buscar alternativas de solución a la problemática financiera por la que atraviesa esta administración de la cual honrosamente formo parte.

Ante esta segunda propuesta, el licenciado Rafael García Job se dirigió a la Comisión Especial en pleno, solicitándonos hiciéramos   ambas propuestas por escrito para ser presentadas al Consejo de Administración de MIFEL, agregando el licenciado Felipe Bravo Martínez, Gerente Jurídico de lo Contencioso, contemplar dentro de las propuestas que se presentara el pago de 18 millones de pesos, toda vez que el Ayuntamiento no había respondido a la primera propuesta de 16 millones de pesos.

Como se puede ver, hasta este momento no hubo  absolutamente nada en concreto, por lo que se quedó en espera de la propuesta por escrito por parte del Ayuntamiento de Guaymas.

Y quiero ser enfático en este punto, es que jamás se acordó cerrar la deuda en 14 millones de pesos, prueba de lo anterior, fue que la filtración de un audio a la radiodifusora FM105, por alguien de los integrantes de la Comisión Especial, no deja información adicional al respecto.

El manejo tendencioso de la información vertida en el audio filtrado, muestra claramente la intención de  desinformar, confundir a los guaymenses, además de denostar en nuestra contra sobre nuestra actuación dentro de la Comisión Especial de los que fuimos a la Ciudad de México.

Si bien es cierto que 15 millones de pesos, se le hace un mundo de dinero a la locutora de FM105 en sus comentarios personales, pero se le hicieron pocos los 13 millones de pesos que les entregó  el ex alcalde Otto Claussen Iberri a la empresa para la que presta sus servicios.

Debo aclararle a la ciudadanía de Guaymas, que no me mueven intereses personales o de grupo, sino la intención y el compromiso de cumplir con el mandato constitucional que ostento como regidor del Ayuntamiento 2015-2018.

ANTECEDENTE

En la administración de César Lizárraga Hernández (2009-2012) el Ayuntamiento de Guaymas firmó un convenio de Arrendamiento Puro por 45 millones de pesos con Banca MIFEL.

Habiendo cumplido con los pagos convenidos hasta la salida de su administración  municipal, en marzo de 2012, quedando la señora Mónica Marín Martínez por seis meses como  Presidenta Municipal Interina, no se cubrió ninguno de los pagos a MIFEL, dejando un  adeudo de 6 millones de pesos a la administración 2012-2015, que presidió  Otto Guillermo Claussen Iberri, quien irresponsablemente también dejó de pagar la deuda, argumentando que dicho contrato había sido observado por el ISAF, de esto puede tener razón el ex alcalde, más sin embargo, debemos aclarar que el ISAF  ni el Congreso del Estado le ordenaron que dejara de pagar dicho adeudo como lo argumenta hasta la fecha.

Esta deuda tiene un crecimiento exponencial que rebasa en más de cuatro años los 8 mil millones de pesos, no obstante, los Tribunales sentenciaron al Ayuntamiento de Guaymas a pagar 34 millones 976 mil 157 pesos a Banca MIFEL.

Y Banca MIFEL para garantizarse dicho pago promovió un juicio para  embargar las cuentas del Ayuntamiento de Guaymas por 32 millones de pesos, mismos que en la actualidad se encuentran inmovilizados.

No obstante que tienen embargados o congelados recursos federales de obras, que ya se concluyeron. He ahí, la urgencia de llegar a un acuerdo con Banca MIFEL  para que le permita al Ayuntamiento descongelar dicha cuentas para hacer uso de esos recursos que tanta falta le hacen a Guaymas.

A  T E N T A M E N T E
PROFESOR JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZALEZ
REGIDOR PROPIETARIO DEL PRD


(ALZA LA VOZ/ REDACCION/ 30 Oct 2017 11:36 AM)

EL RUSSIANGATE EN MÉXICO


El FBI prendió la mecha a una bomba que está apuntando hacia la Casa Blanca, cuya ola expansiva puede alcanzar al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Un personaje tapado por la tolvanera que levantó la entrega de Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, llamado George Papanopoulos, tiene el explosivo. Papanopoulos era el asesor en política de exterior de Trump cuando anunció su primer equipo de campaña, y durante los últimos meses fue un colaborador activo del FBI en la investigación para determinar si hubo colusión entre los cercanos de Trump y representantes del gobierno ruso. Apenas este lunes se supo que también sería llevado a juicio por un Gran Jurado, lo que significa que durante todo estas semanas, probablemente con micrófonos del FBI escondidos, estuvo colaborando y recopilando evidencias. Entre ellos, sugirió The Washington Post, Jared Kushner, podría estar en la lista de los próximos a ser procesados.
  
Kushner es consejero especial del Presidente Trump, de quien es yerno, y es una persona clave para el Gobierno mexicano en la relación bilateral. Su enlace es el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien lo conoció a principios de agosto del año pasado cuando estaban armando la visita de Trump a Los Pinos, aún como candidato presidencial. Escasa una semana pasada la elección en noviembre, Videgaray viajó a Nueva York en una misión secreta ordenada por Peña Nieto, y se reunió con él en la Torre Trump en Nueva York, para fijar los términos generales de las relaciones bilaterales. Resultado de esos encuentros fue la reunión de alto nivel en la Casa Blanca, pocos días después de haber asumido Trump la Presidencia, con quien llevó a platicar Kushner a Videgaray para resolver diferencias públicas con Peña Nieto.

La relación que ha establecido Videgaray con Kushner le ha dado un acceso al Canciller mexicano como a ninguno otro antes en la historia de las relaciones bilaterales. Videgaray puede tener conversaciones privadas con Trump por intermediación de su yerno, sin necesidad de cita o de agenda largamente negociada. El Presidente de Estados Unidos no recibe a prácticamente ningún Canciller, con excepciones ocasionales para aquellos que representan a una de las cinco potencias nucleares. Este acceso le ha permitido a Videgaray que se le abran las puertas en el mundo.

Funcionarios mexicanos dicen que en un alto número de las entrevistas que tiene Videgaray, particularmente del mundo industrial, sus interlocutores le preguntan sobre su pulso de Trump, reconociéndole abiertamente algunos de ellos el acceso que tiene en la Casa Blanca, y subrayando la cercanía que tiene con él para abrevar de sus observaciones sobre el Presidente estadounidense. Este tipo de activo habría sido imposible para Videgaray y los intereses del gobierno peñista, de no haberse cultivado la relación con Kushner, que es el ingrediente por el cual el propio Peña Nieto dice en privado que el fiasco público y político de la visita de Trump a Los Pinos, se ha compensado.

La importancia estratégica, por proxy, que le ven a Videgaray en muchas cancillerías del mundo, y la manera como puede matizar e impulsar dentro de la Casa Blanca las posiciones del Gobierno mexicano es incierta, al desconocerse el tamaño del posible involucramiento de Kushner con funcionarios rusos que ofrecieron intervenir en la campaña presidencial en contra de la candidata demócrata, Hillary Clinton. Desde hace meses Kushner ha sido uno de los dos más cercanos a Trump -el otro es su hijo Donald-, investigado por el FBI y por el Congreso, pero aún no han revelado la existencia de evidencias por la cual pudieran procesarlo. La irrupción de Papadopoulus en el escenario cambia todo.

Papanopoulos fue nombrado consejero de política exterior por Trump en la primavera de 2016, y en vísperas de asumir el cargo, conoció en Italia a un profesor inglés que dijo tener amplias conexiones con el gobierno ruso. El 31 de marzo, en una reunión donde Trump estaba presente, Papadopoulus dijo que tenía contactos que podían arreglar una reunión entre el candidato y el Presidente Vladimir Putin. El 25 de abril informó a un consejero de mayor jerarquía en la campaña que sus contactos le habían dicho que Putin estaba dispuesto a ver a Trump cuando quisiera. Once veces insistió en ese encuentro, que nunca se hizo.
  
En otra reunión, el 26 de abril, su contacto le ofreció correos electrónicos de Clinton lleno de “porquerías”, que Donald Trump Jr., cuando se enteró de ello directamente por uno de los rusos que salieron de esas conexiones en un encuentro donde estaba Kushner, comentó: “Me encanta”. La campaña de Trump le autorizó en agosto a Papanopoulus viajar a Rusia para obtener toda esa información, pero el viaje nunca se hizo. El FBI cateó su casa en verano, en la investigación de que había tenido contactos con funcionarios rusos para alterar la elección presidencial. Él lo negó, pero este lunes admitió que había mentido, que es delito de perjurio. El FBI también reveló que desde hace varios meses está colaborando con la investigación.

Con ello, el FBI recogió evidencia contra ex colaboradores de Trump en la campaña. The Washington Post ya identificó a dos que probablemente serán próximamente procesados, y adelantó que Kushner y Trump Jr. puedan ser los siguientes. Si es así, el impacto para Videgaray y Peña Nieto será monumental, pues la llave de la puerta a la Casa Blanca estaría, a partir de ese momento, luchando por no ir a la cárcel.


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 01/11/2017 | 04:08 AM)   

¡VIVA LA ANARQUÍA!

El sistema democrático, definitivamente, no es lo nuestro. Lo vemos claramente a través del pulso que miden las redes sociales, y su expresión grandilocuente en los medios y las instituciones. Funciona muy bien en el discurso y en la retórica, pero es anulado constantemente con nuestros dichos y actos. En la última semana se han dado ejemplos claros en el tipo de debate que se suscitó sobre la remoción de fiscal electoral y la acción del Gobierno español contra la autoridad secesionista catalana. En ambos casos no es el estado de Derecho lo que es supremo, sino que los resultados se acomoden a nuestras creencias. Sin leyes no hay normas; sin normas hay desorden y domina la ley del más fuerte. Paradójicamente, de esta confusión se fortalecen los regímenes autoritarios que se quieren anular. En estas nos encontramos: pensamos que caminamos hacia adelante y realmente vamos para atrás. Retrocedemos a un estado primario. Veamos:

1. Santiago Nieto, el Fiscal electoral, fue removido por violar la ley al hablar sobre una investigación en curso que daña el debido proceso. Políticos de oposición reconocieron que estaba bien que violara la ley porque la información era de interés público, que tuvo eco en las redes sociales donde defendieron su derecho a expresarse. El tratamiento fue el que podría tener un ciudadano cualquiera, que no lo era Nieto. Difundir detalles de una investigación no fortalecían el proceso; lo anulaban. Quien lo defendió avaló la impunidad de sus investigados, pero reclamaba lo contrario.

2. Carles Puigdemont, el Presidente del gobierno catalán, llevó a cabo un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Como rompía el acuerdo constitucional, los tribunales españoles dijeron que esa consulta era ilegal. Puigdemont desafió a los tribunales y tras obtener el apoyo de tres de cada 10 catalanes, proclamó la independencia y desató una crisis política. Violar la ley no era importante. Las redes sociales mexicanas se ubicaron mayoritariamente por la secesión de Cataluña, calificando de retrógradas y autoritarios a quienes decidieron respaldar el precepto legal, acusando de ilegal una acción que se ajustaba a la ley.

En ambos casos, el poder actuó con fuerza, aunque no en los mejores términos que pudo haberlo hecho. A Nieto lo sancionaron por un delito que había cometido reiteradamente durante año y medio, lo que alimentó la percepción de que no fue la ley, sino un ajuste de cuentas con un Fiscal que consideraban en el Gobierno que se inclinaba a la izquierda. En España, el Presidente Mariano Rajoy, al fracasar en las negociaciones para impedir un referéndum ilegal, suplió la política con la fuerza, reprimiendo a miles de inconformes.

La aplicación de la ley fue desvirtuada por la torpeza política de las acciones de gobierno, pero este no fue un matiz considerado por políticos o mexicanos en las redes sociales. La alternativa a que si las leyes están mal hay que cambiarlas, fue superada por el porqué molestarse en cambiarlas si es más fácil ignorarlas. Les leyes no existen cuando no se ajustan a lo que pensamos y creemos. Lo que predomina es la ideologización y las posiciones cómodas y frívolas, ante la pereza de quien piensa diferente. ¿Debería sorprendernos? En absoluto.

De acuerdo con el último estudio de Latino barómetro, la organización sin fines de lucro con sede en Chile, en todo América Latina se acentuó el declive de la democracia durante 2017, con una baja sistemática en el apoyo y satisfacción de ese modelo. La mayor pérdida lo registró en México, que perdió 10 puntos porcentuales entre 2016 y 2017, donde sólo 3.8 de cada 10 mexicanos creen en la democracia, y 1.8 de cada 10 está satisfecho con ella. Los datos sobre los mexicanos se encuentran entre los de mayor pesimismo. El 90 por ciento piensa que México está gobernado por unos cuantos grupos que sólo ven por su beneficio.

¿Que nos están diciendo las mediciones y las reacciones? Que lo nuestro no es la democracia, que tuvo su repunte en su apoyo durante los tiempos que era moda. El estudio de Latinobarómetro lo prueba. En 2005, en pleno choque entre el gobierno de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el 59 por ciento de los mexicanos respaldaba el sistema democrático. Para 2017, el respaldo sólo lo daba el 38 por ciento, con una dramática pérdida de 10 puntos en sólo un año. Junto con ese desplome se encuentran también la caída en nuestros valores. Buenos los mexicanos de dientes para afuera, cuando afirman que la corrupción es el tercer problema más grande del País, pero cuando se les pregunta si sienten obligación de denunciar un caso de corrupción cuando son testigos, el 88 por ciento dice que no es su problema.

Somos autoritarios y no tenemos interés alguno de construir un nuevo sistema de organización social. Efecto colateral es nuestra intolerancia frente a quien piensa distintos a nosotros, cargada de manera creciente por el fenómeno las redes sociales, de rencores y odios. La nuestra es una sociedad que puja por la anomia, sin darse cuenta que se está suicidando. Esto es muy grave, la regresión por ignorancia, arrastrados por una enorme inteligencia emocional que desplaza a la razón. En vísperas de un proceso electoral como el que viene en 2018, no habría qué sorprenderse si, como perfilan ahora, los contendientes son dos proyectos de nación encabezados por culturas autoritarias. Tendremos entonces el gobierno que nos merecemos, aunque digamos lo contrario. Felicidades. Vamos firmes, pero para atrás.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 31/10/2017 | 04:04 AM)  



BUFALADA RIESGOSA

Si por multitudes y aplausos de apoyo se tratara, José Antonio Meade sería el candidato del PRI a la Presidencia. La bufalada priista, tan poco recta de la espalda cuando interpretan como línea los pensamientos desconocidos de su jefe en turno, el Presidente Enrique Peña Nieto en la actualidad, ha visto sumar adeptos detrás de Meade a personajes como Claudio X. González Laporte, a quien los subalternos del Secretario de Hacienda han inundado con auditorías a sus oscuros negocios, y al ex Presidente Vicente Fox, cuyo centro para promover liderazgos en Guanajuato recibe apoyo federal. Ellos ven a Meade como el próximo ungido, y Meade está actuando como si solo le faltara cruzar el umbral de esa puerta.

Su equipo de comunicación está empeñado en elevar su presencia en las redes sociales, y ha inyectado sin cuidado recursos a plataformas como Facebook, para artificialmente mostrar conocimiento de su persona y popularidad. También está acercándose a consejos editoriales y a periodistas para intercambiar puntos de vista, aunque restringido a temas hacendarios para evitar, ante cualquier filtración, dar una imagen que pueda perjudicarlo. Meade sabe que en estos momentos, cualquier acto público fuera de lo oficial, cualquier gesto y declaración, puede ser contraproducente. Sus acciones personales están en el límite de la prudencia, cuando las coyunturas le han favorecido notablemente.

Es el Secretario de Estado de mayor exposición en las últimas semanas. Muchas obedecen a la naturaleza de su trabajo, que lo ha llevado a ser protagonista en tres eventos importantes, el de la reconstrucción del centro y sur tras los sismos de septiembre -le compete la ingeniería financiera para los apoyos-, el paquete de estímulos de las Zonas Económicas Especiales, y el presupuesto. Las luces han estado sobre él de manera natural, y ha contado con las muestras de apoyo y calidez por parte de Peña Nieto, con el antecoro de los grupos empresariales que lanzan loas a Meade y expresan abiertamente su deseo de que sea el sucesor.

Los respaldos públicos se multiplican a favor de Meade, que es visto también por sus opositores y en los medios de comunicación, como el inevitable para la candidatura presidencial del PRI. Son tantas las expresiones de apoyo para que sea candidato, que conforman una presión pública, quizás involuntariamente articulada, para que el Presidente tome una decisión definitiva a su favor. El Presidente deja que todo fluya. Esto levanta muchas suspicacias para quien ha observado a lo largo de los años la manera como procesa las presiones Peña Nieto.

Quien mejor lo interpretó fue Aurelio Nuño, cuando era jefe de la Oficina de la Presidencia, quien en medio de una crisis social, política y económica por las reformas, decía en las reuniones de stafff que vivían una tormenta perfecta, que sin embargo, no dejaba de ser una tormenta que pasaría. Nuño confirmó esa racional en una entrevista con el diario madrileño El País a finales de 2014, donde aseguró que la opinión pública no les modificaría el rumbo escogido. “Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas”, dijo. “No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. Lo que dijo es lo que hizo Peña Nieto, quien no se ha salido, hasta ahora, del libreto político y electoral de su administración.

Peña Nieto ha probado ser refractario a las presiones de la opinión pública, y es un político que cuando se ha tratado de mover sus piezas, particularmente las electorales, es una tumba. Juega con señales falsas que han malinterpretado incluso quienes mejor lo conocen, y con declaraciones ambiguas que pueden tener distintas interpretaciones, que distraen y confunden. Él repite en privado que engaña con la verdad, por lo que si uno se atiene a su dicho, Meade no sería su candidato, sino alguien más de su gabinete. La inclinación hacia el Secretario es notoria, pero la última vez que se le escuchó decir su frase de tahúr, Meade no estaba en el escenario electoral.

¿Será acaso el Secretario de Hacienda un señuelo? Con Peña Nieto, todo puede suceder. Pero por cuanto a Meade, su trabajo por conquistar la candidatura, tejido semanalmente en reuniones cerradas en lugares privados, su convicción es construir su futuro político y qué necesitará para lograrlo, no que se trata de una pieza que será sacrificada en función de los intereses de Peña Nieto. Meade tiene un gran equipaje para ser candidato e, incluso, para ser Presidente si uno lo compara a varios de quienes han llegado a Los Pinos. Sin embargo, en los partidos políticos, especialmente en el PRI, la meritocracia no es el nombre del juego.

Por ello, la suspicacia de la inacción del Presidente por frenar la bufalada llama la atención. A Peña Nieto le sirve. Por un lado se construye una alianza de electores para alguien que no es priista, y por el otro, es un distractor para cuidar a quien sea su tapado. Imposible saber qué piensa su jefe. Lo que se ve es a Meade en todas las fotografías del 2018, saturando los espacios y forzando un resultado. Este no es un modelo que haya usado Peña Nieto. Meade tendría que reevaluar lo que está haciendo y en dónde se está excediendo, para evitar la sorpresa de haber sido un aspirante útil cuya aspiración presidencial quedó truncada por la bufalada.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 30/10/2017 | 04:00 AM)   

SECRETOS DE UN ASESINATO

Entre los más de 30 mil documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy el 23 de noviembre de 1963 que aún son secretos, hay decenas que se refieren a la visita que realizó a la Ciudad de México Lee Harvey Oswald, oficialmente el asesino solitario del Presidente, del 27 de septiembre al 3 de octubre de ese año, donde contactó a la Embajada de la Unión Soviética (hoy Rusia) y al Consulado Cubano. De los cubanos buscaba una visa; en la soviética habló con Valeriy Kostikov, de quien los servicios de inteligencia estadounidenses sospechaban que pertenecía al Departamento 13 de la KGB, encargado de asesinatos y sabotaje. La CIA vigilaba a Oswald por sus vinculaciones con Moscú, y buscó vincular el asesinato de Kennedy a un complot organizado por Fidel Castro. El entonces Embajador de Estados Unidos en México, Thomas Mann, muy cercano a la CIA, sospechaba que el complot para asesinar a Kennedy se había armado en la capital mexicana.

Los detalles de los días de Oswald en México son altamente explosivos, dijo el juez John Tunheim, quien encabezó hace 20 años un comité investigador independiente que examinó los documentos aún secretos sobre el asesinato y que, por petición del Departamento de Estado y la CIA, decidieron no divulgarlos por el impacto que habría tenido en México. Tunheim dijo que haber dado a conocer cuanta información compartía con la CIA, habría hecho caer en su momento al Gobierno mexicano. El juez se quedó corto.

La divulgación de esos documentos posiblemente cambiarían la historia de México, al conocerse de manera oficial el nivel de subordinación del Presidente Adolfo López Mateos al legendario jefe de la CIA en México, Winston Scott, quien lo reclutó como un activo de la agencia, como lo hizo con los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. No sólo se podría haber desplomado el Gobierno mexicano, sino López Mateos podría haber sido destituido por el único delito por el cual se le puede juzgar: traición a la patria.

En aquellos años, México era uno de los grandes campos de batalla de la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos luchaba contra la expansión soviética en América Latina, y con el aval del gobierno de López Mateos y su total cooperación, combatían al comunismo. Cuando asesinaron a Kennedy, la Embajada de Estados Unidos en México era un centro de conspiración. Mann había trabajado como diplomático y Subsecretario de Estado junto a la CIA para derrocar al Presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954. Cuando después del fiasco de Bahía de Cochinos, la frustrada invasión a Cuba en 1961, Kennedy autorizó el derrocamiento de Fidel Castro, la Ciudad de México se convirtió, de manera natural, en el eje de la intervención.

Junto con Mann llegaron veteranos del derrocamiento de Arbenz, que se sumaron al equipo dirigido por Scott. El más importante fue David Atlee Phillips, uno de los mejores cuadros de la CIA en técnicas clandestinas y propaganda, que sirvieron, por ejemplo, para el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Phillips trabajaba con Richard Helms, quien se encargaba de operaciones clandestinas en la CIA desde Langley, y con otro de los legendarios de la agencia, el jefe de contra inteligencia, James Angleton. Una de las acciones de la CIA en México fue infiltrar el ámbito intelectual, donde había una proclividad por la Revolución Cubana. Para ello, utilizaron a una estadounidense, June Cobb, quien llegó a México en 1961 y se infiltró en ese sector hasta llegar a ser adjunta del secretario general de la Asociación de Escritores Mexicanos, fundada en 1964 y prohijada por Díaz Ordaz. Cobb dependía de Phillips, a quien le informaba todo lo que sucedía en ese ámbito.

Cuando Oswald llegó a México, la CIA llevaba meses con estrecha vigilancia, gracias a lo cual supieron que había estado en una reunión con intelectuales mexicanos, sin que haya todavía claridad de cómo llegó a ellos. Varios de esos intelectuales fueron utilizados por la CIA en varios proyectos, sin que muchos de ellos, probablemente, supieran a quién estaban sirviendo. Muchos años después, en una conversación con quien esto escribe en París, la escritora Elena Garro, una de las participantes en esa reunión, dijo que nunca supo quién era Oswald hasta que vio su fotografía tras el asesinato de Kennedy, y que durante ese encuentro social se había comportado con un perfil muy bajo.

A la CIA le interesó mucho el viaje de Oswald, quien entró a México a bordo de un autobús por Nuevo Laredo. Durante su estancia, recolectó la información sobre su objetivo a través de cuatro operaciones simultáneas en México, LEINVOY -enfocada a la intercepción telefónica, con el apoyo de Echeverría, en ese entonces Subsecretario de Gobernación-, LIEMPTY -que vigilaba la embajada soviética-, AMSPELL -que tenía infiltrado al Directorio Estudiantil Cubano-, y LIERODE -que vigilaba la embajada cubana-, dirigidas por Scott las dos primeras, y por Phillips las otras dos. Estas operaciones contaban con el pleno respaldo del gobierno de López Mateos –y después por el de Díaz Ordaz y Echeverría-, donde la policía política, que es lo que era la Dirección Federal de Seguridad, trabajaba subordinada a la CIA.
  
Los documentos secretos sobre el viaje oficializarían el que tres presidentes mexicanos hayan trabajado para la CIA, y puesto a sus gobiernos al servicio de los intereses de Estados Unidos. También podrían mostrar las técnicas y procedimientos del reclutamiento de activos extranjeros, y el tamaño del espionaje en México. Todo dependerá qué tanta información secreta hasta ahora, se hace pública en Washington.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 27/10/2017 | 04:04 AM)  

UN PÉTRUS PARA EL FISCAL

Santiago Nieto, quizás involuntariamente, es un genio de la distracción. Habló pública, aunque indirectamente, de la investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, a quien denunció el PRD de haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que lo cesaron. Este detonó un escándalo, y al unísono fuerzas políticas y sociales gritaron que el Gobierno, para impedir que profundizara en sus pesquisas, lo defenestró. Abusados. Lo que hizo Nieto es mucho más grave de lo que ven, pero al mismo tiempo, no están viendo.

Su destitución se debió a que violó el debido proceso, por lo cual, aún si fuera repuesto en el cargo, muy probablemente la defensa de Lozoya podría alegar ante el juez que violaron sus derechos humanos, por lo cual se violentó el debido proceso. Como sucedió con Florence Cassez, el delito de secuestro y delincuencia organizada quedó de lado ante la Suprema Corte de Justicia, frente al hecho que violaron sus derechos. El garantismo se aplica a tabla rasa. Lo que fue para Cassez, también tiene que ser para Lozoya, por lo cual, Nieto habría rescatado a Lozoya de una eventual cárcel por un delito electoral, al haber prostituido el caso.
  
El garantismo de la Corte tendría que ser aplicado por cualquier juez, no como prueba de inocencia, sino porque la posibilidad de que fuera juzgado de manera justa, fue socavada por el ex fiscal. En este caso, como deslizó el periodista Rafael Cardona en Foro TV, Lozoya tendrá que comprarle al ex fiscal electoral un Pétrus, ese vino de Burdeos que se encuentra entre los más finos del mundo, en agradecimiento por sus buenos oficios, cualesquiera que hubiera sido la razón de ello. Con su acción ilegal, lo blindó, y Lozoya tendría que ser exonerado -si se le confirmaran una ilegalidad-, si se aplica la Doctrina Zaldívar del efecto corruptor que liberó automáticamente a Cassez.

Eso es la primera parte. La segunda tiene que ver con los senadores, convertidos en maestros en la simulación. Juegan con las sombras de la Cueva de Platón al salir a la defensa airada de Nieto, y exigir su restitución. Para efectos prácticos de esta investigación, que regrese o no a la Fiscalía es irrelevante. Lozoya, como ya lo anunció, lo demandará por haber violado sus derechos humanos y vulnerado el debido proceso, por lo que en el eventual caso de que fuera llevado a tribunales, un juez podría determinar si al violar el principio de secrecía en la investigación, se perdió la posibilidad de un juicio justo. De esta manera, lo que hizo Nieto fue extenderle inmunidad e impunidad a Lozoya, en caso de que fuera culpable del uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña presidencial.

En este sentido, toda la agitación y movilización en defensa de Nieto se está dando para la protección de un ex funcionario que actuó exactamente en contra del postulado que dicen respaldar: la imparcialidad de las investigaciones de delitos electorales. El apoyo es para quien, si se analiza el escenario más ominoso para el ex candidato y su partido, sería la protección del ex director de Pemex.

Si uno revisa la gestión de Nieto en la fiscalía, difícilmente se le podría adjudicar el papel de títere del gobierno o del PRI. Su exceso de protagonismo e ingenuidad al desbocarse ante un micrófono, es lo que podría alegar como algunas de sus mayores debilidades. Pero aún así, para efectos de argumentación, en el peor de los escenarios, el efecto para Peña Nieto y el PRI sería marginal. Peña Nieto no sería destituido, ni habría acción legal. El PRI tampoco perdería el registro, como afirmó la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. En el mejor de los casos, para quienes buscan una sanción por ese delito, sería una multa.

El caso al que se podría asemejar este delito, de probarse, sería el del llamado Pemexgate, cuando en 2001 se demostró que el sindicato petrolero desvió mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial del Francisco Labastida en 2000. En aquél entonces, el desenlace del primer asunto de corrupción electoral fue una multa al PRI por mil millones de pesos. Y en 2011, un juez federal declaró prescrito el caso, por lo que tampoco procedió el delito de peculado electoral que le imputaron al líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps. El dirigente petrolero, para que no se olvide lo que sucede, es actualmente senador del PRI.

La energía de los senadores de oposición esta muy mal canalizada. Nieto no tendría que ser el objeto de la defensa, sino el procedimiento mediante el cual se realizó su destitución. No es la persona, sino el cargo al que hay que proteger. Pero no es lo único. En toda esta discusión se ha desviado el foco entre tanta politiquería y banalidades, la corrupción de Odebrecht a funcionarios y ex funcionarios de Pemex. Testigos de la fiscalía de Brasil han acusado a Lozoya de haberle dado sobornos millonarios por ayudarles para ganar concursos. Adicionalmente, pagó más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex durante tres administraciones, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

Este es el tema de fondo, oculto por participar los senadores en ruidosos juegos pirotécnicos que sólo distraen y aplazan que esta corrupción tenga nombre y apellido.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26/10/2017 | 04:07 AM)  


NO HAY MUERTO MALO

La opinión pública está volcada a favor de Santiago Nieto. El 64 por ciento de las menciones en las redes sociales, según la empresa GLAC, piden que sea restituido como fiscal para delitos electorales. Tras cinco días de haber sido cesado por violar la secrecía de las investigaciones sobre el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y afectar los derechos humanos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a través de quien presuntamente se canalizó ese recurso, Nieto es visto como una víctima del poder, que lo destituyó por enfrentársele. Tiene como apoyo la indignación nacional y la fuerza de la opinión pública para que sea reinstalado en su cargo. En el balance, le ha ido muy bien al ex fiscal, que abrazado por la cólera mexicana, se le ha perdonado su deshonestidad.

Describir al ex Fiscal como un tramposo, no es un juicio de valor. Su lucha para que el Senado lo restituya, encierra más que un deseo por regresar a su cargo, y desnuda en dónde estamos parados. La ley no nos importa. Nos interesan los ajustes de cuentas. Si alguien socava el estado de Derecho para hacer una justicia que se acomode a nuestros intereses y ponga bálsamo a nuestras frustraciones, lo arropamos, lo apoyamos y lo apuntalamos para que derrote a nuestro enemigo común. Nieto ha jugado con estos ideales justicieros, donde la justicia es sólo un pretexto.

Su acto supremo fue la carta que envió el lunes al presidente del Senado, Ernesto Cordero, donde le pide que esa cámara lo restituya en el cargo. El párrafo relevante es el segundo, donde señala: “Con fecha del 20 de octubre de 2017, el C. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, me notificó personalmente la remoción con efectos inmediatos de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales… en términos del artículo décimo octavo transitorio… que también establece que el Senado de la República podrá objetar la remoción… dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía será restituido en el ejercicio de sus funciones”.

Hay dos elementos falsos en este párrafo, que por su conocimiento de las leyes, las normas jerárquicas y los procedimientos, llevan a pensar, objetivamente, que Nieto quiso engañar a la opinión pública y embaucar a los senadores. Por un lado, se refiere a Elías Beltrán como “encargado de despacho”, lo que jurídicamente es incorrecto. El actual Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, ocupa el cargo como Procurador suplente, con las “facultades necesarias” para remover al titular de la Fiscalía, “sin mediar causa o gravedad de ella que conlleven a dicha remoción”. Nieto se arropó en el primer párrafo del décimo octavo transitorio y en la parte final del tercero, del cual omitió las tres primeras líneas, que dicen: “Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general”.

El impacto de la carta expuso el desgaste del Gobierno en cuanto a credibilidad y legitimidad, pero sobre todo, desnudó la carencia de una cultura jurídica en el País. La ley no importa, sino que lo trascendente es que se haya eliminado a quien veían como un funcionario autónomo que era capaz de enfrentarse a los intereses del Gobierno. Esa es la imagen proyectada en la opinión pública por Nieto, construida a partir de un elemento, la investigación contra Lozoya en el contexto del caso Odebrecht. Es irrelevante que durante su gestión de poco más de dos años y medio, hubiera violado de manera sistemática los derechos humanos de indiciados en investigaciones, porque lo importante no era salvaguardar sus garantías, sino su obligación a difundir información de interés público. El precepto tan anhelado y presumido de que todos son inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad, ha sido anulado por la politización del caso y la victimización de quien aunque fuera por las mejores razones, violó la ley.
  
No hay espacio para la legalidad cuando la violación se justifica porque coincide con el imaginario colectivo. Según GLAC, entre el 15 y el 22 de octubre, el periodo entre la entrevista de prensa donde afirmó falsamente que Lozoya le había pedido que lo exonerara de todos los delitos relacionados con el caso Odebrecht y su dimisión, se dieron 24 mil 341 menciones sobre el cese, de las cuales el 64 por ciento eran positivas para Nieto, y 33 por ciento negativos. El tema polarizó a la sociedad política, que rechazó la acción del Gobierno dos por uno. El débil frente al poderoso; la víctima ante el victimario.
  
El dinamismo en las redes sociales tuvo en los portales de los medios su catalizador y magnificador, y obligó al Senado a tomar posición. La legalidad con la que actuó Elías Beltrán ha sido ignorada por la mayoría, sobre todo los senadores, así como también hizo de lado que Nieto violó la ley. La discusión no es sobre leyes, ni estado de Derecho. Es política inmersa en el conflicto. Frente a la pobreza de cultura jurídica, está la intensidad del debate en la arena pública, donde frente al poderoso, la víctima, por más inmoral que haya, es a quien hay que defender. No hay muerto malo, dice el dicho. La sociedad política grita, en la defensa de Nieto, que es cierto.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/25/10/2017 | 04:03 AM)   

TRAS PERSECUCIÓN Y BALACERA EN LA CARRETERA CULIACÁN-MAZATLÁN, DETIENEN A 5


Después de la detención, aseguran armas de grueso calibre, municiones y hasta lanzagranadas

CULIACÁN.- Cinco hombres detenidos y armas de grueso calibre aseguradas dejó una persecución y balacera registrada la madrugada de hoy en la carretera Culiacán-Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 204 de la carretera en mención, donde elementos de la Policía Estatal le marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta Toyota RAV4, color blanco modelo 2017, quienes hicieron caso omiso de la indicación, y se hicieron perseguir por las autoridades.


Durante la persecución los sospechosos efectuaron disparos contra las autoridades, quienes repelieron la agresión y les dieron alcance para finalmente someterlos.

Al revisar la camioneta se encontraron cuatro armas de fuego largas AK-47 y M16 con aditamento lanza granadas, una granada calibre 40 y más de 200 municiones.

Los detenidos se identificaron como Rito “N”, Javier “N”, Jesús “N”, Jorge “N”, y José Alberto “N”.

Tanto las personas como las armas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las diligencias que marca la ley.


(NOROESTE / REDACCIÓN/01/11/2017 | 11:52 AM)

EL GOBIERNO DE CDMX ESTÁ METIDO “HASTA LAS OREJAS” EN CORRUPCIÓN POR ESPECTACULARES: FUNDACIÓN


La Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano acusa que tras el sismo del 19 de septiembre “no ha habido una acción por parte del Gobierno de la  Ciudad de México para retirar los anuncios que están fuera del padrón y que representan un riesgo”.

La información oficial señala que hay 1,273 anuncios espectaculares en azoteas en la capital, pero los datos de la organización apuntan que “existe una cifra igual o mayor de anuncios que están colocados en azoteas y no están contabilizados’’.

“[Las autoridades] están metidas hasta las orejas en la corrupción. Permiten que se coloquen anuncios en todos lados. No hay una revisión de los inmuebles, la verdad es que la autoridad deja mucho que desear y está poniendo en riesgo a habitantes de la Ciudad de México”, plantea Jorge Carlos Negrete, líder de la agrupación que da seguimiento a este tipo de anuncios publicitarios.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El número 106 de Viaducto, en la colonia Piedad Narvarte, y el 2050 de Calzada de Tlalpan, en la Campestre Churubusco, ambas colonias de la Ciudad de México, compartían una característica antes de caer: sus estructuras cargaban anuncios espectaculares.

Ese modalidad de publicidad –que aún no ha sido responsabilizada por el desplome de las edificaciones– se encuentra regulada por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, sin embargo, navega entre la corrupción, de acuerdo con Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).

La información oficial señala que hay mil 273 anuncios espectaculares en las azoteas de la capital del país, pero los datos de la organización que dirige el maestro Negrete, apuntan que “existe una cifra igual o mayor de anuncios que están colocados en azoteas y no están contabilizados’’.

“Tenemos información de que cayeron dos edificios que tenían edificios espectaculares: Viaducto-Torreón y el de Soriana (en Taxqueña). Hay otros cuatro con daños graves. Desgraciadamente no se han terminado de realizar los peritajes para determinar si los anuncios espectaculares hayan lastimado las estructuras”, aclaró Negrete en entrevista con SinEmbargo.

Su Fundación no realiza peritajes (principalmente porque no tiene acceso a los inmuebles ni a las zonas de desastre), pero sí estudia y analiza los datos que proporciona el Gobierno de la capital.

La agrupación plantea que anualmente se caen 18 anuncios en promedio en la Ciudad de México por fenómenos meteorológicos, aunque los riesgos que implican los paneles en las azoteas no sólo son tiene que ver con su caída y peso, también “con el estrés (por la cantidad de información a la que está expuesta una persona)”, y son distracciones para los conductores, “sobre todo las pantallas eléctricas”.

VIADUCTO 106 Y CALZADA DE TLALPAN 2050


La esquina que comparten Viaducto y Torreón, en la delegación Benito Juárez, se cubrió de polvo a las 13:14 horas del martes 19 de septiembre. Un edificio en el lugar, el número 106, no resistió.

La estructura, de 5 pisos se derrumbó y el sonido aturdió a la gente de la zona. “Ahora sí estuvo cabrón’’, dijo un hombre. De fondo, una niña gritó: “¡Mamá, mamá!’’. Las escenas captadas desde la calle Alaska y hasta los restos de Torreón y Viaducto circularon en redes sociales, e ilustraron el horror.

Edificios bailando de izquierda a derecha, restos de ventanas y paredes en el camino, una estela de polvo, un taxi aplastado, y un espectacular doblado fueron las primeras postales de la devastación.

“Salimos a la calle, sobre Obrero Mundial, casi con Monterrey. Los carros empezaron a pararse. Mis compañeras lloraban. Todo olía a gas. Empezaron a llamar a los muchachos porque un edificio se había caído. Fuimos al lugar, era la estética (en Viaducto-Torreón), la gente lloraba, pero no podíamos mover mucho porque había un espectacular encima’’, contó la joven Estefania, testigo de los hechos.

Ahí murieron cuatro personas.

A 9.8 kilómetros de distancia, el 2050 de Tlalpan, en la Delegación Coyoacán, se resquebrajó desde una de las entradas, justo donde el OOH (publicidad exterior) lucía.

De acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx), en el lugar, conocido como “el Soriana de Taxqueña”, no hubo víctimas mortales ni lesionadas.


El derrumbe en el número 2050 de Calzada de Tlalpan, en la Campestre Churubusco. Foto: Cuartoscuro.


“La gente lloraba, pero no podíamos mover mucho porque había un espectacular encima’’. Foto: Especial para SinEmbargo/@fibenadito.

¿QUIÉN ESTÁ A CARGO?

De acuerdo al capítulo segundo de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) tiene “la facultad de expedir los acuerdos que determinen la distribución de espacios para anuncios tanto en nodos como en corredores publicitarios”.

Además, “puede otorgar, y en su caso, revocar, los Permisos Administrativos Temporales Revocables, las licencias y las autorizaciones temporales, y exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención a la ley y al reglamento”.

Por su parte, la Autoridad del Espacio Público debe evaluar y otorgar el visto bueno a las características técnicas de proyectos de anuncios que busquen permisos, licencias y autorizaciones temporales, y coordinar la instalación de los mismos.

Las competencias se terminan de distribuir entre el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos adscrita a la Secretaría, a los jefes delegacionales, el titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, y el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno (o unidad equivalente en cada delegación) .

 Jorge Carlos Negrete aseguró que las autoridades “están metidas hasta las orejas en la corrupción. Permiten que se coloquen anuncios en todos lados. No hay una revisión de los inmuebles, la verdad es que la autoridad deja mucho que desear y está poniendo en riesgo a habitantes de la Ciudad de México”.

“Después del 19 de septiembre no ha habido una acción por parte de las autoridades de la Ciudad de México para retirar los anuncios que están fuera del padrón y que representan un riesgo. 

“Esperamos que eso cambie, y se retiren los espectaculares, y que se haga antes de que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se vaya”, dijo. 

La FRRPU retoma quejas de ciudadanos sobre publicidad que viola las reglas en la capital, les da seguimiento y asesoría sobre qué pueden pedir y exigir.

“Representan un problema de protección civil, ya lo vimos con el sismo y con tormentas eléctricas. Los que sean un riesgo se retirarán definitivamente, los que se puedan reubicar, así lo harán. (Sin embargo) las dimensiones de las vías primarias de la capital no permiten que sean reubicados muchos de los anuncios”, destacó.

–¿Cuánto pagan los anunciantes?

–Las ganancias tienen que ver con la zona y en qué tipo de estructura se colocarán los anuncios. Puede costar entre 100 y 150 mil pesos. Se tienen que pagar derechos por el uso del espacio público. Pero no se hace de la forma en que se deberían hacer”.


(SIN EMBARGO/ CARLOS VARGAS SEPÚLVEDA/ OCTUBRE 31, 2017, 10:00 PM)