Revista Visión Saltillo/ AFP
Saltillo, Coah.- Los grupos de la delincuencia mexicanos han
encontrado un nuevo lucrativo negocio: controlar la producción de
pequeñas minas de una zona carbonífera limítrofe con Estados Unidos para
vender el combustible al Estado y empresas privadas.
“Explotan minas de carbón, encima de (ellas hay) zonas habitadas. Lo
sabemos por los daños causados en casas, daños estructurales”, explicó a
la AFP el Obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila, Raúl
Vera, cuyo nombre estuvo este año en el sonajero para el Premio Nobel de
la Paz.
La denuncia sobre la presencia de narcotraficantes en las minas de
carbón de Coahuila la hizo pública en octubre el ex gobernador de ese
estado y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Humberto Moreira, al responsabilizar a un cártel del asesinato
de su hijo.
Según Moreira, alejado de la política tras un escándalo por endeudar
excesivamente a su estado, estos grupos actúan explotando directamente
minas o comprando carbón a pequeños productores, que luego venden a una
corporación estatal, en complicidad con empresarios corruptos.
El precio de compra se multiplica hasta 30 veces, dejando una amplia ganancia para los intermediarios.
Según la Cámara Minera de México, nuestro país produce anualmente 15
millones de toneladas de carbón por unos 3 mil 800 millones de dólares.
Casi el 95% se obtiene en Coahuila.
El diario “Reforma” indicó que grupos delincuenciales producen o compran
unas 10 mil toneladas semanales, que luego venden a 600 pesos (50
dólares) la tonelada. Es un negocio que puede dejarles al menos entre 22
y 25 millones de dólares anuales a ese grupo.
Heriberto Lazcano, jefe de un cártel de narcotráfico, fue abatido el 7
de octubre por la Marina en la zona carbonífera y su cuerpo fue robado
luego por un comando armado.
Lazcano tenía su propia explotación de carbón en Progreso, el pueblo
donde cayó al enfrentarse a los marinos en un campo de beisbol y donde
se había refugiado los últimos meses y, según Moreira, manejaba su
propio pozo de carbón.
SECRETO A VOCES
Pero la presencia de este grupo en la explotación de carbón no es
reciente, asegura el obispo Vera. “Hace varios años que uno de los
agentes de la pastoral me dijo que estaban haciendo excavaciones
miembros de las mafias y las estaban haciendo en lugares prohibidos”.
“Es un secreto a voces que los narcotraficantes están infiltrados en las
minas de carbón, pero desde que habló Moreira, hemos visto policías
federales y militares pasar y supimos que agarraron a varias personas”,
declaró bajo el anonimato a la AFP un empresario que explota pozos de
carbón en Agujita.
La autopista federal 57, que entronca con Estados Unidos, atraviesa una
planicie polvorosa a cuyos lados se levantan montículos de carbón
provenientes de las minas artesanales, donde los accidentes mortales son
frecuentes.
La zona engloba pueblos como Cloete, Agujita y Barroterán.
Camiones con carbón cruzan retenes establecidos por militares, que buscan en la zona a narcotraficantes y cargamentos de droga.
Esta ruta era usada para ingresar cocaína a Estados Unidos, y la
delincuencia organizada se vio atraída al negocio del carbón. Su llegada
a la zona fue acompañada de la multiplicación de la violencia.
Los enfrentamientos con militares y policías se han vuelto frecuentes en
los alrededores de Piedras Negras, una ciudad de 150 mil habitantes y
paso a Eagle Pass en Estados Unidos, tras la fuga en septiembre de más
de 100 presos.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
El uso de actividades alternas por los cárteles es parte “casi natural
del desarrollo de estas organizaciones criminales”, subraya Antonio
Mazzitelli, representante para México, Centroamérica y el Caribe de la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Colombia, relató Mazzitelli, los narcotraficantes infiltraron minas
de oro, carbón y traficaban también con petróleo. “La corrupción es su
principal instrumento para hacer negocios, y también si es necesario la
utilización de la violencia”, explicó.
Los negocios legales sirven a los criminales para lavar dinero y obtener
ingresos extras, señala por su parte Eduardo Salcedo, coautor del libro
“Narcotráfico, corrupción y estados: cómo las redes ilícitas han
reconfigurado las instituciones en Colombia, México y Guatemala”.
Estos negocios les permiten no sólo conseguir “más dinero, sino sobre
todo ganar legitimidad social, política”. Los criminales buscan “poder
legalizar sus líderes y sus actividades e ingresar a la economía formal y
operar de manera más tranquila dentro de la sociedad”, explica el
investigador colombiano.
Para infiltrar las minas de carbón, los narcotraficantes usan diferentes
métodos: desde secuestrar, asaltar hasta matar a empleados y a los
dueños, o presionar a acuerdos con los socios, señala.
En la zona minera de Coahuila “hay empresas que no tienen minas, que no
tienen trabajadores, pero tienen contratos con Prodemi (Promotora para
el Desarrollo Minero de Coahuila)”, denuncia un investigador de la
organización Familia Pasta de Conchos, creada por familias de mineros
tras un accidente que en 2006 costó la vida a 65 de ellos.
“Hay minas que tienen capacidad de 30 mil toneladas, pero tienen
contratos por 150 mil. Lo que están vendiendo no lo están produciendo”,
dice el investigador. “Lo están comprando a un tercero y ahí es donde
entran toda esta gente, legales e ilegales, clandestinos y no
clandestinos”, añade.
Otro riesgo para mineros
Los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, estado mexicano vecino
de Estados Unidos, además del riesgo de accidentes en pozos artesanales
que dejan decenas de muertos desde 2006, ahora lidian con la amenazante
presencia de poderosos cárteles.
En los pozos de carbón de la región de Agujita y Barroterán, los mineros
trabajan en condiciones precarias, sin protección alguna y en pozos
estrechos que carecen de un plan de escape de emergencia.
Rosalío Ayala, de 48 años, perdió el pie derecho y parte de una pierna en marzo pasado después de que una piedra le cayó encima.
“En el carbón ya no puedo trabajar porque ya no es igual sin un miembro.
Trabajé 30 años en esa industria y en los pozos no hay ventilación. Hay
mucho polveo. Se necesita también andar con gaseo (oxígeno), pero
tampoco hay gaseo ahí”, explica el minero.
“No había ningún plan de emergencia, sólo la puerta donde entraba y por
la misma salía. No había otra salida posible. No hay cómo salir ni dónde
correr si hay una emergencia”, agrega Ayala.
Pero ahora los accidentes no son el único riesgo. La zona minera ha
visto ingresar a la delincuencia organizada, que usaba la carretera
federal 57, a cuyo alrededor se levantan los pueblos mineros, para
llevar cocaína a Estados Unidos.
El secretario de Gobierno de México, Alejandro Poiré, reconoció a
comienzos de noviembre que hace un año se investiga la incursión en las
minas de carbón de grupos criminales.
La Cámara Minera Mexicana, que agrupa a las empresas del sector,
denunció en su informe anual 2012 que la inseguridad es el principal
desafío que enfrentan.
“Por tratarse de actividades que se realizan mayormente en zonas
apartadas de las ciudades, la explotación minera es uno de los sectores
industriales más vulnerables ante el crimen organizado”, afirmaron.
Para la organización Familia Pasta de Conchos, creada por allegados de
los 65 mineros que murieron por una explosión en la mina del mismo
nombre en 2006, la llegada de narcotraficantes ha sido facilitada por la
falta de presencia del Estado.
“Al no aceptar responsabilidades por falta de seguridad en las minas que
es competencia del Gobierno, al no haber sanciones por la muerte de los
mineros, cualquiera se mete a sacar carbón”, dice un investigador de
esa ONG que requirió el anonimato.
“Los pozos no cumplen ninguna norma. Es imposible que cumplan normas. Es
totalmente inhumana la situación en estos pozos. Sin embargo, las
autoridades los autorizan y no castigan a ningún empresario”, señala
Raúl Vera, Obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila.
“Hay corrupción dentro de las autoridades y los legisladores”, denunció el prelado en una entrevista con la AFP.
Para Ayala el carbón ha sido su vida por tres décadas, aunque haya
estado a punto de morir por los accidentes. Antes de la caída de piedra
que lo dejó sin pierna, el minero sobrevivió milagrosamente cuando se
inundó el pozo en el que laboraba.
“Los trabajadores corrían para formarse, para poder salir del pozo. En
el bote, sólo podían salir dos personas cada vez. Yo logré salir del
pozo después de la tercera subida”, relató.
Historias de muerte: pintadas de negro
No lo acribillaron ni lo descuartizaron; tampoco lo dejaron colgado en
un puente. En su caso usaron un tambo para bajarlo de la bocamina hasta
un socavón para que sacara carbón. El pozo se derrumbó. Toneladas de
piedra lo sepultaron. Falleció el 3 de agosto de 2011 en el pueblo
mineral de Agujita, en Sabinas, Coahuila.
Las autoridades estatales y federales, estas últimas del ámbito laboral,
supieron lo ocurrido, pero ocultaron el caso. El pocito –mina
rudimentaria– siguió operando. Un año después, el 20 de julio de 2012,
murió ahí mismo el minero Abel Quiroz Villesca.
En el oficio 2609/2012 dirigido a la delegación de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS), cuya copia tiene “Proceso”, el
delegado regional de la Procuraduría de Justicia, Norberto Ontiveros
Leza, consigna el deceso de Quiroz. Alude también a otro accidente
ocurrido el 22 de julio en un pocito en Cloete, e identifica sólo al
propietario: “El Reynol”.
Este último dato desnudó la realidad: políticos y empresarios,
participan en la minería del carbón y que, con protección del Gobierno
en todos de niveles, del alto costo en vidas y la explotación infantil,
fungen como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ellos evaden las inspecciones de la STPS, evitan registrar a sus
trabajadores en el IMSS y suelen utilizar innumerables razones sociales
para ocultar sus millonarios ingresos. Son tan poderosos que lograron
mutilar la reforma laboral que prohibía sus letales socavones… Y es en
este ambiente de opulencia e impunidad donde el crimen encontró sus
oportunidades.
Luego del asesinato de su hijo José Eduardo, el 3 de octubre pasado, el
ex gobernador Humberto Moreira declaró que había empresarios
relacionados con el narco en la zona carbonífera. Dijo que Heriberto
Lazcano, “El Lazca”, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde
supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.
El 30 de agosto la Policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos
ubicados en terrenos del Gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén
Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de
ese tipo.
Los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, quien fue
detenido en septiembre por elementos de la Marina Armada de México
(Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.
En una búsqueda registral, “Proceso” detectó que los pocitos destruidos
estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la
Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino
y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.
Dos meses antes de la muerte de Wilhen Ernesto, el 3 de mayo de 2011,
hubo una explosión en el Pozo 3 de Binsa. El saldo: 14 muertos y un
adolescente de 14 años de edad mutilado (Proceso 1801).
Binsa es propiedad de Melchor González Vélez, “El Chorín”, quien no
tenía concesión minera, pues operaba con el título 218000, que era de su
padre, Alfonso González Garza, y un socio: Jesús María Montemayor
Seguy, “El Chuma”, hermano de Edmundo y de Rogelio, este último fue
gobernador de Coahuila y director de Pemex.
Los Montemayor Seguy y los González son socios y acaparan decenas de
miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política. Jesús
María, hijo del “Chuma”, es Alcalde de Sabinas (Proceso 1805).
Los pocitos estaban a la vista en Sabinas y operaban, aun violando el
reglamento municipal de Urbanismo que, en su artículo 74, los prohibía.