viernes, 26 de enero de 2018

ANÁLISIS: LA ‘SECESIÓN’ DE PUEBLOS MEXICANOS ANTE LA DESCONFIANZA EN EL ESTADO


José Santos en un punto de revisión a la entrada de Tancítaro, Michoacán, donde los ciudadanos asumieron el control ante el fastidio tanto con las autoridades como los grupos de delincuencia organizada. Credit Brett Gundlock para The New York Times


TANCÍTARO, México — El camino a este pueblo de campesinos en Michoacán pasa por barrios pobres y territorios controlados por cárteles, en este estado que es el centro de la guerra contra el narcotráfico en México, antes de llegar a un paisaje tan extraño que parece un espejismo.

En las torres de vigilancia de 4,5 metros de altura hay hombres apostados cuyos uniformes verdes no pertenecen a ninguna fuerza oficial. Pasando la torre, la estatua de un aguacate lleva la leyenda: “Capital mundial del aguacate”. Y después de la estatua se encuentra Tancítaro, una isla de seguridad y estabilidad que se ha mantenido después del año más violento de la historia de México.

Los propietarios locales de aguacatales, que exportan más de un millón de dólares en aguacates al día, principalmente a Estados Unidos, resguardan la que se ha convertido en una especie de ciudad-Estado independiente. Con autovigilancia y autogobierno, es un santuario donde los cárteles de la droga están ausentes, al igual que el Estado mexicano.

No obstante, detrás de la calma hay un pueblo bajo un estricto control, el cual yace en manos de grupos paramilitares que solo rinden cuentas a sus patrones. La adicción a las drogas y el suicidio se han disparado, según comentan los lugareños, a medida que el contrato social enfrenta cada vez mayor presión.

Tancítaro representa una tendencia silenciosa pero reveladora en México, donde un puñado de pueblos y ciudades se están separando de facto, en todo o en parte, del Estado. Se trata de actos de desesperación que revelan cómo la policía y los políticos mexicanos son vistos como parte de la amenaza.

Si visitas tres enclaves de ese tipo —Tancítaro, Michoacán; Monterrey, una acaudalada ciudad comercial al norte del país, y Ciudad Nezahualcóyotl, justo a las afueras de la capital mexicana—, encontrarás un patrón. Cada uno es un paraíso de relativa seguridad entre la violencia, lo cual sugiere que su diagnóstico del problema era el correcto. No obstante, sus victorias son frágiles y conllevan un costo considerable.

Son excepciones que confirman la regla: la crisis de México se manifiesta en forma de violencia, pero está enraizada en la corrupción y la debilidad del Estado.


La policía municipal monitorea los aguacatales a las afueras de Tancítaro. Credit Brett Gundlock para The New York Times

TANCÍTARO: POR LAS ARMAS

Comenzó como una revuelta. La gente del pueblo formó grupos de autodefensa para expulsar a los grupos de delincuencia organizada que controlaban, en la práctica, buena parte de Michoacán y a la policía local, que era vista como cómplice. Los propietarios de aguacatales, cuyas familias y negocios se enfrentaban a la creciente amenaza de la extorsión, financiaron la revuelta.

Así fue como Tancítaro se quedó sin policía ni gobierno, puesto que las autoridades huyeron. En cambio, el poder se acumuló entre los paramilitares que controlaban las calles y quienes los respaldaban y financiaban, una organización de agricultores de aguacate adinerados conocida como Junta Local de Sanidad Vegetal, que los ciudadanos suelen llamar la Junta.

Casi cuatro años después, mientras que otros pueblos gobernados por autodefensas en Michoacán colapsaron debido a la violencia, las calles permanecen seguras y limpias. Sin embargo, al deshacerse de las instituciones que permitían que el crimen floreciera, Tancítaro creó un sistema que se asemeja en muchos aspectos al control que tendría un cártel.

El gobierno comenzó con una purga. Los jóvenes sospechosos de formar parte del cártel fueron expulsados del pueblo. A los de bajo nivel (los informantes o halcones), principalmente niños, se les permitió quedarse, aunque los narcotraficantes terminaron por asesinar a la mayoría de ellos en represalia, según un comandante del grupo de autodefensas.

Si bien la violencia disminuyó, permaneció la estructura de poder de tiempos de guerra. Ahora los grupos paramilitares fungen como la policía, además de encargarse de resguardar el perímetro del pueblo y los aguacatales.

Cinthia García Nieves, una joven organizadora comunitaria, se mudó al pueblo poco después de que los enfrentamientos se sosegaron. Idealista, pero con lucidez, quería ayudar a Tancítaro a desarrollar instituciones verdaderas. Sin embargo, las líneas de la autoridad se han “difuminado”, dijo García Nieves durante una reunión en un café cercano al centro del pueblo.

García Nieves estableció consejos ciudadanos a fin de que las familias locales participaran. Sin embargo, el gobierno de las autodefensas acostumbró a muchos a la idea de que el poder pertenece a quien sea que tenga las armas.

Ella tiene grandes esperanzas de que haya foros de justicia comunitarios, diseñados para castigar delitos y resolver controversias. No obstante, en la práctica, quien suele hacer justicia —y suministrar los castigos— es cualquier comandante armado que decida involucrarse.

“Los llevamos a la calle y les dimos una golpiza”, dijo Jorge Zamora, un miembro de las autodefensas, sobre lo que ocurrió a algunos hombres acusados de vender drogas. No los mataron porque dos de ellos eran sus parientes, agregó. En cambio, “los expulsamos del pueblo”.


Emilio Aguirre Ríos a las afueras de su granja en Tancítaro. Los cultivadores de aguacate ayudaron a financiar a las autodefensas. Credit Brett Gundlock para The New York Times

Aunque el grupo liderado por Zamora tiene como tarea vigilar los aguacatales, no mantener el orden, su proximidad con los intereses de la Junta le otorga un poder especial. “A ellos no les pesa en absoluto gastarse un millón o dos en armas”, comentó Zamora.

Oficialmente, la autoridad máxima en Tancítaro es un alcalde, Arturo Olivera Gutiérrez, tan popular que fue candidato con el consentimiento unánime de todos los partidos políticos importantes y ganó de manera apabullante en 2015. De manera no oficial, el alcalde rinde cuentas a los propietarios de los aguacatales, quienes predeterminaron esta elección asegurándose de que fuera el único candidato viable, según Falko Ernst y Romain Le Cour Grandmaison, investigadores de seguridad que estudian la situación en Tancítaro.

Los consejos ciudadanos, diseñados como representaciones de un utopismo democrático, ostentan poco poder. Los servicios sociales se tambalean.

Aunque el nuevo orden es popular, ofrece pocas avenidas para apelar o disentir. Las familias cuyos hijos o hermanos son expulsados —una práctica que continúa— tienen pocos recursos.

Los investigadores creen que el gobierno federal se ha negado a restablecer el control por miedo a que eso atraiga atención a la idea de que el separatismo conlleva seguridad.

García Nieves sigue creyendo en el modelo de Tancítaro, pero le preocupa su futuro.

“Tenemos que trabajar juntos”, dijo, o se corre el riesgo de un futuro de “autoridad opresora”.


Una quinceañera se toma fotos frente al parque La Pastora de Monterrey, donde la élite empresarial comenzó a financiar servicios públicos como la educación y la seguridad. Credit Brett Gundlock para The New York Times

MONTERREY: CON LA CHEQUERA

Si Tancítaro se separó con las armas, la ciudad de Monterrey, sede de muchas de las más importantes corporaciones de México, lo hizo con un fichero de tarjetas de presentación y un apretón de manos.

En lugar de expulsar a las instituciones, la élite empresarial regia se apoderó de ellas sin decir nada, con la bendición de sus amigos y compañeros de golf que son servidores públicos.

Sin embargo, el progreso que tuvieron, que alguna vez fue extraordinario, ahora vacila: la delincuencia está regresando.

“Mira, tengo mucha experiencia en estos temas, y el proyecto del que me siento más orgulloso es este de Monterrey”, declaró Jorge Tello, consultor de seguridad y ex director de la agencia nacional de seguridad. “Es muy fácil perderlo”, advirtió, agregando que quizá ya es demasiado tarde.

El experimento de Monterrey comenzó en una sobremesa. Tello estaba cenando con el entonces gobernador, quien recibió una llamada de José Antonio Fernández, el director de Femsa, una de las empresas más grandes de México.

Los guardias de seguridad privada de Femsa habían sido atacados por integrantes de los cárteles mientras llevaban a los hijos de los empleados a la escuela. Dos habían muerto repeliendo lo que muy probablemente era un intento de secuestro.

El gobernador puso la llamada en altavoz. Fue la primera de muchas conversaciones así, a las que se unieron otros directores corporativos que enfrentaban amenazas similares.

Un club de directores ejecutivos que se hacen llamar el Grupo Monterrey o Grupo de los Diez ofreció ayuda para financiar y reformar a la policía estatal. El gobernador Rodrigo Medina (ahora acusado de cargos de corrupción) aceptó.

Contrataron a un consultor, que sugirió hacer cambios en los niveles superiores y en los inferiores y remplazó a casi la mitad de los funcionarios. Contrató a abogados para que reescribieran las leyes sobre secuestro y se volvió un punto de contacto para la coordinación entre la policía y las familias de las víctimas.

Cuando el gobernador anunció después un plan ambicioso para crear una nueva fuerza policial, la Fuerza Civil, que tendría el propósito de restaurar el orden, nuevamente invitó a los líderes empresariales a participar. Los directores ejecutivos ahora supervisarían una de las funciones más centrales del gobierno. Contrataron a más consultores para poner en práctica las mejor y más avanzadas prácticas policiales, de participación comunitaria y cualquier cosa que pudiera frenar la violencia que se disparaba rápidamente en su ciudad. Financiaron viviendas especiales y mejores salarios para los oficiales.

Sus departamentos de nómina y recursos humanos daban servicio a las fuerzas policiales. Sus áreas de mercadotecnia llevaron a cabo una campaña de reclutamiento en todo el país. Cuando los funcionarios del gobierno solicitaron avalar los anuncios comerciales antes de que salieran al aire, los líderes corporativos dijeron que no. Quizá lo más importante fue que evadieron la burocracia y la corrupción que habían empantanado otros esfuerzos de reforma policial.

La delincuencia disminuyó en toda la ciudad. Los líderes comunitarios en las áreas más pobres informaron que las calles eran más seguras y que había una confianza renovada en la policía.

La experiencia de Monterrey terminó por proveer todavía más evidencias de que, en México, la violencia era solo un síntoma; la verdadera enfermedad se encuentra en el gobierno. La toma de poder corporativa funcionó como una suerte de cuarentena; no obstante, sin tratar la enfermedad, la cuarentena inevitablemente terminó.

A finales de 2015 asumió el cargo un nuevo gobernador, Jaime “el Bronco” Rodríguez, quien no renovó algunas de las reformas y colocó a sus amigos en posiciones clave del gobierno. La delincuencia y las denuncias de brutalidad policial ahora están resurgiendo, en especial en los suburbios de la clase trabajadora. Los líderes empresariales, cuyas riquezas siguen a salvo, no han logrado o se han negado a presionar al nuevo gobernador.

“Las cosas mejoraron, la gente se sintió cómoda y luego destruyeron todo”, comentó Tello.

Agregó que las instituciones débiles de México hacen que cualquier arreglo se atenga a los caprichos de los líderes políticos.

Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey, comentó que la ciudad no puede hacer gran cosa para aislarse. “No es una isla”, dijo. Cualquier ciudad mexicana, agregó, está vigilada por varias fuerzas. Algunas rinden cuentas al alcalde, otras al gobernador y otras más al gobierno federal. Cualquiera de esos actores policiales puede desbaratar los avances mediante la corrupción, el compadrazgo o el simple descuido.

Incluso los líderes empresariales más poderosos del país pudieron detenerlos solo por un breve periodo.

“Es un gran problema”, comentó De la Garza, y administrarlo es “parte de la vida política en México”.



Policías monitorean las cámaras de vigilancia en una calle de Ciudad Nezahualcóyotl. Credit Brett Gundlock para The New York Times


NEZA: POR LAS URNAS

“Uno no espera que un lugar como Neza tenga algo de atractivo o emocionante”, comentó John Bailey, profesor de la Universidad de Georgetown que estudia la vigilancia policial en México.

Ciudad Nezahualcóyotl, una extensión de un millón de residentes a las afueras de la zona metropolitana de Ciudad de México, llegó a ser conocida principalmente por su pobreza, la violencia pandillera y una corrupción policial tan prevaleciente que los oficiales comúnmente extorsionaban a los ciudadanos.

Hoy, aunque todavía sigue siendo un barrio bravo, Neza es mucho más seguro. Sus policías son considerados “un modelo realmente prometedor”, de acuerdo con Bailey, en una parte del país donde la mayoría son vistos como amenazas.

A diferencia de Tancítaro o Monterrey, Neza no tiene paramilitares ni una élite empresarial que se haga del poder o lo gane. Su gobierno parece normal a simple vista. Sin embargo, el jefe de la policía que ha supervisado los cambios, un ex académico con un aire de abuelo llamado Jorge Amador, no es normal.

Durante años ha usado a Neza como su laboratorio personal, poniendo a prueba una gran mezcla de reformas duras, planes descabellados y experimentos elaborados.

Muchos fracasaron. Algunos fueron algo estrafalarios y entretenidos sobre todo para la prensa extranjera (como un programa de literatura que proveía a los oficiales un nuevo libro al mes —principalmente los clásicos, todos de lectura obligatoria— y premiaba a los oficiales que escribieran sus propias obras). Pero algunos sí funcionaron.

Amador tuvo la libertad de experimentar —y lo que logró con esos experimentos se mantuvo—, porque el gobierno de Neza tampoco es normal. Se ha separado de una parte del Estado que para la politóloga Joy Langston es el punto clave de los fracasos en México: su sistema partidista.

Neza invirtió el modelo de Monterrey: en lugar de establecer una fuerza policial independiente y apropiarse del sistema político, Neza estableció un sistema político independiente y se apropió de la policía.

Los partidos de la clase gobernante de México son más que partidos; son el Estado. Quienes son leales, cuenten o no con la capacitación para ser servidores públicos, son quienes dirigen las instituciones. Los funcionarios tienen poco campo de acción y pocos incentivos para investigar la corrupción que podría implicar a miembros del mismo partido. La mayoría cambian de cargo tras algunos años, lo cual frena los pocos avances que se puedan llegar a dar.

Aunque Neza es dirigido por un partido de izquierda, el PRD, existe fuera de este sistema. Sus líderes parecen tener el campo de acción para limpiar a las instituciones locales y retirar a las autoridades estatales, del partido PRI, que también controla el gobierno federal.

Amador está haciendo ambas cosas. Despidió a uno de cada ocho oficiales y cambió a todos los comandantes. Reorganizó las asignaciones para interrumpir las redes de clientelismo. Los que se quedaron enfrentan un escrutinio constante. Cada patrulla está equipada con una unidad de GPS rastreada por decenas de oficiales de asuntos internos.

A la policía estatal se le trata como a los invasores extranjeros. Los líderes de Neza creen que los funcionarios estatales están socavando en silencio sus esfuerzos en una apuesta por recuperar el poder en el municipio, que en 1997 fue de los primeros en quedar fuera del control del PRI en el bastión de esta fuerza política.



Oficiales revisan las cámaras en el centro de comando C-4 de Neza. Credit Brett Gundlock para The New York Times

La secesión burocrática de Neza permitió a Amador repensar la fuerza de las autoridades según cómo se les veía. Sabía que la corrupción y la delincuencia siempre pagarían más que lo que él podría dar. Así que ofrecería algo más valioso que el dinero: una identidad cívica orgullosa.

Los concursos de ensayo, las ligas deportivas y las becas son parte de un mensaje impulsado con ese fin, que cultiva una cultura que podría percibirse como un culto. Se entregan premios con frecuencia —a menudo con ceremonias públicas y que siempre implican un poco de dinero— y por logros que podrían pensarse pequeños.

“Tenemos que convencer al oficial de policía de que puede ser un tipo distinto de policía, pero también al ciudadano de que tiene a una policía distinta”, argumentó Amador.

Yazmín Quiroz, residente de Neza de toda la vida, comentó que trabajar con los policías, a quienes conoce por nombre, conllevó un sentimiento de comunidad. “Estamos unidos, lo cual no había ocurrido antes”, dijo. “Por fin nos estamos hablando los unos a los otros”.

Sin embargo, las ganancias de Neza podrían esfumarse, advirtió Amador, si la delincuencia en las áreas colindantes continúa aumentando o si la alcaldía cambia de partido. Su experimento ha mantenido a las pandillas del narcotráfico y al Estado mexicano a raya, pero podría no resolver ninguno de esos problemas mayores. Comparó a Neza con el Imperio bizantino: atrapado entre otros enormes imperios durante siglos antes de sucumbir en la historia.

“La pregunta es”, dijo, “¿cuánto tiempo podremos sostenerlo?”.

Dalia Martínez reportó desde Tancítaro, y Max Fisher y Amanda Taub lo hicieron desde Monterrey y Ciudad Nezahualcóyotl. Arturo Aguilar colaboró con este reportaje desde Monterrey y Ciudad Nezahualcóyotl.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/MAX FISHER , AMANDA TAUB Y DALIA MARTÍNE/  8 DE ENERO DE 2018) 

EL GRUPO LOS CABOS PLANEA ROMPER LA ALIANZA DEL PRD CON EL PAN EN BAJA CALIFORNIA SUR


La conocida como asociación de políticos corruptos denominada “Los Cabos”, a cargo de los hermanos Narciso y Antonio Agúndez Montaño, pretenden influir en la elección del nuevo dirigente del PRD para colocar a un personaje afín a sus intereses y de esa forma “reventar” la alianza con el Partido Acción Nacional en el “Por México Al Frente”.

El Partido del Sol Azteca renovará su dirigencia estatal en el Consejo Electivo a que fueron convocados sus integrantes este sábado a las 11 de la mañana. Para tal efecto y con la intervención directa de esbirros del doctor Ernesto Ibarra Montoya, planean boicotear la reunión en la que se contempla la participación de 66 consejeros.

Esto con la finalidad de que sea gente de ese grupo la que se acomode en la dirigencia y romper con la alianza tripartita para postular a sus delfines a cargos de elección popular sin importar que algunos de ellos fueron convictos por acusaciones de corrupción.

Desde esa semana se han detectado varias llamadas y mensajes de Whats App que están compartiendo los miembros del Grupo Los Cabos, algunos de ellos nuevos militantes del Partido Verde para influir en este consejo electivo y generar un rompimiento de la alianza “Por México al Frente” en Baja California Sur, además de pretender con esta acción un plan de boicot contra el pre candidato a la presidencia de la república, Ricardo Anaya que estará el domingo en una reunión en la capital de Baja California Sur con simpatizantes.


(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ 26 DE ENERO 2018)

INVASIONES: DIEZ AÑOS DE MENTIRAS

“A los invasores deberían explicarnos, desde un principio, que invadir al Ejido es más caro que comprarles el lote. Esto es garantía de echarte más de diez años de pleitos sin servicios, y al final pagas más del doble, o lo pierdes todo”



(José A. Morales, invasor de Caribe Bajo)

Cabo San Lucas, Baja California Sur- Es un hecho que las invasiones no las inventó Narciso Agúndez en Los Cabos, ya existían desde antes. Lo que sí es cierto es que Narciso Agúndez las hizo parte de su programa de gobierno; las potenció, las protegió e hizo de ellas un lucrativo y corrupto negocio económico para sus incondicionales. Y con rendimiento político. Su víctima preferida fueron los ejidos, tanto el de San José del Cabo como el de Cabo San Lucas. La Ballena, de San José del Cabo, y Los Caribes (Alto y Bajo), en San Lucas, son ejemplos de despojos ejecutados desde el poder (lo de Cangrejos fue otra cosa, un turbio negocio que ya lo analizaremos). El modus operandi delincuencial es sencillo: Un líder aventado con impulso inicial de un político, “recaudando mochadita por cabeza”, mete a un grupo de “necesitados” en un terreno baldío del Ejido. Ante la falta de reacción de la autoridad a las denuncias ejidales y sostenidos en precario con servicios mínimos se va consolidando el asentamiento. Entonces, los invasores traspasan los terrenos a terceros, verdaderos necesitados, o especuladores que quieren hacer buen negocio a costa de las propiedades ejidales. Negocio millonario que ya Narciso dejó desde que le encerraron a Catarino Flores. Ya tiene heredero, El diputado Ernesto Ibarra, nuevo asociado político de su hijo Christian.

Lucrar con una invasión da para varias elecciones a políticos sin escrúpulos y acarreadores. Primero prometes título (y das despensas), luego le vas escalonando a pipas de agua (y das despensas), electricidad (y das despensas), pavimentado de calles (y das despensas), hasta llegar a la dotación de parques y escuelas (y das despensas). Bien administrada (y con muchas despensas), una invasión sirve hasta para tres elecciones. Es lo que intenta ahora en su precampaña la “lideresa aventada” Gaby Montoya en nombre de su “líder político” y pre-pre candidato verde, Ernesto Ibarra: ofrecerle los terrenos “gratis” a los invasores (y despensas). Para ello cuenta con el apoyo del caradura Roberto Salazar, funcionario priista del INSUS (antes CORETT) y activista político a favor de Ibarra-Agúndez.

LÁSTIMA, MARGARITO.

El problema para ellos es que los ejidatarios ya se aprendieron la operación y ya no se dejan. Los de San José ya metieron al bote al César Uzcanga “El Carnal”, y recuperaron La Ballena, cobrando directamente por medio de su inmobiliaria a los invasores. Los de San Lucas ya metieron al bote a Catarino Flores, y están regularizando directamente, por medio de la empresa Los Zalates, los terrenos a los invasores. Se acabó la grilla de las invasiones, ahora el esfuerzo será a base de otras promesas (y dando despensas).

Y si, Roberto Salazar, el delegado del INSUS, miente, y con todos sus dientes. En anexos al comunicado de prensa que nos hace llegar la empresa Los Zalates de Cabo queda en completa evidencia que” SEDATU NO TIENE EN PROCESO NINGUN EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERRENOS DEL EJIDO CABO SAN LUCAS”. Pura mentira este cuate.


(PENINSULAR DIGITAL/ JULIO MARTÍNEZ ROJO/ 26/01/2018)

“HAY QUE DARLE UNA BUENA PENSADA” A LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA


Opina el gobernador Carlos Mendoza

La Paz, Baja California Sur .-Tras la petición del secretario de Turismo federal Enrique de la Madrid Cordero de legalizar la marihuana en los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis señaló que “es un buen momento” para analizar el tema de hacer legal la producción, consumo y  venta del cannabis.

Sin embargo el mandatario aclaró no estar de acuerdo con la legalización de la marihuana.

“Aunque en principio no estoy a favor de la legalización, si debo decir que parece insensato e incongruente que estemos aquí luchando con una estrategia que cuesta vidas en México y mágicamente cruzando la frontera esa droga en específico se vuelve legal”,  explicó.

“Hay que darle una buena pensada” agregó.

Horas después, De la Madrid Cordero aclaró que su polémica declaración había sido “a título personal”.


(PENINSULAR DIGITAL/ REDACCIÓN/ 25/01/2018)

LOS AGRAVIOS CONTRA EL PRI: HAY QUE SABER INTERPRETAR LOS SIGNOS


Los mexicanos no quieren al PRI, ni al presidente Enrique Peña Nieto. Esa es la lectura que se desprende de múltiples encuestas y sondeos.

Mientras José Antonio Meade, recorre el país en una campaña sin priistas, al interior del partido sus grupos se están dando hasta con la cubeta.

Tecnócratas vs. Políticos, es la cartelera que puede apreciarse a simple vista en las marquesinas tricolores y por eso vale oro la foto en Hermosillo del externo Meade abrazando y apachando a Manlio, vapuleado jefe de una camarilla priista a punto del colapso, así como la candidatura al senado de su hija Sylvana, cuyo rumbo está por verse ante una dupla morenista de miedo como sería la conformada por la periodista Lily Téllez y un a punto de convencer Fernando “El Toro” Valenzuela.

DE MAL EN PEOR

En 2012 el partido contaba con 21 gubernaturas y hoy llega a 14 más Chiapas que es del PVEM, su inseparable aliado. Ha perdido 24.9 millones de electores.

Este año, la tendencia entre los mexicanos es que quieren ver derrotado al PRI. La coartada de llamarlo “PRI ciudadano”, para traer votantes no ha cuajado ante la cauda de desatinos actos de corrupción de los hombres de gobierno que ha dado ese partido.

Sin pretender hacer una defensa a ultranza que para eso el instituto cuenta con 5 millones de militantes pero no con candidato presidencial propio, ni caer en la victimización, a un mes de precampañas se puede decir que el PRI, ha sido agraviado.

La imposición de José Antonio Meade, como aspirante a la candidatura presidencial, sin ser militante de ese partido, por el canciller Luis Videgaray, verdadero poder detrás del trono durante lo que va del sexenio peñista, es todo un agravio para la causa tricolor.

Así, de golpe y porrazo, el PRI, partido que fue instrumento de gobernabilidad por décadas, no pudo procesar la selección de uno de los suyos para defender los colores en el 2018 y hubo de reformar sus estatutos y documentos básicos para abrirle la puerta a un reconocido tecnócrata en detrimento de aquellos miembros del partido con amplia trayectoria política.

Y los primeros damnificados del pisotón presidencial fueron el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el puntero en las encuestas dentro del PRI y favorito de los gobernadores tricolores y el expresidente del CEN Manlio Fabio Beltrones Rivera, un personaje al que se pretende acalambrar para evitar su arribo al senado, a quien se considera un tipo muy peligroso por la amplia red de conexiones en que se mueve.

LOS AGRAVIADOS

Y aunque hacia afuera se ha pretendido vender un rostro de unidad, al interior se sabe que la precampaña del itamista fracasa, pues Meade no levanta y se rumora su posible sustitución. En La Paz tuvo un mitin de 26 acarreados o algo por ahí.

El recibimiento con bombo y platillo de los expanistas Javier Lozano y Julio Di Bella, un operador de Josefina Vásquez Mota, y quienes llegando llegando amarraron hueso en el soberbio equipo de campaña que coordina Aurelio Nuño, encabritó a más de tres priístas.

Quienes se sienten agraviados por el gobierno de Peña y su círculo cercano no se han cruzado de brazos: Miguel Ángel Osorio Chong, sigue operando en contra, toda vez que la Familia Real de Hidalgo, socia del grupo Atlacomulco en 2012 se siente desplazada por el clan itamista de Luis Videgaray y Pepe Meade y sus aliados Nuño y Enrique Ochoa Reza, todos hermanados por su nula identificación priísta.

Al Chino, incluso, le cargan el muertito de haber desactivado a Beltrones con el “affaire Chihuahua” y el desvío de recursos al PRI durante el gobierno de César Duarte en 2015 y 2016. Tales señalamientos amén de haber arrinconado al presidente Peña y golpeado a Videgaray, frenan en ascenso de Manlio al senado, de donde podría ejercer como vicepresidente sin cartera como lo hizo con Felipe Calderón.

Los gobernadores priístas allegados a Osorio y quienes apostaban por su candidatura, también juegan sin decirlo su rol en la trama y se niegan a soltar apoyos a la precampaña de la exaplanadora. La huelga de brazos caídos como en 2006 cuando dejaron solo a Roberto Madrazo va.

La alianza del PES con Morena, provocó un sismo en Los Pinos, ante el significado de ese acercamiento. No es gratuito que en Hidalgo seis mil perredistas se hayan pasado al partido del Peje. “Hay que saber interpretar los signos”, reza la máxima bíblica.

La profesora Elba Esther Gordillo, achaca a Videgaray y Nuño su encarcelamiento para que no estorbara en la implementación de la fracasada reforma educativa. Por eso familiares cercanos a “la maestra”, como su nieto René Fujiwara Montelongo y su yerno Fernando González, exsubsecretario de la SEP con Calderón y operador gordillista, están con AMLO.

El exdirigente del SNTE, sindicato del que todavía maneja una parte la teacher, Rafael Ochoa Guzmán, maneja las Redes Sociales Progresistas en favor del tabasqueño, y mismas que en Sonora promueve el regidor y expresidente del PANAL Manuel Madero y que aunadas a la Red Magisterial que existe al interior de la Sección 22 de la CNTE, van por la cabeza de Juan Díaz de la Torre, a quien consideran un traidor.

En Chiapas la imposición de Nuño y Ochoa Reza, amafiados con “El Nuño Verde” José Emilio González, el dueño del PVEM, de la precandiatura de Roberto Albores a la gubernatura, pasando por alto las objeciones del gobernador Manuel Velasco, hizo estallar en añicos la alianza PRI-Verde. 14 de sus 16 diputados en el Congreso chiapaneco abandonaron al partido y pusieron a temblar la campaña de Meade, al representar esa entidad el octavo padrón de electores del país en cuanto a su número, algo como 3.5 millones.

Emilio Gamboa Patrón, uno de los pocos que le hablan al oído al presidente, no pudo imponer como candidato a la gubernatura de Yucatán a su hijo y eso no le cayó nada bien al “bróker”.

La llegada a la secretaría de Gobernación de un activo de Atlacomulco como Alfonso Navarrete Prida, pasó la escoba en la dependencia, pero no ha sido capaz de neutralizar los daños en apoyo de la precampaña del oficialismo que se desquebraja.

Lo cierto es que los priístas están dejando al garete al candidato de Peña.

MARCA DEVALUADA

A nivel nacional y a nivel local, muchos priístas, no han sido fieles con su marca a la que ven como mera franquicia.

En 2006 algunos gobernadores y líderes tricolores apoyaron a Felipe Calderón como Eduardo Bours, Rafael Moreno Valle y Elba Esther Gordillo, como luego en 2009 lo hicieron con Guillermo Padrés tanto Ernesto “Borrego” Gándara y Carlos “Bebo” Zataráin.

Otto Claussen en 2015 negoció con Roberto Dagnino, la entrega de la plaza al PAN, luego de haber gobernado sin los priístas.

Por eso no debe de extrañar que detrás de la precandidatura de “El Güero” Roberto Romero Guerrero de Movimiento Ciudadano en Empalme, esté el alcalde Carlos Enrique Gómez Cota “El Kiriki”, por eso tal vez decidieron entregar la candidatura a la alcaldía al profe “Trini” Mendoza del PVEM.

En Guaymas, la gobernadora Claudia Pavlovich, ante lo devaluada de la marca PRI y para no “pelearse” con los Claussen, quienes controlan al partido a través de Jimena Jaramillo, abrió el juego al Partido del Tucán, en tanto el proyecto maquilero de Félix Tonella Luken, Luis Felipe Seldner, Javier Gándara y Marco Antonio “Morroño” Llano, que encarna la diputada Susana Corella, sigue en curso.

EL FANTASMA DE LA CORRIENTE DEMOCRÁTICA

Quizá el impacto de la inconformidad priísta no tenga la resonancia pública como el de la Corriente Democrática de 1987, pero de que podría resultar letal ante un PRI que pelea al Frente conformado por el PAN-PRD-MC arrancar la campaña en segundo lugar.

Y si bien es cierto luego de la agitada elección de 1988 Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas se reunieron en privado libro “La Herencia” de Jorge Castañeda, para calmar los ánimos y evitar el desbordamiento de las pasiones, el PRI inició su declinación histórica en esos comicios, crisis que se ahondó en 1994 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, hasta cerrar el ciclo abierto con su fundación en 1929 por el general Plutarco Elías Calles llevando por primera vez como candidato presidencial a un no militante.

“Si mi padre reviviera el día de hoy, de tristeza al ver a su partido, probablemente volvería a morir”, afirmó Donaldo junior, quien busca una candidatura a diputado local por el partido naranja de Dante Delgado.

O sea, tanto nadar en lo hondo, para ahogarse en la orilla, dice un adagio marinero.


(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ LA VIÑA DEL SEÑOR/25 ENERO 2018)

CIUDADANOS DE GUAYMAS Y EMPALME SE QUEDARON SIN PODER REGISTRAR CANDIDATURAS INDEPENDIENTES


Dos aspirantes a la alcaldía de Guaymas y Empalme por la vía independiente se quedaron sin poder participar en la contienda del próximo 1 de julio y acusaron haber sido bloqueados.

Gustavo Adolfo Rodríguez González en Empalme y Ramón Ibarra en Guaymas buscaban ser candidatos a la presidencia municipal por la vía independiente, sin embargo, a los dos se les negó la oportunidad.

Casualmente a los dos aspirantes el Instituto Estatal Electoral de Sonora (IEES) les negó el registro por el mismo motivo, mientras que en Guaymas los que no batallaron para obtener el registro fue un grupo de empresarios.

Rodríguez González aseguró en un video publicado en redes sociales que ya no le queda la menor duda de que su registro fue bloqueado.

Dijo que a pesar de que entregó en tiempo y forma los documentos requeridos por Banjército para la apertura de la cuenta bancaria no salió el dictamen que necesitaba.

Dijo que la apertura de la cuenta era indispensable para poder registrar su candidatura por la alcaldía de Empalme.

Ramón Ibarra Coronel, quien aspiraba a registrar su candidatura por la alcaldía de Guaymas explicó que rechazaron su registro por el mismo motivo.

Aseguró que la Notaria Pública le hizo una mala jugada ya que le detuvo por mucho tiempo los documentos, además de que hicieron mal las cosas por lo que la apertura de la cuenta no estuvo a tiempo.

Al igual que el ciudadano de Empalme, Ibarra Coronel, dijo que todo le pareció muy raro.


(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ ÁGUEDA BAROJAS ONTIVEROS/ 26 ENERO 2018)        

SOLICITAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA LÍDER DEL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA EN MEXICALI


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Baja California solicitó una orden de aprehensión contra el líder del movimiento de resistencia en Mexicali, Rigoberto Campos.

El exdirigente campesino había publicado en sus redes sociales –acompañado de fotografías– que se encontraba prácticamente sitiado en su domicilio por agentes de la Policía Ministerial de Mexicali.

Campos ha encabezado movilizaciones sociales en contra de la instalación de la cervecería Constellation Brans que promueve el gobierno del Estado en el Valle de Mexicali y la cual ha sido señalada por diversas irregularidades y tráfico de influencias.

Los delitos que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) persigue contra Campos es por “amenazas” y “lesiones”.

El diputado del PES, Luis Moreno, consideró que la Orden de Aprehensión se debe por “representar una amenaza para el régimen”, al igual que han hecho con otros luchadores sociales.

“Aprovecho este espacio para hacer pública mi más energética condena a la persecución política de la que está siendo parte. No están solos, haremos todo lo que está en nuestras manos para evitar otra injusticia”, publicó el diputado en su red social Facebook.

Y remató: “Quien sí deberá terminar ante la justicia, son los que han demostrado que su ambición les gana más allá de su compromiso de servir al pueblo de Baja California y armar una persecución política a luchadores sociales como Rigo. Será la sociedad con su fortaleza, quien logre evitar este tipo de atropellos”.

(Con información de Zeta)


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/26 ENERO, 2018)

LE DEJARON UNA AGUJA EN EL ABDOMEN Y AUTORIDADES NO SANCIONAN A CIRUJANOS POR NEGLIGENCIA MÉDICA

Una década después de haber sido intervenido quirúrgicamente, a José Armando Reyes Domínguez le encontraron dentro de su cuerpo una aguja. Su intento por que se castigue a los dos gastroenterólogos que le realizaron la intervención, ha sido infructuoso en los últimos cinco años; mientras la Comisión de Arbitraje Médico (Came) de Baja California se dijo incapaz de poder castigar errores de un lustro de antigüedad, la PGJE intentó prescribir el caso. Ambos médicos siguen ejerciendo en Tijuana, uno cuenta con antecedentes penales en EE.UU.

En enero de 2003, a José Armando Reyes Domínguez se le practicó una endoscopía a cargo del gastroenterólogo Sergio Verboonen Sotelo, quien entonces atendía en un consultorio del Hospital Excel, el cual descubrió en el paciente una hernia en el esófago.

“Me comenta que la única solución para el padecimiento era realizar una cirugía para extirpar la hernia y quitar definitivamente el problema”, relató Reyes a ZETA, señalando que convino con Verboonen de que éste realizará la cirugía, cuyo costo sería cubierto por el seguro de gastos médico del paciente, en este caso, de la Línea Azul de GNP.

“Me dice (Verboonen) que él no está dentro de la Línea Azul del seguro, pero que tiene un médico que sí está autorizado y él me puede realizar la cirugía, el medico se llama Harry Miller Fogel”, rememoró el paciente, señalando que tuvo contacto con él en los días posteriores, para ello se realizó los estudios previos necesarios para ser ingresado a cirugía en el Hospital Excel, el 23 de enero de ese mismo año.

Reyes afirmó que al momento de ingresar al quirófano, tanto Verboonen como Miller, se encontraban ahí para realizar el procedimiento, este último como el responsable de la intervención y aquel como ayudante. El paciente comentó que, tras la operación, su recuperación se dio sin ningún imprevisto.

ERROR MÉDICO PERMANECIÓ OCULTO

“Pasados 10 años exactamente, en abril de 2013, comienzo a tener un dolor en el costado izquierdo de mi cuerpo, de mi abdomen. Acudo a Issstecali y me mandan a hacer una radiografía… al momento que me hacen la radiografía, detectan que hay un cuerpo quirúrgico dentro de mi abdomen, mencionando que es una aguja quirúrgica”, dijo Reyes y agregó que desde 2003 no se practicó ninguna otra cirugía.

El dolor en su abdomen aumentó con el paso de los días al punto de incapacitarlo para trabajar. Para extraer la aguja, Reyes tuvo que volverse a operar, en esta ocasión, una laparotomía exploradora. Antes de realizarla, se aseguró de contactar a Verboonen para informarle de la anomalía, pero el médico se deslindó de cualquier responsabilidad, señalándole al paciente que quien realizó la cirugía fue Miller.

“Acudo con el doctor Harry Miller y me dice que no, que él solo prestó el nombre y firmó la documentación para cobrar los honorarios a GNP”.

Aunque se le pudo extraer la aguja, Reyes señaló que ha padecido secuelas por el daño que ésta causó en su organismo, encontrándose impedido para realizar deporte o cualquier actividad física que le suponga esfuerzo.

MÉDICOS SE CULPAN ENTRE SÍ

El 29 de abril de 2013, 10 días después de enterarse de la presencia de la aguja en su cuerpo, José Armando Reyes Domínguez decidió presentar una denuncia contra los gastroenterólogos Sergio Verboonen y Harry Miller ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por los delitos de lesiones culposas, responsabilidad médica y fraude.

Pero a pesar de los elementos de prueba que ha otorgado, el avance de su caso ante esa instancia no ha sido sustancial, “se integró la averiguación, la pasan a la unidad orgánica de lesiones y hasta la fecha, la averiguación sigue dentro de la misma unidad, sin avances”, denunció Reyes.

Dentro de la investigación, tanto Verboonen como Miller declararon sobre los hechos denunciados, el primero el 5 de febrero de 2015, de manera presencial ante el agente del Ministerio Publico, y Miller, por escrito, el 29 de mayo del mismo año, declaraciones contenidas en el expediente 3714/13/211/AP.

En sus informes, ambos médicos niegan su participación en la cirugía y señalan al otro como responsable de la misma; Miller incluso aceptó haber prestado su nombre para que la misma fuera cubierta por Seguros GNP.

“En octubre de 2016, el Ministerio Publico, estando a cargo de la investigación, determina el no ejercicio de la acción penal en contra de los denunciados, a razón de que da como prescrito el delito, ya que ya habían transcurrido más de dos años”, relató Reyes.

De acuerdo al Código Penal de Baja California, la prescripción decretada por la PGJE supone una mala aplicación, puesto que el funcionario a cargo de la investigación tomó como fecha el año 2003, siendo que el afectado no tuvo conocimiento del delito hasta 2013, por lo que no había operado la prescripción del mismo al denunciarse dentro del plazo legal.

Afortunadamente para Reyes, el recurso de inconformidad presentado por esta situación logró reabrir el expediente, el cual continúa integrándose, quedando pendientes para ejercer la acción penal, la realización de peritajes, los cuales ni la Comisión de Arbitraje Médico Estatal, ni algún otro perito médico han podido realizarla por la carencia del expediente clínico que contenga la operación realizada en 2003.

Casualmente, Came tampoco ha podido localizar otros expedientes del paciente que demuestren que, entre 2003 a 2013, no se le practicó ninguna otra cirugía.

CAME NIEGA EXISTENCIA DE QUEJA

El doctor Antonio Téllez Amezcua, coordinador de Conciliación en Tijuana de la Comisión de Arbitraje Médico -Came- de Baja California, informó a ZETA que no se cuenta con registro de ninguna queja presentada por José Armando Reyes Domínguez.

Cuestionado sobre cuál pudiera ser la razón por la que Came de Baja California se niega a dar seguimiento a una queja, comentó que éstas no proceden una vez que han pasado cinco años desde que se brindó la atención, tal como lo expone el Artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión, ya que éste es el periodo mínimo que se exige a los médicos o centros de salud, conservar los expedientes clínicos de sus pacientes.

En efecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, sobre los expedientes clínicos, aclara que, “por tratarse de documentos elaborados en interés y beneficio del paciente, deberán ser conservados por un periodo mínimo de cinco años, contados a partir de la fecha del último acto médico”.

Téllez puntualizó que es muy probable que los médicos implicados en la atención de Reyes Domínguez ya no cuenten con dichos documentos, siendo estos los que representarían su principal medio de defensa; por lo que el procedimiento de la comisión no permite analizar quejas que excedan el periodo, ya que ello puede implicar que se deje en estado de indefensión a los señalados.

MÉDICO CON ANTECEDENTES DE FRAUDE EN EUA

Lo principal es el castigo a los responsables, señaló Reyes, afirmando que una vez que se consiga esto, será la autoridad judicial la que determine el monto económico o las acciones que estime suficientes como reparación del daño. No quiere que otras personas sean afectadas al igual que él.

Sucede que tanto Verboonen como Miller, continúan ejerciendo en Tijuana; el primero de ellos mediante una clínica propia, nombrada “Obesity good bye”, sobre la Avenida Revolución; y el otro posee un consultorio al interior del Hospital Centro Medico Nova, en Zona Río. Ambos médicos fueron buscados por este Semanario en sus consultorios, negándose a ser entrevistados respecto al tema.

Por si fuera poco, Verboonen cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos por el delito de fraude contra aseguradoras, recibiendo condena en enero de 2004, encontrándose en prisión por ocho meses y en libertad condicional por dos años, además de pagar una multa de 11 mil 357 dólares y restitución de 19 mil 273 dólares defraudados.



EVITAR JUDICIALIZACIÓN DE CASOS, OBJETIVO DE CAME

De acuerdo a las cifras de Agustín Escobar Fematt, titular de la Comisión de Arbitraje Médico -Came- en el Estado, durante 2017, la dependencia atendió en la entidad 784 controversias entre médico y paciente, originadas en instituciones públicas y privadas.

Detalló que de los casos atendidos, solo 74 derivaron en queja y de éstas, 66 se conciliaron y en seis casos, los denunciantes se desistieron, quedando solo dos en arbitraje médico.

El funcionario ponderó que la atención de Came se otorga “sin costo para las partes involucradas, dado que el objetivo principal es que los asuntos presentados se resuelvan de común acuerdo, sin que lleguen los casos a judicializarse”.

De los casos, 346 surgieron en instituciones de salud privadas y el resto en públicas; algunos de los casos se solucionaron con la devolución del dinero por el servicio médico prestado, anotó Escobar Fematt.

Por su parte, la PGJE informó que desde el año 2013 se cuenta con 90 averiguaciones previas, activas en el sistema tradicional, por el delito de negligencia médica, mientras que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), desde su implementación en junio de 2016, se cuentan con 28 carpetas de investigación iniciadas.

La fiscalía se negó a proporcionar información respecto al estatus de la averiguación previa 3714/13/211/AP, señalando reserva por continuar en integración.

PENAS APLICABLES EN BC POR NEGLIGENCIA MÉDICA

Por el delito de lesiones, al tratarse de daños que “disminuyan facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros”, según lo estipula la fracción II del Artículo 139 del Código Penal de Baja California, corresponde una pena de tres a cinco años de prisión. Si bien, al calificarse de culposas, la pena solo podrá ser de tres cuartas partes de la correspondiente si se tratara de un delito doloso, según lo estipula el Artículo 76 del mismo ordenamiento; mientras que la pena por fraude -delito forzosamente doloso- es de tres meses a tres años de prisión, según el Artículo 218.

Además, por contar con responsabilidad médica, el Artículo 269 señala que podrían ser condenados a suspensión de un mes y hasta dos años en el ejercicio de su profesión o de manera definitiva en caso de reincidencia.


(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO / HÉCTOR ORTIZ RAMÍREZ/ LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)

INEXPLICABLE COSTO DE LA LUZ EN BC

Los cálculos con los que se multiplican las tarifas y los costos de energía son incomprensibles. CFE emite actualización de tarifas; empresarios bajacalifornianos esperarán respuesta oficial, reiteran que alzas desproporcionadas afectarán a la economía del Estado

El incremento en el costo de la energía eléctrica que se registró en la facturación de diciembre de 2017 para los sectores industriales y comerciales de Baja California, sigue sin explicación, aun después de la reunión que líderes empresariales y autoridades del gobierno del Estado mantuvieron con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, el pasado 11 de enero.

ZETA entrevistó por separado a cuatro líderes empresariales, quienes coincidieron en decir que las autoridades federales fueron sensibles al escuchar su preocupación por los casos en los que el costo de energía eléctrica se elevó hasta 300%. Asimismo dijeron que la Federación mostró voluntad para solucionar esa situación a la brevedad de forma momentánea, mientras se trabaja en una alternativa definitiva.

Por esta razón, después de instalarse una mesa de trabajo, la CRE determinó volver a facturar el consumo de diez mil empresas, de media y alta tensión, tomando en cuenta el costo que tuvieron en noviembre de 2017, más un 4.7%, porcentaje que corresponde al aumento del promedio nacional que generó la implementación de un nuevo método en la facturación de diciembre.

Marcello Hinojosa Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, comentó que en el encuentro no se buscó la causa o el responsable, “más bien se les explicó con recibos el gran impacto negativo que tendría la industria y las finanzas públicas del Estado de esos excesivos cobros”.

Aunque no hay consenso entre los entrevistados de si se trató de un error que reconoció la autoridad, todos señalan que la variación de los recibos de luz de noviembre a diciembre no correspondió a la realidad de Baja California ni a la del país.

LA COMPLEJIDAD DE LOS CÁLCULOS TARIFARIOS

De acuerdo con el documento “Memoria de cálculo usada para determinar la tarifa que aplicará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el servicio público de Distribución de energía durante el periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de enero de 2018”, de la CRE, la tarifa eléctrica se modificará a partir de 2017 tomando en cuenta el Ingreso Requerido (RI).


Foto: Agustín Reyes.- Kurt Honold Morales, Presidente coordinador CCE Tijuana

Este (RI) contempla dos conceptos: el costo de explotación de la CFE, en 2014, y proyectado a 2016, el cual fue asignado a las 16 divisiones de distribución (regiones en las que se dividió al país). Además, está el costo de capital atribuible al servicio de distribución en cada una de las divisiones.

A partir de 2018, al Ingreso Requerido se le suma un porcentaje de sendero de eficiencia en costos de explotación y de pérdidas no técnicas para cada división.

Llama la atención que para determinar el Ingreso Requerido, la CRE consideró en los costos de exploración Base 2014: 34 mil 919 millones de pesos por dicho concepto (costos OMA) y administrativos; 4 mil 447  millones por costos corporativos; asimismo 18 mil 189 millones de pesos por pasivo laboral. Con ello, el costo total de explotación asciende a 57 millones 555 mil pesos.

Este costo de explotación y el de capital dan como resultado el costo total del Ingreso Requerido Base 2014, por un monto de 90 mil 099 millones de pesos.

Al ser dividido en las áreas de distribución, se establece que el Ingreso Requerido de Baja California da un total de 4 mil 926 millones de pesos, cifra similar a la del Centro Occidente, Valle de México Norte y Valle de México Sur.

Por otro lado, para determinar la tarifa eléctrica se consideró la metodología de asignación de picos no coincidentes, que es aquella por la cual se reparten los costos a pagar según la demanda máxima de potencia de las distintas categorías tarifarias, tanto en baja tensión como en la mediana tensión.

Siguiendo esa lógica, la CRE estableció en el Acuerdo A/074/2015 las siguientes tarifas:

Doméstico Baja Tensión hasta 150 KWH/mes:                    0.62 centavos

Doméstico Baja Tensión mayor a 150 KWH/mes:               0.71 centavos

Pequeña Demanda Baja Tensión hasta 25 KW/mes:            0.57 centavos

Pequeña Demanda Baja Tensión hasta 25 KW/mes:            164.20 pesos

Gran Demanda en Media Tensión KW/mes:                        76.40 pesos

Los montos de esas tarifas se multiplican de acuerdo con las tarifas base, intermedia y pico, dependiendo del consumo de energía en determinada hora del día, explicó Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de Canacintra Ensenada.

Detalló que el cálculo de ese rubro no sufrió cambios con la nueva facturación, por lo que al parecer, el problema estuvo en el componente de la demanda, que en la fórmula anterior consistía en la capacidad que tenía la Comisión para proveer la electricidad.

Con la nueva facturación, dicho concepto se dividió en dos: capacidad y distribución. “En teoría, si se suman ambos rubros, debería resultar el mismo número que daba antes, pero ahí hubo un error en la metodología, en algún multiplicador; ya que por ese rubro, el costo de energía se disparó en el recibo de luz de diciembre”.

El empresario detalló que antes de que llegara el recibo de luz en enero, Canacintra Nacional ya había identificado el problema que se creía, afectaría a todo el país, y se había acercado a las autoridades. Sin embargo, después se supo que solo perjudicó a Baja California.

Cortés Ríos agregó que otro rubro presenta mayor distorsión, el cual fue el de la eficiencia, sin embargo, en el mismo documento, la CRE indica que Baja California es la tercera zona de distribución con mejor eficiencia. De ahí que no haya una explicación del por qué si el Estado genera electricidad para exportación, esto no se vea reflejado en el recibo de luz.

“La gente de la CRE al parecer no sabía de la eficiencia de Baja California, porque por ahí salió un comentario de que había plantas de combustóleo que no tenemos. El Estado tiene plantas muy eficientes, comparables con una hidroeléctrica”, puntualizó.

Indicó que el sector empresarial está “muy pendiente para cuidar que bajo ningún motivo nos suba la electricidad de este tipo de tarifas más de 4.3%, que es en lo que Canacintra, nación, ha pedido desde el principio”.

Respecto a la posibilidad de que el alza en el costo de la electricidad sea debido a que Baja California no esté conectada a la red nacional, Cortés Ríos dijo que es un tema propio de la autoridad, pero que los bajacalifornianos tampoco tendrían por qué pagar por ello.

Cabe señalar que en noviembre de 2017 se emitieron las bases de licitación para la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica en México, según informó la Secretaría de Energía. Entre los proyectos se encuentra la interconexión submarina entre Baja California y Sonora, así como la conexión de Tamaulipas con Estados Unidos. Por lo que se prevé que para 2022 ya se cuente con ella.

No obstante, el titular de Canacintra Ensenada consideró que hacen falta más proyectos “como los de la Ciudad de México y el Estado de México, en donde se están haciendo inversiones grandísimas para hacer unas híper conducciones -creo que les llaman ellos- de estados productores que no tienen casi consumo, como Chiapas y Oaxaca, al centro de la República para disminuir los costos de la energía”.

Para Kurt Honold Morales, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, la fórmula es tan compleja como alguna del científico alemán Albert Einstein.

“A mí me la enseñaban y no la entiendo. Entiendo por lógica lo que se están diciendo, pero no queda claro rubro por rubro. No funciona como tú quisieras o como yo quisiera”. Por lo cual, dijo, la autoridad está abocada a hacer un sinfín de ejercicios para encontrar el porcentaje correcto.

En ese sentido, confió en que cada vez haya más inversiones en energías limpias para generar electricidad que haga posible que los costos de la luz se reduzcan. Eso es una tarea de todos, apostarle a instaurar infraestructura con tecnología verde, agregó.

Este Semanario buscó una entrevista con algún funcionario de la CRE para conocer su postura sin que al momento del cierre de la edición se tuviera respuesta.

CFE PUBLICA NUEVAS TARIFAS EN EL DOF

Este jueves 18 de enero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la actualización de las tarifas que aplicará en el servicio público de distribución de energía durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Para Baja California establece las siguientes:

Doméstico Baja Tensión hasta 150 KWH/mes:                    0.6829 centavos

Doméstico Baja Tensión mayor a 150 KWH/mes:               0.7782 centavos

Pequeña Demanda Baja Tensión hasta 25 KW/mes:            0.6250 centavos

Gran Demanda Baja Tensión mayor a 25 KW/mes:             180.50 pesos

Gran Demanda en Media Tensión kW/mes:                         83.98 pesos

Cuestionado sobre esta publicación, Hinojosa Jiménez comentó que los empresarios bajacalifornianos esperan una reunión próxima con las autoridades federales para saber el resultado de la mesa de trabajo permanente, la cual determinará una nueva formulación, así como el impacto que tendría en el costo de la energía eléctrica.



AFECTACIÓN A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO DEL ESTADO

Aunque la CFE anunció un aumento de entre 8.1% y 10.3% para los sectores industrial y comercial en diciembre de 2017; desde el 10 de enero, los empresarios bajacalifornianos alertaron sobre los aumentos excesivos que alcanzaban hasta 300% con respecto a la facturación hecha en noviembre.

Rafael Crosthwaite, presidente del CCE en Playas de Rosarito, dijo que ese incremento era desproporcionado e inconstitucional conforme a lo reportado a nivel nacional y además le iba a pegar fuertemente a la inflación, misma que disminuye el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En el caso del municipio, la mayor repercusión la tenían los hoteles, locales que además han sufrido los incrementos del gas LP y del agua, la cual subió 24% para los sectores comercial e industrial. De modo que un alza sustancial en la electricidad pondría en riesgo su operación y desincentivaría las nuevas inversiones.

En ese sentido, pugnó porque las autoridades estén muy pendientes en apoyar al sector industrial y al comercio. “Si se están considerando aumentos, porque sabemos que los insumos aumentan, que sea proporcional, paulatino y no de golpe como se dio al comienzo de 2018”.

Por lo tanto confió en que el recibo de luz que se facture en enero, tendrá un costo de electricidad similar a la refacturación de diciembre.

GASOLINAS SUBEN $6.20 Y $7.40 EN LO QUE VA DEL SEXENIO

 Desde diciembre de 2012 al 17 de enero de 2018, el precio de la gasolina de bajo octanaje (Magna) aumentó 6.20 pesos en Tijuana, lo que significa que un residente de esta ciudad fronteriza llenó un tanque de 50 litros con 539 pesos.

Con esa cantidad, el mismo usuario solo pudo adquirir 31.72 litros el miércoles pasado, cuando el hidrocarburo se comercializó en 16.99 pesos en promedio.

El mayor incremento durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto se dio en la gasolina de alto octanaje, también conocida como Premium. Este combustible se encareció 7.40 pesos al pasar de un promedio de 11.35 pesos a 18.75 pesos durante el mismo lapso.

Es decir, con 567.5 pesos con los que se llenaba un tanque en diciembre de 2012, el miércoles pasado solo pudo comprar 30.26 litros.

José Luis Noriega Guzmán, presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), señaló que a partir del anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 29 de diciembre de 2017, sobre el incremento al IEPS, el precio de las gasolinas ha aumentado 1.4% al 17 de enero de 2018. Con lo que la Magna pasó de 16.49 a 16.99; y la Premium 18.30 a 18.75 pesos.

El empresario dijo que Tijuana es el lugar donde el precio de las gasolinas es más alto que el resto de la zona fronteriza norte, debido a que el total de los combustibles se importa de California, Estado de la Unión Americana con los precios más caros de esa nación.

Detalló que por esa razón, los más de 80 millones de litros que se consumen al mes en Tijuana y que llegan por buque a Rosarito, tienen un sobreprecio que lo hace menos competitivo que en el resto de la República Mexicana.

Para que la operación sea más eficiente y se refleje en el costo del combustible, es necesario contar con un poliducto adicional a los que se tienen (que van de Rosarito a Ensenada y de Rosarito a Mexicali), el cual proporcione combustible de alguna refinería de Estados Unidos; sin embargo, no se tiene planeado ningún proyecto para la región, agregó.

Según información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se están construyendo cuatro ductos con una inversión de dos mil 300 millones de dólares para abastecer combustible a la Ciudad de México, Nuevo León y el Bajío. La entrada en operación de los mismos durante el primer semestre de este año beneficiará el precio de los hidrocarburos en esas regiones.

Noriega Guzmán recordó que, aunado al costo de logística y distribución, el precio de las gasolinas se ve afectado por el precio promedio del petróleo y el tipo de cambio. Si bien, previó que las variaciones no serán tan grandes durante el primer semestre de 2018 en Tijuana, el encarecimiento del crudo a nivel mundial enciende un foco amarillo.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ JULIETA ARAGÓN/ LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)