Si por denuncias fuera,
Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero, y Javier Duarte, el ex gobernador de
Veracruz, hicieron lo mismo, crear empresas fantasma para desviar recursos que
no les pertenecían y lavar dinero, utilizando a la misma persona como administrador,
Javier Nava Solís, que está acusado de delitos de delincuencia organizada y
presunto desvío de 223 millones de pesos como testaferro del veracruzano. Sus
destinos, sin embargo, han sido diferentes. Aunque los dos evadieron la
justicia cuando fueron denunciados, Duarte fue extraditado de Guatemala para
ingresar a una cárcel, mientras Gómez Urrutia dejó su santuario en Canadá para
regresar a rendir protesta como senador.
Gómez Urrutia, llamado
Napito, se escapó a Vancouver y fue protegido por los sindicatos metal
metalúrgicos de Canadá y Estados Unidos, y más adelante por el líder laborista
inglés, Jeremy Corbyn –quien se lo recomendó al presidente Andrés Manuel López
Obrador-. Hace casi 15 años fue acusado de fraude por la Cooperativa Veta de
Plata, que representaba a 10 mil mineros de Cananea, por haber violado un
fideicomiso creado durante el proceso de privatización de las minas en 1989,
donde se acordó que al concluir el pago de la venta del 5% de un total de 55
millones de dólares, sería entregado al sindicato que, a su vez, se había
comprometido a entregar la parte correspondiente a los trabajadores.
El caso contra Gómez Urrutia
se fue desvaneciendo en la medida que el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, colapsado por completo desde el proceso electoral que condujo a la
victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales, y la defensa del
líder minero fue ganando, finalmente, en los tribunales que antes habían sido
más difíciles de roer. Aún así, no todo quedó en el olvido. Una investigación
de Eje Central revela que hubo una nueva denuncia de los mineros de Cananea,
que se espera que esta semana sea ratificada ante la Fiscalía General. De
acuerdo con Sergio Vázquez Villarreal, miembro de la Comisión Especial de
reclamantes del 5% de los 55 millones de dólares, ofrecerán pruebas que
demostrarán actuaciones irregulares como su representante sindical.
De acuerdo con lo
proporcionado a Eje Central, a partir de la creación de empresas “fantasma”, se
realizaron triangulaciones de recursos a través de más de 10 personas y la
consumación de las operaciones de lavado de dinero a lo largo de nueve años,
presuntamente permitido por Gómez Urrutia, dispersar una parte de los 55
millones de dólares que desde 2005 debieron recibir trabajadores por la
privatización de la mina Mexicana de Cananea.
“Expedientes, registros
públicos de la propiedad y denuncias que actualmente son investigadas por las
autoridades federales, y a las que Eje Central tuvo acceso, muestran el
entramado con el que al menos desde 2005 y hasta 2014, Gómez Urrutia
presuntamente desvió una gran parte de los 3.2 millones de dólares que en 2005
dispersó de la cuenta 10964526 de Scotiabank Inverlat, a nombre del sindicato
minero, a través de diversas transferencias, según constataron indagatorias e
información de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional
de Valores”, señala la publicación.
La operación que prendió
alertas es inusual, pero aparentemente lícita, según consta en las actas, donde
el sindicato minero, bajo la representación de Gómez Urrutia “adquirió dos
predios de más de 10 mil metros cuadrados en una zona exclusiva del Condominio
Horizontal denominado El Santuario, ubicado en la calle Santander, al norte del
Fraccionamientos Bosques de San Ángel, municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León. La vendedora fue María del Carmen Páez Martínez de De la Garza
Evia, supuesta corredora de arte de Monterrey, quien recibió por parte del
sindicato un millón 825 mil dólares, equivalentes a poco más de 19 millones 292
mil pesos en ese entonces, provenientes del Fideicomiso 9645-2”, que debía
haber beneficiado a los mineros.
La compraventa de esos bienes
fue una operación en regla, dice Eje Central, aunque el nombre de María del
Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia aparece desde 2005 en las
investigaciones contra Gómez Urrutia, como presunta prestanombres del líder
minero, que permitieron a Gómez Urrutia y a Héctor Félix Estrella, entonces
tesorero del sindicato, presuntamente desviar alrededor de 3.2 millones de
dólares a cuentas bancarias a nombre de esta empresaria regiomontana, casada
con el empresario inmobiliario, Alberto de la Garza Evia.
La plusvalía en la zona donde
estaba el condominio horizontal se disparó en 700%. Seis días después de que
Páez Martínez recibió el dinero por los predios, de acuerdo con la
investigación, el sindicato reconoció, de manera inexplicable, porque no existe
documento que lo especifique, una deuda por 26 millones de pesos con una
empresa en ese momento de muy reciente creación, Inmobiliaria Vajaco. Esta
inmobiliaria había sido instaurada para cubrir a los compradores originales del
predio, Eugenio Albo Moreno y Eugenio Albo Urías, notarios y empresarios
guanajuatenses sobre quienes pesan decenas de denuncias penales por fraudes
inmobiliarios en al menos ocho estados del país, vendieron todas sus acciones,
relacionados con el ex presidente Vicente Fox.
El administrador de
inmobiliaria era Nava Soria, y la operación que motivó sospechas adicionales
fue que la venta de los Albo a la inmobiliaria fue por un millón de pesos a dos
personas de bajo perfil, que no habían tenido operaciones visibles y que están
siendo investigadas por las autoridades por el aparente sinsentido mercantil.
Lo que quieren los mineros, aclaró dijo Vázquez Villarreal, es que se aclare
con qué dinero ha creado Gómez Urrutia varias empresas, señaladas como
“fantasma”, en sociedad con dos de sus hijos, y saber si sigue siendo dinero de
ellos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/4 DE FEBRERO DE 2019)
