jueves, 19 de mayo de 2016

LO QUEMAN VIVO POR ROBAR 5 DÓLARES A UN ANCIANO



Venezuela.- La gente no podía creer lo que estaba sucediendo. Un hombre fue golpeado y quemado vivo supuestamente por robar 5 dólares a un anciano.

Según los testigos, cerca de una decena de personas que se encontraban afuera de un mercado detuvieron a Roberto Josue Fuentes Bernal de 42 años, luego de ser señalado como ladrón por un hombre de avanzada edad.

Tras la acusación, los sujetos golpearon brutalmente a Roberto provocándole una grave herida en la cabeza.

En un video que fue publicado en YouTube se puede ver como al supuesto delincuente lleno de sangre. Momentos después un motociclista sacó de su unidad una botella con gasolina y se la roció a Roberto en el cuerpo a la vez que otra persona le prende fuego.

En cuestión de segundos las llamas se propagaron por todo el cuerpo del hombre, que sufrió quemaduras en el 70% del su piel.


Familiares de Roberto Bernal se paran en la entrada de su casa en un barrio marginal de Caracas, Venezuela. Foto: Posta

Roberto Josue fue auxiliado y llevado a un hospital, donde le dije a su esposa que el anciano lo había confundido con el verdadero ladrón y que los sujetos que lo agredieron no le dieron tiempo de decir nada.

Lamentablemente Roberto falleció a los dos días del hecho.

PRECAUCIÓN: LAS IMÁGENES PUEDEN DAÑAR LA SUSCEPTIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS


(EL DEBATE/ REDACCION/ 19 DE MAYO 2016)


ESPELUZNANTE: HALLAN CUERPO DE MUJER DENTRO DE UN TINACO


La mujer fue reportada como desaparecida desde noviembre pasado y tras investigaciones elementos de la Procuraduría mexiquense detuvieron a su esposo


El esposo confesó que la asesinó y ocultó el cadáver en cal, dentro de un tinaco para agua potable. Foto: El Universal

El cuerpo sin vida de una mujer, desaparecida desde noviembre del 2015, fue hallado dentro de un tinaco de plástico relleno de cal, en una vivienda de la colonia Ex Ejidos de San Lucas, en este municipio.

Fuentes locales informaron que alrededor de las 15:00 horas de hoy ocurrió el hallazgo del cuerpo, luego de que al parecer fue detenido el esposo de la mujer, quien presuntamente confesó que la asesinó y ocultó el cadáver en cal, dentro de un tinaco para agua potable.


Estaba desaparecida desde noviembre del año pasado. Foto: Twitter: A fondo Estado de México

Añadieron que personal de las áreas de Feminicidios  y de Personas Desaparecidas de la Procuraduría de Justicia, con apoyo de policías y elementos de bomberos de Tlalnepantla, acudieron al domicilio ubicado en el número 68 de la calle Francisco Villa, en dicha comunidad, donde hallaron el cuerpo de la mujer en estado de descomposición.

Afirmaron que el cadáver estaba en un tinaco de 500 litros, color beige, relleno con arena; la mujer fue identificada como María de los Ángeles Martínez, de 30 años de edad.

Agregaron que la mujer fue reportada como desaparecida desde noviembre pasado y tras investigaciones elementos de la Procuraduría mexiquense detuvieron al esposo de ésta, cuyo nombre no fue revelado, quien presuntamente la asesinó y ocultó el cuerpo en el tinaco.

En el rescate del cuerpo participaron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), con apoyo de dos perros entrenados para localizar cuerpos.

La Procuraduría de Justicia mexiquense continúa con las investigaciones al respecto.


(EL DEBATE/REDACCION/ 19 DE MAYO 2016)

LA REINA DEL PACÍFICO DECIDE HABLAR


En una de las entrevistas que se le hicieron a La reina del Pacífico,  señaló que el número de muertos es producto no sólo de la competencia entre los cárteles sino también de las brutales tácticas de asesinato del gobierno mexicano.

Ávila Beltrán fue liberada desde el pasado 7 de febrero y retirada del negocio de las drogas concedió su primera entrevista, después de una década, al diario británico The Guardian, en la que habló, de su relación con uno de los hermanos del fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y también del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Cuestionada sobre la segunda fuga del capo,  su posterior reaprehensión y lo que pasaría si fuera extraditado a Estados Unidos.

Y arremetió nuevamente contra el gobierno al afirmar que si el Chapo pudo fugarse por segunda vez fue porque tiene la ayuda de los más altos niveles de gobierno.

“El sistema federal de prisiones es difícil. Para poder comprar ese sistema tiene que ser desde lo alto, no el director de una prisión. Ni los guardias. Tiene que ser a nivel del gabinete”, sostuvo.

Acabar con el narcotráfico y la estructura que lo mantiene, lo consideró casi imposible. Ni siquiera ve viable la legalización de la mariguana por la sencilla razón, dijo, que siempre habrá nuevas drogas listas para salir al mercado, capos dispuestos a seguir corriendo el riesgo de dedicarse al narcotráfico y gente a la que se puede comprar para que esta actividad sobreviva.


(RIODOCE/ CON INFORMACIÓN DE PROCESO / 18 MAYO, 2016)

VIDEO: POLICÍAS DE ECATEPEC INTENTAN ABUSAR SEXUALMENTE DE MENOR




Dos policías del municipio de Ecatepec, Estado de México, fueron exhibidos y denunciados a través de las redes sociales, presuntamente por intentar abusar sexualmente de una menor de edad que se encontraba drogada.

Los oficiales que ahora son llamados como los #PorkysEcatepec, por los usuarios de las redes, han sido identificados por los mismos como JT Luis Rodolfo Peñaflor, jefe del sector 17 en dicho municipio mexiquense, y, de Luis “El Chamaco” Beltrán Ledesma, policía auxiliar municipal.

En el video aparece una joven de 17 años de edad, misma que había sido detenida por inhalar solventes en la Colonia Santa Clara, por lo que fue remitida al Centro de Desarrollo Comunitario “El Gallito”.

En el material videográfico aparecen los policías señalados quienes la introdujeron a uno de los baños para tomarle fotos, le dijeron que la iban a fichar, sin embargo, la amedrentaron diciéndole que la llevarían al DIF y no volvería a ver a sus padres, posteriormente habrían abusado sexualmente de ella.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Jueves, 19 mayo, 2016 08:58 AM)

CAPTURAN EN ENSENADA A “EL TRES ANIMALES”, TRAFICANTE LIGADO AL CAF


En operativo conjunto, fuerzas militares y Policías Estatales Preventivos detuvieron en Ensenada a Gabriel Ayala Fonseca, alias “El Tres Animales”, identificado por el Consejo Estatal de Seguridad como narcotraficante al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF) desde los años 90, que en fechas recientes operó criminalmente en acuerdo con el Cártel de Sinaloa, delincuentes con quienes actualmente enfrenta una pugna.

Al ser asegurado entre la noche del 18 y la mañana del 19 de mayo –las autoridades no han emitido el reporte oficial-, el presunto delincuente estaba en posesión de un arma larga, un arma corta, balas, cargadores y cuatro bolsas conteniendo polvo blanco.

El 18 de septiembre del 2009, elementos de la secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Gabriel Ayala Fonseca  en compañía de ocho cómplices incluido un policía municipal de Ensenada, por encontrarlos en posesión de 50 kilos de cristal.

Armas y droga lo decomisado al delincuente Después, la autoridad ministerial solicitó una orden de cateo en el rancho Tres animales propiedad del capo, y en el interior encontraron enterrados tres tinacos de plástico con 250 kilogramos, 450 kilos de ácido tartárico y 406 kilos de acetato de sodio. Fue liberado.

Nuevamente fue capturado el 4 de octubre de 2015, cuando asesinaron al secretario de Acuerdos de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ensenada, Sergio Octavio Galindo Ramírez, únicamente lo entrevistaron, dijo haber sido amigo del muerto, quien fue asesinado en medio de una pugna interna que tenían con una fracción del Cártel de Sinaloa representada por el recién detenido (17 de mayo de 2016) Arturo Misael Frías Ochoa “El Misa” quien apoyado con un grupo de sicarios de Sinaloa y Tijuana, intentó asesinarlo en el palenque Póker de Ensenada, la tarde del sábado 23 de enero de 2016, frente a cientos de personas, operativo criminal que resulto en decenas de heridos y cuatro muertos, incluidos dos menores de edad.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Jueves, 19 mayo, 2016 09:45 AM)

SCJN VALIDA INTERVENIR TELÉFONOS DE VÍCTIMAS DE SECUESTRO SIN ORDEN JUDICIAL


Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que los números de teléfono de las víctimas de secuestro pueden ser intervenidos sin necesidad de una orden judicial, en casos de extrema urgencia.

Los ministros de la Primera Sala negaron un amparo a Samuel Isidro Duarte, sentenciado en 2011 a 45 años de prisión por el secuestro y desaparición de su novia en Chihuahua.

Tras la desaparición de la joven, el Ministerio Público solicitó a una empresa de telefonía móvil acceso a las llamadas entrantes y salientes, así como a los mensajes de texto del teléfono de la víctima, los cuales llevaron a la detención de Samuel Isidro Duarte.

El ahora sentenciado, promovió un amparo argumentando que el teléfono de su novia fue interferido ilegalmente, ya que ella en ningún momento autorizó que se rastrearan sus llamadas, sin embargo, los ministros determinaron negar el amparo y confirmar la sentencia en su contra.

Por mayoría de tres votos, la primera sala determinó que en los casos en que la víctima se encuentre ante un peligro real e inminente y se vea impedida para dar su consentimiento en la intervención de las comunicaciones, debe considerarse que existe un consentimiento implícito para la intervención de dichas llamadas, sin que sea necesario contar con la orden de un juez.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Jueves, 19 mayo, 2016 02:39 PM)

COMUNIDAD GAY REPORTA TRES DESAPARECIDOS


Integrante de la organización recrimina que la autoridad no le dé importancia a estos casos, ni a los asesinatos


Crimen. Una de las víctimas asesinada el año pasado.

Culiacán, Sinaloa.- La comunidad lésbico -gay reporta que en lo que va del año han desaparecido tres miembros, los cuales son una mujer y dos hombres, sin que se tengan noticias de ellos.

Uno de los miembros dijo que lo más lamentable es que las desapariciones no son investigadas ni se les da el seguimiento que debería por parte de la autoridad.

Denunció que tampoco se le ha dado seguimiento a los asesinatos de tres travestis, ocurridos el año pasado, y los han hecho ver como crímenes pasionales para darles carpetazo, lo cual, hasta cierto grado, es un acto discriminatorio.

LLAMADO

El denunciante, del cual se omitirá su nombre por cuestiones de seguridad, invita a las autoridades a que los crímenes contra la comunidad lésbico-gay les den atención igualitaria.

Comentó que por desgracia los travestis o gays que por necesidad trabajan en las calles son vulnerables a los actos violentos, pues en ocasiones los asaltan, los golpean o hasta asesinan, como han ocurrido casos.

Detalló que de seguir la impunidad, los delincuentes no temerán hacerles daño.

CRÍMENES

Los ataques a personas travestis fueron intensas el año pasado, ya que en un mes y medio se registraron tres asesinatos.

El primero de los crímenes ocurrió el pasado 20 de septiembre, cuando fue encontrado asesinado un travesti en el fraccionamiento Alturas del Sur.

El  26 del mismo mes se localizó el cuerpo de otro travesti en una calle del fraccionamiento Valle del Agua; fue asesinado a balazos.

El tercer caso ocurrió el 11 de octubre en el fraccionamiento Stanza Florenza, ahí fue encontrado otro cadáver.

Las autoridades negaron que hubiera un asesino en serie.


(EL DEBATE/ Angelina Corral/ 19 DE MAYO 2016)

SORPRESIVO OPERATIVO EN TIERRA BLANCA


Hasta el momento se desconoce si elementos de la Marina realizaron alguna detención


Algunas de las calles que recorrieron los elementos de la Marina.

Culiacán, Sinaloa.-  Alrededor de las 5:00 de la mañana los vecinos de la colonia Tierra Blanca reportaron a este medio que en varias calles del sector se encontraban elementos de la Marina realizando un operativo, además que a muy baja altura sobrevolaba un helicóptero con las luces apagadas.

Asimismo reportaron que varias camionetas blancas tipo Suburban circulaban por las calles, señalaron que no estaban en un domicilio en particular pero que algunas de ellas estaban por la calle Economista.

Hasta el momento se desconoce que hacían los elementos de seguridad, o sí buscaban a algún delincuente importante.

Periodistas de este medio acudieron al lugar y no se localizó a ninguna autoridad, pero vecinos del sector confirmaron sobre la presencia de los elementos de seguridad, así como vehículos blancos, y un helicóptero que sobrevolaba el lugar.


(EL DEBATE/REDACCION/ 19 DE MAYO 2016)

IDENTIFICAN A EJECUTADOS DE LA MIRAVALLE


Según información oficial vertida por la Procuraduría, ambos contaban con antecedentes penales

Como José Armando Armenta Antelo y Sergio Alberto Ponce Montaño, de 29 y 33, respectivamente, fueron identificados los dos sujetos que la noche del martes fueron acribillados en una vivienda de la colonia Miravalle.

Mediante boletín oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se informó que ambos tenían antecedentes penales.

Como se dio a conocer en la edición previa, ambos sujetos se encontraban en la casa marcada con el número 1365 de la calle Valle de Belem entre Carlos M. Calleja y Valle del Yolko, hasta donde llegó un automóvil tipo sedán de color blanco desde donde abrieron fuego en su contra.

Tras el ataque, uno de los hoy occisos intentó resguardarse dentro de la vivienda, donde quedó sin vida, mientras que la otra víctima dejó de existir cuando recibía atención médica en el Hospital General (HGO), a donde había sido trasladado por paramédicos de Cruz Roja.

En el lugar, personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) localizó 18 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron esparcidos desde el interior del inmueble hasta la calle.

Posteriormente los restos mortales fueron levantados y trasladados al departamento de Medicina Legal para las diligencias de ley correspondientes.


(DIARIO DEL YAQUI/ Francisco Romero/ 19 DE MAYO 2016)

ARROLLA EL TREN A INDOCUMENTADO EN EMPALME


Ya son cuatro en un mes en este Municipio

Muere otra persona de los llamados trampitas arrollado por el tren, originario del Salvador; los hechos ocurrieron en el camino que conduce a Santa Rosa del Ejido Maytorena.

Fue a las 19:45 horas de ayer, cuando José Salazar Nava, de 55 años de edad, con domicilio en San Basilio casa número 60 de la colonia Loma Norte, de Hermosillo, les informó que sobre las vías del tren se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

En la inspección que realizaron los agentes policiacos, se dieron cuenta, que a simple vista se observaba que fue arrollada por el tren, procediendo a darle aviso al agente del Ministerio Público del Fuero Común y a personal de Periciales.

Al revisar las pertenencias de la persona fallecida, se dieron cuenta que en una de las identificaciones con foto, en vida llevaba el nombre de Carmen Hernández Hernández, de 55 años de edad, originario de Llovazco Cabañas, del Salvador.

Las autoridades policiacas informaron que este tipo de accidentes suceden de manera frecuente debido al cansancio de estas personas que viajan desde muy lejos para llegar a la frontera en busca de una mejor vida.

Por su parte el representante social estatal, una vez que se tomó nota de lo sucedido, ordenó el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al nosocomio para realizarle la necropsia de ley.


(DIARIO DEL YAQUI/ Ricardo López/ 19 DE MAYO 2016)

LA SEMAR CONSTRUYE UN BUQUE TIPO DAMEN FCS 5009 PARA LA ARMADA DE MÉXICO





Astillero de Marina Nº 6

El Astillero de Marina Nº 6 del puerto de Guaymas, Sonora, perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), prepara la botadura del buque de aprovisionamiento logístico ARM Isla Madre (BAL-11) para incorporarlo a la Armada de México.

El buque de aprovisionamiento logístico insular es construido bajo licencia de Damen Shipyards Group y su programa de asistencia técnica. Se trata de un Damen Fast Crew Supplier 5009 (FCS 5009) con una eslora de 53 metros, diez metros de manga y capacidad para transportar 145 pasajeros. Su velocidad máxima es de 22 nudos (40 km/h) gracias a cuatro motores propulsores diesel acoplados a cuatro ejes de hélices de paso.

La nueva embarcación, la cual forma parte de una nueva generación de buques construidos para, entre otros cometidos, el traslado de internos a la Casa Penal Federal de las Islas Marías, ubicadas en las aguas del Océano Pacífico, a 112 kilómetros frente a las costas de Nayarit. Asimismo, será empleado, para el transporte de insumos a través del litoral del Pacífico mexicano, por ejemplo, es capaz de transportar 142 toneladas de combustible y 28 toneladas de agua potable. Cuenta también con una grúa de pedestal ideada para levantar hasta 12 toneladas. 

La nave sustituye al buque auxiliar de transporte ARM Maya (ATR 01), obsoleto por sus años de antigüedad y por su alto costo de mantenimiento. El Maya forma parte de la flota de la Armada desde 1988. En julio de 2009 sufrió un incendio cuando transportaba el apoyo logístico que semanalmente llevaba a cabo del puerto de Mazatlán, Sinaloa, al establecimiento penitenciario del Gobierno Federal.

Las Islas Marías se convirtieron en penal federal en 1905 bajo la presidencia de Porfirio Díaz. Es administrado por la Comisión Nacional de Seguridad, y según cifras del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al día de hoy se albergan más de 8.000 internos. 


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: www.infodefensa.com/ 2016-05-11)

GOBIERNO DE CABO: TODO QUEDA EN FAMILIA


En una revisión de la lista de trabajadores del XII Ayuntamiento de Los Cabos, en la nómina del alcalde Arturo de la Rosa Escalante aparecen hijos, hermanos, sobrinos, esposas y hasta ex parejas de funcionarios y regidores  

Los Cabos, Baja California Sur.- El 9 de junio de 2015 -tras derrotar a su principal adversario del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Narciso Agúndez Montaño-, el entonces presidente municipal electo de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, presumió que no sólo habían logrado ganar una elección, sino “estamos logrando sacar a una familia completa, quienes por su soberbia, pensaron que eran dueños de todo el municipio, y los estamos mandando a su casa”.

En el marco de un gallo vehicular y recorrido de agradecimiento por el triunfo sobre los Agúndez, quienes habían gobernado alrededor de 12 años el destino turístico más importante de Baja California Sur, De la Rosa anunció que empezaría a “cambiar el rostro de Los Cabos”, porque “cuando la ciudadanía quiere y desea, se logran las cosas, y hoy la sociedad les dijo que no, y por primera vez, vamos a tener un gobierno emergido del Partido Acción Nacional”. “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”, gritaban en coro los participantes del gallo vehicular.

En efecto, después de tomar protesta como nuevo alcalde cabeño, el gobierno de Arturo de la Rosa Escalante arrancó desconociendo y cancelando alrededor de 313 plazas sindicales, de 323 “indebidamente heredadas en el último tramo de la administración del ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño”.

Incluso el polémico tema fue llevado al seno del Cabildo del XII Ayuntamiento de Los Cabos, donde tras una acalorada discusión, nueve regidores votaron a favor, dos en contra y dos más se abstuvieron, después de ser sometido a votación el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a cargo de la síndico Susana Zatarain García, relativo a la revisión del procedimiento de asignación de plazas de bases sindicalizadas.


Diego Gutiérrez Orcí e Ilse Celaya, inspector y secretaria de la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), respectivamente, son sobrinos del director, Juan Adolfo Orcí Martínez

El argumento fue que la mayoría de los beneficiarios eran amigos, compadres, familiares y hasta funcionarios de la pasada administración, los cuales fueron privilegiados discrecionalmente en el reparto de bases, donde no fueron tomados en cuenta los derechos laborales de aproximadamente 800 trabajadores, quienes sí cumplían con el requisito de derecho de antigüedad, tal y como lo establecen los estatutos del Sindicato de Burócratas.

Aunque ya pasaron alrededor de ocho meses -del 29 de septiembre de 2015 al 14 de mayo de 2016-, el tema de los basificados despedidos sigue vigente.

El 5 de mayo, tras finalizar un evento público, el alcalde Arturo de la Rosa Escalante fue abordado por alrededor de 70 personas en el patio del XII Ayuntamiento de Los Cabos; por casi una hora escuchó las quejas y los argumentos de los trabajadores sindicalizados.

“Resulta imposible quedarnos con todos los que estaban en el Ayuntamiento, porque entonces se convertiría en un gobierno pagador de nóminas y no otorgador de servicios, y la ciudadanía demanda mejoras de servicios en su colonias”, expresó el edil cabeño.

Sin embargo, hizo el compromiso público de revisar personalmente caso por caso de los trabajadores basificados en la anterior administración, los cuales fueron puestos a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, ya que “de ninguna manera inflarán la nómina, es uno de los rubros que se lleva un gran porcentaje del presupuesto, y uno de mis compromisos fue no incrementar esos gastos; por eso se solicitó a cada titular de área, recortar personal y trabajar con el estrictamente necesario”.  

EL NEPOTISMO

Lo que no dijo el edil de Los Cabos es que por cada trabajador despedido ingresaban familiares de funcionarios y regidores a la nueva administración.

A la vuelta de casi ocho meses, según una revisión de ZETA, 18 funcionarios y tres regidores colocaron durante ese lapso a hijos, sobrinos, hermanos, esposas y hasta ex parejas sentimentales en la nómina gubernamental.

Con la venía del alcalde cabeño e incurriendo en conflicto de intereses, violentaron el Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur, el cual textualmente cita:

Fracción XI.- “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos entre los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueden resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; para quienes tenga parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o sociedades de las que el servidor público o las antes referidas personas formen o hayan formado en el ámbito de la administración pública; la limitación de parentesco a que alude la presente disposición se aplicará hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios con población de hasta 50 mil habitantes; y hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios con población mayor a los 50 mil y hasta 10 mil habitantes…”.



Carolina Castro Corazón y Guadalupe Marrón, directora delegación del DIF Municipal en CAabo San Lucas y coordinadora de Recursos materiales del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Cabo San Lucas, ex esposa y esposa actual, respectivamente, del director de Agua Potable, Oscar René Núnez Cosío 

Fracción XII.- “Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o para las personas que alude la Fracción XI…”. Así, el gobierno familiar del “cambio lo hacemos todos” -según el slogan de la presente administración-tiene incrustados en la nómina gubernamental a:

* Pablo Cortez Espinoza. Funcionario de la Dirección de Desarrollo Rural, hermano del tesorero municipal de Los Cabos, Jesús Cortez Espinoza. 

* Víctor Carbajal. Empleado de Tesorería Municipal, e hijo del director general municipal de Fomento Económico y Turismo, Víctor Manuel Carbajal Ayala.

* Diana y Damián Aguilar Holmos. Coordinadora de Cultura del Agua del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y coordinador municipal de Box, respectivamente, son hija e hijo del coordinador municipal de subdelegados, Héctor Manuel Aguiar Martínez. 

* Diego Gutiérrez Orci e Ilse Celaya. Inspector y secretaria de la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), respectivamente, sobrinos del director de esa área, Juan Adolfo Orci Martínez.

* Carolina Castro Corazón y Guadalupe Marrón. Directora delegacional de DIF Municipal en Cabo San Lucas, y coordinadora de Recursos Materiales del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Cabo San Lucas, ex esposa y esposa actual, respectivamente, del director de Agua Potable, Óscar René Núñez Cosío. 


Pablo Cortez Espinoza, funcionario de la Dirección de Desarrollo Rural, es hermano del Tesorero Municipal de Los Cabos, Jesús Cortez Espinoza

* Ramón Lugo Gutiérrez. Empleado de Comunicación Social de la delegación Cabo San Lucas, es hijo de la coordinadora delegacional de Fomento Económico y Turismo en Cabo San Lucas, Norma Gutiérrez Zamora.

* Celia Camarena. Empleada de Tesorería Municipal, es hermana del secretario particular del director general de Desarrollo Social, Adán Camarena.

* Adeline Meza González y Cristina Guadalupe Castro Pérez. Directora de Participación Ciudadana de DIF Municipal y coordinadora de Recursos Humanos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, respectivamente, son esposa y hermana del asesor del alcalde cabeño, Julio César Castro Pérez.

* Patricia Casillas. Funcionaria del Museo de Cabo San Lucas, es esposa del director municipal de Recursos Humanos, José Felipe Ceseña Ceseña.

* Rebeca Espinoza Aguilar. Directora de Ingresos de Tesorería Municipal, esposa del séptimo regidor y presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Francisco Javier Rubio Castro.

* Julio Ceseña. Funcionario de la dirección delegacional de Gobierno en Cabo San Lucas, e hijo del director Norberto Ceseña Ceseña.

* Javier Ávila Rodríguez y Arturo Ávila Rodríguez. Jefe de Servicios Escolares del CECYTE e inspector de Transporte en la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, respectivamente, son hijos de la segunda regidora y paradójicamente, presidenta de la Comisión de Equidad y Bienestar Social, Julia María Rodríguez Ramos, quien dicho sea de paso, tiene a su nuera Diana Rosas como asistente del Cabildo.

* Yamilet Zatarain. Secretaria del tercer regidor Celestino Atienzo Beltrán, es prima de la síndico municipal de Los Cabos, Susana del Carmen Zatarain García.

* Enrique Alán Castro Ruiz. Director de Cultura Municipal, e hijo del director de Gobierno, Delfino Salvador Castro Ojeda.

* Beatriz Padilla y Miguel Ángel Ramos Padilla. Abogada de la Procuraduría del Menor y la Familia de DIF Municipal y jefe de almacén, de manera respectiva, son esposa e hijo del director del Registro Civil, Miguel Ángel Ramos Serrano.

* Silvia Ivonne Ceseña Salazar. Abogada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de DIF Municipal, es esposa del director general de Desarrollo Social, Ariel Castro Cárdenas.

* Luis Castro. Administrador del Mercado Municipal, primo del director de Educación, José Javier Castro González.

* Teresa Martínez. Asistente de Presidencia Municipal, es madre del director de Vinculación y Fomento Empresarial, Emilio Alejandro Lucero Martínez.

* Miguel Avilés Pimentel. Ejecutor fiscal, hijo de la directora administrativa de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Francisca Pimentel Castro.

* Francisca Araiza Díaz. Abogada de la Dirección Jurídica, hermana del director de Transporte Municipal, Juan Luis Araiza Díaz.

* Víctor Manuel Holmos Montaño. Director operativo de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, es cuñado del coordinador de subdelegados, Héctor Manuel Aguiar Martínez; tío de la coordinadora de Cultura del Agua, Diana Aguiar Holmos; y del coordinador municipal de Box, Damián Aguiar Holmos; además de sobrino del director de Salud, Axcel Holmos Vizcaíno.  

LAS REACCIONES

Sobre estos hechos, el octavo regidor del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Samir Savín Ruiz, opinó que es “incongruente que por un lado se hable de adelgazar la nómina gubernamental, y se hayan despedido entre 600 y 700 trabajadores; y por otro lado, y bajo el agua, hayan metido a familiares de funcionarios a trabajar a la actual administración.

“No podemos de un adelgazamiento de nómina o de una reducción del gasto, si sacan a uno y meten a otro en la plaza vacante”, comentó, para luego considerar  “irresponsable la actuación del gobierno municipal, porque despidió injustificadamente a 313 personas basificadas de las 323 que originalmente iban a ser, y lo único que está dejando son laudos que al final tendrán que ser pagados con dinero de la ciudadanía”.

El edil cabeño recordó que “cualquier trabajador tiene derechos laborales, y en el caso concreto del Ayuntamiento, corrieron a todas las personas sin ningún argumento sólido, y estipulado por la Ley del Trabajo”, tal es el caso ausentarse indebidamente de sus labores, tener tres faltas consecutivas, consumir bebidas embriagantes dentro de las oficinas o incurrir en una responsabilidad administrativa. 


Victor Carbajal, empleado de la Tesorería Municipal, es hijo del Director General Municipal de Fomento Económico y Turismo, Víctor Manuel Carbajal Ayala 

Originalmente la intención del alcalde De la Rosa era cancelar las 323 bases otorgadas en la pasada administración, pero a la hora de la votación, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, únicamente presentó el caso de 313 trabajadores.

Sospechosamente, no se supo qué había pasado con el resto de las diez bases o a quiénes se les había otorgado, hasta que hoy por hoy, y de acuerdo a datos obtenidos por ZETA, dos de las 10 bases correspondían a Adeline Meza González y Patricia Casillas, nada menos y nada más que las esposas del asesor del alcalde y del director de Recursos Humanos, Julio César Castro Pérez y José Felipe Ceseña Ceseña.

La ex trabajadora de la Dirección de Desarrollo Social y cabeza más visible del movimiento de los basificados despedidos, Selene Robles Sahagún, consideró que “de nada sirve que nos hayan corrido para supuestamente reducir nómina y poder hacer obras sociales, si vemos que por cada trabajador cesado, ingresaron dos más a la nómina gubernamental”.

A la fecha -de acuerdo con Selene- 63 de los 313 trabajadores basificados presentaron juicio de amparo en el Poder Judicial de la Federación, actualmente en etapa de sentencia.

Durante una entrevista con ZETA,  la nómina del alcalde Arturo de la Rosa Escalante explicó que ella junto con tres compañeros más iniciaron el movimiento, solicitando la protección de la justicia federal, y al día de hoy se han sumado 80 ex trabajadores.

Aunque al principio ellos solicitaron pláticas y entrevistas con el alcalde de Los Cabos y buscaron su reinstalación, hoy ya no lo hacen, pues el proceso de amparos, en manos de un bufete de abogados, va por buen camino.

Tan es así que el propio edil cabeño ahora los busca, y el martes 10 de mayo, en una reunión con la Comisión Negociadora integrada por el secretario del alcalde, el director de Recursos Humanos y la titular de Asuntos Jurídicos, ofrecieron a los trabajadores de ese movimiento regresar y pagarles sólo el 40 por ciento del sueldo que ganaban, condicionando que “debían desistir del amparo federal”, lo que obviamente no sucederá.

La dirigente del movimiento se refirió a la situación tan caótica por la que atraviesan, porque la mayoría de los despedidos son gente mayor de 40 años, algunas de ellas embarazadas, quienes difícilmente encontrarán trabajo, ya que en la mayoría de las vacantes solicitan personas menores a 35 años.

“Se están despachando con la cuchara grande, el despido político se ha convertido en social, porque a final de cuentas el Ayuntamiento deberá pagar las liquidaciones de todos los trabajadores”, sentenció.

“Nos corrieron porque dijeron que no había presupuesto para el pago, pero esa es una frase muy trillada, resulta que la liquidación de todos tampoco está dentro del presupuesto”, cuestionó Robles para, por último, agradecer la entrevista, a razón de que “en Los Cabos, todos los medios están comprados y no publican nada, salvo lo que le conviene al alcalde, a pesar de que están pisoteando nuestros derechos laborales; y ustedes son el único medio serio y socialmente responsable en el que podemos confiar”.


(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: cortesía/  Reportajez BCS / Gerardo Zúñiga/ Martes, 17 mayo, 2016 12:06 PM)

LAS HIPÓTESIS DEL CRIMEN


En el primer análisis y revisión de la ejecución del ex jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Luis Antonio Montoya Beltrán “El Artista” o “Don Carlos”, según autoridades federales y militares, pudo haber sido asesinado por traición, entre otras causas  

Investigaciones ZETA.-En el análisis y revisión del asesinato del jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Baja California Sur, Luis Antonio Montoya Beltrán “El Artista”, “Don Carlos” o “El Montoya”, según integrantes del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, tres son las posibles hipótesis de lo que pudo haber ocurrido la mañana del 5 de mayo en la colonia Arboledas de La Paz, en torno al sonado crimen del jefe criminal:

El principal cabecilla de los cárteles de Los Beltrán Leyva y Los Zetas, fue traicionado y puesto para ser ejecutado por sicarios del Cártel de Sinaloa y entregarle la plaza del narcomenudeo a la organización delictiva del capo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”.

El fin del ciclo criminal del delincuente. Para abrirle paso al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel Arellano Félix.

 Cualquiera que fuera el caso, “los asesinos contaron en todo momento con el respaldo y protección de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur”, lo cual se puede reflejar en los ataques de los últimos días en contra de vehículos oficiales y domicilios particulares de peritos, agentes y comandantes de la institución.

Todos, presuntamente coludidos o relacionados con la ejecución del ex cabecilla de la organización criminal de Los Mayitos, cuyos ataques dejan lectura de una posible respuesta al homicidio.

El día en que fue asesinado, el jefe de la plaza del narcomenudeo vestía shorts y playera, se encontraría con dos agentes de la Policía Ministerial del Estado.

Entonces fue cazado y asesinado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez y Chichen, Colonia Arboledas de La Paz, a una cuadra del Centro de Operaciones Estratégicas, conocido popularmente como “COE”, cuya institución es especializada en el combate al narcomenudeo; y a escasas dos cuadras de las oficinas del procurador general de Justicia del Estado, Palemón Alamilla Villeda, y de la delegada de la Procuraduría General de la República, Ana Luisa Vera Andrade.


El 8 de mayo, tres días después de la ejecución del jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Luis Antonio Montoya Beltrán “El Artista”, vino la presunta respuesta de grupos criminales, y lo cual es un preludio de la guerra que se viene en baja California Sur.

Acorde al dictamen pericial, el jefe criminal recibió cuatro tiros a una distancia de dos metros aproximadamente, pegando dos en la cabeza y dos más en el costado izquierdo, a la altura de las costillas.

En la escena del crimen, según peritos de la PGJE, sólo encontraron un cartucho percutido calibre 9 milímetros, lo que de acuerdo con expertos, indica que los matones dispararon desde un vehículo en movimiento, cayendo tres de los casquillos dentro del vehículo en el que viajaban, y uno más en el piso.

Según datos recabados por ZETA, “Don Carlos” traía fajada una pistola calibre 9 milímetros en la cintura,  la cual no pudo utilizar por su exceso de confianza.

La hipótesis del crimen fue hecha por autoridades federales y de las Fuerzas Armadas, en virtud de la total desconfianza que acecha a los agentes de investigación de la PGJE, los cuales podrían contaminar la investigación, en virtud de las sospechas de posible vinculación en el crimen de agentes y mandos de la institución; como es el caso del ex subprocurador de Investigaciones Especiales, Samgar Salvador Gómez Reyes, y el ex encargado del despacho de la Policía Ministerial del Estado, Bibiano Rigoberto Burgoing García; así como del todavía encargado del despacho de la Policía Ministerial, Josué Geovanny Zúñiga Méndez.

Del crimen del también conocido como “El Artista”, un agente de investigación consultado por este Semanario expuso que apenas estaban iniciando las indagatorias oficiales del crimen, y admitió que por estar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el proceso de investigación sería complicado, máxime cuando la principal arma de investigación es probar científicamente quién detonó el arma en contra del narcomenudista.

Cabe destacar que, conforme a la versión de algunos familiares, hacía poco tiempo que Montoya Beltrán se había ausentado del Estado y estuvo viviendo en Jalisco, porque supo que “algunos policías”, quería matarlo por órdenes del bando contrario, incluso desde aquella entidad y durante algunos meses, estuvo dirigiendo sus operaciones criminales en La Paz.  

LOS ATAQUES

Alrededor de 72 horas después del crimen de “El Montoya”, la madrugada del 8 de mayo, dos vehículos oficiales de la PGJE fueron atacados con bombas molotov

El primero sobrevino alrededor de las 3:20 am, en el domicilio particular de un perito en la calle de Península de San Francisco y Península del Portugal en  el fraccionamiento Península del Sur, cuando el automóvil Nissan Sentra de color blanco se encontraba estacionado en la cochera de la casa.


La ejecución del ex jefe de la plaza de narcomenudeo en La Paz, Luis Antonio Montoya Beltrán “El Artista” o “Don Carlos”, detonó ataques en contra de vehículos oficiales y viviendas de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por presuntamente haberlo entregado a los asesinos del cabecilla de las organizaciones de Ismael #El Mayo” Zambada, los Beltrán Leyva y Los Zetas 

El segundo percance tuvo lugar cerca de las cinco de la mañana en el domicilio del comandante de la Policía Ministerial del Estado, Alfredo Avilés en la calle de Damiana y Geranios en el fraccionamiento Jardines del Sur, donde una camioneta Dodge Ram estaba parqueada en un estacionamiento público.

La primera unidad sufrió daños parciales, y la segunda, daños totales en el motor.

Después del ataque, la PGJE anunció la apertura de dos carpetas de investigación por el delito de daños en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos.

Sin embargo, apenas investigaban y, cuatro días después, es decir, el 12 de mayo -al cierre de esta edición-, el domicilio particular del ex encargado del despacho de la Policía Ministerial del Estado, Bibiano Rigoberto Burgoing García, fue atacado a tiros alrededor de las tres de la madrugada en Bahía Campeche y Bahía Banderas número 68, Fraccionamiento Paraíso del Sol en La Paz.

Los atacantes dispararon en contra de la vivienda de interés social, tres asestaron en la reja de protección de la entrada, el cristal de una ventana y en  el vidrio trasero de una camioneta Honda CRV  de color blanco, placas de circulación 145-PMX-2.

Después del tercero y último ataque, la PGJE emitió un comunicado de prensa,  donde el procurador Palemón Alamilla Villeda se deslindó de sus principales hombres de confianza:

“En relación a la nota informativa que aparece en algunos medios electrónicos el medio día de hoy, sobre un supuesto ataque dirigido al C. Bibiano Rigoberto Burgoing García, de quien algunos medios se refieran como funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta institución aclara que dicha persona no labora en ninguna de sus áreas, pues presentó su renuncia con carácter de irrevocable el 30 de abril del presente (…). 


Cuatro días después del ataque de patrullas de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales, la casa del comandante de Homicidios de la Policía Ministerial, Bibiano Rigoberto Burgoing García, fue baleada la madrugada del 12 de mayo en la calle de Bahía Campeche No. 68 y Bahía Banderas en la colonia Paraíso del Sol en La Paz.  Uno de los tres tiros, pegó en la reja, uno en la ventana y otro en una camioneta de RAV4 

El C. Burgoing García estuvo como encargado de la dirección de la Policía Ministerial en el periodo que comprende del 1 de marzo al 30 de abril del presente. De igual forma y con la misma fecha, el Lic. Samgar Salvador Gómez reyes, quien fungió como encargado de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Privación Ilegal de la Libertad, Secuestro y Judicialización, presentó su renuncia voluntaria con carácter de irrevocable…”.

Cabe destacar que ambos funcionarios fueron señalados en sendas narcomantas de estar vinculados con el Cártel de Sinaloa, los cuales -según los escritos- vendieron la plaza del narcomenudeo por 5 millones de pesos, pero no habrían cumplido.

“Sangar y Viviano (sic) tienen 5 días para entregar los 5 millones que les pagamos por limpiar la plaza traidores hijos de su puta madre contesten los blackberry ratas traidoras… (Cartel de Sinaloa) CDS”, transcribía la última manta colgada en un puente cercano a la Plaza Paseos de La Paz.

(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: cortesia Reportajez BCS /Investigaciones Zeta /Martes, 17 mayo, 2016 12:30 PM)


EN MÉXICO ANALIZARÁN COLAPSO EN LA ESCÉNICA‏


Desde la capital del país, el próximo jueves 16 de junio, los miembros del Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México analizarán  junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las “Fallas en la autopista Tijuana-Ensenada: en la Bahía Salsipuedes”. Foto: Internet  

El simposio organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) tiene un programa de diez horas cuya clausura estará a cargo del director de Servicios Técnicos de la SCT, Clemente Poon Hung, quien se hizo cargo de la obra en Ensenada.

Los temas que se tratarán, según el itinerario publicado en la página oficial de la SMIG son: el modelo geológico, reseña histórica de fallas durante la construcción y posteriores, fallas y soluciones en la Bahía, problemas en sitios de la Bahía y fallas posteriores, diseño y construcción de sistemas de drenaje como pozos y galerías, propuesta de ruta alterna y conclusiones.

Los investigadores de Ciencias de la Tierra del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese) no fueron convocados para participar según confirmaron geólogos de la institución.

El 28 de diciembre del 2013 colapsó un tramo de la carretera escénica a la altura del kilómetro 93+500 misma que permaneció cerrada por casi un año. 

La obra de reconstrucción de la zona que costó casi mil millones de pesos a cargo de la compañía Constructora Makro S.A. de C.V.  pero aún no culminan los trabajos de construcción.


(SEMANARIO ZETA/ FOTO: ARCHIVO ENSENADA/  LORENA LAMAS / MIÉRCOLES, 18 MAYO, 2016 12:51 PM)

HABITANTES DE NAHUATZEN INCENDIAN VEHÍCULOS PARA PRESIONAR A GOBIERNO DE MICHOACÁN


Habitantes de Nahuatzen, Michoacán, incendiaron ayer, casi a la media noche, una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como un camión repartidor de la empresa Coca-Cola, con la finalidad de ejercer presión para que se cumpla su exigencia de terminar el conflicto que mantienen con autoridades estatales y municipales.

Los habitantes le prendieron fuego a los vehículos, luego de recibir una llamada en la que un funcionario estatal les informó que la reunión que tenían contemplada para este miércoles con el Secretario de Gobierno estatal, Adrián López Solís, no se llevaría a cabo.

Además, os pobladores aún tienen en su poder cerca de 30 unidades de diversas empresas, incluyendo una camioneta repartidora de tanques de gas, y amagan con prenderles fuego también.

Los disturbios comenzaron el martes cuando decenas de pobladores arribaron al Palacio Municipal y desarmaron a los policías para luego cerrar los tres accesos a la localidad.

Los manifestantes exigen que la Policía local sea integrada con agentes propuestos y avalados por la comunidad, ya que a los actuales los acusan de presuntos vínculos con la delincuencia.

Tras indicar que no quieren “un gobernador de fotografía, que solo pose ante las cámaras y no resuelva los problemas de sus estado”, los habitantes de Nahuatzen le dieron un ultimátum al mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, y le advirtieron más quemas de vehículos y el encarcelamiento de los funcionarios y regidores del ayuntamiento, si no les resuelvan sus peticiones.

Sobre las armas que les quitaron a los siete policías retenidos el martes pasado, los habitantes de Nahuatzen informaron en asamblea que se las van a entregar a las autoridades, pero hasta que lleguen a un acuerdo y se cumplan sus demandas.

Desde hace más de 10 meses, los habitantes de Nahuatzen exigen mejorar seguridad del municipio, además, quieren poder de decisión en el manejo de recursos públicos, así como la renuncia del presidente municipal, Miguel Prado Morales.

Sin embargo, el alcalde ha negado estos supuestos nexos con grupos criminales y acusado al movimiento civil de perseguir intereses políticos.

En febrero pasado, los manifestantes ya habían retenido más de 20 vehículos, incluidos seis autobuses, cuatro tráileres y unidades de reparto de empresa como Bimbo y Pepsi; quemaron dos.

En esa ocasión, el Gobierno del Estado aceptó a 57 propuestas del movimiento para integrarlos a la Policía, condicionado a la aplicación de exámenes de control y confianza. De ese grupo, sólo 37 se presentaron a las pruebas y de éstos aprobaron apenas 11.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Jueves, 19 mayo, 2016 05:45 AM)

JUZGAN EN ALEMANIA A DIRECTIVOS DE HECKLER & KOCH, QUE VENDIÓ ARMAS ILEGALES A GUERRERO


El diario alemán Stuttgarter-Zeitung informó que varios ex empleados y directivos de la empresa Heckler & Koch serán juzgados por violar la Ley de Control de Armas al vender rifles de asalto G36 a zonas de conflicto en México, entre ellos el estado de Guerrero, en donde el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Norma Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La corte de Stuttgart admitió la acusación presentada en noviembre por la Fiscalía en la que se afirma que los acusados estuvieron implicados, entre 2006 y 2009, en el envió ilegal de armas y accesorios a zonas mexicanos donde no había permiso para ello.

A pesar de que trece personas investigadas quedaron absueltas tras la investigación, los acusados son dos ex directores, dos ex gerentes de marketing, así como una representante de ventas de la armería.

En Diciembre de 2014 la prensa alemana aseguró que entre las armas confiscadas por autoridades mexicanas a la policía de Iguala había fusiles de Heckler & Koch, empresa que no tenía permiso de exportación a los estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, entidades donde estaban prohibidas debido a las constantes violaciones a los derechos humanos.

Así a México entraron 9 mil 652 fusiles de asalto G36 y mil 924 de estas armas fueron destinadas a policías de Guerrero durante 2006 y 2009.

En el documental Exportaciones Mortales, del cineasta alemán Daniel Harrich, muestra, con base en una profunda investigación, que balas de fusiles de asalto G36 fueron disparadas en los ataques a normalistas en 2012 y 2014 incluido el asesinato del joven que fue desollado, Julio César Mondragón Fontes.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/Miércoles, 18 mayo, 2016 10:23 AM)

BCS, LA NARCOGUERRA QUE ESTÁ Y LA QUE VIENE


A Baja California Sur el Gobierno federal no ha enviado ni fuerzas especiales, ni federales.

Mientras el Gabinete de seguridad de la administración de Enrique Peña Nieto se concentra en estados donde la inseguridad se ha desbordado y las autoridades han sido rebasadas por los criminales y narcotraficantes, como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, entidades que habían sido pacíficos están en el umbral de una violencia sin precedentes.

Baja California Sur ha sido un paraíso turístico. Particularmente Los Cabos y la capital, La Paz, han sido destinos preferidos por el turismo proveniente de los Estados Unidos y Europa.

De hecho se había mantenido como una de las entidades con los menores índices de violencia producto del narcotráfico. Llegó incluso a registrar cero ejecuciones en los años en que la frontera norte de México se encontraba en llamas.

La calma de esa prodigiosa península, un verdadero prodigio de la naturaleza, pasó a la historia a raíz de malos gobiernos como el de Narciso Agúndez Montaño, entonces del Partido de la Revolución Democrática –incluso el ex mandatario piso la prisión por malos manejos-, que mantuvo la criminalidad impune e hizo de Baja California Sur un refugio de narcotraficantes.

Fue ahí donde se les protegió a miembros del cártel Arellano Félix quienes navegaron el mar de Cortez, se enfiestaron en tierra y vivieron con tranquilidad dado que no había autoridad local que los estuviese investigando o persiguiendo, mientras la federal volteaba a ver a otro lado.

En Baja California Sur detuvieron en 2006 a Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, elementos del FBI mientras departía con otros miembros de su organización en un yate, supuestamente en aguas internacionales.

Ahí mismo en 2010, en La Paz, fueron aprehendidos los líderes de la célula -ya para entonces al servicio del Cártel de Sinaloa- de Teodoro García Simental, “El Teo”; Raydel López Uriarte “El Muletas”, y José Manuel García Simental, “El Chiquilín”, quienes, durante los cuatro años anteriores, habían mantenido a Baja California como su zona de guerra contra el cártel Arellano Félix, dejando miles de muertos al norte de la península.

Desde el extremo sur “El Tigrillo”, “El Teo”, “El Muletas”, “El Chiquilín” seguían manejando vía celular y radio comunicación su multimillonario e ilícito negocio de las drogas en otros estados de la República sin que nadie los molestara.

En Baja California Sur también y en 2012, elementos de la marina mexicana, estuvieron a punto de detener en Los Cabos a Joaquín Guzmán Loera mientras vacacionaba en una mansión en aquel destino turístico donde sabía que nadie lo buscaría.

Algún mal elemento avisó al capo del operativo para aprehenderlo y cuando las fuerzas armadas llegaron él narcotraficante sinaloense ya no estaba ahí.

A finales de 2013, también en Los Cabos, un sicario disfrazado de payaso, al servicio de José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Antrax”, asesinó a Rafael Arellano Félix cuando celebraba su cumpleaños número 60 acompañado de personalidades de la política, los espectáculos y el deporte.

Y ahí mismo en la península sudcaliforniana residen ahora presuntos narcos en el retiro. La vida les es confortable en aquellas tierras remotas donde se empieza a detonar una guerra criminal.

A pesar de estos antecedentes, de estar documentada la actividad recreativa de los narcotraficantes en Baja California Sur, el Gobierno de la República no ha elaborado una estrategia para contener la violencia que se viene. No hay operativos especiales, ni una alerta roja.

Ante el evidente abandono de la autoridad para procurar el orden, la justicia, los criminales han dejado de ver a Baja California Sur como un lugar de recreo y lo han convertido en un centro de distribución de drogas de Sinaloa a Baja California y de ahí a los Estados Unidos.

Como toda zona de distribución de narcóticos, una parte de los cargamentos se quedan para el consumo local, creando comunidades adictas que sustentan el narcomenudeo, otro dolor de cabeza para la sociedad local.

A la segunda captura de Joaquín Guzmán Loera, un reacomodo interno en el Cártel de Sinaloa enfrentó a Los Dámaso, liderados por Dámaso López Núñez, quienes se escindieron del grupo de Ismael “El Mayo” Zambada, y tomaron el territorio sudcaliforniano para iniciar su guerra.

Otras organizaciones criminales se han asentado en el antes paradisiaco destino que hoy, debido a la inseguridad y violencia, cuenta con una alerta de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que sus ciudadanos no visiten aquella región de México.

Entre los otros grupos criminales aposentados en La Paz y Los Cabos, aparte del cártel Arellano Félix figura una célula de los Beltrán Leyva, e incluso se ha reportado la presencia de Zetas. Además, un informe reciente de la DEA (Agencia Federal Antidrogas de la Unión Americana), refiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con bases para delinquir y trasegar droga en La Paz y Los Cabos.

Sin presencia policíaca federal, y ante la falta de una estrategia de contención de la inseguridad por parte del Gobierno de la República y de las autoridades locales, los criminales organizados se han asentado en Baja California Sur.

La guerra la han declarado y por lo menos cuatro cárteles la encabezan: Células de Arellano, de Sinaloa, de Los Dámaso, de Jalisco Nueva Generación.

En los últimos meses, Policías han sido atacados mientras ciudadanos son testigos vulnerados de balaceras en el día y en la noche.

Con enfrentamientos contra elementos de seguridad, la quema de vehículos, el asesinato de dos policías y el atentado a Luis Alejandro Osorio Álvarez, Comandante de la Policía Estatal Preventiva, los criminales han dejado la guerra entre ellos, para declarársela a la autoridad.

Aun así, Baja California Sur no ha sido objeto de atención ni del Presidente Enrique Peña Nieto ni del encargado de la seguridad nacional, el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Detenida en 2015 Melisa Margarita Calderón Ojeda “La China”, líder de célula de Los Dámaso en Baja California Sur, ha trascendido que en sus declaraciones en la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada) la mujer ha delatado la red de corrupción que su organización criminal tenía –o tiene- en las corporaciones locales, municipales y estatales, para mantener la ilícita actividad al margen de la ley.

Pero esta información tampoco ha sido debidamente analizada ni operada por el Gobierno Federal para llevar a la aprehensión de policías y funcionarios corruptos.

Baja California Sur está en el abandono por parte del Gobierno federal.

Lejos del centro del país, lo que ha sido conocido como un paraíso para los turistas se ha convertido en años recientes en una verdadera batalla campal entre los cárteles que se disputan ahora este codiciado territorio. Y nadie dice nada.

No será Tamaulipas, o Guerrero, pero la entidad gobernada por el panista Carlos Mendoza Davis requiere en este momento, atención de las fuerzas federales, para detener la ola de violencia que afecta a los ciudadanos, que pone en riesgo la seguridad nacional, y que ya llamó la atención del Gobierno de los Estados Unidos.

De seguir así existe el riesgo de ver a Baja California Sur sumarse a la lista de estados al borde del caos como es el caso de Guerrero y Tamaulipas.

México merece un gobierno atento y capaz de poner fin a la narcoguerra que cada vez se extiende a más territorios ante la mirada atónita de los ciudadanos que tal vez nunca esperaron ver el lugar convertido en una zona de balaceras y muerte.


(SEMANARIO ZETA/ FOTO: ZETA / ADELA NAVARRO BELLO /MIÉRCOLES, 18 MAYO, 2016 02:00 PM)