miércoles, 11 de mayo de 2016

EL ORIGEN DE LA NARCOVIOLENCIA EN ACAPULCO, SEGÚN TESTIGOS PROTEGIDOS


CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Desde hace cinco años, José Jorge Balderas Garza El JJ, detenido por sus presuntos nexos con el narco, declaró ante la Procuraduría General de la República (PGR) que tras la caída del capo Arturo Beltrán Leyva y la detención de Édgar Valdez Villarreal La Barbie, los criminales de Acapulco que se asumieron como independientes no tenían los contactos para traficar droga y los definió como simples delincuentes sin cabeza acostumbrados al robo, secuestro y extorsión.

Las declaraciones ministeriales de dos testigos protegidos de la PGR, entre ellos un ex operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva y El JJ, refirieron que desde 2008 autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército han brindado protección a la estructura del extinto capo Arturo Beltrán Leyva El Barbas en Acapulco.

El testigo protegido con nombre clave Zajed –quien dijo que fue operador financiero de la extinta estructura de los hermanos Beltrán Leyva en Quintana Roo y Guerrero de 2008 a julio de 2009–, aseguró que durante un fin de semana en el puerto se llegaban a recaudar hasta cuatro millones de pesos “sólo por la venta de droga”.

También afirmó que la policía porteña recibía 500 mil pesos semanales a cambio de impunidad y que el encargado de recibir el dinero era un comandante de apellido Frías. Agregó que en la nómina de esa estructura criminal también había “políticos locales y oficiales del Ejército” que forman parte de una amplia red de protección para las operaciones de lavado de dinero, trasiego y venta de droga en la zona.

Las declaraciones ministeriales forman parte del expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/218/2011, al cual tuvo acceso Apro. El documento fue integrado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) contra operadores del grupo denominado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) detenidos durante diversas operaciones.

El 22 de agosto de 2011, Apro publicó la nota titulada “Los Beltrán compraron todo Acapulco, revelan expedientes de la SIEDO” (ahora SEIDO), en la que se advirtió el grado de infiltración de políticos, autoridades civiles y castrenses coludidos con el narco en el principal destino turístico y hoy el más violento del país.

Un lustro bastó para la pudrición de Acapulco, donde los hechos han exhibido el fracaso de la estrategia policiaco-militar que dirige el Ejército, que mantiene colapsada la actividad económica y a una sociedad en crisis ante los niveles de impunidad y violencia.

LA PANDILLA DEL CIDA

Un mapeo criminal realizado en octubre pasado por la Fiscalía General del Estado (FGE) refirió que, actualmente, la estructura de la pandilla del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) abarca cinco sectores del puerto de Acapulco y mantiene una confrontación con remanentes de los Beltrán Leyva por el control de las calles porteñas.

A pesar de que las autoridades tienen bien identificados a los líderes de cada sector al servicio de ese cártel y su modus operandi, no han logrado revertir los efectos de la narcoviolencia.


JOSÉ JORGE BALDERAS GARZA EL JJ

La violencia en Acapulco se recrudeció a partir de que los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva emprendieron una confrontación contra el CIDA para recuperar lo que fue su bastión durante la administración del exgobernador y actual senador priista René Juárez Cisneros, uno de los principales beneficiados con posiciones clave en la administración del actual mandatario Héctor Astudillo Flores.

El otro acaparador de cargos en la administración estatal es el exalcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños, señalado por sus presuntos nexos con La Barbie.

Para entender el nivel de contubernio entre autoridades y el narco en Acapulco es necesario revisar la historia del origen del CIDA, narrada por personajes que formaron parte del extinto cártel de los  Beltrán Leyva.

El 22 de agosto de 2011, la agencia Apro informó que el testigo Némesis –sobrenombre que le dio la PGR a El JJ–, afirmó que después de la detención del capo Édgar Valdez Villarreal La Barbie, en ese mismo mes, la estructura que dejó en manos de su suegro Carlos Montemayor El Charro se fracturó, debido a que los operadores de Acapulco decidieron no asumir el mando y conformaron el CIDA.

El CIDA, agregó el testigo, asumió el control “de toda la delincuencia” en Acapulco y los principales operadores eran Benjamín Flores Reyes El Padrino y Moisés Montero Álvarez El Koreano, ambos detenidos por la Policía Federal, el 1 de marzo y 1 de agosto del 2011, respectivamente.

También operaba Víctor Aguirre Garzón, señalado como sobrino del exgobernador Ángel Aguirre y detenido en marzo de 2015, así como Carlos Antonio Barragán Hernández El Melón. Este último es el único de los fundadores del CIDA que sigue libre y opera en este destino de playa.

Los cuatro líderes del CIDA fueron definidos por el testigo Némesis como “delincuentes sin cabeza” que se dedicaron a robar, extorsionar y secuestrar porque “no tienen los mismos contactos” de La Barbie para el tráfico de drogas. De hecho, dijo que durante la época de esplendor del cártel de los Beltrán Leyva, ellos “simplemente eran sicarios”.

Posteriormente, el CIDA sufrió una escisión de la que surgió el grupo denominado La Barredora, que dirige Cristian Hernández Tarín, el hijo de El Chaky, y Heber Jair Sosa El Cremas. El primero fue detenido en octubre de 2011 y el segundo lidera la pandilla denominada ahora La Mochomera, que mantiene confrontación con las células del CIDA.

EL OPERADOR FINANCIERO DE LOS BELTRÁN LEYVA

Con estudios de ingeniería con especialidad en redes bancarias y “experiencia laboral” en instituciones bancarias, el testigo Zajed declaró ante un Ministerio Público federal el pasado 1 de junio de 2011 en la Ciudad de México. Ahí aseguró que durante el año que se desempeñó como operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva manejaba los fondos de la organización criminal que generaban los secuestros, extorsiones, narcomenudeo y tráfico de cocaína a escala.

“Mi función principal era el pago de la nómina a funcionarios del ámbito municipal, estatal y federal que fueron cooptados por la organización para dar protección y dar las facilidades a las operaciones del cártel en los estados de Guerrero, Nuevo león y Quintana Roo”, dijo Zajed en su declaración ministerial.

Semanalmente, refirió el testigo, asistía a reuniones denominadas “Juntas de Jefes de Plaza”, que se realizaban en propiedades del capo Arturo Beltrán en Acapulco: una residencia ubicada “en el fraccionamiento Las Brisas y un rancho que se ubica por Puerto Marqués”.

Zajed señaló que a estas reuniones que presidía El Barbas asistían los servidores públicos, policías y militares que estaban al servicio de la organización. Ahí se discutían “su participación y responsabilidad” en operativos federales o locales con el objetivo de no afectar las actividades del grupo criminal y mantener la plaza tranquila, según el expediente consultado por Apro.



Edgar Valdez Villarreal, La Barbie. Foto: Miguel Dimayuga.

El ex operador financiero de los Beltrán señaló que la zona conurbada de Acapulco, específicamente la colonia Ciudad Renacimiento, es uno de los principales centros de distribución de droga al menudeo, ya que fue convertido por autoridades locales en la “zona de tolerancia” del puerto, así como “la aduana o filtro” de acceso al balneario, donde sicarios permanecen para vigilar la zona.

A El Melón, el testigo Zajed lo ubica como uno de los sicarios que estaba bajo las órdenes directas del capo Arturo Beltrán. De Moisés Montero Álvarez El Koreano, dijo que era uno de los consentidos de El Barbas y de La Barbie porque su función era distribuir todo tipo de armas para abastecer a la estructura criminal que operaba en Guerrero, Morelos y el Estado de México.

Zajed manifestó que el arsenal era conseguido en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, y El Koreano se encargaba de llevar las armas a Acapulco, Cuernavaca y a territorio mexiquense.

Todas estas operaciones eran coordinadas por Miguel Ángel Moreno Araujo El Buche, considerado como “el hijo adoptivo” de Arturo Beltrán y el más violento de los pistoleros de la organización criminal. Sin embargo, fue abatido junto a El Barbas en diciembre de 2009 en Cuernavaca, según Zajed.

‘EL JJ’, TESTIGO PROTEGIDO

El testigo protegido Némesis rindió su declaración ministerial el 7 de marzo de 2011 en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, con el propósito de aportar información relacionada con actividades del narcotráfico realizados en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo. El detenido dijo que perteneció al cártel de los Beltrán Leyva, según el expediente oficial.

El testimonio se enfocó en detalles sobre los hechos ocurridos después de la captura de La Barbie el 30 de agosto de 2010 y la confrontación entre su suegro Carlos Montemayor El Charro, detenido en noviembre pasado y los operadores de Acapulco que decidieron conformar el CIDA.

Al respecto, Némesis refirió que tras la detención de La Barbie, su suegro se comunicó con El Padrino y El Koreano para decirles que él se iba a hacer cargo de la organización, de los sueldos y el pago de las autoridades locales para que todo siguiera igual “con cero mamadas”.

Pero los operadores de La Barbie no le hicieron caso y decidieron actuar por su cuenta. Junto al operador de La Barbie en el Estado de México, identificado como El Compayito o La mano con ojos –recientemente detenido– pretendieron formar un cártel regional, dijo.

Sin embargo, el caso de los 20 michoacanos que fueron levantados en Acapulco durante septiembre de 2011 y el posterior hallazgo de 18 de ellos en una narcofosa en la zona rural de este destino de playa, prácticamente marcó la debacle del grupo de La Barbie.

Al respecto, Némesis contó que tuvo una plática con El Charro, quien le dijo que el grupo de El Melón, El Padrino y El Koreano levantaron a unos michoacanos porque aseguraban que formaban parte del cártel de La Familia Michoacana: “Ya les dije que no se pasen de madre y que los suelten, pero los culeros no me quieren hacer caso”, expresó el suegro de La Barbie.

El testigo relató otra conversación con El Charro, en la que éste le informó que los líderes del CIDA ya habían matado a los michoacanos y que lo responsabilizaron de esta masacre, a través de mantas que fueron colocadas en sitios públicos de Acapulco, donde anunciaban la separación de la estructura de La Barbie.

Enseguida, El Charro le pidió a Némesis que le prestara “gente” para “ponerles en la madre” a los líderes del CIDA. En respuesta, Némesis soltó: “pero le dije que iba a platicar con la raza para ver quién se quería ir con él, es decir, le di la vuelta porque yo tenía mis propios problemas, porque muy seguido salía mi nombre en la televisión relacionándome con el atentado de Salvador Cabañas”.

A principios de enero de ese año, José Jorge Balderas Garza, El JJ –señalado como el responsable del atentado contra el futbolista paraguayo Salvador Cabañas–, fue detenido por la Policía Federal en una zona residencial de la Ciudad de México y posteriormente traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Las autoridades federales vincularon a El JJ con el cártel de los Beltrán Leyva y posteriormente con la estructura de La Barbie, situación por la que el testimonio Némesis se convirtió en una prueba de que Balderas Garza se apegó al polémico programa de la PGR y fue utilizado por la SEIDO contra uno de los grupos que mantienen una cruenta guerra en Acapulco por el control de esta plaza donde las autoridades han sido cómplices de este baño de sangre.


(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL / EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 9 MAYO, 2016)

EL DOCUMENTO ÍNTEGRO Y AUTÉNTICO SOBRE LAS CUENTAS OCULTAS DE TELEVISA


Ciudad de México.- El miércoles 4 de mayo, la revista Proceso recibió un documento anónimo de 15 cuartillas en el que exhibe las cuentas “ocultas” de Grupo Televisa con gobernadores, partidos políticos y el gobierno federal mexicano, y que fue enviado a tres autoridades de Estados Unidos el 20 de abril, entre ellas la Securities and Exchange Commission, máxima autoridad de regulación bursátil de ese país.

En su edición 2062 que está en circulación, Proceso publicó, a partir de ese documento, el reportaje titulado EU: Investigan las cuentas oscuras del consorcio Televisa

Proceso publica íntegro el documento en su versión original junto con su traducción al español.

En redes sociales está circulando un documento similar, pero con agregados que no están en el escrito original recibido por Proceso.




(ZOCALO/ PROCESO/ 11/05/2016 - 07:36 PM)

AMENAZAN DE MUERTE A ‘LAS MORRAS’ POR VIDEO SOBRE ACOSO A MUJERES


Ciudad de México.- Cuatro jóvenes mexicanas han causado una nueva controversia en el país acerca de los derechos y libertades de la mujer, con un video que muestra el duro acoso callejero que sufren en la Ciudad de México y por el cual han recibido numerosos insultos e incluso amenazas de muerte en la red.

"Nuestros teléfonos están todo el día sonando con notificaciones de acoso, amenazas, y nos mandan fotos de mujeres descuartizadas. (...) Al principio nos acosaban con comentarios sobre nuestra apariencia y luego siguieron las amenazas de muerte”, afirma una de las chicas, que pide mantener el anonimato por temor a represalias.

Tienen entre 18 y 28 años y en el video “Las morras (chicas) enfrentan a sus acusadores”, dos de ellas andan por las calles de la capital vestidas de negro, mientras otras dos compañeras graban con una cámara oculta todo lo que sucede a su alrededor.

Especialmente en las calles del centro histórico, las jóvenes reciben todo tipo de silbidos, gritos y palabras malsonantes o destinadas a captar su atención.

“¡Qué chulas tangas!”, grita un desconocido, en una calle con decenas de personas. “¡Chinitas! (de pelo rizado). ¡Me caso, eh!”, les advierte otro.

“Esas de negro... ¡Wow!”, les dice otro hombre, apoyado por los gritos de más gente.

En otra escena se ve un chico que las sigue y termina masturbándose detrás de ellas, y en otro momento de la grabación un hombre le comenta a su amigo cuando se cruza con las jóvenes: “Son lesbianas”.

Destapamos una alcantarilla de lo peor que hay en México. La homofobia, el clasismo... Nos llaman negras, gordas, sirvientas, y son homofóbicos, misóginos y sexistas, todo lo destapamos”, explicó una de las jóvenes.



En el video, las chicas se encaran al asediador tras recibir los comentarios: “¿Tienes algo que decirnos?” “Si no tienes nada que decirme, ahórratelo”, le espetan.

En la gran mayoría de casos, al ser confrontados, los hombres no saben qué decir y se disculpan.

“Esperamos dar este mensaje a las mujeres de que los espacios públicos son nuestros. Quizás enfrentar a los acosadores no sea la respuesta, pero es un buen ejercicio para arrancarles el poder y recuperarlo un poco nosotras”, consideró.

El video se publicó el pasado 6 de mayo y ya acumula unos 260 mil visionados en YouTube, todo un éxito que se ha saldado con “muy buenos comentarios” de activistas y feministas, pero muchos otros negativos, indicó la chica.

Provienen tanto de hombres como de mujeres y algunos son muy insultantes, metiéndose mayoritariamente con su apariencia física o juzgándolas por la actitud desafiante que mantienen ante los hombres.

Otros son directamente amenazadores. Y es por ello que el martes acudieron a la Policía Cibernética de la Ciudad de México para presentar una denuncia por los mensajes más violentos, señaló.

A pesar de ello, no piensan dejar de realizar acciones para escenificar las dificultades que tiene la mujer en México para hacer valer sus derechos y ya están pensando en otras acciones que destapen la violencia machista o la problemática del aborto.

El acoso público a las mujeres es un grave problema en la Ciudad de México, donde el 65% de las usuarias del Metro lo ha sufrido, según datos del instituto demoscópico YouGov.


(ZOCALO / Agencias/ 11/05/2016 - 03:33 PM)

DEUDA, VIOLENCIA, OPACIDAD... LO QUE DEJAN LOS GOBERNADORES QUE SE VAN ESTE AÑO

(riodoce/sinembargotv/ 11 de mayo 2016)

MAGIA NEGRA: ENCUENTRAN MUÑECOS VUDÚ ESCONDIDOS EN PANTEÓN


En el lugar se encontraron unas figuras dentro de un frasco quemado



Los restos en el lugar de los hechos

Coahuila.- Como si se tratara de una película de terror, cerca de la media noche del día de ayer, un grupo de elementos de seguridad encontraron en las inmediaciones de un panteón, diversos objetos con los que, presuntamente, alguien le estaban haciendo "brujería" a dos personas.

Según relató Zócalo, en el lugar fueron encontrados muñecos vudú con alfileres clavados, muñecos dentro de un frasco, y otros más detrás de una tumba,



ELEMENTOS SOSPECHOSOS

Las autoridades se percataron de esto, debido a que la medianoche de ayer, un grupo de personas acudieron al cementerio a cantar "Las Mañanitas" a sus madres difuntas, cuando un elemento de seguridad del lugar, encontró las figuras.

Ahí se encontró entre las tumbas, un frasco donde se encontraban los muñecos dentro con un puñado de tierra en su interior.

Las estatuillas tenían los nombres de María Esther Ramírez y Juan Servando Ramírez escritos en ellos, y tenían clavados alfileres en la cabeza y corazón.

Según algunos testigos, el alfiler clavado en el corazón podría provocar un infarto o muerte cerebral, y a los muñecos se les vendaron los ojos con el fin de que las víctimas "no pudieran ver más a allá", y no supieran quien les realizó este tipo de práctica.

Al percatarse de esto, los policías destruyeron el frasco donde estaban los muñecos, quienes al parecer, son hermanos.

¿CÓMO FUNCIONA ESTO?

Según relató un testigo a Zócalo, las agujas son utilizados para obras de brujería en muñecos o fotos con el nombre de la persona a quien se le hará el mal.

Generalmente son clavadas en el vientre, para enviar espíritus de aborto; en el corazón para enviar espíritus de infarto; en los riñones, para enviar espíritus de infección; en los oídos para enviar espíritus de sordera, o en la boca espíritus de mudez, según información de Zócalo.

Cuando esto se lleva a cabo, la persona afectada, podrá sentir punzadas o pequeñas descargas eléctricas en la parte donde esto se aplique.


(EL DEBATE/ ISRAEL BELTRÁN BÁEZ/ 11 DE MAYO 2016)

"SI NO HACÍA LO QUE ME DIJERON IBAN A VIOLAR A MIS NIÑAS"


La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en n basurero de Cocula

México.- La agencia de noticias The Associated Press (AP) pudo documentar 10 casos de presunta tortura contra sospechosos de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre de 2014, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.

En documentos obtenidos por la AP, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guion casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.


Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.

Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los diez archivos conseguidos por la AP, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos.

“EN EL TRANSCURSO DEL CAMINO ME IBAN DANDO ELECTRICIDAD EN LOS TESTÍCULOS Y EN TODO EL CUERPO”  

 Declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.

“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino”, dijo Reyes Landa a un juez, de acuerdo con los documentos. “Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeron iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”.

La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.

Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.

Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.

En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la policía federal y las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cartel Guerreros Unidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) asevera que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que fueron entregados por la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.

Hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de torturas.

Según un informe de médicos de la fiscalía mexicana, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, este tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o “chicharras”) en abdomen y muslos”.

Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un detective de la PGR abusó de él horas después de su detención en febrero del 2015.

“El señor aquí presente fue un uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plásticos, y además me violó con una pieza metálica“, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia el detective Gabriel Valle Campos, según los documentos.

“ME AMENAZÓ CON QUE IBA TORTURAR A MI FAMILIA, A MIS HIJOS DE LA MISMA FORMA EN QUE LO ESTABA HACIENDO CONMIGO”.   

Eber Betanzos, subprocurador que supervisa el caso del gobierno, dijo que no puede comentar respecto a las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se le está haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido torturados.

Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucran “mayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR”.

Señaló que la Procuraduría General inició nueve investigaciones de torturas y que la mayoría de las denuncias abarcan “heridas que dejan huella”, como moretones, cortes y equimosis (moretones).

Recientemente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, el primer sospechoso que identificó el sitio donde los restos de los estudiantes incinerados habían sido presuntamente tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con los estudiantes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, expresó dudas sobre el testimonio de García Reyes luego de que circularan fotos y videos en los que aparece caminando junto al río con Tomás Zerón, investigador jefe de la PGR, un día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.

Eso hizo pensar que la evidencia había sido colocada allí. En medio de acusaciones de manejos irregulares, Zerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se le ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. Eso daría crédito al argumento de los procuradores, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos.

En los documentos obtenidos, García Reyes dice que fue torturado por horas, durante las que se le dijo lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.

“Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada”, relató García Reyes.

“ME DECÍAN MÁS VALE QUE ME DIGAS A DÓNDE ESTÁN PORQUE SI NO VAMOS A MATAR A TU ESPOSA Y TU HIJO Y A TI TAMBIÉN“.   

“Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran”, agregó. “Me llevan al río y me dicen en la camioneta ‘ahorita tú vas a hacer como si tú hubieras tirado las bolsas al río y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron enseguida donde ya tenían una bolsas de plástico, las señalé como diciendo que yo las conocía”.

A pesar de la denuncia de que fue torturado, no obstante, se puede ver a García Reyes, en un video de la fiscalía, aparentemente caminando normalmente, sin signos visibles de haber sido maltratado.

Según Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana de México, es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos.

Pero agregó que, “en el contexto de México, donde la tortura es generalizada… toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto”.

(Con información de AP).

(EL DEBATE/ REDACCIÓN/ 11/05/2016 - 10:00 HS)

NULAS, ACTUACIONES DE FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN


“Cuestionable su creación”: Lozano Gracia…

El hoy abogado del ex gobernador Guillermo Padrés Elías aseveró que “esta Fiscalía Anticorrupción, hay que mencionar que tiene una creación absolutamente cuestionable, porque se creó por una modificación al reglamento, hay una iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional para crear una Fiscalía Anticorrupción pero esa no se ha procesado”…

Hermosillo, Sonora (DP).- El ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, dejó más dudas que respuestas en la entrevista con Ciro Gómez Leyva sobre el actuar de la Fiscalía Anticorrupción de quien dijo “todas las actuaciones que haga serán nulas porque no está formada constitucionalmente”.

El hoy abogado del ex gobernador Guillermo Padrés Elías aseveró que “esta Fiscalía Anticorrupción, hay que mencionar que tiene una creación absolutamente cuestionable, porque se creó por una modificación al reglamento, hay una iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional para crear una Fiscalía Anticorrupción pero esa no se ha procesado”.

Antonio Lozano Gracia asegura que la Fiscalía Anticorrupción no tiene fundamento ni está constitucionalmente facultada para lleva a cabo estas diligencias.

Planteó que “de pronto se cambia sólo el reglamento lo cual a través del reglamento no se puede crear áreas, eso tiene que ser en la ley de la institución, pero aquí se creó sólo a través de un reglamento, así es que nosotros estamos en la condición de que está mal formada por este mecanismos que se utilizó para no entrar en una reforma legal de la Ley de la Procuraduría y sólo vía de modificación de reglamento hacerla”.

Tras asegurar que todas las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción son nulas porque constitucionalmente no existe, Antonio Lozano Gracia aseveró que la propiedad cateada no es un rancho sino la casa de Guillermo Padés, que vale 9 millones de pesos y que tiene una extensión de sólo 6 hectáreas.

Sobre las causas del cateo, dijo que “no las conocemos, pero hasta donde sabemos y se dice en los medios, son las mismas acusaciones que se están ventilando acá en PGR; y ahora surge este cateo en la casa de Guillermo Padrés, es la casa de Guillermo Padrés, y se dice se cateó un rancho con grandes instalaciones… son 6 hectáreas, qué valor… 9 millones, no sabemos por qué el cateo”.

El ex fiscal nacional de extracción panista expuso que “de marzo a abril del año pasado, como todos lo sabemos, se empezó a ventilar en diversos medios de comunicación diversas acusaciones que aquí tratamos de sintetizar, el inexplicable incremento del valor de los ranchos, concesión irregular de pozos, de 6 pozos, construcción de una presa, soborno para la licitación en la fabricación de uniformes, auditorías fiscales tramposas, Isssteson con supuestos desvíos de recursos es lo que se dice en medios”.

Precisó que “ahora, de parte de esto, hay algunas otras cosas que se han mencionado en medios que no están acá, por lo que se formaron 2 Averiguaciones Previas el año pasado, son denuncias de noviembre del 2014 cuando todavía era gobernador Guillermo Padrés, ahí se formularon las denuncias y vinieron a la PGR y se formularon averiguaciones”.

Lozano Gracia describió que “cuando se conocieron todas estas acusaciones en contra del ex gobernador, acudimos a la Procuraduría, concretamente en abril del 2015, en un escrito de Guillermo Padrés dijo Guillermo Padrés a la Procuraduría he visto acusaciones en los medios, que se me involucra en la supuesta comisión de varios delitos y que supuestamente hay Averiguaciones Previas abiertas aquí en la PGR... quiero ponerme a su disposición, eso fue en abril del año pasado, eso fue hace ya más de un año”.

Aseguró que “recibimos una contestación en el mes de mayo diciendo se le citará cuando se considere conveniente; volvimos a presentar nuevamente un escrito poniéndose a disposición de la PGR por parte de Guillermo Padrés en agosto del año pasado, pero no lográbamos que se nos citara”.

Apuntó que “así es que se estaba vulnerando gravemente la garantía de audiencia, el debido proceso, la presunción de inocencia y nos vimos obligados a promover amparos para poder conocer quién acusaba a Guillermo Padrés, de qué lo acusaba, etcétera, etcétera”.

Dijo además que “a través de los amparos más o menos en el mes de noviembre del año pasado pudimos tener acceso a las 2 averiguaciones que están en PGR, así es que hemos empezado a conocer cuáles son las acusaciones, algunas de ellas el incremento inexplicable del valor dos ranchos”.

El abogado de Padrés Elías explicó que “estos 2 ranchos se decía, esa es su casa, esos dos ranchos tienen 300 hectáreas, uno de ellos fue comprado por el padre de Guillermo Pádrés, por el año de mil novecientos cincuenta y tantos, y otro por su abuela en el año de 1975; de ahí viene la propiedad de estos dos ranchos, del padre de Guillermo Padrés hoy propiedad de los hermanos de Guillermo Padrés entre ellos él”.

“Así es que cuando viene el procedimiento de sucesión en los años 2000 se genera un avalúo que dice que los ranchos en esos momentos valen 5 millones cada uno, estamos hablando de propiedad rural”, expone.

Narra que cuando se hace este reportaje por Denisse Mearker, que por cierto es el fundamento de una de las averiguaciones, se dice que como desaparece ese bordo o represa, se expresa ahí que hubo, que lo volaron, que se voló.

“Como hay esta insinuación o afirmación en medios, se acudió a la Defensa Nacional para que hicieran un dictamen si ese represo o bordo había sido volado; tenemos un dictamen de la Secretaría de la Defensa Nacional que no hubo un muro ni que se utilizaron explosivos... vino uno de estos fenómenos meteorológicos, no recuerdo cuáles, y se lo llevó, se llevó el represo”, fundamenta.

Expone que “como decía, estas 2 averiguaciones en PGR, que las estamos atendiendo, que estamos aportando pruebas, 172 pruebas de las cuales ya se han desahogado 170, estaríamos por desahogar 2, 3 o 4 pruebas para concluir, se inicia desde el 2014, tenemos acceso en octubre, noviembre del 2015 y de ahí para acá hemos analizado 100 Tomos que contienen estas 2 averiguaciones”.

Sostuvo que “de todas estas hemos aportado pruebas que demuestran con toda contundencia que no hay delito alguno… no hay delito alguno en contra de Guillermo Padrés”.


(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega/ 2016-05-11)

UBICAN A ROBERTO ROMERO EN EU


Autoridades informaron a PGR…

Figueroa Navarro apuntó que las autoridades norteamericanas informaron a la PGR que Romero López y su esposa, la ex diputada del Partido Acción Nacional, Mónica Robles, se internaron a la Unión Americana.

Hermosillo, Sonora (DP).- El delegado en Sonora de la Procuraduría General de la República, Darío Figueroa Navarro, reveló que Roberto Romero López ingresó a Estados Unidos el día que emitió la orden de aprehensión contra el ex secretario de Gobierno en Sonora.

Figueroa Navarro apuntó que las autoridades norteamericanas informaron a la PGR que Romero López y su esposa, la ex diputada del Partido Acción Nacional, Mónica Robles, se internaron a la Unión Americana.

El 29 de marzo, el delegado en Sonora de la Procuraduría General de la República, Ramiro Figueroa Navarro, informó que hasta el momento la PGR había integrado 50 Averiguaciones Previas contra ex funcionarios del Nuevo Sonora; en el caso de Villalobos Organista le será enviado un tercer citatorio y en caso de no acudir se hará uso de la fuerza pública.

Las promesas de campaña y los juramentos de justicia y cárcel para los ladrones del recurso público, siguen sin surtir efectos pues a casi 6 meses de administración, el ex gobernador Guillermo Padrés Elías y sus cómplices siguen gozando de su libertad.

El 13 de marzo se cumplieron 6 meses de gestión gubernamental de Pavlovich Arellano sin que hasta el momento se tengan avances en las más de 700 investigaciones por desvíos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada que pesan sobre el ex mandatario, su familia y sus principales colaboradores como Roberto Romero, que es buscado por la Interpol.

Promesas de 20, 30, 40 y hasta 60 años de prisión para el ex mandatario y sus cómplices salen del Gobierno del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del ISAF y de la Secretaría de la Función Pública pero todo queda en eso… simples promesas.

Padrés Elías no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa por parte del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano ni del presidente Enrique Peña Nieto; nunca hubo juicio político donde el actual secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, prometió llevar al ex gobernador al banquillo del Congreso de la Unión… y nada.

Romero López, Bernardo Campillo, Ricardo Ornelas, Carlos Navarro Sugich, Teresa Lizárraga, Agustín Rodríguez, Jorge Luis Ibarra, Carlos Villalobos Organista, Ortiz Ciscomani ni el mismo ex alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, han sido molestados por la justicia sonorense por el inclemente saqueo de más de 30 mil millones de pesos.


(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega/ 2016-05-11)

TRAGEDIA: MUEREN SEIS NIÑOS TRAS DOS INCENDIOS


En un primer siniestro fallecieron un menor de 4 años y uno de 2; en otro perdieron la vida 4 pequeños, de 7, 6, 3 y 1 año de edad

Hermosillo, Sonora.- Autoridades policiales informaron que, en dos incendios ocurridos en viviendas de los municipios de Magdalena de Kino y Hermosillo, de Sonora, murieron seis menores.

El informe preliminar de la policía hermosillense indica que el primer siniestro se registró aproximadamente a las 23:45 horas de ayer, en un domicilio ubicado en el poblado rural Miguel Alemán, de este municipio.

Destaca que tras el hecho una niña de 4 años de edad y un niño de 2 años murieron cuando recibían atención en la clínica del Seguro Social de esta ciudad, y de acuerdo con los médicos fue por intoxicación por monóxido de carbono.

En tanto, la Policía Municipal de Magdalena de Kino reportó un incendio después de las 03:00 horas de hoy en calles Madera y López Mateos, colonia La Victoria.

En ese siniestro murieron por quemaduras tres niños de 7, 6 y 3 años de edad, así como una niña de un año.

Ambas corporaciones refirieron que el Ministerio Público está a cargo de las indagatorias y ordenó que las instancias correspondientes realicen los peritajes para determinar las causas de los incendios.


(DOSSIER POLITICO/ Notimex/ 2016-05-11)

PEÑA NIETO VA POR LA JUSTICIA LABORAL


FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM / Jorge Dueñes

El Gobierno de la República busca desaparecer las Juntas de Conciliación, crear nuevos Juzgados y tribunales, judicializar los pleitos laborales, crear un organismo que registre contratos colectivos y tener un control nacional de los procesos de carácter colectivo. De aprobarse la iniciativa, los gobiernos estatales ya no tendrán injerencia en conflictos laborales  

La reforma en materia de justicia cotidiana presentada la semana pasada por Enrique Peña Nieto en el tema laboral, que contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación, tiene pros y contras.

El gran acierto es que de aprobarse la iniciativa, los conflictos laborales ya no dependerán operativa y económicamente de los gobiernos estatales, pues se resolverán ante jueces.

No obstante, sin hacer un análisis de los avances que ha tenido la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012, que considera como primordial la conciliación en un conflicto laboral y donde se contempla la figura de los “funcionarios conciliadores”, como parte del personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales, ahora Enrique Peña Nieto lanza una serie de ambiciosos cambios para la impartición de la justicia.

De acuerdo con el Colegio de Abogados Laboristas de Baja California, al cabo de tres años de aprobada la enmienda a la LFT, existen tribunales donde presupuestalmente no cuentan con dicho personal, además de que las Juntas federales son las que menos apoyo reciben y tienen gran carga de trabajo.

Ante tal escenario, el Presidente de la República pretende que en México se pueda dar una justicia pronta en favor de los trabajadores con la aprobación de dos iniciativas de reforma en materia laboral, dadas a conocer el 29 de abril de2016 y que modifican el modelo actual, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, generando un cambio a la Ley Federal del Trabajo para diversos procedimientos.

Se trata de ocho iniciativas de reforma constitucional y cuatro legales, fundamentadas en el Informe sobre Justicia Cotidiana, elaborado en abril de 2015 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y que contiene 217 recomendaciones y 20 acciones de inmediata implementación.

 Los cambios buscan sustituir los Juzgados tradicionales, donde los juicios son lentos y costosos (algunos duran años) para que la justicia laboral esté a cargo de Juzgados de Distrito y tribunales unitarios, en su lugar se creará un órgano conciliador de justicia optativa, lo que equivale a acciones que habrán de centralizar la justicia, y en ese sentido habría un retroceso, según advirtieron analistas consultados por ZETA.

Según información oficial, de los 2 millones 100 mil casos que se arbitran anualmente en las instancias de justicia, 13 por ciento se refiere a asuntos penales, el resto, 87%, son asuntos de justicia cotidiana en los ámbitos laboral, administrativo y mercantil.  

PROS Y CONTRAS  

El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Hernández Niebla, expuso que con los cambios propuestos por la Presidencia desaparecen los órganos colegiados en cuestión.



FOTO: Cesar Rene Blanco V.-Francisco Cueva, Presidente Colegio Abogados Laboristas

“Las van a colgar como un ala dentro del Poder Judicial. La parte positiva es la independencia a los futuros órganos y los gobiernos del Estado de cada entidad, porque muchas veces éstos se utilizan como una herramienta típica coercitiva para presionar a entidades locales, al momento que las centralizas, les das independencia y autonomía”. Agregó que hay una parte negativa, pues al momento de centralizar todo el aparato de justicia, la capacidad de reacción se mueve de una manera más lenta.

“Algo similar estamos viendo ahorita con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde prácticamente tienes a un instituto estatal que está tratando de dictar las reglas del juego, y por otro lado, el nacional viene y se las cambia; eso a corto plazo genera incertidumbre jurídica”, declaró, para precisar:

“En cuanto a la administración pronta y expedita, eventualmente viene este ajuste y queremos pensar que el resultado sea bueno, aunque centralizar todos esos esquemas nos hemos dado cuenta que nos salen más complicados”.

Abundó que por otro lado la iniciativa es positiva, ya que las Juntas de Conciliación no serán sufragadas por los gobiernos estatales, como tampoco tendrán injerencia operativa.

Por su parte, el actual presidente del CCE, Humberto Jaramillo, expuso que en un principio las Juntas funcionaron como un espacio de diálogo y arreglos entre los trabajadores, pero “el problema es que se corrompió, dejó de cumplir el propósito tanto a favor del trabajador como del patrón.

Desgraciadamente ambos no están de acuerdo en la forma en que ahora operan. El problema tiene que ver con la impartición de justicia por estos dos actores”.  

ESPERAN  CAMBIOS  

Ocho mil juicios se presentan anualmente en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, aproximadamente 300 se van a laudo.

Registros dan cuenta que en el 95%  de los casos, las partes involucradas llegan a conciliar.

Respecto a la iniciativa peñista, el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Arturo Méndez Preciado, externó:

“Los juicios son tardados porque no tenemos los recursos para sacarlos rápido. La propuesta del Ejecutivo establece que en las Juntas hay mucha corrupción, que los juicios son lentos, costosos; esa es la dedicatoria de la reforma para profesionalizar más la justicia laboral. Han pasado muchas décadas y tiene que haber un cambio”.

Luego precisó:

“Debo reconocer que tenemos problemas por cúmulo de trabajo. La agenda y el ritmo de los juicios no se los damos nosotros, la dan los litigantes, pues presentan un juicio, y luego un amparo, otro amparo.

Las mismas partes los van haciendo complejos y algunos llegan a durar hasta cinco años, los casos en rebeldía duran en promedio de cinco a ocho meses. Las resoluciones son 50% para los patrones y 50% para los trabajadores”.

Previo a la propuesta en 2008, el Gobierno Federal hizo cambios en el tema de justicia penal, dejando al margen la justicia laboral por ser un tema muy complejo que tiene repercusiones sociales, con participación de las cámaras empresariales del país y los líderes de los trabajadores.

“El viernes pasado (29 de abril) se presentó una iniciativa de reformas constitucionales y legales, que van a lo familiar, civil, mercantil. Lo que nos llama la atención es el tema de la justicia cotidiana y le dan mucho énfasis a la conciliación, antes de irte a un juicio”.

El entrevistado agregó que los cambios propuestos, son en el ámbito constitucional y legal, en el primero se toca el tema de integración de Juntas, que utiliza el término desaparecer, lo cual no implica un shock para ellos, pero habrá que ver los impactos que genere, de llegarse a ser aprobada tal cual.



Arturo Méndez Preciado, Conciliación y arbitraje 

“Se judicializan los juicios laborales, se crea un organismo descentralizado para que registren contratos colectivos y haya un control nacional de todo lo de carácter colectivo y se encarga de la conciliación”.

Méndez recordó que la enmienda deja de lado la conformación tripartita de las Juntas, donde está la representación del obrero, el patrón y el Estado.

Aunque reconoció que de aprobarse la reforma de Peña, el cambio no se dará de la noche a la mañana:

“Hay muchas dudas que tenemos, no va a ser como decir ‘ahí te van 12 mil juicios y ahí tienes el presupuesto para la integración de las Juntas’. Es una iniciativa y me imagino que mucho del contenido será motivo de negociaciones, de los partidos, cámaras, centrales obreras; finalmente no sabemos si va a quedar tal como está, pero conocemos la ruta, que yo no creo que el Presidente vaya solo. Ya debe traer sus consensos”.  

LAS MODIFICACIONES

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, existen 61 juntas federales de Conciliación y Arbitraje, y siete oficinas auxiliares.

El documento del Ejecutivo federal reforma el Artículo 123 Constitucional, desaparece dichos entes y son sustituidos por órganos del Poder Judicial federal o local, según sea la competencia; sus leyes se definen por las características específicas con que operarán las juezas o jueces de lo laboral.

El presidente del Colegio de Abogados Laboristas de Baja California, Francisco Javier Cueva Rodríguez, apuntó que previo a decir que si con la nueva estructura se garantizaría por sí misma una justicia, efectiva, pronta y expedita, como lo cita el Artículo 19 Constitucional, no será la letra en sí la que garantice tal situación; podrían ser otros factores los que lleven a buen término el proceso.

“Me gustaría recordar que en 2012 se da una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y por citar un ejemplo, se genera el cargo de funcionario conciliador. En cada entidad federativa van a establecer nuevas reglas para profesional al personal, con presupuesto, instalaciones adecuadas.

“Al cabo de tres años existen tribunales donde presupuestalmente no cuentan con el incentivo de contar con dicho personal. Llevan a cabo la conciliación pero no tienen el nombramiento, son otros empleados que llevan el proceso conciliatorio”, explicó a ZETA.

A la par, señaló que la iniciativa no plantea la razón por la cual ya no deben intervenir los representantes de los tres ámbitos, plantea que se generen Juzgados unipersonales, es decir, donde un solo individuo denominado juzgador conoce y dirime la controversia con el personal jurídico administrativo que lo conforma.

“La naturaleza de los conflictos provoca la integración tripartita porque debe tener el consejo, sensibilidad de ambos y no sólo un aspecto jurídico, cuando existen aspectos económicos, sociales que deben influir en la preservación o extinción de un empleo”.

Y concluyó:

“Nos faltaría revisar si el Estado en su conjunto se ha puesto las pilas, ha puesto todo el ímpetu en brindar las herramientas necesarias para que esos tiempos de acotamientos en proceso se puedan disminuir.

“Tijuana se caracteriza por la conciliación, pero no significa que los que se van al litigio sus casos se resuelvan rápido, antes de hablar de una reforma tenemos que replantearnos si realmente hemos cumplido con lo que tenemos antes. No se ha hecho un análisis exhaustivo de la reforma a la LFT de 2012, y ya hablamos de una iniciativa de reforma en 2016”.  

NO DESAPARECEN SINDICATOS

La propuesta del Gobierno de la República  introduce en la Constitución el principio libertad de contratación, que busca garantizar la representatividad de los sindicatos y la certeza del registro, firma y depósito de los contratos colectivos.

En ese punto, el secretario general de la Federación Nacional de Agrupaciones Sindicales de la Industria Maquiladora de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Jesús Javier Merino Duarte, aclaró que con los cambios propuestos, los sindicatos no desaparecerán.

“Va a manejar las cuestiones de sindicatos por un organismo independiente. La justicia en un tribunal judicial puede ser más rápida, por eso la quieren judicializar. A los sindicatos los van a hacer más fuertes, los van a obligar a ser representantes dignos de los trabajadores, porque si no, van a desaparecer, porque no atienden a su gente”, advirtió.


(SEMANARIO ZETA/ Francisco Navarro Fausto/ Lunes, 9 mayo, 2016 01:00 PM)

“PELEÁBAMOS POR JUSTICIA”: MIRELES


En casi dos años de encarcelamiento, la salud del jefe fundador de las autoridades se ha visto mermada. Foto: Alan Ortega /CUARTOSCURO.COM

Desde la cárcel, el doctor José Manuel Mireles habla de su búsqueda de justicia frente al gobierno y crimen organizado.

Más que su libertad, el jefe fundador de las autodefensas quiere demostrar que “no es un delincuente, no es culpable y salir con la frente en alto”, explica el diputado de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada  

Diez minutos a la semana son los que tiene José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, para hablar por teléfono desde la prisión federal de Hermosillo, Sonora.

Lleva 679 días preso en una celda aislada.

El único contacto que mantiene es con personal penitenciario, enfermeras y médicos que lo atienden.

Cada 30 días, recibe sólo tres visitas previamente autorizadas. Con todo y esas limitaciones, el doctor Mireles concedió una entrevista a ZETA a través de un enlace telefónico.

Días antes, había sufrido un micro infarto, pues padece diabetes e hipertensión, pero dice gracias a que “los médicos y las enfermeras en esta prisión no atienden enfermos, atienden milagros con los internos”, salvó la vida.

La voz del ex jefe de los grupos de autodefensa es firme, se le escucha fluida. Habla de cómo fue su detención, de querer salir libre y de sus dos armas fundamentales: la Constitución y la búsqueda de la justicia.

También su defensa jurídica se ha hecho de armas. Sus abogados han promovido tres incidentes en los últimos meses para obtener la libertad de Mireles.

Ninguno, hasta el momento, ha sido aceptado por Jorge Armando Wong Aceituno, titular del Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, donde se encuentra la causa penal 137/2014 por la que el jefe fundador de las autodefensas fue detenido el 27 de junio de 2014.

Sin embargo, ha habido avances. Cuando se le encarceló a Mireles en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 11 en Sonora, a más de mil kilómetros de Michoacán, se le culpó de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército sin permiso. De éstos, sólo el tercero persiste.  

AUTODEFENSAS NO VIOLARON LA LEY; GOBIERNO FEDERAL SÍ: ABOGADO

A inicios de 2013, grupos civiles se levantaron en armas en Michoacán, sobre todo en Tierra Caliente, para expulsar a Los Caballeros Templarios de las comunidades y poblados donde el cártel asesinaba, secuestraba y extorsionaba.

En ese contexto surgió la figura de José Manuel Mireles Valverde.

El médico de profesión se convirtió en uno de los fundadores de estos grupos y en portavoz de cientos de hombres armados.

Mientras Enrique Peña Nieto, recién llegado a la Presidencia de México, promovía un país seguro, alejado de la guerra contra las drogas y en paz, las autodefensas y quienes las apoyaban, denunciaban cómo el narco había superado al Estado de Derecho.

Tras un año, la Comisión Especial para la Seguridad de Michoacán, a cargo de Alfredo Castillo y creada el 15 de enero de 2014 por la Secretaría de Gobernación, buscó a los líderes de las autodefensas para que cedieran sus armas y desistieran de sus actividades de vigilancia y captura de delincuentes.

Nueve días después, el 26 de enero, Castillo y Fausto Vallejo, entonces gobernador de la entidad, firmaron un acuerdo para obligar a las autodefensas a registrar sus casi 7 mil armas e incorporarse a la Fuerza Rural.

Este documento es uno de los tres excluyentes de delito con los que la defensa busca el sobreseimiento de la causa, es decir, la suspensión del procedimiento penal de Mireles y de los 380 autodefensas que permanecen detenidos, indica su abogado Ignacio Mendoza.

“El delito es portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército sin permiso, pero el permiso existe, por lo tanto, ya no hay elemento que perseguir”, sostiene.

El segundo excluyente, es que los detenidos actuaron bajo el principio de protección.

“Ellos se armaron porque tenían que preservar su vida y la de sus familias”, apunta.

Mientras que el tercero es el desvanecimiento de datos:

“Presentamos ese acuerdo y le decimos al juez que ése es el permiso, al haber permiso, ya no hay acusación y tiene que dejarlos ir. “El 13 de julio tienen que comparecer Alfredo Castillo y Fausto Vallejo para que nos indiquen si salieron de su puño y letra las firmas que están en ese documento”, continúa.

El litigante fue subprocurador de Justicia en Morelos y uno de los más de 30 funcionarios estatales detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado en 2009, durante el “Michoacanazo”, después liberados a través de una estrategia legal que él mismo diseñó.



Al centro, Daniel Moncada, Hipólito Mora y Virginia Mireles, en una protesta ante la PGR en 2015 

Si bien, el incidente de sobreseimiento se promovió desde 2015 y el juez Wong Aceituno lo negó, ahora se trata de una apelación, la cual esperan se resuelva en un mes.

“Siempre que la política se judicializa, termina mal. De inicio, advertimos que este asunto es político y no jurídico”, argumenta.

Según Mendoza, la creación de la Comisión Especial para la Seguridad en Michoacán careció de fundamentos legales, “el Estado no puede institucionalizar a las autodefensas ni registrar las armas sin usar el instrumento y protocolo que marca el Artículo 29 constitucional”.

Dicho artículo establece que en casos de grave peligro o conflicto para la sociedad, se podrá restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías.

“Si lo hubieran hecho de manera correcta, el Congreso lo aprueba, dicta las leyes necesarias y la Corte lo supervisa, entonces sí hubieran podido registrar las armas, perdonar homicidios, desaparecidos y levantones”, detalla.

Para el abogado, la única responsabilidad que parte del pacto signado es para las autoridades.

De hecho, en diciembre de 2015, Castillo negó al juez la existencia de ese acuerdo.

“¿Quién puso en riesgo la seguridad pública, Mireles y las autodefensas o el Estado que legalizó y regularizó casi 7 mil armas y no sabe dónde están?”, cuestiona Mendoza.

De avanzar la ruta trazada por la defensa jurídica, entonces al Gobierno Federal se le podría fincar responsabilidad penal porque “fue quien rompió el Estado de Derecho, por eso no quieren aceptar que violentaron la norma y cometieron delitos de lesa humanidad”.

Mientras tanto, los abogados trabajan desahogando pruebas dentro del proceso penal.

Si bien, también han presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de salud de Mireles, Mendoza sentencia:

“No estamos peleando que le pongan más inyecciones, estamos peleando que lo dejen salir. Tiene derecho a estar fuera”.  

LA VENGANZA DE ALFREDO CASTILLO

Para Daniel Moncada, diputado de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Mireles es un preso político.

“El objetivo de su detención es que su salud, personalidad y liderazgo disminuyan para que una vez que recobre su libertad, al final del día, no tenga la misma fuerza ni capacidad que tenía”, asevera a ZETA.

En la campaña electoral de 2015, cuando Moncada era dirigente de Movimiento Ciudadano, Hipólito Mora, también fundador de las autodefensas y Virginia Mireles, hermana del doctor Mireles, fueron candidatos a diputados.

Desde entonces, el joven diputado ha encabezado conferencias de prensa, exigido públicamente la liberación del ex jefe de las autodefensas y participado en su defensa legal.

Frente a la negativa del Gobierno Federal y del gobierno de Michoacán, a la petición de traslado desde Sonora al penal “Lic. David Franco Rodríguez” en Zurumbeneo, Michoacán, Moncada insiste en la intromisión de Alfredo Castillo.

“El Gobierno del Estado de Michoacán sigue una dinámica esquizofrénica. Primero dice que sí y luego que no o sí. Hay un grupo de funcionarios de alto nivel, del grupo de Alfredo Castillo, en el gobierno local, que están impidiendo que el doctor sea trasladado y recobre su libertad. En este tema, veo la mano de Alfredo Castillo”, afirma.

En documentos alojados en la causa penal 137/2014-II-M, en poder de este Semanario, se lee que el Consejo Técnico Interdisciplinario del CEFERESO Número 11 en Sonora asegura que Mireles cuenta con “un índice de estado de peligro alto”, por lo que no se le puede trasladar a un penal que no sea de máxima seguridad.

La respuesta resulta insuficiente para el diputado de Movimiento Ciudadano, ya que no hay documentos que avalen el perfil criminológico que ahí se afirma.


EL MOVIMIENTO DE LAS AUTODEFENSAS NOS AYUDÓ A QUE VOLTEARAN A VER QUÉ PASABA EN  MICHOACÁN: VIRGINIA MIRELES

No obstante a las objeciones de los gobiernos Federal y estatal, será el juez quien determine si el doctor Mireles tiene derecho a ser enviado a una prisión más cercana al Juzgado donde radica su expediente.

“Es brutal lo que se le ha hecho. Su salud se está deteriorando cada día más en ese campo de concentración, sin los cuidados adecuados en casi dos años de encierro injusto y sin ser condenado”, destaca.

Y es que Moncada expresa que más que la libertad de Mireles, es su inocencia lo que se pelea en tribunales.

“Si nosotros como defensa pedimos al juez que cierre la instrucción, presente sus conclusiones y lo condene, el doctor Mireles saldría libre y pagaríamos una multa, pero saldría como culpable. Cuando le planteamos eso al doctor, dijo que no, porque él no es un delincuente, no es culpable y quiere salir con la frente en alto”, declara.

Por ello, “hemos pedido que se reconozca su inocencia y, en todo caso, la Procuraduría General de la República tiene facultades para desistirse de manera lisa, llana y total del delito que lo acusa, y con eso, inmediatamente, el juez ordenaría su libertad”.

De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012, en 14 mil 754 casos de delitos con armas se dictó auto de término constitucional por sobreseimiento. De éstos, 798 corresponden a Michoacán.  

NO TENEMOS POR QUÉ ESTAR PRESOS

Virginia Mireles ha velado, desde Michoacán y como puede, por el bienestar del fundador de las autodefensas en prisión.

Para ella, el encarcelamiento de su hermano ha sido muy doloroso, una lucha constante.

La también médico explica a ZETA cómo desde Tierra Caliente hay quienes le escriben cartas y envían libros o revistas a su hermano.

“Hay mucha gente que está siguiendo la lucha de su libertad y la de los 380 autodefensas que también están detenidos”, dice.

En los más de dos años que el doctor Mireles encabezó la lucha de las autodefensas, sólo hay un aspecto que ha confiado a su familia que cambiaría:

“Aceptar a ‘los perdonados’, personas del crimen organizado que se infiltraron y desacomodaron el movimiento. Ha mencionado que de eso se arrepiente, pero para todos los michoacanos, el movimiento de las autodefensas nos ayudó porque voltearon a ver a Michoacán, qué es lo que estaba pasando acá”, narra.

Mientras en aquel Estado, unos cuantas ex autodefensas continúan en la Fuerza Rural -muchos se retiraron a seguir trabajando en lo que antes hacían, detalla la doctora Mireles-, faltan pocos minutos para las once del día en Hermosillo, Sonora.

En el CEFERESO Número 11, ubicado en esa ciudad, casi 4 mil internos pasan sus días. Entre ellos José Manuel Mireles, a sus 57 años de edad.

En ese centro, la CNDH ha documentado graves casos de sobrepoblación y hacinamiento, trato indigno y deficiencias en servicios de salud. Desde ahí, el ex jefe de las autodefensas conversa con ZETA:

— A casi dos años de su detención, ¿qué le diría al Gobierno Federal respecto a su encarcelamiento?

“Lo que le dije al juez en mi declaración preparatoria: yo tenía dos años buscando la justicia y había hecho mi trabajo, ya le correspondía a él. Incluso, los oficiales que estaban en Morelia cuando me bajaron del helicóptero, me preguntaron que por qué yo no iba temblando, por qué no tenía miedo.

Les dije, ‘tengo dos años buscando justicia, y si ustedes son la justicia, no tengo por qué tenerles miedo; pero si ustedes no representan a la justicia, nada más díganme para ponerme a temblar’, y nada más les dio risa.

“Han pasado dos años, pero yo no pierdo la esperanza de que se haga justicia, que se revise mi situación y todo conforme a derecho. Mis armas fundamentales son la Constitución y la defensa de la justicia. Nosotros nada más peleábamos por la impartición de justicia, una seguridad pública eficiente, y también vivir en paz y con tranquilidad. En nuestro pueblo, la familia es más importante que nuestra propia vida”.

— Usted enfrentó al crimen organizado cuando encabezó las autodefensas, ahora lleva una lucha por demostrar su inocencia, ¿cuál de las dos le parece más difícil?

“Me di cuenta que estaban mezclados (crimen organizado y gobierno) ya muy tarde, cuando se había destapado todo, lo que nos resta es esperar que nos hagan caso y nos den la libertad conforme a derecho. Estamos pidiendo un juicio que de veras sea como dicen los papeles que los jueces firman, una justicia pronta, expedita e imparcial. Eso es lo único que queremos, que hagan realmente el papel que les corresponde para que nosotros, los que no tenemos por qué estar presos, nos dejen ir a nuestras casas, o que al tenernos presos, en lugares retirados, nos…”.

Con tres tonos, la llamada se interrumpe. Los carceleros la han cortado.


(SEMANARIO ZETA/ INÉS GARCÍA RAMOS /LUNES, 9 MAYO, 2016 01:00 PM)