MALAYERBA ILUSTRADA: AMENAZA CUMPLIDA

Para Verónica Celestino.

Gracias por la abstinencia.

Antonio había sido narco pesado. Todo el sur del estado había mantenido bajo su control. Pero tuvo que salirse de ahí por viejas pugnas entre los grupos del cártel y por problemas familiares. Débil, solo, con pocos recursos y con esa tos perruna que parecía nacerle desde los talones, se dedicó al negocio de las drogas con una discreción de hormiga y en pocas cantidades.

En sus tiempos dorados, había conocido a los jefes de jefes: sembró mariguana en el valle, unas doscientas hectáreas, para el patrón, y anduvo en avionetas y helicópteros revisando sus aposentos en la serranía y el traslado de paquetes de yerba, manejó armas cortas y automáticas y estrenó su Kalashnikov en un enfrentamiento con policías antinarcóticos. Un día supo que lo querían quebrar. Dio con el hombre que lo había dicho. Cuando lo tuvo enfrente le dijo, sobando la cacha de su cuarenta y cinco, andan contando que te quieres morir. El hombre tembló, se quedó acuclillado y enmudeció.

De estirpe sangrienta, pasó de todo. En tierra de gringos llenó patios, cocheras, camionetas y tráileres de mota y la distribuyó. De regreso, las pacas de billetes verdes apenas cabían en el cámper. Jaló el gatillo cuando los gatilleros de narcos enemigos lo hicieron y vio cómo caían, cual monitos de verbena, amigos y desconocidos. Le entró a las tracateras con militares y federales, y hasta le volaron media mano en una de esas refriegas.

Ya traía su pelo blanco, con las nubes del verano en su cabeza y bigote, y en esa barba rala y descuidada y espinosa. La manecilla grande del reloj dibujó en su cara rayas oscuras y hondas. Encorvó su silueta e hizo lentos sus movimientos. Ya no andaba armado. No a simple vista. Disimulaba bien sus actividades ilícitas: desfajado, con el garbo como un mero acto de nostalgia, su cachucha blanca con rojo y sus lentes bifocales. No era tan viejo, quizá unos sesenta. Pero la vida le estaba cobrando caro sus afrentas, su gatillo suelto, la farra y las putas y uno que otro toque y pasón: había pasado varias veces la raya del horizonte y a qué precio.

Aun así tenía su toque, su estrella, su magia. Cuando uno de los jefes salió de la cárcel y todavía había carteles con la leyenda Wanted en el lado gringo, una de las primeras cosas que hizo fue buscarlo. Claro que me acuerdo de tí, hay que hacer negocios. Se estrecharon la mano y se perdieron entre el monte. Cada quien por su lado.

Se sintió poderoso, como cuando pronunció aquel dicen que te quieres morir. Por eso se le hizo fácil regresar a su tierra, a sus aposentos. Fue como los paquidermos: vuelven a su tierra para morir. Que lo levantaron, lo tiraron por ahí. Pero nadie lo encuentra.

Columna publicada el 31 de marzo de 2019 en la edición 844 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 2 abril, 2019)

MALAYERBA ILUSTRADA: LOS MANGOS

Ramiro es narco tapado. Discreto, tiene su empresa como fachada, su ropa como disfraz, sus amistades y círculos sociales como el comerciante exitoso y en boga. Bien vestido y portado, de palabras correctas y pocas, erguido como un asta y pasmado y lerdo como un pingüino en el verano citadino. La gente lo tiene por hombre serio y pudoroso, de domingo en misa y pocas bromas.

Tuvo que ir a la sierra, muy a la sorda. Había allá, arriba, algunos asuntos que debía atender personalmente. Subió y los que sabían de sus negocios le dejaron el paso libre para que transitara en su cuatro por cuatro. El aserradero funcionaba bien, pero brincaron detalles que no podía dejar pasar. Por eso la importancia de presentarse y resolverlo. Seguramente iba a tardar mucho en volver a subir y no quería dejar pendientes.

Llegó. Todo normal. Lo pasaron a la oficina, platicó con quienes debía. Hizo un recorrido por la planta, aprovechó para hablar con algunos de los viejos trabajadores, con quienes tenía cierta confianza y trato, y para conocer a los nuevos. Revisó números y más números: todos negros, acomodados, con saldo blanco, impecable y en jauja. Todo iba más que bien.

Llegó un señor del pueblo hasta Ramiro. Le dijo, muy de cerca, que había un señor en el huerto que estaba ahí cerca, pasando unos cerros. Que quería hablar con él. Le preguntó que si lo conocía y le respondió que no. Se llama Rafai. Encogió los hombros e hizo una mueca de desgano, pero dijo que sí iba. No más me desocupo estoy allá. Movió papeles y más papeles. Y luego se dispuso a buscar a ese que lo había mandado llamar. Llegó. El lugar era una huerta de mangos. Árboles frondosos, llenos de frutos que colgaban de las ramas, gritando arráncame: sus mieles brotaban espontáneas, el suelo era una alfombra de hojas amarillas y verdes y mangos de pulpa ofrecida, que parecía derretirse con la sola mirada.

El tal Rafai le salió al encuentro. Él abrió la boca y solo la pudo cerrar cuando empezaron a platicar. Tu padre, le dijo, me ayudó una vez, hace muchos años. Sé que está muerto, pero no se me olvida que mi camioneta se chingó y a mitad del camino me salió él, en una carcacha. La camionetita de tu papá se movía bien, pero parecía que se iba a destartalar y que nos iba a dejar tirados. Él me sacó del apuro. Para mí eso fue muy importante. No lo olvido. Sé en qué andas y quiero decirte que aquí estoy para lo que se te ofrezca.

Ramiro sabía quién era: recién salido de la cárcel y ahora el más buscado que nadie busca, por poderoso, le atribuían liderazgo y fuertes ataques en tres estados. Rafai se sentó en una hamaca y Ramiro recibió los siete costales de mango que le regaló. En la despedida, le gritó: diles que aquí estoy, diles que somos amigos, que los mangos te los di yo.

Columna publicada el 7 de abril de 2019 en la edición 845 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/JAVIER VALDEZ/ 9 ABRIL, 2019)

MALAYERBA ILUSTRADA: LA BELLA Y SU TREINTA Y OCHO CROMADA

La bella lanza relámpagos al andar: sus ondulaciones, esos movimientos y sus brincoteos, son latigazos al viento y a cualquier mirar. Su novio es un adinerado, de dólares manchados de sangre y coca. Pero ella no deja lo suyo y él se lo permite. Tres mil pesos por sus placeres, incluidas todas sus profundidades y dos horas de fuego, de arremetidas y mentiras: tú vas a ser mi negro, mi negro, mi rey de caramelo.

Ellos llamaban. Su silueta bajaba de una camioneta de lujo. Guau, exclamaban. Le decían en tal hotel, ella llegaba a ese cuarto y todo estaba listo. El cliente en la cama, semidesnudo. Ella con su pose de mujer fatal, se paraba en la puerta, aleteaba con sus nalgas y pechos, y luego paseaba alrededor de la cama. El ritual no tenía una pizca de pérdida. Antes de dejar caer sus prendas, tiraba con desdén su bolso, sobre la mesa ubicada junto a la cama, abierta y ruidosa. Una colt treinta y ocho súper, cromada, asomaba en el cierre del bolso.

Era inevitable. Los hombres invariablemente volteaban y veían el cañón, la boca ofrecida del bolso y el bilé rojo intenso en los labios de ella. Pero la bella sabía sus quehaceres. La cremallera del pantalón, los botones brincando y traspasando el ojal, el cinto abandonando las presillas de un tirón. Zapatos para allá, calcetines para acá, brasier disparado a un lado de la cama, las toronjas libres y bailadoras, la corteza arrugada y dura de sus cimas, el monte calvario desnudo y coronado por un camino de vellos que parecía un signo de admiración. Todo hacía que ellos olvidaran esa treinta y ocho que ella misma había hecho asomar en su bolso. La pistola incitante, pero ella más.

La bella escogía las posiciones. En eso sonaba el cel. Ella se separaba, interrumpía el mar en brama. Bueno, sí. Ay amor, estoy trabajando. Sí, más tarde. Bai, amor. Y seguía moviendo la lengua, apretando con sus cuatro pares de labios, aplaudiendo con esas montañas tibias y redondas. Y el cel volvía a sonar. Y volvía la bella a soltar todo y contestar. Sí, amor. Sí, en una media hora, amor. Aquello podía convertirse en un coitus interruptus, una frustración con todo y pasilla azul, una olla efervescente a la que se le vaciaba una barra de hielo. Molestos, frustrados, flácidos y casi indispuestos para reiniciar el ritual y poner la bandera en lo alto del asta.

Terminó el tiempo, mi tigre. Les decía. Dos horas no bastaban, entre tanto accidente provocado por esas llamadas impertinentes, para llegar al clímax y provocar esa lluvia que no baña y esas emanaciones de lava. Son tres mil, mi rey de caramelo. Pero si no quieres, no pagues. Y siempre funcionaba: ellos miraban los linderos morenos de su piel y la boca abierta de su bolso. La treinta y ocho cromada, asomando. Y pagaban.

Columna publicada el 14 de abril de 2019 en la edición 846 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 16 ABRIL, 2019)

MALAYERBA ILUSTRADA: AMENAZA CUMPLIDA

Para Verónica Celestino. Gracias por la abstinencia

Antonio había sido narco pesado. Todo el sur del estado había mantenido bajo su control. Pero tuvo que salirse de ahí por viejas pugnas entre los grupos del cártel y por problemas familiares. Débil, solo, con pocos recursos y con esa tos perruna que parecía nacerle desde los talones, se dedicó al negocio de las drogas con una discreción de hormiga y en pocas cantidades.

En sus tiempos dorados, había conocido a los jefes de jefes: sembró mariguana en el valle, unas doscientas hectáreas, para el patrón, y anduvo en avionetas y helicópteros revisando sus aposentos en la serranía y el traslado de paquetes de yerba, manejó armas cortas y automáticas y estrenó su Kalashnikov en un enfrentamiento con policías antinarcóticos. Un día supo que lo querían quebrar. Dio con el hombre que lo había dicho. Cuando lo tuvo enfrente le dijo, sobando la cacha de su cuarenta y cinco, andan contando que te quieres morir. El hombre tembló, se quedó acuclillado y enmudeció.

De estirpe sangrienta, pasó de todo. En tierra de gringos llenó patios, cocheras, camionetas y tráileres de mota y la distribuyó. De regreso, las pacas de billetes verdes apenas cabían en el cámper. Jaló el gatillo cuando los gatilleros de narcos enemigos lo hicieron y vio cómo caían, cual monitos de verbena, amigos y desconocidos. Le entró a las tracateras con militares y federales, y hasta le volaron media mano en una de esas refriegas.

Ya traía su pelo blanco, con las nubes del verano en su cabeza y bigote, y en esa barba rala y descuidada y espinosa. La manecilla grande del reloj dibujó en su cara rayas oscuras y hondas. Encorvó su silueta e hizo lentos sus movimientos. Ya no andaba armado. No a simple vista. Disimulaba bien sus actividades ilícitas: desfajado, con el garbo como un mero acto de nostalgia, su cachucha blanca con rojo y sus lentes bifocales. No era tan viejo, quizá unos sesenta. Pero la vida le estaba cobrando caro sus afrentas, su gatillo suelto, la farra y las putas y uno que otro toque y pasón: había pasado varias veces la raya del horizonte y a qué precio.

Aun así tenía su toque, su estrella, su magia. Cuando uno de los jefes salió de la cárcel y todavía había carteles con la leyenda Wanted en el lado gringo, una de las primeras cosas que hizo fue buscarlo. Claro que me acuerdo de ti, hay que hacer negocios. Se estrecharon la mano y se perdieron entre el monte. Cada quien por su lado.

Se sintió poderoso, como cuando pronunció aquel dicen que te quieres morir. Por eso se le hizo fácil regresar a su tierra, a sus aposentos. Fue como los paquidermos: vuelven a su tierra para morir. Que lo levantaron, lo tiraron por ahí. Pero nadie lo encuentra.

Columna publicada el 21 de abril de 2019 en la edición 847 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/23 ABRIL, 2019)

LA ACUSACIÓN DE TRUMP

Donald Trump tiene en la mira a Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente mexicano dice que no caerá en la provocación. Es un insulto abierto del presidente de Estados Unidos al especular venenosamente que el Ejército mexicano protege a los cárteles de la droga, pero López Obrador sigue con temor a enfrentarse a Trump, y trasladó su precaución a la frontera de lo pusilánime. Las palabras del jefe de la Casa Blanca caen en un momento donde crecen las sospechas de que el gobierno tiene un pacto no escrito con el Cártel del Pacífico y su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación, lo que brincó a la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional cuando le preguntaron ayer si negociaría con criminales para lograr la pacificación del país.

“Nosotros no vamos a negociar con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos”, respondió López Obrador. “Se va a actuar con rectitud, con integridad. No va a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y la autoridad. No va a haber mescolanza, no va a haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra, como se llegó a hacer”. Este ping pong retórico no es gratuito. El lunes se reveló en este espacio que dentro del equipo de López Obrador han sugerido regresar al status quo  principio de los 80’s, donde un cártel domine el país y coadyuve en la pacificación.

Hay razones para conjeturar que, formal o informalmente, eso está sucediendo. A mediados de enero pasado, se publicó en este espacio que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, jefe de Los Zetas y preso desde julio de 2013, aprovechó la oferta de amnistía a narcotraficantes que propuso en campaña López Obrador para enviarle un mensaje: reduciría en 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, si al llegar a la Presidencia no lo extraditaba a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada porque el 19 de julio, salió de México extraditado. Durante la campaña, López Obrador fue detenido en dos retenes en el norte del país controlados por Los Zetas, pero lo dejaron pasar cuando lo identificaron.

Lo más notorio, sin embargo, es que en la cruzada contra el huachicol en Guanajuato, sólo se está persiguiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima, y nadie aparentemente de sus rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los golpes a huachicoleros son en zonas controladas por Los Zetas o donde están enfrentados al Cártel del Pacífico y su brazo armado. Coincidentalmente en este miércoles aciago para López Obrador en el tema del narcotráfico -cuyo combate renunció públicamente a hacer hace varias semanas-, apareció en Naucalpan una nueva narcomanta atribuida al jefe de los sinaloenses, Ismael El Mayo Zambada, que insiste sobre lo que se ha venido anunciando en todo el país por esa vía: “Comienza la limpia en el país regresa la vieja escuela”.

No hay ninguna evidencia que permita afirmar de la existencia de un pacto entre el gobierno de López Obrador con los cárteles de la droga, pero todas sus acciones y decisiones en materia de seguridad pública, los ha excluido del combate y sus líderes están exentos, por declaración presidencial, de persecución. La percepción popular de que existe tal vinculación, lo llevó este miércoles a negar que exista un pacto con las organizaciones criminales. La declaración se dio después de que apareciera el tweet de Trump a las siete de la mañana, donde escribió: “Los soldados mexicanos recientemente sacaron sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica distractora para los narcotraficantes en nuestra frontera. ¡Mejor que no suceda otra vez! Estamos enviando soldados armados a la frontera”.

Trump ha hablado despectivamente del Ejército en varias ocasiones, aunque en el pasado los presidentes mexicanos respondieron a Trump o a otros funcionarios estadounidenses. No había sido tan contundente, sin embargo, acusándolo de proteger a narcotraficantes y ser parte de su estrategia. El tweet de Trump mezcló su molestia por las caravanas de inmigrantes y la insuficiencia que ve en su contención por parte del gobierno mexicano, y a propósito de un incidente el 13 de abril, cuando soldados mexicanos detuvieron a punta de pistola a dos soldados estadounidenses en el Condado de El Paso, que fue interpretado por el Pentágono como una confusión.

El presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablaron ayer sobre el tema, pero sin tocar lo dicho por Trump sobre el Ejército mexicano. “Lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador. “Queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo y que así como nos hemos venido entendiendo en estos meses, vamos a seguir actuando para mantener relaciones cordiales y de buena vecindad. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno, que vamos a analizar este incidente. Vamos a tomar en cuenta lo que está señalando y se va a actuar de conformidad con la ley, en el marco de nuestra soberanía”.

La acusación de Trump queda y la sospecha de un pacto con criminales se ha socializado. Las apuestas suben. Al presidente le urge más claridad en su deslinde de los cárteles, no sólo retórico. Combatir a los cárteles, no otorgándoles una carta de impunidad, como hasta ahora, es el camino.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/25 DE ABRIL DE 2019)

LA MEDICIÓN INCORRECTA

Dos gobiernos han decidido que la definición de la victoria del combate al narcotráfico se rija por el número de homicidios dolosos. Si subían, se consideraba una derrota; si bajaban, una victoria. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue al extremo de presionar y forzar el despido de periodistas de medios que contaban los muertos de la lucha contra la delincuencia, porque así, pensaban, se reducirían el temor y la angustia social. Esa política de comunicación estalló, al demostrarse que esconder los muertos o manipular las cifras de homicidios dolosos no modificaba la realidad. Hoy, sin llegar a la censura de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador está cayendo en un error similar: evaluar la estrategia de seguridad a partir del número de homicidios dolosos. Es un referente reduccionista y de valoración inversa: si baja la tasa en plazos cortos, es porque la lucha contra la delincuencia se perdió.

La suma de homicidios dolosos encuadrado en el contexto del combate al crimen crea percepciones equivocadas. México es considerado por muchos como una de las naciones más peligrosas del mundo, con cifras de muertos que rebasan los mínimos internacionales para determinar si una nación se encuentra en guerra civil. La realidad es que si bien los índices muestran una tendencia al alza -aunque en marzo el total de homicidios dolosos tuvo un mínimo decremento-, México no se encuentra en el rango de las naciones de alto riesgo, como son Afganistán y Siria. De hecho, se si ve el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, México se encuentra en el séptimo lugar latinoamericano, según la fundación InSight Crime, con 25.8 delitos de este tipo por cada 100 mil habitantes, en el mismo rango de Brasil y Colombia, pero muy debajo de Venezuela, que encabeza la lista, con una tasa de 81.4 por 100 mil habitantes.

Todo esto no significa que se magnifique el problema de seguridad, o que no sea un asunto delicado que se tiene que resolver. Es muy serio, cuesta miles de millones de pesos al año, y afecta a la población, en distinto grado y de manera creciente, lo que impacta a un conjunto de políticas públicas, en materia de salud e inversión, por ejemplo. Es el principal tema de preocupación de los mexicanos y el de mayor prioridad para López Obrador. Pero el interés en resolverlo no debe llevarlo a la trampa de cómo medir el éxito de su estrategia. Si de homicidios dolosos se trata, como se planteó ayer, de antemano se puede prever que el resultado será negativo.

La tasa de homicidios dolosos es un referente, pero no es el todo. En el gobierno de Peña Nieto, la presión sobre los medios ocultó ese indicador de la opinión pública hasta que cuando bajó la tasa, lo presumió. Pero en ese periodo de aproximadamente dos años, ¿qué sucedió? Se dejó de combatir a los cárteles, con lo que se fortaleció y expandió el Cártel del Pacífico, y creció su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación. Los Zetas, que se habían quedado sin drogas, se diversificaron en el negocio criminal y restablecieron sus rutas de narcotráfico.

Al igual que ellos, los cárteles del Golfo y de Juárez volvieron a tener control territorial y reconstruyeron sus redes de protección institucional, lo que propició una vez más un estado fallido, si no nacional, sí regionalmente. En ese desorden conceptual sobre la estrategia de seguridad, ese gobierno armó a grupos paramilitares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para liquidar a Los Caballeros Templarios, abriendo la posibilidad de que lo juzguen en tribunales internacionales por genocidio. También aplazó los exámenes de control de confianza, con lo que policías municipales vinculados al narcotráfico, como los de Iguala y de otros seis municipios relacionados a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pudieron operar bajo el manto criminal.

El éxito de una estrategia de seguridad no depende de la tasa de homicidios dolosos, ni tampoco, en el corto y mediano plazo, de la implementación de programas sociales o de tener más militares en las calles. Es mucho más que eso. Una estrategia necesita, y no es verdad de Perogrullo, una estrategia contra los delincuentes y un método para romper el ciclo de incidencia criminal que incluya la afectación de la producción, el financiamiento y la logística, de donde salen los recursos para comprar autoridades y jueces, reclutar periodistas o pagar para que los asesinen.

Una forma medible y comprobable de evaluar una estrategia incluye todos los indicadores de incidencia delictiva, pero también el número de hectáreas de cultivos de drogas erradicados, los volúmenes de exportación de drogas, el total de decomisos (por número y toneladas), el total de detenciones, o de sentencias condenatorias, por mencionar indicadores básicos para comparar resultados con otros periodos y conocer, con información y datos concretos, sobre los avances, retrocesos o empantanamiento. Si una estrategia real fracasa, seguirán subiendo los índices delictivos, como en la actualidad ante la ausencia de lucha al crimen, y las evaluaciones comparativas serán negativas. Si la violencia y los homicidios dolosos disminuyen sin haber estrategia, peor aún. Significará que por omisión o comisión, el gobierno permitió que el cártel más poderoso aniquile a sus enemigos y aplique la Pax Narca, creando un narcoestado paralelo al Estado Mexicano.

Hay que cambiar la definición de la victoria. De esa forma ni el gobierno de López Obrador pagará por lo que no debe, ni engañará con el bálsamo existencial del “cochinero”, como afirma, le heredaron sus antecesores, ni sorprenderá con soluciones pragmáticas sugeridas en el pasado, negociar con un cártel la coadyuvancia en la pacificación.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/24 DE ABRIL DE 2019)

LOS DISCURSOS NO VENCEN CRIMINALES

Siempre, como líder social, candidato presidencial, presidente electo y presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha hecho el mismo diagnóstico sobre las razones que llevaron a la violencia. Una semana antes de asumir la Presidencia, afirmó ante las Fuerzas Armadas en el Campo Militar No. 1, que la inseguridad es producto de una “política económica antipopular y entreguista”, que repitió textualmente el domingo en Veracruz, a propósito de la matanza en Minatitlán. Igualmente ha reiterado la receta para acabar la violencia, atacando sus causas con programas de empleo y educación para los jóvenes, y tener en la Guardia Nacional la llave de la puerta de la pacificación del país.

Con los programas sociales, aclaró en su conferencia de prensa mañanera este lunes desde Veracruz, se permitirá “alejar a los jóvenes del mal camino. Con su atención se garantiza que no sean jalados por bandas del crimen organizado”. La Guardia Nacional, dijo, “permitirá tener un mayor control de las regiones donde se concentren y garantizarán la estabilización de la seguridad”. Todo esto arropado en que “ya no existe colusión entre gobiernos y grupos de delincuencia”. Está por verse, en el plazo de seis meses que él mismo estableció para que se empiecen a notar los resultados de su estrategia de seguridad.

¿Por qué está obsesionado con fijar plazos en temas tan volátiles como la seguridad? Sobre todo, ante su falta de claridad al respecto. En enero de 2018, López Obrador dijo que de llegar a la Presidencia, disminuiría la delincuencia “en muy poco tiempo”, dependiendo del crecimiento económico, la creación de empleos y la aplicación de los programas de desarrollo social. En diciembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los primeros resultados positivos se darían en los primeros 180 días del gobierno. En febrero matizó. Ya no sería en los primeros tres meses, sino en los primeros seis, donde habría “un punto de inflexión en la tendencia creciente”. En marzo se fue al otro extremo. Para terminar con la ola de inseguridad, dijo, se necesitarían 360 mil policías y un plazo de 100 años. El presidente ya estableció una nueva fecha: no será en febrero, ni en mayo, como prometía Durazo, sino en octubre, 10 meses después de iniciado su gobierno.

De antemano, sobre la base de las experiencias, se puede adelantar que eso no sucederá, y que las variables señaladas por López Obrador no se cumplirán. En octubre pasado dijo que el 70% de la estrategia radicaba en atender las causas económicas, pero las expectativas de crecimiento no son promisorias y el empleo formal ha disminuido. Pero aún si esto, para efectos de argumentación, fuera superado, hay otros factores que sugieren que fracasará en sus tiempos. Uno es la estacionalidad. En muchos países, los índices delincuenciales se elevan en verano por razones tan subjetivas, incluso, como el calor. Un factor objetivo es cómo bajar los índices si la estrategia no toca al crimen de manera reactiva, sino se concentra en la parte preventiva.

Esto es correcto, siempre y cuando también se modifiquen los incentivos contra delinquir. Se necesitaría que el ingreso de un empleo formal superara al ingreso que deja el negocio de las drogas, lo que se antoja imposible: un joven recluta de los zetas, empieza ganando casi 10 mil pesos por mes por el cobro de piso o de extorsiones. Si lo hace bien, lo entrenan dos meses y le dan una esquina para que venda droga y lo proveen de armas, con lo cual, si es exitoso, puede triplicar sus ganancias en seis meses. Visto económicamente, no hay forma de competir con un empleo formal.

Una manera de orillarlos a la legalidad es eliminar los incentivos de la vida criminal, que se daría atacando la impunidad. Sin embargo, la racional de López Obrador es que no se debe criminalizar a quienes menos tienen, por tanto, un narcomenudista no será perseguido. Bajo su lógica, Joaquín El Chapo Guzmán, que ha declarado ante el ministerio público ser agricultor, sería un hombre libre en México. Para el presidente, ser pobre o percibirse pobre, es salvoconducto para cualquier conducta criminal.

De cualquier forma, combatir la delincuencia per se, no es importante en su estrategia. López Obrador dijo en octubre que el 30% restante del modelo tenía que ver con lo coercitivo, “para que se actúe con eficacia”, lo que significa, si se le  entiende bien, luchar contra la corrupción. Entonces, si un funcionario no es corrupto, como dice de quienes forman parte de la cuarta transformación, eso ya no existe. Ergo, la estrategia funcionará.

Los discursos de López Obrador se inscriben en una realidad que no comparten muchos de sus gobernados. Las principales diferencias estriban en la tensión de argumentos cristianos del alma buena de los criminales, frente a quienes pensamos que los discursos no persuaden ni doblegan delincuentes. El presidente descalifica las visiones discordantes, pero pocas veces reflexiona sobre las críticas, y prácticamente nunca rectifica.

López Obrador está inmerso en el problema planteado por el filósofo David Hume en el Siglo XVIII sobre el ser y el deber, que lleva a una “falacia naturalista”, al confundir descripción con prescripción. Por ejemplo, la descripción es la violencia y la inseguridad, mientras que la prescripción es que con alternativas económicas los criminales deben dejarán de delinquir; o es un nuevo régimen, por lo que ya no debe existir colusión del gobierno con delincuentes. Esta confusión, escribió Hume, es parte de la naturaleza humana, pero cuando se trata de la vida de las personas, una revisión objetiva del rumbo escogido, bien vale la pena.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/23 DE ABRIL DE 2019)

MATANZA EN MINATITLÁN

La polarización política llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 14 personas en un bar de Minatitlán –incluido un niño de un año- el Viernes Santo, y la arena pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del crimen sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él. Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el fin del combate al crimen organizado como vía de la pacificación nacional.

Hace tiempo se perdió el control en Minatitlán, que quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna. Y desde hace unos cinco años, los asesinatos en las cantinas de Minatitlán, Coatzacoalcos y municipios en esa zona, son comunes. Las autoridades federales trabajan las principales líneas de investigación, que atraviesan los dos factores señalados. La principal hipótesis detrás de la matanza es el huachicol. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la carretera de Coatzacoalcos-Cosoloacaque, que pasa junto a Minatitlán, que son desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto que es donde se encuentran los depósitos clandestinos huachicoleros.

Las autoridades federales están investigando la probable acción de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos tiempos antiguos asesinos de Los Zetas, con los que hoy se enfrentan en Veracruz. Pero el fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la plaza en sí mismo significan. La diáspora criminal y el realineamiento de los cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto.

Un diagnóstico federal subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las condiciones para que Joaquín El Chapo Guzmán escapara de El Altiplano en 2015. Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado para Prevención y Readaptación Social, que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara, antecesor del Cártel de Sinaloa, en 2013.

Las autoridades federales han encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de miembros de ese cártel llamado hoy Pacífico, y de su brazo armado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Los Zetas, se dio a través de un entramado de despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial, por lo que las autoridades revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de Acuerdos en los Circuitos de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.

Lo que se han venido encontrando es el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia federal, que benefició en Veracruz al Cártel Jalisco Nueva Generación y a zetas que estaban presos, cuya liberación y posterior incorporación a Cártel del Pacífico hizo que la violencia se intensificara en ese estado. Varias declaraciones del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y actos de impunidad, tienen en esos hallazgos su razón de ser. Pero sus declaraciones en este sentido son amagos sin acciones concretas. En otro sentido, han sido un bálsamo para los criminales, y un perdón implícito para los responsables de la negligencia.

La explicación es que López Obrador está en una lógica que no es combatir a los cárteles. Desde diciembre de 2017, antes de la campaña presidencial anunció una amnistía para narcotraficantes, y aunque la promesa la ha ido matizando, los cárteles reaccionaron, incluso, buscando el Cártel Jalisco Nueva Generación un acuerdo con él, del que no se sabe qué curso tomó. En todo caso, ya como presidente, López Obrador proclamó desde Palacio Nacional en febrero el fin de la guerra contra el narcotráfico y que cesaría la persecución a los jefes de los cárteles. Es decir, una amnistía disfrazada porque, razona, los criminales no son malos del alma, sino que las condiciones económicas los empujaron a ello.

Las cifras históricas de homicidios dolosos en su gobierno, son la respuesta a lo que aparenta ser una ingenuidad política. La pregunta es si realmente es inocencia o, como sugieren en su equipo, pretende regresar al status quo de principio de los 80’s, donde un cártel domine el país y coadyuve a la pacificación. No obstante, las condiciones son radicalmente distintas en cuanto a la naturaleza del mercado de las drogas y la composición de las organizaciones criminales trasnacionales.

Pactar de facto con el Cártel del Pacífico para que el Cártel Jalisco Nueva Generación y los zetas limpien el país de narcomenudistas, secuestradores, extorsionadores y asesinos en las esquinas, no será nunca la solución. Regresar el país a los 80’s en materia de seguridad es un disparate, y Minatitlán es un recordatorio que su propuesta, impunidad a los responsables directos del desastre y una política con los cárteles de dejar hacer y dejar pasar, es inviable y fallido por donde se vea—como se está viendo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/22 DE ABRIL DE 2019)

LOS SECRETOS DEL GENERAL BRIGADIER

El general brigadier Luis Rodríguez Bucio, contemporáneo del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, recibió dos noticias de su viejo amigo. La primera es que su jubilación será muy rápida y no podrá tomarse unos días de descanso. La mala es que no llegaría a general divisionario, y su carrera militar acabaría después de 45 años en las Fuerzas Armadas, al iniciar su proceso de retiro. La buena es que se haría cargo de la comandancia suprema de la Guardia Nacional, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de una nueva policía civil nacional, con la que espera vencer la inseguridad y derrotar a la delincuencia, así como ser la fundación del principio del fin del Ejército, siguiendo el modelo latinoamericano de Costa Rica. El presidente nombró al recomendado del general Sandoval, que ha establecido una relación de profunda cercanía profesional con López Obrador, y ungió a un hombre educado en la Escuela de Las Américas, de nefasta memoria.

El general de brigada Rodríguez Bucio tenía siete años de haber ingresado al Ejército cuando en 1980, el entonces teniente del 2º Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, parte del extinto Estado Mayor Presidencial, que era el responsable directo de la seguridad del presidente, de Los Pinos y de todas las instalaciones estratégicas que rodeaban la vieja residencia oficial, fue despachado a Panamá. Fue a capacitarse a Fort Gullick, donde originalmente había estado el muy desconocido 8vo. Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que realizaba intervenciones en América Latina, y que albergó y entrenó a la unidad militar boliviana que cazó y mató a Ernesto Che Guevara en 1967.

Cuando llegó a Fort Gullick el teniente Rodríguez Bucio, ese grupo de Fuerzas Especiales ya había sido desactivado, y sus instalaciones -hoy convertidas en un Hotel Meliá-, albergaban al 3er. Batallón Aerotransportado del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, y a la Escuela de Las Américas, por donde pasaron 11 dictadores de América Latina, entre los que figuraron Jorge Rafael Videla, el jefe de la junta militar que desapareció a 35 mil argentinos, el guatemalteco Efraín Ríos Montt, clasificado como “genocida” por una comisión de la ONU, y el panameño Manuel Antonio Noriega, que trabajaba con el Cártel de Medellín y la CIA, así como Manuel Contreras, el jefe de Inteligencia de los primeros años del régimen de Augusto Pinochet, el jefe de los escuadrones de la muerte salvadoreños, Roberto  D’Abuissson, y Vladimiro Montesinos, el asesor criminal del presidente peruano Alberto Fujimori. Esa escuela estaba especializada en operaciones de contra inteligencia y técnicas de tortura.

Su paso por la Escuela de Las Américas no se encuentra mencionada en el currículum que difundió la Presidencia del general de brigada, pero no es la única omisión. Hay lagunas en su carrera militar, admitidas como momentos no relevantes, pero sí hay otros puntos en su hoja de servicios difundida, que tiene imprecisiones o, definitivamente, ocultamientos. Una imprecisión es que donde la Presidencia señala que fue director del área de Operaciones Especiales de la Policía Federal de 1990 a 2000, pero este cuerpo no existió hasta 2009. En realidad, como dice la hoja de servicios sin precisar fechas, de 1994 a 1999 coordinó los grupos interinstitucionales del CISEN. Sin embargo, la Presidencia dice que el cargo era en el ámbito de la seguridad pública, cuando en realidad era de seguridad nacional.

Rodríguez Bucio se especializó en grupos armados -legado de sus enseñanzas en Fort Gullick-, y narcotráfico. Antes de llegar al CISEN fue subjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Marte, que combatía el narcotráfico y erradicaba plantíos de enervantes en el Triángulo Dorado -donde se juntan Sinaloa, Durango y Chihuahua-, cuyos detalles se mantienen secretos porque la Secretaría de la Defensa se ha negado a darlos a conocer pese a la instrucción del INAI que entregue información sobre la estrategia de combate al narcotráfico en esa zona desde 1967.

Ese mismo tipo de tareas realizó en la 4ª. Región Militar, con sede en Monterrey, de 2001 a 2013, donde estaba a cargo de operaciones contra el narcotráfico en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En esos años rompió el Cártel del Golfo y Los Zetas, que se extendieron hacia el sur de Tamaulipas y San Luis Potosí, y los hermanos Beltrán Leyva, primero como parte del Cártel del Pacífico y luego como una organización independiente, controlaban Monterrey. Años después, en esa región militar también estuvo comisionado el actual secretario de la Defensa, el general Sandoval.

Durante ese periodo, como sucedió antes con el CISEN, el general de brigada tuvo otras tareas no aclaradas en el currículum de la Presidencia. De agosto de 2003 a septiembre de 2004 fue comandante del 2º Batallón de Fuerzas Especiales al mando de las operaciones contra el narcotráfico en el Triángulo Dorado, y en 2006, fue trasladado al Estado Mayor de la Defensa Nacional como jefe fundador del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico, que sustituyó al Centro de Inteligencia Antinarcóticos, al desaparecerlo por la infiltración del narcotráfico. Ahí remplazó al entonces coronel Roberto Aguilera Olivera, de quien era subalterno, y que solicitó su retiro tras una investigación interna -nunca judicializada- donde presumían vínculos con el Cártel del Pacífico, luego de que una serie de fugas de información impidieron la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en la Sierra de Durango. Aguilera Olivera fue enviado como agregado militar a Argentina y Rodríguez Bucio salió de ese organismo en medio de una sorda controversia hacia la entonces República Federal Alemana como agregado militar.

Rodríguez Bucio tenía una carrera que lo llevaba al cargo de secretario, que su amigo el general Sandoval cortó. Pero le entregó al presidente López Obrador un militar experimentado, con mando de tropa, y entrenado para cualquier eventualidad, como los fantasmas y puntos negros en su hoja de servicios lo demuestran.

Nota: Esta columna no se publicará la próxima semana. Reanudará publicación el 22 de abril.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 12 DE ABRIL DE 2019)

QUÉ DIFÍCIL JEFE

Debe ser muy difícil ser miembro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todas las mañanas coloca a todo su equipo en una tensa situación donde saben que en cualquier momento tendrán que improvisar para seguirle el paso. Sus comparecencias matutinas y sus conferencias de prensa en Palacio Nacional son entre un circo romano y una montaña rusa. Para muchos fuera del gobierno, se han convertido en eventos morbosos para ver a quién difama o denuncia; para su gabinete, son un martirio porque todo puede pasar y cambiar, y todo puede esperarse. Todas las mañanas es como entrar en un túnel oscuro donde no sabe la mayoría qué va a encontrar.

Varios miembros del gabinete dedican personal a monitorear esas apariciones, para saber si hay alguna indicación que haya sobre su sector, algún nuevo programa que se le ocurrió al presidente y que no les había dicho, o algún tema contencioso sobre el cual les preguntará más adelante. Algunos han recibido instrucciones públicas sobre temas que nunca antes habían platicado con el presidente. Otros van a Palacio Nacional para participar en las reuniones de preparación de las mañaneras, donde a veces se juntan más de 100 funcionarios que aprovechan algún momento previo, para poder arreglar asuntos de su dependencia, ya que nunca los recibe.

López Obrador utiliza ese espacio para hacer lo que quiera. Una de las peculiaridades es cómo destroza la credibilidad de su propio equipo. Por ejemplo, el martes le tocó al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, al desmentirlo de la evaluación para restablecer la tenencia en el país. El miércoles al de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dijo que el nuevo aeropuerto de Texcoco no fue cancelado por corrupción, como originalmente se afirmó. En otra ocasión le dio instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para rasurar la Reforma Educativa, que estaba en el Congreso, para que los maestros no dijeran que era como la del presidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador es un jefe sumamente complicado, en buena parte, porque le interesan muy poco la mayor parte de los temas de su competencia. Su rutina de trabajo empieza alrededor de las 5:40 de la mañana, cuando su gabinete de seguridad le da un reporte sobre la incidencia delictiva y se ponen de acuerdo sobre las cifras que darán a conocer. Siempre buscan dar números a la baja, aunque haya discrepancias hasta en un 20% con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como sucedió en el primer bimestre del año.

Terminando se abre el mercado de funcionarios queriendo plantearle al presidente algún tema, salvo aquellos que previamente fueron notificados que esa mañana tendrían sus 15 minutos de fama. Así le sucedió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a mediados de febrero, cuando le notificaron que tenía que presentar el plan para el sector eléctrico. Bartlett llegó con su presentación, pero minutos antes de entrar al Salón de la Tesorería, le dijeron que su documento sería para después y le entregaron uno que se había hecho en las áreas de propaganda de Palacio Nacional, que era la que tenía que enseñar a la prensa. En ella estaba el top ten de presuntos empresarios empapados en complicidades y conflictos de interés en el sector, que Bartlett, mostrándose como un ignorante, denunció sin poder sustentar sus dichos y acusó a ex funcionarios que ni siquiera estaban vinculados con el sector.

Al presidente no le interesa su gabinete. Para López Obrador, según funcionarios, los únicos con quienes tiene interlocución diaria y frecuente son los que se sientan permanentemente en la mesa de seguridad: el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Tiene contacto, sin ser estrecho, con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de manera coyuntural con quienes encabezan sus programas sociales. Hay miembros de su gabinete que incluso piensan que quiere despedirlos porque nunca les hace caso.

Lo conocen poco. En el gobierno de la Ciudad de México hacía lo mismo: reunión con el gabinete de seguridad, mañanera y desayuno de trabajo. Después se iba a jugar un rato béisbol, a tomar una siesta, y caminaba por el Centro Histórico repartiendo dinero. Ahora ha tenido que reducir sus prácticas de béisbol y recortar sus siestas. Ya no reparte dinero en las calles y por razones naturales de su mayor responsabilidad, a veces tiene eventos al mediodía. Pero en general, todo lo resuelve en la mañanera: informe de acciones de gobierno, conferencia de prensa y, como sucedió con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un evento formal y protocolar.

Después de eso, cada quien atiende lo que le ordenó directamente o a través de Scherer, principalmente. López Obrador es el poder todas las mañanas y delega la gestoría a través de un puñado personas específicas. Para él no hay líneas de mando, y se recarga en quienes tienen su confianza y es eficiente. A quien le delega ese poder, lo empodera para los asuntos de gobierno. Lo único que atiende directamente además de la seguridad, es lo que tiene que ver con la política electoral, con un staff encabezado por el coordinador de delegados federales, Gabriel García Hernández, responsable de fortalecer el andamiaje para la consolidación del proyecto mediante las urnas, que es su mayor prioridad.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRIUCTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/11 DE ABRIL DE 2019)

¿Y SI RECTIFICA PRESIDENTE?

La anomalía que veían los economistas se disolvió. Se preguntaban, ¿cómo es posible que baje el consumo en todos los rubros, haya inflación y desempleo creciente y la confianza del consumidor sea positiva? El INEGI respondió al dar a conocer el Índice de Confianza del Consumidor de febrero, donde los niveles son los más bajos del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los peores desde enero de 2017. Hay incertidumbre por la inseguridad, y desconfianza en la política económica. La percepción ciudadana se está alienando con la de inversionistas, analistas, bancos privados, nacionales y extranjeros, instituciones multilaterales y organismos internacionales, que suman a esos factores dudas por las señales contradictorias de López Obrador. La más grande, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco.

Cancelar el proyecto como resultado de una consulta concentrada en en los municipios pobres en el sur del país, tuvo consecuencias económicas inmediatas, pero sobre todo, lanzó una señal de alerta al mundo. Al gobierno de López Obrador lo empezaron a ver con cuidado. Las inversiones se frenaron, y la economía se contrajo. La Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento para 2019 y 2020, pero el presidente insistió que crecería en dos por ciento y que para finales del sexenio el crecimiento estaría en cuatro por ciento. El Fondo Monetario Internacional lo desmintió ayer al dar a conocer sus expectativas de crecimiento en el mundo. Las señales emitidas por el nuevo gobierno llenas de incertidumbre política, produjeron un nuevo ajuste a la baja para estos dos años. 

Frente a las noticias negativas, López Obrador siempre acelera el paso. Aún no reacciona sobre el nuevo balde de agua fría que le tiró el FMI, pero en situaciones similares en el pasado, disfraza los malos números con acusaciones a políticos, empresarios, órganos autónomos y prensa.

López Obrador no entiende de economía, y a sus colaboradores les cuesta mucho trabajo explicarle las cosas porque tampoco razona. La subordina a sus objetivos políticos, olvidando que acciones similares llevaron a la ruina al país. Él mismo lucha contra sus creencias y se mete en contradicciones. Las evidencias que la economía del país estaba mucho más grave de la que se imaginaba, lo ha hecho enfurecer en algunas ocasiones, y molestarse con propios y extraños.

Tuvo que aceptar el recorte presupuestal que le propuso el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, cuyo tufo neoliberal es superior a los que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el que tanto se compara, al demostrarle que el dinero en las arcas del tesoro simplemente no alcanzaría, con todos los indicadores en contra, más la caída en la recaudación y en el empleo. El subsecretario Arturo Herrera dijo que para aumentar la recaudación contemplaban restablecer la tenencia de automóviles en el país, y horas después el presidente lo desmintió por completo. Este choque con la realidad evoca un dicho tabasqueño: lo mejor de todo, es lo peor que se va a poner.

Pero para López Obrador, esto puede significar el final anticipado de su sueño transformador. ¿Qué puede hacer sin cometer un suicidio financiero? Enviar una señal a los inversionistas de que entendió que lo que quería hacer, como lo quería hacer, no funcionó, y es capaz de rectificar. ¿De qué escala tendría que ser esa rectificación? La respuesta sería tirar la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y reanudar la construcción en Texcoco. El mero planteamiento, dada la necedad del presidente, parece descabellado. Sin embargo, una consideración que podría hacerse, es que la disyuntiva está entre restablecer un proyecto y encontrar la forma de tener el menor costo político posible, o pagar costos económicos, políticos y sociales de mayor envergadura en el largo plazo.

Santa Lucía es un aeropuerto que sí puede construirse, pero que de acuerdo con los estudios de aeronavegabilidad, no puede operar en forma simultánea con el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. Construirlo sería como añadir una pista más en la Ciudad de México sin ampliar el tráfico aéreo. No sólo organismos internacionales han concluido en ello, sino que un estudio de la Fuerza Aérea Mexicana dice lo mismo. Empeñarse en Santa Lucía, visto logísticamente, provocará una disrupción en las operaciones de las aerolíneas. Y en términos de seguridad, existe la certeza de la cancelación de vuelos internacionales.

El presidente no sabe de estos temas y los responsables de él, tampoco. Pero dentro del gobierno hay personas con conocimiento técnico y financiero de lo que significa entercarse en Santa Lucía. López Obrador tiene una oportunidad, aunque en un principio parezca una locura política. Una pista más en Santa Lucía, disfrazada de nuevo aeropuerto, no provocará el crecimiento de Texcoco, aunque el gobierno diga lo contrario. Texcoco no era la mejor opción; era la única posible. Una de las empresas a las que se recurrió por su opinión, que así lo determinó, es Aeropuertos de París, a quien le comisionaron el Plan Maestro de Santa Lucía. Al paso que va, ni siquiera estaría lista su primera fase antes de terminar el gobierno.

El nuevo aeropuerto de Estambul, como espejo, arrancó este fin de semana su primera fase operacional, tras casi cinco años de construcción sin problemas.

López Obrador puede intentar el rescate de la confianza de los inversionistas y quitarles la idea de que es un aventurero como jefe de Estado y que sí es capaz de corregir una decisión equivocada. Para ello, sin embargo, se requiere que cuando menos crea los números que le presentan los no radicales, y que se aleje de quienes empapan todo en demagogia, retórica y, sobre todo, embustes.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/10 DE ABRIL DE 2019)

LA VÍCTIMA DE LÓPEZ OBRADOR

Kirstjen Nielsen renunció a la secretaría de Seguridad Pública Territorial, y el impacto por su salida del gabinete del presidente Donald Trump no tardaremos en verlo. Perdió la parte moderada del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y perdió México. Apenas la semana pasada, funcionarios mexicanos mencionaban que los problemas migratorios de Trump no eran sólo con México, sino que se encontraban sobre todo dentro de su gabinete, donde el choque más fuerte era con Nielsen. Les preocupaba su salida, que finalmente se dio, ante la eventual llegada de halcones y radicales en políticas de migración. Paradójicamente, quien parece haberle dado inadvertidamente la puntilla a Nielsen fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es cierto que Nielsen llevaba una relación tortuosa con Trump prácticamente desde que relevó hace casi año y medio a su mentor, John Kelly, que fue nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca –y tiempo después removido-. Fue la responsable de la política migratoria de tolerancia cero, que afectó a árabes, mexicanos y centroamericanos. Sobrevivió en medio de aguas turbulentas hasta la crisis de migrantes centroamericanos que inició en octubre de 2018, pero ya no pudo neutralizar los cambios en las políticas migratorias del nuevo gobierno. La clave sobre el papel que jugó el presidente López Obrador en el desenlace final de la secretaria la dio Kevin McAleenan, quien será su sustituto a partir del miércoles, quien el pasado 7 de marzo compareció en el Comité Judicial del Senado, como jefe de la Patrulla Fronteriza.

En esa comparecencia McAleenan afirmó que las organizaciones criminales trasnacionales estaban “ganando tremendamente” gracias a los problemas de los migrantes centroamericanos, que estaban buscando llegar a Estados Unidos a través de México en números atípicamente crecientes. Los datos de Washington para este año eran utilidades en los dos primeros meses del año de cinco mil millones de dólares, con un crecimiento de aprehensiones de 360 mil personas, superior al total de capturas que se dieron durante todo 2017.

“Los contrabandistas de humanos escogen el momento y el lugar para que esos grupos crucen estratégicamente, a fin de dislocar los esfuerzos de seguridad fronteriza, crear una distracción del narcotráfico y permitir que individuos evadan ser capturados mediante e intenten inmigrar”, agregó. “Peor aún, esos contrabandistas cometen una violencia horrible, asaltos secuelas y extorsión en algunas de las personas más vulnerables de nuestro hemisferio”.

McAleenan dijo a los senadores que una parte de la responsabilidad del incremento masivo de inmigrantes centroamericanos era del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus políticas de regularización de migrantes y la laxitud en la aplicación de las leyes para repatriarlos, como había sido con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la primera de varias caravanas en octubre. En esa convicción estaba la molestia de Trump, quien amenazó con cerrar la frontera con México si eso no se revertía. Nielsen fue apoyada por el gobierno mexicano, que no sabía que su final se acercaba, cuando le dieron victorias pírricas para entregar a Trump:  aceptar en mediano plazo hasta nueve mil deportados por mes, para tener tiempo de asimilarlos de manera definitiva en territorio mexicano, e incrementar las deportaciones de inmigrantes centroamericanos. Trabajarían conjuntamente para capturar a líderes de redes tráfico humano en Chiapas y Veracruz y romper sus redes financieras. Obvio, no fue suficiente.

La salida de Nielsen concluyó una creciente frustración de Trump y su principal asesor político en materia migratoria, el extremista Stephen Miller, quienes consideraban que la secretaria no había dado resultados convincentes en una negociación exitosa con México. Nielsen era dura, pero no halcón. Días antes, Trump retiró el nombramiento de Ronald Vitiello, apoyado por ella, para dirigir la Oficina de Aduanas y de Inmigración del Departamento de Seguridad Territorial, porque el presidente había cambiado de opinión y buscaría implementar una política “más dura” en ese campo.

No está claro si McAleenan será ratificado, como adelantó el domingo la cadena de televisión CBS. Este es el problema que ven los moderados en Estados Unidos y algunos funcionarios mexicanos con la salida de Nielsen, porque redefinirá la política migratoria y abre el camino al nombramiento de un radical en el cargo. McAleenan no dio esa impresión al dirigir la Patrulla Fronteriza, pero tiene experiencia en el combate al terrorismo, como director de la Oficina Contraterrorista del FBI que participó en la guerra contra Osama bin-Laden, los talibanes y Saddam Hussein.

De manera coincidente o no, Trump ha coqueteado en las últimas semanas con reclasificar a los cárteles de la droga de organizaciones criminales trasnacionales, a terroristas, con lo que elevaría el nivel de lucha y las atribuciones de su gobierno. Pero su nombramiento, aunque sea como refresco de la gestión de Nielsen y de Kelly, que reconocían perfectamente el problema de la seguridad como un fenómeno regional, no tiene el perfil de ser una persona que podría tener largo kilometraje en la Administración Trump.

El temor en las áreas más sensibles del gobierno mexicano es quién moverá realmente los hilos de la política migratoria. Las noticias son ominosas. Quien ganó la batalla en la Casa Blanca fue Miller, que expandió su influencia y se convirtió, de facto, en el zar migratorio. En un correo electrónico al portal conservador Daily Caller  hace una semana, Miller adelantó que habría “un agresivo esfuerzo para utilizar a cada autoridad” para reducir la migración indocumentada”. Ya revisó, y la purga comenzó. También el endurecimiento de la política migratoria de Trump, resultado no deseado de la política migratoria romántica y de visión estrecha del gobierno mexicano, causantes colaterales de esta radicalización.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJECENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/9 DE ABRIL DE 2019)

LAS CULPAS DE EBRARD

La polémica sobre la petición de disculpas al rey Felipe VI parecía haber pasado a un segundo plano en la opinión pública, lo que era bueno para que los gobiernos de México y España trabajaran, como quedaron Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, cuando se reunieron en enero. Las dos habían tenido un encontronazo en ese acercamiento, donde la señora Gutiérrez Müller le anticipó que vendría el exhorto y que irían preparando un catálogo de crímenes españoles durante la Conquista para ser discutido. Aquello se dio durante la visita de trabajo del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no terminó bien. En la despedida, tras las difíciles conversaciones, la señora Gutiérrez Müller se le acercó a su esposo y algo le dijo al oído. Entonces, López Obrador reiteró a Sánchez que la petición de disculpas, era algo que no soltarían.

Gutiérrez Müller y Delgado establecieron una relación intensa a través de WhatsApp, que topó con baches cuando se filtró la carta que envió López Obrador al monarca español. Sánchez, dijo que no habría disculpas, pero lamentó sobre todo la filtración. Este es el gran tema. Tan importante, que Sánchez volvió a referirse a ello en una entrevista publicada el jueves en El Universal. En respuesta, López Obrador dijo: “Yo no di a conocer la carta. Fue una filtración. No se si fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores. Hay las dos posibilidades, pero sí se equivocaron”.

Esta es la cuarta versión del presidente sobre la filtración. Primero fue, tras la respuesta del gobierno español que lamentaban la difusión de la carta, cuando López Obrador dijo que habría sido en España. Al día siguiente reconoció que había sido una filtración de su propio gobierno. Al siguiente, señaló que se trataba de espionaje. Iba de mal en peor. La carta no salió de España, como asegura, porque como él mismo dijo, era un borrador que no estaba firmado. Adjudicar al espionaje, sería un escándalo, pero muchas cosas que dice el presidente pasan desapercibidas ante la creciente imprecisión y trivialización de su palabra.

Esta última versión anulaba la posibilidad de una filtración dentro de su gobierno, lo cual volvió a corregir la semana pasada cuando regresó a que una indiscreción de la cancillería hubiera sido la fuente de origen. El impacto que tuvo la filtración, y que alteró y entorpeció la negociación que habían iniciado Gutiérrez Müller y Delgado, ha sido abordado en este espacio como lo más importante de todo ese diferendo diplomático, en donde quedaba la duda de quién había sido el o la responsable de esa traición—por el daño causado al presidente, en imagen -el semanario británico The Economist lo critica en su edición actual llamándolo un “historiador amateur”-, y en la reducción de los espacios que tenía para poder ir negociando con la Corona española la tercera disculpa -la primera fue en el Siglo XIX y la segunda a finales del XX-.

La filtración ha sido manejada con mucha especulación por parte de López Obrador pero, a la vez, con gran hermetismo ante la opinión pública. Sin embargo, funcionarios mexicanos dijeron que en Palacio Nacional tienen identificada una persona como la responsable de haber filtrado extractos de la carta al diario madrileño El País, que dio la primicia. Esa persona es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Colaboradores cercanos a Ebrard afirman que es absolutamente falso y que se trata de rumores con el único propósito de dañarlo.

Ebrard acompañó a la señora Gutiérrez Müller a la reunión con la ministro Delgado en enero, y estuvo al tanto de todos los señalamientos y del anuncio que iban a enviar una carta al rey. La cancillería no ha negado ni desmentido que esa reunión se dio o que Ebrard participó en ella, pero en la prensa se ha sugerido en varias columnas la inocencia del canciller, incluso, subrayando que desconocía la carta. En los círculos de la casa presidencial, el sentir contra el canciller es negativo, adjudicando de manera subjetiva, pero concreta en cuanto a las relaciones de poder palaciegas, su enemistad con la esposa del presidente.

El canciller no la lleva bien con la familia. Entre quienes operan políticamente, consideran a Ebrard como un traidor, mientras que la señora Gutiérrez Müller y su entorno, tienen un problema de empatía con él que vienen arrastrando. Lo más evidente, dentro de los muros de Palacio, es el choque que tiene con Martha Bárcena, la embajadora de México ante la Casa Blanca, y tía política de la esposa del presidente, a quien Ebrard considera una imposición. Para neutralizarla, el secretario planeó abrir una oficina en Washington, encabezada por la hermana de Javier López Casarín, un empresario muy cercano a Ebrard, a quien le encarga asuntos delicados en la cancillería. Por esto, Bárcena, una diplomática muy respetada en el Servicio Exterior, lo confrontó en diciembre, y le dijo que la representante de México ante el gobierno de Estados Unidos era ella. Ebrard negó que hubiera una oficina y, hasta donde se sabe, canceló los planes.

No ha sido un arranque de gobierno terso para Ebrard, aunque parezca lo contrario, y ahora enfrenta las imputaciones de filtrador. ¿Fue él? El significado político de fondo es el choque en los corrillos palaciegos, donde Ebrard está en desventaja y no tiene posibilidades de ganar. El desgaste tenido en las últimas semanas es grande, así como su imagen pública como un político sofisticado. Los señalamientos que le hacen son fuertes—enormes en este momento, cuando menos, para sus aspiraciones presidenciales.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/8 DE ABRIL DE 2019)

EL ENTUERTO DE TRUMP

La disminución de la sonoridad de las críticas de la Casa Blanca contra México esta semana, fueron el preámbulo de que en un intercambio informal con periodistas en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostenía una reunión de trabajo con el gabinete, anunciara que la frontera no se cerraría y que abriría un plazo de un año para que redujera significativamente el tráfico de personas y de drogas hacia Estados Unidos. El aplazamiento fue el primer resultado de una batalla política de casi tres meses y medio entre los dos países, donde superaron momentos de crisis en las negociaciones, a punto de rupturas incluso, donde fueron moviendo posiciones para encontrar, si no la mejor solución a la crisis migratoria, cuando menos la posible.

La tensión con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó desde los primeros días de la administración, cuando en Washington empezaron a tener dificultades con dos discursos mexicanos que se confrontaban e incluso se contradecían. Por un lado, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el otro el de la de Gobernación. El canciller Marcelo Ebrard aceptaba que México fuera un tercer país seguro, donde le haría el trabajo sucio a Estados Unidos y mantendría en territorio mexicano a los inmigrantes que pedían asilo en aquella nación, mientras la secretaria Olga Sánchez Cordero, decía que eso era inaceptable.

Las posiciones antagónicas fueron una de las razones por las que el consejero especial de Trump, su yerno Jared Kushner, buscó una reunión con López Obrador, que llevó al presidente mexicano a hablar con ambos, exigirles que no se pelearan y que se coordinaran. A Ebrard le encargó coordinar todos los esfuerzos mexicanos, incluidos los migratorios en Washington, con el secretario de Estado Mike Pompeo, y a Cordero la responsabilizó de la política migratoria sin quitarle el control -en este espacio se reportó el miércoles que así había sido- del Instituto Mexicano de Inmigración. Su relación sería con Kirstjen Nielsen, la secretaría de Seguridad Territorial, la responsable en Estados Unidos de combatir la inmigración indocumentada.

El problema con Nielsen, sin embargo, se venía arrastrando desde tiempo atrás, cuando en diciembre, recién iniciado el gobierno lópezobradorista, buscaron que Cordero viajara a Washington para reunirse con ella. La respuesta fue negativa. Propusieron enero, igual; febrero, tampoco. ¿Finales de febrero? Las quejas se estaban acumulando en la Ciudad de México. A cambio del no encuentro entre las secretarias, Gobernación propuso un grupo de trabajo que encabezaban el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Seguridad Territorial para Estrategia, Política y Planeación, James McCament.

La primera de cinco reuniones se dio el 19 de enero, donde McCament no habló del concepto del tercer país seguro, sino del Acta de Inmigración y Nacionalidad 235, sobre la deportación inmediata de indocumentados “inadmisibles”. McCament planteó que México debía recibir a todos los inmigrantes indocumentados en todas las garitas, porque habían detectado un incremento de la migración derivada de la política de López Obrador de abrir sus fronteras, y que estaban llegando con visas mexicanas. La respuesta de los mexicanos fue de rechazo a la pretensión original, y llegaron a un primer acuerdo que sólo admitirían 20 inmigrantes por día, que tuvieran ese tipo de visas, y únicamente en Tijuana. Sin estar felices, aceptaron los estadounidenses. En Washington subía la frustración y molestia de Nielsen, que había planeado la instrumentación de la 235 con Pompeo, y se la habían ofrecido a Trump como una solución de largo plazo. Pompeo le pidió a Ebrard que Sánchez Cordero se entrevistara con Nielsen.

A finales de febrero, López Obrador le ordenó a la secretaria de Gobernación viajar a Washington. Se reunió con Nielsen el 28 de febrero, quien le dijo que la migración estaba dislocada y calculaban cerrar febrero con más de 70 mil aprehensiones, aunque en marzo estimaban más de 100 mil. Si no hacen nada, advirtió Nielsen, el presidente Trump va a cerrar la frontera. Fue la primera amenaza, aunque la secretaria afirmó que era un mero aviso de lo que vendría. Sánchez Cordero le dijo que el problema no era con mexicanos sino con centroamericanos, y que tenía que verlo con esas naciones. De cualquier forma, acordaron que México ampliaría la recepción de deportados, a Mexicali y Ciudad Juárez, pero la misma cantidad en cada una, pero sólo centroamericanos con visas humanitarias que hubieran entrado por los puertos fronterizos, y con niños acompañados por sus padres.

La presión en Estados Unidos crecía. Nielsen le pidió a Sánchez Cordero verla en Miami, camino a Tegucigalpa. El 17 de marzo se reunieron en el aeropuerto, y Nielsen le dijo que, como previó, las deportaciones rebasaban las 100 mil y que tenía que hacer algo en sus fronteras. Fue una plática muy tensa, donde Nielsen estuvo a punto de pararse de la mesa. Sánchez Cordero ofreció mantener las condiciones para recibir inmigrantes, pero con cuotas diferentes: 20 el primer día, y si cumplían, 30 el segundo, 40 el tercero y así sucesivamente. Serían nueve mil deportados que aceptaría mensualmente México. Además, habría contención en la frontera, como querían.

Sánchez Cordero le dijo a López Obrador que tenían que incrementar el número de deportaciones. López Obrador aceptó, y se registraron 13 mil deportaciones en las tres últimas semanas, que Trump vio como un paso positivo y canceló el cierre fronterizo. No será lo único. Los dos gobiernos están preparando medidas adicionales, no sólo migratorias, sino policiales y financieras, para atacar conjuntamente el fenómeno en la región.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/5 DE ABRIL DE 2019)