Con 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos
en duda, seis funcionarios públicos dejaron la Secretaría de Desarrollo Social
para ocupar desde agosto de 2015 las oficinas de la de Desarrollo Rural,
Territorial y Urbano.
Por decisión del Presidente Enrique Peña
Nieto, Rosario Robles Berlanga dejó su primer puesto federal, luego de que los
resultados en la erradicación de la pobreza a nivel nacional no fueron los
esperados, y se le dio una segunda oportunidad en la Sedatu. Para esa nueva
tarea se llevó a cinco miembros de su equipo a quienes colocó en puestos
estratégicos en materia de presupuesto, de adquisiciones y legales.
Pero en su primer año de funciones en la
Sedatu, la ASF encontró un posible daño al erario por 4 mil 666 millones 536
mil 010 pesos. Ante los cuestionamientos por el mal manejo de recursos
públicos, Robles ha dicho que aunque ha sido titular de ambas secretarías de
Estado, hay órganos ejecutores del gasto “responsables con nombre y apellido”.
Algunos están en su círculo más cercano desde el 1 de diciembre de 2012, entre
ellos, el Oficial Mayor Emilio Zebadúa y las direcciones que comanda, cuyas
identidades no son públicas.
TERCERA PARTE
Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 15 de
octubre (SinEmbargo).– En agosto de 2015, cuando Rosario Robles Berlanga tomó
protesta como la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano
(Sedatu), continuó con cinco funcionarios públicos que también conformaron su
equipo en la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol). Esto a pesar de que arrastraban 6 mil 558 millones 420 mil
667 pesos de posibles daños al erario público, de acuerdo con las Cuentas
Públicas 2013, 2014 y 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El equipo cercano que Robles
trasladó a Sedatu estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo
Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique
González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas
dependencias.
“Con relación a mi persona no
existe ninguna denuncia por parte de ninguna autoridad”, dijo Robles en una
conferencia de prensa del pasado 11 de septiembre. “Yo soy la titular, yo soy
la responsable de las políticas públicas de la Secretaría, pero por eso hay
órganos ejecutores de gasto en cada una de las áreas y hay responsables con
nombre y apellido”.
Agregó ante la prensa, en
compañía de su ex vocero Gustavo Rodríguez: “si alguien en Sedesol o en Sedatu
hizo un mal uso de los recursos públicos, y si hay pruebas de ello, que se
proceda conforme a la ley”.
La ASF, durante la gestión de
Robles y su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor,
Emilio Zebadúa González, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas
del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los
servidores públicos responsables de las observaciones señaladas.
Como ejemplo, en una
auditoría de 2014 realizada al programa de Comedores Comunitarios, se encontró
que en ninguno de los expedientes técnicos se incluyó la solicitud de pago a la
Oficialía Mayor para transferir recursos al proveedor, a fin de cubrir los
costos del equipo de estos comedores. Por esa razón no se pudo comprobar que
todos estuvieran en operación.
Pese a ello, Zebadúa, quien
ha sido el hombre más cercano de Robles durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, se mantiene como el Oficial Mayor de la Sedatu.
El 12 de diciembre de 2012, Rosario
Robles Berlanga tomó protesta a su equipo de trabajo en la Sedesol. En la
imagen Emilio Zebadúa González, quien fue designado como Oficial Mayor. Foto:
Saúl López, Cuartoscuro.
De acuerdo con el manual de
organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la
institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia
(Robles), las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para
la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los
recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
También revisa el desempeño
de los servicios administrativos que se proporcionan; suscribe convenios,
contratos y todos los documentos que impliquen actos de administración; propone
a la Secretaria la designación y sustitución de servidores públicos; autoriza
las adquisiciones y la documentación para los pagos con cargo al presupuesto;
autoriza el ejercicio de los recursos de la secretaría y es el único conducto
para gestionar las partidas Presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
La Oficialía Mayor trabaja en
conjunto con el Órgano Interno de Control en la resolución de asuntos internos.
Mauricio Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu
hasta ser sancionado en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública
(SFP). La suspensión de 630 días fue por archivar, sin ninguna razón o
justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
Los otros tres funcionarios
que Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las irregularidades
planteadas por el órgano fiscalizador son Juan Carlos Lastiri Quirós,
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en Sedesol
y luego Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en Sedatu hasta enero de
2018 cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio,
coordinador de asesores en Sedesol y ahora subsecretario de Ordenamiento
Territorial; y su abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, cabeza de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
Ese equipo, tan solo en su
primer año de funciones, ya acumulaba 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos de
posible daño al erario público. Pero continuó.
LAS DIRECCIONES DE EMILIO
Emilio Zebadúa ha sido
funcionario público desde 1996, cuando fue Consejero General del Instituto
Federal Electoral (IFE, hoy INE). En el año 2000 trabajó en la Secretaría de
Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar
Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue Diputado federal por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la
Cultura del Maestro A.C. Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la
Sedesol, mismo cargo que tiene en la Sedatu.
Zebadúa recibe un sueldo
total bruto de 189 mil 944 pesos mensuales. Tiene un seguro institucional, de
retiro, de gastos médicos y de separación. Entre sus prestaciones están la paga
de defunción, la ayuda para despensa, asignación de vehículo y asistencia
legal, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Esa es la única información
que ofrece como funcionario público. En su declaración patrimonial que presentó
a la Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió no hacer públicos sus
bienes patrimoniales ni tampoco sus posibles conflictos de interés.
El funcionario, como Oficial
Mayor de Sedesol, contó con 204 empleados y por el nivel de su puesto, se le
otorgó un equipo de cinco asesores y un secretario particular. Además, en la
oficina del Secretario Técnico del Oficial Mayor cuenta con un Auxiliar de Control
de Gestión, un Auxiliar de Oficina, con el Departamento de Apoyo y Seguimiento
Administrativo, y la Dirección de Gestión y Control Administrativo.
Tanto en la Sedesol como en
la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General
de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las
áreas con el mayor número de menciones en los informes de la ASF.
La Dirección General de
Programación y Presupuesto, que es mencionada en las auditorías en 51 ocasiones,
está conformada por 45 personas y cuenta con una Dirección de Contabilidad, un
departamento de Sistema Integral de Información y una Subdirección de Rendición
de Cuentas.
El nombre del titular de esta
Dirección no es público.
Esa unidad está conformada
por la dirección de Ejercicio Presupuestal; un Departamento de Control y
Seguimiento de Gasto de Inversión; Departamento de Gestión y Seguimiento
Presupuestal; Departamento de Control y Seguimiento; dos Departamentos de
Fiscalización; un Departamento de Análisis y Pagos de Servicios Generales; una
Dirección de Información y Análisis Presupuestal y la Dirección de Normatividad
Presupuestaria.
En una auditoría de la Cuenta
Pública 2014 se analizaron cinco convenios por 430 millones 109 mil pesos,
suscritos en 2014 por la Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEMOR) para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios.
Sin embargo, se presumió un
probable daño por 324 millones 632 mil pesos, por los “actos u omisiones a los
funcionarios que en su gestión” contrataron servicios con esta universidad sin
vigilar y supervisar el cumplimiento de lo contratado. Tampoco se cercioraron
que contara con la capacidad técnica, material y humana, por lo que se pagó a
terceros por los servicios, sin que se cuente con evidencia de la realización
por parte de los proveedores, concluyó el órgano fiscalizador.
Como resultado, se inició el
procedimiento para la imposición de una multa al Director General de
Programación y Presupuesto de Sedesol, “por no haber atendido en el plazo y
términos solicitados el requerimiento de documentación e información, realizado
mediante el oficio número DGAF/1315/2015 de fecha 10 de septiembre de 2015”.
Esta omisión generó un
probable daño al erario por 2 millones 435 mil pesos, ya que la Dirección
General de Programación y Presupuesto de la Sedesol realizó pagos de manera
directa a 134 Coordinadores Técnicos Sociales, aunque se encontraba vigente el
convenio de coordinación entre la Secretaría y la UAEMOR para llevar a cabo los
trabajos.
El 22 de septiembre de 2014,
aún en la gestión de Robles, la UAEMOR recibió de Sedesol 162 millones 316 mil
pesos. La ASF observó que los recursos se transfirieron a dos empresas, las
cuales a su vez enviaron dinero a una empresas más, y ésta a una cuarta.
La Universidad Autónoma de
Morelos transfirió el 9 de octubre de 2014 un monto por 158 millones 710 mil
pesos a la cuenta bancaria de la empresa Consolidación de Servicios y Sistemas
Administrativos, y el 15 de diciembre de 2014 mandó 146 millones 404 mil pesos
a la empresa Factibilidad Empresarial de México.
La ASF realizó visitas
domiciliarias a las dos empresas, Consolidación y Factibilidad, para verificar,
investigar y examinar las operaciones con la UAEMOR. Ninguna de ellas
proporcionó la información solicitada, por lo que se les inició el
procedimiento de multa.
Además, las actividades de
ambas compañías son ajenas a los servicios solicitados por la Universidad, pues
con la información obtenida se constató que corresponden al de “otros intermediarios
de comercio al por mayor y al por menor” y “comercio al por menor de artículos
de papelería, comercio al por mayor de abarrotes, promotores de espectáculos
artísticos, deportivos y similares”, respectivamente.
Por otra parte, se comprobó
que cada una de estas empresas transfirió 137 millones 969 mil pesos, para un
total de 275 millones 938 mil pesos, a una cuenta bancaria a nombre de la
empresa Esger, Servicios y Construcciones, la cual a su vez transfirió a la
cuenta bancaria de la empresa Integradora de Capital Humano, la cantidad de 106
millones 051 mil pesos.De la cuenta bancaria de Integradora, la Dirección de
Programación y Presupuesto emitió 3 mil 750 pagos a Coordinadores Técnicos
Sociales, quienes ejecutaron los servicios de este convenio de coordinación.
“No existe evidencia que
justifique la transferencia de recursos que realizó la UAEMOR a estas dos
empresas, toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y
justificativa (factura del proveedor, contratos o convenios celebrados y
entregables), que soporte las salidas de los recursos, por lo que se inició el
procedimiento de multa al rector”, expuso la ASF.
Emilio Zebadúa en una reunión con
Rosario Robles el 3 de enero de 2017. Foto: Twitter
@Rosario_Robles_
Ante las observaciones, el
órgano pidió que la Secretaría de Desarrollo Social cumpliera estrictamente lo
establecido en la Ley de Adquisiciones para evitar la opacidad y se abstenga de
contratar o convenir servicios, cuando éstas no tengan la capacidad para
ejecutarlos.
Eso es en cuanto a la
Dirección de Programación y Presupuesto. En lo que respecta a la Dirección
General de Recursos Materiales, señalada por la ASF en 11 ocasiones, tiene 41
plazas en las que están la Dirección General de Adquisiciones; la
Administración Inmobiliaria y Activo Fijo; la Dirección de Adquisiciones y
Contratos, que se divide en contratos menores y mayores, y el Departamento de
Control y Atención de Auditorías.
En la auditoría
15-0-20100-02-0284 realizada en 2015 a la Sedesol, la Dirección General de
Materiales realizó una adjudicación directa con una empresa para la entrega de
66 mil 460 impresos del Programa 3×1 para Migrantes en 29 delegaciones de la
Secretaría en entidades federativas y oficinas centrales. Sin embargo, no se
proporcionaron los acuses de recibo, solo un documento que no cuenta con datos
de la empresa que lo emite y que contiene una lista de los datos de la guía y
rastreo de movimientos.
De 2 mil 736 impresos
correspondientes a las delegaciones de Oaxaca, Sinaloa y la Ciudad de México,
no se proporcionó evidencia alguna.
La Dirección de Recursos
Materiales entregó relaciones de envíos y no comprobantes de la recepción en
las direcciones establecidas en el contrato y un escrito del 17 de mayo de 2016
dirigido a la Jefa de Departamento del Programa 3×1 para Migrantes, el cual no
contiene el sello de recepción de la dependencia.
“No fue posible identificar
las entregas de los 66 mil 460 impresos ni tampoco se proporcionó evidencia de
la autorización de prórroga para su entrega”, señaló la ASF.
Imagen tomada en octubre de 2016 durante
una reunión de trabajo con el equipo de la Sedatu. Estuvieron presentes Rosario
Robles y Emilio Zebadúa. Foto: Twitter @JuanCLastiri
Sedesol proporcionó los
oficios circulares de fecha 6 de junio y 12 de octubre de 2016 con los cuales
el Encargado del Despacho de la Unidad de Microrregiones envío 10 mil 958
impresos a las delegaciones de Durango, Hidalgo, Sinaloa y Oaxaca. La ASF
respondió que eso era evidencia del envío, más no de la entrega.
Se emitió una recomendación
para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca “sus mecanismos de
operación y control para garantizar que cuando se adquiera el servicio de
impresión y distribución de material impreso para la promoción del programa,
las entregas se realicen en los lugares establecidos en los contratos, y además
que se cuente con la evidencia de su distribución final”.
El posible daño generado a la
Hacienda Pública Federal fue por un monto de 595 mil 140 pesos solo por la
falta de evidencia de la recepción.
(SIN EMBARGO/ UNIDAD DE DATOS / OCTUBRE 15, 2018,
12:05AM)
