Entre 2008 y 2014, las
administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto inflaron y
desinflaron un sueño: reactivar la producción de refinados energéticos en
México, con la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo. No
generaron más desarrollo e inversión; no cumplieron con la promesa de generar
más empleos en zonas productivas. En cambio, legaron un terreno baldío y miles
de millones de pesos en pérdidas que beneficiaron a constructoras y
desarrolladores; aunque no a los campesinos que vendieron sus tierras.
El fracaso se debió, en
gran medida, a la falta de estrategia y logística adecuadas, que en lugar de
basarse en criterios técnicos, se fundamentaron en criterios políticos, o bien,
como dijeron especialistas en la materia a SinEmbargo, en “ocurrencias” que
impidieron y empeoraron la falta de seguridad energética del país, que pone en
riesgo el abasto de gasolinas.
En la actualidad,
Andrés Manuel López Obrador propone modernizar el sistema nacional de
refinación, que es impostergable para México. Pero también busca construir, en
los primeros tres años de su gobierno, una nueva refinería en Tabasco. No
obstante, los expertos consultados señalaron que esto “no es viable” por
múltiples razones.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- La Refinería
Bicentenario de Tula, Hidalgo, fue un “rotundo fracaso” de los sexenios de
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Hoy, a 10 años de iniciar el
proyecto, hay una barda en un lote vacío y cientos de sueños rotos. Pero la
promesa de nuevas refinerías sigue en pie. El virtual Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, confía en salir avante donde los otros fallaron.
“Hay un rezago muy grande en materia de refinación aquí en
México. Estamos importando, hoy en día, el 56 por ciento de las gasolinas que
consumimos en el mercado interno. Este rezago se debe, principalmente, a que no
se han invertido los recursos necesarios para mantener y modernizar las seis
plantas con las que cuenta Petróleos Mexicanos” (Pemex), dijo a SinEmbargo el
especialista en temas energéticos Arturo Carranza.
“Para abatir este rezago en el sexenio de Calderón, se
planteó la posibilidad de construir un nuevo tren de refinación, con la
finalidad de aumentar la producción interna y depender en menor medida de las
importaciones. La propuesta de la refinería no se logró concretar por la
fallida instrumentación del proyecto de nueva refinería”, comentó.
En marzo de 2008, Felipe Calderón anunció que su gobierno
construiría una planta capaz de procesar 250 mil barriles diarios de
combustible. El proyecto suponía un desembolso total de 12 mil millones de
dólares.
Un mes después, Jesús Reyes Heroles –entonces titular de
Pemex– informó que Tula sería la sede de la refinería. Por su parte, Miguel
Ángel Osorio Chong –como Gobernador de Hidalgo– celebró la contratación de una
deuda por 1 mil 500 millones de pesos con Banamex, que sería liquidada en un
transcurso de 12 años (lo que no pasó).
Durante los seis años siguientes, el Gobierno federal
invirtió 3 mil 435 millones de pesos en contratos de licitación. Aunque según
la autora de Pemex RIP. Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana, la
periodista Ana Lilia Pérez, el dinero erogado superó los 9 mil millones de
pesos.
Para marzo de 2014, la administración de Enrique Peña Nieto
anunció que se cancelaba el proyecto por no ser “rentable”; y que, en cambio,
comenzaría un proceso de modernización de las refinerías existentes (entre
ellas una en Tula), cuyo costo total sería de 4 mil 600 millones de dólares.
Hasta el año pasado, Pemex reconoció un desembolso de 2 mil
600 millones de dólares para modernizar la refinería Miguel Hidalgo de Tula,
que ya cuenta con una torre fraccionadora de la planta de coque (que permite
convertir combustóleo en gasolinas con mayor eficiencia).
El recorrido de 10 años implicó múltiples licitaciones
marcadas por la opacidad y las irregularidades. Inclusive, hasta julio de 2017,
Odebrecht –señalada por pagar millonarios sobornos a funcionarios de Pemex para
conseguir contratos– estuvo involucrada en el proceso que, en lugar de impulsar
obras públicas y generar crecimiento y desarrollo económicos a favor de miles
de trabajadores mexicanos, sólo benefició a los contratistas, dejó una
millonaria deuda en Hidalgo y abandonó 700 hectáreas de terreno que eran de
cultivo, dijeron en entrevista los especialistas en temas energéticos, Miriam
Grunstein Dickter y Arturo Carranza.
En 2009, el Gobierno de
Hidalgo, entonces encabezado por el priista Miguel Ángel Osorio Chong, comenzó
a firmar los acuerdos de venta de tierras en Tula. Los campesinos denunciaron
presión gubernamental para desalojar sus ejidos. Foto: Manuel Salgado, Agencia
Cuartoscuro.
En 2013, los sembradíos ya habían desaparecido. Y las
revueltas de campesinos fueron el pan de cada día porque no hubo mejoras; pero
sí pérdida de tierras productivas y del sustento de familias enteras. Foto:
Especial.
“En este país no hay políticas públicas sino ocurrencias.
Felipe Calderón tuvo una ocurrencia muy mal estudiada de construir una
refinería en la misma zona de Tula [en Hidalgo], en medio de una crisis
financiera internacional [en 2008], financiada […] por Pemex mismo, que es una
de las empresas petroleras más apalancadas”, lamentó la doctora Grunstein,
socia fundadora de Brilliant Energy Consulting.
Debido a la crisis económica, “Pemex, como todas las empresas
del mundo, tuvo que hacer un ajuste muy grande de su presupuesto. Y en este
ajuste le dio prioridad, como la mayoría de las empresas petroleras, a la parte
de exploración y producción. La parte de refinación quedó rezagada. Y si ya
había un rezago muy grande, con este escenario la parte de refinación cayó en
una situación realmente compleja, que al día de hoy se expresa en nuestro
consumo interno de gasolinas que depende, en gran medida, de Estados Unidos”,
detalló Carranza.
La opción para el Gobierno mexicano era, en cambio, comprar
un “sistema con terminales de almacenamiento y distribución” –como existe en el
sur de Texas– en lugar de construir una refinería nueva, señaló Grunstein. Sin
embargo se optó por una mala decisión y ahora pagamos los platos rotos.
El amargo capítulo de Pemex aún es una realidad para más de
300 campesinos que vendieron sus tierras porque los gobiernos local y federal
les prometieron beneficios y mejores condiciones de vida. Pero lo único que
dejó el Gobierno es un terreno ocioso, con una barda perimetral de 14.7
kilómetros de longitud (que costó 121.5 millones de pesos) y dos túneles de
desfogue.
Las 700 hectáreas de terreno, que abarca los municipios de
Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula, son un manto verde que nadie puede aprovechar
por tratarse de una propiedad federal. Los pobladores que vendieron se quedaron
sin una fuente productiva de trabajo y “perdimos el costo de oportunidad” que
se hubiera traducido en “generación de empleos y el impulso al crecimiento
regional”. Esto fue lo que se “desperdició” en Tula, mencionaron los analistas.
EL SUEÑO DE AYER Y HOY
La plaza de toros de Pachuca, Hidalgo, fue testigo de la
historia. Allí, el 17 de mayo de 2012 durante un mitin priista, el entonces
candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, dijo que “haremos realidad” la
construcción de la Refinería Bicentenario y del aeropuerto internacional de
Tizayuca. Peña lo firmó ante un notario; pero no cumplió.
Casi un año después del episodio en Pachuca, Pemex informó
ante el Senado de la República que la obra de la refinería tenía un avance de 6
por ciento, lo que implicaba, además de la limpieza del terreno y la
reubicación de algunas líneas eléctricas, la conclusión de la barda perimetral.
Para diciembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma Energética que
prometió, entre otras cosas, impulsar la producción de hidrocarburos con
inversión privada y extranjera.
“Con la reforma energética nos venden la idea de que las
refinerías fueran construidas por particulares. La idea de nuevas refinerías
siempre estuvo sustentada en el inmenso costo de oportunidad de Pemex, ya que
podía inhibir la competencia en la distribución al menudeo de gasolina al
convertirse en el suministrador dominante”. Sin embargo, explicó la doctora
Miriam Grunstein Dickter, el proyecto no fue viable. Y en la actualidad,
tampoco lo será; “ni desde el punto de vista financiero, ni de tiempos”.
“Aquí [en Hidalgo] engañaron que iban a construir una
refinería en la época de Felipe Calderón y al final se canceló. No sólo eso,
han dejado abandonadas las seis refinerías que se tienen, las cuales, trabajan al
30 por cierto de su capacidad por el negocio que tienen los de la mafia del
poder de comprar gasolinas al extranjero”, expuso en mayo de 2018 el virtual
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
AMLO piensa modernizar las seis refinerías que tenemos en
todo el territorio nacional –incluida la de Tula– para que, a mitad del
sexenio, el país deje de importar gasolinas. Y también prometió que en los
próximos tres años construirá una refinería grande (en Dos Bocas, Tabasco) o
dos medianas (una en Atasta, en Ciudad del Carmen en Campeche; y otra en la
terminal marítima de Dos Bocas).
“Vamos a reactivar de inmediato la actividad petrolera con
exploración y perforación de pozos para tener petróleo […]. También vamos a
tratar el tema de las seis refinerías que no están produciendo al 100 por
ciento”, dijo el 7 de julio pasado. Sobre la construcción de las refinerías,
aseguró que el tiempo propuesto es suficiente porque “en la India se hizo una
gran refinería en tres años y costó 8 mil millones de dólares”.
Para los analistas consultados, el proyecto de López Obrador
tampoco está libre de “ocurrencias”. Primero, comentaron, no tienen un plan
bien estructurado. Segundo, las cifras del tabasqueño y las que menciona su
virtual Secretaria de Energía, Rocío Nahle, no concuerdan del todo.
En junio de este año, Nahle dijo que la refinería de Dos
Bocas costaría 6 mil millones de dólares y que, aunque ya tienen ubicados unos
terrenos para iniciar su construcción, “todavía se van a analizar los costos,
así como las dimensiones y la logística para saber si es un lugar estratégico o
no”.
Miriam Grunstein Dickter recordó que la refinería de la India
–que AMLO pone como ejemplo– “tuvo un largo proceso de planeación de más o
menos un lustro [o cinco años] y se construyó en tres años sin financiamiento
estatal. Sólo en planear cómo reconfigurar y darle mantenimiento a lo ya
existente, se les puede ir un sexenio entero”.
Por eso, Grunstein y el especialista en temas energéticos,
Arturo Carranza, advirtieron que “tomando en cuenta la experiencia nacional e
internacional, es muy complicado que una refinería del tamaño que están
proponiendo se pueda concluir en tres años”. No es viable hacerlo porque el
proceso implica múltiples estudios y cálculos que toman años. Sólo la
adquisición de terrenos y los permisos de uso de suelo, ejemplificaron, pueden
comerse el tiempo.
“Si un ducto no puede pasar por territorio relativamente
limitado, imagine [la complicación de] construir refinerías que vienen
acompañadas de un montón de infraestructura”, dijo Grunstein. Además, la
siguiente administración tendrá estrechez de presupuesto y estará “limitada en
opciones”, comentó.
En 2013, la refinería Miguel Hidalgo (Tula) no había sido
modificada. Hoy en día, las seis plantas existentes operan a poco más de la
mitad de su capacidad y en las últimas décadas, México no ha modernizado su
infraestructura de almacenamiento y distribución de petrolíferos. Foto:
Francisco Villeda, Agencia Cuartoscuro.
Con la situación actual de rezago, México tiene una opción a
mediano plazo: Modernizar las refinerías y ampliar el sistema nacional de
refinación –sale más barato que construir una nueva refinería– que no nos daría
autonomía productiva, pero nos permitiría producir “un poco más” de gasolinas,
según Carranza.
Grunstein coincidió. Para la investigadora, “lo que más urge
es la infraestructura logística, que son los poliductos y las terminales de
almacenamiento y distribución. Porque la gasolina la podemos conseguir. Lo que
está en chino conseguir es la infraestructura de almacenamiento y distribución,
además de combatir al crimen organizado” (los huachicoleros), indicó.
Rocío Nahle, por su parte, ha dicho que ya tienen los 40 mil
millones de pesos para modernizar las refinerías. Pero el dinero para ampliar
la capacidad de refinación (6 mil millones de dólares) no lo tienen, refirió
Carranza. El viernes de esta semana, AMLO dijo que “vamos a intervenir con
urgencia y vamos a destinar, desde el primer año, 75 mil millones de pesos
adicionales de inversión para perforar y explorar pozos petroleros”. Y recalcó
que en tres años construirán la nueva refinería con una inversión inicial de
170 mil millones de pesos.
“En materia energética hemos definido cuatro proyectos
estratégicos. El primero consiste en extraer petróleo con urgencia, porque se
está cayendo la producción petrolera. No queremos alarmar, pero tenemos que
informar con objetividad y profesionalismo. Hace 14 años la producción de
petróleo era de 3.4 millones de barriles diarios, la actualidad es de 1 millón
900 mil barriles. En 14 años hemos perdido 1 millón 500 mil barriles diarios en
la producción y es una tendencia a la baja”, refirió.
Para obtener esta cantidad de dinero, dijo Carranza, será
necesario sacarlo ya sea del presupuesto público (lo que es improbable);
endeudarse (que sería un riesgo que podría afectar de manera negativa los
mercados financieros); o por medio de una asociación público-privada (que
aunque es lo más viable, también es poco probable que alcance, salvo sea, a
largo plazo y de manera transexenal).
Ulterior a cualquier inversión, recalcó Grunstein, saber si
este tipo de medidas (modernizar y/o construir una nueva refinería) tendrá un
impacto positivo en el precio de las gasolinas, “no es posible, ya que la
gasolina se rige por el precio de los mercados internacionales”. Además,
mencionaron los especialistas, instrumentar proyectos tan amplios, aquí y en el
resto del mundo, siempre genera sobre-costos.
LOS RETOS Y LA LECCIÓN
DEL PASADO
“El mayor impacto es que cada vez estamos dependiendo más del
abasto de las importaciones […]. No hemos consolidado la seguridad energética,
precisamente por haber instrumentado mal el proyecto de la construcción de una
refinería [como la de Tula], y eso tiene implicaciones muy grandes”, entre
ellas, poner en riesgo el abasto de las gasolinas, concordaron los analistas en
materia energética.
El problema de la Refinería Bicentenario tuvo que ver con que
“se seleccionó a Tula con criterios políticos y no con criterios técnicos”,
mencionaron Grunstein y Carranza.
“Nunca hubo una racionalidad” en el proyecto. Construir una
refinería en el centro del país no sólo hubiera sido nocivo en términos socio-ambientales,
sino que también hubiera sido contraproducente en términos de costos monetarios
(por temas de distribución, desahogo de residuos y obtención de materias
primas, por ejemplo).
“Una refinería debe estar cerca de un puerto para poder
transportar el crudo, para poderlo procesar y poder sacar los deshechos de
manera que no te cuesten tanto. Debe estar cerca de un centro de consumo; debe
estar cerca del mar, porque así las plantas trabajan con mejores rendimientos”,
dijo Carranza.
Veracruz, por ejemplo, hubiera sido una muy buena opción.
Pero como los Reyes Heroles eran veracruzanos –Jesús padre y Jesús hijo fueron
directores de Pemex en los periodos 1964-1970 y 2006-2009, respectivamente–
hubo diferentes actores que se opusieron a la idea “porque podía verse mal”,
contó Grunstein acerca del secreto a voces. Y “si ese es fundamento de las
decisiones de políticas públicas en este país, pues estamos perdidos”.
AMLO parece entender esta dinámica y propone puntos
estratégicos para la construcción de las nuevas refinerías. Sin embargo, las
historia nacional nos recuerda que la vida está llena de contratiempos. Crisis
económicas (como las de 2008 y 2016 que hundieron los proyectos modernizadores
de Pemex); fallas en las estrategias que generan sobre-costos; logísticas que
escapan a la capacidad de cualquier programa; la falta de transparencia y los
casos de corrupción que manchan más que el petróleo, entre otros, serán los
retos del próximo gobierno.
En la opinión de Arturo Carranza, los primeros obstáculos que
la administración de Andrés Manuel López Obrador deberá superar son la falta de
transparencia y la eficiencia en todo el trayecto de modernización.
Durante el proceso de construcción de la Refinería
Bicentenario en Tula (2008-2014) y la modernización de la planta existente
(2014-presente), los principales problemas fueron aquellos relacionados con la
corrupción y el conflicto de interés, a los que se suman los contratiempos que
implican mayores costos.
Para reubicar las líneas de transmisión eléctrica de la nueva
refinería en Tula, por ejemplo, Pemex contrató a la empresa española Isolux
Corsán, misma que fue inhabilitada en México por tres meses en 2006, por
proporcionar información falsa cuando trabajó con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Al final, aplazó su contrato por tres meses más de lo
estipulado en un inicio. Y los 156 millones que le pagarían, se convirtieron en
180.1 millones, refieren datos de la periodista Ana Lilia Pérez.
Lo mismo sucedió con la empresa I.I.I Servicios, cuyo
director fue deshabitado por 12 años en 2013, por irregularidades en la
construcción de la Estela de Luz de la Ciudad de México. Dicha empresa fue
contratada para limpiar el área entre mayo de 2012 y enero de 2013. Sin embargo
se atrasó en el cumplimiento del contrato y sus labores fueron extendidas por
tres meses más, tiempo en que los 35.2 millones que le iban a pagar, se
convirtieron en 54.4 millones de pesos.
Odebrecht, por otro lado, debía reconfigurar la refinería
Miguel Hidalgo en Tula. Sin embargo, cuando en 2014 fue señalada por sobornar a
funcionarios públicos en América Latina, el gigante corporativo comenzó a
tropezar. México tardó en poner atención al caso, y en 2017, estalló una bomba.
Ese año, fue señalada de sobornar, entre 2012 y 2016, al entonces director de
Pemex Emilio Lozoya Austin, con 10 millones de dólares para obtener los
contratos de modernización de las refinerías.
En total, Odebrecht se embolsó 6 mil millones de pesos a
través de una decena de contratos, de acuerdo con una investigación del diario
Reforma. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación informó que Pemex
le pagó a la compañía brasileña 61 por ciento más de lo acordado (2 mil 315
millones, en lugar de 1 mil 436 millones de pesos) para realizar distintas
obras del proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería
Miguel Hidalgo.
Aunado a las irregularidades, los retardos de empresas como
Martínez Aguilar Construcciones S.A. de C.V., Automatizaciones y Proyectos de
Ingeniería S.A. de C.V., Bechtel, Jacobs Nederland, Axens, UOP LLC, Technip, Emerson
Process, e inclusive la CFE, generaron costos extra que implicaron inversiones
para un proyecto que nunca despegó.
Hoy, a 10 años del anuncio de la emblemática obra del
Gobierno de Felipe Calderón, las únicas obras construidas son la barda
perimetral, dos túneles de desfogue, así como la reubicación de algunas líneas
de alta tensión y de dos basureros.
(SIN EMBARGO/ EFRÉN
FLORES/04 DE AGOSTO 2018)
