jueves, 31 de julio de 2014

ASESINAN A REPORTERO DE CANAL 9 DE ZACATECAS

El reportero Nolberto Herrera Foto tomada de Facebook
ZACATECAS, Zac. (apro).- El periodista Nolberto Herrera Rodríguez, reportero, editor y camarógrafo en el Canal 9 de la televisión local, fue asesinado a puñaladas y su cuerpo fue localizado en su domicilio, en el municipio de Guadalupe, conurbado con esta capital.

Luego de los primeros peritajes de rigor, el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) Arturo Nahle García, confirmó que el móvil pasional es la principal línea de investigación.

En declaraciones a la prensa, dijo que Herrera Rodríguez habría abierto la puerta a su asesino y que incluso consumió algunas bebidas con él y que el encuentro terminó “en una agresión brutal”, que podría tener tintes homofóbicos.

Nolberto fue apuñalado en repetidas ocasiones en distintas partes del cuerpo. El cadáver fue hallado el pasado martes 29 de julio en su domicilio del fraccionamiento Villas del Monasterio en Guadalupe, municipio conurbado con la capital.

Con las evidencias obtenidas hasta ahora, el funcionario dijo que por ahora no hay indicios de que el asesinato del también reportero y editor de televisión de 38 años tenga que ver con su actividad periodística.

El crimen, subrayó, pudo haber estado relacionado con la homosexualidad –abiertamente reconocida– del camarógrafo, por lo que se investiga esa hipótesis.

Este jueves, el cuerpo del reportero del Canal 9 local fue velado en la comunidad Laguna de Carretero, al sur de la capital.

Nolberto vivió también en Estados Unidos, volvió a esta ciudad hace cinco años y se instaló en Guadalupe. Estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango, mientras hacía sus pininos como camarógrafo en TV Azteca.

En los últimos tres años laboró en el Canal 9 de cable, principalmente como floor manager.

Al dar a conocer los primeros detalles de la indagatoria, el procurador señaló que en el baño de la casa fue encontrado un pantalón manchado de sangre, mismo que presuntamente era utilizado por el homicida, quien tuvo tiempo de bañarse antes de salir.

“Hay indicios de que estuvieron departiendo con cervezas, cuando algo pasó”, señaló el procurador.

La organización Artículo 19, defensora de la Libertad de Expresión y del ejercicio periodístico, demandó al gobierno del priista Miguel Alonso Reyes brindar protección al gremio y realizar la investigación del caso sin descartar el ejercicio periodístico como línea.

A esta demanda se unió la organización Reporteros Sin Fronteras, que se refirió a Zacatecas como un importante centro de operaciones del narcotráfico, donde “con frecuencia las autoridades ejercen presiones sobre los profesionales de la comunicación, les conducen a menudo a la censura o la autocensura”.

El cuerpo del periodista fue encontrado el pasado martes 29. Sus propios compañeros acudieron a buscarlo a su domicilio luego de que no respondía las llamadas telefónicas.

En un comunicado entregado a medios el miércoles 31, Artículo 19 citó al jefe de información del Canal 9 Alfredo Valadez Rodríguez –quien es también el corresponsal de La Jornada–, quien relató que Nolberto era “una persona muy activa” que hacía labores de reportero, camarógrafo, productor y editor, tanto de información general como de cultura.

“Lo que ha dicho el procurador de Justicia del Zacatecas (Arturo Nahle García), que el posible móvil del crimen sea pasional, pero hasta no agotarse todas las líneas de investigación no debe descartarse el ejercicio periodístico como móvil”, refirió Valadez.

La organización defensora de los periodistas hizo un llamado al procurador Arturo Nahle para investigar el asesinato de Nolberto “agotando todas las posibles líneas de investigación, en especial aquellas que relacionen el homicidio con su trabajo periodístico”, y pidió una investigación adecuada que permita sancionar a los responsables, y romper el ciclo de impunidad “que genera un efecto amedrentador contra el ejercicio de la prensa”.

Además, exhortó al gobierno de Alonso Reyes establecer una política pública de prevención que garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En tanto que Reporteros Sin Fronteras recordó que en lo que va del 2014, cuatro periodistas han sido asesinados, crímenes en los que existe –de manera posible o manifiesta– un nexo con su actividad periodística.

Camille Soulier, responsable del despacho Américas de RSF, expresó a propósito del asesinato de Nolberto Herrera Rodríguez: “Este indignante asesinato muestra el peligro al que están expuestos los periodistas en provincias, fuera de la capital. Exhortamos al procurador de justicia encargado del caso a que lleve a cabo la investigación con la mayor seriedad y rapidez”.

/31 de julio de 2014)

OBJETO QUE MATÓ A NIÑO FUE LANZADO POR "INFILTRADOS", DICE PROCURADOR DE PUEBLA

Enfrentamiento del pasado miércoles 9 en la autopista Puebla-Atlixco. Foto: Tomada de video.
MÉXICO, D.F. (apro).- Un grupo de organizaciones sociales pidió al Instituto Nacional de Protección de Derechos Humanos (Inprodh) y a Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) que participen “como garantes de la objetividad e imparcialidad” en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de Puebla sobre el caso del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

En un desplegado difundido este jueves en medios nacionales, las agrupaciones destacan que los organismos defensores de los derechos humanos deben tomar cartas en el asunto, “toda vez que no confiamos en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Puebla, por la existencia de conflictos de interés”.

Además de reprobar los “excesos” de la policía estatal contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan –durante la manifestación del pasado miércoles 9 en la autopista Puebla-Atlixco–, la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos, el Movimiento Nacional Los de Abajo, el Frente de Usuarios y Mototaxistas del Estado de Puebla, la Asociación y Expropiación de Cholula y el Frente Campesino exigen “garantías de objetividad e imparcialidad en las investigaciones para hacer justicia” al menor de 13 años.

También piden una indemnización para la madre del menor, Elia Tamayo Montes, y las personas que resultaron lesionadas en los hechos, así como la libertad “de los 35 presos políticos de Puebla y el alto a la criminalización de los movimientos sociales”.

Bajo el título “Un llamado al diálogo para Puebla”, las organizaciones destacan que este jueves se realizará en la Ciudad de México una mesa de diálogo con el gobierno de Puebla para encontrar una solución a las demandas planteadas, y reiteran al gobernador Rafael Moreno Valle “nuestra disposición al diálogo con garantías para solucionar nuestras demandas”.

Como último punto proponen que se legisle para crear una ley de participación ciudadana que brinde una solución democrática a los problemas generados por la “ley bala” y varias más, entre ellas la de expropiación y la que privatiza el agua.

Por separado, el procurador general de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá, reiteró que no hay evidencia de la utilización de balas de goma por parte los elementos de la policía estatal en la manifestación del pasado miércoles 9, y aseguró que el objeto que explotó cerca del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue lanzado por “infiltrados”.

“Si fueran balas de goma no tendríamos una lesión como la que tuvo el menor”, señaló Carrancá en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Añadió: “Es imposible que la Policía llevara balas de goma. En el momento del hecho la policía estatal está cerca del puente, donde hay una malla ciclónica y era imposible lanzar algún objeto”.

De acuerdo con el funcionario estatal, en la confrontación “un grupo de personas que yo los he diferenciado del grupo de manifestantes” lanzó cohetones a los policías.

Ese grupo, subrayó, estaba conformado por gente joven “que se cubrió el rostro”. No obstante, afirmó que ya tiene identificados a algunos de los que participaron en el enfrentamiento y serán detenidos una vez que se concluya la segunda etapa de la investigación y se integre la averiguación previa.

El procurador poblano reconoció que en el enfrentamiento los policías utilizaron gases lacrimógenos, pero eso –dijo– no pudo herir al menor, quien posteriormente perdió la vida.

Sin embargo, el pasado jueves 24 elementos de la policía estatal confirmaron al periódico Intolerancia que en el desalojo dispararon contra los pobladores de Chalchihuapan con cartuchos de gas lacrimógeno caducos, que al no estallar se convirtieron “en proyectiles contundentes” que hirieron a los manifestantes.

/ 31 de julio de 2014)

GESTIONAN LA EXTRADICIÓN DE TRES IMPLICADOS EN LA MASACRE DE ALLENDE

Gestionan la extradición de tres implicados en la masacre de Allende

SALTILLO, Coah. (apro).- El gobierno de Coahuila solicitó a Estados Unidos la extradición de tres presuntos narcotraficantes implicados en la masacre de Allende, Nava y Piedras Negras confirmó a apro Juan José Yáñez Arreola, subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas.

“Estamos solicitando a las autoridades estadunidenses poder entrevistar a Héctor Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuellar y José Luis Garza Gaytán sobre el caso de Allende”, puntualizó.

Además, dijo, los tres tienen órdenes de aprehensión por el presunto delito de secuestro y que deberán pagar las condenas en prisiones de México.

De acuerdo con el funcionario estatal, la solicitud de extradición ya fue entregada a la Procuraduría General de la República para que realice los trámites correspondientes.

Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán operaban el tráfico de drogas para Los Zetas desde el municipio de Allende, un pequeño poblado ubicado a 57 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, y Mario Alfonso Cuellar era el segundo al mando en la plaza de Piedras Negras, a quien se le responsabiliza de traficar entre 800 y mil kilos de cocaína por esa ciudad fronteriza.

Los tres son testigos protegidos de Estados Unidos y colaboran con los fiscales en el juicio que se le sigue en Austin, Texas, a José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel, Z40, por lavar dinero de la organización criminal en la compra de caballos de carreras. 

En el pequeño poblado de Allende, Nava y Piedras Negras sucedió lo que ahora se considera la peor masacre del México contemporáneo. Alrededor de 400 personas fueron ejecutadas por la supuesta traición de Moreno, Garza y Cuellar al Z40.

Todo inició el 18 de marzo de 2011. En la tarde arribaron al poblado unas 40 camionetas con sicarios. Un grupo cerró los accesos por carretera y otro se dirigió a 10 residencias de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán. Ese día se llevaron a 80 personas, entre mujeres, ancianos y niños.

De familias adineradas, Héctor Moreno y José Luis Garza salieron de Allende para estudiar en escuelas privadas de Monterrey, Nuevo León, pero a su regreso ingresaros a las filas del narcotráfico. Operaron con la organización criminal desde 2007, pasando 800 kilos de cocaína por mes a Estados Unidos, a través de una de las empresas de trasporte de carga propiedad de la familia Moreno Villanueva.

El trasiego de droga generaba una ganancia promedio de cinco millones de dólares mensuales que eran enviados a Nuevo Laredo, Tamaulipas, al líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales.

Héctor Moreno también lavaba parte de ese dinero en la compra caballos de carreras Cuarto de Milla para Z40 y anotaba las transacciones en un libro de contabilidad.

En febrero de 2011, Moreno y Garza huyeron con poco menos de 5 millones de dólares e informaron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre el trasiego de estupefacientes. 

Miguel Ángel Treviño les advirtió que si no regresaban el dinero y el libro de contabilidad matarían a todos sus familiares y amigos. Los capos desoyeron las amenazas y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos.

Z40 cumplió sus amenazas y durante más de un mes envió a Allende a decenas de sicarios para secuestrar a todos los habitantes que tuvieran los apellidos Garza Gaytán y Moreno Villanueva, pero también se llevaron a empleados domésticos e incluso en una ocasión convocaron a todos los albañiles que construyeron las lujosas viviendas de esas familias y también los desaparecieron. 

Días después los sicarios regresaron con trascabos y maquinaria pesada y tiraron las paredes y techos de 50 casas en busca del dinero y el libro de contabilidad robados.

Luego de balacear y quemar parcialmente las viviendas, dejaron que los pobladores las saquearan. Estos se llevaron muebles, puertas, ventanas e incluso las llaves y tuberías de los baños.

Héctor Moreno contó parte de lo anterior cuando testificó como testigo protegido en el juicio que se le siguió en Austin, Texas, a Héctor Treviño Morales.

Para desaparecer a los más de 400 integrantes de las familias secuestradas, los delincuentes utilizaron al menos tres “narco cocinas”, una de las cuales se halló en un rancho que Los Zetas incautaron a Luis Garza Gaytán, ubicado en las inmediaciones del kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión.

MOTOCICLISTAS EJECUTAN A ABOGADA MIENTRAS DESAYUNABA EN CAMPECHE

CAMPECHE, Camp. (apro).- La abogada tabasqueña Mayra Alejandra García Almeida fue asesinada este jueves mientras desayunaba en un puesto de tortas de la colonia Madera, en esta ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando una pareja de motociclistas llegó al establecimiento y abrió fuego contra la mujer y su esposo, José Juan García. Ella murió en el lugar de los hechos y él resultó lesionado.

En conferencia de prensa, el procurador de Justicia de la entidad, Arturo Ambrosio Herrera, señaló que la víctima tenía 34 años, era originaria de Tabasco y abogada de profesión.

El funcionario estatal adelantó que ya se siguen varias líneas de investigación para esclarecer el caso y dar con los asesinos, quienes huyeron con rumbo desconocido después del ataque.

Supuestamente la pareja estaba de vacaciones en la isla, donde la delincuencia continúa imbatible. Apenas la semana pasada un sujeto robó una sucursal de Banorte y luego intentó asaltar otra de Banamex. La policía no logró atraparlo.

En otro hecho que se registró el pasado fin de semana, sujetos disfrazados de agentes de una compañía de valores robaron más de un millón de pesos de un cajero instalado en pleno helipuerto.

/ 31 de julio de 2014)

HALLAN DOS EMBOLSADOS EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC

AL RECLUSORIO ESTUDIANTE "MODELO"; DESCUARTIZÓ A VÍCTIMA CON CUCHILLLO DE COCINA

Javier Méndez Ovalle. Foto: Especial.
MÉXICO, D.F. (apro).- El 27 de junio del año pasado, Sandra Camacho, de 19 años, acudió al departamento de Javier Méndez Ovalle, en ese entonces estudiante del CECyT 9 del  Instituto Politécnico Nacional (IPN) y ganador de la medalla de oro de la Olimpiada Nacional de Física 2011, en la Unidad Habitacional Tlatelolco.

Era la primera vez que ambos jóvenes, él de 19 años y ella de 17, se veían personalmente, luego de mantener una breve relación virtual a través de la red social de Facebook.

Sandra estaba en aquel tiempo con los ánimos por el suelo,  desilusionada, porque no había logrado aprobar el examen de admisión para estudiar en la UNAM.

Incluso, confió a Javier que estaba buscando trabajo como edecán o bailarina. El estudiante politécnico le contó que había ganado la Olimpiada Nacional de Física y se ofreció a ayudarla a conseguir empleo.

Fue así como logró convencer a la joven para que fuera a verlo al departamento que rentaba en el edificio Juárez de la unidad Tlatelolco el 27 de junio de 2013.

Al día siguiente el cuerpo de la joven fue encontrado, desmembrado, en contenedores de basura y jardineras del complejo habitacional. Las investigaciones revelaron días después que se trataba de Sandra Camacho.

Elementos de la Policía Cibernética realizaron un análisis al equipo de cómputo de Sandra y así obtuvieron la dirección IP de Javier. Además la información proporcionada por las empresas telefónicas, ayudó a ubicar al usuario.

Con esa información y apoyada en las cámaras del Metro, la PGJDF supo que Méndez Ovalle fue la última persona que vio a Sandra, por lo que contactó a la propietaria del departamento y ordenó un cateo mediante el cual los agentes periciales reunieron indicios que confirmaron que el asesinato se cometió en ese lugar.

Para entonces Javier ya había abandonado el departamento. Las autoridades activaron los protocolos de localización y detención en contra de Javier con las Procuradurías de Justicia de los estados y con la Interpol, porque se tenía conocimiento que había obtenido una beca para estudiar en el extranjero.

El crimen generó indignación en diferentes sectores de la sociedad, por el perfil de la víctima y el victimario, y también por la violencia empleada en el asesinato.

Luego de un año y un mes de búsqueda, la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) capturó la noche del pasado lunes 28 de julio a Méndez Ovalle en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, donde trabajaba como mesero en una cafetería y se hacía llamar José Carlos Méndez.

Autoridades de la dependencia capitalina informaron que el exestudiante del CECyT 9, quien también obtuvo medalla de bronce en las Olimpiadas de Física de Estonia en 2012, se ocultó en dicho entidad todo el tiempo.

El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, donde el mismo día por la noche rindió su declaración ministerial.

Ante el agente del Ministerio Público relató que aquel 27 de junio había acordado citarse con Sandra para ir a un centro comercial, incluso dijo que entraron al cine a ver una película y más tarde acudieron al departamento en Tlatelolco donde continuaron su conversación hasta que difirieron en algunos temas y eso derivó en una agresión física.

Para evitar que Sandra pidiera auxilio, Javier decidió asfixiarla y una vez que consumó el homicidio seccionó su cuerpo con un cuchillo de cocina y depositó los restos en bolsas de basura y las puso en diversos contenedores de basura instalados en la unidad habitacional.

Luego –continuó— regresó al apartamento, limpió las manchas de sangre y ahí pasó la noche. Al día siguiente, el 28 de junio sus familiares fueron por él y regresaron a su casa en Tecámac, Estado de México, sin mencionar lo sucedido. Luego decidió desaparecer.

Un año y un mes más tarde, fue aprehendido y aceptó su culpabilidad en el asesinato.

Tras rendir su declaración, Javier fue ingresado al Reclusorio Norte, acusado del delito de feminicidio y fue puesto a disposición del juez Séptimo Penal, quien definirá su situación jurídica en el término constitucional.

/ 31 de julio de 2014)

ASESINAN A PERIODISTA EN ZACATECAS




El periodista mexicano Nolberto Herrera Rodríguez fue asesinado en su casa en el estado de Zacatecas y su cuerpo hallado por familiares, informaron diversas fuentes, entre ellas la organización internacional Artículo 19.

La víctima, quien recibió más de 20 puñaladas en todo el cuerpo, fue encontrado sin vida ayer en el interior de su casa en el municipio de Guadalupe (Zacatecas), indicó un portavoz de la organización.

Herrera Rodríguez se desempeñaba como camarógrafo, reportero y editor en el Canal 9 de televisión de Zacatecas y en otros medios de comunicación, así como en el sector público.

Sus jefes y compañeros de trabajo intentaron comunicarse con él, pero no atendió las llamadas, por lo que familiares fueron a buscarlo y lo encontraron sin vida, detalló la misma fuente.

 Artículo 19 hizo un llamado a las autoridades “para que realicen una investigación adecuada que permita sancionar a los responsables y romper con el ciclo de impunidad que genera un efecto amedrentador contra el ejercicio de la prensa”, expuso la organización en un comunicado.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (PGJE), el cuerpo de Herrera fue encontrado con más de 20 heridas provocadas por un objeto punzocortante.

“Lo que ha dicho la Procuraduría de Justicia del Zacatecas es que el posible móvil del crimen sea pasional, pero mientras no se agoten todas las líneas de investigación no debe descartarse el ejercicio periodístico como móvil”, acotó.

 La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión del Gobierno federal presentó en junio pasado un informe en el que asegura que desde el año 2000 fueron asesinados 102 periodistas en México, 10 de ellos desde el inicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.

(ZETA/SinEmbargo)
(EL MEXICANO / Redacción ZETA/30 de Julio del 2014 a las 19:00:14)

JUEZ DEL D.F. ACEPTA AMPARO DEL “CHAPO”



Niegan suspensión definitiva a Joaquín Guzmán porque actos reclamados no existen

 El Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo” en contra de una posible orden de extradición y traslado a un penal diferente al que hoy lo alberga.

El expediente de garantías llegó procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del D.F. cuyo titular se declaró incompetente desde el 25 de julio y ya había intentado colocar el asunto en un tribunal federal del Estado de México.

Aunque “El Chapo” Guzmán ya contaba con una suspensión provisional para que no sea excarcelado del penal de máxima seguridad “Altiplano” en Almoloya de Juárez, el juez  decimoprimero José Alfonso Montalvo Martínez le negó la suspensión definitiva al recibir los informes de las autoridades asegurando que el acto reclamado no existe.

El secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación, el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, así como el director del CEFERESO 1 “Altiplano” niegan que exista una orden de extradición o de traslado a reclusorio diferente en contra de Guzmán Loera, sin que éste o su defensor puedan ofrecer pruebas en contrario.

A pesar del fallo intermedio, el juicio de amparo sigue su curso en espera de la respuesta de otras autoridades señaladas por el narcotraficante sinaloense y se señaló como fecha para el desahogo de la audiencia constitucional el próximo 21 de agosto, cuando podría resolverse el fondo del asunto.

Apenas este miércoles otro juez de distrito del Estado de México notificó a Joaquín “El Chapo” Guzmán del sobreseimiento en un juicio de amparo en contra de los mismos actos, los cuales también fueron negados por las autoridades antes referidas.

Se estima que la estrategia legal del capo continuará con sus demandas de garantías en contra de una posible extradición a los Estados Unidos.

(SEMANARIO ZETA/Redacción ZETA/31 de Julio del 2014 a las 07:49:10)

APOYAN MUNICIPALIZACIÓN DE SAN QUINTÍN


SAN QUINTÍN.- El diputado Armando Reyes Ledesma se encuentra reunido en la sesión semanal del grupo Madrugadores para dialogar sobre el tema de la municipalización de San Quintín, reiterando su apoyo para la región. 
 "Conozco las condiciones que vive San Quintín, apruebo la municipalización, debe reactivarse para que la suprema corte tome una decisión", indicó el diputado. 

(EL MEXICANO/ Victor Uziel GONZALEZ CESEÑA / jueves, 31 de julio de 2014 08:26 a. m.)
 
 

OPERA BANDA DE POLICÍAS DELINCUENTES EN MEXICALI; SE INVESTIGA A FONDO

MEXICALI.- Al presentar, ayer, a dos de sus colaboradores como parte de la reestructuración de las representaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), el delegado de la dependencia en Baja California reveló que se está investigando la operación de un grupo delictivo, al parecer conformado por policías, que ha “reventado” varias residencias de esta capital, en los últimos días. 
 Al mismo tiempo, el licenciado José Luis Hernández Ibarra ava-ló los operativos que personal del Inami ha realizado en las últimas semanas en esta frontera, para detectar a centroamericanos que permanecen en condición irregular en el país, y sostuvo que atrás de las movilizaciones de protesta que esta acción ha generado, podrían estar organizaciones de traficantes de personas. 

El funcionario federal habló ante EL MEXICANO después de haber hecho la presentación formal del licenciado Carlos Patiño Ruiz y del contador Ignacio Monge Rangel, como subdelegados de Enlace con el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, y de Enlace con las Delegaciones del Gobierno Federal de la SEGOB en la Entidad, respectivamente. 

Hernández Ibarra manifestó que dichos nombramientos forman parte con el proceso de reestructuración que se está dando en la Secretaría de Gobernación, que incluyó la creación de delegaciones en cada Entidad federativa, con la consecuente integración de una estructura que permita la aplicación de todas y cada una de las funciones que marca la propia ley a esa dependencia del gobierno federal. Anteriormente, recordó, en Baja California sólo se tenía una representación de la Subsecretaría de Gobierno de la SEGOB. 

Indicó que Patiño Ruiz es un reconocido abogado de esta ciudad y tiene amplia experiencia en los temas de seguridad pública, y tendrá a su cargo la coordinación y enlace con las administraciones de gobierno estatal y municipales. Monge Rangel fue diputado federal y funcionario del gobierno federal, y precisamente tendrá la tarea de coordinar el enlace institucional de la Secretaría de Gobernación con las delegaciones de la misma administración federal en Baja California. 

OPERA GRUPO DELICTIVO 

Después de destacar que se ha estado observando una buena coordinación entre las distintas corporaciones policíacas en el Estado, el Delegado de la SEGOB manifestó que se ha puesto especial atención a algunos “puntos negros” que se han detectado en la región por la operación de grupos delincuenciales. 

Enseguida reveló que en las últimas semanas, se ha detectado la presencia de un misterioso grupo de personas que se ha dedicado a “reventar” viviendas en busca “de algo”, especialmente de residencias que se encuentran deshabitadas o en horas en que no se encuentra ningún residente. 

“No se trata de asaltos, ni de robos domiciliarios. Solo llegan y se introducen violentamente para esculcar toda la casa buscando no sabemos qué cosas y luego se retiran”, explicó Hernández Ibarra. 

Manifestó que al repetirse ese tipo de acciones, la Secretaría de Gobernación ha iniciado una investigación a fondo y dijo que se espera tener resultados en los próximos días. 

El Delegado de la SEGOB descartó que ese grupo “misterioso” esté integrado por militares o se trate de algún operativo oficial, y admitió que la investigación apunta hacia la presencia de elementos de alguna o varias corporaciones policíacas en ese grupo delictivo.
“Podrían ser policías de alguna corporación de esta Entidad”, puntualizó. 

Sobre el tema de las “razzias” que se han hecho para detectar a migrantes de origen centroamericano en esta región, el funcionario federal aseguró que se trata de operativos que tienen el aval de la dependencia que representa y forman parte de las actividades y atribuciones que se tienen legalmente. 

Indicó que se esos operativos están enfocados a localizar a centroamericanos que han ingresado o permanecen en forma irregular en México, la mayor parte de los cuales llegan a esta región a bordo del tren carguero conocido como “El Burro” (“La Bala” era el tren de pasajeros que operaba en esta zona del país), y rechazó que se esté afectando a mexicanos en estas acciones. 

Igualmente, Hernández Ibarra negó las versiones de que Estados Unidos podría estar deportando por esta frontera a personas originarias de otros países y señaló que existe la convicción de que atrás de las movilizaciones de protesta que se han organizado supuestamente por las “razzias” que el INAMI ha llevado a cabo para detectar a centroamericanos y depostarlos a sus países de origen, se encuentran grupos organizados de traficantes de personas. 

“Nosotros pensamos que en esas manifestaciones están los intereses de personas que son tratantes de personas, llámense ‘polleros’”, expresó y, al cuestionarlo si Sergio Tamai Quintero, quien es el que ha encabezado tales movilizaciones de protesta, pudiera ser uno de los traficantes de indocumentados que operan en esta región, dijo que prefería no manejar nombres. “Pero sí puedo afirmar que hay personas que se dedican a ese ilícito y que son las que mandan a esa gente a que se manifieste”, puntualizó.

 (EL MEXICANO /Alberto VALDEZ /31 DE JULIO 2014)

"LA TUTA",UNA CACERÍA QUE CUMPLE SEIS MESES


MÉXICO, D.F.- Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de la organización criminal “Los Caballeros Templarios”, ha vuelto a la escena pública luego de difundirse esta semana un par de videos; el primero de ellos donde acusa a miembros de las autodefensas de deber dinero a los “Templarios” y, el segundo, donde aparece conversando con Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. 

La captura de “La Tuta” es un objetivo prioritario de autoridades federales desde febrero del presente año, fecha en la que implementaron una estrategia para neutralizar sus operaciones en Michoacán. 

Cerco a sus propiedades 

Grupos de autodefensa se sumaron a la lucha de autoridades para identificar las propiedades del capo. Según reportes de inteligencia, “La Tuta” eligió el municipio de Arteaga para establecer su principal casa y tres ranchos rurales de sus padres que bordean la cabecera municipal. 

Autoridades toman bastión 

Elementos federales, ayudados por las guardias civiles lideradas por José Manuel Mireles, llevaron camionetas con guardias civiles y un convoy de policías federales y estatales, para establecerse en Atrteaga, considerado el bastión del jefe de los “Templarios”. 

Captura y abatimiento de otros líderes criminales 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que no tenía como único fin la detención de Servando Gómez, sino la neutralización de diversos cabecillas criminales. 

Operadores de ese cártel fueron detenidos o abatidos en diversos operativos líderes como Nazario Moreno “El Chayo” y Enrique Plancarte “El Kike”. 

Las casi capturas 

Tras un enfrentamiento en mayo, personal militar mostró una espada que presuntamente era propiedad de “La Tuta”, como prueba de Servando estuvo antes en ese mismo lugar y logró evadir el operativo. 

En junio, el hijo de Gómez Martínez, Huber Gómez, fue asegurado por policías federales durante un operativo en una fiesta, donde se presumía se hallaba también Servando. 

Las autoridades federales y estatales afirman que la estructura de operación de Servando Gómez Martínez se ha reducido significativamente, luego de la detención de funcionarios que colaboraban con el cártel a su mando, razón por la que estiman que pronto se logrará la captura de quien denominaron la “cereza del pastel”. 

(EL MEXICANO/ EL UNIVERSAL/ jueves, 31 de julio de 2014 08:46 a. m.)