En los últimos meses, Francisco Vega de Lamadrid ha realizado
varias transacciones para hacer crecer su patrimonio personal a la par de sus
funciones como gobernador. Ha vendido condominios por varios millones de pesos
a funcionarios y proveedores de su gobierno. Entre sus compradores resalta su
secretario de Desarrollo Social, el superintendente de la CFE y un ex empleado
de gobierno estatal que además es distribuidor en administraciones panistas
Representado por la empresa
de la familia Arnaiz, misma que mantiene contratos con el Gobierno del Estado,
Francisco Arturo Vega de Lamadrid ha vendido a su nombre por lo menos siete
propiedades en los últimos meses, dejándole ingresos superiores a 6 millones
594 mil pesos de un total de 44 millones de pesos que le generó una sola venta.
“Kiko” realiza sus negocios
incluso con integrantes de su gabinete y funcionarios de primer nivel del
Gobierno Federal, como su secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez
Juan, quien -según documentos oficiales- pagó a su jefe 924 mil pesos por un
condominio de 71 metros cuadrados en Tijuana.
Asimismo, el gobernador de
Baja California recibió un millón 092 mil 500 pesos por parte de Luis Enrique Torres
Inzunza, quien funge como superintendente Zona Tijuana de la Comisión Federal
de la Electricidad (CFE) del Gobierno Federal, a cambio de otro condominio de
64.98 metros cuadrados, en la misma ciudad.
Además de funcionarios, el
panista hizo negocio personal con un ex empleado del Gobierno del Estado y
actual proveedor de su administración, al venderle otro de sus condominios de
Tijuana, que al igual que el resto, se ubican en la colonia Guadalupe Victoria,
cerca de la Central Camionera, un desarrollo inmobiliario que Vega hizo en
sociedad con Grupo Arnaiz, denominado San Carlos.
SUBORDINADO Y CLIENTE
Al igual que el gobernador,
Alfonso Álvarez Juan, su jefe inmediato, acrecentó su patrimonio personal en
los cuatro años de ser parte del gabinete estatal. Con un sueldo actual de 55
mil 160 pesos al mes, adquirió un condominio de cerca de un millón de pesos,
propiedad del Ejecutivo.
Según documentos en posesión
de ZETA, en la escritura pública número 100749 del volumen 4997, Álvarez Juan
se convirtió en comprador el 24 de mayo de 2017 ante la fe del Notario Público
8 de Tijuana, Ricardo del Monte Núñez.
El condominio que “Kiko”
vendió a su empleado tuvo un costo de 924 mil 910 pesos, a decir del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio. Se localiza en el número 504 del
desarrollo San Carlos III Entorno Residencial, de la colonia Guadalupe Victoria
en la delegación La Mesa.
Según la ficha de inscripción
del Registro Público, “Francisco Arturo
Vega de Lamadrid como vendedor del terreno, representado por la empresa
Fraccionamiento Arnaiz como vendedora de las construcciones”.
La propiedad que compró el
funcionario público a su jefe, tiene 71.20 metros cuadrados de construcción y
un espacio para estacionamiento.
Álvarez comenzó en la
administración de Vega como director de la Comisión de Servicios Públicos de
Tijuana (CESPT), percibiendo un sueldo de 56 mil 080 pesos mensuales, pero en
marzo de 2016 el gobernador lo nombró secretario de Desarrollo Social, donde
devenga un salario mensual neto de 55 mil 160 pesos.
Al cierre de esta edición, en
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no se
encontraron datos de algún crédito hipotecario a nombre de Álvarez Juan.
FUNCIONARIO FEDERAL, OTRO CLIENTE
En noviembre de 2014, Luis
Enrique Torres Inzunza fue nombrado oficialmente superintendente de la CFE.
Oriundo de Ensenada, es ingeniero en Mecánica, egresado de la Universidad
Iberoamericana de Tijuana y otro de los clientes del gobernador.
El funcionario federal
adquirió un condominio en San Carlos II de 64.98 metros cuadrados de
construcción el 29 de julio de 2016, según escritura pública por un millón 92
mil 500 pesos.
Al igual que en la ficha de
registro de Álvarez Juan, Francisco Vega aparece como vendedor junto con el
fraccionamiento Arnaiz.
Pero no son los únicos
interesados en el negocio de bienes y raíces del gobernador, existen
empresarios, casacambistas, un joven de 26 años, entre otros quienes han
comprado inmuebles en el mismo desarrollo habitacional.
Cada uno de esos condominios,
el gobernador los ha vendido entre 743 mil y 950 mil 800 pesos.
La última transacción de Vega
de Lamadrid documentada ante el Registro Público de la Propiedad, es la venta
de otro condominio de los edificios Ermita III en el fraccionamiento Alcalá de
Tijuana, con un valor de operación de 125 mil dólares -2 millones 250 mil
pesos-. Esta inscripción se dio el 5 de julio de 2018.
DE FUNCIONARIO ESTATAL A COMPRADOR MILLONARIO
La “cartera” de clientes de
“Kiko” Vega en el último año incluye, entre otros, a Jorge Enrique Figueroa
Barrozo, ex funcionario del Gobierno del Estado y actual proveedor de la
administración panista por medio de por lo menos tres empresas, una dedicada a “gestionar”
recursos ante los diferentes niveles de gobierno y otra a la distribución de
equipo de Seguridad Pública, así como “asesorías”.
Inteliproof, S de RL de CV es
una de las empresas de Figueroa Barrozo, según su acta constitutiva, se dedica a la venta de “equipo de
Inteligencia y contra-inteligencia, blindaje automotriz, equipo táctico,
sistemas de video vigilancia Inteligente e inhibición celular”. Aun así, obtuvo
un contrato (AFA/SA/SSP/008) por 10 millones 724 mil pesos con el gobierno
panista de Baja California Sur a cambio de seis camiones con “caja recolectora
de basura”.
Además, la compañía celebró
contratos con el gobierno de Vega, dándose de alta ante la administración como
“microempresa”. Desde 2016 aparece en las listas con las que la CESPT
celebró contratos; en el mismo año se nombró a Alfonso Álvarez Juan, el
otro comprador de “Kiko”, director de la dependencia.
En 2017, Figueroa Barrozo
también celebró contrato con la CESPT por “servicios de seguridad”, pero con
otra empresa denominada Corporativo TekSeg.
Los convenios comerciales del
comprador de Francisco Vega se extienden al gobierno municipal de Rosarito que
encabeza la panista Mirna Rincón; el Ayuntamiento “invitó” al ex funcionario
estatal a participar en la adquisición de cuatro motocicletas tipo cuatrimoto
para la Dirección de Seguridad Pública de Playas de Rosarito en noviembre de
2017. El contrato fue otorgado a TekSeg por 672 mil pesos.
En el mismo año, la empresa
obtuvo un contrato en Ensenada para la compra de diez vehículos tipo pick-up
Ram 2017 equipados y balizados como patrulla por 6 millones 984 mil 998 pesos.
Además, Marco Antonio Moreno
Gómez Santelices, uno de los socios de Figueroa Barrozo en TekSeg, fue
contratado por el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alcalde de
Tijuana, para encargarse de una preselección de candidatos a policías
municipales por 7 millones 450 mil pesos.
Otra de las empresas de
Figueroa con las que mantiene contratos con gobierno es Innovatio Consultores,
la cual se describe como “un despacho especializado en la asesoría para la
obtención fondos: estatales, federales e internacionales”.
EL NEGOCIO ENTRE “KIKO” Y LOS ARNAIZ
Desde 2014, siendo
gobernador, Francisco Vega de Lamadrid inició los trámites para construir en
uno de sus predios los condominios San Carlos III. Para desarrollarlos,
estableció una relación comercial con Frasa, filial de Grupo Arnaiz.
De esta “sociedad” se sabe
desde ese entonces que fue por medio un acuerdo que el gobernador puso a
disposición el terreno donde los Arnaiz construyeron los condominios. De hecho,
cada departamento vendido representaba ganancias para ambos actores. Sin
embargo, dentro del contrato, a Vega de Lamadrid se le otorgaron varios
inmuebles a su nombre como parte del pacto comercial.
En el reportaje publicado en
abril de 2015, bajo el título “Las transacciones de Vega (y familia)” ZETA pudo documentar que al gobernador solo
se le paga conforme se vayan vendiendo los inmuebles y se entregan a los
propietarios en un régimen de condóminos. Sin embargo, conforme pasó el tiempo,
algunos de los condominios fueron puestos a nombre del gobernador para que este
los revendiera, lo cual ahora está haciendo con personas ligadas al gobierno,
funcionarios y proveedores, en lo que podría ser un conflicto de intereses.
La relación entre Vega de la
Madrid y Arnaiz (representada por Raymundo Arnaiz, su esposa y tres hijos), se
dio en una superficie aproximadamente de 16 mil metros cuadrados propiedad del
mandatario y se le pagarían 2 mil 800 pesos por cada metro cuadrado.
Es decir, un negocio para el
titular del Ejecutivo por 44 millones 800 mil pesos. A la fecha, 160
condominios, es decir, la totalidad del desarrollo, ya fueron vendidos.
EL JUGOSO TERRENO
En 2014, a meses de haber
asumido su gobierno, Francisco Vega realizó los trámites necesarios ante la
Dirección Municipal de Administración Urbana de Tijuana. Ahí se le autorizó la
construcción “de seis unidades tipo habitacional”, ubicadas a dos cuadras de
las oficinas del Partido Acción Nacional en Tijuana y cerca de una de sus casas
en Jardines del Pedregal.
En realidad, donde se
construyeron las unidades habitacionales San Carlos fue en solo una parte de un
terreno mucho mayor que Vega había adquirido antes de ser diputado federal. En
2008, un juez civil sentenció en el juicio de prescripción positiva (expediente
892/2008) a favor de Vega de Lamadrid, quien demandó la propiedad a la señora
Vicenta Mayor Ames, “también conocida como Vicenta Mayor de Domínguez o (…)
viuda de Domínguez”.
La adquisición del predio fue
inicialmente por 25 mil metros cuadrados a un valor de 2 millones de dólares
entre 2005 y 2006, años después de que terminara su presidencia municipal en
Tijuana.
A pesar que desde esas fechas
se le reconoció como el legal propietario, Vega lo inscribió en el Registro
Público (oficina que depende de su gobierno) hasta el 24 de abril de 2014.
Posterior a este movimiento, realizó subdivisiones al terreno, una de las
partes la vendió a sus hijas por 3 millones 190 mil 250 dólares, según consta
en documentos oficiales en poder de ZETA.
“GÓBER” Y ARNAIZ TRANSARON TAMBIÉN CON OBRA
En el mismo año que Vega de
Lamadrid comenzó el desarrollo de San Carlos, su gobierno lanzó una licitación
para adjudicar los trabajos de la ampliación del puente Lázaro Cárdenas en
Tijuana, el cual se encuentra a un lado de los condominios.
En realidad, la obra pública
que fue “ganada” por Constructora Transpeninsular, filial del Grupo Arnaiz. Así
se dotó de una calle que dio acceso directo a los condominios propiedad del
gobernador y de ellos mismos. Y otra que conecta la Vía Alamar con el Puente
Lázaro Cárdenas por un costo mayor a 16 millones de pesos.
De hecho, en la Cuenta
Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó
irregularidades en la mentada, obra pues en el concurso donde participaron
otras empresas se ignoraron “dos propuestas con los precios más bajos”, explica
el informe de la Auditoría.
La ASF determinó que
Constructora Transpeninsular “ocupó el cuarto lugar (en la licitación) con un
presupuesto mayor en 35 por ciento que el previsto para su realización”.
De los 16 millones 600 mil
pesos que se pagaron a la constructora de los Arnaiz, 14 millones 186 mil pesos
resultaron del Fondo Metropolitano, es decir, a recursos federales.
Días antes que se le diera el
contrato (C-FM-14-TIJ-SI-80) a la constructora, el gobernador oficializó la
Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio entre él y el
fraccionamiento Arnaiz.
El gobierno anunció que la
obra duraría menos de cinco meses, pero se terminó en diez y con señalamientos
de la ASF, ya que “en visita de verificación física de dicho puente, se
detectaron trabajos de mala calidad y falta de limpieza”, aunado a que se le
“adicionó y pagó obra fuera del objeto del contrato sin la autorización
correspondiente”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISAÍ LARA BERMÚDEZ/
LUNES, 27 AGOSTO, 2018 01:00 PM)
