miércoles, 4 de abril de 2018

EMPLEADOS EXIGEN A GOOGLE QUE DEJE DE COLABORAR EN EL “NEGOCIO DE LA GUERRA” CON EL PENTÁGONO



Cientos de empleados han suscrito una carta que pide que Google de trabajar con el Ejército de los Estados Unidos en el proyecto Maven

“Creemos que Google no debería tomar parte en el negocio de la guerra”, es el reclamo de 3 mil 100 empleados, quienes suscribieron una carta para que el gigante tecnológico ponga punto final a la colaboración con el pentágono en el proyecto Maven.

“Por ello pedimos la cancelación del proyecto Maven y que Google diseñe, publique y aplique una política estableciendo que ni Google ni sus proveedores desarrollarán jamás tecnología bélica”, señala el texto al que The Washington Post tuvo acceso.

La carta está dirigida al CEO de Google, Sundar Pichai, quien dirige una de las compañías más valiosas del mundo desde agosto de 2015.

La misiva ha sido suscrita más de tres mil personas hasta el mediodía desde este miércoles, quienes apoyan que ayudar al Ejército en labores de vigilancia militar “no es aceptable” y que “dañará la marca Google de manera irreparable”.

Maven es un proyecto para desarrollar inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes, tras un periodo de aprendizaje, el cual podría ser utilizado para que maquinas militares detecten amenazas y actúen en contra de éstas.

Los reportes indican que esta clase de tecnología serviría para que los drones que patrullan puedan actuar al momento de detectar alguna clase de amenaza.

(REPORTE INDIGO/INDIGO STAFF/ 04 DE ABRIL 2018)

LA HORA DE LOS HITOS (Y III)


El hito que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una evolución política, lleva tres semanas crujiendo. Tres elecciones presidenciales y sigue siendo el mismo de siempre. Ha sido congruente y consistente, sin desviaciones ni matices. Es cierto que el fundamentalista de 2006 se quedó en el pasado, pero la ruta tomada desde 2012 para convencer a un electorado que le es antagónico y romper su techo de 30 por ciento para tener los votos que le permitan llegar a Palacio Nacional parece haber tocado su fin, quizás por la lectura prematura que las tendencias de voto actuales le permiten mostrarse como realmente es y sin necesidad de hacer concesiones, y el electorado lo quiere como el hombre de la contrarreforma, el estatista y con proyectos viejos vestidos de nuevos.

El 30 de agosto de 2004, en esta columna -en ese entonces en El Universal-, se publicó “El candidato”, donde se hacía referencia a lo que había sucedido en la víspera, cuando López Obrador, Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, presentó su proyecto de nación para 2006. En un manifiesto de 20 puntos dio a conocer lo que llamó su “proyecto alterno”. El discurso fue coreado y aplaudido por decenas de miles de personas que acudieron al mitin, particularmente “el perredismo enardecido y sus clientelas políticas” movilizadas para tal fin.

Lo que presentó entonces López Obrador, sin embargo, fue un compendio de enunciados de los qués y los por qués, pero nunca de los cómos, que es lo que volvió a hacer en 2012 y está haciendo en 2018. Desde 2006 ha presentado un catálogo de intenciones, la gran mayoría de ellas imposible de ser cuestionadas por nadie -como reducir la desigualdad y combatir la corrupción-, pero con la debilidad de la falta de claridad y consistencia en la forma cómo aplicarlas. En aquella columna hace casi 15 años, se escribió lo que ahora le imputan: “No hay ideas frescas e innovadoras en el discurso de arranque de campaña presidencial de López Obrador. Hay insuficiencias y contradicciones. Peor aún, es una combinación de ideas que abreva, seguramente sin estar enterado, mucho menos aún quienes lo vitoreaban, de promesas de campaña de su eterno rival, Carlos Salinas, líneas ideológicas de Luis Echeverría y José López Portillo, o políticas específicas de su actual adversario, Vicente Fox...

“Entre sus primeros puntos planteó su rechazo a la privatización de la industria eléctrica o del petróleo, alegando que el costo de la gasolina es más alto en México que en Estados Unidos. Tiene toda la razón en el dato frío. Lo que no aclaró es que, de acuerdo con todos los estudios, es la falta de inversión en el sector energético principal explicación para aquellos que apoyan la apertura la que frena mayor competitividad y eficiencia, (así como) beneficio para los consumidores. ¿Cómo lograr el primer objetivo cancelando el segundo? No lo explicó. También soslayó una cifra espeluznante: el capital extranjero que tanto asusta, ha ido apoderándose a través de inversiones de más de 14 mil millones de dólares de la industria y empresas mexicanas,, mediante la compra de activos. Es decir, mientras discutimos el sector energético, los mexicanos nos estamos convirtiendo en empleados de extranjeros.

“Esta argumentación es la que contradice lo que afirmó como una de sus principales máximas: ‘un nuevo proyecto de nación debe proponer una alternativa capaz de aprovechar la globalización, ejerciendo nuestra libertad para el bienestar nacional’. La modernidad, manifestó en este sentido, debe ser ‘desde abajo’, que es exactamente lo mismo que decía Salinas como precandidato, quien terminó haciendo lo contrario. López Obrador dijo que habría que regresar a la política de fomento industrial, que impulsaron fuertemente Echeverría, López Portillo y con menor énfasis De la Madrid, con el propósito de reactivar las fuentes de empleos con un efecto multiplicador... Es indudable que ese diablillo keynesiano que lleva adentro López Obrador... anima su política de bienestar social a costa del erario, (que) lo contrapone con su otro postulado de ‘austeridad en todos los niveles’ que es, precisamente, lo que no ha hecho con sus medidas asistenciales y solidarias”.

López Obrador criticó en aquella ocasión el modelo económico neoliberal, y se opuso a toda imposición económica desde el extranjero. Sin embargo, propuso aplicar una política de austeridad en todos sus niveles, que por décadas impusieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los gobiernos mexicanos. Las contradicción de sus planteamientos jamás fue resuelta, porque nunca realmente se le cuestionó o, cuando se hizo, evadió responder -el ejercicio más refinado de sus batallas electorales.

“En su catálogo programático -se escribió entonces-, López Obrador dejó traslucir nuevamente su filosofía del deber ser. Lo que quiere se fundamenta en lo ético, en lo justo, en la buena voluntad. Esa es la nueva manera como se resuelven las contradicciones del proyecto que esbozó y que acomoda los antagonismos, incluidos aquellos que emanen de su propio pensamiento. Pero a López Obrador eso no debe importarle mucho. Ha visto que no importa lo que diga, pues lo adoran y adulan, y que es irrelevante el mañana porque con su presente ocupa todo el espacio”.

Nada nuevo con el López Obrador de 2018. La diferencia notable es que hoy más gente quiere votar por él que en 2006, dispuestas a un cambio, hacia donde sea, para sacar del poder a un PRI que cohesionó la indignación nacional y un PAN que, a su juicio, tuvo dos oportunidades y fracasó. El hito del castigo hasta ahora, está definiendo esta elección presidencial.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 04/04/2018 | 03:00 AM)

RENTA ILEGAL DE ALUMBRADO COSTARÁ 564 MDP



Foto: Enrique Botello

En la revisión de la Cuenta Pública 2015 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, se establece que el XXI Ayuntamiento debió solicitar la autorización del Congreso del Estado, por tratarse de un convenio plurianual al abarcar un periodo de vigencia de diez años, con lo cual adquirió obligaciones que van más allá de su periodo de gobierno

La revisión de la Cuenta Pública 2015 del gobierno municipal de Ensenada por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de Baja California concluye que el XXI Ayuntamiento, encabezado por Gilberto Hirata Chico, firmó de manera ilegal un contrato de arrendamiento del alumbrado público y, además, su costo será de 564 millones de pesos, muy por encima del ahorro presumido en su momento.

Este contrato de arrendamiento firmado con la empresa regiomontana Celsol, SAPI de CV por un periodo de diez años, que incluye la colocación de 25 mil lámparas led en el municipio, sigue igual y vigente con el actual Ayuntamiento presidido por el empresario hotelero de extracción priista Marco Antonio Novelo Osuna, a pesar de que públicamente se anunció en repetidas ocasiones la revisión de las condiciones.

Según el documento intitulado “Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el Ejercicio Fiscal 2015”, bajo número de oficio DE/OP40/2016, con fecha 20 de septiembre de 2016 y firmado por el auditor superior Carlos Padilla, se violentaron la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, además de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.

El 5 de febrero de 2015, el Cabildo aprobó por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria, el lanzamiento de la licitación pública internacional 001-2015 para el suministro e instalación de lámparas led e inducción magnética para alumbrado público, a fin de sustituir y modernizar la totalidad de luminarias del sistema de alumbrado público actualmente instalado en Ensenada, bajo la figura jurídica de arrendamiento, con vigencia de diez años.

El acta de fallo se firmó con fecha 23 de marzo de 2015, para poner en marcha el Proyecto de Modernización del Alumbrado Público para el Municipio de Ensenada, Baja California.

Las rentas, según se desprende del numeral 9 del contrato firmado el 15 de abril de 2015 -expone el Orfis-, se cubrirán inicialmente con los ahorros generados con la reducción del consumo de energía eléctrica, al utilizarse nuevas tecnologías, “a fin de dar mayor certeza al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el municipio en el presente contrato, utilizar como fuente de pago y garantía del Arrendamiento los remanentes que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deba entregar a el municipio derivado del cobro del Impuesto de Alumbrado Público (IAP) que realiza por cuenta y orden del municipio, después de restar el consumo del alumbrado público”.

En su declaración II, numeral 4, el Municipio manifiesta que “… no existe impedimento legal alguno para la suscripción del presente contrato por el plazo de diez (10) años, toda vez que existen los fundamentos legales necesarios para ello…”

Adicionalmente, en dicha sesión se aprobó el Dictamen 086/2014, donde se autorizó la afectación de los ingresos derivados de los remanentes del Impuesto de Alumbrado Público (IAP) para ser utilizados como fuente de pago y garantía de la contraprestación que se pactarán en el contrato de arrendamiento, así como la constitución de un fideicomiso de administración y fuente de pago, continúa la exposición del Orfis.


Como parte de la observación número 21 de la cuenta pública, el auditor precisa: “… el monto de las rentas por los 10 años de la vigencia de dicho contrato de renta asciende a $564.6 millones de pesos”.

LO QUE DICE EL ORFIS, LO QUE ESTABLECE LA LEY

Previo a la celebración del contrato de arrendamiento para el proyecto de modernización de alumbrado público, el Ayuntamiento debió solicitar la autorización del Congreso del Estado de Baja California, en virtud de tratarse de un convenio plurianual al abarcar un periodo de vigencia de 10 años, con lo cual obviamente adquirió obligaciones que trascienden y van más allá de su periodo de gestión constitucional, revela la revisión de la cuenta pública.

También se requiere la aprobación del Congreso, “… ya que para afectar ingresos derivados de contribuciones, productos y aprovechamientos aun cuando sean aprobados por su cabildo, es necesario que la asamblea legislativa lo autorice, de tal forma que en el caso al celebrarse un contrato plurianual cuyos efectos jurídicos consistente en establecer obligaciones que trascienden el periodo de su gestión constitucional, se requiere forzosamente dicha intervención y autorización”.

El Ayuntamiento incumplió con lo establecido en la fracción VII y penúltimo párrafo del Artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, y de los artículos 5 fracciones III y V, y 11, fracción VI inciso c) de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios:

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California

ARTÍCULO 73.- Los sujetos de la presente Ley podrán celebrar contratos plurianuales, siempre que:

VII. Se solicite y obtenga autorización del Congreso del Estado; y

Quienes realicen los contratos plurianuales a que se refiere este Artículo, deberán informar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y a sus respectivos Órganos de Control, sobre la celebración de los mismos dentro de los 15 días posteriores a su formalización.

Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.

ARTÍCULO 5.- Los sujetos de la presente Ley no podrán:

III.- Otorgar garantías de pago y/o avales sin contar con la previa autorización del Congreso del Estado a que se refieren las fracciones VI y VII del Artículo 11 de la presente Ley;

V.- Celebrar operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública con posterioridad a la fecha establecida como límite en la autorización correspondiente.

VI.- Reconocer y autorizar al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, según sea el caso, para que afecten en garantía y/o como fuente de pago, mediante fideicomiso o cualquier otro mecanismo jurídico que se requiera:

c) Cualquier otro ingreso derivado de contribuciones, productos y aprovechamientos, estatales o municipales.

NO ES DEUDA PÚBLICA: ASESOR JURÍDICO DE SECRETARÍA GENERAL

ZETA solicitó a la Dirección de Comunicación Social entrevistas con funcionarios del Departamento Jurídico del Ayuntamiento, así como de Secretaría General, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

También se pidió una entrevista con la directora de Infraestructura y Servicios Públicos, Rosa Sánchez Martínez, pero la petición tampoco fue atendida.

Se buscó de manera directa al secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa, quien en la pasada administración fue síndico procurador; remitió con Gaby Negrete, asesora jurídica de la dependencia.

Negrete aseguró que la observación del Orfis está basada en que se trata de deuda pública y aplica la Ley en la materia, pero para el Ayuntamiento no es tal porque el contrato de arrendamiento no encuadra.

“Pareciera que el contrato encuadra, porque la ley dice que se deberá solicitar permiso al Congreso cuando se afecten impuestos, contribuciones, pero nos vamos al objeto y no aplica”, justificó.

— ¿El Ayuntamiento respondió la observación del Orfis?, planteó este Semanario.

“Desconozco si se hizo de manera oficial, pero ya han pasado tres años y sigue siendo vigente el contrato”.

Lo que sí confirmó la funcionaria, es que ya están instaladas todas las luminarias y la empresa regiomontana está cobrando las mensualidades a través del fideicomiso creado.

SE AVENTARON EL TIRO DIRECTO:  EX DIPUTADO ARMANDO REYES

Armando Reyes Ledesma, ex diputado en la XXI Legislatura, recordó que en su momento “se aventaron el tiro directo los regidores y el propio alcalde” al no contar con la anuencia del Congreso para firmar el contrato de arrendamiento con Celsol.



En el trienio de Enrique Pelayo (2010-2013), el Cabildo también aprobó la concesión del alumbrado público, pero el alcalde no siguió el proceso porque sabía que incurriría en responsabilidades.

En el caso de la pasada administración, dijo, es obvio que hay observaciones del Orfis en el contrato de arrendamiento, “en su momento como diputado lo señalé; ahora habrá que ver hasta dónde se finca responsabilidad”.

ZETA buscó la opinión de la Sindicatura Municipal, sin embargo, no hubo respuesta.

 SERVICIOS PÚBLICOS NO HA PRESENTADO PLAN DE TRABAJO

El 30 de enero de 2018, el Cabildo aprobó un punto de acuerdo presentado por el regidor Teodoro Araiza, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el que se estableció un plazo de 30 días naturales para que la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos presentara un plan de trabajo y una ruta de acción para resolver el problema de la falta de alumbrado público en diversas zonas de la ciudad.

“La inconformidad de la ciudadanía es creciente, el Ayuntamiento debe dar atención a la falta del servicio de alumbrado público”, mencionó el regidor en aquella ocasión, dado el mal servicio que se estaba prestando con las nuevas luminarias.

Al respecto, la regidora Norma Silva, coordinadora de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, informó que hasta el momento Servicios Públicos no ha presentado el plan de trabajo, a pesar de que ya transcurrieron los 30 días.

“Oficialmente no sabemos el monto del contrato, pero el anterior director de Servicios Públicos, Salvador González, mostraba mucha preocupación con este tema del contrato y las condiciones del mismo”, reveló Silva.

Si bien las deficiencias en las luminarias led ya son mínimas, en varias zonas de Ensenada se sigue sufriendo por la inseguridad, “tema que nos ocupa y preocupa”, agregó la representante del Partido Nueva Alianza.

ROBO PROVOCA OSCURIDAD EN LAS CALLES

En enero pasado, el subdirector de Servicios Públicos, José de la Luz Valdez, uno de los operadores de este arrendamiento en la anterior administración, declaró ante el Foro Ensenada que el robo de cableado del sistema de alumbrado público es la causa de las calles oscuras en la noche, y no tanto la descompostura del sistema.

Aseguró que 5 mil metros lineales de cable habían sido robados, en especial en colonias como Villas, Pórticos, Morelos, y fraccionamientos de la periferia. En la calle Primera y zona turística desparecieron alrededor de 200 metros de cable.

Luego de instalarse la mayoría de las lámparas led, también se dijo que el parpadeo de las mismas obedecía al voltaje del cableado, lo cual le correspondía reparar al Ayuntamiento, ya que las lámparas como tal, funcionaban bien.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MARCO A. FLORES /LUNES, 26 MARZO, 2018 12:00 PM)

CIUDAD JUSTICIA EN TIJUANA: DEL HERMETISMO A LA SOSPECHA



Foto: Ramón T. Blanco Villalón

Pese a que el proyecto se planteó hace cinco años, se dio a conocer en 2015 y un año después entró de lleno el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no fue sino hasta 2017 que inició la construcción del complejo denominado Ciudad Justicia Tijuana, el cual albergará salas de audiencia del Poder Judicial e instancias procuradoras de seguridad y justicia como PGJE y SSPE

Con cierto hermetismo y muy poca información pública, en octubre de 2017 el Gobierno del Estado de Baja California inició el proceso de construcción del complejo denominado Ciudad Justicia en Tijuana, un espacio ubicado en La Encantada, Delegación La Presa, colindante con el Bulevar 2000, en el que se erigirán siete edificios que concentrarán dependencias estatales dedicadas a resolver procedimientos jurídicos penales del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

A pesar que desde hace cinco años se planteó la idea que para la consolidación del NSJP se llevaran a cabo proyectos a largo plazo en la zona del Bulevar 2000, de que en 2015 se consolidara y anunciara este proyecto, y que en junio de 2016 arrancara de lleno en la ciudad, no fue sino un año después, en 2017, cuando se comenzó con la edificación de este complejo que genera dudas sobre el término de su construcción e inicio de la operatividad.

Sobre todo por la creciente polémica que ha ido incrementando en torno a las decisiones que han tomado algunos jueces encargados de la impartición de la justicia, que en casos muy significativos, han dejado continuar procesos en libertad a personas que se han visto involucradas en actos delictivos, en los que incluso fueron detenidos en flagrancia, lo cual ha generado descontento no solamente entre las autoridades policiacas que fungen como primeros respondientes, también en la ciudadanía.

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), consideró oportuno que en aras de la transparencia las autoridades informen cabalmente sobre lo que se está haciendo con este complejo, debido a que en las reuniones de seguridad que mantienen con el Ejecutivo y las autoridades policiacas, no se ha mencionado nada sobre el proyecto.

De acuerdo con información obtenida a través del Sistema de Acceso a Solicitudes de Información Pública del Gobierno del Estado, el proyecto está contemplado para realizarse y concluirse en un periodo de 36 meses (tres años) con vida útil de 25 años; el terreno abarca 35.7 hectáreas y es propiedad del gobierno. En cuanto a inversión se estipulan 835 millones 148 mil 596 pesos, financiamiento “revolvente” que incluye la aportación de recursos federales.

La primera etapa de este proyecto está planteada para terminar en el último trimestre de 2018, y contempla el denominado Edificio 2 de cuatro niveles, destinado para el Poder Judicial. Albergará ocho salas de audiencia y sus áreas complementarias para testigos, jueces, celdas para imputados, administración judicial, además de espacios comunes y de servicios.

“KIKO” VEGA NO HA INFORMADO SOBRE EL PROYECTO

Pese a que cada dos meses el CCSP se reúne con el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid e instancias de seguridad, Hernández Niebla manifestó en entrevista con ZETA que ninguna autoridad se ha acercado a él para informarle sobre la construcción y avance de este proyecto, lo cual le extraña, porque la primera vez que escuchó hablar del mismo fue precisamente el día del encuentro periodístico, lunes 12 de marzo, en una reunión con diputados.

Como antecedente, señaló que en las mesas que han tenido ya se habían presentado solicitudes expresas para el gobernador sobre el incremento de salas para las audiencias, sin embargo, “ni él mismo mencionó que ya había un crecimiento hacia ese sentido”, lo cual deja de manifiesto que hay un déficit de información por parte del gobierno en cuanto a lo que se está haciendo en materia de obras.

Pese a que se planteó y se informó desde 2015, y se echó a andar en agosto de 2017, Hernández Niebla señaló que se desconoce mucho sobre el proyecto, por lo tanto, sería muy oportuno que lo comunicaran, “sobre todo por la situación tan difícil que se vive hoy en día en materia de seguridad y en cuanto a las dificultades que se están teniendo con la instrumentación del Nuevo Sistema, ya que esta es una noticia importante que incluso los viste a ellos como autoridad, pero no se entiende y se torna extraño que no se informe adecuadamente”.

DÉFICIT DE SALAS DE AUDIENCIA Y PERSONAL CAPACITADO

Otro de los puntos señalados, es que en Tijuana viene arrastrando un importante déficit en materia de salas de audiencia, por lo que estos edificios se necesitan para fortalecer el NSJP tanto desde la perspectiva de infraestructura como de la de gente, por lo que consideró muy importante que las autoridades planteen “cuánto personal adicional se va a mandar y cómo se va a distribuir, y qué tipo de capacitación y preparación se les va a dar para que trabajen adecuadamente”.


Sobre todo por la controversia que se ha venido teniendo con los jueces, tema que sin duda le parece punto elemental porque a final de cuentas es equipo, personal y proceso lo que confluye en todo el proyecto, y actualmente solo se está considerando la cuestión de la infraestructura, pero después vendrá la parte del personal.

Luis Alberto Villarreal Ontiveros, administrador judicial del Poder Judicial del Estado, a cargo de la consolidación del NSJP en Zona Costa, comentó a este Semanario que en primera instancia se tomará en cuenta al propio personal que se encuentra laborando bajo el Sistema Tradicional de Justicia, siempre y cuando cumpla con el perfil adecuado para ello, con la finalidad de que comiencen a transitar hacia el Sistema Acusatorio.

En cuanto a personal adicional, solamente contratarán a aquellos elementos estrictamente indispensables, dentro de ellos quizá algunos jueces o personal administrativo, todo dependerá de la necesidad que vaya generando la instrumentación del NSJP en lo que serán estas instalaciones; decisiones que se plantearon con la finalidad de hacer el debido uso de los recursos con los que ya cuentan las instituciones.

CIUDAD JUSTICIA  CON MIRAS AL FUTURO

Sobre la zona donde se desarrollará este complejo, Juan Manuel Hernández Niebla, del CCSP, la ve como un punto bueno y estratégico, debido a que desafortunadamente son zonas conflictivas de la ciudad, lo cual podría beneficiar a la población; argumento que complementó Villarreal Ontiveros, quien manifestó que se pensó en ese sitio debido al crecimiento exponencial que se ha ido registrando en el área.

De acuerdo con la misma información obtenida a través del Sistema de Acceso a Solicitudes de Información Pública, las obras que complementan al Edificio 2, son el denominado Edificio 1 para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Secretaría General de Gobierno y áreas comunes y de servicio.

El Edificio 3 también será para el Poder Judicial y está considerado para construirse en la segunda etapa, anexo al Centro de Detención Provisional ubicado dentro del mismo conjunto, el cual se construirá en una fase posterior.

El Edificio 4 será para Servicios Periciales y albergar las áreas de recepción y control de evidencias, identificación criminal, laboratorio de grafito y revelado de huellas, entomología, criminalística, AFIS, balística, entre otras.

El Edificio 5 será para albergar 23 unidades de investigación sin detenido (UEI-1), Sistema Alternativo de Justicia Penal y Atención a Víctimas.

Por último, el Edificio 6 dará cabida a 43 unidades de investigación con detenido (UEI-3); y el Edificio 7, de un solo nivel, se destinará como almacén de evidencias y archivo general, todos de la PGJE.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO SIEMPRE DISPONIBLE: ARMENTA

Rubén Armenta, subsecretario de Enlace para Asuntos de Justicia de la Secretaría de Gobierno del Estado, señaló en entrevista con ZETA que la información y todos los detalles del complejo denominado Ciudad Justicia en Tijuana siempre ha estado disponible para quien la requiera; a su juicio, quizá lo que ha pasado es que esa información no había sido requerida por nadie.

Sin embargo, enfatizó en la disponibilidad de la dependencia para otorgar lo que se requiera sobre el tema, incluso para realizar recorridos de acompañamiento a quienes lo soliciten, debido a que considera que el proyecto vendrán a beneficiar de manera concreta a la propia ciudadanía.

Armenta confirmó que dentro de la inversión hay recurso federal con una cantidad  -la cual no precisó- que la Secretaría de Gobernación puso a disposición de los estados desde hace aproximadamente cinco años, con ciertas facilidades para que solamente se pagaran los intereses, modelo que está llevando directamente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Institución que constantemente ha efectuado  la revisión y ejecución de la obra, para que los recursos se estén destinando en tiempo y forma conforme a lo establecido, con el sentido de asegurar que todo se lleve a cabo de manera correcta.

El funcionario destacó que efectivamente el proyecto conlleva una visión a futuro por la zona donde se está construyendo, que además facilitará los traslados de los imputados cuando estos sean requeridos en las audiencias, sobre todo por la colindancia con Playas de Rosarito, área que favorecerá en el tema de justicia, movilidad y economía.

PRIMERA ETAPA INCLUYE TRES EDIFICIOS Y ENTRARÍAN EN OPERATIVIDAD EN JUNIO

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), y el propio subsecretario de Enlace para Asuntos de Justicia, la primera etapa comenzó en agosto de 2017 y comprende tres edificios con una inversión total de 219 millones de pesos pactados dentro del ejercicio fiscal 2017-2018.

Uno de los edificios estará destinado para la PGJE, con una inversión de 74 millones 829 mil 332 pesos; el segundo  estará destinado para el Poder Judicial y obra complementaria con una inversión de 79 millones 590 mil 082 pesos; el tercer edificio será para la SSPE y la Defensoría de Oficio Pública, con una inversión de 65 millones 190 mil 629 pesos.

Estos edificios los están construyendo las empresas tijuanenses JAN, GRA Arte y Diseño y Gilsa Constructora, seleccionadas mediante una licitación ofertada por la propia SIDUE; llevan un avance de 73% en su construcción y están pactados para concluirse en abril de este año, con la idea de que comiencen su operatividad en junio próximo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MANUEL AYALA /LUNES, 26 MARZO, 2018 12:00 PM)

CAE CUARTO IMPLICADO EN ASESINATO DE EMPLEADO DE NISSAN



El cuarto implicado en el asesinato de Manuel Sánchez Bueno, quien se desempeñaba como cobrador de la agencia automotriz Nissan, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y Estatal Preventiva.

Con la captura de Daniel Guadalupe, la banda fue desarticulada en su totalidad, pues en meses pasados se aprehendió a Pedro David, Jesús Florencio y Aldo Eliseo de 23, 22 y 31 años de edad, quienes ya se encuentran bajo proceso judicial.

Según el comunicado de prensa facilitado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el día de los hechos, la víctima salió con un maletín que contenía 407 mil 197 pesos en efectivo, así como diversos cheques bancarios cuando fue interceptado por Pedro David, quien descendió de un vehículo y lo increpó amenazándolo con un arma de fuego.

En el desconcierto, el hoy occiso se resistió a entregar el dinero, lo que provocó la ira del asaltante que abrió fuego en su contra, terminando con su vida de manera inmediata.

El agresor tomó el maletín y huyó a bordó un vehículo Honda color gris, en donde lo esperaba otro hombre para darse a la fuga.

La agresión fue captada por las cámaras de vigilancia de la empresa automotriz, mismas que fueron replicadas en diversos medios de comunicación y que ayudaron además a la identificación de los asaltantes.

El vehículo fue abandonado en el callejón Tapiceros Sur, donde abordaron un Honda Civic color Arena, en donde los esperaban sus cómplices.

Cabe resalta que Daniel Guadalupe, cuenta con antecedentes penales por los siguientes delitos: robo de vehículo, lesiones, lesiones agravadas en razón de parentesco, violencia familiar, daño en propiedad ajena, robo con violencia y poseer partes de vehículo robado.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA /MIÉRCOLES, 4 ABRIL, 2018 05:28 PM)

CINCO EJECUTADOS Y TRES BALEADOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS EN TIJUANA



Fotos y video: cortesía

La violencia en Tijuana no cesa. En las últimas horas, cinco sujetos fueron privados de la vida, mientras que tres personas más fueron baleadas en distintos hechos.

Primero, de varios impactos por arma de fuego, fue asesinado un sujeto de alrededor de 45 años cuando transitaba sobre la calle Chichimecas de la colonia Mariano Matamoros Centro. Al arribo de los cuerpos de emergencia la víctima ya no contaba con signos vitales. Testigos de los hechos refieren que los atacantes se retiraron de la escena del crimen a bordo de un vehículo Honda negro.



A la central de emergencias notificaron que sobre la calle Aubanel Vallejo en la colonia Sánchez Díaz, se localizaba un masculino armado, por lo que solicitaron la presencia de policías municipales, tras su arribo el sujeto se puso agresivo con los oficiales quienes lo neutralizaron resultando con un impacto por proyectil de arma de fuego. El hombre fue trasladado grave al Hospital General. Cabe destacar que ningún oficial resultó herido.

En la calle Primera en la Zona Centro, un hombre resultó con un tiro en el tórax propinado por un sujeto desconocido que huyo pie tierra. La víctima fue trasladada en condición grave al Hospital General.

Con un tiro en la espalda, fue localizado en cadáver de un hombre sobre la calle Sauce y Fresno en la colonia Florido 1 sección.



La unidad antes de que el fuego la consumiera

Omar Avitia, integrante del grupo musical “Sobrinos de Tijuana”  recibió un tiro en la espalda, mientras se encontraba en las inmediaciones de la colonia Libertad, herido solicitó apoyo en un centro comercial fue lo que socorristas de la Cruz Roja lo trasladaron al hospital San Luis Rey, en calidad grave. Trascendió que los presuntos responsables iban a bordo de una pick upo color rojo. Hasta el momento no han sido detenidos.

A la altura de unas canchas deportivas, localizadas en la calle Ernesto Lascurain de la colonia Presidentes, un sujeto fue asesinado a balazos.

Por una lesión propinada con arma punzocortante, un hombre fue privado de la vida en la colonia Santa Cruz, la madrugada de este miércoles 4 de abril. La víctima aún sin identificar vestía suéter gris a rayas y pantalón negro.

Alrededor de las 12:00 horas de este miércoles fue reportado que en un predio localizado entre Mineral de Santa Fe y Residencial del Bosque un vehículo fue incendiado y dentro la unidad  encontrado el cadáver de una persona. Por el grado de calcinación no se ha podido determinar sexo y edad de la víctima

La cifra de homicidios dolosos en Tijuana ya supera los 550 crímenes.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados  ZETA /Miércoles, 4 Abril, 2018 01:00 PM)

LOS POLICÍAS JALISCIENSES NO ENCUENTRAN PERSONAS, LAS DESAPARECEN



En muchas de las desapariciones que ocurren en Jalisco, la entidad con mayor cantidad de casos después de Tamaulipas y el Estado de México, se ha denunciado la participación directa de policías municipales y estatales. Los familiares de las víctimas acuden a todas las instancias en busca de ayuda (fiscalías, Ministerio Público, Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso al gobernador), pero sus denuncias terminan por congelarse y ellos tienen que investigar personalmente, bajo amenazas veladas del personal de la Fiscalía Estatal. Las reclamaciones contra las autoridades estatales provienen hasta del extranjero.

GUADALAJARA, Jal. (Proceso).- La desaparición de personas, en especial de  jóvenes entre 15 y 19 años, se ha incrementado a un ritmo alarmante en la entidad: mientras en el sexenio del panista Emilio González Márquez se reportaron 2 mil 175 casos, en la administración que encabeza el priista Aristóteles Sandoval Díaz suman ya 14 mil 19, con el agravante de que en algunos se ha denunciado la participación de policías municipales o estatales.

Durante el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron en el país 20 mil 851 personas. El 75% de esos reportes oficiales se concentraron en seis entidades, de las cuales Jalisco ocupó el tercer lugar, con 2 mil 175, después de la Ciudad de México y el Estado de México, como consta en el Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2012.

El pasado 21 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dio a conocer, en su recomendación 3/2018, que según datos de la propia Fiscalía General del Estado (FGE) se registraron 14 mil 19 desapariciones desde 2013 hasta el 31 de octubre de 2017.

De ese total, 3 mil 206 fueron reportados de enero a octubre de 2017, con lo cual Jalisco sigue ocupando el tercer lugar nacional, después de Tamaulipas (5 mil 989) y el Estado de México (3 mil 864).

Pese a todo, la sociedad jalisciense parece indiferente, excepto por las asociaciones civiles que realizan marchas en las que sólo participan los afectados, para exigir al gobierno que encuentre a sus familiares.

En el periodo de Emilio González, la única gran manifestación se realizó el 23 de mayo de 2012, cuando estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) exigieron mayor seguridad, tras el asesinato de 11 de sus compañeros en seis meses.

Marco Antonio Núñez, entonces líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), declaró entonces que también tenía información sobre estudiantes desaparecidos, pero que sus familias no denunciaban por miedo.

Ya con Sandoval Díaz en el Ejecutivo, seis jóvenes y un mesero, cuyas edades oscilaban entre 18 y 22 años, fueron levantados la madrugada del l7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno.

Al no localizarlos, 17 días después sus amigos y familiares se manifestaron en el jardín principal del municipio y exigieron a las autoridades frenar la inseguridad. Cuando fueron hallados sus cadáveres, el entonces fiscal estatal Luis Carlos Nájera informó que tras una investigación se estableció que fueron asesinados por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como venganza por haberle robado dos bolsas con droga y dinero.

Casi seis años después la consigna de esa ocasión (“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”) se escuchó en cuatro manifestaciones en Lagos de Moreno, ya que entre el 19 y el 21 de marzo pasados se reportó la desaparición de seis estudiantes, cinco de ellos universitarios –tres de una institución privada más dos de la UdeG– y uno de secundaria.

Los dos de la UdeG fueron hallados (uno aparentemente se suicidó, a decir de la FGE) y el de secundaria apareció, pero hasta el cierre de edición no se ha ubicado a los alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV, Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Ávalos y Jesús Daniel Díaz.

Ante la presión nacional y de medios de comunicación extranjeros, tras la segunda manifestación, el 23 de marzo las autoridades ofrecieron 1 millón de pesos a quien diera información que llevara a localizar a los estudiantes del CAAV.
Ante las críticas que generó la medida por favorecer a víctimas de una institución privada, el día 25 el gobernador extendió la oferta de gratificación a quien aporte datos para localizar a cualquier desaparecido.

Pero la presión internacional ya estaba sobre el gobierno de Sandoval Díaz. El 31 de enero pasado, los italianos Raffaele Russo, de 60 años, su hijo Antonio, de 25, y su sobrino Vincenzo Cimmino, de 29, desa­parecieron en el municipio de Tecalitlán.

En Italia hubo varias manifestaciones para exigir su localización. La más difundida se realizó el 17 de febrero, durante un partido de futbol en la ciudad de Nápoles. Hasta el momento, las indagatorias en Jalisco apuntan hacia la presunta responsabilidad de líder del CJNG y la complicidad de policías municipales.

El 23 de febrero pasado un centenar de personas, en su mayoría familiares de los veracruzanos Juan y José Ángel Meléndrez Luna, Juan José Santos Meléndrez y José Meléndrez Pineda –quienes desaparecieron el 1 de febrero en Autlán de Navarro–, se manifestaron frente a la FGE.

Los inconformes exigieron la aparición con vida de las víctimas y que se detuviera a los cinco policías municipales que bajaron a los veracruzanos del taxi, pues esa ocasión fue la última que se les vio.

El mismo día la FGE informó de la detención de cinco policías de Autlán por estar implicados en la desaparición de los veracruzanos.

LABERINTOS BUROCRÁTICOS DE LA FGE

Zonia Gómez Zúñiga busca a su hijo Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG, a quien policías estatales sacaron el sábado 20 de febrero de 2016, a las 15:30 horas, de su domicilio en la colonia Valdepeñas, en Zapopan.

Eduardo tenía apenas tres meses de rentar la vivienda, de la que subarrendaba tres habitaciones a otros jóvenes. Se mudó para llegar más rápido al CUCEA.

La mañana del domingo, el padre visitó a la señora Gómez sin avisar y le informó que ocho hombres armados, identificados como elementos de la FGE y que llegaron en camionetas RAM blancas, habían “levantado a Lalo”.

Le relató que él y Eduardo habían regresado de pasear a su perro cuando –según recuerda Zonia– “unas personas armadas los empujaron hacia dentro de la casa. Ahí había otro muchacho que tenía apenas tres días viviendo en ella, al que mi hijo no conocía, y se los llevaron a ambos, además de un Cadillac modelo 2000 y sus pertenencias”.

El exmarido, que padecía de cáncer, no le avisó de inmediato a Zonia porque esperaba que liberaran pronto a Eduardo.

Tan pronto se enteró Zonia, ella acudió a la FGE pero le aseguraron que su hijo no estaba ahí. Cuando la enviaron al área de desaparecidos recibió por whatsapp el mensaje de un amigo de los jóvenes que subarrendaban las habitaciones: decía saber quién se había llevado a su hijo y dónde lo tenían, pero le pedía de 50 a 100 mil pesos por la información.

Personal de la FGE tomó el control de su celular y respondió. Acordaron reunirse con el informante en un centro comercial, a las tres de la tarde. El Plan de la FGE era que Zonia acudiera con agentes para detener al autor del mensaje y llevarlo a declarar.

A punto de trasladarse al centro comercial, la entonces directora del área de Desaparecidos de la FGE, Violeta Cristina Meza, le indicó a la señora Gómez que el área de secuestros se encargaría del asunto. Ahí decidieron que no se presentara a la cita con quien decía tener información sobre Eduardo.

Zonia y su exmarido regresaron con Meza para informarle de la decisión del área de secuestros. La funcionaria llamó para que le tomaran la declaración a la señora, cuando el testigo de los hechos fue el padre de Eduardo. A él le tomaron declaración el lunes 22, mientras que la averiguación previa por el robo de auto no se abrió hasta el 24 de febrero. El vehículo tampoco ha aparecido.

En secuestros le comentaron a Zonia que “ellos no hacían investigaciones de campo, que atendían el caso porque así se los habían ordenado, y que si no había una llamada para pedir un rescate no iban a hacer nada”, narra con dolor.

A la tercera semana del levantón, la señora Gómez se puso en contacto con el entonces líder de la FEU, Alberto Galarza, El Rojo, quien por su cuenta de Twitter­ pidió a la comunidad universitaria que compartiera la foto de Eduardo por si alguien lo veía.

En tanto, recuerda Zonia, “me decían en la fiscalía que si yo hacía pública la situación iba a poner en riesgo la vida de mi hijo, que realmente no sabían si se trataba de un secuestro. Evidentemente no fue un secuestro, les dije, fue gente de la fiscalía. Les insistía en eso”.

Cuando se dio a conocer el caso, el entonces fiscal general Eduardo Almaguer la mandó llamar. El ahora aspirante a la alcaldía de Guadalajara le reveló que él dio la orden de que su caso fuera atendido por el área de secuestros, según él porque contaba con el mejor equipo de geolocalización y personal más capacitado.

Almaguer llamó a los encargados de secuestros y desaparecidos para que colaboraran en la localización de Eduardo. Pero ninguna de las áreas interrogó al joven que decía saber quién tenía al estudiante. A la persona a la que el informante señaló de retener a la víctima, la mataron el 24 de septiembre de 2016, comenta Zonia. Y a finales de junio de 2017 falleció el padre de Eduardo, quien presenció los hechos.

La averiguación fue turnada al área de extorsión con el visto bueno de Fausto Mancilla, actual fiscal regional. A principio del año pasado el expediente 12/2016, que se abrió en el área de secuestros, se envió a la dirección de desaparecidos.

“Si hubiera entrado a desaparecidos le hubiera tocado casi el 300, porque la mamá del otro muchacho que se llevaron junto con mi hijo sí puso su denuncia en desaparecidos y le dieron un número doscientos setenta y tantos”, acota.

Zonia Gómez está consciente de que la policía investigadora no se da abasto para localizar al gran número de desaparecidos: “La FGE no tiene los recursos necesarios. Yo sé que a algunos elementos les falta voluntad, pero también les hace falta personal y recursos, no puede ser que no tengan para la gasolina”.

Ella también habló en abril del año pasado con Aristóteles Sandoval, quien le dio su número de celular y le dijo que una persona de la FGE le informaría sobre los avances de la investigación. “Jamás me llamó (el gobernador), no me contestó ni una llamada. O sea que te dan la atención, pero realmente no te resuelven el problema. Es mentira”, lamenta.

Para colmo, dice, personal de la FGE le recomendó que “ya no le moviera; no vaya andar de revoltosa porque muy seguramente a los que se llevaron a su hijo no les va a gustar. Usted cuide a su hijito, cuídese. Eran consejos de prudencia, pero realmente era amedrentamiento oculto”.

Zonia acudió con un abogado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) para consultar el expediente de su hijo, pero no se lo permitieron “por su protección y sigilo”. Posteriormente el Ministerio Público le advirtió que si llevaba al “abogadillo” de la CEAV no la atendería.

En diciembre pasado la señora presentó una queja ante la CEDHJ, que ya presidía Alfonso Hernández Barrón, porque, confiesa, “no teníamos mucha confianza en el anterior presidente”.

PRESUNTA COMPLICIDAD POLICIACA

Esa falta de coordinación policiaca y las amenazas veladas se repiten en otros casos, como el de Martha Leticia García, quien desde el 4 de agosto de 2017 busca a su hijo César Ulises Quintero García, de 19 años, quien fue visto por última vez en Ocotlán. Estudiaba en el Centro Universitario de la Ciénega, con sede en La Barca, donde vive su familia.

César Ulises laboró durante las vacaciones en una granja y, como no regresaba, Martha llamó a su celular a las 14 horas del viernes 4 de agosto, pero no respondió. Horas después le informaron que César Ulises había sido detenido con el hijo de su patrón y otras dos personas.

La señora García contrató un abogado, quien le cobró “una fuerte cantidad” por informarle que César estaba detenido con una persona de 55 años, pero al día siguiente afirmó que el joven no estaba encarcelado.

Ella acudió a las instalaciones de la FGE en Guadalajara, donde también negaron que tuvieran a su hijo. Cuando quiso interponer una queja en la CEDHJ, le dijeron que era imposible porque “no había un registro de César” entre los detenidos por la FGE.

El lunes fue a la agencia del Ministerio Público de Ocotlán, donde le hicieron preguntas muy específicas (¿su hijo es mesero?, ¿qué estudia?, ¿a qué fue a Ocotlán?). “Pensé: ya encontré a mi hijo. Lo último que me preguntó fue si mi hijo traía un celular grande. El funcionario encuadró con la mano el tamaño del celular de mi hijo. Yo le dije: ‘Así es de grande’ (…) Ya nada más se metió las manos al pantalón y me dijo: ‘Pues no, nosotros no lo tenemos’”.

Señala que la mayor parte de la carpeta de investigación 1558/2017, sobre la desaparición de su hijo, ha corrido a cargo de ella: “Uno aporta, uno se mete de lleno a indagar, a darles líneas de investigación, pero yo no he visto resultados”. Como los encargados de investigar ya no le toman la llamada, la señora García decidió enviar el expediente a Guadalajara.

Es prácticamente la misma experiencia de Mayra Hernández. Un grupo de policías estatales que llegó en camionetas oficiales se llevó a su hijo Antonio Reynoso Hernández de una fiesta familiar en Tlaquepaque, el 30 de agosto de 2013, cuando tenía 24 años.

Los uniformados detuvieron a cuatro personas, pero Antonio no estaba entre ellas cuando las presentaron ante la autoridad. “Lo empecé a buscar desde entonces. Fui a todas las dependencias, pero en ninguna me dieron noticias de él. Contraté un abogado. Por medio de él me di cuenta de que mi hijo no está detenido, y a partir de entonces empieza mi martirio. Son cuatro años y medio, y todavía no sé nada”, dice Mayra.

Al presumirse desaparición forzada con participación de policías del estado, la denuncia de Mayra se envió a la Visitaduría General de la FGE, pero después se canalizó al área de desaparecidos “y hasta hoy no han hecho nada”, dice la afectada.

Ella vio cuando los uniformados lo subieron a la camioneta con los otros tres. Los policías declararon que Antonio huyó.  

Este reportaje se publicó el 1 de abril de 2018 en la edición 2161 de la revista Proceso.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA REZA M. , 4 ABRIL, 2018)

¡HIJOS DE LA CHINGADA, VOY POR USTEDES!, LANZA ASPIRANTE A ALCALDE DE MONTERREY A ASESINOS DE ANCIANA



MONTERREY, N. L. (apro).- Luego de que esta madrugada fue encontrada en su domicilio asesinada una anciana de 89 años, el aspirante independiente a la alcaldía de esta ciudad, Aldo Fasci Zuazua, difundió un video en el que anunció que emprenderá una “cacería” personal contra los homicidas.

En el pronunciamiento de 31 segundos, el exasesor de seguridad y encargado del área de inteligencia del actual gobierno de Nuevo León, expresó su indignación por la muerte a golpes de Alicia Martínez, cuyo cuerpo maniatado y en estado de descomposición fue hallado por familiares en su casa de la calle Minerva de la colonia Contry San Juanito, de esta capital.

Fasci Zuazua dijo: “Me dirijo a los que asesinaron a la señora Alicia Martínez, de 89 años. A ustedes, los que la asaltaron, golpearon, maniataron y asesinaron, yo no sé que tenga qué hacer, pero voy a mover cielo, mar y tierra para ir por ustedes”.

Quien fue también secretario de Seguridad Pública del Estado en el sexenio de Natividad González hizo un compromiso imperecedero: “No sé cuánto me tarde, pero eso no se vale. Todo lo que tenga qué hacer, en todo el resto de mi vida me voy a dedicar a perseguirlos”.

Para finalizar, lanzó un reto directo a los asesinos: “¡Si tienen pantalones, aquí estoy yo, y vengan conmigo, hijos de la chingada! ¡Voy por ustedes!”.

La autoridad presume que el móvil del homicidio fue el robo, pues al momento del hallazgo del cuerpo, la casa estaba en desorden.

Aldo Fasci, experto en temas de seguridad, se registró el pasado 21 de marzo como precandidato sin partido a la presidencia municipal de Monterrey.

La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León validará las propuestas de los aspirantes el próximo 20 de abril, y el 29 de ese mes inician formalmente las campañas.

(PROCESO/ LUCIANO CAMPOS GARZA/  3 ABRIL, 2018)

EL CRIMEN QUE LA MARINA INTENTÓ OCULTAR



En medio de uno de sus peores descalabros ante la delincuencia organizada, durante las emboscadas ocurridas el 24 de marzo en Nuevo Laredo la Secretaría de Marina “omitió” informar sobre la muerte de una familia. Un día después, hasta que medios locales revelaron que dos adultos y dos niñas fueron masacrados a raíz de los enfrentamientos, la Semar mencionó el caso al afirmar que sus integrantes no causaron esas muertes, aun cuando hay testimonios que indican lo contrario. Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la violencia se ha incrementado en el norte del país desde que los marinos asumieron el control de la seguridad pública.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Secretaría de Marina (Semar) sufrió una de sus peores derrotas desde que fue declarada la guerra contra el narcotráfico. Pese a tener el control directo de la seguridad pública en Tamaulipas y contar con tres sectores navales, la delincuencia organizada perpetró un inusitado ataque en Nuevo Laredo: en unas cuantas horas realizó tres emboscadas contra infantes de marina, a raíz de las cuales murió uno de ellos y otros 12 resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

En el saldo también se cuenta la indignación por la muerte de una familia, incluidas dos niñas, hecho que la Marina intentó mantener oculto.

Aunque la institución se deslindó por las muertes de esos civiles, desde el principio los familiares de las víctimas han sostenido públicamente que los papás y las dos niñas, de cuatro y seis años, fueron alcanzados cuando los marinos dispararon desde un helicóptero la madrugada del domingo 25. Las víctimas regresaban a su casa después de una reunión familiar.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) recordó que un caso similar ocurrido en 2010, en el que estuvo implicado el Ejército, terminó en manos de los tribunales militares, los cuales “no pudieron probar” la participación de los soldados en los hechos y el asunto quedó sin castigo. La organización pidió que sean las autoridades civiles las que hagan la investigación de lo que realmente pasó en Nuevo Laredo entre la noche del sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de marzo.

Tras los ataques, los agresores, supuestos miembros del Cártel del Noreste, advirtieron a la población que a partir de ese día declaraban un toque de queda: “Si no tienen que salir por ningún motivo, ni se asomen (…) Toda esta semana será de puros topones”.

Pocas horas después de los enfrentamientos en Nuevo Laredo, el lunes 26, hubo otra emboscada en Reynosa. Esa vez fue contra policías estatales de la llamada Fuerza Tamaulipas. En el tiroteo, tres de los atacantes murieron, pero también resultó herido un niño de dos años, quien en imágenes que circularon en redes sociales se ve cómo fue protegido por la policía.

La Marina se deslindó de la muerte de la familia en Nuevo Laredo, aunque sin mencionarla en ningún momento. Argumentó que los calibres de los casquillos encontrados en el lugar no corresponden a las armas con que van artillados sus helicópteros, además de que su actuación se apegó al Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas y en estricto respeto a los derechos humanos.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2161, ya en circulación

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/  JORGE CARRASCO ARAIZAGA/ 31 MARZO, 2018)

LA MISTERIOSA MUERTE DE UN LEGIONARIO DE CRISTO EN ROMA



ROMA (apro).- ¿Qué ocurrió la noche del domingo 1 de abril en la habitación del seminarista legionario Anthony Joseph Freeman en Roma? Es la pregunta que ronda entre los reporteros de la fuente religiosa en la capital italiana y que ha provocado la apertura esta semana de un sumario sobre el caso por parte de la Fiscalía de Roma.

El joven seminarista estadunidense, originario de Luisiana, en Estados Unidos, y quien el sábado anterior había participado en una misa con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, fue encontrado muerto el pasado lunes en su habitación en el colegio internacional de la congregación mexicana de los Legionarios de Cristo en Roma, en la vía Aldobrandeschi, en los suburbios norte de esta ciudad italiana.

 “De momento, las causas de la muerte todavía están siendo investigadas por las autoridades, aunque pareciera que (ha fallecido) por causas naturales”, escribió, horas después, en una escueta nota, John Lane Connor, el director de los Legionarios en el llamado territorio de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), luego de que la noticia empezara a circular en foros privados de legionarios y exlegionarios.

“El hermano Anthony Freeman fue encontrado muerto en su habitación en nuestro seminario en Roma. (…) Anthony habría sido ordenado diácono este verano. Tanto así que ya había terminado sus ejercicios espirituales para prepararse para ese momento”, añadió Connor, quien en estos días es uno de los participantes de la reunión del Capítulo Extraordinario de la Legión que se celebra hasta el sábado 7 en Roma.

De esta manera, y sumado al hecho de que Freeman era un apuesto joven de apenas 29 años y un gran aficionado del deporte, comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones y conjeturas sobre las circunstancias de su deceso.

En efecto, la reconstrucción de las últimas horas del legionario es el final de una historia plagada de puntos poco claros.

De acuerdo con algunos de sus compañeros, Freeman, quien el lunes 2 tenía previsto un viaje en tren con otros legionarios hasta una localidad marítima en la sureña región italiana de Campania, se había regresado a su cuarto el domingo 1 después de una cena en la capital italiana y todavía a las diez de la noche de ese día envió un mensaje a través de un conocido servicio de mensajería telefónica instantánea.

No obstante, no fue hasta el día después en la tarde que un asistente legionario fue a tocar a la puerta del seminarista y, después de insistir varias veces, abrió finalmente la habitación y lo halló muerto, sin evidentes marcas de violencia en el cuerpo y en una habitación todavía ordenada y en la que Freeman se encontraba aún vestido con las prendas de la anterior noche, según un primer relato de los testigos hecha a los investigadores italianos.

Unas circunstancias que, desde el principio, han hecho sospechar sobre por qué nadie lo buscó por tantas horas, más aún que el cuerpo ya inerme de Freedman apareció en un avanzado estado de descomposición, en momentos en los que en Roma las temperaturas no son particularmente altas.

“¿Cuándo murió realmente?”, se ha preguntado Il Corriere, en tanto otro diario, el rotativo La Repubblica, explicó que, tras la autopsia al cadáver –que se llevó a cabo este miércoles en el hospital romano Gemelli–, se está tambaleando la primera hipótesis de los forenses de una muerte ocurrida mientras el legionario dormía, como ha ocurrido recientemente con un futbolista muy conocido en Italia, Davide Astori, defensor del equipo de la Florentina.

Por ello, la fiscal romana Nadia Plastina ha decidido abrir un sumario con la hipótesis de muerte originada por “otros delitos”, aunque de momento no hay personas investigadas por el fallecimiento de este joven que se había hecho conocer en su comunidad por la publicación del libro “One step closer (Un paso más cerca)”, en el que argumentaba sobre la vida de los millennials católicos.

De hecho, Freeman era muy activo en las redes sociales, en particular en Instagram, desde la cual antes de la Pascua había informado que se había tomado unos ocho días de retiro en vista de su ordenación como diácono.

“¡Después de un retiro de silencio de ocho días tuve la bendición de encontrarme con el Papa Francisco hoy y servir en la Misa de Pascua!”, escribió finalmente el sábado anterior el legionario.

Por su parte, al cierre de este artículo, el encargado de prensa de la Legión de Cristo, Aaron Smith, todavía no había respondido a una petición de información sobre el caso enviada por esta reportera. De igual manera, también la cúpula de los Legionarios se ha rehusado a hacer declaraciones oficiales a la prensa sobre el suceso.

No obstante, el caso cobraría relevancia en los próximos días tras la llegada a Italia de los padres de Freeman, Brian y Debbie, quienes son los que deben decidir sobre el destino de los restos mortales de su hijo y, eventualmente, expresar sus dudas acerca del repentino y extraño fallecimiento.

Freeman había entrado en noviciado de la Legión de Cristo en Cheshire, en el estado estadunidense de Connecticut, en 2005 y, tras un período transcurrido en España y Estados Unidos, desde hace cinco años se encontraba residiendo en Roma. Según la información difundida por la Legión de Cristo, su ordenación como diácono se iba a llevar a cabo el 7 de julio de este año, en Houston, Texas.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ IRENE SAVIO/ 4 ABRIL, 2018)