martes, 14 de febrero de 2012

COMANDANTES INVESTIGADOS DE BCS



INVESTIGACIONES ZETA
Es oficial. Los comandantes de la Policía Ministerial del Estado que fueron exhibidos el 28 de enero en un narcovideo, donde se muestra cómo están vinculados con células del crimen organizado en Los Cabos, son investigados y sujetos a un proceso penal.

Sin embargo, los jefes policiacos todavía están laborando, y hasta el cierre de esta edición, no habían sido separados de sus cargos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.
Durante una entrevista con ZETA, y en la víspera de tomar posesión, el gobernador del PAN, Marcos Covarrubias Villaseñor, dijo que limpiaría y pondría orden en la PGJE, cuando asumiera el poder estatal, porque era “evidente que el narcotráfico se había infiltrado en algunos cuerpos policiacos”.

Hoy, a punto de cumplir su primer año de gobierno –en marzo próximo— comenzó a actuar y con pruebas y elementos para rescatar del bochorno a la Procuraduría y tratar de eliminar el lastre que dejó el gobierno el PRD.

En el más reciente capítulo, la videograbación que circula en Youtube probó que jefes policiacos protegen a delincuentes, al ser exhibidos como una célula más del crimen organizado.

Desafortunadamente, para el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor con esto se comprueba la corrupción sistemática y la participación criminal de policías vinculados al narcotráfico.

Los policías no se conformaron con servir de informantes o brindar protección al crimen organizado. De la incapacidad y colusión llegaron a la impunidad y el cinismo “de cobrar por trabajar, y atacar a su vez, a la sociedad que deberían estar obligados a cuidar y proteger de los delincuentes”.

En la PGJE no quieren hablar sobre el tema y en la Policía Ministerial dicen que si sale su nombre abriendo la boca, su trabajo estará en riesgo; extraoficialmente hay hasta personal amenazado.

Los policías ministeriales se muestran inconformes porque dicen que su integridad está bajo amenaza, mientras los comandantes vinculados con el narcotráfico sigan laborando y yendo a las oficinas de la Policía Ministerial del Estado.

“No todos estamos en el ajo, y tenemos miedo porque podemos pagar justos por pecadores y más, porque se han estado registrado amenazas en contra de nosotros, y los delincuentes, no se fijan si es mengano o perengano, es la Policía Ministerial y punto”, dice uno de los agentes.

Teniendo como escenario Los Cabos, los comandantes Enrique Willard Ramírez y Fernando Rojas Pérez fueron evidenciados al vender la plaza del narcomenudeo de Cabo San Lucas y San José del Cabo a dos cárteles de la droga al mismo tiempo: el de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el de Héctor Beltrán Leyva alias “El H”.

Todo a través de sus células criminales representadas, por un lado, por Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía alias “El Javier” o “El Javi”, y por otro, por Héctor Antonio Salazar Monzón, alias “El Oaxaco”.

Todo esto desembocó en la apertura de la Averiguación Previa LPZ/011/SPB/2012, la cual ya está caminando en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE.

La limpia
La investigación que se está iniciando está sentando un precedente histórico en el estado, por tratarse del primer caso oficial, y porque la limpia de la PGJE no podía quedar sólo en promesas del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor ni en “las buenas intenciones” del Procurador.

Y es que el caso de los jefes policiacos exhibe una parte de la lista de los malos elementos que se han detectado –y que según las propias palabras del gobernante panista– “desgraciadamente pusieron contra la pared a la ciudadanía”.

— ¿Qué va a suceder con todos estos malos elementos y con sus jefes?, se le preguntó hace casi un año al gobernador del PAN.

“Vamos a poner el mejor de nuestros esfuerzos. Me queda claro que si de algo podíamos presumir en Baja California Sur, era el tema de la seguridad. Si bien es cierto, no ha alcanzado los niveles de otros estados, también es cierto que no es para nada igual a lo que podíamos gozar todavía hace algunos años atrás”, respondió.

Hoy, y después de haber sido exhibido el narcovideo, la limpieza está comenzando a efectuarse y para bien de la ciudadanía.

Siempre se había sospechado que al menos en el caso del comandante Enrique Willard Ramírez, el agente tenía vínculos con el crimen organizado y había participado en dos casos más relacionados a actividades ilícitas.

Sin embargo, nunca se habían exhibido pruebas, más que testimonios donde sale “negociado” con mañosos, y menos que se hayan hecho públicas.

Los vínculos
De septiembre del 2011 a la fecha, ZETA documentó dos casos más de corrupción, donde aparece el nombre del Comandante Willard, el cual protegió a matones y hasta fue vinculado con el robo de un cargamento de droga.

El 5 de septiembre del 2011, el nombre de jefe policiaco salió a flote, cuando un grupo de agentes de la Policía Ministerial lo acusó y lo señaló de haber participado en la liberación de un sicario en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Los agentes policiacos expusieron que el comandante se encargó de negociar el pago de un soborno de 2.5 millones de pesos que se repartió de la siguiente manera: un millón de pesos fue entregado al ex titular de la PGJE, Francisco Karim Martínez Lizárraga; 500 mil pesos al ex titular de la SIE, Rafael Homero Arvizu Alvarado; 500 mil pesos entre dos Agentes del Ministerio Público del Fuero Común de la PGJE, uno de ellos, Ricardo Escopinichi Fernández y Fidencio Solano Reséndez; 500 mil pesos se le dieron al coordinador de la SIE y se repartieron entre el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Enrique Willard Ramírez y ocho agentes de la SIE.

En la investigación de la SIEDO se describe que la tarde del 5 de septiembre, Rodrigo Ramírez Muñoz y su sobrino Oliverio Ramírez Hernández se encontraban disfrutando de la playa a la altura del Puente de El Tule, en Cabo San Lucas.

Casi al caer la noche, los dos familiares se dispusieron a retirarse, por lo que abordaron una unidad automotriz de color gris, cuatro puertas, marca Honda y placas de circulación 984-NNY, pero al tratar de encenderla, no prendió.

Los dos se bajaron del carro y abrieron el cofre. Hasta el lugar llegó una persona vestida de negro con aliento alcohólico y barba crecida, quien se ofreció a revisar el vehículo y así lograron echarlo a andar.

Una vez encendido el automóvil, Rodrigo Ramírez Muñoz se dispuso a subir del lado del copiloto, y su sobrino, Oliverio Ramírez Hernández, ocupó el asiento del chofer. 

El desconocido se quedó parado frente a la unidad, enseguida solicitó “un raite” y se lo dieron.

Justo cuando llegaba a la carretera Transpeninsular, el extraño sacó de entre sus ropas una pistola 9 mm y comenzó a disparar a quemarropa contra Rodrigo Ramírez Muñoz, y luego contra su sobrino Oliverio, quien herido condujo el carro hasta las puertas de la Cruz Roja.

El joven logró salvar la vida pero cuando los paramédicos fueron a brindarle atención a Ramírez Muñoz, éste ya había muerto, una anemia aguda, había complicado la herida de bala que atravesó un pulmón y su corazón.

El homicida material de nombre Leny Daniel Sánchez Becerra, quien fue detenido y encarcelado, dijo haber seguido órdenes de Enedino Marcos Cruceiño y Cinthia Marcela Ávalos, los cuales posteriormente fueron capturados y después, liberados sin explicación alguna.

Ninguno fue procesado, a pesar de que en su declaración ministerial –que no fue transcrita al expediente del caso– el presunto asesino dijo haber sido contratado en Tijuana por los dos liberados y que recibió 20 mil pesos por la ejecución de Rodrigo Ramírez Muñoz.

El pistolero incluso refirió que logísticamente estuvo todo el tiempo respaldado por Enedino y Marcela Ávalos, quienes lo llevaron hasta el lugar donde debía matar al supuesto enemigo de los michoacanos.

Una vez cometido el crimen, lo recogieron y lo dejaron en el Hotel Oasis de Cabo San Lucas donde el matón fue capturado por agentes de la Policía Ministerial del Estado, y trasladado hasta separos de la PGJE.

Ya confeso, el homicida Leny Daniel Sánchez Becerra llevó hasta manos de la PGJE a los autores intelectuales del crimen, quienes fueron capturados en las afueras del “Hotel Oasis” en medio de un intenso operativo y llevados a los separos policiacos, según explicaron los testigos.

Después de estar unas horas detenidos en la PGJE, Enedino Marcos Cruceiño y Cinthia Marcela Ávalos Enciso, recuperaron su libertad “tras entregar un soborno de 2 millones 500 mil pesos a sus captores”.

La PGJE nunca dio vista de manera oficial a la PGR ni a la SEDENA.

Otro hecho delictivo más, donde figuró el nombre del “Comandante Willard” fue en la desaparición de tres centenares de dosis de droga y una piedra de crystal en un cateo, registrado el 12 de octubre, donde se detuvo a los presuntos cómplices de la ejecución del narcomenudista Manuel Isaac Hernández Payén, alias “El Terry” o “El Ojos”, en Ciudad Constitución, Baja California Sur.

Lo anterior derivó de la declaración de los tres detenidos de nombre Martín Ponciano Álvarez Espinoza alias “El Güero”, Manuel Alexis Verdugo Peralta alias “El Alexis” y Luis José Ochoa Casares alias “El Chana”, quienes en uno de sus testimonios revelaron que el día en que fueron detenidos “les incautaron un cargamento de 300 dosis de droga y una piedra de crystal de aproximadamente medio kilo”.

Sin embargo, en el parte informativo de la captura de los presuntos responsables, presentado por el entonces comandante de la partida de Ciudad Constitución, Enrique Willard Ramírez, no apareció ningún dato al respecto, por lo que de inmediato, se abrió una línea de investigación, la cual por cierto, dicho sea de paso, no llegó a nada.

Las indagatorias arrojaron que el cargamento fue ofrecido en venta a algunos delincuentes de Ciudad Constitución en la cantidad de 150 mil pesos, sin embargo nadie quiso comprarlo, hasta que el comandante de la partida de Ciudad Insurgentes, Juan María Flores Álvarez, logró hacer contacto con un grupo de traficantes de Los Cabos. Fue entonces cuando se cerró el trato.

TANO PÉREZ: LA EXCEPCIÓN DE BCS


En su toma de protesta, el también conocido como “Tano” Pérez habría prometido rendición de cuentas de todos aquellos que, aprovechándose de su cargo y abusando del poder, se enriquecieron lícitamente.

Textualmente citó: “Estoy recibiendo una administración pública, sumida en el más profundo descrédito social, producto de un marcado desaseo en las finanzas públicas, donde la corrupción, intolerancia, incapacidad y la falta de voluntad, han sido la constante en estos tres años de gobierno municipal”.

Encarrerado, el edil panista expuso que afortunadamente para los comundeños, la administración de Joel Villegas Ibarra había terminado y, por lo tanto, las cosas iban a cambiar, pero amagó que revisaría a profundidad todas y cada una de las cuentas, para después adelantar: “Nos llevará tiempo, pero vamos a reunir todas las pruebas y, con el resultado de la auditoría, vamos  a determinar el grado de responsabilidad de cada funcionario saliente; y de encontrarse culpabilidad en el desvío de recursos públicos, haremos que se aplique todo el peso de la Ley, porque como lo dije en campaña, no nos temblará la mano para denunciar sí existen actos de corrupción en la anterior administración, y exigiremos al Congreso del Estado que se finquen responsabilidades también a diputados anteriores que irresponsablemente autorizaron créditos millonarios a la administración que se va”.

Es así como, hoy por hoy, sus promesas de campaña se están cristalizando, a excepción de todos los ediles que entraron, ya que según datos recabados por ZETA, es cuestión de horas o días para que los primeros en la lista, denunciados penalmente por el alcalde Venustiano Pérez Sánchez, comiencen a ser citados a declarar. 

Ellos son:

1. Joel Villegas Ibarra, ex alcalde de Comondú.

2. Julio Vega Pérez, ex secretario general de Gobierno.

3. Sergio Avilés Mendoza, ex tesorero municipal.

4. Arturo Peña Valles, ex sindico municipal.

5. Elpidio Martínez Delgado, ex gerente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA).

6. Enrique Bojórquez Cárdenas, ex administrador del SAPA.

7. Antonio Espinoza Estrada, ex director de Ingresos de la tesorería municipal.

Como responsable de salvaguardar el patrimonio y la Hacienda pública del Ayuntamiento de Comondú, el síndico municipal Héctor Misael Solís fue el responsable de radicar las denuncias penales en contra de los ex servidores públicos, acusando a sus antecesores del delito de peculado, ya que -según se explica en una de las denuncias- se apropiaron indebidamente de poco más de 60 millones de pesos, pertenecientes al Ayuntamiento de Comondú, aprovechándose que se encargaban del control y custodia del dinero.

Pero eso no parece importarle mucho al ex edil del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues cuando las querellas se presentaban formalmente en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Joel Villegas Ibarra se encontraba acompañado de sus hijos Antonio y Joel, tomándose unas bebidas embriagantes en el bar Mundos de La Paz, localizado en las calles Revolución, esquina Manuel Márquez de León.
Las denuncias
Las siete denuncias presentadas en contra de los ex funcionarios derivan del desvío de dinero destinado a obra pública, donde todos los señalados manotearon e hicieron su agosto, sobre todo respecto a una parte del recurso del crédito bancario de los 67 millones 680 mil 054 pesos que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) otorgó al Ayuntamiento de Comondú el 16 de octubre de 2009.
El contrato del préstamo fue autorizado por regidores de la anterior administración, en las sesiones de Cabildo 25 y 2, del 18 de mayo, y del 5 de junio del 2009, y el cual posteriormente fue validado el 30 de septiembre por los diputados a través del Decreto número 1806, publicado en el boletín oficial del gobierno del estado de Baja California Sur.

En la solicitud aparecen las firmas de Joel Villegas Ibarra, ex presidente municipal, Julio Vega Pérez, ex secretario general y Sergio Avilés Mendoza, ex tesorero, donde claramente se estableció que el dinero solicitado sería para los siguientes conceptos: Construcción de pavimento de concreto hidráulico, construcción de pavimento asfáltico, rehabilitación de calles, saneamiento hidráulico; saneamiento sanitario, alumbrado público, nomenclatura, edificaciones y obras de protección, así como equipo y maquinaria.

Sin embargo, la auditoría elaborada por el gobierno del panista Venustiano Pérez Sánchez arrojó como resultado que parte del dinero de ese crédito no fue utilizado, tal como estaba previsto en el contrato. De hecho el recurso fue desviado a cuentas bancarias de amigos, familiares y hasta ex funcionarios.

Otra parte se gastó en compras y supuestas obras, a pesar de que existía un apartado que contemplaba sustituir uno o más proyectos asociados al destino de dinero, siempre y cuando BANOBRAS recibiera una solicitud de autorización previamente por escrito, pero la administración de Joel Villegas Ibarra desvió el destino del dinero. 

Fue así que se detectaron “terribles sobreprecios y alteraciones a gran escala” en los supuestos gastos ejercidos sin autorización del Banco Nacional, según explicó el alcalde del PAN a ZETA.

Las irregularidades más graves respecto al manejo de ese dinero, fueron las encontradas en la supuesta adquisición de camas hospitalarias, pago de mano de obra del programa de ahorro y subsidio Tu Casa, construcción de 50 recámaras adicionales del programa Tu Casa, edificación de la segunda etapa de ciclopista en la colonia Pioneros de Ciudad Constitución; además del programa de rescate de espacios públicos, Programa Hábitat 2009, reparación de bordos, sincronización, suministro e instalación de controladores automatizados con sensores y reubicación de cuatro semáforos dentro de Ciudad Constitución. 

De igual manera, la elaboración de proyecto de recuperación de playa La Curva, de Puerto San Carlos, Baja California Sur.

Una vez entregada la información bancaria y tras haber cotejado cada uno de los movimientos de la cuenta número 65-50253014-3 del banco Santander de la sucursal 4557 de Ciudad Constitución, en la investigación contable se detectó un sinnúmero de traspasos a cuentas personales de ex funcionarios del Ayuntamiento de Comondú.

Los rastreos se hicieron a través de transferencias bancarias de la CLABE 014042655025301439 hacia otras cuentas del mismo banco y de otras instituciones, y ya en la investigación contable y revisión de datos, se descubrió que pertenecen a amigos, familiares y ex funcionarios del gobierno de Joel Villegas Ibarra.

En esas denuncias no se descarta que el delegado de BANOBRAS, Luis Benito Ruiz Bogarain, vaya a ser citado a declarar porque, como responsable de verificar el destino del dinero, “no cumplió con su obligación de dar seguimiento, y tampoco indagó sobre la aplicación de los recursos ejercidos al amparo del contrato; comprobación contemplada como obligatoria en la cláusula décima cuarta, a partir de la disposición del dinero.

A decir de algunos funcionarios de la nueva administración municipal, el funcionario bancario “… jamás solicitó a probar ante ninguna autoridad que las obras y adquisiciones establecidas dentro del contrato con recursos del crédito, fueron licitadas conforme establecen las disposiciones legales. Evadieron la ley impunemente, solapados por instancias federales.

ALCALDES CÓMPLICES DEL SAQUEO DE LA PAZ, LORETO Y MULEGÉ EN BCS


De abril de 2011 a la fecha, ni un dedo han movido los munícipes para investigar a Rosa Delia Cota Montaño, Yuan Yee Cunningham y José Manuel Murillo Peralta por desvío de fondos documentado bajo auditoría. 

La excepción ha sido Tano Pérez, quien el 4 de febrero presentó las primeras 7 denuncias penales en contra de funcionarios de la anterior administración, vinculados a graves actos de corrupción.

Gerardo Zúñiga Pacheco
Transcurrieron los meses de abril de 2011 a lo que va de febrero de este año, y las promesas de campaña de los alcaldes priistas y perredistas de investigar el saqueo y enriquecimiento ilícito de sus antecesores, parecieran haberse perdido en el tiempo.

Peor aún, en vísperas de la contienda electoral federal, los mandatarios prefirieron guardar bajo llave los resultados de las auditorías antes de poder deslindar responsabilidades penales en contra de los ex alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa Delia Cota Montaño, Yuan Yee Cunningham y José Manuel Murillo Peralta.

El silencio de los ediles del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Esthela Ponce Beltrán y Jorge Avilés Pérez, y del PRD, Guillermo Santillán Meza, no sólo es preocupante para la mayoría de los sudcalifornianos, sino sospechoso.

 Hasta cierto punto, el callar los convierte en cómplices de un saqueo que quedó acreditado y oportunamente documentado en el resultado de las famosas y cacaraqueadas auditorías, y que, para desgracia y mala fortuna de los ciudadanos, no quedaron en nada ni tampoco llegaron a la justicia, a fin de que los responsables fueran procesados por el desvío de millones de pesos.

Los nuevos alcaldes, como Jorge Avilés Pérez, de Loreto, hoy por hoy prefieren movilizar estructuras priistas y empleados del Ayuntamiento pagados con dinero público -como en su momento lo hiciera su antecesor perredista, lo cual criticó una y otra vez- para eventos de corte político, como el realizado el domingo 5 de febrero a favor del priista Isaís González Cuevas, precandidato a senador y líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en vez de actuar en contra del ex edil Yuan Yee Cunningham, quien en virtud de la impunidad y de las “facilidades”, salió huyendo de Loreto con las bolsas repletas de billetes.

El de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, es un caso muy similar. En vez de llamar a cuentas a su antecesor del PRD, José Manuel Murillo Peralta y su ex tesorera, Santa Apodaca, acusados públicamente de un sinnúmero de desvíos, pierde su tiempo en una lucha estéril en contra del delegado municipal de Guerrero Negro, Benjamín Arce, a quien le impuso un secretario general para que “mande y ordene” en la delegación; hasta le retiró el mando de la Policía como una estrategia de asumir el control político de la segunda delegación más importante de Baja California Sur. 

Para colmo, el edil perredista está enfrascado en un pleito con trabajadores municipales, a quienes retrasa el pago de su sueldo, después de las compensaciones que en las últimas semanas, han sido la causa de paros escalonados de empleados del Ayuntamiento.

En tanto, Esthela Ponce Beltrán prefiere concentrarse en la organización del carnaval de La Paz y pagar millones de pesos en artistas, como el cantante Espinoza Paz,  en vez de actuar penalmente en contra de la líder del PRD y su hoy aliada Rosa Delia Cota Montaño, a quien el 20 de diciembre de 2011, prácticamente y de manera sospechosa, exoneró de cualquier culpa, bajo el argumento que “… las auditorías no habían reflejado desvío de recursos públicos, pero sí inconsistencias en trámites y comprobaciones en la realización de obras públicas en el municipio”.

Paralelamente, la alcaldesa paceña promueve a figuras políticas como la de su secretario general del Ayuntamiento, Francisco Martínez Mora, al que impulsa como precandidato a diputado federal del Distrito 2 por el PRI, y quien tendría que enfrentar a Jesús Flores Romero, ex líder del tricolor en Los Cabos, en un proceso interno.

Las promesas
Las grandes expectativas que habían generado los hoy alcaldes están terminando por esfumarse, porque hasta ahora -y a dos meses de cumplir su primer año de gobierno-, no han sido capaces de consumar su principal promesa de campaña: “Encarcelar a quienes saquearon y se enriquecieron con dinero público”.

Lo dijeron una y otra vez en plena campaña y lo ratificaron en su toma de protesta, y a la vuelta del tiempo, no respondieron a las expectativas creadas, lo que se está tomando como “una soberana tomada de pelo” para los electores.

El tema central de los discursos de Esthela Ponce Beltrán, Jorge Avilés Pérez y Guillermo Santillán Meza en su toma de protesta, fue la corrupción de sus antecesores y el deslinde de responsabilidades en contra de quienes, bajo el amparo del poder, se enriquecieron inexplicablemente durante tres años de gobiernos perredistas.

En los eventos que arrancaron el 25 y terminaron el 29 de abril del año pasado, los ediles de La Paz, Loreto y Mulegé ofrecieron un “nuevo trato” a los habitantes, en los que no predominara la simulación, apatía y arrogancia que caracterizó a Rosa Delia Cota, Yuan Yee Cunningham y José Manuel Murillo Peralta.

El primero en prometer fue el de Loreto, Jorge Avilés Pérez, en cuyo discurso expresó que, en el marco de transparencia, haría una revisión exhaustiva de las cuentas públicas que estaba dejando su antecesor, y de haber elementos de prueba, “… se habrán de deslindar responsabilidades”.

La segunda en hablar de la rendición de cuentas fue Esthela Ponce Beltrán, alcaldesa de La Paz, quien de arranque advirtió: “No se permitirá que se repita la historia negra de corrupción y excesos de poder en la administración pública”.

En presencia de su antecesora, la priista externó: “Los paceños no queremos ser mudos testigos de cómo unos cuantos se enriquecen con dinero público, mientras la mayoría sufre carestía y desempleo. Por eso no debemos desdeñar que el pueblo quiere y debe tener cuentas claras, y nosotros tenemos el deber de ver lo que recibimos y cómo lo recibimos”.

Ponce anunció entonces una auditoría, además de que se ajustaría a los procedimientos contables y financieros para tener la certeza y seguridad de que “nadie, absolutamente nadie, se burle de la Ley”.

El tercero y último en comprometerse fue el alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, quien de entrada afirmó que en un plazo de 60 días, informaría el estado en que recibía la administración, y hasta juró por sus padres “que no fabricaré culpables, pero tampoco solaparé a nadie”.

Presionado por la ciudadanía, Santillán declaró que “lo que encuentre, y como lo encuentre, los habitantes de Mulegé van a saberlo, y enviaré a las instancias correspondientes los documentos probatorios que acrediten o que les informen, y que sean ellos quienes procedan; en consecuencia, que sirva de ejemplo para que todos sepan que la Ley se respeta en Muelgé y se respetan las instituciones, y a quienes no hagan bien las cosas, desde ahorita les digo que deberán asumir la responsabilidad de sus actos”.

Discursos, poses y palabras que los vientos se llevaron, ya que nada de lo que se prometió entonces, se ha cumplido a la fecha. Por el contrario, alcaldes como la priista Esthela Ponce Beltrán hasta cambiaron de parecer, y en un evidente pacto con los perredistas, por aquello del intento de los millonarios créditos de diciembre pasado, exoneraron a sus antecesores, como es el caso de Rosa Delia Cota Montaño.

El 20 de diciembre de 2011, la alcaldesa del PRI sorpresivamente descartó que el Ayuntamiento paceño interpusiera denuncia penal o civil en contra de la hoy líder del PRD.

“Las auditorías no han reflejado desvío de recursos, pero sí ciertas inconsistencias en trámites y comprobaciones, como obras públicas que se pagaron anticipadamente y estaban inconclusas”, afirmó, para complementar: “En algunos casos los contratistas regresaron el dinero porque se venció el plazo de la entrega de obra, por lo que estas irregularidades de alguna manera fueron resarcidas”.

La alcaldesa no vio más que “fallas administrativas y falta de comprobaciones de pagos” que -a su juicio- no reunían las características o elementos de un desvío de recursos públicos, sin embargo, entregaría un informe a la Contraloría General del Estado, a fin de que “sea la instancia  la que comente o diga lo que a su juicio corresponda”.

Las pruebas
Los alcaldes de La Paz, Loreto y Mulegé gastaron miles de pesos en costosas auditorías que autorizaron y pagaron para detectar toda la corrupción, desvío de recursos y abusos de poder de sus antecesores, y cuyos resultados no han servido ni siquiera para recuperar parte del dinero saqueado, menos aún para encarcelar a los culpables.

En el caso de La Paz, se detectó que 152 personas ajenas a la administración municipal cobraron jugosos préstamos que oscilan entre 15 mil y 165 mil pesos, y que a pesar de las promesas de la alcaldesa priista, que obligaría a los beneficiarios a regresar ese dinero público, hasta hoy no ha podido, o, de plano, no ha querido hacer justo eso.

Ponce tampoco ha recuperado el dinero que no comprobaron los antecesores, y que suma algunos millones de pesos con los que bien se podrían iniciar obras de remodelación e iluminación de calles, banquetas, jardineras, parques, señalización, grafiti, reparación de camiones recolectores de basura y de patrullas; hasta la construcción de obras de infraestructura urbana.

En el caso de Loreto, en septiembre de 2011, el alcalde Jorge Avilés Pérez declaró en entrevista con ZETA que el monto de lo saqueado por su antecesor fue de 140 millones de pesos, según el resultado de la investigación contable elaborada del primero de enero de 2010 al 30 de abril de 2011 por el despacho Vega Prieto y Asociados.

El edil del PRI mostró y exhibió pruebas de este desvío de dinero público y hasta se dijo sorprendido de que en sus 25 años como servidor público, nunca había presenciado “un acto de rapiña y pillería tan descarado, como el cometido por el ex alcalde del PRD, Yuan Yee, el cual derivó hasta en un recorte de 3.7 millones de pesos mensuales por parte del gobierno federal, como castigo por haber dado mal uso a los recursos federales”.

El alcalde se quejó de que no quedó ni la sombra de los 44 millones de pesos que en 2009 fueron autorizados para obras de infraestructura y equipamiento, ya que lo único que encontraron fue doble comprobación de gastos de ese dinero de obras y equipos que no aparecieron por ningún lado, salvo las facturas entregadas.

En el caso de Mulegé, la auditoría ordenada por el perredista Guillermo Santillán Meza en contra de su antecesor arrojó de entrada un desvío de 15 millones de pesos.

Los auditores detectaron once fondos que no registraban movimientos desde 2009, en algunos casos de dos administraciones anteriores, la del priista Marco Antonio Núñez Rosas y la del perredista Pedro Osuna López, las cuales estaban a cargo de ex empleados y cuyos fondos económicos ya habían sido retirados, o simplemente no existían. El dinero depositado en esas cuentas fluctuó entre 500 pesos hasta 20 mil pesos.

La lista de involucrados es encabezada por la hoy diputada del PRD, Edith Aguilar Villavicencio, seguida de Martín Ignacio Ibarra Zúñiga, Margot García García, Santa Apodaca Peralta, Apolonio Ávalos Campos, Óscar Girón Soto, Luis Torres Gutiérrez, Juan Guillermo Villa Bastida, José Ignacio Campoy Aguilar y Jorge Marrón Pacheco.

Asimismo, los auditores detectaron fondos no registrados en la administración de Guillermo Santillán Meza, como el caso del cajero Martín Martínez Romero, quien tiene en su cuenta mil pesos del erario.

Las 30 cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Mulegé en los bancos Bancomer y Banamex, registran -según auditores- un sobregiro de 4 millones 292 mil 336 pesos con 38 centavos.

En la auditoría, los contadores consideraron la desaparición de 15 millones 191 mil 049 pesos con 12 centavos que estaba en un fondo en poder de recaudadores como un caso “muy delicado y grave”. 

En la revisión no apareció por ningún lado, es decir, se desconoce el destino del dinero, por lo que se procedió formalmente a solicitar la comprobación, aclaración o el reintegro de recursos públicos, empezando por los ex funcionarios de las últimas dos administraciones, que representan el 57 por ciento y 23 por ciento de una lista de 19 personas.

Sin embargo, tal saqueo resulta insuficiente para que los alcaldes cumplan sus promesas de campaña, lo que podría acarrear un voto de castigo en las futuras elecciones, tanto locales como federales.

MENORES ADICTOS EN BC


A edades cada vez más tempranas,  jóvenes, niños y niñas se involucran en el uso de drogas como crystal, ice y anfetaminas, iniciando una alocada carrera que poco saben dónde terminará.

En muchos casos, en centros de rehabilitación adaptados para menores, aunque son pocos en la entidad; cuatro o cinco en todo el estado.

Sergio Haro Cordero
Apenas empiezan a vivir y ya tocaron fondo. Así lo muestran los crudos testimonios que, de manera increíble, salen de una figura menudita. Con una voz sin gravedad, nada equiparable a la realidad que viven los niños adictos en los centros de rehabilitación.

Niños, niñas que no rebasan los quince años, que deberían acudir a la escuela a aprender, crecer en condiciones de dignidad y desarrollarse, pasan su tiempo en un centro de rehabilitación donde dicen sentirse más seguros. La desolación la traen de origen. Algunos ni siquiera tienen familia a quien acudir, y a otros, sus padres los han abandonado en el centro. Unos más, la familia se desentendió de ellos. No los hacen en su mundo.

Habla Luis. Blanco, de cabello rebelde, apenas levanta un metro del suelo y tiene 14 años. Le apodan  “El Truki”. Su semblante cambia rápido, de la risa pronta al ceño fruncido. “Le andaba pegando al ice, a las pingas”, dice sin tapujos el joven-niño.

Revela de manera terriblemente natural: La marihuana la conoce desde los 8 años. “No podía parar”, comenta el chico, y justifica su inclusión en el centro: “Esta vez me trajeron porque traía problemas en la sociedad, le dio miedo a mi amá”, y ha optado por quedarse ahí todo este año.  Dice que de grande le gustaría ser psicólogo -“me gusta mucho pensar”-, y él mismo reflexiona  que ese deseo lo ha madurado por todo lo que le ha pasado.

Miguel es moreno, delgado. Sus rasgos de niño delatan 14 años a cuestas, y su delgadez y descuido, que en la última parte de su vida se la pasó “poniéndole a la mota y al ice”. Duraba hasta cinco días sin dormir. Llegó a primero de secundaria y de ahí no pasó. Lleva dos semanas en el centro de rehabilitación, y confiesa que es su segunda recaída. Para conseguir droga robaba rines, metales -“los aventaba al kilo”- que llevaba a una metalera que opera en su colonia. Ya con el dinero, conseguir droga era lo más fácil. Cuestión de hacer una llamada por celular.

Refiere que no le gusta la vida en el centro de rehabilitación, “es una desesperación, pero aquí tengo que estar”, lamenta el jovencito, cuya familia se mudará de colonia para comenzar de cero.

El caso de Jovanni suena patético. Su mamá está en la cárcel en el centro del país, a su papá apenas lo conoce -nunca ha vivido con ambos-, desde los 12 años empezó a fumar ice en su espacio más conocido, la calle. Tiene 15 años, y casi un año en el centro de rehabilitación. Es de Ensenada, pero ha vagueado por Tijuana y Mexicali, y por el efecto del ice ha durado hasta cuatro días despierto. No sabe cuánto tiempo va a estar ahí, ni qué quiere hacer de grande. No conoce más que la calle. “No sé vivir de otra forma”, concluye el menor.

Ellos son parte de los cerca de 40 jovencitos que habitan en el área de menores del Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos (CIDA), instalado en la zona del Ejido Cuernavaca en Mexicali, casi pegado al Ejido Puebla. La parte de adultos alberga a 400 adictos en recuperación y a un lado se instaló el área femenil, donde también hay menores y de donde surge el caso de Karla, jovencita de 16 años que lleva tres meses en reclusión.

A la par progresa su embarazo, de 5 meses y dos días cuando este reportero la entrevistó. Estudió hasta segundo de secundaria, pero se la pinteaba con su hermano, vivía con su “nana” al Sureste de la ciudad y está en el centro “por ingobernable, por no hacer caso”, según dice. La casi niña niega que use drogas, aunque las titulares del centro la contradicen y al papá de su hijo no lo ha visto por estar internada -él tiene 27 años. Dice que cuando salga le gustaría estudiar la secundaria abierta para poder trabajar y ayudar a su abuela y al hijo que espera.

Ana María es del Valle de Mexicali y era adicta al ice. Toda su parentela se dedicaba  “a eso”, como se refiere a la bajada, empaquetada y transporte de droga en la parte rural de Mexicali. “Desde chiquita lo empecé a ver, se me hizo lo más normal, bajaban avionetas ahí”, declara. Está por cumplir un año en el centro y, muy segura, dice estar a gusto, “no me quiero ir de aquí”.

Los centros
 En Baja California funcionan 171 centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos en recuperación, de los cuales 120 son reconocidos por el Centro Nacional contra las Adicciones, según explica el doctor Enrique Dorantes, titular del Instituto de Psiquiatría del Estado, dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno estatal.

Se trata de una población de cerca de 7 mil internos que “están recibiendo manejo” en todo el estado. “La autosuficiencia es un requisito que debe predominar en las actividades de estas organizaciones -afirma Dorantes-, pues como ellos mismo se ostentan, son organizaciones civiles. En el momento en que deciden formar parte de un sistema de tratamiento de rehabilitación, si tiene esa iniciativa debe considerar que tiene la posibilidad económica de hacerlo”.

El funcionario agrega que se trata de una situación que el gobierno no ha tenido la posibilidad de atender económicamente, “eso no quiere decir que se les deje desamparados”, indica Dorantes en relación a un recurso que aporta el estado, y que este año será todavía mayor a través del Consejo Estatal contra las Adicciones.

Refiere que la parte verificadora es Regulación Sanitaria, quienes los visitan para asegurarse de que cumplan con los puntos permitidos en la normatividad. Por eso revisan instalaciones, higiene, alimentación y programas de rehabilitación, todo en función de la llamada Norma 028.

De acuerdo a Dorantes, en la entidad hay cinco centros con la posibilidad de recibir a menores de edad. Uno está en Mexicali (el CIDA), tres en Tijuana y uno más en Ensenada, en función de que se requiere de mayores cuidados. La mayoría de los centros opera con el modelo de ayuda mutua, pero ese modelo no está permitido con los menores.

”Más que el deseo de colaborar, se necesita tener la preparación”, asegura el funcionario, por eso se exige -en el caso de los menores- que tengan personal más especializado, que sean profesionales, lo que implica que los mismos centros contraten psicólogos y personal calificado, además de cubrir esos gastos.

“Hay un recurso del Sector Salud que está a disposición de la población, si algún padre de familia detecta que su  hijo requiere un manejo de estas unidades y no tiene el recurso económico, puede acudir al Instituto de Psiquiatría y los referimos a alguno de estos centros que ya están trabajando, y le pagamos nosotros la beca del tratamiento al centro”, expone el doctor.

La demanda de estos espacios para menores siempre ha sido la misma, incluso ha disminuido por  el trabajo preventivo que la dependencia que encabeza ha realizado: 

“La drogadicción en el caso de menores y en general, ha disminuido el consumo de drogas, especialmente entre los grupos entre los 12 a los 21 años de edad. En términos generales hay menos consumo de drogas en el estado”, establece Enrique Dorantes, y para ello se basan en encuestas que aplican año con año en la entidad, estimadas en 20 mil muestras. 

”No sé si haría falta que se abrieran más centros para menores, la ocupación ahorita es del 60, 70 por ciento, tenemos espacios suficientes”, aunque acepta que el estado no opera directamente centros de rehabilitación, ni para menores ni para adultos. 

“No ha sido necesario porque contamos con el apoyo de los centros”, dice.

“Por supuesto que hay una responsabilidad que asumimos, y estamos tratando de solventarla de la mejor manera, pero definitivamente esto recae en los padres de familia, son los que tiene que tomar las riendas en el sentido de la rehabilitación de sus hijos, y la prevención es lo más indicado”, expresa el funcionario, para puntualizar que ningún sistema de rehabilitación funciona si los padres de familia no están insertados en el trabajo que se lleva a cabo.

Muchos internos
Osvaldo Iribe Macías es director operativo de los centros de Integración y Recuperación para Enfermos Alcohólicos y Drogadictos (CIRAD), que operan en Baja California desde 1991 y tienen inmuebles en Ensenada y Tijuana, en esta última con espacios para niños y niñas con problemas de adicción. Junto con los adultos y adultos mayores, se atiende a 500 internos en la entidad.

Mexicalense de origen, Iribe sostiene tener “limpio” alrededor de 14 años, antes de eso fue adicto “a todo tipo de drogas e inhalantes”, pero menciona que su adicción más grande era la heroína.

Comparte que desde que CIDAR inició operaciones ha tenido menores, pero una vez iniciada la vigencia de la Norma 028 -en 2004- hubo necesidad de registrarse para tener áreas especializadas para menores. Ahora, por medio de la Comisión Interdisciplinaria de Centros de Rehabilitación, son revisados y les ayudan a cubrir las exigencias de ese patrón.

Según Iribe Macías, en Tijuana tienen alrededor de 40 menores varones, más otras 38, 40  niñas.

“Nos han llegado desde 10, 11 años, interactuamos con DIF municipal, DIF Estatal y muchas veces nos mandan a las menores para allá por un tiempo, mientras les buscan lugares en otra parte; otros son canalizados por la familia, o por violencia doméstica”, declara el titular de CIRAD, a la vez de informar que la mayoría de los menores llegan tras una fuerte adicción al crystal.

Aparte de las sesiones de ayuda -dice-, cuentan con talleres de manualidades, sesiones de psicología, área cuyo titular es un maestro que cuenta con licenciatura en Psicología y Educación, quien es pagado por el propio centro.

“A través de las labores que realizan los adultos, se puede costear el gasto delos menores. A través de las pláticas y los talleres los sensibilizamos, los tranquilizamos y empiezan a pensar diferente”, concluye Osvaldo, para quien es más difícil el tratamiento en los adultos, por la cerrazón y el bloqueo al entendimiento.

El día a día
En punto de las seis de la mañana, los menores inician su día en el centro CIDA, con una junta de motivación. La sesión dura dos horas y, según comenta Luis Eduardo Gallardo, quien lleva tres años de interno en el lugar, se trata de mostrar el ánimo con el que se inicia la jornada. De ahí pasan al comedor y, tras el desayuno, tienen un espacio de convivencia y deportes.

A las diez de la mañana inicia otra junta, la de estudio, donde guiados con el modelo de Narcóticos Anónimos, donde paso por paso se analiza el reflejo de cada interno. 

Sigue la comida y otro receso dedicado a la limpieza y acomodo de enseres. 

Por la tarde hay otra junta, donde cada quien externa sus casos personales en tribuna, “lo que trae cada quien dentro”, explica Gallardo, quien dejó truncos los estudios de ingeniería en el CETYS por su adicción a la heroína. Su capacidad ha sido aprovechada con asesorías de primaria y secundaria en el centro por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 

“He aprendido mucho aquí en el centro”, confiesa el joven encargado en relación a su visión de la problemática, de la participación de la familia, del gobierno. “Me he nutrido bastante como persona”, complementa.

Relata que en el centro hay 28 menores que se basan en el libro de Narcóticos Anónimos -igual que los adultos-, pero para los más jóvenes no es una terapia tan directa: “En una persona adulta ya se puede trabajar más con el carácter, se puede ser más directo, más duro emocionalmente hablando. Con los menores es demostrarles las consecuencias de lo que hacen”.

Menciona que los jóvenes llegan con adiciones al crystal, a las anfetaminas. “Vienen muy dañados psicológicamente, se desestabiliza el organismo. Los menores son más vulnerables”. Regularmente se trata de una estancia de tres meses, después los menores pueden salir y seguir el tratamiento por fuera, con grupos de ayuda.

El problema es cuando no hay padres, cuando nadie se hace cargo. Gallardo señala casos de menores que han llegado al centro, como el de Luis y Antonio, de 8 y 10, respectivamente. Venían del sur en un camión y se perdieron, llegaron a un centro de acopio en Mexicali. “Venían buscando dónde estaba más buena la droga, el crystal”.

El papá de uno de ellos era director de un centro en Sinaloa, los recogió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y los entregó a familiares. Recientemente uno de ellos pasó a visitar el CIDA, iban de paso y venían con la comitiva de un centro de rehabilitación donde estaba recluido.

“Aquí lo más dramático es el abandono, cuando la familia se olvida de ellos, cuando ya no quieren saber nada de ellos; nosotros no podemos abandonarlos”, finaliza Luis Eduardo Gallardo.

AFORES NO RINDEN, POR COMISIONES ELEVADAS



Francisco Navarro Fausto
En el último cuatrimestre de 2011, los trabajadores que tienen una Afore (Administración de Fondos para el Retiro) pagaron en comisiones por el manejo de cuenta montos superiores a sus ganancias por concepto de rendimiento. Esto provocó una disminución en sus ahorros para una futura pensión.

La caída en las percepciones de los aforados es preocupante. Como ejemplo están los siguientes casos:

Entre septiembre y diciembre del año pasado una trabajadora tijuanense con ahorros aproximados de 200 mil pesos en Afore Profuturo GNP, pagó en comisiones por el manejo de su dinero ahorrado mil 116 pesos, mientras que su rendimiento en dicho período fue de apenas 309.02 pesos.

Otro empleado, que tiene sus reservas en ING cubrió una comisión de 816 pesos por los 100 mil pesos depositados en su cuenta de Afore, cuya ganancia fue de 648 pesos. En ambos casos los empleados evidentemente salieron perdiendo.

Cabe destacar que el desembolso mensual que el asalariado debe hacer a favor de la institución que administra su dinero varía según la Afore que se haya elegido. Por cada mil pesos depositados, INVERCAP retiene 15.90 pesos (1.72 por ciento), PRINCIPAL tiene una cuota de 14.80 pesos (1.52 por ciento) y PensiónISSSTE recauda 9.90 pesos (1.00 por ciento). De acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en el país 42 millones 512 mil 267 mexicanos tienen Afore.

Al cierre de enero del presente año las instituciones de ahorro administraron recursos por un billón 640 mil 892 millones de pesos. El rendimiento de los últimos 12 meses fue de 13.67 por ciento.

De las 14 administradoras de fondos de ahorro de los trabajadores que están registradas, BANAMEX ocupa el primer escaño con  6 millones 849 mil 806 cuentas (16.1 por ciento), seguido por ING, con 5 millones 167 mil 848 cuentas (12.2 por ciento) y en tercer lugar se ubica BANCOMER con 4 millones 381 mil 933 (representa 10.3 por ciento).

Aun cuando los sistemas de manejo de pensiones anunciaron que en 2012 bajaron sus tasas de comisión en un 6.6 por ciento respecto al año pasado, la cantidad cobrada por el manejo del dinero de los empleados sigue siendo demasiado alta, así lo dio a conocer el Vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, José Luis Contreras Valenzuela.

Cobros elevados
“Algo con lo que se ha estado peleando siempre es que las comisiones de las Afores han sido altas, ya le bajaron al porcentaje pero siguen altas. Va a haber diferencia entre las comisiones que paga algún sistema de Afore con otros. Tenemos que unas de las más caras son las de los banquitos que han salido como AZTECA,  COPPEL, mientras que Inbursa, Banamex y el ISSSTE son de cobros más bajos”, explica, asimismo, Contreras Valenzuela.

A pesar que desde 2008 se dio un ajuste para que las comisiones disminuyeran, el problema está vigente, “porque estamos hablando de instituciones bancarias privadas, que, creo, les hace falta regulación, pues en la actualidad es insuficiente. Esto es igual como cuando los bancos nos cobran por cualquier movimiento en una tarjeta de débito o crédito con intereses altos. Igual sucede en el manejo de tu Afore, te están cobrando”.

José Luis Contreras mencionó que como la tasa de rendimientos financieros ha tendido a la baja, entonces las Afores traen rendimientos, cuando muy altos, de 6.5 por ciento anual, de tal modo que las comisiones que cobran se están comiendo el ahorro.

“Eso va a suceder en muchas cuentas donde las aportaciones durante el año fueron bajas, por lo tanto las comisiones ganadas o el interés ganado ha sido muy por debajo de la cuota mínima y llega un momento en que te comen las comisiones que te cobra el banco”.

La razón por la cual las tasas de interés que pagan las Afores tiende a disminuir es porque en términos generales hay una caída en las tasa de interés financiero a nivel mundial. “Si bien es cierto que andamos en una tasa del 4.5 por ciento según el Banco de México en un Afore no te pagan más del 6 por ciento. 

Lo que se tendría que hacer es regular mejor las comisiones o exentarlas en el manejo de las Afores, porque finalmente es tu dinero el que están manejando, como también no te deberían cobrar por tener depósitos a plazos en una institución bancaria como son las Afores donde no tienes acceso a retirar tu dinero cuando quieras”.

Según el economista, las cuentas de los trabajadores deberían estar exentas de comisiones, pero mientras esto no suceda será difícil que no se registren pérdidas en las cuentas de ahorro del futuro pensionado.

“La ausencia de un sistema financiero al servicio del desarrollo nos pone en un nivel de indefensión ante instituciones bancarias, y hay que recordar que estas instituciones han declarado que México ha sido un paraíso para ellas”, subrayó Contreras Valenzuela.

Falta más vigilancia
Las Afores tienen por objetivo ofrecer al asalariado una pensión al momento de su jubilación. En pocas palabras, se encargan de administrar e invertir los ahorros de la cuenta individual para el retiro de los trabajadores. Como se recordará, este sistema empezó a funcionar en México en julio de 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Para el economista Francisco González Bermúdez dicho sistema de pensiones está ligado al modelo económico neoliberal, que priva en México desde Miguel de la Madrid, que es cuando el estado comenzó a desvincularse de la realidad social, dejando la administración de las jubilaciones a la iniciativa privada.

“Las empresas, de alguna manera, eran parte del estado, luego pasaron a formar parte de los activos empresariales. Hasta cierto punto estoy de acuerdo, pues el estado había engordado demasiado y se había sobrepasado como regulador de la economía”.

El catedrático consideró que al momento de aparecer las Afores todo parecía indicar que se convertirían en la solución de apalancamiento de las pequeñas empresas, ya que se buscaba que con el ahorro del obrero las compañías particulares pudieran salir adelante del tremendo bache financiero que se creó a partir del famoso “error de diciembre” de 1994, justo al inicio de la administración de Zedillo. A la fecha queda claro que esta  iniciativa “no ha dado muy buenos resultados en México”.

La explicación también es un tanto evidente, en suma, las Afores “No han servido para disparar a la pequeña y mediana empresa, en realidad lo que están haciendo es comprando muchos bonos gubernamentales. Esto tiene su lado bueno y su lado malo, el bueno es la seguridad del retorno del dinero invertido, el lado malo es que las tasas de interés que se generan son muy altas y las ganancias mínimas”.

González Bermúdez recordó que en años posteriores a 1997, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) manejaba los fondos para las pensiones, dinero con el cual el Instituto podía obtener recursos para la creación de hospitales y multiplicar los servicios de salud para luego retornar la inversión que había utilizado.

Con el tiempo, “el problema fue que con estas formas de pensamiento de orden neoliberal este dinero que iba a dar tanto al Seguro Social como al ISSSTE pasó a empresas privadas que los van a administrar y resulta que lo están haciendo con un costo sumamente elevado. A la postre al trabajador no le deja prácticamente nada”.

El profesor puso como ejemplo a un empleado quien desde 1973 ha laborado continuamente para obtener una pensión al término de su vida laboral. 

 Teóricamente, para el año 2012 esta persona tendría acumulados apenas 300 mil pesos (7 mil 500 pesos por año) para su vejez, “en última instancia ha habido problemas muy graves relacionados con una falta de vigilancia en las Afores por parte de la CONSAR, dado a que estas empresas se están llevando las mayores tajadas, mientras que los trabajadores están perdiendo”.

“¿Cómo es posible que un gobierno neoliberal, como han sido todos los últimos gobiernos desde Miguel de la Madrid, haya privatizado los ahorros de los trabajadores para beneficio de las empresas con costos muy elevados, cuando se trata del ahorro del trabajador? Pienso que las utilidades están siendo muy elevadas con respecto a los beneficios de los trabajadores. Triste realidad”, acotó.

A decir del especialista lo mejor sería revertir el proceso y que vuelva a ser el Seguro Social quien administrara el dinero de los empleados, “porque el IMSS funcionaba mejor. A pesar de la deshonestidad”.

Sin quejas
Pese a la difícil situación de las Afores, de acuerdo a Manuel Martínez Aguilar, subdelegado estatal  de la CONDUEF, hasta el momento no se han registrado quejas respecto a las altas comisiones que se cobran. Sin embargo, esto puede ser sólo cuestión de tiempo.

“Lo que pasa es que apenas se están entregando los estados de cuenta. La gente que realmente esté al pendiente de su Afore va a ser la que realmente se acerque con nosotros. Recuerdo que en 2008 tuvimos 4 ó 5 quejas con este tipo de planteamiento. Lo que pasa es que a veces hay minusvalías en la Afores, hay que recordar que parte del dinero que se invierte en el portafolio se maneja en la bolsa de valores y hay un riesgo, entonces cuando hay una baja en la bolsa es por eso que el rendimiento a veces es menor que la comisión que cobra la compañía que maneja el ahorro”.

A decir de Manuel Martínez, en teoría los sistemas de ahorros están estructurados para que generen un rendimiento mayor.

 “Se supone que está planificado para que, aunque exista algún tipo de minusvalía, ésta vaya a la alza. Es lo que se espera. Si no, me imagino que CONSAR tendrá que tomar algún tipo de medidas en los portafolios que estén invirtiendo las Afores, como por ejemplo puede ser que sean más estrictos si hubiera un comportamiento hacia la baja en los mercados”.

—Si ese movimiento de inestabilidad financiera de la bolsa de valores que se vio a fines de 2011 se presenta una vez más, ¿se verá reflejado en números rojos en las cuentas de los trabajadores?, se le preguntó.

“Así será. Seguirán teniendo un saldo negativo. La experiencia que tengo es la de 2008, en el trimestre de abril a junio. Comparando esa minusvalía que se presentó; ya para finales de ese año, los ahorros se habían recuperado de esa pérdida que habían tenido. Subió un poco más (no precisó el porcentaje de ganancia). Son periodos cortos (de inestabilidad), y la CONSAR va haciendo sus ajustes en el tipo de portafolios que tienen cada una de las Afores. De acuerdo a la edad de la persona es el tipo de sociedad de inversión en la que se invierte, entre más joven es la persona, trae un poco más de riesgo, que en el caso de la persona que está a punto de jubilarse”.

El consultado agregó que para elegir el fondo de pensión se debe considerar el cobro de comisiones que aplican las instituciones por administrar la cuenta individual. “Cada una de las Afores cobra distintas comisiones y es importante que sepa que existen diferencias importantes entre lo que cobra una y otra Afore. Hay que ver también las ganancias por el manejo de los recursos. Las Afores ofrecen rendimientos muy atractivos y entre ellas hay diferencias dependiendo en qué invierten”.

Agregó que los actuales fondos de ahorros pueden ofrecer servicios adicionales a los que están obligados, por ejemplo enviar estados de cuenta, opciones de consultar el saldo vía Internet, contar con más sucursales, por mencionar algunos.

Según los registros del organismo en Baja California el 80 por ciento de las asesorías que brinda la dependencia a los empleados tienen que ver con la ubicación de la Afore a la que pertenecen, pues la mayoría de las veces la gente ni siquiera sabe dónde están las aportaciones de su pensión.

Trabajador con Afore Básica SB3 administrada por GNP
Saldo de cuenta de ahorros
220,000.00
Aportaciones sep.-dic. de 2011
4,858.95
Rendimiento
309.02
Comisiones
1,116.48


Trabajador con Afore Básica SB3 administrada por ING
Saldo
170,000.00
Aportaciones sep.-dic. de 2011
6,026.10
Rendimiento
648.27
Comisiones
816.71

Afore SB 3 para personas mayores entre 37-45 años
Afore Rendimiento Comisión Rendimiento neto Comisión por cada mil pesos
Invercap 17.09% 1.72% 15.37% 15.90
ING 15.07% 1.48% 13.59% 13.10
BANAMEX 15.03% 1.45% 13.58% 12.80
BANCOMER 14.39% 1.40% 12.99% 12.80
PROFUTURO GNP 14.20% 1.53% 12.67% 13.90
METLIFE 13.93% 1.69% 12.24% 15.40
PRINCIPAL 13.54% 1.52% 12.02% 14.80
AZTECA 13.41% 1.67% 11.74% 15.20
PensiónISSSTE 11.54% 1.00% 10.54% 9.90


A partir de diciembre de 2008, el Congreso de la Unión otorgó facultades a la Junta de Gobierno de la CONSAR para revisar y en su caso autorizar, las comisiones de las Afores cada año, el siguiente es el listado de comisiones para 2012.


Las comisiones
Afore Comisión
PensiónISSSTE 0.99%
INBURSA 1.17%
BANAMEX 1.28%
BANCOMER 1.28%
ING 1.31%
BANORTE Generali 1.33%
XXI 1.33%
Profuturo GNP 1.39%
Principal 1.48%
Afirme Bajío 1.50%
Azteca 1.52%
Metlife 1.54%
Invercap 1.59%
Coppel 1.59%
Promedio simple 1.38%
Promedio ponderado 1.32%

VERACRUZ INSEGURO


Lamentablemente, la exhumación en fosas clandestinas de Tamaulipas y Nuevo León se empieza a suscitar en Veracruz tal como ocurrió el 8 de febrero donde en el municipio de Acayucan fueron desenterrados 15 cadáveres de tumbas ilegales.

Hay que recordar que también en el municipio de Acayucan, al sur de Veracruz, el 31 de mayo de 2011 fue descubierto en una narcofosa el reportero Noel López Olguín, del periódico Noticias de aquella municipalidad.

El 8 de febrero por la madrugada, durante el Operativo Veracruz Seguro, militares y policías federales detuvieron al conductor de un vehículo sin placas al intentar evadir un puesto de control establecido en las inmediaciones de la ciudad de Acayucan.

El vehículo era conducido por Juan Francisco Alvarado Martagón, quien manifestó pertenecer al grupo delictivo “Los Zetas” y que, según, se desempeñaba como “jefe de halcones” en esa ciudad; así como ser presunto secuestrador y estar vinculado con la desaparición de personas de su misma organización delictiva y de grupos antagónicos, señalando fosas clandestinas en dos ranchos próximos a esa localidad.

Luego de tal revelación, el detenido condujo a los militares hasta las rancherías conocidas como La Sota de Oros y Las Cruces del municipio en mención, donde fueron desenterrados 15 cadáveres en estado de descomposición.

Es la primera vez que en Veracruz son exhumadas 15 personas de fosas clandestinas.

Los hechos ocurren en medio de la guerra por la plaza que mantienen el Cártel del Golfo, “Los Zetas” y “Gente Nueva” del Cártel de Sinaloa.