Hugo Carlos
Escobar Godoy, conocido como “El Moreno” y/o “El Negro”, es un delincuente
procedente de Sinaloa, detenido y liberado en múltiples ocasiones. Es buscado
por autoridades locales como líder de una banda delictiva dedicada al
homicidio, secuestro y robo violento al servicio de los Mendoza Uriarte, del
Cártel de Sinaloa. En el Consejo Estatal de Seguridad Pública inician
operativos para detenerlos
Delinquen en
Tijuana, se dedican al asesinato, al secuestro de migrantes y de pequeños
comerciantes, a la venta de droga, homicidio, robo con violencia. Sus
actividades delictivas les han permitido instalar taquerías y un salón de
fiestas en la colonia Cucapah, de igual manera, negocios de venta de automóviles en el fraccionamiento El
Florido. El Consejo de Seguridad de Baja California los identifica como “Los Morenos” y dicen que
van por ellos.
En los últimos diez
meses, el Grupo Coordinación ha dado seguimiento a cuatro bandas criminales; el
homicidio cometido con arma larga contra René Araujo López, la mañana del martes 9 de diciembre en el Bulevar Simón
Bolívar, esquina con Bulevar Díaz Ordaz, reactivó la búsqueda de los
criminales.
Los investigadores
relacionaron el asesinato con las ejecuciones
del joven Pablo Giovanny Zamora, ocurrido el 13 de septiembre, y su
padrino Jorge Pérez Chávez, perpetrado
en agosto. Recurrieron a declaraciones, archivos de detenciones, y empezaron a
construir las células delictivas.
Socios criminales
detenidos identificaron a Hugo Carlos Escobar Godoy como “El Moreno” y/o “El
Negro”, y a sus operadores, todos delincuentes reciclados, que han salido y
entrado de prisión. Incluso los señalaron por delitos cometidos, y bajo esa
categoría los tienen identificados en la Procuraduría General de Justicia del
Estado, de la siguiente manera:
* Para asesinato y cobro de piso, “El Moreno” se alía
con Susano Lobato Godínez “El Susano”, Israel Angulo Quiñonez “El Wimer”, y los hermanos Dávalos Magaña,
Hugo Gerardo y Jonathan Alfredo; también con otro hombre solo identificado con
el apodo de “El Chino”.
* En el secuestro, tiene asociado a Florentino Sánchez
Hernández “El Michoacano” y sus compinches, Junior Belem Sánchez Hernández y
Reyver Sánchez Sánchez.
* Para los robos violentos, sus cómplices son Alberto
Trejo Romero y/o Romero Trejo “El Chino Fugas” y los miembros de sus familia
política, a quienes las autoridades ubican por los apellidos Pérez Altamirano,
María Guadalupe, Rogelio y David Alberto.
Además,
investigadores dijeron a ZETA que a “El Moreno” Escobar Godoy, lo identifican
en el bando criminal de Francisco Javier Mendoza Uriarte “El Chapito”; que
antes delinquió en Sinaloa, donde tiene un expediente abierto por
extorsionar a una familia en Culiacán, a
la que pidieron 300 mil pesos. Detenido, solo confesó haber obtenido 20 mil
pesos. Evidentemente fue liberado y se trasladó a Tijuana.
Historial de
detenciones
Antes de ser
inmiscuido con los recientes asesinatos, Escobar fue aprehendido en diversas
ocasiones en Tijuana, igual sus socios criminales; su nombre salió a relucir en
más de un boletín o tarjeta informativa.
La primera vez fue
detenido en febrero de 2014: “El Moreno”, junto con Daniel Ortega y Andrea
Dilery González, tenían secuestrado a un hombre en el hotel San Nicolás, el
cual se localiza en Avenida Paseo Guaycura. Sin embargo, fue puesto en
libertad.
En julio se reportó
que habían levantado a un hombre en el fraccionamiento Murúa. El cadáver de la
víctima fue abandonado en el libramiento y testigos describieron el auto en el
que fue trasladado el cuerpo; Escobar y otro hombre fueron detenidos en las
inmediaciones con un automóvil de las mismas características. De nuevo regresó
a las calles.
En agosto, al
atender una denuncia ciudadana al C4, que informaba que “desde una Cherokee
roja estaban vendiendo droga”.
“El Negro” fue
detenido en compañía de Abel Mendoza Jiménez y Omar Ramírez Vázquez, la pareja
de Escobar llegó a ofrecer dinero para que los liberaran y todos fueron
consignados por cohecho.
En septiembre se
detuvo a Juan Cárdenas y Christopher Agüero como los homicidas confesos del
joven Giovanny Ramírez y de Jorge Pérez, también identificaron a “El Moreno”
como su jefe criminal. En el mismo mes, Óscar Escobar fue detenido por el
asesinato de Miguel Inzunza en la colonia Sánchez Taboada, declaró servir a “El
Negro”.
En el transcurso de
diez meses, Hugo Carlos Escobar Godoy resultó aprehendido en posesión de droga,
presuntamente para su venta al menudeo. En su declaración se dijo víctima de la
situación económica del país, asegurando: “A veces hago mi luchita y compro
droga para vender”.
SOCIOS TAMBIÉN RECICLADOS
Los agentes
informaron que, en base a la estadística ministerial, Alberto Romero “El Chino
Fugas” tiene averiguaciones previas abiertas por robo en sus diversas
modalidades, y su pareja, Guadalupe Pérez, cuenta con ocho averiguaciones
previas relacionadas con robo bancario.
Además:
* David Alberto Pérez Altamirano tiene orden de
aprehensión activa por robo con
violencia, lo mismo que su socio Oswaldo Montaño Velázquez.
* Florentino Sánchez Hernández “El Michoacano” tiene
orden en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa,
y está activa.
* Jonathan Dávalos Magaña fue detenido por posesión de
arma de fuego y posteriormente liberado. Su hermano Cristian Alberto aún está
preso por posesión de un kilo de cocaína.
* Israel Antonio Ángulo “El Wimer” le disparó a su
esposa y suegra mientras estaban en un auto -por un pleito familiar-, el 25 de
noviembre.
* Susano Lobato ha sido detenido por robo equiparado y
detonaciones de arma de fuego.
Baleado con arma larga
Autoridades ministeriales
consideran a “El Susano”, el delincuente más involucrado en el homicidio
cometido esta semana contra René Araujo López “El Guasave” o “El Pichón”,
cuando el 9 de diciembre, su cuerpo fue localizado sin vida “a bordo de un
vehículo Lincoln Navigator de color gris -sin reporte de robo-, apreciándose
tanto en el vehículo como en el sujeto, diversos impactos producidos por arma
de fuego, localizándose en el lugar seis casquillos percutidos y un útil
calibre 7.62 por 39”; y dos casquillos
percutidos “calibre 45, y 5 proyectiles deformados”.
En actas quedaron
registradas las huellas de violencia: “Múltiples lesiones producidas por
impacto de arma de fuego en la totalidad de región abdominal y una gran herida
en brazo izquierdo, producida también al parecer por impacto de arma de fuego”.
Una primera versión
de los investigadores indicaba que la víctima iba acompañada de Josué
Hernández, quien al darse cuenta del ataque, intentó huir, pero las balas le
alcanzaron y quedó herido; ahora arguyen en la PGJE que el lesionado es un
transeúnte que fue lesionado de manera incidental.
Las policías
operativas iniciaron la búsqueda, y “en el domicilio ubicado en Calle Rosarito
y Avenida Cerro Colorado, se localizó un vehículo de la marca Chevrolet Astro
de color verde, y en su interior, un arma larga de las denominadas cuerno de
chivo, un casquillo percutidos y 2 útiles calibre 7.62 por 39, así como 3
casquillos percutidos calibre 38 súper.
“A una cuadra de
distancia del citado vehículo, se localizó tirada junto a un árbol, un arma de
fuego tipo revólver calibre 38 súper, con cuatro tiros útiles y dos percutidos
en el cilindro”.
Entre los objetos
encontrados por las autoridades, estaba una chamarra negra con manchas de
sangre que en las bolsas contenía dos cartuchos útiles calibre 38 súper, y una
credencial a nombre de Susano. Los policías operativos detuvieron a dos hombres
de 41 y 43 años, quienes fueron puestos a disposición y posteriormente
liberados, pues justificaron no tener relación con el homicidio.
APRUEBAN TRANSFORMAR A PGR EN FISCALÍA
El viejo anhelo de
quitar el monopolio de la investigación y persecución de los delitos al Poder
Ejecutivo, podría concretarse en breve, luego de que la Cámara de Diputados
aprobara el dictamen sobre la iniciativa que expide la Ley de la Fiscalía
General de la República (FGR).
Con una votación de
370 votos a favor, 46 en contra y seis abstenciones, se autorizó el proyecto de
Ley en lo general y en lo particular, será cuestión de que el Senado de la
República lo ratifique.
Así, la Procuraduría
General de la República (PGR) se convertirá en Fiscalía General y pasará a ser
un órgano constitucional autónomo de los tres poderes de gobierno, con nuevas
facultades y obligaciones en materia anticorrupción y electoral.
La dependencia será
encabezada por un Fiscal General, cargo que recaerá en una persona propuesta
por el Ejecutivo a través de una terna, que tendrá que ser votada y ratificada
por el Senado de la República.
La transformación de
PGR a FGR tiene como objetivos tres aspectos “fundamentales” para el sistema de
procuración de justicia federal:
1. Dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía, y
no estar subordinada a otro poder u órgano para investigar y perseguir los
delitos. Es decir, ya no dependerá del Poder Ejecutivo como en la actualidad.
2. Robustecer el papel del Ministerio Público de la
Federación como representante de la sociedad en la investigación y persecución
de los delitos que sean de su competencia (delitos del fuero federal).
3. Consolidar al Ministerio Público Federal como un
agente que cumple una función social relevante, que es ejercitar la acción
penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las
víctimas de los delitos, el respeto de sus Derechos Humanos y hacer cumplir la
Ley.
En cuanto a las
funciones y facultades de la Fiscalía General de la República, no habrá muchos
cambios, pues su plazo legal para resolver las detenciones de personas seguirá
siendo de 48 horas, y podrá duplicarse en casos de delincuencia organizada; asimismo,
podrá ordenar la detención de personas en casos de urgencia y continuará con la
facultad de atraer investigaciones del fuero común que tengan “conexidad” con
el fuero federal.
El proceso de
transición institucional, organizacional y administrativa de la aún
Procuraduría General de la República se realizará de forma paulatina, pues la
autonomía constitucional de la nueva Fiscalía entrará en vigor en 2018. Por el
momento se desconoce cómo será llevará a cabo dicho proceso.
Las reacciones no se
hicieron esperar, y la diputada federal por el Partido del Trabajo, Loretta
Ortiz, aseguró que la supuesta transformación solo es una muda de denominación,
por lo que “cambiar el nombre de procurador a fiscal no resuelve los problemas
tan graves que se viven en el país”, considera.
Por su parte, el
legislador del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Cruz Flores
Gómez, expresó que la nueva legislación es un paso adelante en la
transformación de un nuevo Estado mexicano, donde los ciudadanos tendrán la certeza
de que sus autoridades se conducen en los cauces de la Ley, de la objetividad y
del bien general.
La diputada del
Partido Acción Nacional, Karina Labastida Sotelo, también se mostró optimista,
al afirmar que la Fiscalía será la institución en la que recaiga la
responsabilidad de políticas públicas en materia de prevención y persecución de
los delitos, la defensa social y la protección de las víctimas. (Luis Carlos
Sáinz Martínez/ZETA)
OTROS SECUESTRADORES
El jueves 11 de
diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó “ante un Juez
de Distrito a cuatro hombres como probables responsables del delito de
privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, y delitos
estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. Fueron detenidos
en un operativo realizado el domingo 7, “en la calle Reyna de la colonia Cerro
de las Abejas en Tijuana, donde lograron
liberar a un menor de edad víctima de secuestro, asegurar a los hoy imputados,
un arma larga, tres armas cortas y el numerario que se entregó por el rescate”.
En la prensa se
publicó que se había liberado al hijo de un empresario, sin embargo, el padre
de la víctima y denunciante, no mencionó que fuera empresario cuando buscó a
las autoridades locales. El hombre llegó a la Procuraduría el fin de semana a
preguntar cuál era el protocolo cuando había un secuestro, le pidieron que
denunciara y se negó, pero dio información porque quería apoyo. Admitió que a
su hijo lo tenía privado de la libertad uno de sus compadres, que le estaba
pidiendo un dinero que le debía y se llevó al muchacho para presionarlo.
Durante su
cautiverio, el joven se mantuvo en comunicación por la aplicación telefónica
WhatsApp con su padre, los captores no le quitaron el teléfono celular. El
progenitor no dijo a las autoridades si no quería o no podía pagar el dinero
que según él, debía al compadre, pero pidió le ayudaran a rescatar a su hijo.
Un poco más tarde llegó a instalaciones estatales el abogado Humberto Valdez en
representación del padre. Les informó a los agentes que ya estaba todo
preparado y que los agentes debían acudir a cierta hora, a un lugar, para
rescatarlo. Le informaron que así no funcionaba el proceso de denuncia e
investigación de un secuestro y el licenciado en Derecho se retiró.
Después acudió a la
PGR con la misma versión y realizaron un operativo, para entonces, el joven
secuestrado ya había sido liberado por sus captores. Los agentes federales
siguieron el geo-localizador del carro que el padre de la víctima había
entregado a los delincuentes y los detuvieron.
El auto y los
hombres en las imágenes participaron en la balacera del jueves 11 de diciembre.
El Grupo Coordinación pide a la ciudadanía, que de tener información de los
implicados, la proporcione a través del número de Denuncia Anónima 089.
BALACERA
Alrededor de las
6:00 pm del jueves 11 de diciembre, residentes del fraccionamiento Soler
atestiguaron una balacera con armas largas, según el primer reporte.
Hombres a bordo de
tres vehículos intentaron agredirse a tiros mientras estaban en el
estacionamiento de un local de comida rápida, sobre la calle Braulio Maldonado.
Cuando las unidades
policiacas llegaron, los implicados huyeron para evadirse. Minutos después del
enfrentamiento, la Policía Municipal localizó, en las inmediaciones de la zona,
dos de los carros implicados.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ INVESTIGACIONES
ZETA/ 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 12:00:35)