Fotos: Cristian Torres
Luego de meses de protestas,
impugnaciones y análisis con diversos sectores, el Instituto Estatal Electoral
finalmente dictaminó la solicitud plebiscitaria para la instalación de la
planta cervecera Constellation Brands como intrascendente e improcedente, lo
que prácticamente entierra la posibilidad de someterlo a consulta para el
proceso electoral de mediados de año. Para el ex consejero electoral Rodolfo
García, el órgano electoral actuó con “dolo”, pues retrasó la decisión para
dejar a los colectivos defensores del agua en indefensión. Independientemente
de ello, la iniciativa privada asegura que se sienta un precedente positivo
para futuras inversiones, pero advierte, el proceso afectó la imagen de la
ciudad y tomará entre 15 y 20 años recuperarla
Era una decisión previsible.
La solicitud plebiscitaria
que pretendía someter a consulta la instalación de la planta cervecera
Constellation Brands en el valle de Mexicali, fue declarada intrascendente e
improcedente por parte de consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE),
quienes durante tres meses se envolvieron en un severo conflicto jurídico,
social y político que, a juicio del ex consejero Rodolfo García, fue resultado
de un mal manejo de las autoridades electorales en el tema.
En noviembre de 2018, el IEE
recibió formalmente la solicitud de plebiscito por parte de grupos remanentes
de las movilizaciones de enero de 2017 en Mexicali, quienes juntaron más de 16
mil firmas para rechazar el arribo de Tenedora Inmobiliaria, S de RL, nombre
legal de la cervecera, a la que acusan de tener intenciones “depredadoras” con
el agua de Baja California. A partir de entonces inició una batalla legal entre
los colectivos y Constellation Brands, que en reiteradas ocasiones se llevó a
instancias revisoras estatales y federales.
En dos maratónicas jornadas
realizadas los días 3 y 4 de marzo, el IEE lapidó la ilusión de los colectivos
y dio tranquilidad a la empresa, cuando cinco de los seis consejeros en
posibilidades de votar, otorgaron su voto a favor del dictamen que rechazaba la
consulta en las próximas elecciones; por los tiempos es prácticamente imposible
que ingrese.
Pese al reclamo de cuatro
partidos políticos -Movimiento Regeneración Nacional, Transformemos, PT y PRD-,
los cuales calificaron de “deficiente” el actuar de la Comisión de
Participación Ciudadana del IEE, los consejeros avalaron el dictamen de
improcedencia e intrascendencia.
La intención del plebiscito
era someter a consulta el otorgamiento de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) por parte de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), en 2015. Sin
embargo, los consejeros consideraron que ello no es una acción de gobierno,
sino un procedimiento administrativo, por lo que no puede someterse a decisión
popular.
Lo anterior fue expresado por
el consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza, quien dijo que de llevar a cabo el
plebiscito, se violaría el derecho a la propiedad privada de la cervecera.
Olga Viridiana Maciel, la única
consejera que se opuso al
dictamen de intrascendencia e
improcedencia
Mientras los colectivos en
defensa del agua aseguran que no “bajarán los brazos” y continuarán con el
proceso ante instancias superiores, el titular de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación en Mexicali, Eugenio Lagarde, aplaudió la decisión,
pero afirmó que el proceso dañó a la imagen de la ciudad ante inversionistas
nacionales e internacionales, por lo que deberán pasar entre 15 y 20 años para
recuperarla.
EL SILENCIO DE LOS CONSEJEROS
Cuatro de los seis consejeros
electorales que votaron -Daniel García García se abstuvo por el vínculo
familiar con los solicitantes-, no justificaron los motivos de la aprobación
del dictamen que declaraba intrascendente e improcedente el plebiscito, lo que
deja dudas sobre su razonamiento y los criterios tomados para rechazar la
consulta.
Sólo Olga Viviana Maciel y
Jorge Alberto Aranda -quienes votaron en contra y a favor del dictamen,
respectivamente- expusieron su razonamiento, mientras que Clemente Custodio
Ramos, Graciela Amezola Carrasco, Lorenza Gabriela Soberanes y Abel Alfredo
Muñoz Pedraza, optaron por guardar silencio.
En la opinión del ex
consejero Rodolfo García, resulta inadmisible la falta de transparencia que
exhibieron los consejeros, tanto en la sesión de Comisión, como en el pleno,
cuando se formalizó la aprobación del dictamen y el posterior rechazo al plebiscito.
Y es que era necesario
explicar su voto por la importancia del tema, sobre todo después de los
múltiples reclamos emitidos por los representantes de los partidos Morena, PRD,
Transformemos y PT, aunado al rechazo al dictamen por parte de la consejera
Olga Viviana Maciel Sánchez, quien consideró trascendente el tema para la entidad,
debido a que Baja California está en alerta de sequía y la sobreexplotación de
los mantos acuíferos, así como el crecimiento poblacional proyectado para 2030,
podría provocar escasez de agua para ese año.
El mutismo se extendió desde
la primera sesión, ya que el consejero encargado del proyecto, Abel Alfredo
Muñoz Pedraza, se limitó a exponer el tema de manera general, pese a los
reclamos de los representantes de partidos.
Al término de la primera
sesión, Muñoz Pedraza fue buscado por los medios de comunicación para explicar
el dictamen, pero se limitó a leer un documento en el que culpó a la
legislación de acotar la participación ciudadana.
Sin permitir preguntas,
aseveró que si bien el agua es importante, su trabajo es ser objetivo y
Constellation Brands cumplió con los requisitos para instalarse, por lo que
someter el caso a un plebiscito coartaría a un particular su derecho a la
propiedad privada. Esta premisa fue expuesta también por el consejero Jorge
Alberto Aranda Miranda durante su breve participación.
Una de las pocas sorpresas de
la sesión del lunes 4 de marzo, fue el enérgico mensaje del comisionado
presidente, Clemente Custodio Ramos, quien solicitó al Poder Ejecutivo
clarificar el uso del recurso hídrico para Baja California y de dónde se
obtendrá el agua para la planta cervecera.
Esto resultó lamentable,
sorpresivo y contradictorio para el ex consejero, pues se supone que se emitió
un proyecto y se ponderó toda la información posible sobre el tema central, que
era la afectación del agua.
Si bien el argumento jurídico
recae en la MIA, la realidad es que el debate era sobre la preocupación del
vital líquido, por lo que es inconcebible que luego de tres meses de análisis,
no tuviera conocimiento sobre si hacía falta o no el agua.
Rosendo López Guzmán,
representante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el Consejo
Electoral, fue uno de los más críticos al considerar que no se abordó el tema
del agua como algo prioritario, y criticó que los peritos especializados en
investigar el caso fueran agrónomos y no ambientales. La respuesta que recibió
fue que ninguno de los especialistas del Poder Judicial pudo participar.
Aprovechó que ante los malos
resultados de la comisión, votaría para no otorgarles recursos el próximo año,
al ser dinero tirado a la basura.
De igual manera, de las más
de treinta instituciones invitadas para participar en el tema, sólo once
emitieron respuesta, por lo que -según el ex consejero- era obligatorio
ciudadanizarlo más.
TODOS CONTRA LA LEY
El único punto de
coincidencia es la desastrosa Ley de Participación Ciudadana de Baja California
que data de 2001, la cual calificaron de ambigua y rebasada por la nueva
realidad social, por lo que, de acuerdo al consejero Muñoz Pedraza, urge
modificarla para dotarla de mayores herramientas y clarificar criterios.
De hecho tiene errores tan
elementales como la ausencia del concepto de “trascendencia”, lo que deja
demasiado a la interpretación. Sin embargo, se consideró que la Ley era puntual
al establecer que sólo las acciones de gobierno y no sus procedimientos
administrativos pueden someterse a la consulta.
“No podemos desconocer la
presunción de legalidad de la Secretaría de Protección al Ambiente. Por ende,
aunque el agua es vital para la vida humana, la mayoría de la Comisión recae en
uno de los supuestos de improcedencia en la Ley de Participación Ciudadana, ya
que fue de obligatorio cumplimiento, debido a la normatividad ambiental”,
señaló el consejero proyectista, para luego reiterar la urgencia de modificar
la Ley en la materia.
Conferencia de prensa encabezado por
Martha Elvia García, promovente del plebiscito. / El abogado de la cervecera
Constellation Brands, Enrique Gordillo.
Sobre ello, Custodio Ramos
aseveró que por las características de la Ley se supo desde un principio que el
plebiscito no procedería, ya que el otorgamiento de la MIA no es un acto de
gobierno, sino de un procedimiento administrativo. Sin embargo, tuvieron que
mantener la ruta que trazó el Tribunal Electoral.
“En el pleno del Consejo,
desde que llegó la solicitud estaba el debate o la no procedencia del
plebiscito, se optó tratar de seguir con la Ley, que son sus tres etapas, se
llegó la etapa del Tribunal y tuvimos la intención de revisar eso, decretar la
improcedencia del proceso, pero escuchamos la sentencia de Sala Guadalajara,
pues hay tres etapas y de verdad va en perjuicio de la propia institución”,
expuso.
Para el ex consejero, estas
acciones tibias fueron insuficientes para brindar certeza a la decisión del
IEE, acusándolo de actuar de forma ”dolosa”, pues como órgano de participación
ciudadana, debieron aconsejarlos sobre el procedimiento a seguir y no aceptar
un recurso improcedente.
“Yo sí creo que cuando menos
se actuó con dolo, porque si sé que no va a prosperar, por qué no decirlo. ¿Y
qué sucedió? Perdieron tiempo, que es oro molido para ellos. Esto se vence el
30 de marzo”, apuntó el doctor en Educación.
Agregó que se generó un gran
desgaste para el IEE, debido al trabajo extenuante para establecer si había o no
materia de plebiscito, lo cual se habría evitado si el Gobierno del Estado
definiera organismos ciudadanizados que clarifiquen y vigilen el uso del agua,
así se evitaría emprender un plebiscito “que no procede y los convierte en los
malos de la película”.
El consejero presidente
aseveró que los mecanismos ideales para combatir la instalación de la empresa
cervecera son el amparo o la impugnación en los tribunales administrativos, y
no una consulta de este tipo, pero ambos ya están fuera de tiempo.
Además, responsabilizó a los
diputados por no dar trámite a una propuesta de Ley de Participación Ciudadana
totalmente nueva, realizada en foros de consulta efectuados por el IEE; esta
quedó “congelada” en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,
presidida por Andrés de la Rosa Anaya.
ZETA buscó al legislador para
una entrevista, pero no pudo ser localizado.
Para Rodolfo García, otro
defecto de la Ley es que cualquier tipo de consulta ciudadana debe focalizarse
en las áreas afectadas y no ampliarse a todo el Estado, pues la instalación de
una cervecera es importante para los mexicalenses, pero no para los residentes
de Ensenada o Tijuana. Como ejemplo citó la solicitud de municipalización de
San Quintín, donde se ampliaron los parámetros para una decisión popular que
compete sólo a una región geográfica.
“La Ley de Participación
Ciudadana -dijo- debe partir de la sociedad organizada, la academia y los
empresarios, para así alejar las manos de los legisladores en la redacción de
la misma, de lo contrario se beneficiaría a los intereses de los partidos y no
de la ciudadanía”, planteó.
CONSTELLATION E IP APLAUDEN; RESISTENCIAS SIGUEN LA
LUCHA
Enrique Gordillo,
representante legal de la empresa cervecera, celebró la resolución del IEE. Sin
embargo, consideró que ni siquiera debió darse entrada a la solicitud del
plebiscito, pues no era materia de consulta, lo que generó un desgaste para
todas las partes.
Agregó que hace varios años,
cuando se solicitó la MIA, ciudadanos interpusieron recursos legales para
combatirla, pero fueron desechados porque no acreditaron el interés jurídico.
Los representantes de la
empresa señalaron que la “campaña de desinformación” se emprendió desde hace
años, como el hecho que utilizarán 20 millones de metros cúbicos de agua,
cuando en realidad sólo pretenden 1.75 al año. Este señalamiento fue realizado
justamente por Hipólito Sánchez Zavala, representante de Morena.
En el mismo sentido se
posicionaron los representantes de la iniciativa privada, a través de Eugenio
Lagarde, quien declaró que de proceder el plebiscito se habría generado un
antecedente negativo para Mexicali y la entidad para futuras inversiones.
A raíz de la decisión del
IEE, los proyectos de gran calado en las grandes empresas se reactivaron, pues
permanecieron “congelados” ante la incertidumbre generada en sus inversiones.
“Va a ser ahorita un tema
caliente, vamos a tener que explicar cómo estuvo la situación,
independientemente lo que pasó, lo que sí te puedo decir es que están empezando
a reactivar las empresas, tanto mexicanas como extranjeras; lo vemos con las
naves industriales en la ciudad”, indicó.
Por su parte, Martha Elvia
García, una de las activistas contra la cervecera, anunció en conferencia de
prensa un día después de la resolución que emprenderían acciones jurídicas y
sociales para combatirla.
Primero interpondrán un
recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y
posteriormente ante instancias federales, sin importar que los tiempos no les
den para incluirlo en los próximos comicios.
“Ellos debieron cumplir la
Ley, pero se pusieron a interpretar la Ley, entonces ya calificarán su
interpretación los que dicen el Derecho, ellos no están para eso, para realizar
funciones político-administrativas; están para interpretar la Ley”, subrayó la
activista, para agregar que buscaron por todas las leyes para ver cómo rechazar
la solicitud, en vez de hacerlo al revés.
Sobre la decisión final de
los consejeros del IEE, aseveró que no están sorprendidos, pues reconocieron
los intereses particulares de los consejeros. Sin embargo, les otorgaron el
beneficio de la duda para pasar a la historia, abriendo la posibilidad de la
consulta, por lo que sólo queda decir que el IEE le quedó chico a la sociedad
mexicalense.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / EDUARDO VILLA LUGO/
LUNES, 11 MARZO, 2019 01:00 PM)
