lunes, 22 de enero de 2018

LA ALERTA DE COLOMBIA POR LA ALIANZA CÁRTEL DE SINALOA-CLAN DEL GOLFO


BOGOTÁ (apro).- El viernes pasado, en una reunión de seguridad encabezada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, soltó una noticia que asombró a los presentes: el Cártel de Sinaloa, dijo, está financiando a bandas criminales en Colombia, en especial al Clan del Golfo.

Y enseguida informó que ya había enviado una “alerta temprana” al Ministerio del Interior ante “el incremento de la situación de riesgo y vulneración del derecho a la vida” de los habitantes de Tierralta, un municipio rural ubicado a 450 kilómetros al noroeste de Bogotá en el que se ha detectado la presencia de enviados del Cártel de Sinaloa y su apoyo a la delincuencia organizada.

La Defensoría del Pueblo que dirige Negret es una institución equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Su presencia en las regiones más conflictivas de Colombia y los estrechos vínculos que mantiene con la población la ubican como una fuente muy autorizada para hablar de esos temas.

Por eso, todos los asistentes a la reunión de seguridad que se realizó la mañana del 19 de enero en el presidencial Palacio de Nariño escucharon a Negret con toda atención.

Allí estaban el vicepresidente colombiano, el general Oscar Naranjo; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el representante de la ONU, Jean Arnault, y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Negret relató que los habitantes de Tierralta han dicho a funcionarios de la Defensoría que en esa zona –ubicada en uno de los corredores estratégicos del narcotráfico en Colombia por su cercanía con el Golfo de Urabá y con el mar Caribe– es notoria la presencia del Cártel de Sinaloa.

Ese cártel, aseguró, está financiado a bandas “tipo C” de esa región (dedicadas al robo y a hacer trabajos para las grandes organizaciones criminales) y a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el nombre político de la mayor organización criminal colombiana: el Clan del Golfo.

Cinco días antes de esa reunión de seguridad en la Casa de Nariño, la Defensoría del Pueblo ya le había enviado al Ministerio del Interior un oficio de 11 páginas, cuya copia tiene Proceso, en el que emite una “Alerta Temprana de Inminencia” para proteger a habitantes del municipio de Tierralta.

De acuerdo con el escrito, las AGC o Clan del Golfo ha reconquistado espacios que estaban en poder de las FARC, como el Nudo del Paramillo y parte del territorio indígena del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, ubicados en ese municipio.

Ese grupo criminal “es el principal responsable de la violencia ejercida contra la población civil” en esa región.

“Luego de la dejación de armas por parte de las FARC, las AGC iniciaron un proceso de expansión territorial y consolidación que les ha permitido constituirse en el actor armado ilegal que ejerce el monopolio de la criminalidad en el departamento de Córdoba (al que pertenece Tierralta)”, señala el oficio.

Según un reporte de la ONU, en Tierralta están sembradas la mayor parte de las 2,668 hectáreas de hoja de coca que hay en ese departamento.

El escrito de la Defensoría advierte que las AGC y otros grupos armados a su servicio están “haciendo ostentaciones de dinero y manifestando estar financiados supuestamente por el cartel mexicano de Sinaloa”.

SEGURIDAD NACIONAL

Para las autoridades colombianas, la presencia de los cárteles mexicanos de las drogas en este país es un asunto de seguridad nacional.

Los organismos de inteligencia, incluso, anticiparon que con la reincorporación de las FARC a la vida civil, los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y de Jalisco Nueva Generación iban a reforzar sus alianzas con bandas locales para garantizar el suministro de cocaína.

En el último año han sido detenidos en territorio colombiano enviados de los cárteles mexicanos, pero esta es la primera ocasión que se habla oficialmente de “financiamiento” a estructuras criminales colombianas.

Con el proceso de paz, las FARC han abandonado zonas productoras de hoja de coca y de procesamiento de esa planta en cocaína, que hoy son motivo de disputa por varias organizaciones criminales.

El vacío que dejaron las FARC en esas regiones en el último año ha generado una guerra por la ocupación de esos espacios y por el control de la producción y transformación de la coca.

Los grupos que se disputan las rentas de ese negocio criminal –y otros como la minería ilegal– son algunas disidencias de las FARC que no se acogieron a los acuerdos de paz, el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.

Este grupo, que es liderado por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el delincuente más buscado de Colombia, tiene presencia en la mayoría del territorio y sus diferentes estructuras tienen relaciones de negocios con todos los cárteles mexicanos.

Aunque el Clan del Golfo está buscando –con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– un acuerdo de sometimiento a la justicia con el gobierno, es la organización criminal más perseguida de Colombia.

La Policía Nacional de Colombia (PNC) tiene un grueso expediente de Otoniel y sabe que ese capo siempre ha tenido una preferencia por el Cártel de Sinaloa.

Hace un año, días después de la reaprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán en Los Mochis, la PNC descubrió que Otoniel mandó a componer un corrido para emular al jefe del Cártel de Sinaloa.

El corrido, autoría de músicos colombianos del género norteño, fue descubierto en un operativo de la policía en la noroccidental región del Urabá, en la frontera con Panamá, donde el Clan del Golfo y “Otoniel” tienen su principal bastión.

Según la PNC, el jefe del Clan del Golfo y las AGC les pidió a los músicos basarse en una canción hecha para El Chapo y adaptarla a su personalidad.

Pero más allá del “corrido prohibido”, como lo denominó en su momento la policía local, es un hecho que los cárteles mexicanos de las drogas están cada vez más presentes en Colombia a través de enviados que vienen a garantizar que la cocaína siga fluyendo hacia el norte a través de la ruta Centroamérica-México-Estados Unidos.


(PROCESO/ RAFAEL CRODA/ 22 ENERO, 2018)

CAEN CINCO POLICÍAS DE ZACATECAS POR EL SECUESTRO DE UN EMPRESARIO; PEDÍAN RESCATE DE 8 MDP


ZACATECAS, Zac. (apro).- Cinco policías preventivos de Trancoso fueron detenidos durante el rescate del empresario Rogelio Robles, quien se encontraba privado de la libertad en un domicilio de ese municipio y por quien solicitaban un rescate de 8 millones de pesos.

El procurador Francisco Murillo Ruiseco informó que los policías –cuatro hombres y una mujer, todos en activo– fueron aprehendidos junto con otros cinco civiles en un operativo en el que participó la Policía estatal

Rogelio Robles, del sector de la construcción, fue secuestrado el viernes 12 mientras se encontraba en su negocio, hasta donde llegaron hombres encapuchados y armados y lo obligaron a subir a una camioneta Explorer blanca.

A partir de la denuncia presentada por la familia del empresario, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició una investigación y asignó a un negociador.

No obstante, en los primeros contactos de los secuestradores con la familia exigieron retirar a la PGJ de la negociación, dijo Murillo Ruiseco, aunque no aclaró cómo es que los plagiarios se enteraron de que la dependencia estaba participando en el caso.

Posteriormente la familia solicitó la intervención de un asesor de la Policía Federal, pero, según el procurador, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro continuó con las indagatorias y obtuvo información sobre un inmueble en la cabecera municipal de Trancoso –al este de la capital–, donde se detectó el movimiento de hombres armados y encapuchados.

“Se logró establecer que ese inmueble funcionaba como casa de seguridad donde se mantenía a personas secuestradas… se tomó la decisión de ingresar al inmueble al considerar que corría peligro la vida de la víctima”, señaló Murillo. Y, efectivamente –agregó–, en el lugar se encontró al empresario con los ojos vendados y las manos atadas.

Los preventivos detenidos son: Miguel Ángel, de 35 años; Antonio, de 54; José Manuel; Hugo Abraham, de 35, y Liliana, de 37 años, quienes portaban sus armas de cargo al momento de la captura. También se aseguró una patrulla de la corporación municipal.

A los policías y a los cinco civiles aprehendidos se les aseguraron armas y bolsas de mariguana con la leyenda “Los talibanes”, como se identifica a un grupo delictivo que opera en el estado.

El procurador también informó sobre la captura de dos sujetos presuntamente involucrados en varios homicidios, de acuerdo con la información sobre balística de las armas que les fueron encontradas y con las que supuestamente quitaron la vida a una persona –el jueves 18– afuera de un taller mecánico en la zona industrial de Guadalupe, municipio conurbado con la capital.

Los dos huyeron en una camioneta blanca y luego abordaron un taxi, pero fueron alcanzados y detenidos en la colonia Periodistas.

“Las armas encontradas aparecen en por lo menos siete carpetas de investigación, según el comparativo balístico forense, en varias de las carpetas hay órdenes de aprehensión”, indicó el procurador.


(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/22 ENERO, 2018)

“EL CHAPO” DA BATALLA EN MÉXICO

A un año de consumada la extradición del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos, sus abogados pelean en México la entrega que se hizo a una Corte federal diversa para ser enjuiciado por delitos diferentes a los planteados. En juicio de amparo, la Secretaría de Relaciones Exteriores se vio obligada a entregar al juez documentación confidencial que la Embajada de EU prohibió fuese compartida. Ahora la defensa de Guzmán impugnará para que le sea permitido el acceso a la información que se guarda en el sigilo del Juzgado en Ciudad de México

Mientras que en Estados Unidos la Corte del Distrito Este de Nueva York aplazó el comienzo del juicio hasta septiembre próximo, en México la batalla legal del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán no ha terminado y, en un Juzgado de Distrito, se entabla un juicio de amparo que podría friccionar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Abogados de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera interpusieron una demanda de amparo en contra del acuerdo de fecha 19 de enero de 2017 por el que el gobierno mexicano otorgó su consentimiento para que el sinaloense fuese entregado a la Unión Americana ante una Corte diferente y por delitos diversos a los que se concedió la extradición, invocando la denominada “excepción a la regla de especialidad”.

Como se recordará, la cancillería mexicana declaró procedente la extradición del “Chapo” Guzmán en dos procedimientos jurídicos resueltos el 20 de mayo de 2016, para que el líder del Cártel de Sinaloa fuese juzgado por delitos varios ante una Corte Federal de Texas y otra en el Estado de California. El mexicano interpuso sendos juicios de amparo y la revisión de los mismos, protección que le fue denegada.

El nuevo juicio de garantías fue promovido por la defensa de Guzmán el 3 de marzo de 2017, una vez consumado el encarcelamiento de su cliente en el Centro Metropolitano de Detenciones con sede en Manhattan, Nueva York.

Al responder su informe justificado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció como cierto el acto reclamado, pues otorgó su consentimiento para que el narcotraficante fuese enjuiciado por cargos diferentes por los que se concedió su extradición, aplicando la “excepción a la regla de especialidad”, prevista en el Artículo 17 punto 1, inciso c, del tratado de extradición celebrado entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.

Para resolver el asunto planteado por los abogados de Joaquín Guzmán, el juez de amparo solicitó a la cancillería mexicana remitir la totalidad de la documentación que obra en los dos procedimientos de extradición. La respuesta de la SRE a principios de septiembre fue en sentido negativo, bajo el argumento que “se encuentra impedida” para proporcionar dichos documentos por lo dispuesto en el Artículo 24 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El juzgador nuevamente solicitó las constancias, afirmando que era con la finalidad de analizar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, como lo establece la Ley de Amparo. Inconforme con la determinación, el director jurídico contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE interpuso un recurso de queja, admitido el 10 de octubre último en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México.

Los agravios formulados por la cancillería refieren que en nota diplomática suscrita el 3 de mayo de 2017 por la titular de la Embajada norteamericana en México, se advierte “la prohibición expresa por parte del Gobierno Estadounidense para entregar la documentación requerida”, lo que conllevaría a incumplir con los compromisos que el gobierno mexicano ha pactado en los diversos instrumentos internacionales, concretamente en cuanto se refiere a la confidencialidad de las documentales.

La dependencia agregó que de hacerse pública esa información podría generarse un daño a los titulares de los datos que ahí aparecen, tanto personas físicas como autoridades extranjeras. A pesar del planteamiento, el juzgador indicó que la solicitud de las constancias “en modo alguno trae aparejado el hecho de que se vulnere la confidencialidad de los archivos o documentos de la misión diplomática a que hace referencia, en tanto la obtención de dicha información no tiene la intención de hacerla pública, por el contrario, es con la única finalidad de analizar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo”.

Antes de concluir 2017, magistrados del Tribunal Colegiado resolvieron que la queja de la SRE es infundada y le asiste la razón al juez porque la Ley exige todas las pruebas para resolver el juicio de amparo, por lo tanto, deben entregarse todos los documentos que obren en los dos procedimientos de extradición.

Al regresar el expediente al Juzgado de Amparo, el titular volvió a requerir los documentos a la cancillería, que todavía hizo un intento por no enviar lo solicitado, pero el juez apercibió a la autoridad renuente de que incurriría en desacato e incluso con la destitución e inhabilitación de funcionarios. Finalmente, Relaciones Exteriores dobló las manos y al iniciar 2018 entregó los voluminosos legajos de papeles.

El juzgador acordó “a fin de preservar la confidencialidad de dichas constancias, no se dejan a la vista de las partes” y se ordenó se resguarden en el sigilo de dicho tribunal. Tanto a los abogados de Joaquín Guzmán, como al Ministerio Público federal, que ya habían solicitado copias de todo lo actuado en el juicio de amparo, el juez determinó autorizarlas “con excepción de las constancias remitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, toda vez que como se dijo en párrafos que anteceden, existe la limitante de la confidencialidad”.

Este último acuerdo no cayó bien a los defensores del “Chapo”, quienes planean impugnar la medida de que no conozcan los documentos. “Sería como tratar de combatir el acto reclamado sin conocerlo”, señaló Refugio Núñez Gómez, abogado y representante legal del imputado en México.

El acto consumado de la extradición del narcotraficante es irreversible. Quizá podría conseguirse que se reconozca la violación de derechos fundamentales que alega su equipo legal y agotar toda instancia judicial en el país, para entonces acudir ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obtener una recomendación contra el Estado mexicano.

Por el momento se desconoce si con la entrega de la documentación confidencial por parte de la SRE al Juzgado, el gobierno mexicano incurrió en alguna violación en la relación bilateral con el vecino país del norte.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ /LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)

“EL MINI LIC” Y EL CONSUEGRO DE “EL CHAPO”: OTRO GOLPE PARA EL CÁRTEL DE SINALOA EN TRIBUNALES

Además de las disputas internas por el control de la organización, el Cártel de Sinaloa continúa fragmentándose en tribunales. Los casos de “El Mini Lic” y del consuegro de “El Chapo” en la Corte Federal del Distrito Sur de California, muestran cómo el Departamento de Justicia continúa desmantelando sus redes de trasiego de drogas y lavado de dinero, aunque sin poder llegar todavía a Ismael “El Mayo” Zambada

Mientras Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera continúa recluido en una prisión de Nueva York y con un caso lento en la Corte, los procesos de sus operadores financieros para afianzar al Cártel de Sinaloa en la frontera de Baja California y California, tanto para el trasiego de toneladas de drogas como para lavar dinero, avanzan en la Corte del Distrito Sur de California.

En los últimos meses, a la prisión federal de San Diego, California, han llegado Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, Álvaro López Núñez, hijo y hermano, respectivamente, de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Víctor Manuel Félix Félix “El Señor”, consuegro de “El Chapo”.

Los dos primeros se entregaron a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) a raíz de la caída de “El Licenciado”, quien en mayo de 2017 fue aprehendido en un operativo por fuerzas federales en la Ciudad de México.

Transcurrieron tres meses y el 27 de julio, su hijo y principal colaborador, “El Mini Lic”, llegó hasta la frontera de Calexico y Mexicali para entregarse a las autoridades estadounidenses.

Un mes después, el 18 de agosto, Álvaro López Núñez, hermano menor de “El Licenciado” y tío de “El Mini Lic”, hizo lo mismo en la frontera de Nogales, Sonora. Ambos están acusados, por la Fiscalía del Distrito Sur de California, de narcotráfico y lavado de dinero.

En una audiencia celebrada días después, el defensor público de López Núñez expuso a la juez Jill L. Burkhardt que la solicitud de asilo al gobierno estadounidense de su representado se debía a que “su familia está siendo cazada y asesinada”. Estaban acorralados.

A diferencia de otros miembros del Cártel de Sinaloa que habían pisado esa Corte, como Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, y Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, que fueron perseguidos hasta ser detenidos, los Dámaso prefirieron entregarse.

Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto representó un triunfo. Anuncio que “‘El Mini Lic’ es el líder mexicano del narcotráfico de más alto rango que haya decidido entregarse de manera voluntaria a la justicia de los Estados Unidos”.

“EL MINI LIC” PAGARÁ UN MILLÓN DE DÓLARES A EU

Antes de concluir el año, el 27 de diciembre de 2017, “El Mini Lic” escribió “DLS”, sus iniciales, en las 15 páginas que conformaban su acuerdo de culpabilidad. Después de eso, Dámaso López Serrano pisó nuevamente la Corte de Distrito para declararse culpable, el 10 de enero de 2017, ante la juez Dana M. Sabraw.

El sinaloense de 29 años no solo admitió los cargos por conspiración para importación y distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas que le fueron imputados en el Distrito Sur de California, también se declaró culpable por los delitos de conspiración para distribuir cocaína que le fueron fincados en el Distrito Este de Virginia. Ambas acusaciones formales fueron presentadas en 2016.

De acuerdo con esa inculpación, “El Mini Lic” ingresó al negocio del narcotráfico a los 15 años de edad. Desde 2003, la Fiscalía del Distrito Este de Virginia documentó cómo el hijo de “El Licenciado” se encargó de coordinar y supervisar cargamentos de cocaína en México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá, hasta llegar a Estados Unidos.

Respecto a la acusación de California, en ella se expone al “El Mini Lic” junto a Nahum Abraham Sicairos-Montalvo “El Quinceañero” y su tío Álvaro López Núñez, quien se encuentra en espera de regresar a la Corte.

“El Quinceañero” fue detenido en medio de un fuerte operativo en la Ciudad de México, en julio de 2017, cuatro días después de que “El Mini Lic” se entregara en California. Durante años fue el principal operador financiero del hijo de “El Licenciado” y uno de los miembros de más confianza en el Cártel de Sinaloa.

En el documento presentado ante la Corte, “El Mini Lic” también admite haber portado armas de fuego “con el propósito de promover las actividades asociadas al tráfico de drogas que realiza el Cártel de Sinaloa”.

Y como parte del acuerdo, acepta entregar un millón de dólares al gobierno estadounidense, monto que es producto directo o indirectamente de las actividades ilícitas que realizaba.

López Serrano admitió ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y dedicarse principalmente a las tareas de coordinación y organización del transporte y distribución de toneladas de drogas, incluyendo metanfetaminas, cocaína y heroína desde México hasta Estados Unidos, siendo California uno de los principales puntos de entrada.

De no haberse declarado culpable, “El Mini Lic” podría haber recibido hasta una sentencia de cadena perpetua, pero dado a que colaboró en el caso, podría recibir un mínimo de 10 años de prisión, además de pagar una multa de 10 millones de dólares.

El Fiscal General Adjunto, John P. Cronan, de la División de Delitos del Departamento de Justicia, consideró que la sentencia en contra de “El Mini Lic” -cuya primera audiencia está programada para el 12 de julio- “representa un duro revés al liderazgo del Cártel de Sinaloa y las violentas actividades asociadas al narcotráfico que llevan a cabo”.

CONSUEGRO DE “EL CHAPO” RECLUIDO EN AISLAMIENTO

El 18 de diciembre de 2017, Víctor Manuel Félix Félix, apodado “El Señor”, llegó a San Diego, California, tras casi siete años de haber sido detenido en México. Desde entonces ha permanecido en una celda aislada del resto de la población, comentó su abogado Guadalupe Valencia.

El 16 de enero, con uniforme rojo penitenciario, sin barba ni bigote y con el cabello casi a rapa, Félix Félix pisó la sala de audiencias de la juez Marilyn Huff para pararse al lado de su abogado particular.

“¿Qué tal?”, le dijo en español con una sonrisa al litigante y en seguida le fue colocado un set de audífonos y micrófono por la intérprete que le traduciría lo que se hablaría en esa Corte. Sin esposas, pero con una mano sobre la muñeca detrás de la espalda, el hombre de 60 años tuvo a un agente federal custodiándolo detrás en todo momento.

Guadalupe Valencia expuso en audiencia que recién le había sido entregado un disco duro con la evidencia que la Fiscalía presentaría en contra de su cliente, por lo que solicitó un plazo de 60 días para revisarla y poder regresar a la Corte.

El fiscal del caso apoyó la solicitud, así como la petición de la defensa de que el caso fuera declarado complejo.

Durante años, de acuerdo con la acusación en su contra, “El Señor” fungió como operador financiero de “El Chapo”. Además, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante con María Alejandrina Salazar Hernández, está casado con la hija de Félix Félix.

Al consuegro de Guzmán Loera se le acusa formalmente de conspiración para lavado de dinero e importación y distribución de cocaína. Su arresto derivó de una investigación iniciada en 2009, en el sur de California, por parte de la DEA que incluyó a un agente encubierto que hizo tratos con Félix Félix para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y transportar cargamentos de droga desde Centroamérica.

Después de dos años de documentar el modus operandi del Cártel de Sinaloa a través de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas, el agente del Grupo Técnico Especializado de la DEA lavó casi cinco millones de dólares, a la vez que le fueron confiados cargamentos de toneladas de cocaína.

Las principales operaciones de esta red liderada por Félix Félix se encontraban establecidas en Panamá, Ecuador, México y ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, California; Nueva York, Nueva York; Houston, Texas; Chicago, Illinois, y las ciudades de Vancouver y Montreal en Canadá.

Con la evidencia recolectada, se logró identificar a 36 miembros del Cártel de Sinaloa y en la misma acusación que “El Señor” realizó, otras 28 personas fueron imputadas del cargo de asociación delictuosa, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para lavado de dinero.

En la segunda audiencia de Félix Félix, desde su extradición a Estados Unidos, la juez Huff además aceptó declarar el caso como complejo y fijó la siguiente audiencia para el lunes 26 de marzo por la tarde.

Sin embargo, desde hace años, el gobierno estadounidense buscó desmantelar las redes de lavado de dinero del consuegro de “El Chapo”, incluso cuando éste ya se encontraba encarcelado.

LOS CÓMPLICES DE “EL SEÑOR” YA LIBRES

En 2012, un año después de su captura, “El Señor” fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de narcotraficantes, la cual congela los bienes que tengan en ese país y prohíbe a sus ciudadanos entablar relaciones económicas y comerciales con ellos.

Desde Guadalajara y la Ciudad de México, Félix Félix comandaba las células encargadas de lavado de dinero para “El Chapo”, de modo que autoridades estadounidenses identificaron a Jorge Guillermo González Cárdenas, Óscar Domínguez Villa Díaz, Rigoberto Días Paniagua y Gabriela Vázquez Villavicencio, como sus principales operadores.

El gobierno estadounidense ubicó los domicilios de Félix Félix, quien usaba también el nombre Raúl Castro Rodríguez, en Zapopan, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Mexicali, Baja California y la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México.

En octubre de 2012, Gabriela Vázquez Villavicencio salió del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, donde había sido recluida por delitos contra la salud y lavado de dinero.

Sin embargo, en cuanto fue puesta en libertad, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) procedieron a detenerla, ya que contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por asociación delictuosa y tráfico de dinero.

De acuerdo con información consultada por ZETA, en el sistema federal penitenciario estadounidense, la mujer de hoy 52 años, salió de prisión en diciembre de 2016, casi un año antes de que “El Señor” fuera extraditado.

Lo mismo ocurrió con Rigoberto Días Paniagua, quien fue puesto en libertad en agosto de 2016. Tanto Días Paniagua como Óscar Domínguez Villa Díaz, José Benjamín Valdez Bernal, Efraín Días Paniagua y Luis Horacio Ramírez de Arellano Morales, fueron extraditados de México a California en septiembre de 2012.

Mientas que Víctor Manuel Félix Beltrán “El Vic”, hijo de “El Señor”, continúa en espera de ser extraditado a Estados Unidos desde que fue detenido el 26 de octubre de 2017, en un lujoso fraccionamiento de Santa Fe, dentro de la Ciudad de México.

A “El Vic” se le identifica, al igual que a su padre, como operador financiero del Cártel de Sinaloa y en específico de los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Se le reclama en la Corte de Distrito de Illinois por cargos que incluyen conspiración para distribuir marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, junto a Ismael “El Mayo” Zambada y “El Chapo”.


VIOLENCIA IMPARABLE EN TIJUANA: 18 DÍAS, 96 EJECUTADOS

En lo que va de 2018, en Tijuana asesinan en promedio entre seis y siete personas diarias. La estadística  no ha variado por lo menos en los últimos meses. Según reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cifra de homicidios dolosos,  96 personas han sido privadas de la vida en enero.

Cuerpos desmembrados, calcinados, cabezas cerneadas, restos con narcomensajes y putrefactos, destacan entre los hechos delictivos de la semana.

El viernes 12, un cuerpo sin vida, de entre 20 y 25 años de edad,  fue localizado en la colonia Guadalajara. José Enrique Benancio Hernández, de 28 años, murió luego de ser atacado en el establecimiento Equipo de Materiales de Acero, en El Rubí. Ignacio Sánchez Osorio, de 40 años, murió por lesiones por arma de fuego en la colonia Roberto de la Madrid. En estado de putrefacción y en el interior de bolsa de plástico color negro, fue localizado el cadáver de un hombre en Valle de San Pedro.

Para el sábado 13, en el interior de un terreno baldío de la Sección Dorado de Playas de Tijuana, se encontró el cuerpo de Horacio Valle Villa, de 45 años. En la colonia Guadalajara, un sujeto fue agredido con arma punzocortante y, por arma de fuego, en distintos hechos, seis masculinos fueron privados de la vida en las colonias Ejido Francisco Villa, Pedregal de Santa Julia, Aguaje de la Tuna, Fraccionamiento Guadalajara, Independencia y Ejido Maclovio Rojas.

El domingo 14, en residencial Los Alcatraces, fue ejecutado a balazos un hombre de entre 30 y 35 años. Pedro López Carrión, de 22 años, murió en el Hospital General tras lesiones por arma de fuego que recibió un día antes en la colonia Independencia. Ernesto Aguilar Martínez, de 32 años, fue asesinado a tiros en la colonia El Florido. Dos presuntos responsables fueron detenidos por este hecho. Mientras que Jaime Coronado Guerra, de 44 años, fue atacado a balazos en Nueva Tijuana. Pedro González Vega, de 34 años, fue ultimado por arma de fuego en la colonia Cerro Colorado. Erick Reséndiz, de 28 años, fue acribillado en la colonia México Lindo.

El martes 16, Óscar Ricardo Benítez, de 42 años, murió en el Hospital General luego de haber sido atacado a balazos en la colonia Constitución 1917. Envuelta en una bolsa de plástico negra, fue localizada una cabeza humana de un masculino, de entre 35 y 40 años, en la colonia Residencial Barcelona. A un costado había un narcomensaje con la leyenda “Sigue la limpia contra los ratas, att: CTNG”. En lo alto del cerro en el Ejido Valle de las Palma, fue localizada una osamenta, aún se desconoce el sexo.  En Villas del Prado, un varón de entre 20 y 25 años fue asesinado en la vía pública.

El miércoles 17, en Montes Olímpicos ejecutaron a un hombre de entre 30 y 35 años. En Hacienda Las Delicias segunda sección, un desconocido de entre 20 y 25 años fue ultimado a tiros. En la Sánchez Taboada, una mujer de entre 30 y 35 años fue herida de muerte a balazos. Y el cadáver de otra fémina, en estado de putrefacción, fue localizado en el fraccionamiento Natura, sección Arboledas. En la colonia La Sierra, un masculino de entre 30 y 35 años,  también fue ejecutado a balazos.

El jueves 18, en un predio baldío en la colonia Lomas de la Presa, fue encontrado un taxi libre con un cadáver en su interior. En la colonia Cañón de las Carretas se halló un cuerpo calcinado envuelto en un colchón; se desconoce el sexo.

NUEVE HOMICIDIOS EN MEXICALI

En los primeros 18 días del año se han registrado nueve asesinatos, una de esas víctimas mujer, acribillada por múltiples lesiones de arma blanca en abdomen, espalda y cuello. Los últimos cuatro decesos  violentos se registraron esta semana, siendo el más dramático el de Brenda, quien fue acuchillada en 20 ocasiones a las afueras de su vivienda de la colonia Esperanza; murió en el hospital y se desconoce información de los responsables, pero vivía con su pareja, quien no se hallaba en casa al momento que llegaron las autoridades.

Luego fue privado de la vida Miguel Ángel Domínguez Millán, de 43 años, quien fue agredido con un picahielos; tenía 26 heridas. En este hecho se presume una riña entre adictos. También se suscitó una balacera al interior de un taller mecánico de la colonia Flores Magón, adonde llegó un individuo que disparó contra las tres personas que se encontraban al interior. Cuando policías hicieron su arribo a la escena del crimen, donde encontraron dos armas de fuego, una de ellas se presume es del agresor. El hoy occiso llevaba por nombre Librado Gurrola Quintero, de 42 años, mientras que los lesionados son Miguel Escamilla Aguilar, de 57 años, y Mario Farías Canchola, de 42. La jornada de crímenes concluyó cuando a las instalaciones de Cruz Roja llegó una persona lesionada por más de 20 heridas provocadas por arma blanca. Fue identificada como Rafael Adrián Esparza Trinidad, de 26 años de edad, quien es velador de un negocio de venta de cocos; murió mientras recibía atención médica.

En Baja California, hasta la fecha, 126 personas han sido asesinadas en 2018; la mayoría en Tijuana.

EX FUNCIONARIOS Y PROFESIONISTAS SE PRONUNCIAN CONTRA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

El combate al narcotráfico por parte de las Fuerzas Armadas deja a los soldados en estado de indefensión jurídica, opinó el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Publica de Tijuana, ya que no cuentan con la capacitación debida.

Convencido de que el Ejercito no debe entrar a las calles como lo pretende la Ley de Seguridad Interior, el ex funcionario indicó que el adiestramiento de los soldados es para matar eficazmente, por lo que aplicar dichas habilidades al combate a la inseguridad pudiera acarrear responsabilidad penal para estos, sin importar que actúen cumpliendo órdenes. Lo idóneo, complementó, es capacitar a las policías y exigir más de las autoridades civiles.

“¿Quién dio esos conceptos, qué objetivos se pretenden? ¿Cuál es la finalidad última de la Ley?” cuestionó Leyzaola, señalando que el ordenamiento aprobado por el Congreso no responde dichas preguntas, calificando al mismo como un collage lleno de contradicciones.

Ejemplificó que la Ley supone la intervención de las fuerzas federales y el Ejército en las entidades federativas para realizar acciones tendientes a recuperar la estabilidad, tranquilidad y seguridad en dichos territorios, cuya intervención no podrá prolongarse más de un año, excepto que otros artículos refieren, puede extenderse indefinidamente. Además, aunque se trata de tareas de seguridad pública, a la información obtenida con la aplicación de la Ley se le dará tratamiento de reservada, como si se tratara de un tema de seguridad nacional.

Señaló que se justifica la intervención del Ejercito cuando las autoridades civiles se encuentren rebasadas por la inseguridad, afirmando no hay región en el país donde no se dé este supuesto, para concluir que dicha Ley premia la incapacidad y corrupción de las instituciones encargadas del tema en los estados y municipios, dejando la responsabilidad total a las Fuerzas Armadas.

Al respecto, Rafael Cruz Manjarrez, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, declaró que tanto las corporaciones policiales y la procuración de justicia en la totalidad del país han fallado en su tarea de brindar seguridad pública y, de entrar en vigor la Ley de Seguridad Interior, al atribuir al Ejército facultades que no le corresponden, se colapsaría el Estado de Derecho.

Expuso que si bien el Ejército realiza otras tareas, además de la defensa de la soberanía y el territorio, lo hace en forma auxiliar, mientras que el ordenamiento en cuestión pretende responsabilizarlos por completo del combate a la inseguridad.

Es evidente, dijo, que las autoridades de seguridad locales han sido rebasadas en el carácter operativo, esto solo puede deberse a una errónea aplicación de las estrategias, falta de experiencia de los titulares o malas asesorías, lo que queda evidenciado por los resultados entregados, de ahí que “hay que cambiarlos”.

Quienes también se pronunciaron en contra de esta legislación, fueron los ex procuradores de Derechos Humanos en Baja California, José Luis Pérez Canchola y Heriberto García García, al establecer que aunque la exigencia de las Fuerzas Armadas por tener un marco jurídico que regule su actuación en tareas de seguridad pública es muy justa, la Ley entregada por el Congreso contiene conceptos muy ambiguos.

Ambos ex funcionarios coincidieron en que distintas instituciones internacionales en materia de Derechos Humanos se han manifestado en contra de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, por la insuficiente definición al concepto de seguridad interior, el sometimiento de la autoridad civil, la ausencia de controles a las Fuerzas Armadas, no regulación de uso de la fuerza, indebida protección y garantía a los Derechos Humanos y la facultad de inhibir protestas públicas y movimientos político-electorales.

Pérez Canchola comentó que quien más tiene que perder en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, ya que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicho ordenamiento, y de no resultar la solución esperada, las propias Fuerzas Armadas, por la alta expectativa a su participación en el combate a la inseguridad, verán fuertemente dañada su imagen y prestigio.

García mencionó que a pesar de ello, la realidad es que el Ejercito ya ha tenido intervención en materia de seguridad pública, lo que ha dado buenos resultados en Baja California, sin embargo, esta Ley implementa el Mando Único a cargo del Ejercito y que ello atenta contra la división de poderes y órdenes de gobierno, agregando que en los artículos transitorios de la Ley, se establece que los costos de emplazamiento de las Fuerzas Armadas correrán a cargo de los municipios. Héctor Ortiz

SEÑALAN A PGJE POR OMISIONES EN FOSA DE VALLE DE LA TRINIDAD

 Por posibles hechos violatorios como “omitir las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y actos contrarios a la inhumación y exhumación de restos humanos”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) elevó a queja el expediente 12-2018, relacionado con el hallazgo de una fosa clandestina en Valle de la Trinidad, delegación de Ensenada.

Pasaron quince días desde que pobladores visitaron el pozo ubicado en el rancho “Las Chichis”, a diez kilómetros de la delegación, por un camino vecinal totalmente despoblado. Con ayuda de sogas y lámparas, el 31 de diciembre de 2017 uno de ellos ingresó casi 20 metros de profundidad, encontrando una cuarta de pierna que sobresalía entre tierra y concreto.

El lunes 15 de enero de 2018, finalmente extrajeron cuatro cuerpos, dos masculinos y un femenino en avanzado estado de descomposición. Varias familias en la delegación están en espera de los resultados genéticos. Regresaron al sitio donde la fosa quedó abierta.

El terreno donde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Bomberos de Ensenada y Tijuana trabajaron de manera intermitente, es propiedad de un ejidatario que murió hace un par de años, mientras que los herederos viven en Estados Unidos. Situación muy común en el municipio, indicaron habitantes.

La presidenta de la CEDH, Melba Adriana Olvera Rodríguez, informó que a partir de los elementos detectados en la extracción de restos humanos, se inició la investigación y brindaron acompañamiento a las víctimas de desaparición.

De igual forma, el organismo certificó el hallazgo de restos humanos expuestos e inició  una investigación por la posible violación a la seguridad jurídica que implica certeza legal, “por el procedimiento y posibles omisiones de los servidores públicos encargados de la investigación de la fosa clandestina”.

Olvera no señaló a ninguna autoridad como responsable, eso lo determinará la propia investigación, aunque las primeras solicitudes de información fueron giradas a la PGJE.

De los cinco familiares de desaparecidos que se han entrevistado con la Comisión, ninguno ha solicitado medidas cautelares para garantizar la seguridad.

Recordó que el organismo brinda atención victimológica y orientación jurídica a perjudicados en sus derechos humanos, como también por delito.

De esta manera, dijo, se cubren las funciones que debiera realizar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que deriva de la Ley de Víctimas, misma con la que Baja California no cuenta. La omisión radica en que no existe unidad de atención, fondo de reparación o padrón de víctimas.

En este caso, se aclaró que cuando un familiar tiene una persona desaparecida, en automático se convierte en víctima, pero si además sufre violencia institucional por el maltrato o se le niega información, recibe la denominación de “victimización secundaria”.

Sobre desapariciones, hay 28 expedientes en Baja California, de los cuales 22 son de Tijuana, tres de Ensenada y tres de Mexicali. En estos se señalan principalmente violaciones de derecho a la seguridad jurídica y por no brindar información sobre los procedimientos.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)

GOBIERNO REPRESOR

Alrededor de 30 manifestantes contuvieron por horas a más de 100 policías, quienes perdieron el control, dejaron sus escudos y se volvieron partícipes de una batalla campal donde intercambiaron empujones, golpes y hasta pedradas, con saldo de cinco lesionados de cada bando. Gobernador del Estado reconoce el error de los cuerpos policíacos y, para expertos, el operativo fue lamentable. La represión de los movimientos sociales en Baja California no cesa

Una joven grita desesperada pidiendo a sus compañeros que dejen de arrojar piedras a policías. Mientras, la gran barrera de uniformados se rompe por decisión individual y un grupo de agentes corre hacia sus contrarios para detenerlos al interior del rancho Mena, ubicado en el Ejido El Choropo del Valle de Mexicali. Desde ese momento el lugar fue tierra sin Ley.

Sin operaciones especiales, ni protocolos policíacos, además de aprehensiones con uso excesivo de la fuerza -hombres derribados siendo golpeados por hasta seis agentes-, policías se “engancharon” ante los embates de manifestantes y terminaron barriéndolos, al grado de romper el cerco perimetral de una vivienda y arrojar rocas hacia los ciudadanos y la prensa.

La represión gubernamental en el mismo contexto del surgimiento de los movimientos sociales hace un año, cuando la sociedad se unió para detener la privatización del agua, la construcción de un acueducto para uso de Constellation Brands, la cervecera que va por el agua del Valle de Mexicali.

La inconformidad social permanece, también la represión gubernamental. Después del zafarrancho del martes 16 de enero, tanto funcionarios del Gobierno del Estado como integrantes del movimiento Mexicali Resiste, emprenderán acciones legales. A la vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió un expediente con el número 185/2018, para determinar si existió abuso policíaco en el operativo.

Apenas hace unas semanas, la Policía Municipal fue “regañada” por la misma institución, debido a la agresión ocurrida contra el mismo grupo en febrero de 2017.

La lucha por el agua ha llegado a un nivel más alto.

LA BATALLA CAMPAL

Eran las siete de la mañana  del martes 16 de enero cuando las alarmas se encendieron en el “Campamento Mena” -llamado así por el apellido de su propietario- en el Ejido El Choropo, a nueve kilómetros de Mexicali.

El campamento lo mantiene la resistencia mexicalense en protesta por la construcción de un acueducto. Los jóvenes asignados a la guardia avisaron a sus compañeros sobre el arribo de un grupo de por lo menos 60 policías, quienes bloquearon el único acceso la comunidad rural.

Esperaban ser desalojados con el uso de la fuerza pública, para que la empresa Cadena -propiedad de un político priista- iniciara trabajos para conectar la tubería de 20 pulgadas que dotará de agua a la planta Constellation Brands, a partir de la red urbana.

Ese punto -crucial para las intenciones de la trasnacional- fue bloqueado por integrantes de la Resistencia Civil, conformada por agrupaciones nacidas entre las protestas masivas de enero de 2017, ante los aumentos en el precio de los combustibles y la Ley de Agua, que tenía intenciones privatizadoras del vital líquido, según los líderes de las protestas.

Mientras funcionarios se preparaban para conmemorar el 66 Aniversario de Baja California en un evento protocolario, grupos antimotines se posicionaron frente al rancho y los manifestantes salieron a bloquear con sus cuerpos el ingreso de las maquinarias.

Policías intervinieron, y utilizando sus escudos, empujaron al pequeño grupo de inconformes de vuelta a la propiedad. En una medida desesperada llenaron cubetas de tierra y la arrojaron hacia los uniformados, para posteriormente mojarlos con una manguera, en medio de gritos.

La barrera parecía inquebrantable hasta que una piedra de gran tamaño cruzó por encima de los escudos e impactó contra la excavadora. Esa acción fue replicada por el resto que, desde su trinchera, tomaron cualquier objeto contuso a la mano y lo arrojaron hacia la maquinaria. Poco a poco los cristales de la cabina sucumbieron a los impactos y terminaron por dejar en una situación vulnerable a su operador, quien optó por retirarse. Los agentes habían perdido la primera batalla.

En la segunda reyerta resultó lesionado un reportero de Canal 66, Roberto López, alcanzado por una roca que impactó contra su cabeza. Similar suerte corrió un policía ministerial que levantó el escudo para protegerse de la tierra que arrojaban, lo que fue aprovechado por un joven que golpeó su espinilla con un tubo; el agente fue retirado de la escena a causa de una fractura.

Durante la retirada de policías, inconformes se unieron para cantar el Himno Nacional. Sus voces eran pocas, pero firmes en su creencia.

LA TENSA CALMA VOLVIÓ A EL CHOROPO

Pasaron las horas y comenzaron las charlas entre policías y manifestantes. Intercambios amistosos de opinión y hasta bromas, algunos uniformados incluso referían estar de acuerdo con la lucha, pero reconocieron que sus intereses estaban del otro lado.

Les ofrecieron agua y compartieron pañuelos para que limpiaran sus rostros enlodados; no parecía que horas después se enfrentarían con tanta ira.

El tercer intento llegó alrededor de las  once de la mañana, anunciado por el ruidoso andar de la excavadora. “Todos listos”, gritaban inconformes mientras la “tira” de uniformados se reincorporaba.

Empleados de la constructora pretendían sorprender a los manifestantes instalando una barrera metálica en el vidrio frontal de la excavadora, además de reforzar los laterales con escudos antimotines de policías, pero no fue suficiente, pues “La Resistencia” aprovechó el cese al fuego para abastecerse de cascajo, por lo que ante el nuevo intento de tomar el terreno la lluvia de piedras fue abrumadora. La aguerrida respuesta se replegó a trabajadores y policías, cuando los cristales laterales se agrietaron.

La calma incierta volvió a la comunidad habitada principalmente por campesinos. El reloj alcanzó el mediodía y volvieron a abastecerse de rocas, tierra, palos, botellas y toda arma potencial, para continuar con la lucha.

Un manifestante cruzó entre varios uniformados y, según la declaración de policías, dio un puñetazo a un agente e intentó correr, fue detenido por varios policías quienes trataron de subirlo a la patrulla. Seis uniformados lo envolvieron, pero mujeres enfurecidas corrieron desde el campamento y enfrentaron a los captores, logrando recuperarlo centímetros antes de ingresarlo a la patrulla. Sin embargo, en medio de la confusión, policías detuvieron a otro joven llamado Daniel Véjar, a quién nadie pudo salvar.

La pausa fue aprovechada por policías y manifestantes para comer. Cajas con pollo y guarniciones de lechuga y frijoles fueron enviadas por parte de representantes de la empresa Constellation Brands para policías, mientras que los segundos prepararon tortas.

Pasadas las tres de la tarde se rompió la calma cuando el abogado de la trasnacional, Sergio Vega, llegó al inmueble y pidió hablar con algún jurista del movimiento, Armando Salinas lo encaró.

Vega mostró un documento con medidas de protección para su representado firmados por el Ministerio Público, con los que justificaba el uso de la fuerza pública. Además, evidenció al propietario del terreno, Salvador Mena García, a quien, según el defensor, le pagaron 6 mil 500 dólares por el pedazo de terreno que vendió para la construcción del acueducto.

La esposa respondió que al representante del ejido y de la cervecera lo habían obligado a hacerlo y que en ningún momento les pagaron.

Salinas reclamó que esa zona era federal y tendría que ser bajo un mandato de un Ministerio Público federal, no de autoridades locales. El intento de respuesta del abogado defensor fue silenciado por la muchedumbre que exigía su retirada.


Foto: Eduardo Villa.- Un manifestante se paró frente a la excavadora para impedir su avance

Luego de jalones y empujones comenzó la cuarta batalla. Manifestantes mojaron el piso de terracería para que policías resbalaran con el lodo y volvieron los baños de tierra y rocas. Sin embargo, esta vez policías rompieron filas y se desató en enfrentamiento.

Las rocas cambiaron de dirección y se focalizaron en los escudos para replegarlos, pero los oficiales continuaron, se dispersaron y comenzaron a agredir manifestantes.

Desde el exterior, policías estatales arrojaron ladrillos, golpeando jóvenes y personas de la tercera edad, entre ellas Tania Gallaga, una de las líderes de la agrupación que fue agredida por un oficial que intencionalmente le arrojó una piedra a escasos cinco metros de distancia. La sangre escurría por la piel de policías y manifestantes.

El desorden se contagió en el campo de batalla donde policías equipados con cascos, escudos, botas tácticas, guantes y caretas, respondían a sus contrarios cuya defensa se limitaba a una roca y un teléfono con conexión a internet y poca batería.

León Fierro, otro de los líderes, corrió a su vehículo, lo puso en marcha y lo dirigió hacia los uniformados amagando con embestirlos, pero se detuvo al ser rodeado por los mismos. Preventivos golpearon con sus puños los cristales del automóvil Nissan Sentra 2002 de color blanco, intentando arrestarlo, pero dio reversa y empujó a varios agentes. Momentos después reculó y abandonó la unidad sin lesionar a nadie.

“Solo quería bloquear la entrada”, dijo en una entrevista posterior, afirmando que pudo arrollar a los oficiales, pero no era su intención.

En medio de la confusión, la reportera Aline Corpus, de Reforma, fue golpeada en el abdomen por un policía que lanzó una roca. La compañera, quien no participaba en la protesta, logró ver al uniformado, pero este se perdió entre los oficiales.

Tomados del cuello o arrastrados por las calles, lograron sacar del patio a varios manifestantes, para después golpearlos salvajemente luego de ser sometidos, ante los ojos de jefes policíacos. Efectivos cesaron las acciones cuando uno de sus jefes gritó “Nada más 30, hay prensa, hay prensa”.

La pelea se prolongó por varios minutos hasta que preventivos se reagruparon al exterior del inmueble. Tras conversar entre ellos contraatacaron sin contemplaciones; ingresaron al predio, algunos de ellos sin escudos, y comenzaron a golpear con sus puños y piedras a quien estuviera enfrente.

Todos corrían hacia diferentes puntos, algunos arrojando rocas y otros destruyeron un cerco perimetral para poder ingresar al terreno por diversos frentes y sorprender a los combatientes.

Jorge Benítez, uno de los activistas más aguerridos, fue el objetivo principal. Seis policías corrieron tras él para someterlo a punta de golpes y jaloneos; lo trasladaron a la patrulla cargando entre varios oficiales, ya sin camiseta y con varias heridas en el rostro.

Esa última batalla campal fue la peor, pues policías no pretendían detener, sino lastimar a sus adversarios. Finalmente, los propios manifestantes decidieron no arriesgar más la integridad de nadie y permitieron el ingreso de la maquinaria en medio de gritos y amenazas, vigiladas en todo momento por los cuerpos de seguridad; cedieron por el bien de todos.

NO ESTÁ DENTRO DE LAS FUNCIONES (POLICÍACAS) AGARRARSE A PEDRADAS: CASTILLA

El abogado Arnoldo Castilla consideró que no había necesidad de llevar al uso de la fuerza y señaló que “no está dentro de sus funciones (policíacas) agarrarse a pedradas”, luego que varios agentes respondieran la agresión de manifestantes.

Para el jurista se violaron todos los protocolos de acción policial y el operativo se volvió un pleito de barrio, donde la autoridad se bajó al nivel de los ciudadanos para enfrentarse en una batalla, cuando su obligación es salvaguardar la integridad de las personas.

Reconoció que integrantes de “Mexicali Resiste” cometieron actos reprobables, al arrojar piedras a policías, ya que no se puede hacer valer un derecho por medio de la violencia, pero consideró que faltaron mecanismos de acción por parte de policías y los mandos, para evitar que la situación se saliera de control.

Referente a la posibilidad de la detención, Castilla García aseveró que policías debieron hacer efectiva la flagrancia y actuar conforme a derecho, respetando los derechos de los ciudadanos, lo cual infortunadamente no ocurrió, pues hubo golpes y agresiones fuera del protocolo.

El ex catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dijo que no era necesario el uso de la fuerza pública, máxime cuando se puede solucionar un problema mediante el diálogo.

Agregó que existe falta de información en el tema de la falta de agua y que deberían hacerse estudios serios sobre el tema, además de mesas de trabajo que permitan la expresión ciudadana. Y que el gobernador necesita revisar el trabajo de sus asesores, pues el desalojo mediante el uso de la fuerza sólo atraerá más violencia.

“Desde hace tiempo cuando se planteó este problema debió abrirse al diálogo con buen ánimo de las dos partes, la sociedad bajacaliforniana no es ciega sorda o retrasada mental, nos damos cuenta y falta voluntad de ambas partes de dar solución al conflicto”.

CONSTELLATION Y ALCALDE RESPALDAN; “KIKO” RECONOCE MALAS ACCIONES

Tanto la empresa Constellation Brands, como el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, respaldaron las acciones de los policías municipales y estatales durante el operativo que duró casi diez horas.

Sin embargo, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid no fue tan complaciente con sus elementos. Reconoció que existieron actos reprobables, tanto de manifestantes como de policías, por lo que se está documentando cada hecho para actuar conforme corresponda.

Sánchez Vásquez dijo desconocer sobre las agresiones policíacas y se limitó a declarar que solo atendieron múltiples reportes de emergencia, por lo que llegaron a salvaguardar a los ciudadanos. Además, reconoció la labor que diariamente realizan los policías a su mando.

Por su parte, Constellation Brands emitió un comunicado de prensa donde señaló directamente a Filiberto Sánchez y a Rigoberto Campos como responsables de los desmanes ocasionados.

Reconocieron y valoraron la intervención de las autoridades y acusaron a los arriba mencionados como responsables de agredir la inversión nacional y extranjera “que vienen a generar un impacto positivo en la comunidad”.

Vega de Lamadrid afirmó que las acciones fueron muy violentas y reconoció que la intervención de las corporaciones policíacas no fue correcta en algunos puntos.

“No es correcto que hayan atacado vehículos, a ciudadanos, tampoco que hayan apedreado, no es correcto, es lamentable que tengamos personas con heridas de gravedad, incluyendo a su compañero periodista; no es correcto a nadie arrojarle orines y excremento humano”.

De igual forma, explicó que  integrantes de esa agrupación tienen órdenes de aprehensión que serán cumplimentadas y negó que tenga negocio o esté trabajando para beneficio de la planta cervecera.

El mismo martes de la represión policíaca, la maquinaria de la constructora Cadena fue activada para realizar el trabajo del acueducto. Los manifestantes siguen ahí, luchando por el agua.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)




OTRO CARNAVAL “AL VAPOR”

Tras la disolución del comité de festejos por parte del alcalde Marco Novelo, que lejos de dejar ganancias para la administración solo tenía deudas con proveedores, este año se licitó la organización del evento que estuvo en riesgo de no ocurrir. En su edición número 100, la fiesta se trasladará a la zona turística

El Carnaval de Ensenada tiene un historial de malos manejos de recursos por parte de administraciones pasadas que paulatinamente descuidaron la organización del evento más popular de Baja California, según una auditoria hecha por Sindicatura Municipal.

Este año, la fiesta porteña tendrá por lema “Cien Años de Historia y Alegría”, pero como ha ocurrido desde las pasadas seis administraciones, de última hora regidores del Cabildo debatieron la propuesta de concesionar la celebración, que carece de presupuesto para operar.

“Parece que los gobiernos están peleados con el pueblo. Ésta es una fiesta del pueblo”, describió uno de los organizadores del Carnaval luego de que el Ayuntamiento de Ensenada adjudicó la festividad el 8 de enero, es decir, 30 días antes de su realización.

La afluencia anticipada es tal -200 mil personas- que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) ha solicitado el apoyo del Ejército Mexicano, Gendarmería y Secretaría de Marina para que los agentes se sumen al operativo de seguridad dentro y fuera del área de festejos.

Respecto a la investigación por el mal uso de fondos, la síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos informó que a pesar que el Carnaval se concesionó, vigilan que el proceso se lleve conforme al reglamento, mientras que en ejercicios anteriores, el extinto Comité Municipal Festejos (Comife), paramunicipal que hasta 2017 se encargaba de organizar la fiesta, no tenía los elementos para funcionar como tal.

Hay observaciones derivadas de auditorías aplicadas por Sindicatura, así como del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), donde se determinó que existen presuntas responsabilidades por mal manejo de recursos, deficiente recaudación de ingresos, dinero que no fue depositado en cuentas bancarias y cuentas jamás saldadas, de manera que la deuda que aún mantiene el Comife con proveedores, es de 2.6 millones de pesos.

“No se manejaba un buen control de los recursos, cuando llamamos a declarar a quienes estaban como responsables solo nos mostraron  unas notas en papel y pluma para acreditar el adeudo, pero no un respaldo documentado ni un control”, describió.

Actualmente dos ex servidores públicos están bajo investigación con el riesgo de ser inhabilitados por un lapso de seis años. Uno de ellos declaró ante Sindicatura Municipal que cuando asumió el cargo como director de la paramunicipal, durante la administración de Gilberto Hirata Chico, la institución ni siquiera estaba registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

EL GANSO DE LOS HUEVOS DE ORO

A pesar del poco tiempo que tienen para llevar a cabo la fiesta, Rodolfo Lizárraga y el director comercial Fernando Mancillas, le apostaron más de un millón de pesos al evento.

En sus bases de licitación, el Ayuntamiento requirió 3.5 millones de pesos, sin embargo, nadie lo quiso y ellos hicieron su propuesta económica por un millón de pesos, más el costo de los permisos -poco más de 100 mil pesos-.

Ambos están dispuestos a hacer de la fiesta un buen negocio, de entrada pidieron un cambio de sede a la calle Ruiz en la Zona Centro, donde originalmente se desarrollaba el Carnaval, pero la DSPM se opuso porque se trata de una zona estrecha y acordaron asignar el Bulevar Costero. Mancillas confió en que el cambio de sede sí les permitirá hacer negocio.

Sin un solo recurso por parte de alguna dependencia turística de gobierno, solo habrá, por parte de la empresa Tecate –la cual tendrá la exclusividad en venta de cerveza-, poco menos de 800 mil pesos en efectivo y en especie.

De igual forma, confirmaron que tiene rentado un almacén para la elaboración de por lo menos 14 vehículos alegóricos, ya adquirieron el confeti, los baños móviles, los negocios participantes, además de la seguridad con Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana.

En el caso de los cómputos para elegir reyes infantiles y adultos, lamentaron que por cuestiones de tiempo se modificó el formato y solo habrá uno, en el que se determinará a los ganadores.

En cuanto a ocupación hotelera, la zona turística está al 100 por ciento, pues incluso no se encontraron habitaciones para hospedar a un grupo de foráneos que participará en la logística del evento.

Pocos empresarios se suman con patrocinios y, según un registro de Oficialía Mayor, hay quienes por su prestigio, vestuario alegórico y ambiente, llegan a cobrar hasta 4 mil dólares por participar.

EL SEGUNDO CARNAVAL DE NOVELO

Cuando el gobierno del Marco Novelo asumió la responsabilidad del Carnaval, la organización ya estaba en números rojos, con un pasivo de 2 millones de pesos en deuda con proveedores.

Lo primero que hicieron fue deshacer el Comife, encargado de realizar las fiestas populares; pero lejos de dejar ingresos a las arcas municipales, solo quedaron adeudos.

El 7 de diciembre de 2017, Oficialía Mayor recibió acuerdo de Cabildo para contratar el servicio de organización del Carnaval y Fiestas Patrias, mientras que el día 8 del mismo mes, con el Comité de Adquisiciones, convocaron a la aprobación de bases para la licitación pública y entonces se divulgó.

Una de los requisitos impuesto por los regidores fue que los interesados debían pagar 3.5 millones de dólares.

La oficial mayor Mónica Vargas detalló que una vez que abrieron la única propuesta entregada, el participante ofertó solo un millón de pesos, no más.

De no aceptar la propuesta en ese momento, la fiesta tendría que cancelarse, por lo que fue necesario modificar los requisitos y aceptar los términos de los organizadores.

Para concluir, la funcionaria aseguró que en 2019 será diferente porque hay otro acuerdo de Cabildo en el que se obliga a iniciar con el proceso a partir del junio del presente año.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS/ LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)