El viernes pasado, el
presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los desarrolladores
inmobiliarios Abraham y Elías Cababie. La reunión pasó desapercibida, pero de
acuerdo con los antecedentes sobre lo que está pasando en el sector de la
construcción en la Ciudad de México, hay que prestar atención. Los Cababie
encabezan el Grupo GICSA, que ha sido responsable de algunos de los desarrollos
sobresalientes en la capital, como Paseo Arcos Bosques, el corporativo de HSBC
o el Forum Buenavista, y su encuentro con López Obrador se inscribe en las
crecientes críticas que le han hecho llegar al presidente los constructores
sobre el actual gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital federal.
La queja, cada vez más
insistente, es que Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la
Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores
inmobiliarios, al empleo en el sector y, como consecuencia, a la economía de la
ciudad, que representa el 18% del total nacional. El planteamiento es que esta
política tendrá consecuencias en la política económica federal, al provocar una
desaceleración que impactará negativamente las tasas de crecimiento y empleo.
Como botón de muestra, sólo en el corredor inmobiliario en Cuajimalpa, ya hay
seis mil albañiles sin trabajo por esta razón.
El atorón inmobiliario tiene
como origen la creencia de Sheinbaum que hubo corrupción en el sector durante
el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y su convicción de que la Ciudad de México
ya tiene demasiados desarrollos inmobiliarios. Al hacer una evaluación de sus
primeros días de gobierno en marzo, dijo que “estamos acabando con la
corrupción que llevó al desorden inmobiliario”, y que se habían revisado los
174 polígonos de atención autorizados. Un polígono de atención a una superficie
delimitada de suelo que integran uno o más predios para realizar proyectos
urbanos, que tienen que ser autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda local.
Sheinbaum detalló en su
informe que 48 de ellos tenían “irregularidades graves” y la construcción en 17
había sido suspendida, pero la forma como maneja los números y emplea los
argumentos ha sido inconstante y en algunos casos, de manera muy preliminar. Un
mes antes de su informe de los 100 días, dijo que se habían suspendido las
actividades en 12 obras inmobiliarias, a fin de atender los reportes de la
ciudadanía ante anomalías detectadas en la autorización de los 174 polígonos de
actuación. En este caso, habló de irregularidades en todos los polígonos, que
en febrero ya no resultaron todos los que mostraron anomalías, sino únicamente
en el 25% de ellos. Las obras restantes, sin embargo, no se reanudaron en las
alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez, donde se
concentran las obras.
Sheinbaum ha dicho que se
abusó de los polígonos de actuación durante 2017 y 2018, al autorizar obras sin
fundamento legal con base en los programas de desarrollo urbano, como permitir
una mayor cantidad de niveles de construcción, la ampliación de la superficie
de desplante y la relocalización de usos entre las demarcaciones. Daniel
Narváez, director de mercadotecnia del portal especializado Lamudi, dijo en
marzo en una entrevista de prensa, que además de los 17 proyectos suspendidos,
había otros 29 cuya construcción creía también sería detenida. Eso no sucedió,
ni se ha vuelto a hablar del tema. No obstante, se golpeó al sector
inmobiliario al suspenderse las obras, no por iniciativa de los desarrolladores
sino, como señalan algunos afectados, porque las alcaldías dejaron de autorizar
permisos para la construcción.
Las políticas de vivienda del
gobierno central han permeado en las alcaldías, mayoritariamente gobernadas por
Morena, el partido en el poder, lo que ha acentuado la crisis del sector. Desde
junio del año pasado, antes de las elecciones presidenciales, se estimaba que
las ventas en el sector se iban a ralentizar en este año, dada la experiencia
que en cada cambio de gobierno federal caen entre 15 y 20%. Eugenio Towle,
socio de la consultoría inmobiliaria Softec, dijo durante un foro en junio que
la disrupción de los procesos llega a tomar seis meses de curva de aprendizaje
antes de que se normalice el sector. En esta ocasión, sin embargo, eso no
sucedió y todo se congeló.
De acuerdo con el Centro de
Estudios Económicos del Sector de la Construcción, durante el primer bimestre
de este año, la actividad productiva de la industria permaneció prácticamente
estancada, con un crecimiento marginal de 0.1% con respecto al mismo periodo de
2018, lo que afectó en la generación de empleos. Por ejemplo, Susana Miranda,
presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, dijo a la prensa
que durante ese bimestre, alrededor de 300 de sus afiliados estaban sin trabajo
desde el cambio de gobierno, y anticipaba que podría detonarse una crisis si
las alcaldías seguían negando permisos de construcción.
Aquellos síntomas se
volvieron una enfermedad, y el sector privado -aún quienes no están dentro de
la industria-, están sonando las alarmas en el gobierno federal. No tuvieron
interlocución en el gobierno de la Ciudad de México, por lo que el problema le
llegó a López Obrador. No hay una claridad aún sobre qué decisión tomará el
presidente, ni qué tanto ha sido convencido que tiene que actuar para reactivar
al sector inmobiliario y de la construcción, que va en beneficio no sólo de
estos y de trabajadores, sino de su propia política económica y laboral.
Nota: En la columna del
lunes, se identificó erróneamente a la responsable del proyecto de las
universidades públicas “Benito Juárez”, como Bertha Luján. La responsable es
Raquel Sosa.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 14 DE MAYO DE 2019)