martes, 14 de mayo de 2019

LA CRISIS QUE NO SE VE, PERO SE SIENTE


El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los desarrolladores inmobiliarios Abraham y Elías Cababie. La reunión pasó desapercibida, pero de acuerdo con los antecedentes sobre lo que está pasando en el sector de la construcción en la Ciudad de México, hay que prestar atención. Los Cababie encabezan el Grupo GICSA, que ha sido responsable de algunos de los desarrollos sobresalientes en la capital, como Paseo Arcos Bosques, el corporativo de HSBC o el Forum Buenavista, y su encuentro con López Obrador se inscribe en las crecientes críticas que le han hecho llegar al presidente los constructores sobre el actual gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital federal.

La queja, cada vez más insistente, es que Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y, como consecuencia, a la economía de la ciudad, que representa el 18% del total nacional. El planteamiento es que esta política tendrá consecuencias en la política económica federal, al provocar una desaceleración que impactará negativamente las tasas de crecimiento y empleo. Como botón de muestra, sólo en el corredor inmobiliario en Cuajimalpa, ya hay seis mil albañiles sin trabajo por esta razón.

El atorón inmobiliario tiene como origen la creencia de Sheinbaum que hubo corrupción en el sector durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y su convicción de que la Ciudad de México ya tiene demasiados desarrollos inmobiliarios. Al hacer una evaluación de sus primeros días de gobierno en marzo, dijo que “estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario”, y que se habían revisado los 174 polígonos de atención autorizados. Un polígono de atención a una superficie delimitada de suelo que integran uno o más predios para realizar proyectos urbanos, que tienen que ser autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local.

Sheinbaum detalló en su informe que 48 de ellos tenían “irregularidades graves” y la construcción en 17 había sido suspendida, pero la forma como maneja los números y emplea los argumentos ha sido inconstante y en algunos casos, de manera muy preliminar. Un mes antes de su informe de los 100 días, dijo que se habían suspendido las actividades en 12 obras inmobiliarias, a fin de atender los reportes de la ciudadanía ante anomalías detectadas en la autorización de los 174 polígonos de actuación. En este caso, habló de irregularidades en todos los polígonos, que en febrero ya no resultaron todos los que mostraron anomalías, sino únicamente en el 25% de ellos. Las obras restantes, sin embargo, no se reanudaron en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez, donde se concentran las obras.

Sheinbaum ha dicho que se abusó de los polígonos de actuación durante 2017 y 2018, al autorizar obras sin fundamento legal con base en los programas de desarrollo urbano, como permitir una mayor cantidad de niveles de construcción, la ampliación de la superficie de desplante y la relocalización de usos entre las demarcaciones. Daniel Narváez, director de mercadotecnia del portal especializado Lamudi, dijo en marzo en una entrevista de prensa, que además de los 17 proyectos suspendidos, había otros 29 cuya construcción creía también sería detenida. Eso no sucedió, ni se ha vuelto a hablar del tema. No obstante, se golpeó al sector inmobiliario al suspenderse las obras, no por iniciativa de los desarrolladores sino, como señalan algunos afectados, porque las alcaldías dejaron de autorizar permisos para la construcción.

Las políticas de vivienda del gobierno central han permeado en las alcaldías, mayoritariamente gobernadas por Morena, el partido en el poder, lo que ha acentuado la crisis del sector. Desde junio del año pasado, antes de las elecciones presidenciales, se estimaba que las ventas en el sector se iban a ralentizar en este año, dada la experiencia que en cada cambio de gobierno federal caen entre 15 y 20%. Eugenio Towle, socio de la consultoría inmobiliaria Softec, dijo durante un foro en junio que la disrupción de los procesos llega a tomar seis meses de curva de aprendizaje antes de que se normalice el sector. En esta ocasión, sin embargo, eso no sucedió y todo se congeló.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, durante el primer bimestre de este año, la actividad productiva de la industria permaneció prácticamente estancada, con un crecimiento marginal de 0.1% con respecto al mismo periodo de 2018, lo que afectó en la generación de empleos. Por ejemplo, Susana Miranda, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, dijo a la prensa que durante ese bimestre, alrededor de 300 de sus afiliados estaban sin trabajo desde el cambio de gobierno, y anticipaba que podría detonarse una crisis si las alcaldías seguían negando permisos de construcción.

Aquellos síntomas se volvieron una enfermedad, y el sector privado -aún quienes no están dentro de la industria-, están sonando las alarmas en el gobierno federal. No tuvieron interlocución en el gobierno de la Ciudad de México, por lo que el problema le llegó a López Obrador. No hay una claridad aún sobre qué decisión tomará el presidente, ni qué tanto ha sido convencido que tiene que actuar para reactivar al sector inmobiliario y de la construcción, que va en beneficio no sólo de estos y de trabajadores, sino de su propia política económica y laboral.

Nota: En la columna del lunes, se identificó erróneamente a la responsable del proyecto de las universidades públicas “Benito Juárez”, como Bertha Luján. La responsable es Raquel Sosa.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 14 DE MAYO DE 2019)


GABINETE A REVISIÓN


Desde hace poco más de dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene revisando y discutiendo internamente sobre las fortalezas y debilidades de su gabinete. En el horizonte se encuentra un primer ajuste al primer nivel del equipo de gobierno, aunque el momento no está decidido. Personas que conocen de las conversaciones del presidente con diferentes interlocutores, dicen que se había pensado el reacomodo en mayo, pero que se pospuso cuando menos para finales de junio o principios de julio, una vez que se tengan los indicadores económicos del segundo trimestre y que se tenga conocimiento sobre cómo saldrán los grados de inversión de la deuda de Pemex y la soberana.

La calificación sobre el grado de inversión en Pemex y su repercusión sobre la deuda soberana de México, ha sido minimizada públicamente por el gobierno, pero es una de sus dos principales preocupaciones. Colaboradores del presidente señalan el daño que causó el recorte de dos escalones que hizo Fitch Ratings en enero pasado, cuando colocó las notas de bonos de Pemex en perspectiva negativa, en los límites de ser considerados bonos basura, y en el umbral de perder el grado de inversión. Esa baja fue un mensaje a los inversionistas que en número importante decidió suspender todo con México en espera de claridad sobre la política económica del gobierno tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco. La decisión de Fitch fue días después de que Pemex y la Secretaría de Hacienda presentaron un plan para aligerar la carga fiscal de la empresa petrolera, que lejos de generar confianza, exacerbó la incertidumbre.

En las últimas semanas el gobierno ha anunciado una serie de medidas para aliviar esa carga fiscal y dotar de recursos a Pemex para enfrentar sus problemas, que incluyen recortes draconianos al gasto y las nóminas de la administración pública. De acuerdo con los analistas mexicanos y extranjeros, no es suficiente lo que se ha hecho, subrayando el pesimismo de los mercados sobre las acciones tomadas. No se sabe, sin embargo, cómo vendrán los reportes sobre la calificación de la deuda de Pemex en verano, pero coincidirá con otro plazo determinante, la ratificación del acuerdo comercial norteamericano en el Congreso antes del receso de verano, porque si es después coincidirá con el inicio del proceso electoral, lo que haría mucho más difícil lograr el voto. La ratificación depende de la implementación de la Reforma Laboral y de la nueva política migratoria restrictiva, que marchan en la dirección que quiere Washington.

Las discusiones sobre el ajuste al gabinete se dan en un marco general, que tiene que ver con esos presupuestos en donde la solución parte de México, aunque con un fuerte componente en el extranjero, y con el rendimiento que ha tenido el gabinete. El equipo ha sido de claroscuros, y se ha recargado sobre muy pocas personas, algunas de ellas en el staff presidencial. Esta forma de operar no es extraña en López Obrador, quien cuando fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal hacía lo mismo: delegaba el trabajo en dos o tres personas, varias de ellas fuera del gabinete local. Varias veces se ha señalado ante el presidente la inexperiencia de diversos funcionarios y los problemas que ello ha generado, a lo que siempre responde que prefiere una larga curva de aprendizaje que “el bandidaje”. El estado de cosas, sin embargo, se ha ido modificando.

Los supuestos sobre lo que se ha venido hablando, según quienes saben de las discusiones, versan sobre la manera como la incapacidad abierta de algunos y los conflictos dentro del equipo de gobierno, afectan el funcionamiento de la administración y provocan percepciones hacia fuera del gobierno de desorden y falta de control. Hay algunos conflictos muy públicos, como el del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Hay otros menos visibles, pero muy fuertes, como el del fiscal Alejandro Gertz Manero con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Pero no son los únicos.

En la Secretaría del Bienestar se vive uno de los choques más violentos, entre la titular María Luisa Albores, y la subsecretaria Adriana Montiel, la responsable de los programas sociales. Otro, que tiene incidencia directa sobre la educación superior, es el que sostienen los viejos aliados y amigos del presidente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Raquel Sosa, presidenta del Consejo Nacional de Morena y responsable de la creación de un nuevo sistema de universidades “Benito Juárez”, que es lo único que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación superior. A la baja se encuentra la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

Dos casos de aislamiento dentro del gabinete y con mala imagen en la opinión pública son los de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aunque a su favor se encuentra su responsabilidad sobre dos de los principales proyectos de infraestructura del gobierno, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto en Santa Lucía. Un caso de debilidad interna es el de Olga Sánchez Cordero, disminuida como secretaria de Gobernación, donde la operación política la lleva el subsecretario Zoe Robledo, y muchas funciones de la gobernación se las encarga el presidente a su consejero jurídico, Julio Scherer.

El futuro del gabinete es incierto en estos momentos, pero la coincidencia es que tendrá que haber un ajuste bajo cualquier escenario. Se verá si es un equipo para reforzar al presidente, o para enfrentar una emergencia económica.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/13 DE MAYO DE 2019)

EL DESASTRE DE CUAUHTÉMOC


La vida en Morelos no vale nada. Por cinco mil pesos, un joven mató a dos personas, a plena luz del día, a un costado del Palacio de Gobierno en el centro de Cuernavaca. Era una apuesta -la muerte o la cárcel como alternativas opuestas- que jugó con la esperanza de huir. Fracasó en este intento, pero tuvo éxito para subrayar las condiciones de inseguridad en ese estado, donde el ecosistema de impunidad es parte del paisaje local. El gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró estar muy enojado, en una reacción emocional. Tampoco hay que sorprenderse. Blanco llegó a la gubernatura no por su talento político, sino como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder, aprovechando la popularidad del ex futbolista por quien se volcaron en las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.

Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte del corredor del narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín disputado por organizaciones criminales. Las autoridades estatales han identificado células de cuando menos cinco grupos delincuenciales, de presencia nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca -un negocio de 300 millones de pesos anuales-. También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros Unidos -que tiene una estructura y niveles de operación que permiten considerarlo como un cártel-, y La Familia Michoacana.

Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente, dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.

Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto, crecieron 36% en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental. Morelos es el sexto estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05) y Jalisco 45.57. La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de estos crímenes cada hora.

La alta incidencia delictiva supera los máximos alcanzados en el gobierno de Graco Ramírez, que desató protestas y marchas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. Según el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de confianza en las autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es el principal factor al que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad, aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de fondo, sino su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde que era alcalde de Cuernavaca.

Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, al anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el gobierno del estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no tiene buena relación con él, a quien considera cercano al ex gobernador Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión en enero, cerró la Presidencia Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.

Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el resto de su gestión y del combate a problemas como el de la inseguridad, se extienden dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques más significativos es con el fiscal -que asumió en el gobierno de Ramírez-, Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar su salida con el Congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado con otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con quien se peleó públicamente.

Blanco es uno de los gobernadores más incompetentes, con problemas de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal culpable del desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo hizo su candidato -reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de siete millones de pesos- para alcanzar el poder. Tras ganar la alcaldía se pelearon y Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su conflicto con Ramírez, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también lo respaldó.

Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar salida a los problemas. La inseguridad los devora, la ingobernabilidad crece, y los responsables de que sea gobernador guardan irresponsablemente silencio, mientras Morelos, que no parece importarle a nadie en la clase política fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ 10 de mayo de 2019)


RESENTIMIENTOS


México es un país con una sociedad desigual, clasista y racista. La inequidad se amplió con el modelo económico que arrancó a finales de los 70’s en el Reino Unido ante la múltiple esclerosis del viejo sistema de la posguerra. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro británica, fue implacable con los sindicatos, provocó  la depresión económica en Manchester y Liverpool, las puertas de la Revolución Industrial, y acabó con generaciones de obreros. Ronald Reagan siguió en las zonas obreras del norte de Estados Unidos y luego, la izquierda en Francia y España hicieron la reingeniería de su economía. En México arribó en 1985 el modelo llamado neoliberal, donde el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, construyó su escalera a la Presidencia.

La desigualdad se acrecentó. El modelo neoliberal resolvió los problemas macroeconómicos y le dio viabilidad financiera a las naciones, pero ensanchó la brecha entre ricos y pobres, generando muchos más pobres que ricos y provocando una distribución deforme de la riqueza. Varias naciones iniciaron correcciones desde hace una década, sin alcanzar todavía el objetivo buscado, mientras otras, como México, permanecieron insensibles a ello. La victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales y el apoyo social masivo que obtuvo, mostró quién entendió esa realidad y quién la soslayó.

López Obrador llegó a la Presidencia con su viejo lema, “por el bien de todos, primero los pobres”, y su llegada a Palacio Nacional los empoderó. Aún no se ven las reformas fiscales que puedan de manera sólida y duradera atacar la desigualdad, pero una externalidad sí se ha instalado con rapidez: el resentimiento social, que está tomando cuerpo activo, hostil y agresivo, alimentado por un discurso político reivindicatorio, de polarización de clase y estigmatización: todo el pasado fue corrupto y lleno de privilegios; hay que erradicarlo.

Las consecuencias abandonaron el mundo virtual y crean nuevos fenómenos sociológicos. Un botón de muestra lo aportó la periodista Carolina Rocha en su cuenta de Twitter, al narrar una reciente experiencia en la Ciudad de México. Escribió:

“Iba rumbo a TV Azteca. Me pasé por distraída y ensimismada. Tomé por ello el retorno de Periférico Ajusco y volví en U. Vi un chico que dudó en cruzar frente al coche delante de mí. Bajé la velocidad. Lo volteé a ver y justo ahí me aventó un vaso con agua en la cara. No supe qué hacer. Sólo alcancé a gritar (ofrezco una disculpa por escribirlo) ‘hijo de puta’. Enojada y asustada. No sabía si regresar y lanzarle insultos. Pensé que quizás era un líquido peligroso. Intentaba captar olores. Tocarme el rostro…

“Sentir si estaba caliente o con alguna alergia. Nada. Quise llorar. Pero seguí el camino. Ya en el canal me quité el chal que traía y olí que eran orines. De verdad me pregunto qué motiva a alguien a hacer algo así. Pues lastima y llena de rabia e impotencia al atacado. JODER. Así de sencillo. Pero ahora que escribo pienso que no importa que quiso ese muchacho que no se veía drogado o enfermo. Pienso que la vida me lanzó un despierta. Abre los ojos. Una cubetada en días en que justamente he estado encerrada en sí misma. Despierto, pues”.

Carolina Rocha es rubia, educada en escuelas privadas y trilingüe. Pero también, desde hace más de una década ha hecho un periodismo con alto contenido social y crítico del priismo y el panismo. Ha viajado por todo el país dándole voz a quienes no tienen, y visibilidad a los más marginados. Pocos periodistas en este país han sido tan consistentes y comprometidos con ese tipo de cobertura periodística. El joven que la atacó muy probablemente no sabe quién era, ni qué hacia. Simplemente la agredió por lo que pareció que representaba, de acuerdo con los estereotipos del discurso de la cuarta transformación. Una situación similar vivió poco antes Danielle Dithurbide, conductora en Televisa, a quien tras darle el paso a otro joven transeúnte, le tiró una cubetada de lodo al automóvil.

Si uno se detiene a pensar un momento, ambos jóvenes realizaron sus agresiones con premeditación. ¿Qué lleva a estos extremos? Hace poco más de dos años apareció un libro del indio Pankaj Mishra, llamado “La Edad del Rencor: Una Historia del Presente”, donde argumenta la crisis universal ocasionada por la privación de millones de personas a los avances económicos, sociales y políticos de esa era, marginados por el inescrupuloso capitalismo global. La solidaridad social, agrega, se ha roto, con lo cual se han creado masas de individuos atomizados cuyos resentimientos se expresan en repudio de ese orden—aquí identificado como el viejo régimen.

Mishra sostiene que se vive una violencia “endémica e incontrolable” alimentada por los odios. Es claro el diagnóstico. El fenómeno es universal. Ni México representa un nuevo fenómeno, ni el presidente López Obrador es único. Es una figura que se ha sumado a la revolución que vive el mundo. El contexto y el discurso, como en cada nación en particular, añade variables. Aquí, se podría argumentar, está sacando lo peor de todos. No lo quisimos ver a tiempo para corregir. Hace muchos años, Pedro Vargas, un gran cantante mexicano, bromeaba con crudeza, que para que no lo discriminaran en Sanborns tendría que bañarse en leche para hacerse más blanco. La humillación, constante histórica en el resentimiento social.

No hay receta en el libro para enfrentar el fenómeno, que tampoco es optimista. Pero sus descripciones, información y análisis nos lleva a reflexionar sobre lo que podemos hacer. Cada uno, en lo individual y colectivamente, para evitar que esta ola de rencor global nos continúe arrasando de manera creciente sin darnos la oportunidad para transformar lo que ya no sirve.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 9 DE MAYO DE 2019)

LA RENUNCIA DE ROMO (II)


Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, realizó una operación de control de daños urgente en medios electrónicos. Le urgía, después de que terminó la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, desmentir que había presentado su renuncia al cargo -que no le aceptaron-, como se apuntó en esta columna. Inició la operación mediática en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde dijo además que el presidente no lo ha maltratado, que está trabajando mucho y que de haber presentado la renuncia el pasado 2 de mayo, la habría sostenido. Su equipo fue pidiendo espacio en los programas de radio matinales y en los vespertinos para repetir el argumento e impedir que la especie sobre su renuncia creciera.

Romo hizo lo que políticamente debía hacer para evitar, precisamente, infligir el daño al presidente que habría causado su renuncia. Si no fue irrevocable y aceptó la negativa del presidente a aceptarla, también tuvo que asumir el costo de dar la cara y decir cosas que, fuera del escrutinio público, es totalmente contrario a lo declarado, su inconformidad por el poco espacio que tiene para incidir e influir en Palacio Nacional. Romo, incluso, no cuenta con una oficina cercana al presidente, sino despacha en el edificio inteligente que se construyó en Los Pinos durante el gobierno de Felipe Calderón, a nueve kilómetros en línea recta de Palacio Nacional, lo que lo hace el primer jefe de Oficina de la Presidencia que despacha lejos del presidente, y el primero cuyo peso político dentro del gabinete y el gobierno es prácticamente nulo. Como anécdota de fondo y forma, está tan alejado del imaginario del entorno presidencial, que en la Feria Aeroespacial en Santa Lucía en abril, se les olvidó reservarle una silla en el presidium.

Los motivos de la renuncia de Romo y su deseo de dejar el gobierno, están directamente relacionados con el maltrato del presidente que optó por respaldar al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por encima de él, con quien se ha enfrentado desde los meses de la transición, en una lucha por espacios y poder donde ha fracasado. Romo quiso poner al secretario de Hacienda, pero el presidente nombró a Urzúa. También buscó a uno de los suyos en la cartera de Economía, pero López Obrador le aplicó la misma receta.

Logró colocar a leales en organismos descentralizados, pero Urzúa los fue anulando, como sucedió con Eugenio Nájera, vinculado al sector empresarial regiomontano, que trabajó con Romo en la coordinación del gabinete propuesto por López Obrador durante la campaña, y a quien llevó a la dirección de Nacional Financiera. En su primer Consejo de Administración, Urzúa lo anuló y le hizo ver que ese organismo dependía de él, no de Romo.

Los choques entre los dos comenzaron de manera abierta temprano en la transición. El primer roce fue en septiembre, cuando Urzúa reforzó una declaración de López Obrador sobre el costo de las gasolinas, y dijo que sólo subirían la tasa de inflación, y que no habría gasolinazos. Romo declaró, sin embargo, que no habría control en los precios de gasolina, que no iba a haber subsidios y que no se haría nada que no fuera regido por el mercado; es decir, dejó abierta la puerta a gasolinazos.

Un segundo choque fue durante la discusión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Aunque los dos favorecían su construcción, Romo afirmó a los inversionistas que el aeropuerto que la construcción seguiría y que no había de qué preocuparse por la consulta ciudadana que se iba a organizar. Urzúa siguió las instrucciones del entonces presidente electo, y a diferencia del jefe de la Oficina presidencial, no perdió credibilidad ni interlocución ante los inversionistas. Romo no ha dejado de entrometerse en el terreno de Urzúa, como cuando adelantó en público que se realizarían nuevos recortes en la Administración Pública, que tuvo que ser desmentido por el secretario de Hacienda. En todos los casos, López Obrador ha respaldado a Urzúa, en perjuicio de Romo.

Romo está muy disminuido dentro del gobierno, sin equipo ni recursos. El presidente le prohibió utilizar su avión privado para viajar los fines de semana a Monterrey, donde está su familia, y su equipo no dispone de viáticos para hacer lo mismo, teniendo que subsidiar al gobierno por trabajar en él para poder regresar a Monterrey los días de descanso. En sus diferentes apariciones en los medios este martes, dijo que estaba organizando grupos empresariales en todo el país. En realidad, de acuerdo con miembros de las cúpulas del sector privado, no tiene nada concretado, y quiere colgarse y arroparse en las nuevas organizaciones que se están construyendo dentro del Consejo Coordinador Empresarial.

El espacio de maniobra de Romo es muy reducido y está acotado. El choque con Urzúa lo ha ido desgastando aún más que al secretario de Hacienda, a quien el presidente le ha encargado el rescate económico del país, ignorando por completo lo que pueda hacer su jefe de Oficina. Esa realidad ha hecho de Romo un token, un anglicismo que se utiliza para describir a quienes sólo son utilizados como símbolo, sin ningún peso para quien los emplea de esa manera, y él está consciente de que perdió la batalla con Urzúa y que el presidente no ha tenido dudas en quién apoyarse.

La salida de Romo del equipo presidencial se contuvo por ahora, pero salvo que todo lo que ha sucedido en los últimos siete meses se modifique, será inevitable. ¿Cuándo? Para el presidente es un asunto de tiempos y oportunidades, de lo cual se hablará en un siguiente texto.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/8 DE MAYO DE 2019)

LA RENUNCIA DE ROMO


El maltrato del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores no había hecho crisis hasta hace unos días, cuando el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, presentó su renuncia. No se la aceptó, pero la herida quedó abierta. Este episodio grita el estado de ánimo que se está viviendo en Palacio Nacional -aunque Romo despacha en un edificio inteligente en Los Pinos-, y las dificultades internas que tiene el equipo presidencial para ayudar a gobernar a López Obrador. El rechazo a aceptar la renuncia sofocó lo que habría sido el principio de una crisis profunda, pero está lejos de haberse resuelto la tensión que se vive en los corredores palaciegos. A los problemas naturales del ejercicio del gobierno se están acumulando los agravios del presidente contra su propio equipo.

Romo ha acompañado a López Obrador desde la campaña presidencial de 2006, esforzándose en explicar al sector privado lo que significan sus palabras y su proyecto de nación, y tratando de minimizar los costos de sus constantes choques con los empresarios. Siempre lo había respaldado, como cuando en la campaña de 2018, el Grupo Monterrey le dijo que establecerían un diálogo regular con él, pero que cambiara a Romo como su enlace. El entonces candidato se negó y forzó a los empresarios a tener a su coterráneo como el puente con él. Parecía tener, en ese momento, toda la confianza de quien apuntaba para ser presidente.

Como lo ha sido desde hace casi tres lustros, Romo es su cara ante el sector privado, nacional e internacional, y lo llevó a su equipo cercano en Palacio Nacional aún cuando el deseo del empresario regiomontano era quedar fuera del gobierno. El presidente insistió y comenzó a trabajar muy cerca de Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia, a quien los une una vieja amistad común, la de Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda, consultor y empresario exitoso. La cercanía con López Obrador, se fueron dando cuenta los inversionistas, no significaba realmente mucho.

El episodio público más claro fue cuando las deliberaciones sobre si se cancelaba o continuaba la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde dos semanas antes de una consulta ciudadana a finales de octubre, con López Obrador en calidad de presidente electo, Romo les dio todas las garantías a los inversionistas que la decisión final, sin importar los datos de esa medición, sería continuar la construcción. Para sorpresa de Romo y varios en el círculo cercano de López Obrador, la decisión fue que cancelaría la obra, y forzó a su consejero a sentarse junto al él en una conferencia de prensa donde dio a conocer el rumbo que seguiría.

En menos de 24 horas, Romo perdió credibilidad ante inversionistas y el sector privado. No representaba a López Obrador, ni estaba enterado de lo que iba a decidir, fue la conclusión. El consejero aguantó la humillación, pero el maltrato, de acuerdo con personas cercanas a él, no ha cesado. No es algo personal, habría que atajar, sino parte del estilo del presidente. Por ejemplo, no ha intervenido en el creciente conflicto de Romo con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa -que también ya ha dado muestras de desgaste por razones similares-, generado por el propio presidente al no establecer con claridad las líneas de responsabilidad y mando, donde los dos se han venido cruzando y enfrentando. La decisión que muestra López Obrador en público al transmitir todas las mañanas que está al mando, se vuelven vacíos de autoridad y silencios cuando de ordenar a su equipo de trata.

El maltrato con Romo no es personal, en abono al presidente. A veces parece hasta inopinada la forma como ni siquiera se da cuenta del daño que le hace a sus colaboradores, al gobierno y a sí mismo. Públicamente ha desautorizado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú y, de manera sonora, en dos ocasiones muy importantes, porque se trata de inversionistas a quienes envía mensajes contradictorios, al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien desmintió que se pospondría la cancelación de la refinería en Dos Bocas, y que se estaba evaluando imponer la tenencia a nivel federal.

Ninguno de ellos ha reaccionado. Herrera ya conoce de los descolones de López Obrador desde que trabajó con él en el gobierno de la Ciudad de México, y parece no importarle su prestigio. Nahle nunca hubiera llegado a donde se encuentra, si la mano de López Obrador no la cuida y la impulsa hasta la cartera de Energía, donde por su incompetencia y falta de conocimiento, no habría habido ningún otro gobierno que le delegara tanta responsabilidad. Jiménez Espriú ha figurado en los gabinetes de López Obrador desde el primero que anunció en 2006, recuperado del retiro para servir como fusible y pararrayos, con el convencimiento total de que será incapaz de llevarle la contra a su jefe. Romo no está hecho del mismo material.

No se revelaron los detalles que llevaron a la decisión de renunciar, ni los argumentos del presidente para rechazársela. El entorno económico, sin embargo, no es favorable al gobierno, aunque López Obrador insista que la economía se encuentra saludable. Internamente, el presidente sabe que el panorama económico está muy complicado, que se pondrá más difícil si se baja la calificación de Pemex, y que lo agrava el mal clima de inversión actual. La salida de Romo en este momento equivaldría a un mensaje que las fuerzas moderadas perdieron la batalla, y que el radicalismo en el equipo presidencial, ganó una partida que llevaría probablemente a una crisis económica.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/7 DE MAYO DE 2019)

DEGRADACIÓN SOCIAL


La violencia contra políticos ha aumentado de manera dramática: 46% subió en el primer trimestre de 2019. El dato ha dejado de ser relevante. Hay tanta violencia y asesinatos todos los días que no importa uno más. Ya no son nombres, son números o, en el peor de los casos, apodos. Sólo cuando hay menores entre las víctimas se asoma la indignación y se reacciona. Lo paradójico de estos datos compilados y analizados por la consultoría Etellekt, es que a diferencia del proceso electoral del año pasado, donde la variable del crimen organizado aparecía detrás de la mayoría de los asesinatos de los políticos, en el primer trimestre éste no es el factor, sino la lucha entre partidos y por los recursos presupuestales en los municipios más pobres. Es decir, estamos peor.

La degradación de la vida pública es lo que refleja el último estudio de Etellekt, cuyos datos fríos de sí, hablan de un país rumbo a la anomia. Los homicidios dolosos, que ha sido indebidamente tomados como referente del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno, bajaron en el caso de los políticos 14% en relación con el primer trimestre de 2018, de 38% a 24%, pero la privación ilegal de la libertad o el secuestro (que no son lo mismo; por el segundo se pide rescate, por el primero no), subió 450%, y las intimidaciones y las amenazas, 192%. Dato importante también, el incremento en la violencia este año se focalizó en las mujeres, de 21 agresiones en el primer trimestre del año pasado, a 79 en este, que significa un crecimiento de 276%.

No hay un diagnóstico claro y concluyente sobre el cambio de fenómeno de violencia contra los políticos entre el proceso electoral del año pasado, donde no sólo el primero, sino el segundo semestre tuvieron un crecimiento espiral en los indicadores de muertes, y lo que está sucediendo en este primer trimestre. El año pasado Etellekt registró que las entidades con mayor violencia política eran aquellas con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, relacionadas en gran parte con acciones de la delincuencia organizada. Pero en el primer trimestre de 2019, la violencia está concentrada en estados con altos índices de pobreza y que tuvieron elecciones muy cerradas.

Estos datos sugieren la lucha no tanto por el control político de los municipios, sino de sus recursos presupuestales. Etellekt registró que el 62% de las 180 agresiones contra políticos se concentraron en Oaxaca (27), Veracruz (22), Puebla (14), San Luis Potosí (12), estado de México (15), Guerrero (12) y Guanajuato (11), quienes rebasaron la media nacional de agresiones por seis. La mayoría de los incidentes de violencia (47%) se dieron en contra de militantes de Morena, seguido lejanamente por militantes del PAN (14%), lo que se explica por el tsunami electoral producido por el candidato Andrés Manuel López Obrador, que llevó a cientos de sus simpatizantes a puestos de elección popular, rompiendo no sólo viejos controles territoriales y poderes caciquiles, sino generando envidias patológicas.

En el primer trimestre de 2018, recuerda Etellekt, el 17% de los políticos agredidos en el país eran de Morena, por lo que los datos del mismo periodo este año reflejan un incremento de 405% en la violencia contra morenistas, mientras que la que afectaba a priistas decreció 55%. Sin embargo, resaltó la consultoría, la tercera parte de las agresiones contra los morenistas fueron realizadas por militantes de Morena, lo que confirma una vieja premisa en la política, donde los conflictos internos en un partido se empiezan a acentuar y a agravar cuando las posibilidades de acceso al poder son reales. No obstante, de ese 62% mencionado, los incidentes se registraron en cinco de las siete entidades de mayor violencia, y el abanico de ataques se extendió de 10 entidades en el primer trimestre de 2018, a 22 en 2019.

El cambio en la demografía política del país aparece como una variable directamente asociada a esta reorientación de los objetivos de la violencia política, como se puede argumentar en el caso de las mujeres afectadas por el fenómeno. Aunque no hay suficiente información aún para descartar feminicidios, la violencia contra mujeres parece responder al avances en la paridad de género como resultado de las reformas electorales de 2013 y 2014, que llevó en números sin precedentes a mujeres a congresos estatales y cabildos. Esta inclusión igualitaria, resalta Etellekt, “pone en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales”.

La radiografía que proporciona la consultora, que se ha especializado en la medición de la violencia política, muestra un cuerpo enfermo y en algunos casos comenzando a apestar por la putrefacción. El 82% de los políticos asesinados en el primer trimestre eran opositores a los gobiernos estatales, y el 85% de las amenazas e intimidaciones fueron contra autoridades electas, particularmente y en orden de número de agresiones, alcaldes, regidores y diputados locales.

Una vez más se demuestra que la parte más vulnerable para la contención y el combate a la inseguridad, está a nivel municipal. Si no hay una estrategia que refuerce ese tercer nivel de autoridad, la anomia se va a convertir en una realidad extendida en el país. La otra variable, que no es nueva pero persiste de manera indómita, es la impunidad, que como ha sido en otros años, sigue siendo el puente comunicante con todo tipo de violencia, acentuado hoy por ambición de poder y de dinero. Pero sobre todo, por la falta de un sistema de procuración y administración de justicia. En síntesis, por la ausencia de un país de leyes.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 6 DE MAYO DE 2019)


EL TEFLÓN SE LE ACABÓ


La alineación de las estrellas cambió para el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas dos semanas, aunque todas las mañanas, de manera inexorable, sale a dar la batalla contra todos. El viraje se dio con la matanza del 19 de abril en Minatitlán, donde su indiferencia inicial ante un evento de alto impacto en la opinión pública -un menor de un año fue una de las víctimas-, le generó una fuerte crítica que marcó una inflexión en términos de opinión pública, que hasta hace muy poco manejaba de manera positiva. Ese asesinato colectivo se sumó a las persistentes críticas por el aumento a la gasolina y la cancelación de las estancias infantiles, que ha transformado el ánimo de la gente que antes lo recibía efusivamente en donde llegara, a expresiones de molestia y reclamos que han hecho mella en el presidente, mostrándolo cada vez más irritable ante las críticas.

La matanza de Minatitlán generó una intensa actividad en las redes sociales desde el día en que se supo de ella, pero el presidente sólo se refirió a ella 48 horas después. El Índice GLAC registró entre el 19 y el 22 de abril 259 mil 86 menciones en las redes sociales y los medios de comunicación digitales, donde el 64% hacían responsable del asesinato a López Obrador, descalificando su respuesta ante la inseguridad y recriminándole no ofrecer el pésame a los familiares de las víctimas. La mañana del 20 de abril comenzó a aparecer el hashtag #AMLORENUNCIA, que fue tema de conversación durante más de cuatro horas, hasta que fue neutralizado por #AMLOElPuebloTeApoya. El primero contra el presidente fue alimentado por 25% de bots -que es estándar-, pero el segundo tuvo que recurrir a 37% de bots, lo que habla de cuánto tuvieron que invertir en recursos los defensores del presidente para acallar las críticas.

Las redes sociales son un pulso del ánimo de la gente, pero sus tendencias fueron gradualmente confirmadas por otros estudios. La encuesta de GEA-ISA de marzo sobre su gestión de gobierno, puso a la seguridad como el tema de mayor preocupación de los mexicanos (46%). La segunda de mayor interés fue el de la economía (35%), que al sumarse mostraron que ocho de cada 10 mexicanos están enfocados únicamente en esos dos temas. Los indicadores de ambos muestran un deterioro agudo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende del gobierno federal y toma sus datos de todas las procuradurías y fiscalías del país, reportó que el primer trimestre de 2019 fue el más violento en la historia de México, desde que se tienen estadísticas -en 1996-, y fue 9% superior al primer trimestre de 2018. Esto da un promedio de 95 homicidios diarios, superior a lo que se ha registrado en Venezuela, que está sumido en el caos y la violencia, en el mismo periodo. El presidente López Obrador, sin embargo, niega los datos de su propio gobierno. En su conferencia de prensa de este jueves, dijo que los índices de violencia venían a la baja.

No hay ninguna evidencia de que esto sea cierto, salvo que juegue con las estadísticas. Por ejemplo, en marzo se registró una ligera baja en el índice de homicidios dolosos, pero con respecto al mes anterior, puesto que en el comparativo con el mismo periodo de 2018, seguía al alza. El manejo de las cifras puede ser engañoso, aunque se diga la verdad, como es este caso. López Obrador lo hizo previamente cuando semanas antes aseguró que la violencia se había contenido, al utilizar datos preliminares que después mostraron ser parciales. El manoseo de la estadística y la participación de funcionarios en diferentes oficinas, ha llevado a fuertes contradicciones dentro del gobierno. La peor, por evidente, en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se contradicen las cifras de incidencia delictiva. Ciertamente, el juego con los números y las frases no es algo inusual en el presidente.

El comportamiento de la economía es otro de los fantasmas que combate prácticamente todos los días. Sin importar qué institución hable de un crecimiento a la baja, López Obrador la descalifica mediante el calificativo de “conservador” y de señalar a quien da a conocer su expectativa de crecimiento como parte de sus “adversarios” que quieren que le vaya “muy mal a su gobierno”. También minimiza con retórica pura. Por ejemplo, tras informar el INEGI el miércoles que el primer trimestre de este año había sido el peor desde la crisis financiera global de 2009 -de la que Europa aún no termina de salir-, dijo que la economía iba “requetebién”. Al comentar el reporte de El Financiero del subejercicio en el arranque de su gobierno, sobre la base de los datos de Hacienda, dijo que no era subejercicio, sino ahorros.

A menos que el presidente López Obrador sepa lo que nadie conoce en el mundo, las dos variables seguirán en caída afectando su gestión y su aprobación. La encuesta de GEA-ISA refleja un creciente rechazo al presidente y dudas sobre su eficiencia. El 60% no lo creen capaz de gobernar y el 63% considera que no será capaz de resolver los problemas. Su aprobación general está en 64%, que sigue siendo muy alta, pero ya viene cayendo.

El teflón de López Obrador, que construyó desde hace unos 15 años cuando el presidente Vicente Fox lo quiso meter a la cárcel por una falta administrativa menor, se ha deteriorado rápidamente. Los síntomas en el país no pintan bien para su gobierno, y sus reflejos políticos, de fuga eterna hacia delante, no anticipan nada bueno para muchos. El verano y el otoño, se puede decir, lucen borrascosos.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 3 DE MAYO DE 2019)

EL CÁRTEL DE LOS SOLES


Detrás de la crisis venezolana y la sublevación que no obtuvo el objetivo inmediato que buscaban, porque recularon los principales altos mandos militares que aparentemente habían aceptado traicionar al presidente Nicolás Maduro a cambio que le garantizaran a él y a sus cercanos una salida honrosa, hay un factor que ayuda a entender porqué no se dio, cuando menos hasta ahora, la fractura esperada: el Cártel de los Soles. Así se llama a todos los militares y funcionarios del gobierno de Venezuela implicados en el narcotráfico, y se puede plantear como hipótesis de trabajo, que el entramado criminal dentro del aparato de gobierno de Maduro, llevó a considerar a varios de sus leales que en las condiciones actuales, era mejor seguir cohesionados que divididos. Difícilmente una salida “con honor”, como se había planteado, podría darse con tantos leales a Maduro, denunciados y perseguidos por la justicia en Estados Unidos.

La variable criminal en Venezuela hace más difícil la solución negociada a la crisis que se vive, porque es un factor donde no hay concesiones. El Cártel de los Soles fue un término utilizado por primera vez en 1993, al darse a conocer que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén, jefe la Unidad Antidrogas, financiada por la CIA, y su sucesor Orlando Hernández, eran investigados por tráfico de cocaína a Estados Unidos. Esta organización no es propiamente un cártel, porque no controla los medios de producción, distribución, comercialización, ni los precios de las drogas, sino que transportaba la cocaína de las FARC colombianas de Venezuela a Honduras y México, para ser llevada a Estados Unidos por el Cártel del Pacífico, y a República Dominicana y Surinam, para ser enviada a Europa y África.

La estructura de mandos del Cártel de los Soles, explicó Brenda Fiegel, analista de inteligencia en la Oficina de Estudios Militares en el Fuerte Leavenworth, Kansas, en un artículo en Small Wars Journal, fundado por ex infantes de Marina de Estados Unidos, sólo comprende altos mandos militares y del gobierno, en un modelo jerárquico híbrido, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos, que tienen una estructura piramidal con un líder, jefes de plaza y lugartenientes, que tienen que invertir fuertes sumas de dinero y utilizar sus conexiones gubernamentales para evitar que los capturen. El Cártel de los Soles, agregó, son los militares y los funcionarios quienes manejan la organización, determinan las detenciones y crean leyes que los beneficien.

Fiegel señaló que el líder histórico de la organización es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque su poder es repartido de manera horizontal, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos. Cabello, hombre cercanísimo a Maduro, es sólo la punta de la madeja. Una investigación de tres años, realizada por la fundación InSight Crime, con sede en Washington, que fue dada a conocer el año pasado, encontró a 123 personas relacionadas con el Cártel de los Soles, de las cuales identificó a un puñado que incluía, además de Cabello, por asociación a la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuyo hijo, Walter Jacobo Gavidia, y dos sobrinos están involucrados en el narcotráfico; Tareck El Aissami, vicepresidente para el Área Económica; el mayor general Nestor Reverol, actual ministro de Justicia; Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del interior y de Justicia; y Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo y ex jefe del Comando Estratégico del Ejército, entre otros.

Los nexos criminales abarcan al sector empresarial. La investigación de InSight Crime recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicó el Acta Kingping a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para sancionar a siete personas, la mayoría empresarios, encabezados por el presidente de Globovisión, Raúl Antonio Gorrín, por su presunta vinculación con una red de corrupción en el que participó la ex tesorera, Claudia Díaz Guillén, donde le daban dólares a un tipo de cambio preferencial que generó ganancias legales por dos mil 400 millones de dólares.

InSight Crime reveló que el narcotráfico se encontraba en cuando menos 12 instituciones, incluida la Vicepresidencia, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Petróleos de Venezuela -hoy controlada por militares-, y siete ministerios. “El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos, quizás calculando que si el régimen cae ellos serán los que más tengan que perder y por consiguiente harán lo máximo posible para preservar al régimen, y a su cabeza”, afirmó InSight Crime. “Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma del narcotráfico en diversos grados”.

La crisis venezolana, en el segundo día de sublevación, estaba caracterizada por dos facetas. La primera, que comenzó con la asonada militar llamada Operación Libertad, tiene que ver con la narrativa de la victoria entre Maduro y el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. La otra, la de las negociaciones con el ministro de Defensa, Vladímir Padrino, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, y con Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que no han sido señalados de vínculos con el narcotráfico.

Elliott Abrams, un halcón en política exterior y encargado especial de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, confirmó a la agencia EFE que habían negociado romper con Maduro, pero que cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo. En ese momento de definiciones, quienes le iban a dar la espalda a Maduro reevaluaron sus costos y pérdidas, y cerraron filas, cuando menos por ahora, con el Cártel de los Soles.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/  2 DE MAYO DE 2019)

GOLPE EN VENEZUELA


El lunes pasado apareció en la portada de la edición mexicana de la revista GQ la fotografía de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela con una propuesta clara para lograr la caída del presidente Nicolás Maduro: quebrar la base de apoyos que mantiene en las estructuras de poder, pero en particular con los militares. En la madrugada del martes apareció un video en donde Guaidó llama a un golpe de Estado. La entrevista -calendarizada quizás unilateralmente por los asesores del venezolano- coincidió con lo que llamó la “fase final” de la Operación Libertad, para lograr el “cese definitivo” de la “usurpación” del poder por parte de Maduro, que dio el banderazo para que miles de personas tomaran las calles para desafiar a las fuerzas de seguridad, elevando la presión al Ejército para darle la espalda al presidente.

La intentona del golpe de Estado, en tiempo real. Caos, violencia, gases lacrimógenos y enfrentamientos dominaron la jornada, donde no está claro qué hay detrás de lo que no se ve. Lo que se vio, por la parte de Guaidó, es que en el video aparece en una toma cerrada donde cuando panea la cámara, pueden contarse máximo 35 soldados o, cuando menos, vestidos como soldados, con un vehículo militar artillado en la parte posterior, que abulta. Visto de esta manera, el “intento de golpe de Estado de una magnitud mediocre”, como definió el ministro de Defensa y hombre fuerte de Maduro, Vladimir Padrino, parece tener sentido.

Sin embargo, hay algunos síntomas de que las cosas estaban fuera de control. Desde temprana hora, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ordenó el cierre de la señal abierta en los medios electrónicos privados, por lo que las cadenas de televisión y Radio Caracas comenzaron a transmitir programas de tarot o se enlazaron a la señal de la televisión estatal. Poco después, sacó del aire las transmisiones de las cadenas estadounidenses CNN y CNBC, y de la inglesa BBC. Poco antes, según el observatorio de Internet en Europa, NetBlocks, la empresa paraestatal de telecomunicaciones, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, limitó el acceso a Twitter, Facebook, YouTube y otros servicios de Google, aunque pudieron salir datos a través de servicios VPN.
Sobre la experiencia de sublevaciones en otras naciones, se puede argumentar que lo que sucedió en Venezuela este martes, mostró que ninguna de las dos partes tenía la suficiente fuerza para imponerse rápidamente, y al mismo tiempo, ninguna estaba tan débil para ser doblegada. Este tipo de intentonas tienen otro tipo de velocidad. Cuando se sublevó el coronel Leónidas Macías, jefe de la Policía Antidisturbios en Panamá -con el apoyo también de Estados Unidos- en 1988 en contra del general Manuel Antonio Noriega, la gente salió a las calles y se arremolinó en torno al cuartel de la Policía Nacional en el barrio de La Chorrera, a media mañana, pero las turbas norieguistas se enfrentaron a la gente en las calles, y los militares leales al general sofocaron el levantamiento.

Noriega salió airoso en ese momento, pero sería marcado como el principio del final, que terminó al año siguiente con la invasión estadounidense en Panamá. En Argentina, cuando el pueblo argentino se dio finalmente cuenta que el gobierno militar los había estado engañando con propaganda y que habían perdido la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido en 1982, cientos fueron a la Casa Rosada a protestar, y fueron dispersados con balas de goma y gas pimienta. Aunque aparentemente salió intacto el régimen militar, días después el presidente, el general Fortunato Galtieri, presentó su renuncia y comenzó el camino de la democratización en aquella nación. La moraleja de esos dos eventos es que si alcanza la sublevación la fuerza necesaria para fracturar a un régimen, su caída será inminente.

En Venezuela no pasó eso, y a diferencia de Argentina y Panamá, el consenso internacional está volcado mayoritariamente hacia Guaidó y la sublevación. Sin embargo, hubo posiciones ponderadas. Frente al abierto golpismo de Estados Unidos, los gobiernos de Francia y España reiteraron su apoyo a un proceso pacífico democrático, pero expresaron su preocupación para que, como dijo el Palacio de la Moncloa, “no se produzca un derramamiento de sangre”. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en esa línea, al pedir una solución pacífica negociada, en contraposición con la mayoría de las naciones latinoamericanas.

México está del lado correcto de la historia, aunque muchos mexicanos, por razones objetivas, prefieran ver este episodio de manera coyuntural. Es cierto que Maduro ha destruido instituciones democráticas, atacado todo el régimen de libertades, violado derechos humanos y llevado a los venezolanos a vivir en la precariedad, produciendo un éxodo masivo. Pero aceptar que por esas razones un gobierno pueda colocarse, moralmente, al lado de un golpe de Estado, es perder de vista los principios de soberanía. ¿Estarían de acuerdo los mexicanos que apoyan el golpe de Estado en Venezuela en respaldar una acción de esa naturaleza en México por el hecho de discrepar con las acciones de López Obrador, que mina las instituciones, provoca regresión a las libertades y toma decisiones que pueden llevar a la precariedad?

Los venezolanos llegaron a la situación en la que se encuentran porque sus élites fueron incapaces de organizarse y enfrentar el régimen. Hoy necesitan el apoyo de Washington para derrocar a Maduro. Venezuela nos regala una lección. La pasividad y la cobardía, no ayudan. La defensa de los valores democráticos y sus instituciones es el camino, para no jugar el papel de títeres de un poder que les ayude a tirar el poder que no quisieron ni supieron enfrentar.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 1 DE MAYO DE 2019)

LA 4T: EL EFECTO COBRA


La conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del martes pasado, será un clásico sobre cómo el enajenamiento colectivo supera las contradicciones de la cuarta transformación. Primero habló el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y explicó los resultados del combate al robo de combustible. Después, Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación, anunció que el gobierno había entregado más de dos millones de pesos a familiares de 157 personas que resultaron afectadas por la explosión de un ducto de gas en Tlalhuelilpan en enero. En minutos, el gobierno mostró su firmeza contra el robo de combustible y su generosidad para con quienes lo roban.

El perdón de un delito por el cual lanzó el presidente una cruzada nacional contra el robo de combustible, no tendría sentido y sería irracional, salvo en la lógica del presidente donde los pobres pueden saquear a la nación, por ser víctimas de un sistema corrupto. Su racional política se mantiene: si la ley no es justa, la justicia está por encima de la legalidad. Nadie reclama porque nadie se sorprende. La mañanera tiene pasmada a la sociedad que observa sin cuestionar el tipo de país que se construye. Lo que sucedió el martes resume la gestión presidencial, donde los incentivos están invertidos. Esta forma de gobernar produce distorsiones en la sociedad y en algunos países, como Rusia, fracasos.

Ahí, escribió el profesor de la Universidad de Alabama, Robert Nielsen, los trabajadores tenían muy pocos incentivos para trabajar fuerte y ser productivos, porque les pagaban de cualquier manera. Esto creó una sociedad codiciosa del menor esfuerzo, por que no había premios por innovación y ahínco, ni castigo por un trabajo malo o ineficiente, que llevó a un rendimiento mediocre de la economía que finalmente causó la caída del comunismo. Aunque esta descripción es somera, explica porqué la igualdad, pese a sus muchos méritos, fue llevada al extremo. Como no había desempleo, nadie se preocupada de trabajar mejor; como les pagaban sin importar la calidad, mejorarla era irrelevante. La productividad se estancó.

Esta falta de estímulos era sistémica, y se conoce como incentivos inversos. David Smeron, profesor de la Universidad de Queensland, apuntó en un artículo publicado en The Conversation, que los incentivos son un elemento central en la economía y el comportamiento humano. Smeron recordó una epidemia de cobras en Nueva Delhi, cuando era colonia británica, donde las autoridades ofrecieron dinero por cada cobra que les llevaran. En un principio fue un éxito, y las cobras comenzaron a escasear. Entonces, los indios empezaron a criarlas para cobrar sus recompensas. Cuando terminó el programa, los indios liberaron a las cobras y Nueva Delhi terminó con más serpientes que antes, lo que fue llamado Efecto Cobra.

Ross Douthat, en un artículo en The New York Times, se refirió a los incentivos perversos de los programas sociales. Citó un caso en los Apalaches, donde los padres temían que si sus hijos aprendían a leer, perderían los apoyos de un programa que les daba 700 dólares mensuales hasta que cumplieran 18 años, por lo que creció el número de analfabetas. Las externalidades de los incentivos inversos siempre son contraproducentes para todos.

Es el caso de lo que sucedió la semana pasada. En lugar de castigar a quienes robaban combustible en Tlalhuelilpan, los premiaron por haber muerto o resultar heridos. El evento que pudo ser manejado de manera ejemplar para no repetirse, recibió un estímulo económico. Programas sociales como dinero directo a jóvenes que no tienen trabajo ni escuela sin nada a cambio, estimula que no trabajen ni estudien. Dinero directo a los padres en lugar de estancias infantiles, abre la puerta a que los padres se queden con el dinero o paguen menos por el cuidado de sus hijos. Las altas tasas de natalidad en Chiapas tienen como una de sus explicaciones el que no hay planificación familiar porque por cada menor los padres reciben compensación económica. No combatir a los delincuentes porque se consideran víctimas del neoliberalismo, es una invitación a que puedan delinquir sin miedo a ser detenidos.

Los incentivos perversos son altamente populares para un gobernante, pero en el largo plazo se revierten. En el caso de López Obrador, el tropicalizado Efecto Cobra busca reducir la desigualdad, pero conducirá a una mayor pobreza. Ese dinero es un subsidio directo improductivo, con recursos obtenidos de proyectos de inversión o infraestructura, o de políticas como la promoción del turismo en el mundo, que generaba beneficios indirectos. Si no hay inversión ni programas que estimulen el empleo o la productividad, llegará pronto el momento que el dinero público se acabe y haya crisis económica o, como dice genuinamente el presidente, que el país, décimo tercera economía del mundo, camine hacia la pobreza nacional.

Hay que creerle al presidente y entender que sus intenciones son genuinas. Por lo mismo, hay que buscar convencerlo de que lo que pretende es insensato, una sandez o, para hablar en sus códigos, una gansada que no beneficiará a nadie, empezando por él, que será arrastrado por el desprecio y el repudio de muchos de aquellos a los que prometió exactamente lo contrario.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 30 DE ABRIL DE 2019)

LO QUE SIGUE CON ODEBRECHT


El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir al caso Odebrecht y la corrupción en México. Dijo el sábado que se “metió hasta la cocina” en gobiernos anteriores y que incluso llegó a tener una sesión de su consejo de administración en Los Pinos. Uno supone que debe tener información sólida, como el que tenga en sus manos la agenda de actos y eventos en Los Pinos, que prueben su dicho, aunque a veces parece que la tiene sólo parcial, como al afirmar que se inhabilitaría al conglomerado brasileño de tener contratos con el gobierno, lo que es un dato obsoleto, porque desde el gobierno anterior hay 12 sanciones de inhabilitación, multas por más de 500 millones de pesos, y 10 procesos contra ex funcionarios y empresarios. El tema de Odebrecht, sin embargo, no salió de la nada ni fue un distractor.

En Minatitlán, donde abordó el tema, saben mucho de ello, al participar Odebrecht en trabajos dentro de la refinería llenos de irregularidades, que incluye un sobrecargo de alrededor de mil millones de pesos adicionales a lo que se había proyectado. El estilo de López Obrador no es directo y toma los caminos más largos para establecer un punto, o incorpora tantos enunciados y deja tantos cabos sueltos que a sus declaraciones hay que aplicarle una técnica de arqueología para conocer para dónde y el alcance de lo que afirma.

Por ejemplo, dijo: “Esas empresas corruptas del extranjero no van a tener posibilidades de participar en licitaciones. Ya saben ustedes que hasta gobiernos extranjeros intervenían a favor de esas empresas”. Su afirmación, aunque puede ser imprecisa, definitivamente tiene puntos de contacto con la tierra. En diciembre de 2016, días después de darse a conocer la corrupción de Odebrecht en 11 países, se publicó en este espacio: “Por años, los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país, y a través de la intermediación de Luis Inazio Lula da Silva, el expresidente que recibía sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, obtuvieron citas al más alto nivel en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

La relación de Odebrecht con Peña Nieto ya era vieja. En 2010 viajó el entonces gobernador Peña Nieto a Sao Paulo para reunirse con el propietario de la empresa, Marcelo Odebrecht, y en octubre de 2011, como precandidato presidencial, platicaron en Toluca. A dos semanas de asumir la Presidencia se volvió a encontrar con él en Querétaro. Documentos de la fiscalía brasileña sobre la investigación de corrupción incluyen las minutas de un encuentro del director de Odebrecht Carlos Fadigas en 2012 –hoy testigo contra su vieja empresa-, donde afirmó: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI y del actual presidente Peña Nieto”. Fadigas habló con Peña Nieto ya instalado en la Presidencia, pero no se sabe aún si ese encuentro es del que habló López Obrador.

El acompañamiento de la campaña de Peña Nieto se dio por parte de la filial de Odebrecht, Braskem, que ganó la licitación para hacer trabajos en la refinería de Coatzacoalcos, cercana a Minatitlán y donde trabajaba la secretaria de Energía, Rocío Nahle y su esposo, y cuyo fundador es el suegro del actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y de la cual es consejera –como él lo fue en algún tiempo-, su esposa. En la reconfiguración de la refinería en Minatitlán estuvo directamente Odebrecht, con otras tres empresas, y desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades. Entre ellas, un retraso de cinco años de la entrega de la obra y un incremento en sus costos de 66%. Una de las empresas que participaron en la obra fue Arendal, fundada en 1997, con sede en Monterrey, y su nombre no hay que olvidarlo.

Cuando inició el gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, director de Pemex, ratificó en su cargo como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy llamado Pemex Transformación Industrial), a Alejandro Ramírez Sibaja, quien recibió la instrucción de su jefe, de acuerdo con ex funcionarios de Pemex y documentos de la fiscalía brasileña, de atender a los ejecutivos de Odebrecht. Ramírez Sibaja recomendó Arendal, junto con Odebrecht –a través de su filial TAG Pipelines- y la argentina Technit –seleccionada por el gobierno de López Obrador para participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas-, para que participaran en la construcción del tramo Los Ramones II Norte.

Al cese de Lozoya de Pemex, el nuevo director de la empresa, José Antonio González Anaya, realizó el primer despido de esa administración, el de Martínez Sibaja –oficialmente se manejó como jubilación adelantada-, quien poco tiempo después entró a trabajar en Arendal, hasta que salió de la empresa en 2016. Martínez Sibaja había sustituido en Pemex a Jordy Herrera, cuando el presidente Felipe Calderón lo nombró secretario de Energía. Herrera, como publicó Eje Central en junio de 2016, formaba parte del Cártel del Gas en Pemex, al igual que Martínez Sibaja, una red de relaciones familiares y empresariales para controlar ese producto, donde las empresas vinculadas a Odebrecht jugaron un papel importante. Nunca se investigó en el gobierno de Peña Nieto los alcances de ese grupo, ni se determinó si actuaron dentro de la ley o incurrieron en irregularidades.

López Obrador no deja de hablar de corrupción de gobiernos pasados. Odebrecht es un caso abierto en el cual puede comenzar a demostrar que de acusaciones no sólo se llena la boca, sino las cárceles.

Nota: El candidato al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, en réplica a la columna publicada el viernes pasado sobre su salud, rechazó que su campaña sea de gabinete, como se mencionó, y aseguró que realiza mítines multitudinarios con decenas de miles de asistentes. También negó que haya hecho declaraciones “indignas” sobre la muerte de la gobernadora Martha Ericka Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y que por el contrario, pidió guardar luto.

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LA SALUD DE BARBOSA


El 2 de junio, los poblanos votarán por un nuevo gobernador en una elección extraordinaria. Miguel Barbosa, que contendió contra la panista Martha Érika Alonso el año pasado y perdió, se volvió a presentar como candidato tras tener palabras indignas cuando al morir junto con su esposo Rafael Moreno Valle en un incidente de helicóptero el 24 de diciembre, en lugar de dar el pésame a sus familiares como dicta la civilidad republicana, celebró sus muertes como si fuera justicia divina contra la corrupción. En medio de críticas por su actitud, su segunda candidatura enfrentó una dura oposición interna y externa. Finalmente la venció, y la tozudez de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, para que así fuera, sólo se explica por la gratitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con aquellos que lo apoyaron contra las adversidades, como hizo Barbosa en el Senado, cuando representaba al PRD.

Barbosa tiene allanado el camino legal para la gubernatura, y la fuerza de López Obrador lo ubica en todas las encuestas como el probable ganador de la elección extraordinaria, con una ventaja cómoda de más de un dígito de diferencia. La campaña de Barbosa, como ha sido la del resto de los candidatos, ha carecido de mítines y eventos masivos, sustituidos por campañas de gabinete donde lucha sus batallas en los medios de comunicación. Esta peculiar forma de hacer campañas le ha beneficiado a Barbosa quien, si fuera un político honesto, no debería de estar compitiendo, por razones diferentes a su comportamiento político. Pero no puede ser gobernador, como apuntan las evidencias en la opinión pública, y jamás debería haberlo respaldado López Obrador por un problema serio de salud.

No hay honestidad pública, y lo impulsa la ambición. El neomorenista asegura que está en plenitud de salud, aunque cada vez que lo dice, su voz refleja todo lo contrario. Concluir sobre algo tan subjetivo como la voz de una persona en un diagnóstico empírico de su salud es absurdo. Sin embargo, su salud es precaria. En 2013, por desatender su diabetes, estuvo en el umbral de la muerte. No le costó la vida, y su pérdida se redujo en ese momento al pie derecho, que le amputaron. Pero esa enfermedad sigue haciendo estragos en su salud.

Esta situación lleva a considerar la viabilidad de Barbosa de cara a sus electores. ¿Es honesto que un político quiera un puesto de elección popular cuando su estado de salud probablemente le impedirá estar con sus facultades plenas para cumplir con el mandato de las urnas? En este espacio se ha tocado regularmente el estado de salud de los políticos. Durante la pasada campaña presidencial se habló de la salud de López Obrador como una variable a considerar por los electores, en el entendido de que nada de lo que tenía afectaría sus capacidades plenas para gobernar.

Años antes se mencionó la salud del presidente Enrique Peña Nieto, de la maestra Elba Esther Gordillo, en sus años de gloria sindical, y de su adversaria, Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación. En 2003, en este espacio se reveló que el presidente Vicente Fox tomaba el antidepresivo Prozac. Y cada vez que escribí sobre el tema, las reacciones fueron negativas. Pero la tesis central del porqué es un tema de interés público, se mantiene. En 2016, dentro de ese alegato recurrente, ejemplifiqué:

“El problema de ocultar una enfermedad a los electores puede llevar a situaciones como las que se vivieron en Rusia, cuando Boris Yeltsin buscó –con éxito– un segundo mandato y controló a la prensa para ocultar que tenía cáncer. Yeltsin, afecto también al alcohol, tuvo momentos difíciles por su comportamiento como jefe de Estado. Por ejemplo, durante una visita a Suecia, en 1997, tomó una copa de champaña que le generó un efecto secundario que lo llevó a comparar la cara del tenista Björn Borg con albóndigas. Por salud, Yeltsin tuvo que renunciar y dejó el cargo en manos de su primer ministro, Vladimir Putin, por quien no habían votado los rusos”. Este es el problema de fondo; llegan al poder quienes no fueron electos.

Dos años después de publicarse el Prozac de Fox, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública determinó que el expediente médico de un candidato o un gobernante, debía mantenerse en privado y no era de interés público. A raíz de una solicitud de acceso a la información de Proceso en 2009 sobre el expediente médico del presidente Felipe Calderón tras fracturarse el hombro al caer de una bicicleta en 2008, la entonces comisionada presidente, Jacqueline Peschard, afirmó que los servidores públicos estaban protegidos en todos sus niveles. En una entrevista con el semanario, agregó que “informar a la población sobre la salud del presidente podría ser importante, siempre y cuando lo permitan las normas. Si se hiciera de otra manera, advirtió, privilegiando el interés público sobre el marco legal, estaríamos invadiendo el terreno del derecho privado”.

Este criterio tiene que ser revisado, pero es cierto que es un terreno gris donde se cruza lo público con lo privado. Una forma de avanzar y madurar como sociedad sería que la divulgación de los expedientes médicos fueran de manera voluntaria, como un ejercicio de transparencia y responsabilidad ética y política. Siempre ha sido un tema difícil en sociedades políticas maduras, y será más complejo que avance en México. El caso de Barbosa, el más extremo en los tiempos de la transición y la democracia mexicana, es el mejor ejemplo del atraso que tenemos en la materia. Pero no podemos dejar de luchar contra la opacidad política, cuya deshonestidad afecta a los electores.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26 DE ABRIL DE 2019)