lunes, 12 de noviembre de 2012

SE SUMA CABILDO AL AL "RESCATE DE GUAYMAS" EN INVERSIÓN PÚBLICA

Guaymas, Sonora; a 11 de noviembre del 2012.- El Ayuntamiento de Guaymas aprobó la solicitud de crédito que será presentada ante el Congreso del Estado, con el propósito de contar con recursos hasta por 360 millones de pesos y así responder en su parte proporcional al pago de inversiones públicas productivas de los distintos niveles de Gobierno en beneficio de la ciudadanía y dar inicio al nuevo rumbo para Guaymas.

En sesión de cabildo extraordinaria número 6 celebrada la mañana de este domingo, se autorizó las gestiones necesarias al Presidente Municipal Otto Claussen Iberri, al Secretario del Ayuntamiento, Ramón Leyva Montoya y al Tesorero Municipal Manuel Ibarra Salgado.

Dentro del recurso aprobado se determinó que un fondo de 50 millones de pesos sea destinado al prepago de la deuda pública actual del municipio, lográndose liberar con dicha reestructura recursos propios para cubrir fondos y programas del ejercicio 2012 y anteriores, en obras y programas sociales.

Cabe señalar que los recursos que se logren serán utilizados para la inversión pública productiva representando entre 30 y 50 por ciento del costo total de las obras a realizarse en materia de inversión pública, en acciones de pavimentación, plantas tratadoras de aguas residuales, modernidad portuaria, infraestructura deportiva, ampliación en la red de agua potable, alcantarillado y atención en las colonias populares.

Durante la sesión, el alcalde Otto Claussen Iberri señaló que Guaymas ya merece un gobierno que ofrezca una verdadera atención a las necesidades en apego al orden y disciplina en el gasto a fin de lograr un desarrollo responsable.

 "Guaymas necesita más y mejores servicios públicos, más infraestructura y sobre todo un mayor acercamiento con las inversiones".

El diputado local José Luis Marcos León Perea en calidad de testigo en este importante paso para el beneficio de Guaymas, hizo uso de la palabra para felicitar al Cabildo guaymense por la decisión tomada con responsabilidad y siempre para el beneficio de los ciudadanos.

Cabe señalar que dentro del orden del día en otro de los puntos se aprobó la suscripción de acuerdo para el establecimiento y fortalecimiento de los sistemas municipales de control y evaluación gubernamental y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción.

EXIGE PRD TRANSPARENCIA



El crédito de 365 mdp  llegará a más de 1,500 mdp en 20 años

Para el Partido de la Revolución Democrática es prioritario en este momento, transparentar el manejo de los recursos públicos,  e informar con claridad cuál es el monto real del endeudamiento de los 365 millones de pesos , que estamos seguros, rebasa los 1,500 millones de pesos, con una amortización mensual durante 20 años, de casi 8 millones de pesos, cantidad que supera las Participaciones Federales, que quedarán en garantía de pago.

El alcalde no nos ha informado cuál será la tasa de interés, cuánto será el pago de comisiones, cuánto se pagará por honorarios, cuánto representarán los gastos de reestructuración, además de los gastos y costos relacionados con el crédito autorizado para el techo financiero y el pago  del IVA por toda la operación financiera.

Estos rubros, nos da un cálculo conservador aproximado de 1,766 millones de pesos, que repartidos en 20 años, tendríamos que pagar 88.32 millones anuales y mensualmente, ascenderían a  7.36 millones de pesos.

El crédito solicitado servirá para pagar 50 millones de pesos que dejaron pendientes  el ex alcalde y actual diputado federal Antonio Astiazarán Gutiérrez con Banorte en el 2007, recursos que se desconoce en qué se utilizaron.

 Otra parte importante, será para resarcir la deuda contratada por el ex alcalde César Lizárraga Hernández y hacer las aportaciones a los diferentes programas de obra que actualmente se encuentran abandonadas por la insolvencia del municipio.

El gobierno municipal de Guaymas, encabezado por Otto Claussen Iberri ha optado por aplicar una política de endeudamiento, para cubrir deudas del pasado, es decir, proteger a los responsables del quebranto económico de las finanzas municipales, sino que se les debe de castigar con cárcel, previo resarcimiento del daño financiero a las arcas municipales.

1,600 municipios endeudados
En el país más de 1,600 municipios de los más poblados padecen problemas financieros, producto  de una política inequitativa en la distribución de los impuestos que se cobran a nivel nacional, esto dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal que establece que por cada peso que recibe la Federación vía impuestos, sólo se regresa a los Estados 20 centavos y éstos a su vez,  envían a los municipios 4 centavos.
Aunado a ello, esta distribución es de manera discrecional amparada en la Ley Estatal de Coordinación Fiscal esto, obviamente obedeciendo siempre a criterios políticos.

A T E N T A M E N T E
Democracia ya, Patria para Todas y Todos
Profr. José Guzmán López González  López
Presidente PRD Guaymas

RECULA EL PRESIDENTE CALDERÓN Y CANCELA SU VISITA A LA PRESA PICACHOS


   
Redacción
Desde el sábado en la noche, los desplazados por la construcción de la Presa Picachos, agazapados casi junto a la cortina, ya lo esperaban a Felipe Calderón Hinojosa para gritarle enardecidos: “Malvenido Señor Presidente de la ilegalidad”.

“Se canceló el evento”, informó la encargada de prensa de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a un enjambre de reporteros que hacía antesala para ser trasladados a la dichosa inaugración de la cortina de la Presa Picachos, donde el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, “tentativamente” iba llegar a las 11:30 horas, de hoy.

Pero el Presidente Calderón Hinojosa y/o los miembros del Estado Mayor Presidencial, le calcularon el agua a los camotes y recularon luego de la furia que desató en los comuneros ya avecindados de los pueblos afectados por la construcción de la Presa Picachos, que contiene la ilegalidad y la impunidad, de los gobiernos federal, estatal y municipal, cuyos actos, los damnificados calificaron, sin ningún empacho, de “cobardes y criminales”.

El domingo 11 de noviembre, los comuneros publicaron una carta en un diario local, donde calificaron de “acto cobarde y criminal”, la venida del primer mandatario del país, palabras impresas que lanzadas como cuchillos, aparecieron en volantes, desde algún lugar de la zona serrana de San Marcos, repartidos por los comuneros, en los semáforos de calles y avenidas del puerto de Mazatlán.

“ACTO COBARDE Y CRIMINAL
Para cubrir toda la cloaca, que implica, que implica la ‘Presa Picachos’, el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, el Gobernador del Estado, Mario López Valdez, y Presidente Municipal Alejandro Higuera Osuna, pretenden dar lor inaugrada la obra ‘Presa Picachos’ y con esto engañar a la ciudadanía y simular que han cumplido con los mazatlecos y los sinaloenses y dar por terminada toda la porquería administrativa y fraudulenta que esto representa.

Quieren proteger a los servidores públicos, que dentro del ejercicio del poder roban y viven en la impunidad.

De la forma más cobarde se metieron a construir en terrenos, privados comunales, mismos que aun no están expropiados y por ende no son de Gobierno del Estado ni del Gobierno Federal, actos que constan en las diversas resoluciones judiciales que han sido dictadas en su contra.

Sr. Presidente de los mexicanos, que en usted exista la prudencia y al término de su gestión, no quede como Presidente Criminal (entiéndase por criminal al que incumple la ley) y el estar dentro de un lugar al que no fue invitado y no es de ustedes estaría cometiendo indiscutiblemente un acto criminal. Y no pase a la historia de México, como PRESIDENTE QUE NO CUMPLIO CON LA LEY.

NO AL DELITO SI A LA FUERZA DE LA LEY.

Desplazados Presa Picachos”.
 

EL LABORATORIO FAVORITO DE ECHEVERRÍA


La triangulación Deri Mex-Mi Salud, otro negocio sospechoso por $192 millones
Gabriela Soto   
 La Dirección General de Servicios de Salud de Sinaloa otorgó a la Clínica Mi Salud S.A. de C.V. el monopolio para realizar pruebas para laboratorio a los pacientes de las 28 unidades que integran la red hospitalaria, además le concedió efectuar análisis y pruebas de imagenología (tomografías de urgencia) para el Hospital General de Los Mochis.
 
La dependencia gubernamental trianguló los recursos en un intento por ocultar el vínculo. Para la obtención de un “servicio integral de pruebas para laboratorio”, el coordinador de los Servicios de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, otorgó un contrato plurianual a la empresa Deri Mex S.A. de C.V. para la red hospitalaria sinaloense hasta por un monto de 192 millones 367 mil 199 pesos con 68 centavos.

Esta empresa tiene su domicilio fiscal en la Ciudad de México y su razón social es el comercio de servicios médicos. Al no tener centros de atención en Sinaloa, Deri Mex subcontrató a la Clínica Mi Salud para realizar los análisis médicos requeridos.


Los dos contratos que benefician a esta última empresa fueron suscritos con la anuencia de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.


El proveedor


A partir del 15 de mayo de 2011, la Clínica Mi Salud empezó a ofrecer sus servicios a la Secretaría de Salud.


En una visita realizada al Hospital General de Culiacán se observó que los beneficiarios del Seguro Popular son atendidos en los consultorios, donde el químico-clínico toma la prueba, y dependiendo el tipo de prueba se considera si se realiza en el laboratorio interno o se envía a Mi Salud, confió el personal.


Las pruebas clínicas consideradas básicas se analizan ahí mismo, tales como biometría, química sanguínea, electrolitos, PS hepática, VIH/Sida, y reacciones febriles. En tanto, otros estudios se realizan en laboratorios externos por su alto costo para comprar instrumentos, o la inexistencia de material reactivo, por ejemplo: Torch, Hepatitis C, TTP y TT (de sangre coagulada), o el dengue, “que jamás hay” material en el HGC, “por eso, siempre se manda a hacer fuera”, compartió un internista.


Los resultados clínicos de las pruebas realizadas en el laboratorio del HGC se entregan al día siguiente, mientras que las otras se postergan por varios días.


De acuerdo con el contrato SSS-LPPN54065002-001-11, el monopolio en los servicios de pruebas de laboratorio se encuentra acaparado por Deri Mex S.A. de C.V., hasta el próximo 31 de diciembre de 2012.


“Los Servicios de Salud se obligan a cubrir el importe de los bienes consumidos… hasta por un importe de 192 millones 367 mil 199 pesos con 68 centavos, dentro de los 20 días naturales contados a partir de la fecha en que “El proveedor” (Deri Mex) entregue la documentación contable avalada por el titular médico, titular administrativo y de quien recibe en cada unidad de la red hospitalaria”, detalla el documento.


Para garantizar los gastos a la empresa, la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud autorizó un presupuesto bianual, comprometiéndose anticipadamente en 2011 a destinar una partida presupuestal en 2012.


De octubre de 2011 a julio de 2012, la Subdirección de Recursos Financieros destinó 18 millones 453 mil 515 pesos con 25 centavos por el concepto de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, erogados a través de 43 pólizas, detallan en sus reportes trimestrales.


En el contrato, la empresa se compromete a entregar, instalar el equipo y capacitar a los trabajadores respecto a las pruebas de laboratorio, en las 28 unidades que integran la red hospitalaria: Hospital General de Culiacán, Hospital de la Mujer, Hospitales Generales de Los Mochis, Guamúchil, La Cruz, Guasave, Mazatlán, Escuinapa, entre otros.


“(En tanto) los Servicios de Salud proporcionará a “El proveedor” las instalaciones y espacio necesario a efecto de que se cumpla el objetivo del presente contrato, en sus instalaciones”, detalla.


El contrato fue firmado por el titular de la SS, Ernesto Echeverría; el director de Administración, Marco Antonio Álvarez Noriega; el representante legal de Deri Mex, Germán Cossío Morales; y el testigo Francisco Castillo Morales.


El contrato directo


Por la premura de realizar análisis y pruebas de imagenología (tomografías de urgencia) a los pacientes, debido al desperfecto del tomógrafo propiedad del Hospital General de Los Mochis, se adjudicaron directamente dos contratos, uno a la Clínica Mi Salud y otro a Radiología del Noroeste S.C., para ofrecer dicho servicio.


De acuerdo con el contrato foliado SSS/065/2011 que beneficia a Mi Salud, se justifica la falta de licitación en los artículos 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Salud.


“La adjudicación directa, para la (adjuntando tres cotizaciones más de proveedores de esta rama) prestación de servicios profesionales de imagenología (estudios de tomografías) para afiliados al Seguro Popular, toda vez que el tomógrafo propiedad del Hospital General de Los Mochis está en mal estado para su uso, de allí la necesidad de suscribir el presente instrumento jurídico”, se argumenta en el documento.


Con la necesidad en el área, Mi Salud ofreció prestar sus instalaciones, equipos, aparatos, diagnósticos radiológicos y otros servicios, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2011, sin limitar el servicio con una cantidad o número de atenciones.


En el contrato se desglosa una tabla de precios por estudios. De los 29 productos, la menor cotización es de 600 pesos por una tomografía de senos paranasales axial o coronal (espacios de aire al interior del rostro), mientras que la mayor es de dos mil 800 pesos por una tomografía de tóraco-abdómino-pélvico, TAC, (dolor abdominal o pélvico).


En la cláusula novena se estipula que el Hospital General de Los Mochis se compromete a derogar “por concepto de pago por los servicios prestados, la cantidad que resulte, de los ya previamente autorizados por ambas partes”.


En el acuerdo SSS/064/2011, la empresa Radiología del Noroeste se compromete a otorgar el servicio de tomografía computada a los pacientes con Seguro Popular y aquellos que requieran por urgencia médica, según se detalla en la primera cláusula.


En este caso, a la clínica solo se le requirieron tres tipos de tomografía computada: cráneo simple por mil 200 pesos; región contrastada y de abdomen por mil 900 pesos, cada una.


El resto de las especificaciones para la Clínica Mi Salud también fueron impuestas a Radiología del Noroeste.



Contrato Deri Mex S.A. de C.V.


— Pruebas de laboratorio.

— 192 millones 367 mil 199 pesos por pruebas de labor.
— Del 15 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2012.

Contrato Mi Salud


— Tomografías de imagenología.

— Sin límite de pruebas o monto económico.
— Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2011.

Contrato Radiología del Noroeste


— Tomografías computadas de imagenología.

— Sin límite de pruebas o monto económico.
— Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2011.
 

ENCUENTRAN A 5 EJECUTADOS EN LAS INMEDIACIONES DE LOS MOCHIS


Luis Fernando Nájera   
En las últimas horas, informes de la policía de Los Mochis reportaron el hallazgo de al menos cinco cadáveres.

Tres de las personas asesinadas y cuyos cuerpos fueron encontrados en la zona agrícola fueron identificados por los deudos.

Uno de ellos fue identificado como Jesús Humberto Armenta Soto, de 45 años de edad, y con residencia probable en el infonavit Bachomo.

El cuerpo fue localizado en una parcela en el ejido 9 de diciembre. A éste le dejaron un mensaje que revelaba el móvil del homicidio.

Horas después, en un cañaveral ubicado al sur de Los Mochis fueron encontrados los cadáveres de dos colonos del sector Gabriel Leyva Solanoa (La Texas).

Estos fueron identificados como Pedro Iván Gastélum Campos y Jesús Roberto Garibaldi Moraila, de 29 años. Estos estaban ya en estado de putrefacción.

Y esta mañana de domingo, en un dren del ejido Las Vacas, en Juan José Ríos, a unos 25 kilómetros al opriente de Los Mochis, fueron encontrados dos cuerpos degollados.

Estos no han sido identificados, aún.

Los hallazgos ocurrieron consecutivamente desde el sábado hasta la mañana de éste domingo

MALOVA MINTIÓ Y DEFRAUDÓ


  
Hay deficiencias, corrupción y una enorme deuda con la ciudadanía, dice Rocha Moya

Javier Valdez
Si un año había sido suficiente, unos meses, las primeras horas, para prever la calidad del “cambio” prometido, a dos años del gobierno que encabeza Mario López Valdez no hay ninguna duda que mintió en campaña para ganar electores, y que las transformaciones políticas, económicas y de administración sana y transparente que prometió se han ido a la basura.

Con el agravante de que ha convertido su gobierno en una gran carpa donde lo primordial es hacer reír, seguir ganando aplausos y simpatías, ahora a través de un populismo ramplón que lo mismo produce adeptos que condenas.

Rubén Rocha, exjefe de asesores de Jesús Aguilar Padilla y Arturo Santamaría, exasesor de Malova, opinan ahora sobre los dos años que han pasado desde que López Valdez asumió el poder. Uno dice que el cambio fue reversa y el otro que Malova es profundamente decepcionante.
El gobierno “del cambio” se convirtió en reversa y defraudó a miles de sinaloenses que votaron a su favor, afirmó Rubén Rocha Moya, ex coordinador de asesores durante la administración del priista Jesús Aguilar Padilla, quien agregó que la ineficiencia, el endeudamiento y la corrupción crecieron en apenas dos años de gobierno de Mario López Valdez.

“Yo empezaría diciendo que este gobierno le queda a deber bastante a la ciudadanía, sobre todo porque ellos se encargaron de poner un referente que sonaba a presunción, de que conformarían un gobierno del cambio, y ‘todo mundo’ entendió que el cambio era para mejorar, pero la reversa también es cambio”, sostuvo.


A pesar de la “urgencia” que argumentó para solicitar el préstamo por 2 mil 600 millones de pesos —de 3 mil millones que inicialmente propuso—, el Gobierno estatal apenas ha usado cerca de mil millones de pesos, que representan cerca del 39 por ciento del total del empréstito.


Ellos presumieron que en el gobierno anterior había corrupción y que por lo tanto el cambio significaría eliminarla, pero a estas alturas logramos ver que se ha presentado más que en otros gobiernos una serie de hechos, denuncias, de casos de corrupción”, comentó.


La ineficiencia que tanto reclamaron de la anterior administración estatal, agregó, es uno de los rasgos más sobresalientes del gobierno malovista: subejercicios en los recursos federales y contratación de una deuda cuyos recursos no se han utilizado para reactivar la economía.


Además, señaló Rocha Moya, el Gobierno está proponiendo otro crédito por 771 millones de pesos, lo que agravaría el ya de por sí alto endeudamiento, ya que en apenas un año la aumentó en 70.7 por ciento, mientras que en los seis años de la administración de Aguilar Padilla solo se solicitaron 250 millones de pesos para pagar a los comuneros de la presa Picachos.


—¿Qué significa en términos del ejercicio ciudadano?, porque generalmente esto de sembrar expectativas durante los comicios y no cumplirle a la gente a la hora de ser gobierno se traduce en desencanto.

—Para mí es lo más grave, la deuda con la democracia, porque se construye un discurso electorero fácil, falso, que a lo único que conduce es a un desencanto ciudadano, que ya no cree en nadie. Y la gente dice: ‘volvemos a lo de siempre’, engañar para arribar al poder y finalmente no cumplir.

“Uno de los casos más notorios es el de la tenencia. Lo que el gobierno en campaña dijo es que no iba a haber pago de tenencia, se acaba. Y se acabó a nivel federal pero este gobierno estatal lo incluyó en el presupuesto de ingresos y ahora quieren diferenciar en función de los costos de los vehículos, pero el problema central es que no fue eso lo que prometió en campaña, que no se iba a pagar la tenencia. Fue un gancho para el voto”.


—¿Qué diferencia hay entre este gobierno y un gobierno priista?

—No hay ninguna. No existe ninguna diferencia.

—Pero es un gobierno que no emanó del PRI.

—Sí, pero ya quedó claro que ese es otro de los engaños. Dijeron: ‘es que somos cosa distinta’, no es cierto. Cuando un político renuncia un día al PRI para obtener la candidatura por otro partido, eso no le quita una cultura política, independientemente de si es buena o mala, no la voy a calificar, pero no puede ofrecer algo distinto si no tiene la convicción de un verdadero cambio, si no se ha forjado en la lucha por el cambio democrático.

—¿Y es el caso de Mario López Valdez?

—Así es, es el caso de este gobierno encabezado por Mario López Valdez.

—¿Y cuál es la diferencia entre este gobierno y el que encabezó Jesús Aguilar Padilla?

—No sé si me quede bien hablar, en realidad este gobierno es mucho más ineficiente. Habría que ver la obra de los seis años anteriores y la obra que en proporción se lleva ahora. Eso tiene qué ver con saber ejercer el gobierno, claro, ha habido fenómenos naturales, como la helada de 2011, pero también en el 2006, en el segundo año del anterior gobierno, hubo un ciclón devastador… pero creo que es la ineficiencia.

El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa dijo que en el rubro de combate a la violencia, durante esta administración ha habido menos homicidios, aunque esto no es obra del gobierno:


“No se le debe reconocer al Gobierno porque tiene otra connotación ese tema, el Estado no es el que baja los homicidios dolosos que tienen qué ver con las bandas del crimen organizado… ellos son los que determinan si se necesitan más o menos (asesinatos), los criminales. Pero también tiene connotaciones nacionales, pero no han caído los escandalosos hechos de violencia y eso es en esencia lo que te dice si perdura el fenómeno.


Además mientras se mantengan los números que tenemos nadie puede presumir de logros, eso es ofensivo para la sociedad, decir que todo va mejorando. Estamos hablando de miles, más de 2 mil 300 homicidios, pero es un asunto que no puede evaluarse a partir de los números”.


Señaló que en obra carretera se queda muy abajo este gobierno, ya que durante la administración de Aguilar Padilla se gastó en promedio anual alrededor de 5 mil millones de pesos de presupuesto propio, es decir, sin incluir recursos federales.


—Otro tema que preocupa mucho es el de la oposición: hay un PRI que está “culimpinado” frente al poder estatal, un PRD que está en el Gobierno pero no manda, y un PAN cercano al gobernador pero que no mandan, entonces hay un páramo en materia de oposición y crítica hacia este gobierno, y eso parece que nos ubica a todos en un estado de indefensión.

—Es que una buena oposición hace un buen gobierno, esa es una máxima. Si la oposición está dispersa, disminuida, a pesar de que la oposición priista no es una oposición cualquiera, tiene mayoría en el Congreso, pero la cultura priista es muy institucional y tiene poca proclividad a enfrentar al gobierno instituido, más aún si ese gobierno tiene niveles de confusión y crisis de identidad como este. Es un gobierno priista en un porcentaje importante, luego se llama panista, hay quienes piensan que todavía está el PRI en el poder.

—Entonces, ¿qué nos espera ante este gobierno y una actitud silente de postración de parte de la oposición frente al poder?

—Que tengamos un lapso muy lamentable de lo que se llama tiempo perdido y que eso por lo tanto retrase el desarrollo del estado. Es lo que está ocurriendo.

—¿Qué opciones tenemos?

—No sé qué opciones tenemos, simplemente que puede ocurrir en esta coyuntura nacional de transición, que el Gobierno estatal finalmente resuelva alinearse en los hechos, si no de manera formal, al poderío tricolor, y esto traiga como consecuencia una conjunción de fuerzas en el estado que ayude a repuntar o rebasar este estancamiento que tenemos.


Deuda de Malova en un año: 2 mil 600 millones de pesos.

Deuda de Jesús Aguilar Padilla en seis años: 250millones de pesos.

Gasto anual promedio en obra carretera y de infraestructura durante el gobierno de JAP: 5 mil millones de pesos.


En su columna Inventario, publicada en El Debate, Rubén Rocha Moya escribió:

“En el gobierno anterior (se) cuidó de no endeudar al estado, al final se contrató un préstamo solo para dar respuesta a los justos reclamos de los comuneros de la presa Picachos. Por la atención puntual de los servicios de la deuda y del propio capital, ello condujo a un incremento menor de apenas el 0.8 por ciento de la deuda estatal acumulada.
Ante esto, lo preocupante son los indicios de que se rompa con esa disciplina gubernamental que ha contenido el endeudamiento. Nos referimos a que en tan solo un año de este gobierno el llamado “megapréstamo” ha hecho crecer la deuda estatal en un 70.7 por ciento”.


Afirma Arturo Santamaría que el gobernador repite los viejos vicios del PRI


Un tercio de decepción


Cayetano Osuna / Mazatlán


El politólogo Arturo Santamaría Gómez, que al principio tenía la esperanza de que la llegada de Mario López Valdez al poder, podría traer un beneficio al desarrollo de Sinaloa, a dos años de distancia sostiene que el primer tercio del gobierno de Malova es “profundamente decepcionante”.


—¿Usted como politólogo, como analista guardó al principio alguna esperanza de que Malova, cobijado por el PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, le podría traer un beneficio al desarrollo de Sinaloa?

—Sí, pero a partir, digamos, de las teorías democráticas. De que la renovación de las élites políticas y la alternancia que son dos conceptos centrales en las teorías democráticas podría traer un beneficio a Sinaloa. Pero los hechos comprobaron que quienes pensamos así estábamos equivocados.

—¿Usted sí creyó al principio que la llegada de Malova al poder podría traer un bien a Sinaloa?

—Sí, pensé, totalmente convencido.

—¿A partir de cuándo usted se dio cuenta de que estaba equivocado?

—Pues muy pronto, ¿no?, incluso desde antes de que llegara al poder. Cuando las “nalopatrullas”, eso ya fue…

—¿Al principio usted sí apoyo a Malova?

—Bueno, pues con mis opiniones, podría decir que sí.

—Con respecto a las teorías democráticas…

—Sí, sí.

—Transcurridos estos dos años del gobierno malovista, ¿cuál es su análisis sobre todo en las expectativas que despertó en algunos sinaloenses?

—Yo creo que sobrestimamos los que pensamos que un cambio en el Gobierno del Estado podría lograr cosas mayores, pensamos que la alternancia implica un bono democrático histórico porque después de ocho décadas de no haber una alternancia, esto traería beneficios en cuanto que habría una renovación de la élite política, pero esta hipótesis o esta esperanza, más que hipótesis, no se cumplió.

—¿Por qué no se cumplió?

—No se cumplió porque el rompimiento formal del grupo de Malova con el PRI no se cumplió en términos de estilo o de concepción política, entonces no hubo renovación en los estilos de hacer política y mucho menos en el fondo, es decir, de cómo utilizar el poder. Entonces, se apostó demasiado en que la alternancia podía lograr un cambio democrático y si bien hubo un relevo político que se cumplió institucionalmente, no ha habido cambios profundos en las formas de la política.

—¿Desde esa perspectiva, el gobierno de Malova es una decepción?

—Ha sido profundamente decepcionante. Pero con el agravante de que la sospecha de que el gobernador no es el quien encarne la máxima figura del poder en el estado, sino que haya individuos o grupos que lo tengan maniatado y que influyan mucho en él. Entonces se habla mucho de la mano negra de Millán, pero también está la influencia del grupo de Salido, del periódico El Debate, por lo menos.

—La alternancia no trajo un cambio en el estilo de gobernar…

—No. Esta alternancia repite los mismos vicios de siempre, de pagar favores a los amigos, ya sea a través de obras, de contratos, de puestos, o compras poco claras, obras muy opacas, en fin… las características típicas del PRI, continúan, no hubo ninguna renovación a pesar de la alternancia. Entonces se esperaba que pudiera haber a partir de la política un gran cambio en la conducción en el desarrollo de Sinaloa, no se ha visto después de un primer tercio. Ni parece que vaya a llegar.

—Siempre que llega un nuevo gobernante los ciudadanos se esperan cien días, el primer año, pero…

—Eso es una especie de formulismo, pero se decía eso del nuevo gobernante del mismo partido. Pero aquí estamos hablando de una alternancia porque no llegaba precisamente un solo partido, en este caso el PAN, llegaba acompañado de otras fuerzas, pero tampoco se renovaba plenamente la clase política porque muchos priistas se incorporaban al nuevo gobierno. Entonces era una alternancia limitada, no llegaba un nuevo partido al poder que nunca hubiese estado o había llegado un grupo que haya estado en el poder del PRI, o que era un grupo del partido en el poder que se desprendía de este, al menos en parte, y sin nunca salirse totalmente del partido, como Gerardo Vargas Landeros, pues se incorpora con Malova, algo realmente raro, una alternancia heterodoxa. Faltan cuatro años y no se ve por dónde pueda haber realmente un cambio profundo.

—Y los dos años que van ya le dan el indicador…

—Dan la pauta y es muy difícil ya que se puedan hacer ya cosas diferentes. Quizás se hagan más obras, pero en lo que llamaba Daniel Cosío Villegas el estilo de gobernar, no creo que vaya a modificar, se repiten los nuevos estilos de gobernar del PRI.

—Cuando usted dice que Malova repite los nuevos estilos de gobernar del PRI, ¿incluye el hecho de que va al tianguis y al mercado a repartir despensas, carnes, leche y sus derivados?

—No, no, no, cuando hablo del estilo de gobernar me refiero a cómo se usa el poder, a quiénes beneficia el poder. Si es transparente, si no lo es, si es en beneficio del colectivo, si es en favor del bien común, o se benefician pequeñas capillas, a eso me refiero. ¿Y qué? Bueno, que es injerencista, que puede ser autoritario. Como esta declaración del gobernador de que se debe ir completo el Consejo Estatal Electoral, no tiene ninguna atribución legal para decir eso. Ninguna. Entonces con esa opinión está ejerciendo una presión para que se renueve totalmente en Consejo. Yo no digo que no debería hacerlo, sino que él no puede hacer una presión, se supone que no tiene el gobernador por qué marcar una línea y lo está haciendo. Y bueno, eso hablaría de verticalismo al viejo estilo.

—Los otros rasgos de su personalidad, de que ora se sube al cuadrilátero de la lucha libre portando máscara, en la Cancha  Germán Evers, ora llega bailando a algún evento, son punto y aparte…

—Sí, lo otro, lo cumbianchero, lo chistero, lo populachero, pues ya es algo muy personal de él, que sin embargo parece que le ayuda a que caiga bien en ciertos sectores sociales, sobre todo los populares; yo creo que independientemente de que le gusta a él lo hace porque le ayuda.

—Uno de los objetivos de Mario López Valdez ha sido convertirse en el “mejor gobernador de Sinaloa”, ¿después de estos dos años de gobierno no está dando pasos hacia esa meta?

—No pues, después de lo que he dicho es obvio que no. Con lo que acabo decir… cuando menos los dos primeros años no tiene con qué respaldar esa meta u objetivo.
 
 

DESPENALIZAR, UN VERBO A DEBATE




 
Miguel Ángel Vega  
 Luego que votantes en Colorado y Washington aprobaran el uso de mariguana para fines recreativos, ciudadanos de otros estados vislumbran la esperanza de presentar iniciativas similares que, de mantenerse la tendencia, aprobarían también el uso del Cannabis. Esa posibilidad no solo confrontaría al aparato de justicia de Estados Unidos, que prohíbe el consumo y posesión de esa droga, sino también a México que, según expertos, no podrá quedarse con los brazos cruzados mirando cómo su principal aliado en la guerra contra las drogas legaliza la mariguana mientras la violencia provocada por el trasiego de enervantes sigue salpicando de sangre a la sociedad mexicana.
 
La primera piedra para legalizar la mariguana con fines recreativos fue puesta sobre la tierra firme. Y ocurrió en el país que más ha exigido al Gobierno de México detener el trasiego de droga a su territorio. No había más qué decir, los resultados hablaban por sí mismos, y la algarabía por festejar la legalización del Cannabis no se hizo esperar.

“Lo que se logró en Washington y Colorado cambiará por siempre la forma en cómo de hoy en adelante se mire la prohibición de Cannabis, no solo en nuestro país, sino en muchas otras partes del mundo”, observó Allen Pierre, director ejecutivo de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de la Mariguana (NORML), luego de conocer los resultados en Colorado y Washington.


Ahora solo resta que el Gobierno federal de Estados Unidos respete la decisión de los votantes de esos dos estados, y no hostigue a los residentes mayores de 21 años, ya que para ellos sigue siendo ilegal que alguien tenga mariguana, o bien la siembre en su domicilio, como lo estipulan las iniciativas aprobadas.


“Vamos a revisar la propuesta a fondo, y entonces vamos a determinar qué hacer al respecto; son todos los comentarios que haremos por el momento”, explica un comunicado del Departamento de Justicia, muy diferente postura a la del 2010, cuando Eric Holder aconsejó a los votantes de California no apoyar la Proposición 19, que sugería el uso del Cannabis con fines recreativos.


La DEA por su parte fue más tajante al emitir un comunicado que precisa que para ellos la mariguana sigue siendo una sustancia prohibida, por lo que no consideraran la decisión de los votantes y seguirán operando como de costumbre.


Al respecto, el gobernador de Colorado John Hickenlooper, dijo que entiende que su labor será respetar la decisión de sus constituyentes, pero que será inevitable confrontar al Gobierno federal puesto que son leyes que chocan entre sí.


“Será algo que tendremos que estudiar antes de que entre en vigor esa iniciativa”, dijo Hickenlooper en un comunicado emitido por su sala de prensa.


La iniciativa se implementará a partir del 6 de diciembre de este año, tanto en Washington como en Colorado, aunque tomaría hasta seis meses regular el uso recreativo del Cannabis, algo similar a como en su momento se reguló el consumo del alcohol.


Otros dos estados, Massachusetts y Montana, también aprobaron el uso de la mariguana, aunque solo para fines curativos, medidas que actualmente se implementan en estados como Alaska, Oregon, Nevada, Maine, California. Valga destacar que Oregon fue el único estado que se opuso al uso del Cannabis con fines recreativos, mientras que los votantes de Arkansas la rechazaron para fines medicinales.


La iniciativa especifica que todo residente mayor de 21 años y con estadía legal en Washington y Colorado, podrá comprar y cultivar hasta una onza de mariguana, mientras que tiendas y supermercados estarán autorizados para vender y producir Cannabis.


México deberá cambiar su postura
 
Para Ethan Nadelmann, director de Drug Pollicy Alliance y uno de los históricos promotores de la despenalización del consumo de mariguana, los resultados arrojados por los votantes en Colorado y Washington no solo impactarán en otros estados de la Unión Americana que terminarán implementando iniciativas similares, sino que obligará a México a cambiar también su postura.

“México está manchado de sangre por la violencia que vive luego que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra a los cárteles, pero con este resultado es diferente porque hay estudios que revelan que, de legalizarse el Cannabis, los índices de violencia se reducirían, por lo que los gobernantes de México deben de considerar su legalización”, observó Nadelmann en entrevista con Ríodoce.


Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, dijo al sitio de noticias NTRZacatecas.com, que una vez que entre en vigor la legalización de la mariguana en Colorado y Washington, las autoridades competentes en México deberán al menos discutir el tema para establecer estrategias que ayuden a disminuir los índices de la delincuencia organizada.


“Los diferentes sectores de la sociedad deben analizar y revisar con objetividad la legalización de las drogas en ambos países, siempre y cuando no afecte la legalización la salud de nuestros jóvenes”, dijo el mandatario zacatecano.


El PRI consideró a su vez que la legalización de la droga en Estados Unidos obliga a México a debatir la propuesta, en tanto el secretario de Relaciones Internacionales del CEN del PAN, Rodrigo Iván Cortes, consideró a su vez que la legalización de la mariguana en las entidades estadounidenses afectará la seguridad en México, y que ahora resta saber qué acción diplomática emprenderá México.


“Se trata de un asunto binacional que trasciende la frontera entre México y Estados Unidos, y por ello se debe ver qué se hace en conjunto”, observó Cortes.


Nadelmann apuntó sin embargo que son más los beneficios que trae la legalización del Cannabis que los perjuicios, incluso, hay estudios académicos que revelan que los ingresos de los cárteles caerían un 30 por ciento.


Esa posibilidad, observaron oponentes de esas propuestas, hará que muchos integrantes de los cárteles emigren a Estados Unidos para aprovechar la legalidad de la droga, aunque los simpatizantes de la ley consideran que será innecesario ya que cualquier persona podrá sembrar mariguana en esos estados.


“Quienes siembran la mariguana tendrán que dedicarse a acciones lícitas”, consideró Nadelmann.


De acuerdo con expertos, una tercera parte de la población en México está a favor de una eventual legalización y regularización de la siembra y el consumo del Cannabis, aunque son los gobernantes quienes más trabas ponen.


Ríodoce intentó obtener una reacción por parte de la PGR y de Los Pinos en México, pero hasta el cierre de esta edición ninguna de esas dependencias había emitido una respuesta, no obstante, el Gobierno en México ha repetido que legalizar la mariguana en Estados Unidos hará más difícil ejercer acción penal contra sembradores mexicanos, porque estarían sembrando un producto del que pueden argumentar que va a un lugar donde es legal y que su intención es comercializarlo allá.


California, el que sigue
 
Expertos que discuten la legalización del Cannabis en Estados Unidos consideraron que California será el próximo estado donde se legalice la mariguana con fines recreativos, luego de que la Proposición 19 fuera rechazada por los votantes en el 2010, cuando perdió por un margen de seis puntos.

“Estos resultados sin duda sentarán un modelo y un ejemplo para que el Gobierno federal vea que no es nocivo para la sociedad la legalización del Cannabis”, dijo Ron Mullins, de Safe Acces Sacramento, uno de los organismos que juntó millones de firmas en California para que la propuesta se fuera a referéndum.


California fue el primer estado en aprobar el uso de la mariguana con fines curativos, en 1996, y posteriormente se le unieron otros seis estados.

 
Detalles de las iniciativas aprobadas  
Tanto en Washington como en Colorado, solo podrán comprar, consumir, sembrar y distribuir mariguana personas mayores de 21 años, siempre y cuando puedan demostrar su estadía legal en el país. Es decir, los indocumentados no se verán beneficiados por esa ley. En el caso de distribuir Cannabis, se necesitará una licencia especial.

Posesión de Cannabis
 
La cantidad máxima que deberá tener una persona será una onza de mariguana para fumar, y 16 onzas si es mariguana procesada y en estado sólido, y hasta 72 onzas si la mariguana viene en estado líquido. Algo así como jugo de mariguana.

Siembra
 
Mientras que Washington prohíbe la siembra de la mariguana dentro de un hogar, en Colorado una persona mayor de 21 años puede sembrar hasta seis plantas de la hierba, aunque solo tres de ellas deben de estar listas para cosecharse. La siembra debe realizarse en un lugar cerrado y por tanto tiene permitido poseer en su domicilio la mariguana que coseche, aun cuando rebase la onza establecida.

Regulaciones
 
Las autoridades de Washington tienen hasta el 1 de diciembre del 2013 para regular el mercado de la mariguana como en qué sectores de los negocios estará a la venta, qué tipo de empaques deberá tener, y qué cantidades vender. Será hasta entonces que negocios empezarán a venderla libremente, mientras que Colorado deberá hacerlo a más tardar el 1 de julio de 2013.

Impuestos
 
Washington empezará cobrando el 25 por ciento de impuestos, ya sea de la mariguana o de productos derivados de la mariguana. En Colorado el impuesto será del 17 por ciento. En este segundo caso, los primeros 40 millones de dólares que genere los impuestos por la venta de mariguana, se usarán para la construcción y mejora de escuelas.

Manejar bajo la influencia del Cannabis
 
En Washington, toda persona que maneje por encima de cinco nanogramos de THC por milímetro de sangre (ng/mL), será arrestado por manejar bajo la influencia de una droga. En algunos casos, el agente policial deberá llevar al conductor a que le hagan un examen médico para confirmar que no maneja bajo la influencia. A los menores de 21 años que manejen bajo la influencia, se les levantará un acta por considerarse un delito.

Cannabis en vigor
 
Tanto en Colorado como en Washington, la ley entra en vigor el 6 de diciembre de este año.
 

LAS CULPAS DE SLIM EN SINALOA



Emplaza la SCT al dueño del Grupo Ideal a reparar la autopista Culiacán-Mazatlán

Alejandro Sicairos
Ubicada prácticamente a la mitad de la media nacional sobre la calidad de carreteras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes colocó en la lista negra a la autopista Culiacán-Mazatlán, concesionada a Grupo Ideal, propiedad de Carlos Slim.

 
El concesionario, puesto en la mira de los gobiernos federal y estatal a raíz de la tragedia ocurrida el 6 de octubre por la autopista Culiacán-Mazatlán donde un autobús de pasajeros chocó contra un caballo dejando un saldo de cinco personas muertas y 29 heridas, tiene un plazo de seis meses para realizar las labores de reparación o de lo contrario se les rescindirá el permiso para seguir explotando esa vía.

El nombre del magnate de las telecomunicaciones es pronunciado en voz baja entre las autoridades locales de la SCT y del Gobierno de Sinaloa. Si acaso se hace referencia de la firma Ideal (Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina) como responsable de la indemnización a las víctimas del percance.


La investigación, realizada también a solicitud del Gobierno de Sinaloa, señala que los 181 kilómetros a cargo de la concesionaria se hallan en mal estado pero el tramo crítico lo ubica del kilómetro 60 al 80, que es la parte ubicada entre Mazatlán y Elota.


Según el dictamen técnico elaborado por la SCT, el accidente del 6 de octubre es imputable a un descuido por parte del Grupo Ideal que debe mantener despejados de cualquier tipo de obstáculos los carriles de circulación de la carretera de cuota Culiacán-Mazatlán.


Incluso la empresa ha presumido de la instalación de sistemas de videovigilancia a lo largo de la autopista, lo cual debió permitirle localizar el semoviente que provocó que alumnos y maestros del Colegio Panamericano de Culiacán que viajaban en la unidad de StarBus número 1146, placas 117-RK-2, vivieran la desgracia de convertir en tragedia lo que fue planeado como un viaje de estudios a Guanajuato.


El parámetro que la SCT utiliza para medir la calidad de las carreteras es de 400 puntos que implica mayor calidad y la autopista Culiacán-Mazatlán acredita solo 280 puntos, abajo del índice aceptable de mantenimiento que reportan las carreteras de México.


La dependencia federal hace una evaluación semestral del estado de las carreteras libres y concesionadas. La información obtenida por Ríodoce señala que desde junio de 2012 se emitió una alerta por el deterioro que presenta la autopista Culiacán-Mazatlán y se le dio un ultimátum a Grupo Ideal para que procediera a repararla.


Sin embargo fue el reciente 27 de octubre cuando se lanzó el ultimátum al concesionario Carlos Slim, al ocurrir un nuevo accidente que costó la vida de cuatro personas y ocasionó lesiones a otras 26, ahora en el tramo Culiacán-Las Brisas conocido como autopista Benito Juárez, a la altura del poblado Caimaneros, municipio de Mocorito.


El peso del apellido
 
Fueron los abogados de los que perdieron la vida en el primer accidente —dos estudiantes, un maestro, el guía y el chofer del autobús— los que han orillado a las autoridades a exigirle a la concesionaria de la autopista que indemnice a los deudos de las víctimas conforme lo establece el título de la concesión otorgada en 1992.

Pero también fue un twitter emitido por el presidente electo, Enrique Peña Nieto, al conocer el primer reporte del percance, en el cual lamentó el accidente ocurrido en la carretera Mazatlán-Culiacán, el que alentó la investigación de la SCT contra el concesionario Carlos Slim.


En cuanto a la actitud que han asumido las autoridades locales, los abogados refieren que “el gobernador Mario López Valdez y el secretario Gerardo Vargas Landeros han sido omisos al dejar que las cosas corran para no entrar en conflictos con un hombre que es considerado el tercero (sic) más rico del mundo y el más acaudalado de América Latina”.


“Nosotros les decimos que la ley es la ley y sea quien sea la va a tener que cumplir. Sea como sea estas muertes derivaron de la irresponsabilidad de Grupo Ideal o del empresario Carlos Slim, de ellos es la culpa, pues fueron los que hicieron los compromisos de proteger a los usuarios de la autopista”, dijo uno de los querellantes contra el concesionario de la autopista Culiacán-Mazatlán.


Dice que a diferencia del accidente ocurrido días después en Caimaneros, por la carretera Benito Juárez, donde los peritajes señalan que a la camioneta que impactó contra el camión de Autobuses Unidos de Sinaloa le tronó uno de los neumáticos, en el caso del personal del Colegio Panamericano que perdió la vida existe negligencia de parte de Grupo Ideal que tiene la obligación, según el contrato, de garantizar la seguridad de la autopista.


En efecto, al referirse a los dos percances ocurridos recientemente por la carretera de cobro que abarcan de Mazatlán a Las Brisas, el gobernador Mario López Valdez declaró que “solo queda rogarle a Dios para que no sigan ocurriendo estos sucesos”.


Se refirió al Grupo Ideal, pero no al dueño del mismo. Dijo que “tiene que cumplir con las víctimas de forma voluntaria, pero si es necesario que la autoridad la obligue a proceder como es debido, lo va a hacer”.


En las cláusulas del título de concesión otorgado a Grupo Ideal, sostiene el abogado, se establece claramente que es responsabilidad de esa firma conservar en buen estado la Culiacán-Mazatlán “y buen estado significa mantenerla libre de ganado vago”.


En este punto es donde la SCT encuentra el incumplimiento de las condiciones pactadas en la concesión, ya que según Grupo Ideal posee un sistema de monitoreo para atender de inmediato cualquier circunstancia que ponga en peligro la vida de los conductores y pasajeros que transitan por la autopista.


Kilómetros de miedo
 
En el otro ranking, el de la carreteras más caras de México, la Culiacán-Mazatlán aparece en los primeros lugares. Al cobrar por 181 kilómetros cuotas de 209 pesos para vehículos livianos compite con autopistas como la Tepic-Mazatlán que cobra 387 por 271 kilómetros o la Maravatío-Zapotlanejo, cuyo peaje es de 431 pesos por un tramo de 322 kilómetros.

Pese a ser una de las autopistas más caras del país, la Culiacán-Mazatlán carece de medidas que garanticen la seguridad de los usuarios. Incluso la Policía de Proximidad Social (antes Policía Federal de Caminos) posee infinidad de reportes donde los elementos de la corporación han tenido que arriar el ganado vago para desalojarlo del área de tránsito automovilístico.


De igual forma, la presencia de hoyancos ha sido denunciada una y otra vez. El tramo Elota-Mazatlán es el más devastado, según los partes de esta policía, por la existencia de baches de hasta un metro de diámetro y 20 centímetros de profundidad que significan un peligro latente para la circulación vial.


El expediente que contiene las revisiones periódicas que realiza el centro SCT en Sinaloa es extenso. También los requerimientos hechos a Grupo Ideal para que subsane las irregularidades.


A raíz de los accidentes carreteros del 6 y 27 de octubre en que han muerto pasajeros de dos autobuses, la SCT halló más motivos para la posible revocación de la concesión, dándole un plazo de seis meses para que presente la autopista en condiciones óptimas.


Y una más: la Aseguradora Inbursa, que tiene a su cargo cubrir los daños atribuibles al estado de la carretera, se niega a asumir todos los gastos de indemnización.



Razones para invalidar

Aunque las concesiones para operar carreteras y autopistas se otorgan hasta por 30 años, el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala que en cualquier momento pueden ser revocadas existiendo una o más de las causas siguientes:


I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos;


II. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada;


IV. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas;


V. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello;


VI. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios;


VII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario;


VIII. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a estos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias;


IX. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.


X. Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría;


XI. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo;


XII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros;


XIII. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos; y


XIV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.

 

LA REBELIÓN DE LOS JODIDOS



Gabriela Soto   
 A menos de un mes del cambio del Gobierno federal, del PAN al PRI, la Sagarpa no tiene recursos para operar cuatro programas, con lo que deja al sector campesino endeudado, “encabronado”… inerme.

“Gracias a Dios que este Gobierno se va”, suelta con sarcasmo un ejidatario, con una voz que mezcla la rabia con la desesperanza en programas incumplidos: apoyos de Procampo, contingencia de 2011, Falsa cenicilla y Pro-Oleaginosas.

Samuel forma parte de un grupo de decenas de campesinos que hoy no fueron a labrar el campo, que abandonaron sus tareas allá, en la sierra del municipio de Sinaloa, para acudir a la delegación de Sagarpa en Culiacán y exigir el pago de los recursos federales prometidos.

El reclamo de estos manifestantes se reproduce, en el mismo tono febril, por cientos, miles de ejidatarios que trabajan a lo largo del campo sinaloense. Son cientos de millones de pesos adeudados a los agricultores, cuatro programas federales sin operar o con retraso, problemas que heredará el presidente Felipe Calderón Hinojosa a su sucesor priista, Enrique Peña Nieto.

El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Gonzalo Calderón Flores, reconoce un retraso de dos meses y medio de los apoyos de Procampo, pero según datos de los productores, desde hace casi un año no reciben recursos.

“¡Y vaya decepción!”

Dos muletas son sus piernas, el cuerpo de don Roberto Barraza se ha encorvado, es inconfundible entre la multitud que, airada, se apodera del auditorio de la Sagarpa para reclamar directamente al delegado la falta de pago de Procampo. Ha viajado más de 100 kilómetros en autobús y pese a que no ha desayunado tiene fuerza para seguirle el paso a sus compañeros; su andar es el camuflaje para la desesperación.

Este hombre de 63 años se ha unido a la lucha, dice, porque no soporta el hambre que taladra sus intestinos. Hace aproximadamente un año sembró cinco hectáreas de sorgo, el Gobierno federal le prometió alrededor de 900 pesos por tonelada cosechada, pero hace meses que vendió su cosecha y no ha recibido su pago.

Y lo mismo sucedió con el apoyo por contingencia de tres mil pesos por hectárea, a pesar de que contribuyó con la resiembra para “reverdecer el campo sinaloense” tras la helada de febrero de 2011.

“Yo estoy haciendo un sacrificio muy grande para que me paguen lo que me deben del ciclo de 2010, y el ciclo de emergencia (contingencia), el (ciclo) primavera-verano. Y es todavía que no me dan ni un cinco. Y tengo todavía la tierra en condiciones de ponerla a trabajar, y qué pasó con mi dinero, el Gobierno es muy bueno para exigir pero no cumple con sus obligaciones”, reclama el hombre con la esperanza desvanecida.

Don Roberto cuenta que contrata a otros campesinos para que le ayuden a sembrar su parcela, pero ante la falta de dinero para invertir será el sector privado el que se adueñe de la tierra.

“Ahorita, el sector privado es el único que siembra, el sector social no sirve. Se les venden las tierras, baratas. Se cierran las puertas a uno, no hay de otra”, lamenta.

“No traemos dinero, venimos como quien dice fiados con el dueño del camión que nos trajo. Y fiados nos tiene que llevar porque de allá también es él”, afirma.

Al lado derecho de don Roberto se encuentra Nicanor Cruz Velázquez, él es más aguerrido. Se confronta con el delegado Gonzalo Calderón y con su líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Martha Meza Escalante. Su paciencia se colmó cuando sus acreedores amagaron con embargar su casa y su esposa le reclamó dinero para comprar alimentos, ¡vaya paradoja!

“Ahorita dejé a mi señora sin desayunar para venirme aquí. Tuve un ‘changarrito’ ya se me acabó. Hemos estado yendo y viniendo, yo no me voy agarrar bla, bla, bla. Nosotros lo que deberíamos hacer es tomar Sagarpa y que los chilangos nos manden el dinero. Así, ya basta de que toda la riqueza de los estados se vaya al centro (a la Ciudad de México) pa’que unos cuantos vivales allá estén distribuyendo a su modo”, señala.

A Nicanor se le percibe con los ánimos exaltados, con la voz endurecida por el reclamo, y con la mirada triste. Su rostro no es el único. Los campesinos aglomerados portan sombrero, algunos más viejos que otros, que sirven para ocultar su mirada sin esperanza. Sus rostros dibujan arrugas que revelan su edad avanzada, su risa tiene un eco de sarcasmo y sus fuerzas lucen abatidas.

A este escenario apesadumbrado se le suma el reclamo de Benjamín Márquez Álvarez, presidente del Comité Municipal Campesino número 4: “La esperanza del ciclo que se presenta es precisamente el Procampo, algunos (campesinos) para comprar, otros para cambiar la papeleta en las gasolineras por diésel, otros para empeñarlas, algunos la necesitamos para pagar el abarrote, para que sigan los plebes estudiando. Lo cierto es que ese apoyo urge a los productores”.

“Es muy triste que los agricultores vengan desde el Cader de Bacurimito hasta Guasave, a buscar en el Banorte el que se haga efectivo el anuncio que ustedes dicen que ya está el depósito. ¡Y vaya decepción! Son muchos los viajes, amigo delegado, que la gente esta tiene a los Caders. Y en los Caders dicen: chequen esto, pero no hay dinero. Es desesperante lo que está sucediendo en Sinaloa, en todo este valle”.

“Y ahorita en todo este desespero, están las humedades y las humedades se te vayan porque no tienes diésel, porque no tienes para pagar un operador si te prestan el tractor o la maquila. Lo más elemental se nos está yendo. Y creo que gran parte de esa responsabilidad cae en ustedes, en las autoridades correspondientes, y aun más, les queda un mes aquí. Ya se van y bueno, ¿a quién le vamos a pedir cuentas? Y el que llegue va a decir: los que se fueron (son) los culpables”, reniega.

Y entre los reclamos accidentados que dominan las intervenciones, un campesino justifica: “Al santo que le deberíamos de rezar no está aquí. ¿De qué le sirven que le cuiden las veladoras a un santo que no hace milagros? El señor delegado no va hacer milagros, ¿por qué?, porque no está en sus manos la solución de resolver el problema”.


“No tenemos fecha de pago”: Sagarpa

El delegado de Sagarpa en Sinaloa, Gonzalo Calderón Flores, reconoce el retraso de más de dos meses en los pagos del Procampo, y justifica que los recursos se transfirieron directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyos montos no pueden disponer.

Anteriormente se entregaron alrededor de 17 millones de pesos a través de tarjetas para los beneficiarios del ciclo primavera-verano, después la delegación solicitó más de 102 millones de pesos, sin embargo SHCP “tiene cerrada la llave de los recursos para el pago de Procampo”.

“Y comprendo la situación en la que están y el desespero porque es cierto que tienen más de tres meses gestionando ante nosotros, pero no tenemos fecha, lo único que me han dicho es que nosotros tenemos que pagar antes de que cierre el ejercicio”, se deslinda.

A menos de dos meses para concluir el ejercicio del recurso federal fiscal del actual año y a uno de la salida del actual Gobierno federal, no hay compromiso de que se entregarán los pagos a los campesinos, por lo que es probable heredar el problema al siguiente gobierno.

De acuerdo con los datos proporcionados, la Sagarpa ha pagado 205 mil 398 hectáreas correspondientes al ciclo primavera-verano, de un total de 350 mil 398 registradas, es decir, un monto de 219 millones 356 mil pesos, quedando un saldo pendiente de cerca de 144 millones de pesos. En tanto, del ciclo agrícola anterior se tiene un adeudo de 52 millones de hectáreas, significando el cinco por ciento del total apoyado.


Gobierno insensible

El coordinador del Congreso Agrario Permanente, Ulises Gaxiola Rodríguez, expresa que “no hay confianza porque (las autoridades) no han cumplido” pues “se echan la bolita” la Sagarpa y la SHCP en los pagos al Procampo.

“Al productor no le interesa a quién se le echa la bolita. Al productor le interesa de que le entreguen los recursos porque son de ellos”, afirma.

“El retraso obviamente se debe a una falta de sensibilidad, se debe a una falta de darle la certeza a estos recursos. Está ‘mandatado’ por la ley, está ‘mandatado’ por todos los órganos de Gobierno, que los debieron dar con oportunidad y no los han dado. No le interesa al Gobierno saliente, simplemente está ‘acarrerado’ por entregar todo, más no cumplir con lo compromisos emergentes del sector rural”, critica.

El líder campesino dice que el rezago en los pagos impide que los ejidatarios compren los insumos necesarios para hacer producir nuevamente la tierra, en este ciclo otoño-invierno que va iniciando.

“(El Gobierno federal) queda a deber mucho principalmente porque las políticas públicas que se aplicaron beneficiaron a los grandes monopolios, a los grandes empresarios nacionales; a los productores del sector primario: ganaderos, pescadores, agricultores básicamente los dejaron en segundo término”, expone.

Por su parte, el dirigente de la Asociación de Agricultores del Río de Culiacán, Francisco Campaña Acosta, también indica que la Sagarpa incumplió con el apoyo de los tres mil pesos por hectárea afectada durante la contingencia, pues los horticultores quedaron fuera de este beneficio.

Estima que el 90 por ciento, de aproximadamente 50 mil hectáreas sembradas durante aquel ciclo, sufrieron siniestros, sin embargo, ninguno recibió el apoyo.