martes, 11 de abril de 2017

EL COLMO: NARCOS LANZAN MILES DE VOLANTES CON AMENAZAS DESDE UN HELICÓPTERO EN TEXCOCO, EDOMEX (VIDEO)


Al respecto, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, dijo que ya se abrió una carpeta de investigación, aunque no se ha presentado ninguna denuncia formal por los hechos.



Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- Un video difundido en redes muestra el momento en que miles de volantes con amenazas son lanzados desde un helicóptero durante la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, en el Estado de México.

Un grupo de narcotraficantes firma los volantes. Amenaza a otros criminales.

“Oso, Tito, Benny y toda su banda, ya pasaron la rama, no más extorsiones y secuestros de los suyos. Ya muy chingones!!! ¡Se acabó! Y contentos con su fiesta del pueblo, para robar más a la gente. Andamos despiertos. Atte. La Familia Unida”, dice el mensaje.

En la grabación se observa como los papeles caen de la aeronave y personas se agachan para recogerlas.

Al respecto, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, dijo que ya se abrió una carpeta de investigación, aunque “no se ha presentado ninguna denuncia formal” por los hechos, de acuerdo con el diario Reforma.

Texcoco es gobernado por Higinio Martínez Miranda, quien es militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los indicadores colocan al Estado de México como la segunda entidad con más violencia criminal en México.


(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / Sin Embargo/ abril 11, 2017 - 4:18 pm)

CAPTURAN OTRA VEZ A “EL CHACAL”


Foto: cortesía/ Fue capturado en la colonia Los Álamos

En la colonia Villas del Álamo II, fue capturado por agentes de la Policía Estatal Preventiva, Alberto “N”, alias “El Chacal”,  quien apenas había salido en libertad en marzo pasado. 

Se le vincula con el Cártel de Tijuana Nueva Generación y mantenía una pugna con el Cártel de Los Uriarte, por el control de la colonia Obrera y Florido.

El delincuente fue asegurado cuando circulaba sobre la calle Miguel Ángel Cárdenas. Traía en su poder un arma de fuego y droga.

El 7 de mayo de 2015, “El Chacal”, había  sido detenido por el delito de posesión de arma de fuego y delitos contra la salud, modalidad narcomenudeo.

Antes el 21 de abril de 2014, fue detenido con tres individuos en la Zona Norte, encontrándoles un arma de fuego calibre 9mm, por la que fueron turnados al MP.

Mientras que en junio del mismo años fue capturado por realizar disparos con arma de fuego al aire en el fraccionamiento las Delicias II, de la Subdelegación los Pinos.

También en un operativo de la PEP y el Ejército, fue asegurado con un arsenal, Tomás Hernández Flores, alias “El Apache o El Pelón”, presuntamente vinculado con el grupo de los “R’s”. 


Tomás Hernández Flores, alias “El Apache o “El Pelón” 

Trascendió que sujeto de 34 años de edad y originario de Guerrero, colaboraba con gente de los “R4”.

El detenido traía en su poder  un revolver Smit & Weson Cal. 38 especial, cinco cartuchos útiles, una pistola Calibre  9mm marca Lorcin, un cargador con 10 cartuchos útiles, y una sub-ametralladora marca Cobray, Modelo M11 con un cargador 14 cartuchos útiles y un cargador, así como 55 dosis de cristal.

El aseguramiento se originó en la calle Hamburgo y Londres, en la colonia Altamira.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados ZETA/ Martes, 11 Abril, 2017 01:33 PM)

PGR YA CEDIÓ A YARRINGTON A EU: BREITBART


Un funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ( SEIDO), informó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que la Procuraduría General de la República (PGR) acordó ceder la extradición del gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba a ese país, según un reporte del portal estadounidense Breitbart.

De acuerdo al medio, autoridades mexicanas llamaron el pasado lunes por la tarde a la dependencia estadounidense para informarle sobre la decisión de que el ex mandatario tamaulipeco sea extraditado al país vecino.

Ayer, Breitbart reportó que el arresto del exgobernador de Tamaulipas de 1999 al 2004, sucedido el domingo en Florencia, Italia, está generando “tensiones diplomáticas” entre Estados Unidos y México, debido a que la administración del presidente Enrique Peña Nieto “intenta mantener a un político corrupto lejos de la extradición a EU, donde tiene cargos por narcotráfico y lavado de dinero”.

Además, ambos países quieren llevar al político tamaulipeco a sus respectivos tribunales.

Así lo asegura este lunes el portal estadounidense de ultraderecha, Breitbart -que hasta agosto de 2016 fue dirigido por Stephen Bannon, ahora uno de los principales asesores de Donald Trump en la Casa Blanca-, y cuyas fuentes de información son agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (comúnmente llamado Homeland Security o DHS por sus siglas en inglés), establecidos en Brownsville, Texas, y en Roma, Italia.

Incluso, el portal aseguró que una fuente diplomática les confirmó que “las autoridades mexicanas no tuvieron nada que ver en la detención de Yarrington”, ya que fueron agentes estadounidenses los que habían estado persiguiendo al tamaulipeco “por un largo tiempo” y cuya detención “se llevó a cabo con la ayuda de las autoridades italianas con toda la intención de enviar al exgobernador a Estados Unidos”.

A pesar de ello, después de la captura, “las autoridades mexicanas tomaron el crédito y se movilizaron” para pedir que Yarrington les sea entregada por los italianos, ya que también es buscado en México, acusado de participar en actividades del crimen organizado, indica la nota firmada por el periodista Ildefonso Ortiz cofundador de Breitbart junto a Brandon Darby y al propio Bannon.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS /CARLOS ÁLVAREZ/ MARTES, 11 ABRIL, 2017 04:34 PM)

JUEZ DICTÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EX DIPUTADA VINCULADA CON EL ‘CHAPO’

El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión contra la ex diputada, Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada con Joaquín el Chapo Guzmán.

El juzgador sujetó a proceso penal a la ex legisladora por el delito de uso de documento público falso, pero como es un delito no considerado grave, puede seguir el proceso en libertad condicional.

La ex diputada solicitó un amparo el 24 de octubre de 2016 contra la orden de aprehensión y el pasado 30 de marzo se sobreseyó por cambio de situación jurídica.

El Juez de Distrito recibió un informe del Juzgado Tercero con sede en Toluca, que notifica que ya se había dictado auto de formal prisión.

“La Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución dictada el 9 del mencionado mes y año, en la causa penal 15/2016-IV, de su índice, de la que se advierte que dictó auto de formal prisión en contra de Lucero Guadalupe Sánchez López y/o Devany Vianey Villatoro Pérez, por su probable responsabilidad en el delito de uso de documento público falso”, informó el Juez por lista de notificación.

La acusada se presentó en el Juzgado a rendir su declaración por escrito el 4 de noviembre y cinco días después el Juez dictó el auto de formal prisión.

La ex diputada fue acusada por la Procuraduría General de la República de usar una credencial de elector apócrifa para visitar al Chapo Guzmán, en el penal del Altiplano, en 2014.

El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México libró la orden de aprehensión el 30 de junio de 2016.

En enero del año pasado, la ex diputada fue llevada a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México a declarar; en junio la Cámara de Diputados la desaforó.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 10 abril, 2017)

AGUARUTO: COMPLICIDAD OFICIAL


La falta de colaboración en la investigación federal por la fuga de cinco capos del Cártel de Sinaloa de un penal estatal pone bajo sospecha a funcionarios de la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien enfrenta su primera crisis de gobierno

La PGR desplegó un grupo de investigación para realizar las pesquisas que se han centrado en las declaraciones de todo el personal del penal que se encontraba en actividades al momento de la fuga

A pesar de considerar que Esparragoza Monzón podría mantener un liderazgo entre la población carcelaria, el gobierno estatal trasladó de la cárcel de Culiacán a quienes podrían ser sus respaldos en sus intenciones ilícitas

A partir del reingreso de ‘El Changuito Ántrax’ y ‘El Limón’ a Aguaruto, el sistema de videovigilancia dejó de operar y se dejaron de llevar los registros de las actividades de los reos
En las dos tesis iniciales planteadas se señalan las posibilidades de que hayan salido por la puerta principal o escondido en vehículos oficiales

El jefe de custodios, José Mario Murillo Rodríguez, no se ha localizado desde el pasado 16 de enero por la noche, luego que se dio el aviso de fuga a la PGR siete horas después

Los jefes del Cártel de Sinaloa, con su autogobierno, hicieron posible que los reos tuvieran en sus celdas equipo de sonido y video de alta calidad, acceso a bebidas alcohólicas, drogas y armas

Las explicaciones que ha dado el gobierno estatal respecto a la fuga de los integrantes del Cártel de Sinaloa no han sido claras, consideró el diputado Federico Döring Casar

La Federación asumió las investigaciones ante la presunción de complicidades de funcionarios estatales en la fuga del Penal de Aguaruto

59 Fugas de reos se han registrado en el penal de Aguaruto desde el 2005 a la fecha

49 Reos de los 59 fugados actualmente se encuentran prófugos de la justicia

170 Internos recluidos en cárceles estatales y federales recibió en los últimos tres años la cárcel estatal de Aguaruto

Las investigaciones sobre la fuga de cinco integrantes del Cártel de Sinaloa del penal de Aguaruto en el municipio de Culiacán, ya confronta a la Federación con el gobierno de ese estado que encabeza el priista Quirino Ordaz Coppel, quien, a menos de tres meses de haber asumido el cargo, ya encara su primera crisis.

En las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la fuga de Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax”, Jesús Peña González “El 20”, Alfonso Limón González “El Limón” y Francisco Javier Zazueta “Pancho Chimal”, se ha dejado de lado la participación de la Fiscalía General del estado de Sinaloa.

Todas las pesquisas que realiza la PGR en torno al caso ocurrido el pasado 16 de marzo se están llevando a cabo con sigilo, sin dar parte a la autoridad ministerial local, ante la presunción de una red de corrupción desde el gobierno estatal, que pudo haber facilitado la evasión de los cinco reos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Aun cuando en el deslinde el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel ha señalado que los penales recibidos de la administración de su antecesor Mario López Valdez, se encontraban “en condiciones caóticas”, el gobernador de Sinaloa ha aceptado públicamente la existencia de corrupción dentro del sistema carcelario estatal.

“Es una muestra de debilidad del sistema penitenciario, del rezago que hay, la corrupción que existe, la complicidad que se hizo patente y es a eso a lo que tenemos que dar la vuelta”, señaló el gobernador.

Y justamente a eso es lo que parece que la PGR pretende dar vuelta, al no hacer partícipe al gobierno estatal de sus investigaciones.

Por esa razón, la PGR desplegó un grupo de investigación, con dos agentes del Ministerio Público a cargo, a fin de realizar las pesquisas que se han centrado en las declaraciones de todo el personal del penal que se encontraba en actividades al momento de la fuga, en donde ya se han realizado más de 60 interrogatorios.

De estos interrogatorios, la PGR no ha dado conocimiento a la autoridad estatal, la que se ha mantenido en reserva sobre el caso, sobre todo luego que se ha abierto la posibilidad de que sean  llamados a declarar funcionarios del primer nivel encargados tanto del sistema penitenciario del estado como de la Policía Ministerial.

Por su parte, el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel ha salido al paso de las sospechas fundadas de corrupción en el sistema penitenciario local, señalando que se habrá de realizar una investigación a fondo sobre las conductas de al menos media docena de funcionarios estatales de la pasada administración.

De acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, una vez que concluya la investigación de la PGR, a fin de no entorpecerla, se habrá de proceder con una averiguación en la esfera estatal, que busca esclarecer quiénes han propiciado los actos de corrupción que han facilitado esta y otras fugas.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa, la de Juan José Esparragoza Monzón y cuatro de sus socios no es la primera fuga que se registra en el penal de Aguaruto; desde el 2005 a la fecha, se han registrado 59 actos de evasión de reos, de los cuales 49 actualmente en encuentran prófugos.

Los datos del gobierno estatal revelan que, en esta prisión, en donde actualmente se encuentran dos mil 448 internos, de los que 522 están procesados o sentenciados por delitos del fuero federal, la mayoría con amparos que impiden que sean trasladados a una cárcel federal de máxima seguridad. Se han impedido ocho intentos de evasión, solo en los últimos dos años.

LAS PESQUISAS LOS CONFRONTAN

Bajo el pretexto de que los cinco fugados el pasado 16 de marzo son reos federales, la PGR es la que se ha hecho cargo de las investigaciones para tratar de establecer responsabilidades, pero, en realidad, confió una fuente extraoficial del gobierno federal, la Federación asumió las investigaciones ante la presunción de complicidades de funcionarios estatales en el pasado evento.

Para la PGR no ha sido suficiente la medida dictada por el gobernador del estado de cesar al director del penal, Víctor Manuel Flores Díaz Bonilla, y a 10 de los custodios encargados del turno al momento de los hechos.

La dependencia federal va por más: trata de investigar quiénes propiciaron las condiciones de la fuga.

Pese a la disposición manifiesta del gobierno estatal de colaborar con los trabajos de la PGR, esto no ha sido posible pues ni siquiera se han podido proporcionar los videos de vigilancia del penal, bajo el argumento de que el sistema del C-4 (Centro de Cómputo, Comando y Control) no estaba en operación cuando Esparragoza Monzón salió del cautiverio.

A esto se suma la falta de registros en la bitácora de visitas, que no especifica qué personas visitaron a los reos en cuestión días antes de la fuga, ni tampoco se tiene registro sobre las actividades de estos presos en los últimos días de estancia dentro del penal, en donde también destaca la falta de información sobre su conducta.

Esto lo justificó el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, quien luego de reconocer la vulnerabilidad en la que fue entregado el sistema penitenciario, argumentó que “es muy complicado cambiar el sistema penitenciario de la noche a la mañana, debido a una herencia de malos manejos que venimos arrastrando”.

El Penal de Aguaruto no contaba con director aun cuando ya estaba recluido en el sitio Juan José Esparragoza Monzón.

El gobierno estatal designó provisionalmente como director de ese penal a Francisco Martínez Reyes, quien renunció al cargo dos días después de haberlo asumido.

SOSPECHABAN DE LA FUGA

De acuerdo con versiones de funcionarios de la PGR que participan en la investigación de la fuga de los cinco reos del Cártel de Sinaloa, el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel pudo haber incurrido en omisión, pues se sabía, si no de las intenciones, sí de los riesgos de evasión de Juan José Esparragoza Monzón, el hijo de “El Azul”, quien fue reconocido inmediatamente como jefe dentro de la población carcelaria apenas ingresó.

Al considerar que dentro de la prisión Esparragoza Monzón podría mantener un liderazgo entre la población carcelaria, por su estatus de jefe de cártel, el gobierno estatal optó por trasladar de la cárcel de Culiacán a quienes se consideró que podrían ser sus respaldos en sus intenciones ilícitas.

Por eso se ordenó el traslado a una cárcel de Los Mochis a Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax” y Alfonso Limón González “El Limón”.

La orden de traslado de “El Changuito Ántrax” y “El Limón”, se ejecutó dos días después de la llegada de “El Negro” al Penal de Aguaruto, pero dos semanas después, aun no se sabe la razón, el que es jefe del grupo de sicarios conocidos como Los Ántrax y el operador financiero del Cártel de Sinaloa, ya estaban de regreso en el Penal de Aguaruto.

Fue a partir del reingreso de “El Changuito Ántrax” y “El Limón” a la cárcel de Aguaruto que el sistema de videovigilancia dejó de operar y se dejaron de llevar los registros puntuales, tanto de las actividades de los reos, como de sus visitas, fuera en el área de locutorios en los módulos de visita familiar.

Como complemento al estado de ingobernabilidad que ya se registraba al interior de la cárcel de Culiacán, el gobierno estatal de Sinaloa, pese a su tesis de peligrosidad con la que se podía conducir Juan José Esparragoza Monzón, no hizo nada por reforzar las medidas de seguridad, continuando con la operación del penal con solo 30 custodios por turno.

En este sentido, la PGR realiza investigaciones sobre la razón por la que el día de la fuga se distendió la seguridad, pues al menos 11 de los 30 custodios designados al turno no se encontraban en sus puestos asignados, incluso existe una línea de investigación que apunta a la posibilidad de que seis custodios hayan solicitado licencia médica para dejar sus puestos de vigilancia.

DUDAS EN EL AIRE

La forma en que los cinco reos se evadieron del Penal de Culiacán aún no ha sido esclarecida por la PGR, pero se fortalecen las dos tesis iniciales que fueron planteadas por la propia Secretaria de Seguridad Publica del estado de Sinaloa, en donde se señalan las posibilidades de que hayan salido por la puerta principal o escondidos en vehículos oficiales.

Sobre la primera de las versiones, se apunta en las investigaciones de la PGR, los cinco reos pudieron haber salido vestidos de civiles, confundidos entre las visitas familiares que el día de los hechos acudieron a ver a sus internos. Y es que, tras el anuncio vertido en redes sociales de que se había dado una fuga de ese penal, el personal de custodia desalojó a los visitantes en forma inmediata y sin control.

La otra posibilidad, la que apunta a que los reos salieron escondidos en vehículos oficiales o del personal adscrito a la dirección del penal, que también implica la corrupción de personal de custodia, se deja ver tras la autorización del jefe de custodios, José Mario Murillo Rodríguez, para permitir la salida de unidades del interior de la cárcel, sin la debida revisión.

El jefe de custodios, de acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa, no se ha localizado desde el pasado 16 de enero por la noche, luego que se dio el aviso de fuga a la Procuraduría General de la Republica, un aviso que ocurrió siete horas después de que se notara la ausencia de los cinco reos señalados.

De acuerdo con la versión del subsecretario, Cristóbal Castañeda, el ejecutivo estatal supo de la fuga de los cinco internos por una llamada recibida en el número de emergencia 911, en donde una voz anónima denunció el escape, tomando como base la información que se difundió ampliamente en redes sociales, a través de twitter y Facebook.

Fue hasta que las redes sociales difundieron la fuga de los cinco internos, casi tres horas después de ocurridos los hechos, cuando el gobierno estatal comenzó con la aplicación de protocolos para intentar preservar el control del penal, el que siempre estuvo bajo el dominio de los internos.

UNA CÁRCEL CÓMODA

La prisión estatal de Aguaruto es considerada en el mundo carcelario como un penal controlado por el Cártel de Sinaloa. Por esa razón, la mayoría de los procesados en diversas cárceles estatales y federales, acusados de ser integrantes del Cártel de Sinaloa, siempre intentan amparos para ser recluidos en ese lugar.

De acuerdo con un funcionario del área jurídica de la cárcel de Culiacán, en los últimos tres años, la cárcel estatal de Aguaruto ha recibido a por lo menos 170 internos que estaban recluidos en cárceles estatales y federales de diversos puntos del país, los que argumentaron el derecho constitucional de estar cerca de sus domicilios durante el desarrollo de su proceso.

La mayoría de internos que han ganado amparos, en donde un juez los asignó a la cárcel de Culiacán, provienen de las prisiones federales de Matamoros, Puente Grande, en Jalisco, y Tepic, así como de las cárceles estatales de Hermosillo, Guadalajara, Tepic, El Pueblito, en Tijuana, Manzanillo y Mazatlán.

Este reclamo de los internos ha venido en aumento, después del 2012, cuando el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió “que hay un derecho fundamental a cumplir las penas privativas de libertad en prisión cercana al domicilio, sujeto a lo que se establezca en leyes razonables”.

De ese principio se han valido cientos de internos para ser recluidos en la cárcel de Culiacán, en donde la corrupción expuesta llegó a hacer de esta una prisión de lujo, en donde los jefes del Cártel de Sinaloa, con su autogobierno, hicieron posible que los reos tuvieran al interior de sus celdas equipo de sonido y video de alta calidad, así como acceso a bebidas alcohólicas, drogas, armas, telefonía móvil y prostitución.

La condición de autogobierno en las cárceles estatales ya había sido advertida por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la recomendación número 18 del 21 de diciembre del 2010, cuando se señalaron las cárceles de 18 estados, entre ellos, Sinaloa.

ACUSAN ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y DELINCUENCIA

Para el diputado federal panista, Federico Döring Casar, integrante de la comisión de Seguridad Pública, el gobierno estatal de Sinaloa no ha sido lo suficientemente claro en torno a las explicaciones que requieren en el caso de la fuga de los cinco integrantes del Cártel de Sinaloa de la cárcel de Culiacán.

Para el diputado panista, el gobernador Quirino Ordaz Coppel debe dar una explicación puntual sobre la forma en que se dio el incidente, pues de lo contrario quedan muchas dudas en el aire, en donde destacó un posible “acuerdo político” entre el gobierno de ese estado con la delincuencia organizada.

Döring Casar apuntó hacia lo inexplicable el hecho de que en una cárcel en donde está de manifiesto el autogobierno de los presos, sean recluidos reos de alta peligrosidad, como los que se fugaron, a menos, dijo, de que haya un acuerdo entre autoridades estatales y miembros de la delincuencia.

En alusión a las fugas anteriores que ya se han registrado en ese mismo penal, dijo el legislador que no se puede permitir que esos sucesos se conviertan en hechos cotidianos, y reconoció que “ya es una costumbre” ese tipo de fugas en el estado de Sinaloa, por lo que exigió un informe claro de la administración estatal.

Recordó que actualmente la bancada de diputados del PAN mantiene como presentadas dos iniciativas de ley para sancionar ejemplarmente a custodios y familiares que ayuden a la evasión de reos, mismas iniciativas que se encuentran en estudio en la Cámara de Senadores, para su retorno a la cámara de origen para su posible aprobación.


(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/ Miércoles 29 de marzo de 2017)

OPERACIÓN MÉXICO


El caso de Tomás Yarrington, detenido en Italia, confirma que el gobierno de Estados Unidos tiene hoy más que nunca en la mira a ex gobernantes, funcionarios, mandos de seguridad y empresarios mexicanos que están bajo sospecha de corrupción

Hace una semana y media, el entonces Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en la ciudad de San Diego, California, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación

La captura de narcotraficantes o lavadores de dinero ha sido crucial para que las autoridades norteamericanas sigan el rastro de los involucrados que van hasta los más altos niveles de la política nacional

Las capturas de Edgar Veytia, fiscal de Nayarit; y la de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas han cimbrado a las altas esferas de poder en México

“Le dije (a John Kelly) de manera respetuosa, pero muy clara, que las decisiones electorales y la selección de autoridades en México corresponde solo a los mexicanos y que lo que esperamos por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano”

Luis Videgaray
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

En dos semanas, Estados Unidos ha dado dos muestras contundentes de su cambio de actitud en los casos de justicia que tiene contra funcionarios mexicanos

A Tomás Yarrington se le acusa en México de delitos contra la salud y puede alcanzar una pena máxima de 20 años; en Estados Unidos está condenado a pasar dos cadenas perpetuas, más 90 años de prisión

La ideología del consejero de la Casa Blanca, Steve Bannon, y su visión de México y los mexicanos podría estar influenciando en la manera de tratar los asuntos de justicia en el país

El gobierno de los Estados Unidos acumula casos que involucran a funcionarios mexicanos tanto en escándalos de corrupción como con nexos con el narcotráfico.

Además del exgobernador Tomás Yarrington, detenido en Italia por la Policía Internacional y sobre quien pesan cargos de narcotráfico, en los últimos días las autoridades norteamericanas han estado activas en asuntos mexicanos, como en el caso de Edgar Veytia, fiscal general de Nayarit.

El domingo la PGR informó de la detención en Italia del exmandatario de Tamaulipas por parte de la Interpol y la Policía italiana.

De acuerdo con la dependencia federal, la captura de Yarrington –por quien la PGR ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos- se logró gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y la Agencia de Investigación Criminal con las autoridades italianas.

Yarrington es el último de una serie de funcionarios o exfuncionarios que son buscados en los Estados Unidos que han sido capturados en los últimos días.

Hace una semana y media, el entonces Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en la ciudad de San Diego, California, por presuntos nexos con el crimen organizado; lo ligan con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Otro caso es el de Iván Reyes Arzate, quien era un mando en la División Antinarcóticos de la Policía Federal desde la época de Genaro García Luna, cuando era secretario de Seguridad Pública.

Esos casos se suman a los del empresario Luis Carlos Castillo, “El Rey de los Dragones”, y a Juan Manuel Muñoz, “El Mono Muñoz”, operador del Cártel de los Zetas, detenido en España y extraditado a los Estados Unidos.

En las últimas semanas, la justicia norteamericana ha apurado sus investigaciones y procesos contra mexicanos que pueden estar vinculados en actividades delictivas.

Todo indica que ese país va dejando a un lado su papel como espectador y las autoridades mexicanas ya empezaron a notarlo.

TRAS CADENA DE COMPLICIDADES

Las autoridades estadounidenses van tras las redes de complicidad en las que participan empresarios y políticos que desde México permiten que la droga llegue a Estados Unidos y que el dinero sucio deje de serlo.

La captura de narcotraficantes o lavadores de dinero ha sido crucial para que las autoridades norteamericanas sigan el rastro de los involucrados; sus pistas han llegado a los más altos niveles de la política nacional.

En noviembre del 2016, EU capturó al empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, “El rey de los dragones”, acusado de lavado de dinero.

Castillo Cervantes tenía una empresa que poseía máquinas de reencarpetado de carreteras –conocidas como dragones, por lanzar fuego debajo de ellas- y que obtuvo contratos de gobierno millonarios.

Recibía pagos mediante facturas infladas, trasladaba los fondos a Estados Unidos y pagaba sobornos para continuar recibiendo contratos.

El empresario se declaró culpable a principios de enero pasado en una corte de Texas, de haber sobornado a varios exgobernadores y de ayudar a otros a lavar dinero. Hizo un acuerdo con las autoridades norteamericanas para reducir su pena, a cambio de revelaciones sobre los participantes en esta cadena delictiva.

Según una nota publicada en el diario San Antonio Express News, Castillo Cervantes habría sobornado a Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila de enero a diciembre del 2011; a Luis Armando Reynoso Femat, exmandatario de Aguascalientes; a Eugenio Hernández, exgobernador de Coahuila; y al propio Humberto Moreira.

Tanto Torres como Hernández son buscados por el gobierno estadounidense y se les considera fugitivos.

Moreira ha negado en todo momento las acusaciones.

Castillo Cervantes también ha sido vinculado también con Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León; así como con los exmandatarios de Zacatecas, Amalia García y Ricardo Monreal.

En el caso de Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, fue detenido en España acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, además de ser el enlace de Los Zetas en Europa.

Muñoz era dueño de varias gasolineras en Coahuila, a través de las que blanqueaba dinero que obtenía de la venta de drogas, según la acusación que se le hizo.

El diario Reforma publicó en enero, que de acuerdo a las declaraciones de un exjefe de Los Zetas, Moreira habría permitido la venta de droga en Coahuila a cambio de recibir 2 millones de dólares al mes.

La transacción se realizó entre el entonces gobernador y Muñoz Luévano, que representaba a la organización criminal.

“Realizábamos mesas redondas en las que se encontraban el gobernador y Juan Manuel Muñoz Luévano, alias ‘El Mono Muñoz’, quien servía de intermediario con los empresarios y él. Algunos eran empresarios de la Lala, ganaderos y personajes de la policía, como senadores”, citó Reforma la declaración del testigo.

Humberto Moreira fue detenido en España en enero del 2016, pero liberado apenas unos días después.

Hoy día ocupa el primer lugar de la lista de candidatos a una diputación plurinominal por el Partido Joven, un partido local de Coahuila, por lo que es probable que se convierta en diputado local y con el cargo reciba la protección del fuero constitucional.

Uno de los testimonios más esperados por las autoridades estadounidenses es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

TENSIONES DIPLOMÁTICAS

La tensión entre México y Estados Unidos ha ido creciendo en los últimos días con la captura de dos personajes ligados a la política nacional, en pleno tiempo electoral.

Justo cuando las campañas políticas en los estados de México, Coahuila y Nayarit arrancaban, dos sucesos quitaron el sueño a las autoridades mexicanas: la captura de Edgar Veytia, fiscal de Nayarit; y la de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas.

Veytia, quien era conocido en Nayarit como el “fiscal de hierro”, fue aprehendido en la ciudad californiana de San Diego el 29 de marzo pasado. Ya no regresó a México y ahora enfrenta un proceso en Estados Unidos, país que lo relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La captura cimbró a las altas esferas del poder en México; y no solo a las políticas, también a las empresariales.

A raíz de ese hecho comenzaron a salir a la luz pública una serie de intervenciones del gobierno estadounidense en la investigación de delitos.

La segunda detención de alto impacto que coordinó Estados Unidos fue la de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, a quien también investigan desde hace años por lavado de dinero y delincuencia organizada.

En dos semanas, Estados Unidos ha dado dos muestras contundentes de su cambio de actitud en los casos de justicia que tiene contra funcionarios mexicanos.

Esto ha provocado que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se exija a Estados Unidos respetar la voluntad de los mexicanos y no inmiscuirse en el proceso electoral.

El canciller Luis Videgaray reclamó al gobierno estadounidense su injerencia en los asuntos mexicanos… aunque lo hizo con el pretexto de una declaración de John Kelly, el secretario de Seguridad Interna de EU, sobre que un gobierno de izquierda “no sería bueno para Estados Unidos o para México”.

“Le dije de manera respetuosa, pero muy clara, que las decisiones electorales y la selección de autoridades en México corresponde solo a los mexicanos y que lo que esperamos por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano”, dijo Videgaray después de un encuentro con Kelly, la semana pasada.

ITALIA DECIDIRÁ: PGR

Los gobiernos de México y Estados Unidos están en una disputa para que Tomás Yarrington sea enviado a sus países y ahí sea juzgado por sus delitos.

El exgobernador de Tamaulipas fue capturado el domingo pasado en la ciudad de Florencia, en Italia. Su captura ocurrió en la noche y, aunque en todo momento negó ser Yarrington presentando documentos falsos, un análisis de sus huellas dactilares dio a los agentes el positivo para realizar la detención.

Tomás Yarrington tiene órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos.

En el caso de México, se le acusa de delitos contra la salud y puede alcanzar una pena máxima de 20 años.

En Estados Unidos, el exmandatario de Tamaulipas está condenado a pasar dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión.

En México, Yarrington está acusado de cometer delitos contra la salud. La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la emisión de la ficha roja a la Policía Internacional (Interpol) en diciembre del 2012.

El año pasado, la PGR hizo público que se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Estados Unidos pedirá su extradición, al igual que México, para enfrentar los cargos de conspiración, de haber recibido sobornos de los cárteles de la droga, de lavado de dinero y de fraude contra instituciones bancarias. Su solicitud de emisión de ficha roja ocurrió en 2016.

La decisión sobre a qué país es concedida la extradición está en manos del gobierno de Italia, que debe tomar en consideración una serie de factores, como la nacionalidad, la residencia, la gravedad de las faltas, la fecha de petición de extradición o el posible castigo que pueda recibir.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, explicó ayer que Tomás Yarrington también podría ser sujeto de una extradición temporal, pero todo está en manos del gobierno italiano.

La justicia estadounidense lleva el proceso judicial contra Tomás Yarrington y su socio, Fernando Alejandro Cano Martínez, quien es considerado su operador financiero y prestanombres.

En febrero pasado, Cano Martínez fue detenido en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, pero fue liberado horas más tarde luego de que presentó un amparo y pagó una fianza.

Elías Beltrán destacó que el cómplice de Yarrington tuvo que ser liberado porque, a pesar de que ya existía la orden de aprehensión en su contra emitida por una corte texana, no había emisión de la ficha roja para determinar su captura en otro país que no fuera Estados Unidos.

Tanto las autoridades de México como las de Estados Unidos cabildean con las autoridades italianas para que Yarrington sea enviado a estos países.

LA OTRA GUERRA

No en todas las guerras se lanzan misiles y cañones contra los que se consideran enemigos.

La del nuevo gobierno de Estados Unidos contra algunos mexicanos podría incluir investigaciones, órdenes de aprehensión o de búsqueda internacional.

Las capturas recientes de presuntos delincuentes de alto nivel, que han facilitado información sobre sus vínculos con políticos mexicanos corruptos, podrían ser el inicio de una operación que vaya en escalada para desintegrar las redes de corrupción y crimen en México.

Imposible no voltear hacia la Casa Blanca y ver a quien susurra al oído del presidente Donald Trump lo que debe pensar sobre México y su gobierno: Steve Bannon.

El principal consejero del mandatario estadounidense y hasta hace unos días miembro del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, tiene la firme convicción de que el gobierno mexicano tiene nexos con el crimen organizado.

En el portal de noticias Breitbart News, propiedad de Bannon, la narrativa es que el gobierno mexicano trata de rechazar todas las medidas que “peguen” a los cárteles de la droga.

“Los cárteles mexicanos tienen control operacional sobre estados fronterizos mexicanos, incluyendo las oficinas de los gobernadores”, dice Breitbart News en una nota que busca justificar el levantamiento del muro fronterizo.

La ideología del consejero de la Casa Blanca y su visión de México y los mexicanos podría estar influenciando un cambio en la manera de tratar los asuntos de justicia en el país, que han cambiado radicalmente del gobierno de Obama, que prefería mantener distancia, al de Trump, que busca llevar a la justicia a los políticos mexicanos que han cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas o el lavado de dinero.

(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Martes 11 de abril de 2017)




CHINA TENDRÁ MEJOR ACUERDO COMERCIAL CON EU, SI AYUDA A RESOLVER PROBLEMA CON COREA DEL NORTE, ADVIERTE TRUMP


Este fin de semana, Estados Unidos ordenó movilizar al portaaviones USS Carl Vinson y su grupo de ataque hacia aguas cercanas a Corea del Norte como muestra de fuerza ante las provocaciones del régimen de Kim Jong-un; la decisión del Gobierno estadounidense se produjo después del encuentro en Florida entre Trump y Xi, el primero entre ambos, en el que discutieron la necesidad de evitar nuevas provocaciones de Pyongyang, aliado de Pekín.

Washington, 11 de abril (EFE).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, instó hoy a China a colaborar para “solucionar el problema de Corea del Norte”, pero remarcó que su Gobierno está dispuesto a resolver la cuestión sin la ayuda de Pekín.

“Corea del Norte está buscando problemas. Si China decide ayudar, eso sería muy bueno. Si no, solucionaremos el problema sin ellos”, indicó Trump en su cuenta de Twitter en referencia a los repetidos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Pyongyang.

Asimismo, agregó que durante la visita la pasada semana del Presidente Xi Jinping le explicó que “China conseguiría un acuerdo comercial con Estados Unidos mucho mejor para ellos si solucionan el problema de Corea del Norte”.

Por su parte, Corea del Norte replicó que está preparado para responder a un “ataque preventivo” de EU. y condenó el envío de uno de sus portaaviones a la zona.

En vísperas del encuentro entre Trump y Xi, Corea del Norte lanzó la semana pasada un misil balístico de medio alcance que cayó en el mar de Japón.

Los avances del régimen de Corea del Norte en el terreno armamentístico se han acelerado desde la llegada de Kim Jong-un al poder, hace cinco años, con nuevos y mejorados misiles y sistemas de lanzamiento y también con bombas atómicas más potentes, aunque aún muy por debajo de las capacidades de los Estados nucleares.

El Presidente estadounidense ha insistido en que está abierto a una acción unilateral si China no controla a su aliado.

Trump ha dado un paso al frente en su política exterior con el bombardeo la semana pasada de una base militar siria en represalia al ataque químico presuntamente lanzado por el régimen de Bachar Al Asad en la provincia de Idleb, algo que ha sido interpretado también como un mensaje al Gobierno norcoreano.


(SIN EMBARGO.MX/ EFE/ abril 11, 2017 - 8:48 am)

¿CANTARÁ YARRINGTON EN EU? SI LOS EX GOBERNADORES HABLAN, SE CAE MEDIA CLASE POLÍTICA: BUSCAGLIA


La detención el domingo en Italia del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ha planteado preguntas sobre si va a ser extraditado a los Estados Unidos, donde está acusado de lavado de dinero, o en México, donde vivió durante varios años como fugitivo. Alonzo Peña, ex director adjunto de Inmigración y Aduanas de EU, dijo en una entrevista con San Antonio Express News que los políticos en México están temblando por la información que el ex priista pueda contar. “¿Va a cooperar? ¿Va a contar todo y poner en peligro a otras personas?”, dijo.

Analistas consultados por la agencia de noticias AP coinciden con este planteamiento. Para los expertos, la captura de Yarrington es un ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades a la hora de detener a uno de los suyos, un ex mandatario que puede contar con información delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos. “El Gobierno de Peña Nieto ha protegido a muchos gobernadores priístas”.

Oficios de asignación de escoltas ministeriales confirmaron que durante el mandato de Egidio Torre Cantú se brindó protección a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández con el despliegue de agentes, que formaban una fuerza conjunta de 12 elementos –ocho para Yarrington y cuatro para Hernández– significaron una erogación de 30 millones de pesos durante seis años por concepto de sueldos y viáticos.

Mark Stevenson y María Verza, AP



VIDEO: El febrero de 2012, el actual Presidente Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia, salió en defensa de Tomás Yarrington. La DEA acababa de soltar la bomba pero Peña lo consideraba una filtración.

“Me parece que esta es una filtración, una especulación que se viene haciendo. Lo único que ha pedido el PRI es que no se pretenda aplicar la ley violando la ley. El PRI está a favor de la ley y de la justicia. Pero también es cierto que este tipo de declaraciones vienen a ocurrir cuando estamos en plena campaña del proceso electoral”.


Peña y su compañero de partido. Foto: archivo

Ciudad de México, 11 de abril (AP) — El ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, prófugo de la justicia en Estados Unidos y México desde por lo menos un lustro y acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, fue detenido en Florencia, Italia, 12 años después de que dejara su cargo como mandatario estatal.

La captura, anunciada por la Procuraduría General de México el domingo por la noche, es a juicio de los analistas un ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades a la hora de detener a uno de los suyos, un exmandatario que puede contar con información delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos.

Yarrington fue Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo del Presidente Enrique Peña Nieto, y supuestamente aceptó sobornos tanto del cártel del Golfo como de los Zetas, los dos grupos del crimen organizado más poderosos en esa región, cuya lucha encarnizada ha dejado miles de muertos, desaparecidos, a la sociedad totalmente atemorizada, los medios de comunicación silenciados y la frontera noreste del país plagada de fosas clandestinas.

Según explicó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la fiscalía federal, Alberto Elías Beltrán, el arresto se produjo por las autoridades italianas gracias a la información de inteligencia proporcionada por México y Estados Unidos. Los dos países aspiran a conseguir la extradición del exmandatario, dijo Beltrán, pero será Italia el que decida a qué autoridades lo entregará una vez se formalicen las peticiones.

La unidad especializada en narcotráfico y delincuencia organizada de la fiscalía federal inició una investigación en su contra el 13 de julio de 2012. Más de cuatro años después, en noviembre de 2016, el gobierno ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (unos 730 mil dólares) por información que llevara a su captura porque pese al “amplio despliegue” para intentar capturarlo no se había podido conocer su paradero, decía el Boletín Oficial de la Federación al hacer pública la recompensa.

Sin embargo, aunque las autoridades federales no daban con él, Yarrington contó hasta el otoño de 2016 con escoltas asignados por la fiscalía de Tamaulipas, según dijo el lunes Francisco García Cabeza de Vaca, actual Gobernador del estado y primer mandatario de esta región que surgen del partido opositor PAN (o Partido de Acción Nacional), en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.


La recompensa tardía, casi 5 años después. Imagen de PGR.

De forma paralela a las investigaciones iniciadas en México, el FBI lo buscaba al menos desde diciembre de 2013, por lavado de dinero y fraude, entre otros delitos, acusaciones que sus abogados siempre negaron.

Según Estados Unidos, Yarrington recibió pagos de narcotraficantes que operaban en el estado fronterizo con Texas. Según un comunicado de prensa del FBI de diciembre de 2013, supuestamente lo hacía a cambio de “dejarles operar a gran escala” en sus actividades criminales.

Las autoridades estadounidenses también lo vinculan con distintos crímenes después de ser Gobernador: en concreto lo acusan del tráfico de “grandes cantidades de cocaína” de 2007 a 2009 desde el puerto de Veracruz al sur de Tamaulipas, y del uso de fondos públicos robados.

Pese a todas las investigaciones en su contra durante años, el PRI no lo expulsó sino hasta diciembre de 2016. En un comunicado, el partido explicaba entonces que era por “vulnerar sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y cometer actos de falta de probidad durante su gestión al ser señalado como autor de diversos actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la imagen del PRI”.

Expertos en crimen organizado enfatizaron lo mucho que se tardó en llegar esta detención y coincidieron en indicar que el arresto tiene connotaciones políticas, ya que este año habrá votaciones en varios estados importantes y en 2018 se celebrarán elecciones presidenciales, por lo que las autoridades quieren mostrar acciones contra la corrupción.

De hecho, hay otros dos ex mandatarios priístas prófugos: Javier Duarte, que gobernó el estado oriental de Veracruz de 2010 a 2016, y César Duarte, mandatario del norteño estado de Chihuahua en el mismo periodo. Ambos tienen a sus espaldas acusaciones de corrupción y al veracruzano se le vincula, además, con el crimen organizado. Aunque comparten apellido, no son familiares.

El ex Gobernador de Tamaulipas tiene palacio de 340 millones, exhibe empresario

La Fiscalía no ofreció detalles sobre cómo se concretó la captura de Yarrington pero el analista Raúl Benítez, indicó que se le pudo ubicar gracias a las comunicaciones telefónicas que tenía con su familia, aunque había cambiado de identidad.

A juicio de Benítez, el gobierno de Peña Nieto “ha protegido a muchos gobernadores priístas” durante mucho tiempo, pero ahora, por “cuestiones políticas”, el Presidente ha considerado que era necesario que cayeran algunos, sobre todo aquellos a los que se vincula con el crimen organizado.

“La mezcla de corruptos con narcos es explosiva, muy difícil de sostener para el gobierno”, añadió el analista en declaraciones a The Associated Press. De ahí, añadió, que se optara por “ir capturándolos aunque fueran del PRI”.
Hace menos de dos semanas fue arrestado en Estados Unidos Edgar Veytia, fiscal general del estado de Nayarit, también gobernado por el PRI, por asociación delictuosa para traficar con cocaína, heroína y metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero.

Para Edgardo Buscaglia, consultor internacional y experto en crimen organizado, la protección a los gobernadores va más allá de los partidos políticos. “Son señores feudales, intocables, a veces con más poder que el Presidente de la República”, dijo.

No van por los ex gobernadores por las complicidades y por el cálculo electoral: académicos

En su opinión, son “los principales arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales” porque desvían dinero de fondos públicos y gestionan irregularmente dinero tanto de empresas legales como del crimen organizado. “Cuando se vuelven impresentables (para la opinión pública) y bajo presión internacional, la Procuraduría General de la República actúa, pero estos gobernadores tienen mucha información con la que caería la mitad de la clase política como sucedió en Italia o Colombia”, añadió en declaraciones a la AP.

Precisamente por eso, Buscaglia está convencido de que a los gobernadores no se les encarcela directamente cuando hay una orden de aprehensión en su contra. “Comenzarían a revelar información y comenzaría a generarse un efecto dominó”.

“Negocian su entrega, su patrimonio”, agregó el experto. “Por eso milagrosamente no se encuentra a los gobernadores prófugos”.

(SINEMBARGO.MX/ AP/ 11 DE ABRIL 2017)


PLANEAN CONSTRUIR LÍNEA ELÉCTRICA ENTRE ARIZONA Y NOROESTE DE MÉXICO

Phoenix, Arizona.- Dos compañías proveedoras de electricidad planean construir un sistema de interconexión de 300 megavatios (MW) de corriente directa, para conectar en la frontera de Nogales la red eléctrica del sur de Arizona con la del noroeste de México.

Las compañías UniSource Energy Services, de Arizona, y Hunt Power, de Texas, informaron que planean en asociación construir, a un costo de 60 millones de dólares, una línea de transmisión que conecte Arizona y México.

La conexión permitirá las ventas de energía entre los dos países y proporcionarán una fuente adicional de energía para la zona de Nogales, Arizona, en caso de un apagón en la línea de transmisión o de otros problemas de confiabilidad en el sistema.

El proyecto permitiría la ayuda mutua en situaciones de emergencia entre las compañías de electricidad en ambos lados de la frontera. La línea de interconexión haría que la red eléctrica del sur de Arizona fuera más confiable y podría repercutir en una disminución de los precios para los consumidores.

El nuevo sistema actuaría también como una vía de peaje y generaría ingresos de los proveedores que envían electricidad de un lado a otro de la frontera. Larry Lucero, vicepresidente de Unisource y ex presidente de la Comisión Arizona-México, dijo que el proyecto es un resultado directo de los esfuerzos del presidente mexicano Enrique Peña Nieto para abrir los mercados de servicios públicos del país.

"La oportunidad ahora es mucho mayor para las empresas extranjeras de asociarse con la Comisión Federal de Electricidad, la compañía que opera la red eléctrica en México", dijo Lucero.

Lucero informó que el objetivo es tener la nueva línea de transmisión funcional para el segundo trimestre de 2019.

Actualmente dos líneas de transmisión conectan San Luis, Arizona y San Luis Río Colorado, en el estado mexicano de Sonora, con una que es utilizada para emergencias y la otra para suministrar energía a cuatro clientes industriales al sur de la frontera, de acuerdo con un documento de 2013 de la Comisión de Arizona México.

La línea de emergencia suministró energía a San Luis Río Colorado durante 22.5 horas luego del terremoto de 2010 en Baja California.


(DOSSIER POLÍTICO/ NOTIMEX/ 2017-04-11)

LO QUE QUEDA DE “LOS JAVIERES” BUSCAN DISTRAER LA FUERZA POLICIAL EN LOS CABOS, POR LA DESESPERACIÓN DE “EL COLORES”


Max RODRÍGUEZ
Una de las principales acciones que, de alguna manera, ha generado algo más de confianza en la sociedad es la participación de las fuerzas armadas en la vigilancia de la entidad, sobre todo en La Paz y Los Cabos, a pesar de los más recientes acontecimientos en que se ha tratado de distraer la atención y generar pánico por parte de los pequeños grupos que integran la célula criminal como la que comanda “El Colores” que ha dejado ver su desesperación al perder fuerza total en el sur del estado.

De acuerdo a información obtenida de fuentes policiales, los grupitos de “El Colores” quieren que se les ponga atención cuando ya no traen nada y por eso es que han cometido este tipo de actos como fueron las dos recientes ejecuciones en La Paz, lo que se busca es distraer la fuerza policial en Los Cabos.

La célula dirigida por “El Colores”, David González Payan, es la que busca la desestabilización, es quien ha mantenido la amenaza en contra de las autoridades y así como se ha detectado en la colocación de algunas mantas tanto en La Paz como en Los Cabos.

González Payan ha dejado mantas en las que amenaza no solamente a la autoridad sino a la sociedad, es el que por su desesperación por ocupar la plaza comete estos actos para generar miedo y para llamar la atención.

Precisamente en el reciente homicidio en contra de un elemento de la Policía Estatal en el exterior del Centro de Reinserción Social, cometido en los primeros días del mes en curso, se ubicaron tres tipos de casquillos percutidos, de tres armas diferentes del tipo 7.62 X 39 mm.

De acuerdo a informe obtenidos por el reportero, de los casquillos encontrados en el exterior del Centro de Reinserción Social,  el pasado miércoles 5 del mes en curso cuando dieron muerte al policía estatal, una de las armas fue utilizada en el asesinato de los agentes de la policía ministerial en San José del Cabo.

Otra de las armas, de acuerdo a los casquillos encontrados, se utilizó en una ejecución en la población de Loreto, mientras que de la tercera arma no se tienen ningún registro hasta esta fecha ya que al parecer no se había utilizado en ningún tipo de acción.

De los homicidios en contra de los agentes de la policía ministerial, desde un principio se habló de que fue la gente de la célula de “El Colores”, y por los casquillos encontrados el miércoles anterior, se puede apreciar que también participó en el suceso de Loreto.


(COLECTIVO PERICU/ REDACCIÓN/ 11 DE ABRIL 2017)