martes, 27 de marzo de 2018

LA MARINA NIEGA HABER DISPARADO CONTRA FAMILIA DESDE HELICÓPTERO EN NUEVO LAREDO



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaría de la Marina (Semar) se deslindó de la muerte de una familia durante un fuego cruzado luego de que efectivos de la Armada fueron emboscados en tres ocasiones la madrugada del domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sin referirse en ningún momento a la familia acribillada, entre ellas dos niñas de 4 y 6 años de edad, la Marina dijo que según “los resultados preliminares” de la investigación los impactos de bala que recibió “el personal civil” provinieron del fuego cruzado “a nivel tierra y no desde el aire”.

Además, el calibre de los impactos en el vehículo no corresponde al armamento que llevan las aeronaves de la Armada, aseguró el lunes esa fuerza armada en respuesta a la información sobre la muerte de la familia cuando circulaba por la carretera a Piedras Negras, Coahuila, de regreso a su casa luego de una visita familiar.

El diario El Mañana de Nuevo Laredo dio a conocer el domingo el testimonio de dos sobrevivientes, quienes aseguraron haber recibido los disparos desde el helicóptero y que cuatro elementos de la Marina que bajaron a rapel impidieron que el padre de familia fuera atendido a pesar de que se estaba desangrando. Los familiares dieron por muerto al papá.

Según la Semar, los marinos dieron atención médica “en todo momento” a los heridos en la misma área del “incidente”.

Además, el civil que supuestamente había fallecido recibe atención médica especializada en un hospital de Nuevo Laredo, Tamaulipas, señaló la Marina en un comunicado.

“Bajo ninguna circunstancia fue excedido el uso de la fuerza por parte del personal”, actuó “en estricto apego al Manual del Uso de la Fuerza” de las Fuerzas Armadas y en respeto de los derechos humanos, insistió la institución armada.

A pesar de que la Marina nunca hizo mención a que las víctimas eran parte de una familia, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Nuevo Laredo confirmó la muerte de la madre y de las dos niñas, y dijo que el hombre había sido llevado a un hospital por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas.

Cuando la Marina dio a conocer que había sufrido tres emboscadas sucesivas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, eludió mencionar la muerte de la mamá y las dos niñas.

Dio cuenta de la muerte de un marino, de las heridas de 13 más –tres de ellos graves- y la muerte de “cuatro presuntos infractores de la ley”, en lo que fue uno de los más graves ataques sufridos por la Marina, al menos que trascienden a la opinión pública, desde la declaración de guerra a los cárteles del narcotráfico en el sexenio pasado.

Según dijo la Marina, los civiles presuntamente pertenecen “a grupos criminales responsables de generación de violencia en el estado de Tamaulipas”.

Versiones de prensa atribuyen la agresión al Cártel del Noreste, ocurrida cuando los marinos pretendían detener a Juan Gerardo Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, “el Z40”, quien está preso en el penal federal de Ciudad Juárez, en espera de ser extraditado a Estados Unidos.

(PROCESO/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA/26 MARZO, 2018)

REOS PELIGROSOS DE VUELTA A BCS



Foto: Cortesía.- Simón Guillermo Hernández Peña / Simón Guillermo Hernández Peña

El presunto homicida Amadeo Zamudio “El Yeyo” ganó un amparo para ser trasladado del Cefereso 14 Durango, al penal de San José del Cabo. Al Cereso de La Paz podrían regresar “El Sepulturero” y “El Zata”. Personal de ambos reclusorios temen por la situación actual, que se agravaría con la vuelta de quienes previamente lideraron al interior. Dictámenes criminológicos de los personajes, son muy reveladores

Mientras la intranquilidad en los penales de Baja California Sur sigue latente, a situación podría complicarse aún más con la amenaza del retorno de internos de alta peligrosidad que entre 2016 y 2017 fueron trasladados a penales de máxima seguridad. Algunos tramitan juicios de amparo y otros ya consiguieron su “boleto” de regreso, pero se encuentran bajo impugnación de las autoridades penitenciarias.

Entre los presuntos criminales que en diferentes temporadas pusieron de cabeza los Centros de Reinserción Social (Cereso) de La Paz y San José del Cabo, se encuentran Simón Guillermo Hernández Peña “El Sepulturero”, Jesús Ernesto López Zataraín “El Yuca” y Alejandro Angulo Salgado. A otros como Luis Fernando Villalobos Graciano “El Güero Ruffles” y Daniel Guadalupe Romero Valdez “El Danny”, les fue negada cualquier posibilidad, por el momento, de volver.

Quien ya ganó el amparo y protección de la justicia federal para ser reingresado en el penal de San José del Cabo, procedente del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 14 CPS Durango, es Amadeo Zamudio Chávez “El Yeyo”, señalado de ser el probable homicida material del joven Jesús Asael Valtierra Loya, crimen ocurrido el último día de enero de 2011.

Al iniciar el año en curso, amenazas por medio de narcomantas, los homicidios de funcionarios de seguridad y la falta de garantías para laborar, han propiciado que personal de vigilancia del penal de La Paz se niegue a trabajar. Algunos de los custodios prefirieron renunciar a su empleo, mientras las autoridades penitenciarias no logran asumir un control total de las instituciones que dirigen y constantemente, desde hace por lo menos tres años, en los que ha habido muchos cambios de directores y asesinatos, han manifestado que las prisiones sudcalifornianas no reúnen las condiciones para albergar a presos de alta peligrosidad ni en estructura, ni en material humano para su contención.

Los lamentos ante la Comisión Nacional de Seguridad parecen no tener eco. Según el Gobierno del Estado de Baja California Sur, es latente “la posibilidad de enfrentamientos con grupos antagónicos que se disputan el control de los centros penitenciarios, lo que genera situaciones que ponen en riesgo la vida por la acción de terceras personas, así como la integridad físicas de quienes se encuentran privados de su libertad, de visitantes y personal que labora en los centro de reinserción social, lo que también crea riesgo de riñas, amotinamientos e intentos de evasión”.

Los presos que están por la comisión de delitos de alto impacto y que evidencian un alto poder económico, capacidad de liderazgo e influencia sobre otros internos, así como poder corruptor de servidores públicos, mantienen en vilo a custodios y personal técnico (psicología, medicina, trabajo social, entre otras áreas). De ahí el temor a que otros convictos que ya fueron trasladados, regresen.

REGRESA “EL YEYO”

Uno de los últimos trasladados a cárceles de máxima seguridad es el de Amadeo Zamudio Chávez “El Yeyo”, quien el 6 de julio de 2017, fue enviado en “paquete” con otros internos al Cefereso CPS 14 Durango, en Gómez Palacio, Durango, pero debido a fallas atribuibles a la Dirección General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social en el Estado de Baja California Sur, ganó un amparo y se ordenó su regreso al penal de San José del Cabo.

El traslado de vuelta a la península no se ha consumado, ya que tanto el Ministerio Público federal como la autoridad carcelaria, aún se encuentran dentro del plazo de Ley para formular, sí así lo desean, el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el Juzgado Tercero de Distrito en la entidad (880/2017).



Alejandro Angulo Salgado.

Al “Yeyo” se le instruye la causa penal 75/2015 por el delito de homicidio con premeditación y alevosía, privación ilegal de la libertad, robo con violencia y daños por incendio, en agravio de Jesús Asael Valtierra Loya.

El traslado del recluso fue calificado como “urgente” por directivos del Cereso de San José del Cabo, quienes justificaron la medida al referir que los estudios criminológicos practicados a Zamudio y otros presos arrojaron como resultado que “son considerados de alta peligrosidad; por tanto, ponen en riesgo la seguridad institucional, de las personas que ahí laboran y de la sociedad en general”.

Además, la autoridad penitenciaria se curó en salud al agregar: “El Centro de Reinserción Social de esta ciudad es considerado de baja seguridad, carente de infraestructura para albergar y contener a las personas con el perfil delictivo indicado”.

Sin embargo, pese a que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé los traslados involuntarios de reos, funcionarios cometieron un error que motivó la concesión del amparo a Amadeo. La Ley establece que una vez realizado un traslado urgente, sin autorización judicial, la autoridad administrativa tiene obligación de notificar el evento al juez de la causa dentro de las 24 horas siguientes a la fecha.

El traslado tuvo lugar el 6 de julio de 2017, pero la directora general de Ejecución, Prevención y Reinserción Social en BCS comunicó del traslado al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia en Ciudad Constitución hasta el 12 de julio, es decir, seis días después de que “El Yeyo” arribó al penal federal duranguense.

Aunque se pretextaron diversas situaciones para justificar la demora, el juez de amparo otorgó la protección constitucional al interno para ser devuelto “al lugar en que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado” y reingresado a la brevedad. El juzgador no cerró la puerta para que el centro carcelario de San José del Cabo intente un nuevo traslado, “cumpliendo cabalmente con los requisitos que establece el Artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal”.

ESPERA “EL SEPULTURERO”

En Ciudad Juárez, Chihuahua, otro que espera regresar a Baja California Sur, pero al Centro de Reinserción Social de La Paz, es Simón Guillermo Hernández Peña, mejor conocido como “El Simón”, “El Sepulturero” o “El Güero Peña”, quien desde el 14 de septiembre de 2016 se halla recluido junto con sus compinches “El Danny” y “El Güero Ruffles” en el Cefereso 9 Norte.

“El Simón” ha tramitado dos juicios de amparo, uno de ellos ganado para que se estudie su posible traslado al penal paceño y otro que le fue denegado, ambos en el Juzgado Segundo de Distrito de Baja California Sur. Además del traslado, pelea el derecho a una defensa adecuada y que se le restituya la comunicación con su defensor, concubina, sus menores hijos y hermanos. También alega malos tratos y tortura, pero una auscultación médica descarta tal aseveración.

Enjuiciado en la causa penal 251/2015 del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, Hernández Peña es considerado uno de los hombres que junto con Rolando González Moreno “El Compadrón”, imprimieron más violencia al penal de La Paz en los últimos tiempos.

Un dictamen criminológico emitido un día después de su traslado, con base en su expediente administrativo y el proceso penal, estima que “El Simón” es una persona antisocial “con nexos en grupos delictivos y participación en eventos relacionados con la venta y distribución de enervantes dentro y fuera del Cereso”.

Asimismo, destaca que “establece comunicación mediante telefonía celular y ordena ejecuciones, al que conforme a sus diversas características presentadas sobre manifestaciones y/o declaraciones, sus factores exógenos y endógenos de comportamientos, lo catalogan como un endocriminal preponderante, con características específicas de alta reincidencia en la conducta criminal y con rasgos de ser una persona con alta peligrosidad”.

El 13 de septiembre de 2016, a Simón Guillermo se le encontró dinero en efectivo, teléfonos celulares, diversos objetos y sustancias prohibidas (droga) en su celda, así justificaron tanto su remisión como la de sus seguidores a máxima seguridad.

Hechos violentos ocurridos durante la ejecución del traslado aquél 14 de septiembre le dieron la razón a la autoridad. Al ver que iban por él, Hernández Peña se refugió en el Área de Procesados “incitando a los internos que viven ahí para que se amotinaran”. Con apoyo policial externo y de la Marina, “El Sepulturero” fue sacado. Enfurecidos reclusos destrozaron todo lo que hallaron a su paso, dañaron las recámaras de la caseta de control y un consultorio. Hubo varios elementos de seguridad lesionados.

Dado el poder fáctico y económico que el personaje ostentaba en La Paz, así como las amenazas de grupos antagónicos, la posibilidad de su regreso enciende focos rojos para los directivos del penal.

EL PODER DEL “YUCA”

Otro que aguarda el momento de volver al Cereso La Paz, es Jesús Ernesto López Zataraín, que se cambia el nombre por el de Rafael Zataraín Aguilar. Unos le dicen “El Yuca”, otros le llaman “El Puka” o “El Zata”. Fue una de las piezas clave para la captura de Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China” hace un par de años.

López Zataraín perdió el amparo contra el traslado ante el Segundo Tribunal Unitario en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, ya interpuso el recurso de revisión en espera de que el fallo sea revertido por magistrados de un tribunal colegiado.

Detenido en junio de 2015 tras una balacera perpetrada en la colonia Diana Laura, en La Paz, López contaba con una sentencia de 21 años seis meses de prisión dictada en el Juzgado Segundo de Distrito de Baja California Sur, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego y granadas de uso exclusivo del Ejército, además de posesión de cartuchos y contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina; sin embargo, en apelación, la condena fue reducida a ocho años un mes de prisión, al ser absuelto de la posesión de droga.

El 24 de febrero de 2017, la Dirección General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social de BCS, determinó trasladar al preso, argumentando “medidas de seguridad y poner en riesgo la vida de las personas privadas de la libertad, así como del personal que labora y la gobernabilidad del Centro Penal de esta ciudad, al haber cometido una falta considerada grave”.

Ese día, “El Zata” encabezó a un grupo que salió del Área de Indiciados para atacar a un grupo antagonista que estaba en “máxima seguridad”, dejando severamente golpeado al interno Héctor Gerardo Valdez Eráldez. El vigía de la Torre 5 reportó el disturbio que, como pudieron, fue controlado por los pocos custodios del penal. El reo y sus seguidores tenían consigo armas hechizas, palos, tubos, piedras y objetos punzocortantes, atrincherándose en uno de los dormitorios, de donde se negaban a salir, profiriendo todo tipo de amenazas a los elementos de seguridad. Incluso prendieron fuego al interior del módulo. Jesús Ernesto y otros “selectos” internos finalmente fueron sometidos y trasladados de “urgencia” al Cereso de San José del Cabo.

“El Centro de Reinserción Social de La Paz es un centro penitenciario clasificado como de baja seguridad, se encuentra rebasado en su capacidad instalada para ello. Asimismo, adolece entre otros problemas, de sobrepoblación, y de una cantidad insuficiente de personal de seguridad y custodia, que permita una estrecha vigilancia permanente cuando se presentan este tipo de disturbios, que es sabido, la tensión dura por largos periodos”, se acotó en su momento.

EX CUSTODIO PELIGROSO

Destino diferente le tocó al ex elemento de seguridad penitenciaria del penal de La Paz, Alejandro Angulo Salgado, quien el 5 de julio de 2017 fue trasladado al Cefereso Número 4 Noroeste en El Rincón, Nayarit. Procesado penalmente por participar en atracos, acaba de sufrir un revés en el juicio de amparo promovido ante el Primer Tribunal Unitario de Sinaloa.

El reo pretendía revertir la calificación de la legalidad de su traslado, solo que esta vez las autoridades administrativas hicieron bien su trabajo al realizar las gestiones adecuadas y justificar la excepción al “traslado voluntario” porque, caso contrario “se pondría en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario”, donde amenazó al comandante de vigilancia y estaba reciente la muerte del subdirector.

Angulo se encontraba en el Cereso de San José del Cabo desde el mes de marzo previo. Antes estuvo en el Cereso La Paz, desde mediados de 2015. Enfrenta una causa penal por robo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sus defensores argumentaban que el traslado era violatorio de derechos humanos, pues Alejandro no había sufrido sanción disciplinaria ni está preso por delincuencia organizada.

Su estudio criminológico advierte que Angulo Salgado se desempeñaba como custodio de un centro penitenciario, con una “capacidad criminal alta en etapa de superación” y especialmente con la amenaza directa de la que el comandante informó haber sido objeto por parte de los privados de libertad que estaban siendo trasladados, entre ellos el quejoso.

Tras las constantes amenazas que viven los celadores, tanto del penal de La paz como de San José del Cabo, decenas de ellos han presentado su renuncia en los últimos dos años, y otros, en fechas recientes, simplemente dejaron de presentarse a trabajar.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ MARTES, 20 FEBRERO, 2018 12:00 PM)

SIN RASTRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL G20



Foto: Antonio de Jesús Cervantes G.- José Antonio Agúndez Montaño, ex Alcalde de Los Cabos fue manipulado por los intereses de su hermano, Narciso Agúndez, ex Gobernador de BCS para beneficiar a ciertas empresas en su administración

Desde grúas, patrullas, cascos antimotines, motocicletas y chalecos antibalas, en tiempos de la cumbre económica en Los Cabos, arrojaron una inversión de 25 millones de pesos. Ahora, autoridades desconocen el paradero de lo que se adquirió

El 18 y 19 de junio de 2012, el municipio de Los Cabos fue sede de la cumbre del Grupo de los 20 (G20), en referencia a las potencias mundiales que se encuentran entre los primeros 20 lugares. A dicha cumbre asistieron los representantes de países como Estados Unidos (Barack Obama), Alemania, Canadá, Italia, México, Francia, entre otros.

Para enfrentar tan grande compromiso, el gobierno mexicano y el estadounidense exigieron fuertes medidas de seguridad, por ello se requirió una inversión de más de 25 millones de pesos.

El XI Ayuntamiento de Los Cabos estaba bajo el poder de José Antonio Agúndez Montaño, quien convocó a su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integrado por:


*José Antonio Agúndez Montaño (presidente municipal)
*Oswaldo Murillo Martínez (síndico municipal)
*Guillermo Marrón Rosas (secretario general)
*Gerardo Manríquez Amador (tesorero general municipal)
*Edilberto Graciano Chávez (oficial Mayor)
*Alejandro Rosas Cañedo (director general de Asentamientos Humanos y Obras Públicas)
*Héctor Alejandro Arechiga de la Peña (contralor general municipal)
*Reynaldo Zatarain Valera (VIII regidor)
*Gustavo Castro Sánchez (director general de Servicios Públicos)
*María Verónica Olvera Guevara (directora municipal de Administración)

ZETA pudo obtener a través de una solicitud de información y juicio ganado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) al Ayuntamiento de Los Cabos, toda la documentación existente en cuanto a la adquisición de equipamiento para el G20, elementos que bien pudo haber servido para atender la demanda de inseguridad que se vive actualmente.

En Los Cabos, nadie sabe qué ocurrió con ese equipamiento que se adquirió para atender la Cumbre, solo por medio de documentos se sabe de su existencia, pero físicamente nadie sabe dónde quedó.



Foto: Antonio de Jesús Cervantes G.- José Antonio Agúndez Montaño, ex Alcalde de Los Cabos fue manipulado por los intereses de su hermano, Narciso Agúndez, ex Gobernador de BCS para beneficiar a ciertas empresas en su administración

Los documentos relatan lo siguiente:

Siendo las 14 horas y 40 minutos del 15 de mayo de 2012, se desarrolló la tercera sesión extraordinaria correspondiente al Ejercicio 2012. El comité se reunió para tomar en cuenta un único punto, el de la “adquisición de equipamiento de seguridad pública para el evento de la Cumbre G20 a realizarse en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, los días 18 y 19 de junio de 2012”.

El recurso extraordinario sería otorgado por la Federación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores; esto por la cantidad de 25 millones de peso, recurso que sería utilizado para “garantizar la seguridad de los representantes de las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo durante la Séptima Cumbre de Líderes, denominada G20”, expresan los documentos.

En un convenio entre el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gobierno de Baja California Sur y el Municipio de Los Cabos, el 8 de mayo de 2012, se consideró equipamiento como:

También “se adquieran adicionalmente 100 kits de protección para el Grupo Antimotines”, los recursos se obtendrían al optimizar los 25 millones de pesos de la Federación para equipar a los agentes.

Una segunda adquisición provendría del Programa Subsemun Ejercicio 2012, luego de un convenio signado con las mismas instituciones, el 29 de febrero del mismo año: vehículos de doble Cabina, acondicionados como patrullas, por dos millones 467 mil 400 pesos; chalecos antibalas, por un millón 250 mil pesos; impresoras de alto rendimiento, por los 30 mil pesos; en total arroja una cifra de tres millones 747 mil 400 pesos.

La adjudicación de las contrataciones se dio mediante un procedimiento de adjudicación directa; celebrada la convocatoria en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dando como resultado, por unanimidad, la aprobación del único punto del orden del día.

LAS IRREGULARIDADES

“Para ese evento se instalaron gran cantidad de equipos de seguridad, cercos perimetrales, arcos para la detección de armas, cámaras de seguridad; se equiparon a los cuerpos de seguridad, tanto local como federal, incluso llegó una avanzada del Gobierno de Estados Unidos para monitorear las medidas de seguridad, pues venía su Presidente en turno, Obama. Todo el corredor turístico contaba con equipos de videovigilancia de la Policía Federal, incluso se instalaron centros de mando; el municipio instaló un C2, pero la verdad ahora no veo la operación que tenía, creo que todo el equipo fue retirado”, refirió una fuente protegida sobre el tema de equipamiento para el G20.

Por ello se sospecha que ocurrieron irregularidades que son latentes en la documentación de la cuenta del propio XI Ayuntamiento de Los Cabos, referente a la adquisición del “Sistema de Videocámaras para Vigilancia y Monitoreo Vial”. En dicha adquisición, la documentación es clara; en esa compra no hay firma del apoderado legal en el contrato por la Empresa Grupo Comercial KAR, S.A. de C.V., denominado “Proveedor” en este movimiento, tampoco el recibo.

Además no existen facturas en la transacción. El representante legal de la empresa, Enrique Karchmer Lask, acredita a la empresa con la Escritura Pública 52,392, con fecha del 16 de enero de 2012, casualmente meses antes de que se celebrara el contrato.

En el caso de las siete motocicletas Harley Davidson que fueron adquiridas, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de José Antonio Agúndez Montaño aprobó un recurso de dos millones 590 mil pesos. En el contrato se acordó entre las partes, un total de dos millones 781 mil 62 pesos y 26 centavos; sin embargo, la facturación final fue de dos millones 949 mil 986 pesos y seis centavos; es decir, 359 mil 986 pesos y seis centavos por encima del presupuesto.

Se adquirieron 10 transportadoras individuales SEGWAY, modelo patrulla, de manera que se realizaron dos depósitos por 669 mil 817 pesos y 64 centavos, facturas 1325 y 1327 a SEGWAY de México S.A. de C.V. Sin embargo, existen irregularidades en el recibo y el contrato, ambos carecen de la firma del representante de la empresa; además se realizó un pago adicional de 92 mil 388 pesos y 64 centavos que no fueron comprobados.

“Ya no sirve ninguno de estos aparatos que se veían bien en la Cumbre. Después de eso dejaron de funcionar o los tienen guardados, pero ya no se vieron en las calles”, dijo la fuente protegida.

El Ayuntamiento consideró urgente la compra de una grúa con plataforma, la cual se adquirió por un millón 116 mil 660 pesos. El presupuesto se elevó 126 mil 660 pesos más; además, el contrato no cuenta con la firma del proveedor: Camionera del Pacifico, S.A. de C.V.

Definitivamente, para la compra-venta de 100 cascos y escudos antimotines, así como del equipamiento para cada uno de los elementos, siendo estos: petos, coderas, antebrazos, rodilleras, etc. José Antonio Agúndez Montaño se olvidó del contrato para dicha adquisición; no hay documentos que den fe de la existencia de dicha empresa. No cuenta con firma el recibo, así como tampoco del contrato.

La compra se había establecido en 450 mil pesos, pero resultó un recibo de un millón 100 mil 760 pesos, es decir, más de 650 mil pesos de lo presupuestado. Los depósitos se hicieron a nombre de Ana Lilia Camacho Favela para la empresa de Chihuahua: “Optimagen”.

Además, con el recurso del Subsemun 2012, se consideró la compra de más chalecos antibalas por un millón 250 mil pesos, los cuales no están sostenidos ni justificados en documentos, tampoco la compra de impresoras de alto rendimiento, por un valor de 30 mil pesos.



Foto: Antonio de Jesús Cervantes G..- Grupo Comercial KAR recibió 9 millones 400 mil pesos por el concepto de Configuración e Instalación de Sistema de Videovigilancia G20, los movimientos interbancarios se hicieron aun cuando el XI Ayuntamiento de Los Cabos no recibió facturas

El gasto real sostenido con documentos y contratos revela que de los 25 millones de pesos que se bajaron a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se gastó esa misma cantidad más 786 mil 62 pesos y 23 centavos.

Sin embargo, si se le resta la adquisición de equipos que carecen de contratos o de facturas de la compra-venta, se podría suponer que al menos 10 millones de pesos están perdidos al no poderse comprobar que hayan sido utilizados para el pago de servicios y quizá estén involucrados en operaciones simuladas.

Están también los documentos sin firmas en recibos y contratos, lo cual aumenta aún más la cifra de recursos que al parecer fueron bajados e “invertidos” o “justificados” de manera irregular.

En una auditoría externa, presentada en 2012 por el CP Gerardo Lozano Dubernard, el Ayuntamiento de Los Cabos tuvo un Ejercicio Real por el concepto de Seguridad Pública G20, por 28 millones 44 Mil 37 pesos; todo fue reclasificado como Excedente No Autorizado.

Se hizo la compra de equipo para 100 agentes antimotines, la compra se hizo sin contrato de por medio y la compra se excedió por más de 650 mil pesos en la administración de José Antonio Agúndez Montaño

Coincidentemente, durante ese periodo en que se realizaron las compras y adquisiciones irregulares, Narciso Agúndez Montaño, hermano del Presidente Municipal, Tony Agúndez, se encontraba recluido y pagó una fianza y a abogados para abandonar la cárcel del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz.

LOS CABOS AL DESCUIDO DE GOBIERNOS

“Esto es un asunto de números. Los resultados se miden por números más allá de las cosas, podemos hablar de que en los últimos 45 días ha habido solo dos asesinatos relacionados por narcomenudeo o delincuencia organizada. Estamos hablando de un número bastante aceptable para Los Cabos. Esto es resultado no de ahorita, sino de un año o más de trabajo en el que intervienen elementos de la Marina, Sedena, Policía Federal y la suma de los trabajos locales”, reconoció Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos.

Pero Los Cabos, desde octubre de 2016, se había colocado en medio de una lucha entre miembros vinculados a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco, situación que en algún momento se iba a salir de control y a estas alturas solo se puede hablar de una contención de seguridad.

La falta de prevención y la simulación, presente en gobiernos anteriores, surgieron a la luz, mostrando lo colapsado de la estrategia de seguridad, lo cual sugiere la necesidad de crear medidas emergentes para sostener a uno de los destinos más importantes de México.

La falta de visión y compromiso con los ciudadanos se veía muy clara en la administración de José Antonio Agúndez Montaño, quien gobernó Los Cabos de 2011 a 2015; su paso por la administración pública cabeña dio mucha ventaja a las fuerzas criminales: cuerpos de seguridad sin capacitación, equipamiento ni equipo tecnológico para proteger la ciudad.

Pese al descuido que por años sufrió la ciudad, empresarios de Los Cabos han puesto de su parte para mejorar al destino.

“La prueba está en que seguimos apoyando para que Gendarmería esté aquí, que inició cuando los momentos estaban difíciles y se tenía que reaccionar, apoyando con la construcción de un cuartel de marinos para que pueda haber aquí por la falta de instalaciones, y nadie se había puesto a pensar en eso. Esto nos dio oportunidades de ver dónde estábamos débiles, qué es lo que estábamos dejando de hacer, los anteriores gobiernos que no pensaron en esto y la sociedad misma estamos aprendiendo de ello y de las circunstancias”, lanzó Julio Castillo.

Por ello fueron los mismos empresarios quienes iniciaron programas de instalación de equipos de videovigilancia en San José del Cabos y Cabo San Lucas, ante la falta de interés del mismo municipio; sin embargo, de contar con un equipo al que se le invirtió y supuestamente se instaló en la ciudad, hoy resulta necesario volver a colocar uno nuevo.

“Se ha estado colocando videovigilancia en todo el corredor turístico por parte del gobierno del Estado, un sistema de vigilancia que está conectado al C4. Grupos Empresariales como es Amigos de Cabo San Lucas, un grupo de empresarios comerciantes de la zona centro de San Lucas, están haciendo equipos de videovigilancia para cubrir la demanda y han invertido en cámaras en la zona donde ellos están, buscado conectarse al C2 o al C4 para que tengan imagen. De igual manera, Colonos del Médano, empresarios de esa zona del Médano, también invirtieron de 14 a 20 cámaras”, refirió por parte del CCE de Los Cabos.

Afirman que los problemas de inseguridad no aparecieron de la noche a la mañana, pues estos responden al atraso y falta de atención por parte de las autoridades correspondientes: “ni el mal es producto de una maldición, ni la solución de magia; ambas tienen una causa y generalmente este tipo de causas son de largo plazo, se generan en el largo plazo, tanto la solución como el problema”, agregó.

Lo cierto es que para los empresarios, tanto el Ayuntamiento de Los Cabos como el gobierno del Estado, no han invertido en la sustentación de la seguridad, sobre todo de este municipio. Hoy, el mal gobierno de otras administraciones es un reflejo de la actualidad.



El presupuesto de 25 millones para la adquisición de equipo y tecnología de seguridad para la cumbre del G20, fueron recursos bajados de la Federación al municipio de Los Cabos, de ese recurso al menos 10 millones no se puede sostener la compra con documentos

“Años que no se invirtió, es increíble que a la fecha ningún gobierno haya hecho una academia en forma para capacitar policías; es increíble que a la fecha no tuviéramos una depuración policial, que no hubiera depuración en las policías, que no se haya invertido en capacitación, cuando los policías se contrataban sin ningún requisito, al compadre, al amigo; así se formó la policía, quizá porque en ese tiempo no se tenía la globalización y estos tiempos de seguridad más complejas que tenemos, hoy que nadie lo pensó”, expuso el presidente del CCE de Los Cabos.

Cómo descuidar un municipio rico en turismo, en una población trabajadora, riquezas naturales, José Antonio Agúndez lo supo hacer, solo vieron lo que podría ocurrir en su momento y jamás fueron visionarios de lo que pudiera pasar más adelante.

“No hubo un gobierno que pensara que esto a la larga va a generar intereses, o va a ser más complejo. Obviamente no se hizo; se combina esta situación de tiempos de descuido en inversión, se combina con una situación nacional en términos de una lucha entre grupos de la delincuencia organizada, y bueno, se forma el caldo perfecto para que se dé lo que se dio”, recalcó Julio Castillo.

Pero la pregunta que la población se sigue haciendo es: ¿dónde quedó el equipamiento comprado para la Cumbre del G20? Lo cierto es que nadie ha sabido dar santo y seña del paradero de estos equipos, instalados por el C2 de San José del Cabo, la Policía Federal y la avanzada de seguridad que persiguió cada uno de los países que participaron en el G20, con duración de una semana. Los Cabos se quedó sin equipo y sin recursos. “Hace falta inversión en tecnología en términos generales, que es algo que también se dejó de hacer en todos estos años; estamos hablando de que todas estas debilidades que son producto de cosas que se dejaron de hacer y una de ellas es la inversión en tecnología, no solo videovigilancia; estamos hablando de tecnología en materia de prevención y desde luego uno de los rubros es videovigilancia; y sí, desde luego hay una gran oportunidad. Hay un gran rezago en este sentido”, finalizó el presidente del CCE de Los Cabos.

(EDICIÓN IMPRESA /ANTONIO CERVANTES /MARTES, 13 MARZO, 2018 12:00 PM)

EMBARGADOS PREDIO Y PROYECTO DE DESALINIZADORA



Foto: Agustín Reyes

Al admitirse un juicio de nulidad de acciones y operaciones realizadas en 2014 al interior de las empresas ganadoras de la Asociación Público Privada de más de 76 mil millones de pesos para la construcción de la desalinizadora en Rosarito, la Jueza del Décimo Civil especializado en materia mercantil, decretó el congelamiento de las actividades de las empresas participantes, así como el embargo del terreno donde se pretende construir la desalinizadora, en tanto no se dicte sentencia definitoria. Con esto, se impide que inicien la construcción, que avancen en el proyecto, o realicen transacciones de compra, venta y otras

La obra insigne de Francisco Vega de Lamadrid, la desalinizadora que costará a los bajacalifornianos 76 mil 740 millones de pesos durante los próximos 37 años, no podrá iniciar la construcción. El jueves 22 de marzo, el predio fue embargado y las actividades comerciales de las empresas involucradas fueron suspendidas.

Esto ante un auto de admisión en el Juzgado Décimo Civil con especialidad en materia mercantil, de un juicio de nulidad de acciones que al interior del consejo de administración de la empresa ganadora del proyecto para la construcción de la desalinizadora, con actos de simulación perjudicaron a uno de los socios.



Lo engañaron informándole que el proyecto no estaba avanzando, que era necesario invertir más dinero. Que sus acciones, el 25 por ciento de la sociedad, tenían un valor de 37 mil pesos. Cuando el socio decidió no invertir más, un paquete de acciones también del 25%, pero a nombre de Alejandro de la Vega Valladolid, fue vendido por un millón de dólares.

En un litigio que promovió Gough Thompson, uno de los socios de EWG Water LLC, en el Juzgado Décimo Civil especializado en materia mercantil, la jueza Lourdes Molina encontró los elementos suficientes para ejecutar dos actos:

El embargo del predio donde se pretende construir la planta desalinizadora

La suspensión de toda actividad comercial de las empresas involucradas en el proyecto de la desalinizadora.

Consecuencia de ello, no se puede ejecutar el proyecto de construcción de la planta desalinizadora, por “simulación de actos en perjuicio de uno de los socios”.

El abogado Roberto Vega Treviño, apoderado legal de EWG WATER, LLC, demandó “en la vía ordinaria mercantil al señor Alejandro de la Vega Valladolid, NSC Agua, SA de CV, Consolidated Water Cooperatief UA y, como tercera llamada a juicio, Aguas de Rosarito, SAPI de CV, por las prestaciones y causas que señala”.

Explicó el abogado Vega que Thompson asegura que fue el experto que investigó, planeó y proyectó la desalinizadora de Baja California, incluso fue él quien localizó la mejor ubicación para la misma: a un lado de la termoeléctrica de Rosarito. Se asoció, entre otros, con Alejandro de la Vega Valladolid. Ambos poseían el mismo número de acciones en lo individual, el 25 por ciento.

Roberto Vega Treviño detalló el conflicto que llevó a su socio a la demanda en la cual la juzgadora determinó los actos ejecutorios que hoy impiden la construcción de la desalinizadora:

“Sin embargo, hubo unas cuestiones de ejercicio indebido de facultades entre socios, otras cuestiones también de aumentos indebidos de capital social, aprovechándose de simulaciones de actos jurídicos que causaron sendos perjuicios en el patrimonio de mi representada”.

Amplió el abogado:

“Básicamente lo que nosotros hemos hecho es un trabajo mercantil, exclusivamente, judicial, donde hemos planteado demanda de nulidad de acuerdos tomados en la asamblea, tomando como causa una grave simulación de actos donde se parte de un supuesto falso, dándoles una apariencia de real; y es que se da una valoración a unas acciones, a un cuadro de capital social, y se da una valoración distinta al cuadro de mi cliente. Entonces, básicamente es una demanda ordinaria mercantil donde se plantea la nulidad de acuerdos adoptados en la asamblea, consistentes en aumento de capital social, donde consecuentemente se pulveriza la participación de mi representada.

“Lo que buscamos es el restablecimiento de ese 25%, fue la participación máxima que se tuvo ya en el vehículo corporativo que ahora están aprovechando estas personas, que es una empresa que se llama NSC Agua”.

Y habló de la forma en que su cliente fue afectado: “En 2013 se lleva a cabo la asamblea de accionistas, donde se propone un aumento en el capital social en su parte variable, de la empresa NSC. Este aumento del capital social se propone llevarse a cabo conforme una evaluación nominal, las acciones tenían valor nominal de un peso. Sin embargo, con motivo de un asunto extranjero en Nueva York, y auxiliados de un procedimiento de descubrimiento de pruebas que le llaman discover, nos percatamos que había un contrato con diverso accionista donde se da una evaluación completamente distinta a esa participación social”.

Se trata de dos paquetes de acciones. El 25% de Gough Thompson, y el 25% a nombre de Alejandro de la Vega. “El valor del caso de mi representado se proponía para los socios un valor de un peso por las acciones”. Mientras el valor de las acciones de Alejandro de la Vega (las mismas que Thompson), fue determinado en 1.3 millones de dólares.

De hecho, De la Vega vendió su 25% y le fue entregado el 1.3 millones de dólares, al tiempo se amplió el capital y con ello pulverizaron las acciones de Thompson: “Se pulverizó la parte de mi representada porque no se ejerció el derecho con base a que no era atractivo conforme al reporte que se estaba dando, el administrador, la parte importante. El control de la sociedad lo tenían ellos, que es un grupo holandés que se llama Consolidated Water, entonces al tener el control ellos, como administradores dan un reporte a los socios para ver si estiman conveniente suscribir el aumento, o simple y sencillamente no suscribir y aguantar, amortiguar el golpe que va a sufrir su participación. (Mi representada) No suscribió, con base en que en los reportes no se había logrado los permisos gubernamentales requeridos, etcétera”.



La participación de Thompson quedó reducida así:

“Menos del 10%, y hoy en día va en menos del 1%. ¿Qué pasó? Obviamente a nosotros nos dicen ‘no hay nada, no hay proyecto, no hay permisos, hemos batallado, vamos a necesitar más capital…’, pues el valor de las acciones sigue siendo un peso, entonces, ya no me resulta atractivo seguirle invirtiendo a este proyecto, prefiero amortiguar el golpe del aumento”, relató el abogado.

“La simulación es simple y sencillamente un fraude civil, una apariencia de hacer algo falso, real, cuando no lo es, entonces es lo que pasó en este caso: que ellos compraron otro 25% para tener control, cuando sabían que nosotros íbamos a caer en esta trampa. Nosotros, obviamente mi cliente, fue solo a la asamblea, todavía no contaba con abogados. Era algo que a simple vista, para que podamos precisar, sentir y dar, si ves la ausencia del otro socio dices ‘espérame, qué raro que no haya venido convocado a algo tan importante’, y el otro socio pues es un empresario muy importante de aquí de la ciudad”.

Se trata de Alejandro de la Vega. Continúa el abogado: “No acudió, o, él ya sabía que iba a salir con el contrato que tenían guardado. Estaba vendiendo su participación en 1.3 millones de dólares”.

— ¿Él ya no está en la sociedad?

“Él ya no está, entonces, eso es lo que buscamos nosotros anular, todos esos actos concatenados que se dieron con motivo de esta asamblea de socios”.

—-¿Quiénes son los socios, queda algún otro socio mexicano?

“No, ya no. Hasta donde sé, es NSC Agua, es el vehículo, es Consolidated Water, es Gough Thompson, y hay otra empresa, pero esa así es mexicana, pero controlada por ellos”.

— -¿Aguas de Rosarito?

“Aguas de Rosarito es otra empresa… ellos no tienen participación en NSC, hasta donde yo sé”.

El principal argumento del abogado para solicitar la nulidad de las acciones, es que “cuando se llevó a cabo la asamblea, nunca nos dijeron que había un contrato donde ya había una valuación en las acciones dada por ellos mismos, y ese contrato salió a la luz con base en un juicio donde ellos mismos promueven. Ellos me demandan en Nueva York, por soberbia, porque dicen ‘yo no tengo por qué litigar en México’, entonces, ¿cómo que no tienes que litigar en México? Son sociedades mexicanas, los actos fueron dados en México, es un proyecto mexicano; en el juicio en Nueva York, que ya se acabó y ganamos, yo juntándome con el abogado en Nueva York, le digo, sabes qué, hay un socio que no fue a esta asamblea, por favor en el procedimiento previo, donde pides todos los elementos de prueba, pídele todo lo referente a cómo se salió este señor de la sociedad. Y ahí exhiben el contrato.

“Cuando en un momento dijeron que las acciones no valían nada, porque no tenían nada, por el otro lado, un mes antes ya habían firmado una opción para venderlas en determinado precio, lo que es bastante considerable, entonces, nos engañaron. No teníamos forma de averiguar ese contrato, fue un documento privado”.

Vega Treviño sustentó el mal actuar de los socios contra su representada:

“Cuando ves que el socio mayoritario o socio administrador, que normalmente obedece al mayoritario, te está ocultando información o diciendo una cosa, o se está quedando incompleto en los informes, y más aún, repercute en una decisión que tú tomaste, básicamente en esa decisión, mi cliente qué hizo: abandonó el negocio, porque dice ‘ya no me conviene seguir con eso, no voy a aumentar el capital social, ¿para qué inyectarle más dinero bueno al malo?’. Entonces, eso precisamente es lo que la Ley mercantil, en este caso también civil, castiga por conducto de la simulación de actos, pero en la simulación de actos exige un elemento adicional que es ‘me quisiste hacer aparentar un acto falso como real, le quisiste dar tintes de realidad a una cuestión que era completamente alejada de dicha realidad’. Entonces, para mí es ese el sustento más importante: confié en ustedes, pero no pude tomar una decisión informada porque me ocultaron información. Tan me ocultaste información relacionada con lo que votamos, que en el juicio de Nueva York lo exhibiste, ¡tú solito lo exhibiste!, porque ya te obligaron”.

Sobre el objetivo de la demanda expresó: “Estamos pidiendo un resarcimiento ante la nulidad (de los actos de la asamblea donde su representada fue engañada), resarcimiento de capital social y de daños y perjuicios”.

— En caso de determinarse nulos los actos, ¿qué es lo que procede?

“Se regresa todo el esquema corporativo a 2013, y nos restablecen a nosotros en el 25%. Entonces, nos convertimos en una minoría calificada, porque con base a la Ley de Sociedades Mercantiles, ya los accionistas con un 25%, pueden hacer más que con un 0.5”.

— ¿Cómo impacta eso a la APP?

“En costos, y obviamente si vemos algo, una cuestión que esté dada contrario a Derecho, o que se pretenda algún abuso, pero obviamente mi socio lo pude hacer valer. Se restablecen sus derechos no solamente económicos, sino corporativos, entonces, todas las decisiones que fueron tomadas se van a tener que replantear con el nuevo esquema de capital social. Si hubo actos de corrupción, mi representada es una empresa sociedad estadounidense que está regulada bajo el Foreign Corruption Practice Act, algo así, no podemos participar en ninguna cuestión de corrupción en el extranjero”.

EL EMBARGO DEL PREDIO Y LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

En el expediente número 74/2018 Bis, Roberto Vega Treviño, como apoderado legal de EWG WATER LLC, demanda en contra de Alejandro de la Vega Valladolid, N.S.C. AGUA S.A. DE C.V., Consolidated Water Cooperatief, Ua, y como tercera llamada a juicio AGUAS DE ROSARITO, S.A.P.I. DE C.V., justifica con los actos de simulación que perjudicaron a su representada:

“En marzo 7, 2014, mi representada lógicamente recibió comunicado del Sr. Frederick McTaggart de CWC, en donde se informaba que se había ejercido la opción de compra de las acciones de De la Vega, en el capital social de NSC, de acuerdo al convenio secreto de fecha en los términos siguientes. En 25 de febrero de 2014, CWC decide ejercer la supuesta opción de venta, y efectuó un pago de $1, 000,000.00 de dólares a De la Vega por el monto de acciones representativas a su 25% del capital social de NSC.



“Es decir, mientras el 25% de mi mandante, de De la Vega fue valuado en $37,500.00 pesos, el 14 de mayo de 2013; el mismo 25% de De la Vega fue valuado y pagado en un millón de dólares tan solo diez meses después”.

Lo cual acreditaron “con copias certificadas, legalizadas y traducidas a idioma español del contrato de 8 de febrero de 2012 y comprobante de pago de CWC a De la Vega, el 25 de febrero de 2014”.

Además: “En la especie se hace aparentar a mi representada, un acto jurídico consistente en un acuerdo de la voluntad social para aumentar el capital social de NSC, cuando en realidad dicho acto estaba completamente dependiente de un diverso acto de promesa de venta de acciones que nunca fue revelado a los socios, principalmente mi representada, y en cual, CWC pretendía adquirir el control accionario por completo de NSC mediante la venta de acciones que en su favor hizo eventualmente el señor De la Vega”.

Y solicita el abogado, entre otros:

* “La declaración judicial de nulidad del contrato de constitución de usufructo, mandato y promesa de venta, celebrado en perjuicio de mi representada por NSC Agua S.A. de C.V., Consolidated Water Cooperatief UA., y el señor Alejandro de la Vega Valladolid, en fecha 8 de febrero de 2012”.

* “La declaración judicial de nulidad del aumento de capital social variable, aprobado en el punto séptimo del orden del día de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de NSC Agua S.A. de C.V., celebrada en fecha 14 de mayo de 2013”.

* “La declaración de nulidad de todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la asamblea extraordinaria de accionistas de NSC Agua S.A. de C.V., de fecha 14 de mayo de 2013, por haber sido adoptados los mismos, basándose en conflictos de interés aparentes que hicieron simular diversos actos jurídicos en perjuicio de la representación accionaria de mi mandante, tanto en NSA, como NSC…”.

* “La actualización a valor presente y de mercado, llevada a cabo a juicio de peritos de la aportación a capital social, efectuada por mi representada como socia de NSC a efecto de que refleje el verdadero valor que tengan dichos títulos sociales y acciones respectivamente, mismo valor que deberá ser analizado y dictaminado a juicio de peritos en atención al porcentaje accionario, detentado previo al espurio acto corporativo de aumento de capital referido anteriormente”.

Con lo que le exhibieron a la jueza, esta presume -tomando en cuenta documentos públicos de México y Estados Unidos- que sí existió un acto simulado que afectó los acuerdos, y a solicitud del actor decretar, para asegurar la materia del litigio, suspender la actividad comercial de los demandados, la suspensión del proyecto de la desalinizadora de Rosarito, y el embargo provisional del único bien con que cuenta la empresa que está desarrollando el proyecto, esto en tanto se tramita el juicio y se dicte la sentencia definitiva.

En ese contexto, la jueza decretó el congelamiento de las actividades de la empresa:

* “El secuestro provisional de bienes en grado de intervención, con cargo a la caja de la co-demandada N.S.C. AGUA, S.A. de C.V.”.

Y del embargo del predio:

* “De igual forma se deberá autorizar el embargo y secuestro del único bien inmueble o único activo que aparece registrado a nombre de la co-demandada N.S.C. AGUA, S.A., de C.V.; tal y como se acreditó mediante el certificado respectivo, expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, exhibido con la demanda… se autoriza el secuestro y embrago provisional del bien inmueble, identificado como lote: F32 Y F33, resultante de la fusión de las fracciones 32-1 y 33-1, de la parcela 33z-1 p-2/5, manzana: s/n, Colonia Ejido Mazatlán, municipio Rosarito, superficie 201,289.096 metros cuadrados sin construcciones. Inscrito bajo partida 6038629, sección civil, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince”.

Con estas dos medidas, los desarrolladores de la desalinizadora de los 76 mil millones de pesos no podrán iniciar construcción hasta en tanto no se dicte una sentencia definitiva. De igual manera, están impedidos para realizar actividades económicas, transacciones de compra o venta y otras, al haberse congelado sus actividades.

PIDEN NOTIFICAR A CORTE DE ESTADOS UNIDOS

Considerando que el actor representado por el abogado Vega Treviño, Gough Thompson es ciudadano norteamericano, y varias documentales que se presentaron como prueba de las irregularidades provienen de una Corte en Estados Unidos, el abogado solicitó que se envíe copia de la demanda y su auto de admisión al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, “a efecto de que tome y adopte las medidas conducentes en caso de que se determine que se fomentó o intentó acto de corrupción cualquiera por parte de ciudadanos estadounidenses en nuestro país”.

Esto se sustenta en la aplicación del Derecho extranjero, en específico de la Ley denominada “Disposiciones contra el soborno y sobre libros y registros de la ley de prácticas corruptas en el extranjero” a que están sujetos los estadounidenses, como el caso de Gough Thompson, que realizan inversiones o transacciones financieras en el extranjero.

En ese sentido, la juzgadora Molina determinó:

“… se deberá hacer del conocimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, de la radicación del juicio, así como de las medidas provisionales que se adoptan para que en su caso determine lo que corresponda de acuerdo a su competencia, lo anterior en base a la normatividad extranjera”.

Vecinos no quieren desaladora, empresa con domicilio falso
 Residentes de la colonia Lienzo Charro y de los condominios Vista al Mar, manifestaron sus inquietudes respecto a los planes de construir una desaladora cerca de sus propiedades, ya que provocaría la devaluación de los inmuebles.

Además del ruido, el daño a la vialidad -único acceso a sus viviendas por las excavaciones que resulten-, el paso de vehículos pesados y las afectaciones potenciales de la planta en la salinidad de la playa, son otras de sus preocupaciones.

Así lo manifestó Rey David Vásquez Rivera, vocal de la mesa directiva de la asociación de vecinos del conjunto habitacional Vista al Mar.

Desde 2015, la empresa ofreció comprar los terrenos a los residentes de la zona, pero estos rechazaron la propuesta, por lo que ahora temen que el Gobierno del Estado busque expropiar los predios para permitir el paso de la tubería.

El representante de los vecinos explicó que muchas de estas inquietudes siguen en aumento debido a que ni los gobiernos estatal y municipal, ni la empresa, les han informado los pormenores de la obra, menos aún les han presentado el proyecto para recabar sus opiniones al respecto.

ZETA intentó contactar a la empresa NSC Agua, cuyo director es Rubén Sánchez, con el propósito de conocer los avances en el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Sin embargo, ni el teléfono ni la plataforma de contacto brindado en su página de internet son funcionales, como tampoco es cierta su dirección en Torre Platino en Zona Urbana Río, manifestando guardias de seguridad de dicho edificio que la empresa se había retirado del mismo.

Por su parte, el encargado de despacho de la Secretaría de Administración Urbana del Ayuntamiento de Rosarito, José Miguel Angulo Sánchez, afirmó que la administración municipal entregó el permiso de movimientos de tierra a la empresa encargada del proyecto NSC Agua, en la segunda semana de marzo, pero no la licencia de construcción.

Para obtener el cambio de uso de suelo del predio en que se pretende la instalación, NSC Agua deberá presentar factibilidad otorgada por la Dirección de Bomberos y Protección Civil, un proyecto de integración vial y dictamen de impacto urbano autorizados y el proyecto definitivo de edificación. Angulo agregó que desde 2010 se ha propuesto la reestructuración de uso de suelo de la zona al tipo “energético”, por la cercanía de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

NSC Agua deberá entregar la documentación referente a la posesión o propiedad del predio y los impuestos que genera el mismo al corriente, factibilidades para servicios como agua potable y electricidad y licencia ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con el que la empresa ya cuenta, según afirmó el funcionario.

“Lo que trataremos de evitar es el deterioro a las vialidades aledañas. De igual manera que no se afecte el tráfico vehicular con exageración, para eso es el dictamen de integración vial, tienen que atender las condicionantes, igual el uso de suelo tiene condicionantes y se les tiene que dar seguimiento” concluyó.

Por su parte, la regidora Nancy Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico, comentó: “Donde se va a edificar la planta tenemos un rezago de aproximadamente 60 por ciento de la población a la que no le llega agua potable”.

Tanto Angulo como Ramírez se manifestaron a favor de la desaladora por el beneficio que pudiera dar a Playas de Rosarito en cuanto a suministro de agua potable, así como la generación de empleos.

Coincidieron en que la administración municipal no tiene noticia de inconformidades por parte de los vecinos y que no se requiere de la anuencia o conformidad de estos para construir la desaladora, aunque afirmaron, debe realizarse una labor de socialización. Héctor Ortiz Ramírez

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ ADELA NAVARRO BELLO/ LUNES, 26 MARZO, 2018 12:00 PM)

ABUCHEAN A KIKO Y FUNCIONARIOS DE PEÑA; “DEJEN DE ROBAR”, LES GRITAN EN SU CARA (VIDEO)


Foto y video: Inés García/Roberto Ramírez de la Parra, titular de Conagua; Rafael Pacchiano, titular de Semarnat y Kiko Vega, gobernador de Baja California



En un evento en el que se reunieron tres miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, los asistentes abuchearon a los funcionarios y una ciudadana los confrontó para gritarles “ojalá dejen de robar”.

En el salón social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tijuana, el gobierno estatal organizó en conjunto con el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la entrega de préstamos personales a empleados federales en Baja California con un valor total de 130 millones de pesos.

Sin embargo, además del titular del ISSSTE, Florentino Castro López, también asistieron Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El primero a firmar un convenio para un programa de calidad del aire y el segundo en representación de Enrique Peña Nieto y para anunciar la inversión de 83 millones de pesos en el saneamiento del Río Tijuana, cuyas aguas negras han contaminado severamente la costa de San Diego, California.

En el salón fueron reunidos cientos de empleados del ISSSTE, profesores del SNTE, policías federales y otros trabajadores. Al arribo de Kiko Vega, tras 40 minutos de atraso, los asistentes lo abuchearon a su entrada, cuando fue anunciado en el micrófono y durante su discurso.

Lo mismo ocurrió cuando Pacchiano Alamán abordó en el micrófono “los beneficios de la reforma energética”, con lo que iniciaron los abucheos, rechiflidos y burlas en el salón.

Una de las asistentes, quien esperó a los funcionarios en el estacionamiento, les gritó “vine a una hoja de préstamo, no vine a ningún acto político. A todos nos engañaron. Ladrones legalizados” y se situó al frente del evento, pese a intentos del staff por retirarla del lugar.

Durante el evento, la mujer se colocó al frente de los funcionarios, quienes la ignoraron, para confrontarlos “Ojalá que dejen de robar. Ojalá que entiendan para qué es el gobierno”.

Mientras que al gobernador panista le reclamó “No a la desaladora, Francisco. No a tus negocios. Basta de abusos, de despojo y de endeudamiento”.

Por su parte, el mandatario estatal rehusó detenerse para hablar con la prensa sobre la colocación de la primera piedra de la desaladora, cuyo terreno se encuentra embargado.

Aseguró que se trata de un tema de particulares y se negó a contestar si se trató de un error que él colocara la primera piedra de la construcción cuando hay un litigio de por medio entre las empresas que conforman la Asociación Público-Privada (APP).

“Dicen que en un futuro, el agua vale más que el oro” (sic), fue una de las frases de su discurso que más abucheos y reclamos le ganaron.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / INÉS GARCÍA RAMOS /LUNES, 26 MARZO, 2018 03:28 PM)