martes, 12 de febrero de 2019

LAS DEFICIENCIAS EN IMSS, ISSSTE Y CENTROS DE SALUD OBLIGAN A 1 DE CADA 3 A PAGAR ATENCIÓN PRIVADA


México tiene hoy más médicos y hospitales públicos que hace 19 años, cuando inició el siglo XXI. Sin embargo, la insatisfacción promedio de los servicios de salud –particularmente en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular– se extiende al 52.6 por ciento de la población, por lo que cerca de un tercio de los mexicanos afiliados a un esquema de seguridad pública se ha visto obligado a pagar por servicios de salud privados luego de su última atención ambulatoria.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– El sistema de salud de México –pese a las mejoras de los últimos años– está “fragmentado” y tiene “inequidades marcadas en el acceso y la calidad” de sus servicios, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016). En la actualidad, el sector público produce el 54.6 por ciento de los bienes y servicios de salud, mientras que el 45.4 por ciento restante es producido por el sector privado, refieren datos de la “Cuenta satélite del sector salud de México 2017”.

Aunque las cifras de la Secretaría de Salud (SSA) indican que el 82.2 por ciento de los mexicanos está afiliado a servicios públicos de salud, esto no implica que la población tenga la garantía de ser atendida de manera adecuada y oportuna.

En 2017, por ejemplo, el 56.7 por ciento de los usuarios de servicios públicos (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular) reportó “deficiencias” que, según la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), contribuiría a que los usuarios hayan “tenido que pagar por un servicio de salud privado”.

Así, al día de hoy, cerca de un tercio de los mexicanos afiliados a un esquema de seguridad pública optó por servicios privados luego de su última atención ambulatoria.

Lo anterior se debió, principalmente, a factores como la “conveniencia de los servicios” (ubicación, horarios y días de atención) y a la “calidad de la atención” (o el trato en el servicio), según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Tan sólo en los últimos 17 años, las pólizas privadas vigentes –por accidentes personales, de gastos médicos mayores y de salud– experimentaron un boom en México.

Entre 2001 y 2017, el número de pólizas individuales fue seis veces mayor, al pasar de 860.9 mil a 6.2 millones, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). La cantidad actual de personas que tienen algún seguro privado, equivale al cinco por ciento de la población mexicana.

Hoy en día, el sector privado de la salud es tan importante que, sin él, la cantidad de médicos públicos por ciudadano (uno por cada 502) sería insuficiente para cubrir los estándares mínimos internacionales (uno por cada 333).

LA SALUD PRIVADA

Desde la década de los setenta, “la medicina privada ha fortalecido su capacidad para prestar servicios […] a pesar de que este crecimiento esté asociado directamente con el gasto del bolsillo del consumidor”, se lee en el estudio “Desempeño del sector privado de la salud en México” (2013) de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).

El crecimiento del sector privado –abunda– “no ha sido planeado ni regulado, y se ha generado aprovechando la sobreoferta de médicos de los años ochenta”. Pero con el transcurso de los años, además de haber más regulaciones, el desempeño del sector privado en la salud de los mexicanos ha cobrado importancia.

Hasta la fecha, del total de unidades hospitalarias y de consulta externa en todo el territorio nacional, “el 88 por ciento pertenece al sector público y solamente 12 por ciento a instituciones privadas”, refiere la SSA.

Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, entre 2004 y 2006, las unidades del sector privado aumentaron en 3.7 por ciento. No obstante, durante los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, las unidades privadas experimentaron un encogimiento de -2.5 y menos cinco por ciento, respectivamente.

Como consecuencia, entre 2004 y 2017, las unidades hospitalarias y de consulta externa del sector privado pasaron de tres a 2.9 mil. En un periodo similar, de 2001 a 2015, las unidades del sector público aumentaron en 38 por ciento, al pasar de uno a 1.4 mil.

Pese a la reducción en infraestructura, entre 2001 y 2016, la cantidad de médicos privados explotó en 114 por ciento, al pasar de 59.1 a 126.3 mil en todo el territorio nacional. En cambio, entre 2011 y 2015, la cantidad de médicos públicos aumentó en 69.4 por ciento, al pasar de 142.8 a 242 mil.

La proporción de médicos privados –en relación con aquellos públicos– es tan importante que sin ellos, México no tendría la posibilidad de cubrir la demanda mínima de médicos a nivel nacional, que según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), asciende a un médico por cada 333 ciudadanos.

En la actualidad, por cada grupo de 502 mexicanos hay un médico público (esto es 51 por ciento menos médicos de los que recomienda la OMS). Si a ellos sumamos a los médicos privados (uno por cada 971 mexicanos), el país alcanza el nivel mínimo recomendado a nivel internacional.

Según las cifras oficiales del Inegi y de la SSA, fue hasta 2015 que México pudo superar el déficit de médicos, al alcanzar una proporción de uno por cada 326 ciudadanos (2.1 por ciento más médicos del mínimo establecido por la OMS).

Con Vicente Fox Quesada, entre 2001 y 2006, el promedio de ciudadanos por médico fue de 454 (36.2 puntos porcentuales por debajo del ideal); con Felipe Calderón Hinojosa, entre 2007 y 2012, fue de 383 (15 por ciento menos); y con Enrique Peña Nieto, entre 2014 y 2015, fue de 335 (0.5 por ciento superior al ideal de la OMS).

LA SALUD PÚBLICA

En México, según la OCDE, “el gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 3.3 a 0.8 por ciento de la población” –lo que no implica que gasten menos– y “han mejorado los parámetros clave como la mortalidad infantil y las muertes por infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares”.

Sin embargo, asegura que hay problemas que despegaron de manera crítica, como el sobrepeso u obesidad en adultos (1 de cada seis tiene diabetes) y menores de edad (uno de cada tres niños sufre de sobrepeso). Hoy, México tiene más del doble de adultos con diabetes que el promedio de los países miembro de la OCDE y el mayor índice de sobrepeso infantil.

En su balance, la organización refiere que los esfuerzos del Gobierno federal –como la puesta en marcha (en 2004) del Seguro Popular, que extendió la cobertura de seguro de salud a 50 millones de personas más y que se tradujo en un ahorro para el bolsillo de los mexicanos de 12.6 por ciento desde 2009– “no han logrado traducirse en una mejor salud ni en un mejor desempeño del sistema [de salud] como se hubiera deseado”.

Esto tiene que ver con la manera en que el Estado invierte en seguridad social y con la forma en que opera.

Actualmente, la mayor parte (54.6 por ciento) de los bienes y servicios de salud del país son del sector público, hecho reforzado con el aumento de la cantidad de hospitales y médicos del Gobierno entre 2001 y 2015 (en 38 y 69.4 por ciento, respectivamente).

A pesar de contar con más médicos y hospitales que los del sector privado, “en el sector público es evidente la carencia de médicos especialistas, contrario a la afluencia en el sector privado”, se lee en el informe “Sobre la Salud de los Mexicanos 2016″ de la SSA.

Dicha situación ha obligado a que “los derechohabientes del sector público recurran a los servicios especializados privados, generando a la vez una deficiente calidad del servicio de salud, así como un gasto de bolsillo”.
Las cifras del Inegi indican que el 50.4 por ciento (122 de 242 mil) de los médicos de instituciones públicas son especialistas, aunque la SSA refiere que “se puede suponer que la mayoría de los médicos especialistas se encuentran en el área de hospitalización, mientras que [hay] muy pocos concediendo consultas externas”.

Lo anterior es preocupante si consideramos que, entre 2001 y 2014, las consultas externas en instituciones públicas aumentaron en 35.3 por ciento, al pasar de 245.7 a 332.3 millones (al cierre de cada año).

La falta de médicos en unidades de consulta externa y el creciente número de consultas externas coincide con el aumento de 33.9 por ciento (de 8.9 a 11.9 millones) en el número de consultas externas del sector privado, en el mismo periodo.

Por otro lado, la concentración de médicos especialistas en hospitales públicos coincide con el alza en la carga de trabajo hospitalaria, misma que se duplicó entre 2003 y 2013, al pasar de una a dos camas por médico.

Como consecuencia general al aumento de trabajo y a la mala distribución de los médicos del sector público, los indicadores de satisfacción con el servicio han ido a la baja.

Entre 2011 y 2017, la insatisfacción promedio de los servicios de salud públicos (en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular) pasó de 38.7 a 52.6 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi y de la SSA. Empero, en ese mismo periodo, la percepción negativa de las instalaciones hospitalarias del sector público mejoró, al pasar de 54 a 36.9 por ciento.

COBERTURA E INVERSIÓN

Para la OCDE, el sistema de salud público mexicano, “sin duda, ha progresado” en los últimos 10 años. Empero, en México aún persisten “grandes problemas” como la fragmentación y la inequidad relativas a su servicio.

Por un lado, el sistema de salud de México “continúa como un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con precios diferentes y con resultados diferentes”, se lee en su estudio “Sobre los Sistemas de Salud: México 2016”.

Por el otro, “la afiliación a un subsistema no está determinada por la necesidad, sino por el empleo de la persona. Junto con esta inequidad –abunda– existen muchas ineficiencias en el sistema”, siendo que “millones de mexicanos pertenecen a más de un esquema de aseguramiento y muchos millones más, parecían no saber si estaban protegidos por un seguro de salud público cuando fueron encuestados”.

De acuerdo con las cifras del Inegi y de la SSA, el conjunto de asegurados públicos (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, seguros estatales y Popular) asciende a 133.2 millones de personas, mientras que la población de México está compuesta por 125.3 millones, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Considerando la tasa de cobertura actual (82.2 por ciento), al menos 22 millones de registros serían resultado de la pertenencia de connacionales a más de un esquema de aseguramiento.

En contraste, toda vez que la cobertura médica avanzó en México entre 2008 y 2016 (la falta de acceso pasó de 38.4 a 15.5 por ciento poblacional), en el país aún hay 19 millones de personas que no cuentan con atención médica por parte del Estado, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

A este problema se suma el reto de proporcionar cobertura universal de salud con calidad, con impacto real en la mejora de los niveles de salud de la población.

En ese sentido, la OCDE señala que la esperanza de vida para los mexicanos (75 años) es inferior al promedio (81 años) del resto de sus 34 países integrantes.

La problemática sobre la calidad de los servicios públicos de salud, además de una “reforma de largo alcance” para acabar con el sistema fragmentado e inequitativo en el acceso (OCDE), requiere de una redistribución de la inversión pública, que estanca al desarrollo social y que golpea los bolsillos de la población.

En México, la inversión de la gente en salud (20.9 mil pesos anuales) es inferior a la media de los miembros de la OCDE (77.5 mil pesos anuales). Y según la Cuenta satélite del Gobierno federal, el gasto es destinado, sobre todo, a la compra de medicamentos (53 por ciento), seguido del desembolso en consultas (16 por ciento), bienes y servicios de apoyo (15.5 por ciento), servicios hospitalarios (11.1 por ciento) y “otros” servicios (4.4 por ciento).

Mientras que el gasto de los mexicanos en medicamentos, seguros y hospitales aumentó en 11 por ciento real desde 2011, en el último año (2017-2018) el gasto neto total en el Ramo 12 Salud del Gobierno federal se contrajo en 6.1 por ciento (equivalente a 7.5 mil mdp menos).

Esta tendencia es contraria al aumento presupuestario de los periodos 2003-2006 (105.1 por ciento), 2007-2012 (140.1 por ciento) y 2013-2018 (15.5 por ciento), de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La reducción presupuestaria durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto abonó a la reducción de las inversiones directa y en inversión física del sector, a la baja continua durante su mandato.

Por un lado, entre enero y noviembre de 2013 y 2018, la inversión directa en salud del Gobierno federal decayó en 92.6 por ciento (al pasar de 351 a 26.1 mdp). Sólo entre 2017 y 2018, el presupuesto para el rubro retrocedió en 89.4 por ciento (220 mdp menos).

En cambio, la inversión física cayó, en ese mismo periodo, en 16.7 por ciento (pasó de 5.4 a 4.5 mil mdp). En el último año, su decremento fue de 28.7 por ciento (equivalente a 1.8 mil mdp menos).

(SIN EMBARGO/ EFRÉN FLORES/ 09 DE FEBRERO 2019)


COMPRÓ EN CASA DE EMPEÑO Y TERMINÓ INVESTIGADO EN ENSENADA



Fotos: Enrique Botello

Ministeriales despojaron a una usuaria que adquirió legalmente un equipo a una casa de empeño, el cual fue sustraído de una oficina de gobierno. El caso quedó asentado en una denuncia ante el Ministerio Público, mientras el negocio prendario sigue operando al igual que otros 29. Sin contar los no registrados, a sabiendas de la autoridad que ofertan artículos robados

Las casas de empeño en Baja California son escaparates de artículos robados o facilitadores de las operaciones de grupos delincuenciales.

El jueves 24 de enero de 2019, una comerciante, cuya identidad se reserva, adquirió una computadora portátil en la casa de empeño La Mejor en Calle Sexta entre Ruiz y Gastélum, Zona Centro de Ensenada.

Pagó 4 mil 500 pesos y, al llegar a su negocio, encendió el equipo para descargar programas propios de su giro comercial, sin imaginar que activó en automático el sistema GPS.

Pasaron unas horas cuando varios elementos de la Policía Ministerial intervinieron el establecimiento con el propósito de asegurar la computadora.

“Hace unas semanas la robaron de las oficinas del Gobierno del Estado, no me dijeron en qué ciudad”, le recriminaron los agentes, al tiempo que le advirtieron estar sujeta a investigación.

Para evitar problemas, la víctima entregó el artículo y de inmediato interpuso denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Le prometieron una solución, pero desde ese día nadie se ha comunicado.

“Son negocios que operan en toda la ciudad con permiso del gobierno, creí que estaban regulados, jamás compraría algo robado, pero estoy en shock”, comentó, y además, se muestra desconfiada, ya que  no la auxiliaron para tener de vuelta el dinero que invirtió, como tampoco castigaron al negocio, el cual sigue operando.

TRIANGULAN ARTÍCULOS ROBADOS

Abogados de Ensenada han detectado que en casas de empeño mueven las prendas de una ciudad a otra, en las distintas sucursales de los cinco municipios, debido a que los propietarios saben que en el inventario hay artículos que no se puede comprobar su legal procedencia, es decir, son robados.

Una de las obligaciones de los administradores de estos lugares, es presentar de manera diaria la lista de los artículos recibidos un día antes.

Sin embargo, los abogados asumen que esta medida no sirve, ya que al trasladar las piezas de un municipio a otro, al momento que la policía investigadora  busca coincidencias entre el inventario y los reportes de robo, no encuentra evidencias.

José Ángel Bustamante Arvizu, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, recordó un caso específico que intentó llevar a la Corte, pero fue complicado.

“Una ciudadana lleva un puño de joyas a empeñar, la casa prendaria trasladó a Tecate las piezas y, cuando la usuaria intentó recuperar su joyería, ya la habían vendido en ese municipio por un error de registro”, describió.

El hecho que llevaran los artículos a otra sucursal, evidenció una práctica viciada que da lugar a una sospecha.

“Cuando trasladan los bienes atemperan la posibilidad que el Ministerio Público pueda recuperar las cosas”, calificando como “una deficiencia legislativa” el que las casas de empeño funcionen sin regulación alguna.

La responsabilidad de esta grave problemática, indicó, recae en los diputados del Congreso de Baja California, quienes deben generar órganos de fiscalización, “sobre todo hacer leyes que eviten que todos se beneficien del robo”, insistió Bustamante.

La opción legal es interponer una demanda civil  por daños y perjuicios, siempre y cuando se conserven en documentos las características particulares del objeto.

IDENTIFICACIONES APÓCRIFAS SON UN PROBLEMA: PGJE

La procuradora de Justicia de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, reconoció la facilidad con que se comercializa con artículos robados en los negocios de empeño.

“Hacemos operativos periódicamente no como algo regular, sino con estrategias de operatividad”, dijo.

Tras escuchar a un grupo de empresarios que la cuestionó al respecto, contrastó con otro problema delictivo que se comete en los yonques: “Es culpable el que roba y el que compra robado, que no cumplen con ningún requisito en algunos casos, sobre todo en el área de los yonques, sí se han procesado e iniciado carpetas para personas que han comprado vehículos”.

La titular de la PGJE lamentó que el único requisito para empeñar sea un documento  que, además, puede falsificarse con facilidad, “desgraciadamente, en muchos casos son falsas y ellos (comerciantes) no se ponen a investigar si son o no originales”.

Para Cristian Colosio Lule, subprocurador de Zona Ensenada, uno de los problemas más comunes al momento que la víctima interpone denuncia, es que no hay números de series ni modelos de los objetos que se roban.

“Hay mucho por hacer en la materia, lo ideal sería una base de datos y que la procuraduría ofreciera información para tener monitoreados los artículos”, sugirió.

Aunque no dio cifras de resultados ni estadísticas del trabajo que hace la fiscalía en la materia, aseguró que mantendrán la supervisión “voy a estar trabajando con la coordinadora para tener vigilancia respecto a la cantidad de objetos, para ver de qué forma podemos hacer efectivas las denuncias”, remató.

PROFECO NO SE DA ABASTO CON EMPEÑOS

Óscar Zárate Chávez, jefe de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California, informó que en 2018 se presentaron 37 quejas en contra de casas de empeño en la entidad.

Del total, alrededor del 65% se resolvió a favor del consumidor y el resto lo turnaron para iniciar un procedimiento administrativo en contra de negocio.

Uno de los conflictos es que no todas las casas de empeño están inscritas en el Registro Público, pero tienen obligación de intervenir en cualquier negocio y sancionar.

SE DESVIRTUÓ LA ACTIVIDAD

En un inicio, el propósito de las casas de empeño era distinto; se trataba de instituciones de beneficencia privada para auxiliar a los necesitados.

El Artículo 27 Constitucional respalda esta actividad con el argumento que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación.

Lo más común es que la persona ofendida pida la reparación del daño, y lo que han hecho en los casos atendidos, es fijar una fecha de audiencia conciliatoria para restituir. Otras quejas están relacionadas con vecinos que detectan un negocio prendario ilegal en sus áreas residenciales, o los propios clientes dudan de la calibración de las básculas con las cuales pesan la joyería.

SÓLO 200 NEGOCIOS PRENDARIOS REGISTRADOS

De acuerdo con el Registro Público de Casas de Empeño en México, publicado el 11 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en Baja California hay 201 comercios prendarios.

Según quejas en Profeco, otro porcentaje de negocios operan bajo la ilegalidad, sin permiso ni registro.

Tijuana es el municipio con mayor número, con 107 diferentes sucursales; Mexicali con 55, Ensenada tiene 29, Tecate contabiliza cuatro y Playas de Rosarito, seis casas de empeño.

VÍCTIMAS DEBEN COOPERAR CON MP

Cuando la Policía Ministerial detecta una prenda robada, sobretodo aparatos electrónicos con sistema GPS, acuden al lugar para recoger el bien.

No obstante, algunos se niegan a entregarlo porque pagaron por el artículo en una tienda que presuntamente opera bajo la legalidad.

Acorde con la subprocuraduría, el fundamento está en el Código Nacional de Procedimientos Legales.

El Artículo 229 señala que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.

Mientras que el Artículo 230 resume que el MP o la Policía en auxilio, elaborarán un inventario de todos y cada uno de los bienes, firmado por el imputado o persona a investigar.

Ante la ausencia o negativa de la posible víctima, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía.

Además, la corporación preservará el lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, procediendo a acordonar.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /LORENA LAMAS/ LUNES, 11 FEBRERO, 2019 01:00 PM)

INEFICAZ LUCHA CONTRA LAVADO DE DINERO



Foto: Tomada de Internet

En México se lava dinero de actividades ilícitas por entre 20 y 30 millones de dólares anuales, lo que mantiene el combate a ese flagelo como prioridad del nuevo gobierno nacional. Las investigaciones se centrarán más en los delitos derivados de la corrupción, que del narcotráfico. Casos de rezago en las pesquisas y escasas condenas por blanqueo de capitales mantienen al país con baja calificación ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Aún se investiga a empresarios y compañías vinculados con los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza desde 1985

Aunque la “guerra contra el narcotráfico” terminó, según anunció el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahora su lucha contra la delincuencia la enfrentará con el combate a la corrupción y el lavado de dinero, en la que se involucran personajes de la política, narcotraficantes, sus familiares y empresarios.

De esa forma, el gobierno mexicano inició su sexenio con dos denuncias por lavado de dinero. La primera, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra una red de blanqueo de capitales formada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La segunda, por el robo y reventa de combustible, pesquisa en la que hasta el momento se involucra a más de 200 sujetos relacionados con actividades financieras e irregularidades fiscales.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió que el combate al lavado de dinero será prioridad, por lo que será una obligación política promover el entendimiento y voluntad de los tres niveles de gobierno en la misión de pacificar al país. Aunque la primera tarea, poner orden en todos los cuerpos de seguridad federal, seguramente llevará su tiempo.

El tamaño de las operaciones con recursos de procedencia ilícita o dudosa en México es de entre 20 y 30 millones de dólares anuales, de acuerdo con Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien ha expresado que el fenómeno está estrechamente vinculado con el abuso de poder, asociado con la corrupción en los entes públicos y delitos como la evasión fiscal.

El reto de atacar al lavado de dinero ilegal para las nuevas autoridades es muy elevado, tomando en cuenta que para su primer año de ejercicio, a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le fue reducido el presupuesto en un 19.2 por ciento respecto al año inmediato anterior. Aun así, se destinaron 176 millones 560 mil pesos para realizar su trabajo.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, ha afirmado que este detalle no afectará la operatividad de la dependencia, pues los objetivos siguen siendo los mismos, sólo tendrá que ser más eficiente para obtener mejores resultados. México deberá luchar primero contra el estigma de que su efectividad es extremadamente baja, calificada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en términos de cantidad de investigaciones iniciadas, acciones penales promovidas y escasas condenas obtenidas en tribunales.

A la fecha existe rezago en averiguaciones previas y carpetas de investigación por denuncias de años pasados, incluso se investiga a personas físicas y morales que anteriormente habían sido investigados o procesados por su relación con estructuras criminales que han infiltrado el sistema financiero nacional.

Pendientes del sexenio de Enrique Peña Nieto, existen tres investigaciones emblemáticas, independientemente de las que relacionan a políticos y ex gobernadores que son enjuiciados por su relación con el desvío y lavado de activos del erario público. Se trata de los empresarios Javier y Eduardo “N”, quienes ya estuvieron detenidos en la década de los ochenta por sus vínculos con el Cártel de Guadalajara; las compañías de blanqueo del CJNG en la persona de la hija del líder del grupo criminal; y la red internacional en Coahuila que, además de lavar dinero, practicaba fraude fiscal.

LOS MISMOS NOMBRES

Los hermanos Javier y Eduardo “N” estuvieron presos entre mediados y finales de los años ochenta porque se les ligó como prestanombres del narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara. También, de haber facilitado la huida del país del fugitivo a bordo de una aeronave de su propiedad. Luego de su paso por prisión, los empresarios del ramo automotriz fueron exonerados.

Sin embargo, hoy en día son nuevamente investigados por lavado de dinero y su presunta relación con el mismo grupo criminal encarnado por personajes cercanos al capo sinaloense y la organización del desaparecido Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, motivo por el cual la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la FGR les aseguró inmuebles y bloqueó sus cuentas bancarias.

La UIF formuló denuncia ante el Ministerio Público de la Federación en 2016 en contra de los indiciados, a quienes identificó como accionistas de compañías distribuidoras de automotores en Guadalajara, Jalisco, que desde 2002 hasta el año de la denuncia, “han utilizado el sistema financiero mexicano, de forma irregular para hacer movimientos de activos, los cuales se consideran de procedencia ilícita, de lo cual se acumula que durante los ejercicios de 2009 a 2015 se realizaron deducciones que superan los ingresos acumulables para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta”.

Por dichos señalamientos, el 22 de febrero de 2017 un fiscal adscrito a la UEIORPIFAM ordenó el aseguramiento de bienes de ambos negociantes y solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la inmovilización de cuentas bancarias en los bancos Bansí, Santander, Del Bajío, BBV Bancomer y HSBC, a nombre de los investigados. También fueron  incluidos sus nombres en la lista de Personas Bloqueadas de la SHCP.

Uno de los datos de prueba en la investigación hace referencia a que Eduardo “N” tuvo movimientos en su cuenta bancaria por más de 4 millones 587 mil pesos entre 2006 y 2015, interactuando con otros indiciados vinculados a empresas bloqueadas por la Oficina de Control del Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, al considerar que son organizaciones de lavado de dinero con sede en “La Perla Tapatía”.

Por lo anterior, la autoridad ministerial estimó que los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias aseguradas son producto e instrumento de alguna actividad ilícita, “ya que existen indicios suficientes que los indiciados han utilizado de forma irregular el sistema financiero mexicano, y no han acreditado su legítima procedencia de los mismos”. Además, se estima que dichas cuentas sirvieron para transferir, captar, retirar y almacenar moneda nacional y extranjera, haciendo mal uso de estos instrumentos bancarios.

Javier y Eduardo han promovido diversos juicios de amparo, tanto para no ser aprehendidos, como para que sus bienes asegurados e inmovilizados sean desbloqueados por la FGR, la UIF y la CNBV. Autoridades judiciales les han otorgado la protección constitucional para que el Ministerio Público Federal justifique pormenorizada y jurídicamente la motivación de las órdenes de aseguramiento.

PIFIAS MINISTERIALES

Aunque no se puede asegurar que el gobierno de Enrique Peña Nieto no combatió al CJNG, se puede concluir que la lucha fue ineficaz e ineficiente, pues muchos de los líderes que fueron detenidos recuperaron su libertad o consiguieron la anulación de órdenes de aprehensión. En la parte del combate al lavado de dinero de dicha organización criminal, los resultados tampoco fueron favorables.

Primero salió de prisión al pagar una millonaria fianza Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, la hija de ambos, Jessica Johanna, obtiene un amparo que deja sin efecto la orden de captura dictada el 23 de mayo de 2018 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.


Rafael Caro Quintero. – Nemesio Oseguera, “El Mencho”. -Rosalinda Gonzalez Valencia.

La hija del “Mencho” es acusada por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, a decir del magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el Ministerio Público de la Federación cae en inconsistencias durante la investigación, lo que hace dudar de la presunta responsabilidad de la joven empresaria en las ramas restaurantera y de publicidad. En 2015 y 2017, jueces del sistema de justicia tradicional y del acusatorio, ya habían negado el mandamiento de captura por las mismas imputaciones.

En la última denuncia -por los mismos hechos- formulada el 3 de mayo de 2018 por el coordinador jurídico del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se señaló la existencia de dos sociedades mercantiles de las que Jessica Johanna es accionista y que presuntamente fungen como operadoras financieras para el CJNG. También se hizo alusión a que dichas empresas están anotadas en el listado de la OFAC como lavadoras de dinero ilícito y que la mujer es hija del líder del conglomerado delictivo.

En informes de investigación criminal se adjuntaron conversaciones telefónicas de dos líneas diferentes en las que presuntamente habla la indiciada, se efectuaron cateos a las empresas, análisis contable de las mismas y se aseguraron cuentas bancarias y otros bienes. La UIF denunció que no se localizaron declaraciones de impuestos de Jessica que justifiquen sus ingresos en cuentas bancarias. Por lo que se refiere a las empresas, una declaró en ceros por los periodos 2015 y 2016, mientras la otra lo hizo por 122 mil 600 pesos por los mismos ejercicios fiscales, elementos que sirvieron al fiscal para ejercitar la acción penal y solicitar la orden de aprehensión contra Jessica.

Al promover el juicio de amparo, la joven hizo notar las contradicciones, pues mientras la UIF destaca que no existen declaraciones de la imputada, expertos de la UEIORPIFAM -de la ex PGR- señalan que “sí realicé declaraciones, e incluso, refieren expresamente que la suscrita “presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015, acumulando ingresos por la cantidad de seis millones ocho mil 990 pesos y préstamos recibidos por la cantidad de cuatro millones 581 mil 306 pesos”.

La quejosa también advirtió que es ilógico que si una de las empresas, de corte rural, no realizó ninguna operación con recursos monetarios, no tuvo ingresos y se declaró en cero durante dos años, haya lavado dinero. Sobre el hecho de que Nemesio Oseguera Cervantes “supuestamente es mi padre” y Abigael González Valencia “según él, es mi tío”, Jessica Johanna argumentó que esos hechos no la inculpan como operadora financiera encargada de lavar los recursos obtenidos por el grupo criminal CJNG. Tampoco que Estados Unidos la incluyera en una lista.

El Ministerio Público Federal tampoco acredita que los fragmentos de conversaciones relevantes que resultaron de la intervención de dos líneas telefónicas de las que estimó, se desprenden conductas al parecer ilícitas, correspondan a la voz de la imputada, pues no existe constancia de peritaje alguno al respecto.

RED FAMILIAR INTERNACIONAL

Si la de “Los Cuinis” es considerada una organización familiar con actividades criminales altamente redituables, otro clan que ha llegado a otras partes del mundo como presuntos narcotraficantes, lavadores de dinero y defraudadores fiscales, es el de Salomón “N”, textileros y políticos del norte del país e investigados desde inicios de la década por la FGR.

A la fecha están señaladas por lo menos doce empresas detectadas -y en algunos casos aseguradas-, diversas cuentas bancarias en México y Estados Unidos, además de que varios de los presuntos miembros de la organización delictiva cuentan con órdenes de aprehensión en el país y de detención provisional con fines de extradición; por los cuales existe una ficha roja por parte de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.

Una denuncia anónima puso en alerta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el 1 de diciembre de 2010. El mensaje decía: “Quiero denunciar a una organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de droga, la cual opera recursos utilizando empresas mediante las cuales simulan exportaciones de puertas de madera y mezclilla a empresas ubicadas en los Estados Unidos de América y a otras que se encuentran en toda la República, pero en realidad lo que trafican es droga y armas”.

El señalamiento destacó que el grupo empresarial defraudaba al fisco al documentar operaciones con facturas y registros contables falsos, con lo que posteriormente solicitaban a Hacienda la devolución indebida de impuestos. Se dieron a conocer los nombres de los miembros de familiares de Salomón “N” padre y Salomón “N” hijo, quienes según la denuncia, gozaban de influencia social y política.

El anónimo agregó que los imputados “tienen puestos en la política, lo cual aprovechan para pasar desapercibidos y así construir empresas, adquirir inmuebles súper lujosos, aeronaves, vehículos de último modelo e inflar sus cuentas”.

Casi un año tardó la autoridad ministerial en actuar en consecuencia, iniciando la averiguación previa el 1 de noviembre de 2011 en contra de socios, administradores únicos, representantes legales, accionistas y autorizados bancarios de las empresas señaladas. Los delitos imputados son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De las acciones realizadas por fiscales y por la UIF, se intervino a las empresas y se obtuvieron datos de sus actividades comerciales, cuentas bancarias nacionales y en los bancos extranjeros Wells Fargo y American National Bank; asimismo, se efectuaron cateos y aseguramientos al considerar que un grupo de aproximadamente 40 personas físicas y morales investigadas adquirían y transferían los recursos producto de devoluciones obtenidas indebidamente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la finalidad de ocultar su origen e impedir su localización y destino.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió a una de las empresas 234 millones 159 mil 872 pesos de IVA correspondiente al periodo mayo a diciembre de 2008; 158 millones 374 mil 859 por el mismo motivo a otra compañía por el periodo marzo a diciembre de 2008; 29 millones 382 mil 727 pesos de IVA a una persona moral por el periodo de enero a marzo de 2009; y 19 millones 420 mil 451 pesos de IVA a una empresa más, correspondiente al periodo enero-marzo de 2009. Las investigaciones por narcotráfico no prosperaron.

El 16 de junio de 2015, el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la UEIORPIFAM ejercitó acción penal en contra de los implicados, obteniendo un día después las órdenes de aprehensión dictadas por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, por los delitos antes reseñados.

En el caso de lavado de dinero se hizo hincapié en la modalidad de “adquirir y transferir recursos dentro del territorio nacional y de éste hacia el extranjero y a la inversa (del extranjero a territorio nacional), con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, como lo es la defraudación fiscal, con el propósito de ocultar o pretender ocultar el origen localización, destino y propiedad de dichos recursos”.

Los mandamientos de captura están pendientes de cumplimentar, por lo que desde el 8 de abril de 2016, la Interpol cuenta en su base de datos con la ficha roja con alerta migratoria en contra de Salomón “N”.

Recientemente, el 3 de enero de 2019, la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México negó un amparo al empresario, quien pretendía la cancelación de la ficha que le impide transitar por diversos países sin ser detenido.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 11 FEBRERO, 2019 01:00 PM)

DECLARAN CULPABLE A 'EL CHAPO' GUZMÁN EN EU

Tras seis días de deliberaciones, el jurado llega a un veredicto sobre el narcotraficante mexicano en la corte federal de Brooklyn



Declaran culpable a 'El Chapo' Guzmán en Estados Unidos

NUEVA YORK.- Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue declarado culpable en el juicio por narcotráfico al que fue sometido en Estados Unidos, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.

Las ocho mujeres y cuatro hombres que componen en Nueva York el jurado del juicio por narcotráfico contra 'El Chapo' Guzmán llegaron a un veredicto final en su sexto día de deliberaciones, informó la Fiscalía de Estados Unidos.

Guzmán, de 61 años, afrontaba 10 cargos, incluyendo tráfico de drogas y accionar criminal como líder del Cártel del Pacífico.

En un momento más información.

(EXCELSIOR/ AGENCIAS / FOTO: AP/ 12/02/2019 11:24)

DESPLAZADOS EN EL ABANDONO MIENTRAS VIOLENCIA AZOTA EN LA SIERRA SUR DE SINALOA



“Esperamos que las autoridades federales, estatales y municipales abran los ojos y se den cuenta de que este grupo de familias desplazadas por la violencia en la sierra del sur de Sinaloa existe y reciban apoyo”, expuso Roque Vargas Aragón, vocero de las familias desplazadas de la sierra sur de Sinaloa.

Desde hace dos años, la comisión de hechos violentos en los que murieron decenas de personas en manos de grupos armados, la quema de viviendas, vehículos y asaltos a los escasos comercios, obligaron a familias enteras a salir de sus lugares de origen en busca de tranquilidad.

Vargas Aragón sostiene que siguen siendo las mismas condiciones de inseguridad, aunque hay una atenuante: aparentemente bajó la ejecución de personas, pero la violencia sigue existiendo, hay grupos armados en todos los municipios del sur.

“Estamos hablando de Concordia de donde soy originario; en San Ignacio, Escuinapa y Rosario sigue habiendo grupos armados y hay constancia de eso”, dijo.

“Hay testimonios de personas que todavía viven en la sierra de Concordia, que se han enterado de algunos homicidios que no fueron publicados, están encubiertos, ocurrieron en Rosario y Concordia, en éste último habría ocurrido en el camino al Cuatantal que da acceso al estado de Durango, han ocurrido dos homicidios en los primeros días de diciembre; por la parte de Rosario se acaban de bajar dos familias, ellos fueron testigos de otro homicidio, por lo que fueron amenazados para que no dijeran nada y optaron por salirse, ellos son de una ranchería cercana a un camino de La Rastra, en Rosario, creo que los grupos armados traen una relación entre ellos, son gentes que pertenecen a los mismos grupos, que se pelean las plazas, que según dicen algunas personas ya no existen tales plazas, se dice que quienes los dirigían ya no existen y ahora hay pequeños grupos que operan al margen de la ley que siguen cometiendo actos violentos”.

Consideró que ya nadie dice nada, porque las nuevas autoridades municipales no están enteradas o no quieren que se sepa o que se dé cuenta la gente si son capaces o incapaces.

Calificó como una indolencia la actuación de las autoridades: “hay incapacidad, incompetencia y desde hace dos años lo han demostrado”.

Se estima que alrededor de 120 familias de Concordia retornaron a su lugar de origen en la sierra, pero algunas ya volvieron a salir por las mismas causas: la violencia, sostuvo.



ROQUE VARGAS. Homicidios encubiertos.

“Tengo 20 familias más en Villa Unión, de Concordia y Rosario, que ya se habían ido que porque había paz, según ellos, las autoridades municipales decían que había paz, que podíamos retornar, ellos lo hicieron, y desafortunadamente no hay tal paz y ya están de nuevo en Villa Unión y ahora sufriendo más porque se van con la esperanza de que todo está tranquilo y que van a continuar con su vida como normalmente lo hacían y se dieron cuenta que no, y ahora vienen de vuelta a seguir sufriendo”.

Detalló que al ser familias criadas en el campo, su principal formación es esa, por lo que conseguir empleo en otra actividad es prácticamente imposible, pues no cuentan con la formación para ocupar vacantes en hoteles, por ejemplo, por lo que optan por emplearse en las cosechas de hortalizas que hay en el valle de Villa Unión.

Es común ver a las mujeres que se quedan a cuidar hasta 20 niños, mientras que sus madres se van al campo a trabajar.

Son mujeres viudas a las que les mataron el marido y de ser amas de casa, pasan a ser jefas de familia a cargo de todo, es gente a la que le cambió la vida y sigue necesitando apoyo.

Si bien es cierto que las despensas que el gobierno estatal les da han ayudado, dijo, no resuelven el problema de fondo.

Reconoció el interés que el mandatario ha tenido, pero también que no es suficiente.

Cuestionó la rotación que ha habido en la Secretaría de Desarrollo Social, por donde pasó Rosa Elena Bueno Millán y Raúl Carrillo, pues la falta de atención y seguimiento a los apoyos y programas para los desplazados se han ido rezagando.

Al día de hoy, añadí, nada se sabe del nuevo secretario, y los desplazados no lo van a ir a buscar a su oficina, es él quien debe visitarlos y conocer sus necesidades

Asimismo criticó la rotación en la Secretaría de Seguridad Pública, área que al día de hoy ha tenido ya tres titulares diferentes.



Expectativas ante la Cuarta Transformación

Con la llegada de Morena al gobierno federal y al municipio de Mazatlán, las expectativas de cambio son muchas, pero dijo, mantienen los pies sobre la tierra porque saben que no es cosa fácil.

“Creemos que va a haber una integración y un compromiso de los tres niveles de gobierno para resolver este problema”, indicó.

La petición es contundente, que abran los ojos y se den cuenta de que este grupo de familias desplazadas por la violencia en la sierra del sur de Sinaloa existe a causa de tragedias en las que murieron decenas de personas en condiciones violentas.

“Sigue existiendo esa tragedia, no hay una solución todavía”, aseguró.

—¿Les afecta la rotación que ha habido en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado?

—Sí, porque hay diferentes criterios, por ejemplo, quien estaba en el momento de la tragedia tomó unas decisiones que luego fueron relegadas porque hubo cambios, ¿y qué pasó? se rompió con el esquema de proyecto de resolución del problema… no hay un seguimiento, criterios diferentes, formas de aplicación diferentes y eso lógicamente a nosotros nos pega porque ya no podemos confiar, de ninguna manera podemos confiar.

Señaló a Polo Guerrero, síndico de Villa Unión, de poner poca atención a los desplazados desde su llegada a la sindicatura, pese a que se le buscó en reiteradas ocasiones.

El grupo de aproximadamente 53 familias desplazas iniciaron el 2019 algunas en hacinamiento, viviendo de espacios prestados y acondicionados para ser habitados.

Las necesidades siguen siendo muchas: alimentos, ropa, calzado, atención médica y un espacio propio para vivir.

Para ello, dijo, ya se consiguió el apoyo de una organización canadiense que se comprometió a construir viviendas que podrán ser pagadas con facilidades y a bajo costo, solo les piden que consigan un predio para construirlas.

Saben que ni las viviendas ni los servicios les serán regalados, y están dispuestos a pagar por ambos a cambio de que se les ceda un predio para construir su patrimonio.

“Se llama Sustentabilidad Humana la organización presidida por Manuel Medina Rojo, que nos apoya con la construcción de casas y solo nos pide una reserva territorial, por eso ya se hizo del conocimiento al Ayuntamiento de Mazatlán para que nos apoye con eso”, dijo.

Hizo un llamado a Ordaz Coppel para que dé indicaciones a Salvador Reynosa, Director del Instituto de Vivienda de Sinaloa, para que dé seguimiento y se cumpla con el compromiso de apoyarlos en ese sentido.

Artículo publicado el 6 de enero de 2019 en la edición 832 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/NELDA ORTEGA/MAZATLÁN EN 8 ENERO, 2019)

JURADO LLEGA A VEREDICTO EN JUICIO CONTRA ‘EL CHAPO’


Los jurados podrían encontrar a Guzmán culpable de solo algunas violaciones y seguir condenándolo por delitos lo suficientemente graves como para encarcelarlo durante décadas

En el sexto día de deliberaciones,  en el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Estados Unidos, el jurado informó que llegó a un veredicto.

Los integrantes del mismo habían regresado este martes a trabajar para lidiar con el complicado caso en un tribunal federal en Brooklyn.

El testimonio del juicio duró casi tres meses y los jurados han sido encargados de decidir 10 cargos separados.

La evidencia incluyó el testimonio de 14 colaboradores. Muchos describieron la voluntad de Guzmán de usar la violencia contra los enemigos de un cartel que, según los fiscales, llevaron de contrabando al menos 200 toneladas (181 toneladas métricas) de cocaína a los Estados Unidos durante dos décadas.

La defensa ha acusado a los cooperantes de la fiscalía de convertirlo en un chivo expiatorio de sus propios delitos.

Después de tres meses de testimonio, los miembros del jurado han pasado por un veredicto que les pide que tomen 53 decisiones sobre si los fiscales han probado varios elementos de la acusación de 10 cargos.

Muchos están relacionados con el recuento principal, acusándolo de dirigir una empresa criminal continua.

Los jurados podrían encontrar a Guzmán culpable de solo algunas de esas violaciones y seguir condenándolo por delitos lo suficientemente graves como para encarcelarlo durante décadas.

(REPORTE INDIGO/   AP/ Feb 12, 2019) 

MALAYERBA ILUSTRADA: EXAMEN DE CONFIANZA



Es un hombre alto y corpulento. No tiene los cuarenta pero de su mirada de otoño parecen colgar flores marchitas y ramas secas. Sus ojos bajan más seguido a sus pisadas y el cuerpo corvo delata una suerte de cansancio, de rendición, de esperar el mañana pensando que fue ayer o antier: que lo que viene ya pasó y el futuro llega muerto.

Hace menos de un año era agente de la policía municipal. Uniforme azul, la placa reluciente, fornituras limpias y en buen estado, el arma de cargo en su funda y el fusil automático a la mano. Botas altas, bien atadas y recién lustradas. La gorra en su lugar, pelo corto, con algo de gel para que no se alborote cuando va atrás, en la patrulla.

Esa era su vida, a la vuelta de la esquina. Hasta que ese oficial de la corporación se le acercó para decirle que si él quería, podía hacer que aprobara, sin problema alguno, el examen de control y confianza. Son pruebas que incluyen el polígrafo, en las que ejercen una fuerte presión quienes lo aplican, al grado de hostigarlos con la misma pregunta en veinte ocasiones y realizadas en momentos diferentes, durante la evaluación.

Eres narco. Conoces a algún narco. Eres malandrín o tienes parientes con antecedentes. Piénsalo, te voy a dar quince minutos y regreso. Ahora puedes decirme la verdad: trabajas para algún pesado o tienes familiares presos por delitos contra la salud o de alguna manera estás metido en la delincuencia.

El agente respondió a todo que no, porque así era. Pero no aceptó la oferta que le hizo el oficial. Puedo hacer que apruebes, pero tienes que trabajar para mí, para la gente con la que yo jalo fuera de aquí, con otra raza. Discretamente y agarramos más billetes. Pero todo a la sorda. Somos muy poquitos. Yo soy el jefe. Si me dices que sí, pues haz de cuenta que pasaste el examen, yo me encargo.

No aceptó. Pensó en sus dos hijos, su esposa. En sus manos limpias y la frente en alto. Su uniforme, la placa reluciente y los zapatos siempre boleados, brillosos. Su vida tranquila y esa rutina que tanto saboreaba de llegar a su casa sin temor, abrazar a los morros y echarse un café mientras ve las televonelas, echado en ese sillón viejo y mullido. Pensó en la vida breve, en ese parpadeo entre el cañón escupiendo fuego y el amanecer con el cuerpo tibio de su mujer a un lado, disponible y a la mano: en espera de él, de su mano, su músculo entero.

No me interesa, respondió. Cinco días bastaron, después del examen, para que le dijeran que había reprobado. Le dieron veinte mil pesos, como despedida. Guardó su uniforme como quien acuna a un bebé y ahora trabaja en un hotel: cuida las sombras de los muebles en los pasillos, vigila el estacionamiento y que no se empañen sus ojos.

Columna publicada el 10 de febrero de 2019 en la edición 837 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 12 FEBRERO, 2019)

DE LA TUNA AL TRIÁNGULO DORADO, CADENAS DE ORACIÓN PARA EL ‘CHAPO’



La Tuna, Badiraguato.- Residentes de La Tuna, La Palma, El Nogalito, San José del Barranco, Arroyo Seco, y otras comunidades de Badiraguato, mantienen una cadena de oración para que los miembros del jurado en Nueva York declaren inocente a Joaquín el Chapo Guzmán de los 10z cargos criminales que enfrenta.

“Confiamos que esta gran cadena de oraciones que hacemos durante los cultos en la sierra tenga un reacción positiva en la decisión del jurado”, confió la señora Bernarda Guzmán Loera, hermana del Chapo.

La cadena de oraciones, según explicó la familia, se ha extendido no sólo por Sinaloa, sino que ha llegado a comunidades de la sierra de Durango como Bastantitas y Tamazula, y en Chihuahua en La Mesa de San Rafael, donde el Chapo alguna vez habría donado dinero para la construcción de templos.

Pero además, algunos pastores de la sierra han solicitado que oren en beneficio del Chapo, no como un favor a la familia, sino en beneficio de “un cristiano que era miembro activo de la iglesia cristiana, que cayó en desgracia”.

“Nosotros (como familia), no hemos pedido nada, pero sabemos que en los templos la gente pide por él, pero además el propio Chapo también pide por su situación, pues entiende que está enfrentando un reto difícil, y por eso cuando hablo con él dice que le diga a la gente del rancho que todos oren por él”, reveló la señora Bernarda durante una plática que Ríodoce mantuvo con ella.

José Manuel Zepeda Guzmán, sobrino del Chapo, reconoció que mucha gente en las montañas “ora para que su tío salga bien librado de los diversos cargos que enfrenta ante las autoridades estadounidenses”, aclarando que no lo hace por encargo, sino por el cariño que mantiene por su tío, con quien además mantiene una gran amistad.

“Aquí a quien le preguntes, que asista al culto los domingos, está orando por mí tío para que reciba una sentencia justa por parte del gobierno estadounidense”, dijo Zepeda Guzmán, quien toda su vida ha vivido en La Tuna.

Lejos de los templos y de toda religión, un grupo de pistoleros que en algún momento protegieron al Chapo, señalan que, tras seguir el juicio a través de los diversos medios de comunicación, a Guzmán Loera no se le ha seguido un juicio justo.

“Todo es puro ‘reboruje’, porque cuando llevaron al Vicentillo a declarar, los fiscales si le pudieron preguntar todo lo que quisieron, pero cuando tocó el turno de los abogados del viejón, ahí sí dijeron que no le podían preguntar algunas cosas que afectaban a los gringos”, dijo uno de los antiguos pistoleros del Chapo, y quien tras la extradición continuó trabajando para la familia.

El sentir del pistolero, quien pidió ser identificado como Manny, era el mismo sentir de al menos otros ocho pistoleros a los que este semanario tuvo acceso durante una entrevista hecha en el corazón del triángulo dorado, por donde se mueve el grupo armado.

Agregó: “O usted cree que se le está siguiendo un juicio justo cuando llega el juez y le dice a los abogados (del Chapo) lo que no deben preguntar, ah pero cuando toca el turno a los fiscales, a ellos no los limita nada, todo lo contrario, hasta le permiten que saquen acusaciones donde acusan al tío de violar a niñas de 13 años ¡justo antes de que deliberen los del jurado!”

De acuerdo a los pistoleros, esa parte de la sierra habrá de quedar en el abandono total sin apoyos por parte del gobierno, y sin un líder que ayude a la gente.

“Cuando estaba el viejón libre, siempre estaba checando que sus trabajadores recibieran sus pagos a tiempo, y si alguien necesitaba ayuda, les mandaba comprar medicina, comida, o si necesitaban ir de urgencia a Culiacán, los mandaba en avioneta, y ahora sin él eso se acabó. Y qué cambió que lo arrestaran y se lo llevaran. El tráfico y la violencia sigue igual, o peor, porque ya no hay alguien que controle”, dijo.

Para el jefe de célula, por su parte, el que Guzmán ya no esté presente no acaba con el problema del tráfico de drogas, porque se trata de una situación de oferta y demanda, y “mientras la gente compre, va a haber alguien que venda”.

“Él mismo lo dijo en ese video que envió a Sean Penn, que el problema del narco era mucho más grande que él, y que no se acabaría ni con su arresto ni con su muerte, y es lo que estamos viendo”, observó el jefe de los pistoleros.

Y mientras los pistoleros siguen cuidando el terreno de invasores, según afirman ellos mismos, los cristianos de La Tuna y los alrededores dijeron que seguirán orando para que el Chapo reciba una sentencia justa.

“Dios es quien tiene la última palabra, y en este momento lo único que nos resta es orar para que lo declaren inocente y pronto lo tengamos aquí de vuelta, o al menos, para que reciba una sentencia justa”, dije doña Bernarda.

Se espera que en el transcurso de esta semana, el jurado termine de deliberar el veredicto, y lo emita al juez Brian Cogan.

Artículo publicado el 10 de febrero de 2019 en la edición 837 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ MIGUEL ÁNGEL VEGA/ 12 FEBRERO, 2019)