Foto: Tomada de Internet
En México se lava dinero de actividades ilícitas
por entre 20 y 30 millones de dólares anuales, lo que mantiene el combate a ese
flagelo como prioridad del nuevo gobierno nacional. Las investigaciones se
centrarán más en los delitos derivados de la corrupción, que del narcotráfico.
Casos de rezago en las pesquisas y escasas condenas por blanqueo de capitales
mantienen al país con baja calificación ante el Grupo de Acción Financiera
(GAFI). Aún se investiga a empresarios y compañías vinculados con los narcotraficantes
Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza desde 1985
Aunque la “guerra contra el
narcotráfico” terminó, según anunció el Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, ahora su lucha contra la delincuencia la enfrentará con el
combate a la corrupción y el lavado de dinero, en la que se involucran personajes
de la política, narcotraficantes, sus familiares y empresarios.
De esa forma, el gobierno
mexicano inició su sexenio con dos denuncias por lavado de dinero. La primera,
presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía
General de la República (FGR) contra una red de blanqueo de capitales formada
por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La segunda, por el robo y
reventa de combustible, pesquisa en la que hasta el momento se involucra a más
de 200 sujetos relacionados con actividades financieras e irregularidades
fiscales.
El secretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió que el combate al
lavado de dinero será prioridad, por lo que será una obligación política
promover el entendimiento y voluntad de los tres niveles de gobierno en la
misión de pacificar al país. Aunque la primera tarea, poner orden en todos los
cuerpos de seguridad federal, seguramente llevará su tiempo.
El tamaño de las operaciones
con recursos de procedencia ilícita o dudosa en México es de entre 20 y 30
millones de dólares anuales, de acuerdo con Irma Eréndira Sandoval Ballesteros,
secretaria de la Función Pública, quien ha expresado que el fenómeno está
estrechamente vinculado con el abuso de poder, asociado con la corrupción en
los entes públicos y delitos como la evasión fiscal.
El reto de atacar al lavado
de dinero ilegal para las nuevas autoridades es muy elevado, tomando en cuenta
que para su primer año de ejercicio, a la Unidad de Inteligencia de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le fue reducido el presupuesto
en un 19.2 por ciento respecto al año inmediato anterior. Aun así, se
destinaron 176 millones 560 mil pesos para realizar su trabajo.
El titular de la UIF,
Santiago Nieto Castillo, ha afirmado que este detalle no afectará la
operatividad de la dependencia, pues los objetivos siguen siendo los mismos,
sólo tendrá que ser más eficiente para obtener mejores resultados. México
deberá luchar primero contra el estigma de que su efectividad es extremadamente
baja, calificada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en términos de
cantidad de investigaciones iniciadas, acciones penales promovidas y escasas
condenas obtenidas en tribunales.
A la fecha existe rezago en
averiguaciones previas y carpetas de investigación por denuncias de años
pasados, incluso se investiga a personas físicas y morales que anteriormente
habían sido investigados o procesados por su relación con estructuras
criminales que han infiltrado el sistema financiero nacional.
Pendientes del sexenio de
Enrique Peña Nieto, existen tres investigaciones emblemáticas,
independientemente de las que relacionan a políticos y ex gobernadores que son
enjuiciados por su relación con el desvío y lavado de activos del erario
público. Se trata de los empresarios Javier y Eduardo “N”, quienes ya
estuvieron detenidos en la década de los ochenta por sus vínculos con el Cártel
de Guadalajara; las compañías de blanqueo del CJNG en la persona de la hija del
líder del grupo criminal; y la red internacional en Coahuila que, además de
lavar dinero, practicaba fraude fiscal.
LOS MISMOS NOMBRES
Los hermanos Javier y Eduardo
“N” estuvieron presos entre mediados y finales de los años ochenta porque se
les ligó como prestanombres del narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder del
Cártel de Guadalajara. También, de haber facilitado la huida del país del
fugitivo a bordo de una aeronave de su propiedad. Luego de su paso por prisión,
los empresarios del ramo automotriz fueron exonerados.
Sin embargo, hoy en día son
nuevamente investigados por lavado de dinero y su presunta relación con el
mismo grupo criminal encarnado por personajes cercanos al capo sinaloense y la
organización del desaparecido Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, motivo
por el cual la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
(UEIORPIFAM) de la FGR les aseguró inmuebles y bloqueó sus cuentas bancarias.
La UIF formuló denuncia ante
el Ministerio Público de la Federación en 2016 en contra de los indiciados, a
quienes identificó como accionistas de compañías distribuidoras de automotores
en Guadalajara, Jalisco, que desde 2002 hasta el año de la denuncia, “han
utilizado el sistema financiero mexicano, de forma irregular para hacer
movimientos de activos, los cuales se consideran de procedencia ilícita, de lo
cual se acumula que durante los ejercicios de 2009 a 2015 se realizaron
deducciones que superan los ingresos acumulables para efectos del cálculo del
impuesto sobre la renta”.
Por dichos señalamientos, el
22 de febrero de 2017 un fiscal adscrito a la UEIORPIFAM ordenó el
aseguramiento de bienes de ambos negociantes y solicitó a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) la inmovilización de cuentas bancarias en los
bancos Bansí, Santander, Del Bajío, BBV Bancomer y HSBC, a nombre de los
investigados. También fueron incluidos
sus nombres en la lista de Personas Bloqueadas de la SHCP.
Uno de los datos de prueba en
la investigación hace referencia a que Eduardo “N” tuvo movimientos en su
cuenta bancaria por más de 4 millones 587 mil pesos entre 2006 y 2015,
interactuando con otros indiciados vinculados a empresas bloqueadas por la
Oficina de Control del Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos de América, al considerar que son organizaciones de lavado de
dinero con sede en “La Perla Tapatía”.
Por lo anterior, la autoridad
ministerial estimó que los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias
aseguradas son producto e instrumento de alguna actividad ilícita, “ya que
existen indicios suficientes que los indiciados han utilizado de forma
irregular el sistema financiero mexicano, y no han acreditado su legítima
procedencia de los mismos”. Además, se estima que dichas cuentas sirvieron para
transferir, captar, retirar y almacenar moneda nacional y extranjera, haciendo
mal uso de estos instrumentos bancarios.
Javier y Eduardo han
promovido diversos juicios de amparo, tanto para no ser aprehendidos, como para
que sus bienes asegurados e inmovilizados sean desbloqueados por la FGR, la UIF
y la CNBV. Autoridades judiciales les han otorgado la protección constitucional
para que el Ministerio Público Federal justifique pormenorizada y jurídicamente
la motivación de las órdenes de aseguramiento.
PIFIAS MINISTERIALES
Aunque no se puede asegurar
que el gobierno de Enrique Peña Nieto no combatió al CJNG, se puede concluir
que la lucha fue ineficaz e ineficiente, pues muchos de los líderes que fueron detenidos
recuperaron su libertad o consiguieron la anulación de órdenes de aprehensión.
En la parte del combate al lavado de dinero de dicha organización criminal, los
resultados tampoco fueron favorables.
Primero salió de prisión al
pagar una millonaria fianza Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio
Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, acusada de operaciones con
recursos de procedencia ilícita. Ahora, la hija de ambos, Jessica Johanna,
obtiene un amparo que deja sin efecto la orden de captura dictada el 23 de mayo
de 2018 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio,
adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
Rafael Caro Quintero. –
Nemesio Oseguera, “El Mencho”. -Rosalinda Gonzalez Valencia.
La hija del “Mencho” es
acusada por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, a decir del
magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el Ministerio
Público de la Federación cae en inconsistencias durante la investigación, lo
que hace dudar de la presunta responsabilidad de la joven empresaria en las
ramas restaurantera y de publicidad. En 2015 y 2017, jueces del sistema de
justicia tradicional y del acusatorio, ya habían negado el mandamiento de
captura por las mismas imputaciones.
En la última denuncia -por
los mismos hechos- formulada el 3 de mayo de 2018 por el coordinador jurídico
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se señaló la
existencia de dos sociedades mercantiles de las que Jessica Johanna es
accionista y que presuntamente fungen como operadoras financieras para el CJNG.
También se hizo alusión a que dichas empresas están anotadas en el listado de
la OFAC como lavadoras de dinero ilícito y que la mujer es hija del líder del
conglomerado delictivo.
En informes de investigación
criminal se adjuntaron conversaciones telefónicas de dos líneas diferentes en
las que presuntamente habla la indiciada, se efectuaron cateos a las empresas,
análisis contable de las mismas y se aseguraron cuentas bancarias y otros
bienes. La UIF denunció que no se localizaron declaraciones de impuestos de
Jessica que justifiquen sus ingresos en cuentas bancarias. Por lo que se
refiere a las empresas, una declaró en ceros por los periodos 2015 y 2016,
mientras la otra lo hizo por 122 mil 600 pesos por los mismos ejercicios
fiscales, elementos que sirvieron al fiscal para ejercitar la acción penal y
solicitar la orden de aprehensión contra Jessica.
Al promover el juicio de
amparo, la joven hizo notar las contradicciones, pues mientras la UIF destaca
que no existen declaraciones de la imputada, expertos de la UEIORPIFAM -de la
ex PGR- señalan que “sí realicé declaraciones, e incluso, refieren expresamente
que la suscrita “presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales de
2013, 2014 y 2015, acumulando ingresos por la cantidad de seis millones ocho
mil 990 pesos y préstamos recibidos por la cantidad de cuatro millones 581 mil
306 pesos”.
La quejosa también advirtió
que es ilógico que si una de las empresas, de corte rural, no realizó ninguna
operación con recursos monetarios, no tuvo ingresos y se declaró en cero
durante dos años, haya lavado dinero. Sobre el hecho de que Nemesio Oseguera Cervantes
“supuestamente es mi padre” y Abigael González Valencia “según él, es mi tío”,
Jessica Johanna argumentó que esos hechos no la inculpan como operadora
financiera encargada de lavar los recursos obtenidos por el grupo criminal
CJNG. Tampoco que Estados Unidos la incluyera en una lista.
El Ministerio Público Federal
tampoco acredita que los fragmentos de conversaciones relevantes que resultaron
de la intervención de dos líneas telefónicas de las que estimó, se desprenden
conductas al parecer ilícitas, correspondan a la voz de la imputada, pues no
existe constancia de peritaje alguno al respecto.
RED FAMILIAR INTERNACIONAL
Si la de “Los Cuinis” es
considerada una organización familiar con actividades criminales altamente
redituables, otro clan que ha llegado a otras partes del mundo como presuntos
narcotraficantes, lavadores de dinero y defraudadores fiscales, es el de
Salomón “N”, textileros y políticos del norte del país e investigados desde
inicios de la década por la FGR.
A la fecha están señaladas
por lo menos doce empresas detectadas -y en algunos casos aseguradas-, diversas
cuentas bancarias en México y Estados Unidos, además de que varios de los
presuntos miembros de la organización delictiva cuentan con órdenes de
aprehensión en el país y de detención provisional con fines de extradición; por
los cuales existe una ficha roja por parte de la Dirección General de Asuntos
Policiales Internacionales e Interpol.
Una denuncia anónima puso en
alerta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) el 1 de diciembre de 2010. El mensaje decía: “Quiero
denunciar a una organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de
droga, la cual opera recursos utilizando empresas mediante las cuales simulan
exportaciones de puertas de madera y mezclilla a empresas ubicadas en los
Estados Unidos de América y a otras que se encuentran en toda la República,
pero en realidad lo que trafican es droga y armas”.
El señalamiento destacó que
el grupo empresarial defraudaba al fisco al documentar operaciones con facturas
y registros contables falsos, con lo que posteriormente solicitaban a Hacienda
la devolución indebida de impuestos. Se dieron a conocer los nombres de los
miembros de familiares de Salomón “N” padre y Salomón “N” hijo, quienes según
la denuncia, gozaban de influencia social y política.
El anónimo agregó que los
imputados “tienen puestos en la política, lo cual aprovechan para pasar
desapercibidos y así construir empresas, adquirir inmuebles súper lujosos, aeronaves,
vehículos de último modelo e inflar sus cuentas”.
Casi un año tardó la
autoridad ministerial en actuar en consecuencia, iniciando la averiguación
previa el 1 de noviembre de 2011 en contra de socios, administradores únicos,
representantes legales, accionistas y autorizados bancarios de las empresas
señaladas. Los delitos imputados son delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
De las acciones realizadas
por fiscales y por la UIF, se intervino a las empresas y se obtuvieron datos de
sus actividades comerciales, cuentas bancarias nacionales y en los bancos
extranjeros Wells Fargo y American National Bank; asimismo, se efectuaron
cateos y aseguramientos al considerar que un grupo de aproximadamente 40
personas físicas y morales investigadas adquirían y transferían los recursos
producto de devoluciones obtenidas indebidamente del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) con la finalidad de ocultar su origen e impedir su localización y
destino.
El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) devolvió a una de las empresas 234 millones 159 mil 872 pesos
de IVA correspondiente al periodo mayo a diciembre de 2008; 158 millones 374
mil 859 por el mismo motivo a otra compañía por el periodo marzo a diciembre de
2008; 29 millones 382 mil 727 pesos de IVA a una persona moral por el periodo
de enero a marzo de 2009; y 19 millones 420 mil 451 pesos de IVA a una empresa
más, correspondiente al periodo enero-marzo de 2009. Las investigaciones por
narcotráfico no prosperaron.
El 16 de junio de 2015, el
Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la UEIORPIFAM ejercitó acción
penal en contra de los implicados, obteniendo un día después las órdenes de
aprehensión dictadas por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, por los delitos
antes reseñados.
En el caso de lavado de
dinero se hizo hincapié en la modalidad de “adquirir y transferir recursos
dentro del territorio nacional y de éste hacia el extranjero y a la inversa
(del extranjero a territorio nacional), con conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita, como lo es la defraudación
fiscal, con el propósito de ocultar o pretender ocultar el origen localización,
destino y propiedad de dichos recursos”.
Los mandamientos de captura
están pendientes de cumplimentar, por lo que desde el 8 de abril de 2016, la
Interpol cuenta en su base de datos con la ficha roja con alerta migratoria en
contra de Salomón “N”.
Recientemente, el 3 de enero
de 2019, la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de
México negó un amparo al empresario, quien pretendía la cancelación de la ficha
que le impide transitar por diversos países sin ser detenido.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA/ LUNES, 11 FEBRERO, 2019 01:00 PM)
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