lunes, 24 de julio de 2017

LA REFORMA ENERGÉTICA OFRECÍA UN OASIS AL MEXICANO: COMBUSTIBLES BARATOS, MÁS EMPLEOS; NO FUE ASÍ


Fue en la conmemoración de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 2013, que Enrique Peña Nieto explicó detalladamente su Reforma Energética, la principal de su paquete de reformas estructurales. Dijo, en aquellos días en los que todavía se celebraba la formación del Pacto por México, que sería como cuando Lázaro Cárdenas anunció la expropiación: una decisión que “cambió el rumbo del país y aceleró su desarrollo”.

A cuatro años de distancia, algunas de las promesas que vinieron no sólo de Peña Nieto, sino también del Secretario de Hacienda, del de Energía y de senadores y diputados que la apoyaron, caminan gracias a otros actores; otras más se perfilan para verse materializadas hasta dentro de siete años y otras están en el naufragio, casi desde que fueron ofrecidas a la población.

Y ya de cara al último año de la actual administración, lo que resulta una realidad es que el sector energético de México cambió y en el futuro tendrá que aferrarse a los puntos positivos que trajo la Reforma.

Un “club de amigos” armó desde el Estado la Reforma Energética y, ahora, opera grandes negocios


Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Desde los primeros días de Gobierno de Enrique Peña Nieto, la población fue bombardeada con promesas que buscaban la aprobación social de la Reforma Energética. En los eventos públicos se hablaba de ella y se pagaron millones en publicidad para convencer que sería sinónimo de modernidad para el país.

No sólo fue la Presidencia de la República, el discurso también lo tomó el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Codwell.

También senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista de México (PVEM): Javier Lozano, David Penchyna [hoy Director del Infonavit], Raúl Cervantes Andrade [actualmente titular de la PGR), Arely Gómez [hoy al frente de la SFP], Carlos Romero Deschamps [líder, antes y después, del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros], Claudia Pavlovich [actualmente Gobernadora de Sonora], Omar Fayad [quien hoy funge como Gobernador de Hidalgo], Emilio Gamboa Patrón, Diva Gastélum, Ana Lilia Herrera Ansaldo, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Luisa María Calderón, Mariana Gómez del Campo, Ninfa Salinas Sada, entre otros.

Todos ellos hablaron de eficiencia, seguridad y sustentabilidad energética; de potenciar la industria nacional y de un aumento en la exploración y extracción de hidrocarburos. También prometieron una nueva era en la ética corporativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que habría mayor eficiencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

Hubo de otra índole: bajarían los costos de la gasolina y de la electricidad, 500 mil nuevos empleos en el sector, mayor infraestructura, que no se tendría que recurrir a mayor endeudamiento público y que los índices de crecimiento serían positivos.

Se atora la Reforma Energética: 2 años después, privados aportan apenas 0.7% de hidrocarburos


Especialistas consultados por SinEmbargo, coincidieron que de entrada, muchas de las promesas eran imposibles de cumplir, por lo que fue irresponsable hacerlas. Otras que parecen ir avanzando, ha sido gracias a los privados; las que tienen apuro, incluso por presiones internacionales no cuentan con una planeación y otras cuantas, podrían verse cumplidas hasta 2024.

“El hacer cierto tipo de promesas fue irresponsable desde un inicio porque no depende en gran medida de factores que pueda controlar la misma Secretaría de Energía, porque dependen de otros factores, como los precios del petróleo o del gas natural […] No se puede prometer algo que se sabe que no se podrá cumplir porque no depende de ti”, comentó en entrevista Alejandro Limón Portillo, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Ni siquiera hay un esquema programático, un proceso de planificación que permita al Gobierno federal, en el corto plazo, decir que habrá un impacto real en el crecimiento económico a partir de una inversión. Para poder decir como país que se va a crecer cierto porcentaje a partir de una inversión productiva, necesitaríamos tener un modelo de predicción a corto plazo y en México no existe eso; un modelo da una serie de variables a partir de las cuales se establece cuáles son los impactos que se tienen según las inversiones, pero ellos dicen que la economía va a crecer como si lo vieran en una bola de cristal. Todos los cálculos y las predicciones de crecimiento que ellos realizan son sobre la base de simples especulaciones, no tienen instrumental analítico para poder decir eso. Es completamente falso y así se planeó esta reforma”, agregó Alfredo Bravo Olivares, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).


La Reforma Energética incumple promesa ambiental: usar etanol en gasolinas dañará más, alertan






LAS PROMESAS

SinEmbargo enlistó 26 promesas hechas desde distintos frentes previo a la aprobación de la Reforma:

Eficiencia energética (incrementar la productividad y producción. Un consumo más responsable e inteligente).

Seguridad Energética (tener la capacidad y los recursos que garanticen el suministro)

Sustentabilidad Energética.

Pemex tendrá una nueva estructura organizacional (mejorar la toma de decisiones y las reglas del corporativo. Mayor eficiencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas).

Se fomentará la ética corporativa y la responsabilidad social (que las operaciones procuren el desarrollo integral de las comunidades).

Se promoverá el crecimiento verde (Pemex será eje de la lucha contra el cambio climático, desarrollará energías renovables y promoverá el ahorro de energía)

Se potenciará la industria nacional (incendiará el desarrollo de cadenas de proveedores nacionales).

Se fortalecerá la inversión y el desarrollo tecnológico (la empresa tendrá la capacidad de competir a nivel internacional).

Orientar las inversiones (Pemex ayudará a mejorar el crecimiento nacional).

Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos.

Pemex será sinónimo de modernidad.

La reforma asegurará el abasto suficiente de gasolina.

Se explorará y se extraerá petróleo de las aguas profundas del Golfo.

Bajarán los costos de luz y gas.

Liberalización del mercado hasta 2020.

500 mil nuevos empleos en el sector.

Transparentar el recurso que reciba el Estado por el combustible extraído a partir de nuevos contratos y decir cómo será utilizado.

No recurrir a mayor endeudamiento público.

Mayor infraestructura.

Mayor oferta de electricidad.

Se adquirirá la energía en bloque.

CFE tendrá flexibilidad operativa.

Transformación de México con crecimiento equitativo y elevado.

Un nuevo régimen fiscal para Pemex (nuevo régimen de contribuciones. El Estado será dueño de la riqueza petrolera con visión de largo plazo y no como recaudador).

Se incrementará la producción de crudo de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones para 2018.

De Gas Natural, se pasará de 5 mil 700 millones pies cúbicos a 8 mil millones para 2018.

EPN llama “irresponsables” a quienes, por “desconocimiento”, critican su Reforma Energética




***
De acuerdo con Limón Portillo, varias de las promesas carecen incluso de información sobre cómo van a realizarse, “de eficiencia energética, no se entiende mucho, ni siquiera hay tanta información al respecto. Pero en términos de productividad lo que propone Peña Nieto para garantizar esto, no se entiende. Como los campos recientemente encontrados como el Sama y el campo enorme Trion o Amoca, que son las grandes promesas de la Reforma, van a dar frutos en 2021 aproximadamente, entonces ahorita realmente productividad no se ha visto; las reservas que se tienen también van en declive y todavía no hay mucha garantía de que vayan a rescatar la plataforma petrolera de México”.

Agregó que a mayo de 2017 la producción ha bajado 39 por ciento en comparación con 2005 y es algo que ni siquiera la Reforma Energética va a poder rescatar.

Sobre la capacidad de ejecución de exploración y producción en general y en aguas profundas del Golfo, explicó que sí se han visto resultados, como en la Ronda 1.4, “en este caso sí se logró el compromiso pero no por vía necesariamente del Estado, porque el gobierno no es el que está invirtiendo. Sí hay una parte de utilidad del gobierno y de inversión, pero es básicamente por esfuerzo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que es la responsable de diseñar los contratos”.

Criticó también que en exploración y producción, el presupuesto a esa empresa subsidiaria ha ido en declive y “no se puede hablar de mejor nivel de productividad si el dinero destinado a Pemex Exploración y Producción va a la baja […] la promesa de inversión y desarrollo tecnológico se pone en duda porque estos mismos compromisos van en contraste con la política pública, que es el presupuesto”. Eso mismo, dijo, ha ocurrido en el caso de la infraestructura.
Bravo Olivares insistió en la carencia de sustento teórico de las promesas, “ese es el pretexto que está detrás del argumento: a partir de la Reforma dan una apertura que venden ofreciendo una mayor eficiencia pero no hay nada que lo demuestre en ningún país. Siempre estos hechos se han traducido en un incremento de los precios, en costos más elevados a los consumidores finales y en el beneficio de unos cuantos sobre la base de las concesiones de los contratos”.

Sacó a tema el incremento de las tarifas de gasolina y de electricidad y el más de medio millón de empleos que se generarían en los primeros cuatro años de la reforma y que no está.

Finalmente, para el especialista del CIEP, una de las principales promesas incumplidas es la referente a la energía verde y sostuvo que el comportamiento de las autoridades en este sentido ha sido incongruente.

“Se tiene y se promulgó la Ley de Transición Energética en la que se han fijado objetivos a mediano y largo plazo, como que el 35 por ciento de la energía eléctrica generada en el 2024 provenga de fuentes renovables; para 2018, se supone que tiene que ser del 25 por ciento como punto intermedio y ahorita estamos en 20 por ciento, cinco puntos porcentuales debajo de la meta a solo cinco meses de llegar al objetivo”, dijo.

“Nos hemos quedado bastante cortos y lo que vemos es que no existe, a pesar de que ya está ese objetivo y que se tiene que estar alineado con el Acuerdo de París. No tenemos un plan fiscal ni legal. Está la Ley de Geotérmica, alguna otra nuclear, pero no hay un plan que diga cómo vamos a hacer la transición. Es un campo que hay que explotar demasiado. El gobierno mexicano debe hacer leyes porque no las hay, leyes de energía eólica, de energía solar, para lograr los objetivos que se acordaron. Es muy incongruente”, sostuvo.

Pemex, un nido de corrupción por años, teje maraña para no decir a quién contrata y para qué





(SIN EMBARGO.MX/ DANIELA BARRAGÁN / JULIO 24, 2017 /10:00 PM)

“¿Y QUÉ CALLO?”, PREGUNTA PERIODISTA AMENAZADO DE MUERTE AL PROCURADOR DE MICHOACÁN, A QUIEN ACUSA DE DELINCUENTE


Luego de que el periodista michoacano José Maldonado Sotelo, director de la agencia Noventa Grados de Morelia, fuera amenazado de muerte el pasado viernes 21 de julio -a través de un correo electrónico-, el comunicador publicó una editorial este lunes en el medio que dirige, dirigida al procurador estatal José Martín Godoy Castro, en la que le advierte “que no se va a callar”.

“Nuevamente amenazas cobardes, efectuadas por el mismo tipo de personas; cobardes, escudadas tras una placa y el poder ejercido por medio de la fuerza, las amenazas, los golpes y sembrar el terror en las familias de los periodistas, sobretodo de aquellos que jamás hemos sido participes de las porquerías hechas por José Martín Godoy Castro.”, escribió Maldonado Sotelo.

“Cuando la verdad te respalda, cuando este tipo de personas y su actuar hablan por si mismos, jamás nos callaremos, no tenemos ningún motivo por el cual hacerlo, al contrario, es gracias a ustedes y su sucio proceder, que hoy, en noventagrados.com.mx estamos en el gusto de la gente, por decir la verdad, por no solapar a funcionarios corruptos y cobardes, que como ustedes hacen todo lo contrario para lo que fueron encomendados.”, señaló el periodista.

Por otra parte, el director de la Noventa Grados también se quejó de que ante las amenazas, los medios nacionales e internacionales se han sumado y replicado las amenazas vertidas en contra de la agencia, no así, afirmó, los medios locales.

“[…] desafortunadamente no es de extrañarnos el hecho de que muchos medios locales, hablen de la unidad, de la ayuda solidaria y se tomen fotos y hagan marchas, pero a la hora de la verdad, antes de que muera otro compañero, no se suman ni expresan una tendencia a favor de nosotros y de cualquier compañero del medio en problemas”, señaló el periodista.

Maldonado Sotelo también acusó que Godoy Castro y sus funcionarios “importados del Estado de México”, roban combustible y hacen que los transportistas se los compren, además de que “secuestran a delincuentes, les roban todo y los hacen trabajar para ellos con la amenaza de no meterlos a la cárcel”, extorsionan a comerciantes, “siembran” pruebas, cobran derecho de piso, además de que “torturan y en ocasiones matan a personas”.

El periodista también hizo un llamado a todas las personas que han sido “violentados en sus derechos” por el procurador michoacano, a que denuncien estos hechos. Además, hizo responsable a Godoy Castro, “por cualquier daño infringido directa e indirectamente en nuestra persona, familiares y en la de nuestros seres queridos”.

LA AMENAZA DE MUERTE

La amenaza que llegó tanto a la cuenta de correo electrónico del medio que el periodista michoacano dirige, así como a la personal, la cual no es del conocimiento público, tenía el asunto de “URGENTE ULTIMATUM” y fue recibido alrededor de las 15:31 horas del pasado viernes, desde la cuenta “raulsolorioo@hotmail.com”.

“Desde hace ya algún tiempo hemos tenido pláticas con usted con relación a la actividad que tiene en su panfleto porque periodista usted no lo es, creímos que se había disciplinado y entendido como otros de sus compañeros; pero nos damos cuenta de que no es así al leer sus últimas notas, refleja que tiene mucho conocimiento de cuestiones internas y no dudamos de que este coludido con gente de la institución que le pasa información pues son cosas muy puntuales las que usted sabe y señala, para el Lic. Martin Godoy y para el maestro Rodrigo González Ramírez ya resulta incómodo el tener que estar leyendo cada nota que usted publica, entendemos que no le tiene miedo a nada y eso nos gusta, por ello solo le recordamos lo que le sucedió a Arredondo y otros más y que usted tiene una familia a la que seguramente le hace falta, por eso es la última vez que lo invitamos a que deje en paz todos los asuntos que usted está investigando con relación a nosotros trabaje y deje trabajar, es la última vez que se lo decimos no habrá otra oportunidad de que reflexione, el poder lo tenemos nosotros no lo olvide. Ni una nota más mi querido José pues de lo contrario será la última te lo aseguramos y sabes por tus investigaciones que decimos la verdad y que no estamos jugando, son muchos intereses de por medio no te metas”, decía el texto del correo.

Esta no es la primera vez que el periodista recibe este tipo de amenazas, incluso ya se había visto involucrado en un hecho el pasado 7 de noviembre del 2014, en el que Maldonado Sotelo denunció el haber sido golpeado por policías preventivos de Michoacán, mientras realizaba su labor periodística en la colonia Colinas del Sur, en Morelia.

El fin de semana que concluyó, el Centro Internacional de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, denunciaron y exigieron a través de sus distintas plataformas la investigación de las amenazas, así como la protección del periodista michoacano.

Artículo 19 realizó un llamado “urgente” al Gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, para atender esta situación, ya que se cuenta con el antecedente del también periodista michoacano, Salvador Adame Pardo, director del Canal 6tv, quien el pasado 18 de mayo fue privado de la libertad por un grupo de hombres armados, y que luego, según la Procuraduría local, a finales de junio, su cuerpo fue hallado carbonizado.

Desde el año 2000 se han registrado 4 asesinatos de periodistas en Michoacán. Mientras que desde el 2003, cinco periodistas permanecen desaparecidos en la entidad.

Por su parte el Gobierno de Michoacán emitió un comunicado donde señala que está actuando conforme le dicte el Gobierno Federal, ya que “el Gobierno del Estado es respetuoso y garante de la libertad de expresión y el derecho a la información, y trabaja de manera estrecha y coordinada con el Gobierno de la República para atender los casos de agresiones que atenten contra los derechos de las y los comunicadores de la entidad”.

“En atención a este compromiso y responsabilidad, y ante la denuncia pública realizada por el director del portal de noticias Noventa Grados, quien acusa haber recibido amenazas a través de un mensaje, al parecer anónimo, vía correo electrónico el pasado viernes, el Gobierno del Estado coadyuva con el Gobierno de la República para que el comunicador haga uso de los instrumentos que contempla el mecanismo de protección que opera la Secretaría de Gobernación (Segob).”, señaló el Gobierno michoacano.


(SEMANARIO ZETA/ Nacional/  Carlos Álvarez/ Lunes, 24 Julio, 2017 10:01 AM)

“EL PATAS” OLVIDÓ RÁPIDO SUS PROMESAS DE CAMPAÑA


Foto: Jorge Dueñes.- Alcalde privatizador.

Ni transporte gratuito, ni concesión transparente del servicio de alumbrado público. Compromisos que en campaña, el hoy alcalde Juan Manuel Gastélum realizó y los cuales no se han visto reflejados en los siete meses que lleva de gobierno; periodo durante el cual ha predominado la aprobación de proyectos sin licitación lo mismo que el “endeudamiento” público, como rasgos distintivos de la administración panista

Cuando contendía por la alcaldía de Tijuana, Juan Manuel Gastélum “prometió que resolvería el tema del alumbrado público sin recurrir al endeudamiento”, según recordó el dirigente municipal del PRI, Jorge Tsutsumi.

Precisamente, el mes de mayo de 2016, en su carácter de candidato, Gastélum sostuvo durante un recorrido por la colonia Camino Verde, que sería “transparente en todas sus acciones de gobierno” y en ese sentido, solucionaría el rezago en materia de luminarias, el cual se pretende abatir mediante la privatización del servicio de instalación y mantenimiento, cuyo propuesta fue aprobada por el cabildo sin que se sometiera a comisiones.

En entrevista con ZOOM POLÍTICO, Tsutsumi también señaló que el panista se había comprometido a instaurar “un sistema universal de transporte”, lo cual manifestó el dirigente partidista, no se refleja en los hechos.

Ciertamente, Gastélum en su momento aseguró que de llegar a la alcaldía, estudiantes y personas de la tercera edad gozarían de un servicio de transporte moderno, el cual recorrería la ciudad gratuitamente.

Recientemente, las tarifas de taxis de ruta y autobuses incrementaron. A propósito Tsutsumi manifestó: “nosotros como partido, estamos enérgicamente en contra del alza de los precios del transporte”. El incremento del costo del combustible lo amerita, de acuerdo al priista, pero siempre y cuando fuera proporcional, razonó, y “no del 58%”.

Se trata tan solo de dos temas en los que el alcalde no cumplió. Ni transporte gratuito, ni concesión transparente del servicio de alumbrado. Reveses a los que se suma una serie de anomalías que en el medio año que lleva Gastélum como munícipe de Tijuana, han distinguido su administración.

LUMINARIAS GENERAN REACCIÓN

Ni siquiera se han determinado las bases de la licitación del alumbrado público, las cuales serán dictaminadas por el mismo comité que aprobó el contrato con Grupo Turbofin para la ventajosa e ilegal renta de camiones de recolección de basura y patrullas, pero la mayoría de los regidores ya dieron su voto al PAN-Gobierno.

A excepción de los tres regidores del PES y el regidor independiente, los ediles apoyaron la propuesta con un costo de 3 mil 700 millones de pesos y que, durante un periodo de 15 años, es decir, cinco administraciones municipales, comprometería los recursos que se capten a través del Impuesto al Alumbrado Público (IAP).



Foto: cortesía.- La supuesta oposición.

De esta forma, la empresa ganadora de la concesión se hará cargo del reemplazo y mantenimiento de 80 mil luminarias, esto es, de la rehabilitación del sistema eléctrico y de la renovación de las luminarias a tecnología LED. Los trabajos deben concluirse en un periodo de 18 meses.

También se encargará del manejo administrativo del IAP, cuya recaudación anual, tan solo en el año 2027, se calcula en 300 millones de dólares.

La reacción de los partidos fue de extrañamiento hacia sus regidores, principalmente del PRI y MORENA, este último quien incluso inició el proceso de expulsión de su edil, Marco Antonio Romero Arizpe, quien apoyó la propuesta panista.

Por su lado, el Partido Revolucionario Institucional, días antes de la votación, aseguró que sus regidores votarían en contra de la medida. Sin embargo, tanto Eligio Valencia como Julieta Aguilera Castro, los representantes priistas en el cabildo, sumaron sus votos a los del PAN.

Jaime Bonilla, dirigente estatal de MORENA difundió una carta en la que anunciaba la expulsión del regidor Marco Antonio Romero Arizpe por considerar su decisión contraria a los principios del partido.

“No solo es un acto inmoral y deshonroso porque afecta el patrimonio de los tijuanenses y protege los intereses de grupos muy particulares, sino que es una bofetada a las miles de personas que votaron por nuestro proyecto y esperaban ver en el representante de MORENA, una verdadera defensa de sus principios y valores”, declaró Bonilla a este Semanario.

El presidente estatal del partido de Andrés Manuel López Obrador consideró que la actuación de Romero Arizpe, quien además votó a favor de que el proyecto no se analizara en comisiones, “dejó muy claro que el regidor está tan alejado de los principios que dieron luz a nuestro proyecto como está muy cerca de un gobierno marcado por la falta de transparencia y la sospecha”.

Si bien, de manera interna se inició el proceso para expulsar formalmente al edil del partido, Bonilla consideró que desde que éste levantó la mano para apoyar la concesión del alumbrado público, se ganó el rechazo no solo de MORENA, sino de la comunidad tijuanenses que vela por la honestidad y la valentía como ejes del gobierno.

REGIDORES DEL PRI: NADA INOCENTES

Los dos jóvenes regidores que el PRI alcanzó a meter al cabildo, votaron junto al PAN sin chistar. Sobre Eligio Valencia Jr. y Julieta Aguilera, René Mendívil, ex diputado y quien fuese el candidato que encabezó la planilla, argumentó en entrevista para ZOOM que no se le puede considerar “inocentes” al haber votado.

“Los regidores representan al partido político, debe de haber comunicación con la dirigencia del partido para valorar los temas, no puede ser únicamente a conciencia o mejor criterio de los regidores. No se puede decir que ningún regidor de cualquier partido es inocente, tienen una gran responsabilidad con la ciudadanía y es a ella a la que se debe de obedecer”, dijo el priista.

Mendívil se declaró en contra de la medida: “la decisión del Cabildo (sobre el alumbrado) se hace bajo condiciones inciertas, pareciera que lo único que generará es mayor endeudamiento a la ciudad y el único beneficiario serán los prestadores del servicio, es muy lamentable que la actual administración sea reconocida por su ineficiencia en general.

“Tijuana ya se empieza a conocer como la ciudad que todo renta, patrullas, camiones de basura y ahora alumbrado público, ¿que seguirá? El hecho de no haberse discutido ampliamente el tema en la comisión de cabildo y socializado con distintos sectores, sin duda genera sospechosismo y con los antecedentes de inicio de la actual administración pareciera que pagan favores políticos”, exclamó el ex diputado local y remató: “muy rápido se les olvidó sus compromisos de campaña, pero por fortuna estos están registrados ante la autoridad electoral”.

Por su parte, Jorge Alberto Tsutsumi se manifestó en contra de que Julieta Aguilera y Eligio Valencia hayan aprobado el proyecto de alumbrado por la vía del “endeudamiento”. “Es la parte con la que no coincido”, mencionó sobre el actuar de los ediles priistas, “entregar un cheque en blanco al presidente municipal”. Y señaló, “están en juego 3 mil 755 millones de pesos, por esta concesión a quince años”. Lamentó que cuando se ha venido pregonando que no hay recursos en las arcas del Ayuntamiento, la administración de Juan Manuel Gastélum apuesta por la deuda pública.

Aclaró que, en función de la seguridad de los tijuanenses, no se opone a los razonamientos de Castro y Valencia sobre la necesidad de resolver la falta de iluminación, pues “Tijuana requiere un sistema de esa naturaleza” y “una lámpara apagada da lugar a la comisión de delitos”. En todo caso, su discrepancia es con la salida fácil que representa endeudarse, habida cuenta de que “somos de las ciudades más endeudadas del país” y recordó que también existe la deuda por el programa de pavimentación denominado PIRE, contraída durante la administración de Jorge Ramos Hernández.

El líder partidista opinó que el hecho de inclinarse por concesionar, puede propiciar “que el presidente municipal meta mano en la empresa favorecida”.



Foto: Jorge Dueñes.- Fácil, el de la síndica, un voto más para el PAN.

Expuso que, en el marco de discusión de la propuesta, mantuvo comunicación con los regidores priistas. Sólo que en cuestiones de cómo votar, “no podemos darles instrucciones”, reconoció. Finalmente, la “responsabilidad” es de ellos y “cada uno razonó su voto”, observó.

Sobre el proceso de concesión recientemente sufragado, reclamó “que (el alcalde) no nos venda el tema de que un comité lo va a aprobar. Los que tienen en su mano la decisión son la síndico y el director de desarrollo urbano”.



“CONTRA LA ECONOMÍA DE LOS CIUDADANOS”

El incremento a las tarifas del transporte, servicio que, a decir de Juan Manuel Gastélum, sería gratuito para el sector estudiantil y de la tercera edad, afecta a “las 600 mil personas” que lo utilizan diariamente, consideró el dirigente municipal del PRI, Jorge Tsutsumi. Lamentó que en su mayoría, los usuarios no tengan “oportunidad de que su voz sea escuchada y, en ese contexto, –aseveró–, el presidente municipal atenta contra la economía de los ciudadanos”.

Supuestamente, a partir de agosto se aplicará un subsidio en materia de transporte, “para personas de escasos recursos”, según se anunció en el mes de mayo.

Tsutsumi Valenzuela calificó que el proceder del presidente municipal “no ha sido muy pulcro”, luego de casi ocho meses de haber asumido el cargo. “Ha sido recurrente (del munícipe) mentir a la ciudadanía”, sostuvo el dirigente priista y recapituló: “nos engañó con lo de la emergencia de rentar camiones de basura”, los cuales no han sido entregados en su totalidad; “también con lo de la compra de patrullas”, realizada sin licitación de por medio.

Tsutsumi prefirió no hablar de la investigación que el Senado de la República ordenó realizar a la administración de Gastélum Buenrostro, ni del juicio político impulsado por organismos civiles, “porque dicen que nomás estamos señalando”, expuso, “pero no solo el PRI está haciendo esos señalamientos, ahí están esos ejemplos”, remato.


(SEMANARIO ZETA/ ZOOM POLÍTICO / ISAÍ LARA BERMÚDEZ Y EDUARDO ANDRADE URIBE /LUNES, 24 JULIO, 2017 12:00 PM)

ANTE EL CRIMEN, VECINOS BLINDAN COLONIAS


Foto: Enrique Botello

Debido a la inseguridad, ciudadanos han tomado medidas en los suburbios, ya sea bloqueando calles o introduciendo sistemas de circuito cerrado para proteger su patrimonio sin consentimiento de las autoridades municipales; parecen no interesarles los patrullajes rutinarios ni la seguridad privada

Luego del repunte en la estadística delictiva en el municipio, cada familia del fraccionamiento Villa Bonita aportó 700 pesos para comprar equipo de seguridad de alta tecnología, sobre todo porque se sienten más vulnerables que nunca ante las disposiciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

Sin dar aviso a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se han creado células dentro de las colonias para autodefenderse, adquiriendo cámaras de video vigilancia, instalando puertas automatizadas y señalamientos viales.

Al preguntar a vecinos del lugar sobre el programa “Red Ciudadana por la Seguridad”, implementado por el alcalde Marco Novelo Osuna para bajar los índices delictivos, todos dijeron desconocerlo.

La iniciativa de cerrar calles en Ensenada es de los colonos, quienes desconfían de la eficiencia policial, por lo que han optado por blindar sus colonias al grado que los agentes tienen restringido el acceso en cierto horario.

En las colonias Moderna, Moderna Oeste y San Marino, también cooperaron para comprar cadenas, anclas de acero y señalamientos viales como “Alto”, “No pase”, “Vecinos vigilando”. Y por la noche, de manera organizada sellan la colonia con candados.

Vecinos de distintos asentamientos coinciden con los empresarios, quienes manifiestan que los agentes no llegan a los llamados de auxilio hechos al 911 o al 089 y alimentan estadísticas de falsas alarmas.

Y es que, como comentó Fernanda, una residente de San Marino que ha sido víctima de la delincuencia en varias ocasiones,  “uno de los problemas era que nunca llegaban (Policía) cuando les llamamos, pasaba hasta media hora sin que nos atendieran y los rateros a esa hora ya se había ido, o los detienen, pero al otro día ya están libres y nos vuelven a robar. La verdad no es necesario, mejor aquí nos cuidamos entre nosotros”, detalló.

ADOPTAN MAÑAS DE GRANDES SUBURBIOS

Este tipo de sistemas de seguridad que solo se veían en fraccionamientos de lujo como Cíbolas, Chapultepec o Colinas del Sauzal, ahora comienza a ser común en otros sitios.



Fotos: Enrique Botello.- Cierre de calles por inseguridad.

Para quienes viven en Vista Hermosa, fraccionamiento de interés social en la zona sureste de la ciudad, es preferible pagar por cámaras de seguridad y automatización de puertas de hierro.

A dos meses de que iniciaron los trabajos para amurallar su fraccionamiento, no han registrado un solo robo dentro de sus hogares.

No les interesan los patrullajes en sus zonas y no han consultado a la corporación a cargo de Emilio Camarena Castillo.

“Por la seguridad y tranquilidad de nuestros hogares, tenemos que trabajar”, es el lema que usan los residentes de la privada de Villa Bonita, donde la mayoría de los habitantes son gente que trabaja.

La vigilancia con guardias de seguridad dejó de ser una alternativa, ya que no confían en las empresas privadas de seguridad.

“Confiamos en uno (guardia), pero cuando descanse, ¿quién lo va a suplir? ¡No, no! Mejor metemos equipo para evitar que nos roben”, mencionó Ignacio Muñoz, uno de los tantos representantes vecinales en Vista Hermosa.

El costo de instalación de un sistema de seguridad para 40 familias es de 300 pesos cada uno más mantenimiento. Quienes deseen tener un control remoto pagan 400 pesos adicionales, de lo contrario, usan la puerta mediante  clave. Cada casa puede solicitar el número de controles que desee.

Aun con este control, entre vecinos han decidido que la clave de acceso se cambiará con cierta periodicidad para evitar que se filtre entre otras personas ajenas a la comunidad.

“Lo que queremos es dormir tranquilos”, argumentó una de las residentes.

El representante de la privada Bahía de la Paz, Ignacio Muñoz, comentó que hace tiempo comenzaron con el plan de restringir el acceso, pero hasta hace dos meses se unieron para aportar el dinero.

“Antes pasaba caminando gente desconocida, tocaba la puerta o andaban buscando cosas en la basura, eso ahora se acabó”, dijo el ciudadano, al tiempo que reconoció que ya se siente más tranquilo dentro su hogar.

NO ADMINISTRAN BONANZA, SINO ESCASEZ

El coordinador de la Comisión de Seguridad Tránsito y Transporte, Iván Duarte Córdova, lamentó que Seguridad Pública sea una institución rebasada para brindar el servicio para lo que fue diseñada, “por eso es de elogiar la manera en que las comunidades se organizan para enfrentar la inseguridad”, evaluó.

Para el edil, la corporación en Ensenada sufre el embate natural de un gobierno en crisis.

“Empezamos a tener un pensamiento estratégico de ‘tenemos poquito, qué hacemos con eso’, y es que han sido tantos despilfarros, ineptitud y corrupción, donde el inepto -el que no sabe- como el malvado, son igual de peligrosos”, criticó.

Desde hace algunos años, los gobiernos han buscado la manera de cómo “patear” la deuda, dejando como resultado instituciones sobrepasadas en las que el presupuesto no alcanza para seguridad, educación y deporte.

Agregó que el director de Seguridad, Emilio Camarena, acumula los llamados a comparecer en el pleno del Cabildo, porque quiere saber las acciones que realiza la dirección en materia de incidencia delictiva “cotidiana”, la cual va en aumento y, aunque se trata de robos a menor escala, inhiben la sensación de paz entre los habitantes.

“No perdamos de vista que la inseguridad es una sensación, pueden ocurrir delitos violentos, pero depende de la ciudad y de las autoridades el que los habitantes se sientan en calma”, argumentó Duarte.

Otro factor es la presentación de un plan de seguridad para el municipio, lo cual es una obligación por parte del director de Seguridad Pública Municipal y del alcalde, sin embargo, a siete meses de que inició su gobierno,  Marco Novelo no ha mostrado nada.

“No se trata de tener más Policía, ni un agente en cada esquina, mucho menos un ejército completo para nosotros, sino de saber estratégicamente dónde los vamos a colocar y a qué horas”, agregó.

LA ESTADÍSTICA

Los delitos de bajo y alto impacto en Ensenada han alcanzado cifras históricas, principalmente en homicidios (sumaban 85 personas asesinadas hasta el 20 de junio).



Ignacio Muñoz, representante de 40 vecinos en privada Bahía de La Paz.

En días pasados, el Ayuntamiento de Ensenada lanzó un programa de red ciudadana o Policía de proximidad, el cual busca reducir la incidencia delictiva a través de comités vecinales en 500 colonias.

La estadística del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, registra hasta mayo que mil 091 vehículos han sido robados en 2017, es decir, 411 más en comparación con los primeros cinco meses de 2016.

Con relación a homicidios, el incremento en el mismo mes, pero de 2014, era de apenas 21 asesinatos; la misma fecha de 2015, sumaban 24; en 2016  también 24; y en 2017 se triplicó, con 69 muertes violentas. Hasta el transcurso de julio, supera los 90 asesinatos.

Los hurtos en casa habitación bajaron de mil 025 que se denunciaron hasta mayo de 2016, a 731 en lo que van del presente año; sin embargo, la sensación de inseguridad en este tipo de robos se mantiene. En comercio, aumentó de 228 a 309 robos respecto del año pasado.

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, citó como ejemplo los gobiernos en Estados Unidos, donde, a pesar del alcalde que esté a cargo, los jefes de Policía y los procuradores de justicia no son destituidos cada gobierno.

En su opinión, la seguridad se tiene que ciudadanizar con un plan sustentable de políticas a largo plazo, donde no sean los alcaldes ni los gobiernos quienes solucionen el problema cada periodo.

“Sí, allá en Estados Unidos gobernadores vienen, gobernadores van, y por qué los bajacalifornianos no podemos apostarle a un modelo de sustentabilidad a largo plazo; la única manera en que lo vamos a lograr es al ciudadanizar la seguridad”, apostó el dirigente de seguridad pública ciudadana en Baja California.

Para concluir, consideró que el hecho de que los ciudadanos se hagan cargo de la seguridad en las colonias es una ventaja, siempre y cuando la autoridad resuelva un problema delictivo.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /LORENA LAMAS/ LUNES, 24 JULIO, 2017 12:00 PM)

ANULAN CONDENA A BENJAMÍN


Foto: Archivo

En amparo directo, Benjamín Arellano Félix consiguió que una condena de 22 años de prisión por asociación delictuosa y delitos contra la salud quede insubsistente. Se ordena la reposición de procedimiento, debido a que no fue adecuada la valoración de las declaraciones de testigos protegidos. Curiosamente la condena contra “El Mín” se fincó en una serie de homicidios y delitos por los que no ha sido procesado

Por fallas al “debido proceso”, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, concedió el amparo directo al narcotraficante Benjamín Arellano Félix y ordenó quede sin efecto la sentencia condenatoria de 22 años de prisión impuesta en un Juzgado federal hace diez años.

La protección del juicio constitucional no implica la exoneración del delincuente, actualmente preso en Estados Unidos, donde purga una condena de 25 años de cárcel, sino que deberán corregirse los errores cometidos por las autoridades responsables al momento de la valoración de las pruebas, a través de una reposición de procedimiento.

Por unanimidad de votos, los magistrados Adalid Ambriz Landa (ponente), José Nieves Luna Castro y Andrés Pérez Lozano resolvieron no entrar al fondo del asunto, pues debe ser el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito “quien exponga los motivos con los que subsane la deficiencia formal encontrada respecto de la valoración de las copias certificadas en las que aparecen testimonios de cargo contra el quejoso”.

Las copias a las que se hace referencia son de declaraciones ministeriales rendidas por testigos protegidos que hicieron señalamientos contra Benjamín Arellano Félix como líder de la organización criminal llamada Cártel de Tijuana o Cártel Arellano Félix (CAF) junto a sus hermanos Ramón y Javier, entre otros, pero que fueron rendidas en averiguaciones previas diversas y anexadas al caso presente en copias certificadas.

De acuerdo al procedimiento penal federal, dichas declaraciones no originales, incorporadas en una indagatoria diversa, dejan de tener el carácter de pruebas testimoniales y se convierten en documentales, por lo que su valoración debe diferenciarse. La testimonial directa hace prueba plena, mientras que esa declaración como documento solo tiene valor indiciario.

El Tribunal Colegiado estima que el magistrado erró al otorgarle a dichas pruebas “una doble naturaleza, como documental pública en lo referente al continente, y como una verdadera declaración concerniente al contenido, sin haber hecho una explicación clara y suficiente de esa bifurcación realizada al justipreciar esas documentales, siendo que a final de cuentas lo que valoró, según puede desprenderse de la argumentación, fueron los relatos emitidos en otro procedimiento penal y que se contienen en las citadas documentales certificadas”.

Una vez subsanada la deficiencia, el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario deberá resolver nuevamente, con libertad de jurisdicción, si la sentencia dictada en primera instancia por 22 años de prisión se confirma, se modifica o se revoca, con motivo del recurso de apelación que en su momento el imputado interpuso a través de su defensa.

LA SENTENCIA

El 3 de septiembre de 2007, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México -causa penal 28/1997- encontró penalmente responsable a Benjamín Arellano Félix por su responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud en la modalidad de introducción y extracción del país de marihuana y cocaína. Por tales conductas le condenó a 22 años de prisión y a pagar 365 días de multa, entonces equivalentes a 3 mil 143 pesos con 60 centavos.

En la misma resolución, el juzgador absolvió a “El Mín” de la acusación por el delito de cohecho que en su contra formuló el Ministerio Público de la Federación por el supuesto ofrecimiento de dinero durante su captura, en marzo de 2002, en la ciudad de Puebla. Tampoco resultó penalmente responsable por el delito de posesión de marihuana con fines de venta, al no encontrar sustento legal la imputación ministerial.



Foto: Archivo

A Arellano Félix le fueron negados los beneficios libertarios a que se refiere el Código Penal Federal, por tratarse de delitos que no alcanzan tal merecimiento y, como sentenciado, se le suspendió en el uso de sus derechos y prerrogativas de carácter político y civil.

Dicha sentencia fue combatida por Benjamín y sus abogados a través del recurso de apelación. Correspondió al Cuarto Tribunal Unitario conocer de la impugnación. En resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, en el toca penal 248/2007, el magistrado confirmó en todos sus términos la sentencia de condena privativa de la libertad contra Arellano.

MOTIVOS DE CONDENA

En sus razonamientos para imponer la sentencia, tanto el juez como el magistrado de segunda instancia, tomaron en cuenta las declaraciones -en copia certificada- rendidas por coacusados de Benjamín Alberto Arellano Félix y testigos protegidos, de las que “se patentiza la existencia de la organización criminal denominada ‘Cártel de Tijuana’, conformada por más de tres personas para delinquir por lo menos desde 1985 y hasta el 7 de noviembre de 1996”.

De los testimonios se desprende que en dicha asociación delictuosa “existía una estabilidad o certeza de permanencia de los asociados, quienes se reunían para cometer delitos indeterminados, tales como contra la salud en las modalidades de transporte, posesión, introducción y extracción del país de marihuana, cocaína y efedrina, así como homicidios y secuestros en contra de personas antagónicas a la agrupación o miembros de diversos cuerpos policiacos que interferían con sus intereses, portación de armas de fuego, falsificación de documentos y uso de éstos, integrada por el indiciado, a quien se ubicó como uno de los líderes de la agrupación”.

Junto con otros personajes, Benjamín efectuó “conductas a favor de la empresa criminal, sujetos que, se razonó, operaban a través de células, cuyas actividades consistían en introducir cargamentos de droga provenientes de Colombia (introducción), conducta que fue desplegada por vía aérea o marítima; realizando el traslado de los narcóticos al Estado de Baja California (municipios de Mexicali, Ensenada, Tecate y Tijuana), a fin de que en su oportunidad fueran internados al vecino país de los Estados Unidos de América (extracción)”.

CRÍMENES SIN CASTIGO

Resulta extraño conocer que la acreditación del delito de asociación delictuosa se consigue a través de la participación de Benjamín Arellano Félix en la comisión de diversos crímenes por los que ni siquiera ha sido procesado, ya sea porque no se han consignado las respectivas averiguaciones previas o porque, si existen, no se cumplimentaron las órdenes de aprehensión.

Así, entre los referidos testimonios de otros miembros del CAF se implica a “El Mín” en el homicidio del sinaloense Armando (su nombre real era Amando) López Esparza en 1989 en el Club Britania de Tijuana; el enfrentamiento a balazos en la discotheque Christine de Puerto Vallarta, Jalisco en noviembre de 1992; y la muerte del sparring de Julio César Chávez, Jesús “Bebé” Gallardo en Cancún, Quintana Roo,  a finales de mayo de 1993, días después de la balacera en el Aeropuerto de Guadalajara, en la que siete personas perdieron la vida, entre ellas el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

En 1994, a Benjamín Arellano se le vinculó en otro homicidio en agravio de un sujeto que robó una carga de 500 kilos de marihuana que le habían dado para su venta. También por ese tiempo, el personaje dio la orden de matar a un individuo a las afueras de una tienda de compraventa de aparatos de comunicación en San Diego, California, a razón de que era informante de la DEA.

Otros crímenes serían la muerte de dos personas en un centro comercial en Ciudad de México a mediados de 1995, un homicidio en un hotel de Toluca en abril de 1996 y, el 17 del mismo mes, el asesinato del ex delegado de la Procuraduría General de la República en Tijuana, Arturo Ochoa Palacios, por el que “había precio por su cabeza”.

Los testigos protegidos también hicieron mención de la autoría intelectual de Benjamín en la ejecución de dos elementos de Inteligencia Militar y uno de sus informantes, cuando el 22 de julio de 1996, circulaban en un automóvil sobre la Avenida Vallarta, en Zapopan, Jalisco. Y desde luego, el asesinato del subdelegado de la PGR en Tijuana, Ernesto Ibarra Santés y dos elementos de la Policía Judicial Federal en Ciudad de México el 13 de septiembre de 1996.

Además se describe parte del tráfico de drogas marítimo y aéreo que la organización criminal Arellano Félix realizaba en aquella década de los noventa y la narración de que dicha familia poseía casas de seguridad en diferentes ciudades del país, como Tijuana, Acapulco, Ciudad de México, Morelia, Mazatlán, Guadalajara, Culiacán, Pachuca, Querétaro, Mexicali, Puebla, Cuernavaca y Cancún, donde guardaban armas de fuego, efedrina, cocaína y marihuana.

La mayoría de los delitos narrados no obran en causas penales que hayan sido instruidas en contra de Benjamín Arellano Félix.

LOS PROCESOS DE BENJAMÍN


SENTENCIA ANULADA

Proceso penal: 28/97
Juzgado: Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Contra la salud y asociación delictuosa (condena), cohecho (absuelto).

Asunto: Jefe de una asociación delictiva y ofrecimiento de cohecho al General José Luis Chávez, ex delegado de la PGR en Baja California.

Resolución: En septiembre de 2007, el juez dictó sentencia de 22 años de prisión. Confirmada en 2008. En julio de 2017, gana amparo que anula condena y ordena reponer el procedimiento.



CONDENA CASO PUEBLA

Proceso penal: 33/2002-VI
Juzgado: Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Asunto: Aprehensión de Benjamín en Puebla el 9 de marzo de 2002. El Ejército Mexicano y la PGR hallaron dos  rifles AK-47 y una pistola calibre 38 súper.

Resolución: En abril de 2007, el juez dictó sentencia condenatoria de cinco años cuatro meses de prisión.

NAVÍO CON COCAÍNA

Proceso penal: 24/2000-V
Juzgado: Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y contra la Salud.

Asunto: Aseguramiento del barco “El Pámpano” en 1999 en Oaxaca, cargado con cocaína.

Resolución: El juez dictó auto de formal prisión. La PGR apeló ante el Segundo Tribunal Unitario de Toluca, que confirmó el formal procesamiento en el toca 574/2002.

CASO POSADAS (DELITOS FEDERALES)

Proceso penal: 30/96
Juzgado: Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Delitos: Asociación delictuosa, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, acopio de armas, introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos, almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos; daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación y equiparable al contrabando.

Asunto: Caso Posadas, delitos federales en el Aeropuerto de Guadalajara 24/05/93.

Resolución: El juez dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar.  El Primer Tribunal Unitario “A” de Toluca confirmó el fallo en el toca penal 182/2002.

CASO POSADAS (DELITOS FUERO COMÚN)

Causa penal: 333/93
Juzgado: Segundo de lo Criminal en Guadalajara.

Delitos: Homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

Asunto: Caso Posadas, crimen del prelado y seis personas más en el Aeropuerto de Guadalajara 24/05/93.

Avance: ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE (NO CUMPLIMENTADA).

El mandamiento judicial expedido fue dictado con defecto, a nombre de “Benjamín Ramón Arellano Félix”, por lo cual no fue cumplimentado. Se desconoce si el error pudo ser corregido, pues había renuencia por parte del juez.

CASO POSADAS (INDATAGORIA ABIERTA FISCALÍA ESPECIAL)

Averiguación Previa: SE/001/95
Autoridad: SIEDO (PGR).

Delitos: Homicidio calificado y otros.

Asunto: Caso Posadas, crimen del prelado y seis personas más en el aeropuerto de Guadalajara 24/05/93.

Avance: Averiguación previa abierta, sin determinar.



Líder del CAF
Proceso penal: 29/2002

Juzgado: Primero de Distrito “B” en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Asociación delictuosa y delitos contra la salud en la modalidad de tráfico de cocaína y marihuana.

Asunto: Asociación criminal con otros miembros del Cártel Arellano Félix y su presunto liderazgo.

Resolución: La juez dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. La PGR apeló a la resolución ante el Primer Tribunal Unitario “B” de Toluca.

CARGAMENTO DE DROGA

Proceso penal: 349/92-5B
Juzgado: Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Contra la salud en el tipo de posesión finalista de cocaína y marihuana.

Asunto: Un tráiler con cocaína y marihuana asegurado en 1992 en una residencia de Tijuana, BC, presunta propiedad de los hermanos Arellano Félix.

Resolución: El juez dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. El Segundo Tribunal Unitario de Toluca confirmó el fallo en toca de apelación 180/2002.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

Proceso penal: Orden de extradición.
Juzgado: Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Cometidos en el extranjero (contra la salud).

Asunto: Orden provisional de detención con fines de extradición internacional.

Resolución: El juez dictó auto de formal prisión en mayo de 2007 y, tiempo después, declaró procedente la extradición del capo. Finalmente, el 29 de abril de 2011 la Cancillería mexicana concedió la extradición del reclamado al Gobierno de los Estados Unidos de América.

Condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión.

FUENTE:  Archivos ZETA y expedientes judiciales


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ /LUNES, 24 JULIO, 2017 12:00 PM)