jueves, 11 de enero de 2018

LOS CASORIOS ARREGLADOS DE NIÑAS Y HOMBRES MAYORES SE SUMAN POR MILLONES EN EL MÉXICO MÁS POBRE


La ONU considera que el matrimonio infantil –sea formal o informal– es una grave violación a los derechos de los menos; pero en México esta práctica no está penada y en algunas entidades federativas aún es legal. Las parejas de niñas y adolescentes, en su mayoría, son hombres hasta 30 años mayores que ellas.

Muchas mujeres, incluso, son obligadas a casarse porque a los padres se les paga una dote, una “tradición cultural” en algunos pueblos indígenas. Además, más de la mitad de la población de cero a 18 años vive en situación de pobreza, lo que implica carencias en muchos de sus derechos, orillando a muchas menores a “elegir” casarse.

Nancy Flores
Ciudad de México, 7 de enero (RT/SinEmbargo).- Itzel tiene 15 años de edad y uno viviendo en concubinato; su pareja tiene 17 años. Las presiones económicas, sociales, culturales o de las profundas inequidades de género que persisten en nuestro país la orilló a “elegir” casarse, igual que Nadia, quien tiene apenas 14 años de edad y ya es esposa de un adulto de 23 años, además de ser madre.

Las actividades diarias de Itzel– narradas por ella misma a la organización Save the Children– consisten en hacer la limpieza en casa y preparar la comida para su pareja, quien se dedica al campo. Es todo.

Para Nancy la vida es un poco similar: “mi principal preocupación es cuidar a mi bebé, atender a mi esposo y cuidar la casa”. Para esta niña, terminar la educación secundaria es impensable aunque, dice, quisiera seguir estudiando.

Como Itzel y Nadia, en México más de 6 millones 800 mil mujeres de entre 12 y 17 años de edad han contraído matrimonio o viven en concubinato, indican estadísticas elaboradas por Save the Children a partir de censos y encuestas oficiales.

El capítulo mexicano de esa organización internacional acompaña el caso de “Nadia” y de otros menores que viven en uniones tempranas; un problema que afecta principalmente al género femenino: en promedio, se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres.

Además, las parejas de niñas y adolescentes, en su mayoría, son hombres hasta 30 años mayores que ellas, advierte Ivonne Piedras, oficial de Comunicación e Incidencia de Save the Children.

Por el contrario, explica, solo el 14 por ciento de los niños menores de 15 años se casa con mujeres u hombres de entre 18 y 29 años. Y en el caso de los hombres de 15 a 17 años, más del 60 por ciento se une a personas de su mismo rango de edad.




En algunas comunidades indígenas, muchas menores son obligadas a casarse porque a los padres se les paga una dote. Foto: Cuartoscuro

GRAVE VIOLACIÓN A LOS DDHH

La ONU considera que el matrimonio infantil –sea formal o informal– es una grave violación a los derechos de la infancia; pero en México esta práctica no está penada y en algunas entidades federativas aún es legal.

Lo más importante es inhibir y desestimular esta nociva tradición, no solo a través de una norma más estricta, sino también de un cambio cultural, indica Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que junto a Save de Children lucha contra el problema.

“Las leyes solo son marcos de actuación, por eso es muy importante avanzar en la batalla cultural para reconocer a las niñas como ciudadanas de pleno derecho, que pueden decidir sobre su cuerpo y su vida. Y esto pasa por los derechos sexuales y reproductivos: no solo es frenar las uniones tempranas, sino también reconocer que ellas deben decidir sobre sus cuerpos”, señala.

A los 13 años de edad, “Nadia” “eligió” casarse: “No me gustaba que en la casa de mis papás viviéramos tantas personas; era un cuartito, y a veces tenía que cuidar a mis hermanos”. Radicada en Villa Juárez, en el estado de Sinaloa, la niña conoció a su marido mientras ambos trabajaban como jornaleros.

Para ampliar los horizontes de las menores de edad, y que el matrimonio no sea su única opción o la imposición de su entorno comunitario, es necesario que el Estado desarrolle políticas públicas, dice Pérez. Y es que en el país, terceros –como padres, tutores y hasta autoridades– deciden por ellas.

Muchas mujeres, incluso, son obligadas a casarse porque a los padres se les paga una dote. Algo que se dispensa como “tradición cultural”, sobre todo en algunos pueblos indígenas.

Para ello, la miseria es un factor determinante. La mitad de la población de cero a 18 años vive en situación de pobreza, lo que implica carencias en muchos de sus derechos, y en Save the Children nos preocupa demasiado esta problemática y ese contexto en el que se desarrollan niñas, niños y adolescentes, señala Ivonne Piedras.


DERECHOS VULNERADOS

Las uniones precoces violentan tres derechos fundamentales –a la educación, a la salud y a una vida libre de violencia–, sobre todo en el género femenino.

“Al casarse, muchos menores dejan la escuela. La mayoría de hombres, para incorporarse al mercado laboral en condiciones precarias o informales; y las niñas, para dedicarse a labores del hogar o debido a embarazos prematuros”, indica Piedras.

Estar preñadas vulnera su derecho a la salud, además de que, por esa situación, muchas son obligadas a unirse o casarse. “Una niña o adolescente no se encuentra física ni mentalmente preparada para ser madre: está en riesgo de sufrir muerte materna”.

Según la OCDE, México es el país con más gravidez adolescente: una de cada cinco embarazadas es menor de edad. Para Piedras, esto se debe a la falta de políticas públicas y garantías a los derechos sexuales de la infancia.

Respecto de la tercera vulneración, indica: las mujeres que se casaron antes de los 18 años de edad viven 57 por ciento más violencia física, 61 por ciento más violencia sexual, 23 por ciento más violencia económica y 11% más violencia emocional en comparación con aquellas que lo hicieron después de los 18 años.

VIOLENCIA, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

El matrimonio infantil es un elemento importante pero muy pequeño en proporción a las grandes afectaciones a la niñez, señala el director de la Redim. Para el activista, el foco mayor está en la violencia.

“Ahora mismo, siete de cada diez infantes no pueden salir a la calle por miedo a la inseguridad; está normalizado que los menores sean golpeados, y que los padres decidan sobre los cuerpos de sus hijos. Si atacamos eso, expresiones como el matrimonio infantil van a desaparecer”, asegura Pérez.

Desde el 2014 a la fecha, 26 estados han elevado la edad mínima para casarse; seis aún siguen otorgando dispensas o establecen una edad entre 14 y 16 años. En su momento, Save the Children invitó a los gobiernos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Zacatecas a armonizar sus códigos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / ENERO 7, 2018, 10:30 AM)

LA ONU EXIGE ESCLARECER MUERTE DE 11 PERSONAS TRAS ENFRENTAMIENTOS EN ACAPULCO


“Resulta alarmante que, de acuerdo con la información recabada, el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”, subrayó la ONU-DH.

Ciudad de México, 11 ene (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó hoy los enfrentamientos ocurridos el pasado domingo en el municipio de Acapulco, en los que fallecieron 11 personas, y pidió que se esclarezcan los hechos.

La institución dijo en un comunicado que cuenta con “fuertes elementos” que señalan hacia la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las fuerzas de seguridad durante un operativo, “las cuales resultan profundamente preocupantes”.

La madrugada del 7 de enero varios enfrentamientos dejaron en la comunidad de La Concepción, en el sureño estado de Guerrero, ocho personas muertas, en circunstancias inciertas.

Después se dio un operativo policial en el que tres personas más fallecieron -identificados por las autoridades estatales como policías comunitarios- y 38 fueron detenidas.

“Resulta alarmante que, de acuerdo con la información recabada, el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”, subrayó la ONU-DH.

En este sentido, dijo haber recibido información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, fabricación de pruebas contra personas detenidas y allanamientos sin orden judicial, entre otros delitos.

Asimismo, expresó su preocupación por las agresiones registradas contra los periodistas que cubrían los hechos, especialmente por la sucedida contra el fotógrafo Bernardino Hernández, quien tuvo que ser hospitalizado, y por el robo de material gráfico.

“Estos hechos no solo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”, aseveró la ONU-DH.

A estos aspectos, el organismo sumó en su denuncia la “inacción” de las autoridades para proteger a los comunicadores amenazados posteriormente en la comunidad.

Por último, dio sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió que se adopten “las medidas necesarias” para garantizar las condiciones de seguridad de los habitantes de la comunidad, así como de los detenidos, abogados y defensores de derechos humanos que están trabajando en el caso.

En los últimos años han surgido diversas policías comunitarias en Guerrero, con el argumento de proteger a localidades afectadas por la violencia del crimen organizado.

Estos grupos vigilantes están conformados por miembros de las propias comunidades afectadas y operan con permiso de las autoridades.

(SIN EMBARGO/ EFE/ ENERO 11, 2018, 5:03 PM)

GASOLINAZOS: ¿OFERTA Y DEMANDA O MENTIRAS REPETIDAS?


Se dice que desde hace un año los precios de las gasolinas están determinados por la oferta y la demanda, más aún cuando desde el 30 de noviembre de 2017 tales precios ya son “libres”. En realidad, esa afirmación es un engaño. Esos precios están controlados por el gobierno a través de un gravamen móvil, según el cual, cuando suben o bajan “demasiado”, la autoridad hacendaria puede modificar cada mes la tasa del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), sin consultar con el Congreso.

El punto que el gobierno defiende es dejar que las gasolinas suban de precio para que el gobierno alcance unos ingresos complementarios, aunque lleguen a estar más caras que en los otros lados de nuestras fronteras, tal como está ocurriendo. El sistema fiscal se convierte así en factor directo de encarecimiento, lo cual resulta al final más oneroso que cobrar unas tasas fijas y moderadas.

Veamos. El gobierno genera primero un subsidio virtual a través de una alta tasa impositiva que no se recauda efectivamente en su totalidad. Luego, denuncia la existencia de 200 mil millones de pesos anuales de dicho subsidio, suficientes para sufragar anualmente 20 universidades públicas, las cuales, sin embargo, siguen sin existir. En consecuencia y para aumentar por esa vía los ingresos (“no se aumentarán impuestos”, ha dicho la actual administración), se eleva la tasa real de IEPS y se cobra de manera regulada, en prevención de un disparo en los precios internos con motivo de la participación de las compañías importadoras y distribuidoras de gasolinas que están arribando al país.

Pero, ¿para qué querría México tener unas empresas privadas de gasolina? La respuesta es simple, aunque contradictoria. El país ha tenido el crudo y ha podido producir los refinados, sin embargo, la reforma energética tiene como propósito rematar la riqueza nacional de hidrocarburos y, también, dejar de producir gasolinas con el argumento de que así serán más baratas y sin “subsidios”. El problema es que México no se va a beneficiar en el balance final, sino que serán las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, las cuales importarán el combustible. Todo esto no es más que un negocio promovido y protegido.

La reforma energética es también una derivación del dogma que sostiene que el Estado no debe hacerse cargo de la producción ni de la distribución de bienes y servicios. Por tanto, en la concepción del neoliberalismo en boga desde hace 30 años, la existencia de Pemex y la CFE habría sido un error histórico.

El resultado de la privatización no es sólo lograr que la oferta y la demanda se conviertan en cobertura de un emporio abigarrado de intereses particulares, sino que todo control de precios se efectúe en el marco de negocios privados, pero exclusivamente por cuenta de ingresos públicos. Es lo de siempre, las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Ahora tenemos tasas impositivas indexadas a las utilidades de unas cuantas empresas.

Además, el país deja de desarrollar su propia ingeniería para resolver problemas que van a seguir presentes durante varias décadas. Por desgracia, las gasolinas no serán sustituidas del todo dentro de diez o veinte años y, cuando por fin ocurra, la petroquímica seguirá siendo una de las bases industriales de cualquier país.

La oferta y demanda “internacional” no es lo que opera para la fijación de los precios internos de las gasolinas sino el nivel del IEPS petrolero, es decir, tenemos que, en los hechos, un duplicado gravamen al consumo se ha convertido en un renglón privilegiado de ingresos públicos.

Algo peor ha ocurrido con la súbita revolución del precio del gas doméstico, bajo la “desregulación” del gobierno, pues su monstruoso aumento golpea en forma fuerte y súbita la economía de las familias pobres. Mejor sería abaratar ese gas produciendo más dentro del país.

Ahora bien, la inflación está entrando en una espiral por dos factores directos y un resultado esperado. El primero es la política de aumento de precios de bienes y servicios del sector público, la cual no se quiere revisar. El segundo consiste en que en el pasado reciente se incrementó la deuda pública por encima de la capacidad de pago, debido a que la economía creció muy poco; ahora viene la resaca que consiste en el superávit primario que le quita recursos a lo importante para lanzarlos a la esfera de la especulación financiera, es decir, sin que sean devueltos a la sociedad.

El resultado esperado consistió en la depreciación del peso con la consecuente subida de la tasa de interés como medio para prevenir la exportación de capital-dinero. No obstante, el aumento del rédito opera a favor de la inflación y, con ello, se volatiliza uno de los efectos deseados del aumento original de la tasa de interés que consiste en estabilizar el peso. Como la depreciación de la moneda está casi siempre a la puerta y, de la mano, el rédito se ha triplicado, entonces muchos precios tienden con frecuencia a subir.

En conclusión, al margen de las inicuas mentiras neoliberales, hay que cambiar la política económica, fortalecer la inversión productiva, aumentar los ingresos bajos, producir en suficiencia alimentos básicos, controlar bien los precios al público de los hidrocarburos, asumir la conducción e impulso del sector de la energía, modificar el sistema de financiamiento del Estado, administrar mejor y dejar de despilfarrar ingresos públicos, reimpulsar la política social y promover desde el Estado el crecimiento de la economía.

No sería la gran cosa, pero todo eso ya es una urgencia nacional.

Artículo publicado el 7 de enero de 2018 en la edición 780 del semanario Ríodoce.


(RIODOCE/ PABLO GÓMEZ/ 11 ENERO, 2018)

ATRAPAN A SECUESTRADORES EN LOS MOCHIS; AUTORIDADES RESERVAN INFORMACIÓN


A principios de diciembre (2017), dos miembros de una banda de secuestradores fueron capturados por la unidad elite anti plagio, pero la información fue reservada, extrañamente.

La víctima es un civil de esta ciudad, cuya identidad, ocupación y dirección fue mantenida en secrecía. Al igual que ello, la de los implicados y capturados en otra ciudad del estado, también fueron ocultadas.

No obstante, diversas fuentes que tuvieron acceso a la carpeta de investigación revelaron que los detenidos y vinculados a proceso por secuestro son Carlos “N” y Meizkiseth “N”.

Estos fueron capturados mediante mandamiento judicial vía colaboración institucional.

El caso quedó inscrito en el expediente 584/2017 que se desahoga en el Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte.

El 8 de diciembre, la jueza de control dictó prisión preventiva para ambos sujetos en una audiencia que se prolongó durante dos días, y el 12 de diciembre fueron vinculados a proceso en dos sesiones de comparecencia entre el asesor jurídico victimal, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, el asesor jurídico de éste y la defensa de los imputados, según se acredita en la página web del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con informes policiales parciales, de finales de noviembre a principios de diciembre se perpetraron en la ciudad una serie de privaciones de la libertad de jóvenes que abordaban autos llamativos, y de adultos maduros que tenían una situación laboral envidiable.

Pocos de esos casos, al menos ocho no fueron denunciados ante la Vicefiscalía de Justicia del Estado, por lo que los investigadores fueron atados de manos para las pesquisas posteriores.

Uno de los asuntos llegó a oídos de la unidad Antisecuestro, cuyas investigaciones comenzaron.

Estos ubicaron a los sospechosos en otra entidad y tras concluir la carpeta de investigación se tramitó la orden de aprehensión, que fue inmediatamente cumplimentada.

Los civiles bajo resguardo policial fueron vinculados a proceso, pero el caso se guardó con hermetismo.

SECUESTRO EXPRÉS

De acuerdo con los casos consultados, el asunto de secuestro con personas vinculadas a proceso es el de una pareja de jóvenes: Ángel “N” y Mayra “N”, detenidos en flagrancia delictiva el 29 de septiembre pasado.

Estos fueron vinculados a proceso por los delitos de secuestro exprés, robo de vehículo calificado y robo calificado. Los cargos quedaron firmes con base a las actuaciones que concluyó la Vicefiscalía de Justicia Zona Norte. El asunto se encuentra en etapa complementaria.

LA CURA PELIGROSA

En otro caso similar, dos jóvenes más y un adolescente perdieron la libertad al ser vinculados a proceso por secuestro exprés, robo y robo de vehículos agravados con violencia.

De acuerdo con la causa penal 220/2017 desahogada en el Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, José Luis “N”, apodado el Ramón o el Koyuko, recibió el auto de vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva y 45 días para la investigación complementaria por los delitos de secuestro exprés, robo y robo de vehículos agravados con violencia.

El joven se declaró inocente. “Soy inocente, no tengo nada que ver”, dijo al concluir la audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con la presentadora de cargos de la Vicefiscalía General de Justicia Zona Norte, los cómplices de Ramón, Cruz Abdiel Montoya y el menor Josué “N” ya se encuentran sentenciados por los delitos denunciados, y sólo falta aquel de rendir cuentas ante la justicia.

Los tres jovencitos, el 11 de mayo (2017) decidieron “agarrar cura con una pistola de postas que no servía” y para “dar la vuelta robarían una camioneta”.

Para perpetrar su plan, caminaron por el bordo poniente del canal Lateral 18, cuando se toparon con el conductor de una camioneta Toyota Hilux, color plata, arrendada por Multigranos Mochis.

Encañonaron al conductor, abordaron la camioneta y lo obligaron a conducir a baja velocidad. En el trayecto, cuestionaron a su víctima sobre el dinero que cobrarían por su rescate.

Algunos minutos después, el conductor fue liberado en un monte, mientras los jovencitos se retiraban en la camioneta.
Mediante el rastreo satelital, la unidad fue ubicada y dos de los tres muchachos fueron detenidos. El Koyuko escapó ocultándose en una bodega. Y finalmente, fue capturado.

En la última reunión del gabinete de Seguridad Pública de Ahome, el alcalde, Álvaro Ruelas Echave reconoció que el municipio había sido golpeado por delitos de alto impacto, pero no reveló de qué clase.

Sin embargo, ponderó que la colaboración institucional permitió enfrentar a los delincuentes y someterlos a la justicia. Ante ello, el municipio retomó la tranquilidad en la víspera de Navidad y Año Nuevo.

Martín López Félix, presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Pública dijo que hubo escalda y control delictivo al cierre del 2017, seña que “funcionan las operaciones policiales”.

Artículo publicado el 7 de enero de 2018 en la edición 780 del semanario Ríodoce.


(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/LOS MOCHIS EN 11 ENERO, 2018)

AUMENTAN JUSTICIEROS PARA COBRAR ‘OJO POR OJO’


GOLPEADO Y EXHIBIDO. En Culiacán.

La ausencia de autoridad y la sensación de inseguridad que se vive en gran parte del país está aumentando desproporcionadamente los casos de ajusticiamientos y linchamientos donde grupos organizados dentro y fuera de la ley, están ejerciendo violencia y aplicando justicia por su propia cuenta, porque el Estado perdió el control y la capacidad para imponer orden y frenar la violencia y criminalidad, señalan especialistas en el tema.

Mencionan que los linchamientos, ajusticiamientos y otras formas de aplicar justicia frente a los vacíos de autoridad para sancionar la violencia que sacude al país, están proliferando por todas partes, sobre todo en los estados con más corrupción política y desigualdad social, económica, y donde coincidentemente la presencia policiaca es muy débil o nula.

Lo cuestionable para el diputado federal Armando Luna Canales, es que siendo un problema emergente en materia de seguridad pública para el país, no sea prioritario para la Cámara de Diputados, que no tiene una sola iniciativa que tenga que ver con el tema de los linchamientos y ajusticiamientos.

El dato más preocupante, dice el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor Miguel López Leyva, es que la encuesta general Cultura Constitucional, los mexicanos y su Constitución, revela que uno de cada cuatro mexicanos piensa que violar la ley no es tan malo. Lo malo es que te sorprendan. Pero lo más sorprendente del resultado es que el 46 por ciento,  casi la mitad de los encuestados están convencidos de que los miembros de una comunidad  tienen derecho a tomar justicia por su propia mano.

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pidió la colaboración del Instituto para estudiar a fondo el fenómeno y sugerir políticas para frenar esta nueva forma de violencia social para sancionar y castigar la violencia, más allá de criterios policiacos, reitera que aplicar la justicia por su propia mano y al margen de la ley no es y nunca será la opción para resolver y fincar responsabilidades por presuntos actos delictivos y en su postura rechaza toda forma de violencia provenga de donde provenga.

Los especialistas reunidos recientemente en un foro para debatir sobre el tema en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coinciden en que el fenómeno está cobrando mayor auge por la forma en que lo propagan los medios masivos electrónicos e impresos, que lejos de sancionar esta forma de ejercer la violencia, la magnifican en un intento de justificar las acciones de los grupos que incurren en estos “ilícitos”, aunque admiten que es el abandono que viven las comunidades y zonas urbanas por parte de la autoridad, lo que propicia que estas formas de aplicar la justicia vayan en aumento.

El doctor Raúl Rodríguez Guillén, investigador  de la Universidad Autónoma Metropolitana, junto con Carlos Vilas, uno de los más autorizados en el tema en América Latina, sostiene que el fenómeno de los linchamientos y ajusticiamientos crece de forma alarmante al grado que en los últimos años aumentó en un 200 por ciento. Y aunque el primero se da en mayor cantidad en los estados del centro de México, aseguró que en Sinaloa y Chihuahua estas formas de ejercer violencia están proliferando de forma exagerada.



AJUSTICIAMIENTO. En Oaxaca.

En ambos estados, están surgiendo grupos de “justicieros” que utilizan las redes sociales para promoverse como defensores de causas justas y exhiben a presuntos delincuentes  —en su mayoría jóvenes—, a los que desnudan y golpean públicamente por incurrir en actos de robo o despojo y hasta hombres que son torturados por haber golpeado a sus parejas, actos que son condenables en una sociedad que legitima estas formas de aplicar “justicia” y combatir la violencia que la autoridad ya no muestra el mínimo interés en castigar.

Citan que en una de sus encuestas de Consulta MItofsky sobre la percepción que tienen los mexicanos de la seguridad ciudadana en México, se establece que el 30 por ciento de la población encuestada comparte esta sensación de inseguridad, Sin embargo, se recalca que esta percepción se extiende por todo Latinoamérica, donde el 30 por ciento de sus encuestados comparte esta opinión.

Por tanto, consideran que la justicia por su propia mano está representando un gran desafío a las instituciones del país. Y ponen en entredicho el estado de derecho, un estado de derecho débil que es común a todos los países de la región.

El informe especial de la CNDH publicado desde el 2008 sobre el ejercicio fundamental del derecho a la seguridad de nuestro país, ha venido señalando que los actos de linchamiento y las ejecuciones, que muchas veces quedaron impunes o fueron solapados por actos de corrupción, reflejan una percepción generalizada de inseguridad y protestas de la ciudadanía ante la ineficacia de la autoridad responsable de la seguridad pública.

El doctor Miguel López Leyva, director del IIS considera que el tema de los linchamientos, ajusticiamientos y otras formas de hacerse justicia por su propia mano no ha recibido suficiente atención, más allá de las notas periodísticas policiacas, a pesar de que son un mensaje muy directo para obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones con la sociedad civil.

Muchos de los linchamientos están vinculados al abuso policiaco y son muy frecuentes los casos de adolescentes o jóvenes que son asesinados por agentes policiacos que incurrieron en agresiones porque les encontraron cometiendo delitos menores como el orinar en la vía pública, que habiéndolos resuelto con una detención, optan por agredirlos o incluso hasta quitarles la vida de forma violenta.



CARLOS VILAS. Violencia desde la sociedad civil.

MEDIOS Y REDES, CORRESPONSABLES

Para Carlos Vilas, ex catedrático e investigador de la UNAM, lo que la población registra en los casos de linchamientos es una ausencia del Estado en la vida cotidiana, porque los habitantes sienten que no se les está garantizando la seguridad y además, no todos los escenarios de los linchamientos son de deterioro social, pero si expresan una profunda desigualdad y una profunda vulnerabilidad de los que linchan y los que son linchados.

En su opinión, no considera a la impunidad e inseguridad y bajo nivel de institucionalización como elementos de peso para que ocurran linchamientos, porque estos actos son un factor de inseguridad en sí mismos.

Hay hechos delictivos, dice, que afectan a conglomerados de población y que son más fuertes, y ejemplifica los delitos económicos como la especulación o la evasión tributaria, que pueden causar mayor deterioro al patrimonio de grandes núcleos de población que el robo de “tres gallinas”. Sin embargo, son los medios masivos, sean impresos o electrónicos, los que se encargan de propagar este nuevo tipo de violencia que se ejerce desde la sociedad civil.

Y explica: “Cuando un delincuente que es perseguido por la policía  y se introduce a un domicilio y toma como rehenes a los residentes de esa familia, lo primero que exige no es que venga el juez sino que venga la televisión, los medios porque estos le garantizan su seguridad personal”.

“Pero además, puede más la publicidad de ese hecho que la presencia de un juez. Ahora, si ese hecho es repetido en las pantallas de televisión 15 veces, tiene el mismo efecto que 15 hechos. Y es muy evidente que la insistencia en la difusión de un hecho incrementa la sensación de la generalización de ese hecho y al mismo tiempo produce un efecto de acostumbramiento. Se deja de ver el linchamiento como un caso extraordinario que rompe con la normalidad y se va perdiendo la capacidad de asombro y la gente se va acostumbrando a este tipo de actos”.

Para el legislador federal Armando Luna Canales, los medios de comunicación cargan con una parte de la responsabilidad en la socialización de los linchamientos y ajusticiamientos como forma de hacer justicia por su propia mano, pero quien más influye son las redes sociales.

Destaca el diputado federal que en una revisión sobre videos de linchamientos en las redes sociales, hay algunos que tienen más de 500 mil reproducciones y la mayoría de los comentarios avalando el linchamiento como una forma justa para defenderse de los delincuentes, pero jamás una crítica condenatoria frente al hecho y tampoco se cuestiona o reclama a la autoridad pidiendo poner alto a la impunidad.



ARMANDO LUNA.  Las redes, corresponsables.

EL LEGISLATIVO, SIN INTERÉS EN EL TEMA

El legislador Luna Canales dijo estar sorprendido de la cantidad de iniciativas que hay en la Cámara de Diputados. Muchas de estas intrascendentes. Lo cierto es que no hay una sola iniciativa que tenga que ver con el problema de los linchamientos. Y llama la atención que siendo un problema emergente en el país no sea del mínimo interés para el Congreso. Ni siquiera está considerado el tema en la agenda legislativa.

Y refiere: “la misma indiferencia ocurre en los Congresos estatales que no tienen interés en legislar sobre un tema que en los últimos años se torna preocupante y que por la frecuencia con que se repiten, debería despertar interés como asuntos prioritarios en las agendas de los estados y la Federación.

Reportaje publicado el 7 de enero de 2018 en la edición 780 del semanario Ríodoce.


(RIODOCE/ FRANCISCO SARABIA/11 ENERO, 2018)

ENFRENTAN LA PENA CAPITAL 56 MEXICANOS EN EU, MALASIA Y CHINA


EN CHINA. Primer mexicano condenado a muerte.

José Carlos Ortega Urrea, el primer mexicano condenado a muerte en China, se suma a los 56 connacionales que están en el patíbulo en el extranjero.

Entre los mexicanos sentenciados a la pena capital se encuentran siete sinaloenses.

Sinaloa es el tercer estado con más ciudadanos en el pabellón de la muerte después de Baja California con nueve y Jalisco con ocho.

Los mexicanos en espera de ser ejecutados están en prisiones de Estados Unidos, solo tres están en Malasia y uno en China.

Además, otros 75 enfrentan procesos penales en diferentes cortes de Estados Unidos y pueden ser condenados a la pena capital.

La mayoría de los reos en proceso son originarios de Chihuahua con nueve ciudadanos, Michoacán con siete, Sinaloa con cinco, Baja California, Durango Guerrero y Tamaulipas con cuatro cada entidad.

De los sinaloenses que pudieran ser condenados a la muerte, dos se encuentran en proceso penal en la Corte Superior de California del Condado de Kern, uno en la Corte del Condado Indio, uno en la del Condado Pima y uno más en la Corte Superior del Condado de Maricopa.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde que se creó el Programa de Asistencia Jurídica de Casos de Pena Capital, ha logrado que mil 14 mexicanos sean librados de la sentencia de muerte, lo que significa que en el 88 por ciento de los casos se ha logrado revertir el fallo.

La ejecución más reciente ocurrió el 8 de noviembre del año pasado, en Texas. Con inyección letal ejecutaron a Rubén Ramírez Cárdenas, de 47 años de edad.

El originario de Guanajuato, fue sentenciado a la pena de muerte por la violación y asesinato de su prima hermana Mayra Laguna, de 16 años, en 1997.

Desde 1926, 13 mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos.



CÁRCELES. En China.

CONDENADO EN CHINA

El pasado 2 de diciembre, Jesús Carlos Ortega Urrea fue sentenciado a la pena capital por el delito de narcotráfico.

El mexicano de quien no se ha dado a conocer el estado de origen, es el primer mexicano condenado en ese país y es el segundo caso de mexicanos sentenciados a muerte en un país asiático.

El primer caso fue el de los hermanos Simón, José Regino y Luis Alfonso González Villarreal, originario de Culiacán y condenado a la horca en Malasia, en 2008.

Ortega Urrea fue detenido en 2012 junto con tres hombres originarios de Hong Kong, en una granja donde producían drogas sintéticas, en la provincia de Hunan.

En el lugar decomisaron más de una tonelada de metanfetamina.

Las autoridades chinas lo consideraron como el mayor golpe contra el tráfico de estupefacientes en ese país, en los últimos 70 años.

En China hay otros ocho mexicanos detenidos por narcotráfico.


SINALOENSES. Condenados en Malasia.

LOS SINALOENSES

El caso de sinaloenses sentenciados a muerte más conocido es el de los hermanos Simón, José Regino y Luis Alfonso, originarios de la colonia Loma de Rodriguera, en Culiacán.

Los tres fueron detenidos desde 2008 en Malasia, en una fábrica de metanfetaminas.

En 2012 fueron condenados a la horca y presentaron apelaciones, pero en 2013 una corte del estado de Johor ratificó la pena de muerte por ahorcamiento.

Desde entonces, los sinaloenses solo esperan como último recurso la clemencia del Sultán de Johor, Ibrahim Ismail.

Según las autoridades de Malasia, los hermanos González serán notificados 24 horas antes de que se ejecute la condena.

‘LA HIENA DE SINALOA’

El primer sinaloense condenado a muerte fue Ramón Salcido, conocido como la Hiena de Sinaloa.

El mochitense asesinó a su esposa, a sus hijas de 4 y 1 años de edad, su suegra, dos cuñadas y a su jefe. Otra de sus hijas de 3 años sobrevivió y estuvo durante 36 horas tirada junto a los cuerpos de su familia con una herida en el cuello, hasta que fue hallada por la policía.

El multihomicidio ocurrió en abril de 1989 cuando Ramón, bajo los influjos de las drogas, primero asesinó a su jefe, a quien celaba con su esposa y después se dirigió a su casa y se llevó a sus hijas a un tiradero de basura, donde les cortó el cuello y murieron dos.

Después se trasladó a la casa de sus suegros, donde asesinó a la mamá de su esposa y a dos de sus cuñadas.

El homicida se regresó a su casa y ahí encontró a su esposa, a quien también le cortó el cuello.

Luego de cometer los crímenes huyó a Sinaloa para ocultarse en la casa de su mamá en Los Mochis, pero seis días después fue capturado en las inmediaciones de Guasave.

Un año después fue sentenciado a la pena de muerte y en 2008 la Corte Superior de California confirmó la sentencia.


25 AÑOS EN EL PATÍBULO

Desde 1990 Abelino Manríquez está preso en Los Ángeles y desde 1993 está en el pabellón de la muerte, a la espera de ser ejecutado.

Una corte Superior lo encontró responsable del homicidio de cuatro personas entre 1989 y 1990 en Los Ángeles.

Inicialmente fue acusado del homicidio de siete personas pero no lograron acreditar todos los crímenes.

El primer asesinato ocurrió en enero de 1989 en un bar en las playas de Paramount; el segundo ocurrió un mes después en otro bar de la ciudad de South Gate, donde asesinó al portero.

Otro asesinato más fue en el estacionamiento de un motel cuando discutía con otro hombre por una mujer y le disparó; y el último fue en un bar de la ciudad de Compton.

Meses después fue detenido por posesión de armas y puesto en libertad; y fue hasta febrero de 1990 cuando lo capturaron.

La detención fue en un hospital después de que resultó herido en un tiroteo.

Desde hace 25 años se encuentra en el corredor de la muerte

LIBRA LA MUERTE

Martín Raúl Soto Fong fue sentenciado a la pena de muerte y se salvó.

El guasavense fue sentenciado a la pena capital en 1996, pero se salvó en 2005, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte a quienes cometieron los crímenes cuando eran menores de edad.

Martín había cometido los delitos tres meses antes de cumplir la mayoría de edad y la pena de muerte le fue conmutada por 75 años de prisión.

Los crímenes ocurrieron el 24 de junio de 1992 en un supermercado en Arizona.

El sinaloense y otros dos cómplices intentaban asaltar, pero el atraco se complicó y asesinó a tres personas.

Soto Fong permanece preso en el penal de Arizona cumpliendo su condena, tras nueve años de permanecer en el corredor de la muerte.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN /11 ENERO, 2018)  

BAZBAZ, AL CISEN: EL EXJEFE ANTILAVADO QUE INTERPUSO SÓLO 317 DENUNCIAS EN CUATRO AÑOS


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alberto Bazbaz Sacal, quien fue designado en la dirección del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), es uno de los artífices de la fracasada política de combate al lavado de dinero en México: entre 2013 y 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que él dirigió hasta hoy, interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero.

Informes recientes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del gobierno federal mostraron que el gobierno mexicano deja operar con impunidad a los grupos criminales, los políticos corruptos, los evasores fiscales y los demás criminales de cuello blanco, como lo documenta la revista Proceso en su edición 2149 que circula esa semana.

En 2016, por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) incautó 50 millones de dólares procedentes del lavado de dinero, apenas 0.1% de los 56.5 mil millones de dólares de dinero ilícito que cada año se genera en el país, según el gobierno federal.

En este esquema deficiente, la UIF -que dirigió Bazbaz- juega un papel fundamental: esta unidad centraliza millones de reportes sobre transacciones bancarias sospechosas y tiene acceso a los datos fiscales de los mexicanos y las empresas, los registros de comercio exterior, los expedientes judiciales y la información corporativa, entre otros.

Según el GAFI, la UIF tiene los “recursos y los conocimientos para recolectar y utilizar una gran variedad de inteligencia”, pero “la diseminación espontánea (de inteligencia) relativa al lavado de dinero y a otros delitos a la PGR es generalmente baja”.

En otras palabras: la UIF genera una enorme cantidad de información -su base de datos tiene más de 650 millones de registros-, pero pocas veces la comparte con la PGR para que ésta persiga los delitos -con una ineficiencia, además, de 98%-.

El GAFI observó que las autoridades mexicanas no consideran a la corrupción como una amenaza importante en materia de lavado de dinero; es decir, no dan prioridad a los delitos perpetrados por servidores públicos, aun cuando surgieron casos muy sonados de desvíos de dinero público en los últimos años.

Bazbaz renunció hoy a su cargo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) para sustituir a Eugenio Ímaz Gispert -un hombre muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, hasta ayer secretario de Gobernación- en la dirección del Cisen.

Bazbaz fungió como procurador en el Estado de México entre 2008 y 2010, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El 25 de mayo de 2010 renunció a ese cargo, apenas cuatro días después de que la dependencia a su cargo informó que la muerte de la niña Paulette Gebara Farah fue producto de un accidente. En ese entonces, su gestión de la investigación fue severamente cuestionada.

Posteriormente, se dedicó a dar servicios de abogado y de consultor en el sector privado, hasta que Peña Nieto lo nombró al frente de la UIF en enero de 2013.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ MATHIEU TOURLIERE/11 ENERO, 2018)

SALINISTAS, CALDERONISTAS, MONTIELISTAS, AL RESCATE DE MEADE



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ascenso de Alfonso Navarrete Prida a la Secretaría de Gobernación, al frente de un grupo de políticos mexiquenses que han estado al servicio de Carlos Salinas y Arturo Montiel, sólo consolida la línea de endurecimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto y una operación de Estado para levantar e imponer a José Antonio Meade, el anodino candidato priista infectado por el veneno de un eventual relevo.

La propia reincorporación de Javier Lozano Alarcón al PRI, quien tras 12 años de beneficiarse del PAN volvió a su entraña, explica también que las más sucias prácticas políticas se intensificarán, al mismo tiempo que se fortalece la alianza de Felipe Calderón con Peña, en un nuevo capítulo del amasiato que iniciaron ambos en la elección de 2006, con Margarita Zavala como un factor en el cálculo.

No es fortuito que, además de Lozano Alarcón, una de las estrategas de Meade sea Alejandra Sota, la vocera de Calderón en la Presidencia de la República y contratista millonaria de Luis Videgaray, el personaje que articuló todas las relaciones del panista y Peña desde el Estado de México.

Navarrete Prida, que de suyo es un político truculento y que fue procurador de Justicia de Montiel –tío de Peña–, llega a la secretaría de Gobernación acompañado de dos personajes que, ni duda, operarán políticamente contra los opositores y en favor de Meade: Uno es el subsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales, y el otro Alberto Bazbaz Sacal, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La relevancia de Barbaz no es sólo por su actuación como procurador de Peña en el caso de Paulette Gebara Farah, la niña que primero dijo que fue asesinada, luego que plagiada y al final que se asfixió en el hueco de una cama que fue multirrevisada sin que nadie la haya visto, sino también por su cargo de responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada del combate y prevención del lavado de dinero.

Bazbaz ha acumulado en es ese cargo un arsenal de información que eventualmente será utilizado, en el curso de la campaña, como golpeteo o chantaje contra opositores, sobre todo estando al frente del órgano de espionaje del gobierno que, como se ha visto, está al servicio de los intereses políticos, no de la inteligencia para combatir a los grupos criminales.

No hay que perder de vista otro dato: Bazbaz Sacal fue abogado de Raúl Salinas, hermano mayor del expresidente Carlos Salinas, junto con los despachos de los hermanos Collado y Asociados; Bufete Aguilar y Quevedo, y Nassar Daw y Asociados.

Como mano derecha en la Secretaría de Gobernación, Navarrete Prida colocó como secretario de Gobierno a otro salinista: Manuel Cadena, quien era secretario general del PRI en la fraudulenta elección de 1988 y en el sexenio de Salinas ocupó la dirección de Fertilizantes Mexicanos y la secretaría general del IMSS.

Fue secretario de Gobierno de Montiel, con Navarrete Prida como procurador, y quiso ser presidente municipal de Texcoco, en 2012, cuando fue derrotado por Delfina Gómez, ex candidata de Morena a gobernadora y actual aspirante a senadora.

La apuesta de Peña con los movimientos que hizo en la Secretaría de Gobernación, articulada con la designación del operador electoral Eviel Pérez Magaña en la Secretaría de Desarrollo Social –con un presupuesto de 106 mil 645 millones de pesos, entre ellos 99 mil millones destinados a subsidios–, es claramente electorera.

Ante el escándalo de las investigaciones de corrupción en Chihuahua, que será la agenda electoral de la alianza PAN-PRD-MC, la consigna de Peña es clara: Meade a como dé lugar…

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado


(PROCESO/ ANÁLISIS/ ÁLVARO DELGADO/11 ENERO, 2018)

ASESINAN A 11 PERSONAS EN MÉXICO DURANTE FIESTA INFANTIL



 (PROCESO/ 11 DE ENERO 2018)

MARINOS RETUVIERON, TORTURARON Y VINCULARON A LOS ZETAS A UN HOMBRE SIN FUNDAMENTO: CNDH


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres semanas de que Enrique Peña Nieto promulgara la Ley de Seguridad Interior (LSI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció abusos sufridos por civiles cometidos por integrantes de Secretaría de Marina hace más de cinco años.

Este jueves la CNDH dio a conocer la recomendación 74/2017 dirigida al secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, relacionada con actos de tortura y privación de la libertad, seguridad e integridad personal atribuibles a marinos en agravio de un ciudadano del estado de San Luis Potosí en septiembre de 2012.

De acuerdo con la investigación realizada por el organismo, “constató que tres efectivos navales atentaron contra la seguridad y libertad personales del agraviado, al detenerlo sin motivo ni fundamento alguno, ya que no se acreditó que cometía delito de flagrancia como lo argumentaron sus aprehensores en la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal”.

No sólo eso, el organismo advirtió la intención de no certificar las lesiones por parte del médico de la Semar que tuvo a la vista a la víctima, toda vez que “omitió realizar examen médico exhaustivo, apegado a los pasos y protocolos para elaborar el certificado médico de lesiones, lo que infringió los principios de legalidad y seguridad jurídica del agraviado”.

El organismo pudo constatar a partir de cinco testimonios, que el agraviado fue detenido junto con otras dos personas cuando salía de un restaurante sin orden de aprehensión o flagrancia delictiva, mientras que los marinos señalaron en su puesta a disposición que el arresto ocurrió “cuando salía de una residencia en un vehículo con personas armadas”.

Asimismo, el organismo comprobó que la Semar puso a disposición a la víctima 17 horas y media después de la detención, “ya que lo retuvieron en una casa deshabitada donde lo golpearon, para luego llevarlo al aeropuerto, subirlo a un avión y trasladarlo a la SEIDO, en la Ciudad de México, donde fue presentado ante el Ministerio Público Federal.

En la recomendación, la CNDH incluyó la declaración preparatoria de la víctima, quien señaló que el 26 de septiembre de 2012, alrededor de las 18:30, marinos ingresaron al restaurante donde se encontraba con un amigo, y uno de ellos lo sacó del negocio para revisarlo.

De acuerdo con el testimonio, al percatarse de que la víctima tenía un tatuaje en la muñeca izquierda, lo insultó, diciéndole que “era una escoria de la sociedad y un malandrín”, para después ponerle una capucha en la cabeza, esposarle las manos hacia atrás, subirlo a un vehículo castrense, y trasladarlo en avión para ponerlo a disposición de la Siedo, ahora Seido a las 12:00 horas del 27 de septiembre.

En la narración, la víctima detalla cómo fue torturado, en San Luis Potosí, y después en la Ciudad de México:

“…Me bajaron del vehículo, después me desvendaron los ojos para tomarme una fotografía, yo ya estaba dentro de un edificio deshabitado, inmediatamente me volvieron a tapar los ojos, y me estuvieron golpeando no sé cuánto tiempo, perdí la noción del tiempo; me sacaron del domicilio, me subieron a otro vehículo y me subieron a un avión, bajándome del avión me desvendaron para tomarme fotografías y ahí me percaté de la presencia de otros dos sujetos más, de ahí me ingresaron a una base o no sé qué sería, me golpearon ahí, me pusieron toallas y bolsas en la cara para no permitir mi respiración, en la espalda tengo unas marcas que me dejaron cuando me golearon muy fuerte, no sé con qué me golpearon”.

La CNDH también incluye en su recomendación cómo la dependencia se refirió a los hechos en la nota periodística “Semar presenta al Z-50 o el Talibán, exlíder zeta”, del diario Excélsior de fecha 27 de septiembre, que habla de la detención de Iván Velázquez, “El Talibán”, de 42 años originario de Nuevo Laredo, Manuel Antonio Guerrero, de 27 nativo de Monterrey, y Carlos Uriel de Santiago Hernández, de 19 años originario de San Luis Potosí, “a quienes se les decomisaron dos vehículos, dos armas cortas, un arma larga, cuatro granadas de guerra, equipo de comunicación, 20 mil dólares americanos y 12 kilos de mariguana”.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, hasta el 21 de diciembre de 2017, la víctima seguía sujeta a proceso penal en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de mariguana con fines de venta, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego.

La CNDH confirmó que tres efectivos de la Semar “vulneraron el derecho a la integridad y seguridad personal de la víctima, al provocarle de manera intencional sufrimientos físicos y psicológicos con la intención de que aceptara lo que los agentes aprehensores le decían sobre la organización delictiva a la que se le vinculó, lo que constituyó tortura en su agravio”.

El organismo identificó que el médico de la Semar que tuvo a la vista a la víctima, “omitió realizar examen médico exhaustivo, apegado a los pasos y protocolos para elaborar el certificado médico de lesiones, lo que infringió los principios de legalidad y seguridad jurídica del agraviado”.

Al resaltar que los marinos estaban conscientes de la prohibición que tienen de violar derechos humanos, la CNDH puntualizó que las lesiones de la víctima están sustentadas en el certificado médico elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) y conformadas por los peritos médico y psicológico del organismo.

Ante los hechos constatados, la CNDH concluyó que los cuatro elementos de la Marina, quienes torturaron y el médico naval, “incurrieron en violaciones a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, y a la integridad personal por actos de tortura”, por lo que el organismo instruyó a Soberón Sanz a reparar integralmente a la víctima.

La CNDH recomendó al titular de la Semar brindar “atención psicológica, inscribir al agraviado en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga derecho a los beneficios de ley; colaborar en el seguimiento de la averiguación previa que se instruye ante la PGR contra los agentes navales que intervinieron en el caso y en el procedimiento administrativo que se promoverá ante el Órgano Interno de Control de la Semar contra los mismos”.

El organismo instruyó a que se capacite a los elementos de la Semar en materia de derechos humanos, “para evitar detenciones ilegales, e instruir al personal médico de esa instancia sobre la emisión ética y legal de las certificaciones física de personas y el aviso inmediato a las autoridades competentes, así como también deberán acreditar un curso sobre la correcta aplicación del Protocolo de Estambul”.


(PROCESO/ GLORIA LETICIA DÍAZ/ 11 ENERO, 2018)