domingo, 19 de enero de 2014

MATAN A TIROS A DOS HOMBRES EN EL DF; EN NAUCALPAN, HALLAN UN CUERPO CARBONIZADO

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Dos hombres fueron asesinados a balazos en la ciudad, uno en la delegación Tláhuac y otro en la colonia Héroes de Padierna, reportaron las autoridades capitalinas.

En tanto que en el municipio mexiquense de Naucalpan fue encontrado el cuerpo calcinado de un hombre en la presa El Sordo.
En el primer caso, un conductor fue atacado a balazos la noche del sábado cuando circulaba en calles de la colonia Santa Ana Poniente.

El homicidio ocurrió aproximadamente a las 23:30 horas en las calles Amado Nervo y San Rafael Atlixco.

Los reportes indican que el hombre, de aproximadamente 20 años de edad, viajaba en un automóvil Golf color blanco acompañado de una mujer –quien resultó  ilesa– cuando fue interceptado por otro vehículo desde el cual le dispararon.

Los agresores lograron escapar tras cometer el crimen mientras que la mujer que acompañaba a la víctima pidió ayuda a la policía.
El hombre falleció en el lugar del ataque.

En el segundo caso, una persona fue encontrada sin vida esta madrugada afuera del bar Málaga, ubicado sobre la carretera Picacho-Ajusco y la calle Halacho en la colonia Héroes de Padierna.

Elementos policiacos encontraron a un hombre inconsciente y tirado sobre la banqueta; tenía dos impactos de bala en el costado derecho.

Aparentemente el sujeto fue asesinado tras una riña en el bar, según los reportes de la policía.

Finalmente, en Naucalpan fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en la presa El Sordo.

El hallazgo se realizó alrededor de las 7:00 horas en el puente que conecta a la colonia Benito Juárez con el Camino Nuevo a Huixquilucan.

La víctima tenía aproximadamente 25 años y se presume que fue asesinado en el lugar.

 / 19 de enero de 2014)

"LEVANTAN" EN GUERRERO A CINCO POLICIAS MUNICIPALES

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Cinco policías del municipio de Pungarabato fueron “levantados” hace dos días en la ciudad de Iguala y hasta el momento se desconoce su paradero.

El hecho se registró este viernes por la tarde cuando los uniformados regresaban de esta ciudad, donde estuvieron realizando un curso de actualización en el Instituto de Formación y Capacitación Policial (Infocap), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil estatal (SSPyPC), indican reportes oficiales.

De acuerdo con los mismos reportes consultados por este medio, los elementos desaparecidos –de la región de Tierra Caliente– se desplazaban a bordo de un auto particular y uno de ellos se comunicó vía telefónica con su esposa, a quien le dijo que estaban arribando a Iguala y tenía que colgar porque iban a pasar por un retén policiaco.

Esta fue la última comunicación que tuvieron los uniformados con sus familiares, quienes denunciaron el hecho este sábado debido a que simplemente no aparecen.

Las autoridades manejan el caso con hermetismo y hasta el momento no han fijado una postura sobre la desaparición de los cinco policías municipales.

/ 19 de enero de 2014)

ENCUENTRAN MUERTO A CANTANTE DE "LA VOZ MÉXICO" EN VERACRUZ

La denuncia de la desaparición de Gibrán Martiz. Foto: Tomada de Twitter
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- El cuerpo de Gibrán David Martiz Díaz, quien participó en el programa de Televisa denominado La Voz México, fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo junto con uno de sus amigos, cuya identidad se reservó por ser menor de edad, confirmó el procurador general de Justicia de Veracruz, Amadeo Flores Espinoza.

En rueda de prensa el fiscal de Veracruz informó que en un operativo del Veracruz Seguro, fuerzas federales abatieron la tarde de este domingo a tres presuntos delincuentes en una persecución entre los municipios de Huatusco y Conejos, en una congregación conocida como La Ternera.

Amadeo Flores explicó que a través de un reporte al Centro de Control Comunicación y Comando (C4), fuerzas del orden procedieron a marcar el alto a dos vehículos “sospechosos”.

Al darles alcance –explicó Flores–, los presuntos delincuentes abrieron fuego en contra de policías y militares. En el intercambio de balas entre las fuerzas federales y el grupo armado, fueron abatidas tres personas.

En el interior del vehículo fueron hallados los cuerpos del cantante de La Voz México y de su amigo, desaparecidos el pasado 7 de enero.

El procurador de Justicia, Amadeo Flores, no explicó si los cuerpos hallados iban en las cajuelas de los vehículos o en la parte trasera.

En rueda de prensa este domingo, Flores explicó que en el interior del vehículo se encontraron armas y uniformes de policías de distintas corporaciones.

No explicó si esos uniformes eran clonados o si pertenecen a corporaciones policiacas.

Por el doble homicidio, el agente del Ministerio Público Investigador de Cardel inició la investigación número 55/2014.

El secuestro del cantante de La Voz México fue dado a conocer en redes sociales el pasado 13 de enero.

El hecho causó conmoción en las redes, pues varios cantantes de fama internacional como Beto Cuevas, de La Ley y los reguetoneros Wisin y Yandel utilizaron la etiqueta #DondeestaGibran?.

Aunque amigos y familiares de Gibrán David Martiz responsabilizaron a la patrulla 201778 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la desaparición del cantante, un vocero de la SSP indicó que tripulantes de un automóvil oscuro polarizado privaron de su libertad a Martiz en la avenida Ferrocarril Interoceánico de esta capital, el pasado martes 7.

Y que fue la patrulla 201778 la que acudió al lugar donde los jóvenes fueron privados de su libertad, pero al llegar tarde no encontraron pistas del caso.

“Nosotros ya cuadramos (sic) con la Procuraduría de Justicia, ningún familiar se ha presentado ni en la policía, ni en el Ministerio Público a poner denuncia o queja, por sustracción, desaparición, levantón, como quieras llamarlo (sic)”, señaló el funcionario de la SSP.

En su cuenta de Twitter, Eric Martiz (@ErickMartiz_kr), hermano del cantante de La Voz México, publicó un mensaje el domingo 12, en el que denunció que el artista se encontraba en calidad de desaparecido desde el 7 de enero.

/ 19 de enero de 2014)

EL ASESINO DE SERGIO PIÑA



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Al momento de su detención, Miguel Ángel Montaño Valenzuela “El Marquiz” reconoció no haber actuado solo, y señaló a “El Cuñado”, hermano de su esposa Gladys Ayón Tolosa, como la persona con la que escapó tras cometer el homicidio

  Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Tuvieron que pasar 162 días para que el principal responsable de la salvaje golpiza, levantón y ejecución del joven Sergio Piña Covarrubias, pudiera caer en manos de la justicia de Baja California Sur.

Al momento de ser detenido, el 8 de enero de 2014, el pistolero de la banda de “Los Kawasakis”, Miguel Ángel Montaño Valenzuela “El Marquiz”, iba saliendo de su domicilio particular -en las calles de 16 y Poniente 26, Colonia Guadalupe Victoria-, en la comunidad de La Cruz de Elota, Sinaloa.

El criminal -a decir de uno de los agentes que participó en su captura- estuvo bajo vigilancia dos días, tiempo en el que pudieron darse cuenta que lucía “confiado” y “andaba como si nada, en tierra sinaloense”.

Por eso, los agentes solo se limitaron a observarlo, para aprehenderlo de manera sorpresiva, lo cual permitió que “El Marquiz” no pudiera reaccionar a tiempo e intentara escapar.

El día que fue detenido, vestía pantalón de mezclilla, playera blanca y un suéter color café claro, además de tenis azules cromados; inclusive “andaba despeinado, porque había salido a la tienda y rápidamente fue arrestado”.

el marquiz 2bEl asesino material del joven Sergio Piña Covarrubias inicialmente negó ser “El Marquiz”, pero cuando le exhibieron una fotografía de él, no tuvo más remedio que aceptarlo. Según uno de sus captores, contactado por ZETA, “el detenido lucía pasado de peso, pero al corroborar el rostro y rasgos físicos, definitivamente supimos que se trataba de Miguel Ángel Montaño Valenzuela”.

Desde diciembre de 2013, la Procuraduría General de Justicia de aquel estado ya seguía sus pasos, al tener en sus manos una orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio del vigilante de la yarda Autos Pedros.

Sin embargo, el criminal no había podido ser localizado, en virtud de su desplazamiento constante en esa zona -perteneciente al municipio de Culiacán- de más de 15 mil habitantes, pero disputada por los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva y del Golfo.

“Estuvimos trabajando en un territorio muy peligroso para la Policía”, dijo uno de los investigadores, para agregar que “habían tenido que entrar a la zona en forma, encubiertos y vestidos de civiles, para evitar cualquier agresión del crimen organizado, sobre todo porque en las últimas semanas, se habían estado dando enfrentamientos armados entre grupos criminales, donde poco había podido hacer la Policía”.

Desde el atroz crimen del joven Sergio Piña Covarrubias, registrado el 29 de julio de 2013, el autor material del asesinato había huido del estado, después de abandonar la cabecera municipal de Comondú.

“El Marquiz” fue visto por última vez en el poblado de Santa Rosalía -según los agentes investigadores del caso-, cuando pasó a bordo de un vehículo blanco con franjas doradas, vidrios polarizados y sin placas de circulación, rumbo al norte del estado.

De acuerdo al expediente, los testigos de cargo señalan al pistolero de la banda de “Los Kawasakis”, Miguel Ángel Montaño Valenzuela, como “responsable de la ejecución”.

Dentro de las investigaciones, la PGJE pudo acreditar que desde un principio, “El Marquiz” evadió la acción de la justicia, ya que el líder “Los Kawasakis”, José Manuel Rodríguez Ayala, facilitó el vehículo donde supuestamente huyó el homicida.

 LAS DELACIONES

Al ser capturado, y durante un breve interrogatorio, Miguel Ángel Montaño Valenzuela “El Marquiz” aceptó haber ejecutado a Sergio Piña Covarrubias, “en un arranque de coraje y porque andaba alcoholizado”.

No obstante, aseguró no haber actuado solo. Relató que la noche del crimen participaron en la salvaje golpiza:

* Juan José Ruiz Cortez “El Pelos” o “El Greñas”, capturado en septiembre de 2013, como uno de los implicados en el crimen.
* Pedro Manuel Loya Gómez “El Junior”.
* Martín Ayón Tolosa “El Cuñado”.

Asimismo, “El Marquiz” declaró que esa noche también estaban las jóvenes Alejandra Ramírez Camarillo y Elizabeth Polanco, con quienes “había salido a dar la vuelta y tomarse unas cervezas”.

Sin necesidad de presionarlo, el criminal expuso: “Todos de una manera u otra sabían que habíamos matado a Piña, cuando después de golpearlo salvajemente, fuimos y lo llevamos a un terreno en el Kilómetro 10 de Ciudad Insurgentes a Loreto, lo bajamos y yo lo ejecuté”.

Incluso, uno de sus acompañantes “me ayudó a agarrarlo para que jalara el gatillo, y cuando cayó muerto, todos nos fuimos y regresamos a la yarda de Autos Pedros a eliminar las evidencias y lavar la camioneta en que lo habíamos subido”.

Montaño insistió no haber actuado solo, y señaló a “El Cuñado”, hermano de su esposa Gladys Ayón Tolosa, como la persona con la que escapó rumbo a Tijuana, Baja California.

El pistolero relató que se “calentó” cuando la víctima Sergio Piña Covarrubias, tuvo una discusión con Pedro Manuel Loya Gómez, “y entonces yo lo desconté, y ya en el piso, todos empezamos a patearlo y golpearlo hasta dejarlo inconsciente; entonces lo subimos a mi camioneta y fuimos a matarlo”.

Cuando los agentes le preguntaron si el crimen fue ordenado por Loya junior, simplemente se quedó pensando y respondió que ya no hablaría nada, hasta que no tuviera a su abogado y conociera qué fue lo que declararon el resto de los partícipes en el homicidio.

Después de haber sido capturado en Sinaloa, “El Marquiz” fue trasladado a bordo de un avión comercial de Vivaerobús y entregado en el Aeropuerto Internacional de La Paz, Baja California Sur, en medio de un fuerte operativo de la PGJE.

Al cierre de esta edición, el criminal fue presentado ante el Juez de la Causa, a fin de que conozca de las imputaciones y rinda su declaración preparatoria sobre los hechos.

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NOMBRE: MIGUEL ÁNGEL MONTAÑO VALENZUELA

Apodo: “El Marquiz”
Edad: 25 años
Origen: La Cruz de Elota, Sinaloa
Ocupación: Pistolero de “Los Kawasakis”

(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ Enero 14, 2014 12:00 PM)

PRUEBAS DE CORRUPCIÓN EN EL MÉDANO EN LOS CABOS, BCS




Datos recabados por ZETA evidencian la existencia de una red de transas que va de la dirección municipal de la ZOFEMAT, hasta la Tesorería del Ayuntamiento de Los Cabos. A raíz de una investigación que se realizó desde la Ciudad de México, funcionarios fueron cesados, mas no investigados

Los Cabos, Baja California Sur.- El delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), José Carlos Cota Osuna, leyó detenidamente el permiso y de inmediato reaccionó: “Esto no es una irregularidad, ¡es una barbaridad!, porque es una total ilegalidad”.

El documento, bajo el número de oficio ZFM-592-06/12/13, no era otra cosa que el permiso que el director municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de Los Cabos, José Salvador Solorio Ceseña, había entregado y firmado a favor del prestador de servicios, Rolando Félix Barraza.

“En relación a la solicitud que nos hizo llegar, donde solicita el visto bueno para llevar a cabo la actividad de paseo de caballo en el arroyo San Carlos, en la parte que comprende del hotel Secrets Marquis a Hotel Marbella, le informo que esta dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, no tiene inconveniente alguno en que se realice dicha actividad, toda vez que se hagan responsables de los desechos que generen los caballos, dejando la superficie de playa en perfecto estado de limpieza, aclarando que su actividad será únicamente enfocada a los fines solicitados”, transcribe textualmente el escrito.

La autorización, fechada el 6 de diciembre de 2013, es solo una de cuando menos 30 más expedidas por la dirección municipal de la ZOFEMAT, contraviniendo el Artículo 22 del Reglamento para Uso y Aprovechamiento del Mar, Vías Navegables, Playas y Terrenos Ganados al Mar. Hecho de corrupción que complica la situación en El Médano.

Y es que el citado artículo faculta jurídicamente a la Dirección General de la ZOFEMAT como única autoridad responsable de expedir permisos de concesión en playa, misma que depende de la SEMARNAT.

A raíz de la investigación publicada por ZETA en su edición 2072 -del 14 al 21 de diciembre de 2013-, el delegado federal tuvo acceso a la documentación sobre la serie de irregularidades, basada en las denuncias de prestadores de servicios, vendedores ambulantes y hoteleros de la zona.

Los afectados se dijeron víctimas de extorsión por una red de corrupción de servidores públicos, cuyos nombres fueron expuestos:

* Gerardo Manríquez Amador, tesorero.

* José Salvador Solorio Ceseña, director municipal de ZOFEMAT.

* Maricela Ceseña Torres, coordinadora de Ingresos de la delegación de Cabo San Lucas.

* Víctor Manuel Leyva Valencia, coordinador de Inspección Fiscal de la delegación de Cabo San Lucas.

* Joel Alberto Barrientos Fajardo, jefe de Inspectores de ZOFEMAT en la playa El Médano.

* Silvano Eduardo Contreras Medina y Martín Lagos Aceves, inspectores.

Los aludidos -según la denuncia- expendían permisos a través de la dirección municipal de ZOFEMAT, a favor de prestadores de servicios para que permitieran instalar negocios de masajes, paseos a caballo y lanchas, renta de motos acuáticas, tablas paddle board, paracaídas, equipo de snorkeling y de buceo en la zona de playa, y renta de aeroplanos en la playa El Médano en Cabo San Lucas.

A cambio, cada prestador de servicio tenía que pagar una cuota de protección de 6 mil 750 pesos, y cada vendedor ambulante, 3 mil pesos mensuales. A cambio tenían el derecho de “trabajar en la zona de playa”, evitando así “ser molestados por los inspectores de la dirección municipal de ZOFEMAT”.

De tal forma que el lucrativo negocio había estado dejando una ganancia anual de 5 millones 625 mil pesos a los integrantes de esta red de corrupción, la cual, obviamente, no llegaba a las arcas municipales.

zofemat 1 LA ILEGALIDAD

El delegado de SEMARNAT en Baja California Sur, José Carlos Cota Osuna, reconoció que “algo andaba mal” cuando en un operativo de técnicos y abogados de la Zona Federal Marítimo Terrestre -registrado del 11 al 15 de noviembre de 2013- provenientes de la Ciudad de México, detectaron las siguientes irregularidades:

1. El traslape de concesiones, ya que la mayoría no coincidía con las coordenadas autorizadas.

2. El acaparamiento de espacios en zonas no autorizadas.

3. La violación de bases y condiciones del título de concesión, ya que la mayoría desempeñaban otras actividades de las que originalmente habían solicitado.

4. La expedición de permisos transitorios expedidos por la dirección municipal de la ZOFEMAT, como por anteriores delegados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

5. El establecimiento de negocios en el cauce del arroyo de Salto Seco.

Durante una entrevista con ZETA, el funcionario estatal afirmó que la dirección de ZOFEMAT en Los Cabos  “no tenía facultades jurídicas y legales para expedir permisos de concesión en la playa”.

— ¿Ni siquiera temporales?, preguntó este Semanario.

“No, ni temporales, y no tienen por qué andar dando autorizaciones que son competencia meramente federal”.

  ¿Entonces?

“Eso habría que preguntárselo al alcalde de Los Cabos (José Antonio Agúndez Montaño), porque son sus funcionarios, y todos aparecen señalados y presuntamente involucrados”.

Y efectivamente. Abusando de su autoridad, el director municipal de la ZOFEMAT, José Salvador Solorio Ceseña, firmaba todo tipo de permisos tanto para negocios como para eventos en cualquier parte del territorio cabeño.

Uno de éstos, el 25 de marzo de 2013,  cuando según el permiso RESOL- ZFM-053-25/03/13, autorizó para que fuera instalado un punto de venta de cerveza en la playa denominada Boca de Tule o Los Arbolitos, en  la comunidad de Los Frailes, en la delegación de La Rivera.

— ¿Eso es posible?

“Claro que no es posible, porque todo lo referente a la Zona Federal Marítimo Terrestre, está bajo jurisdicción federal, ninguna autoridad puede venir y expedir permisos en nuestro territorio”.

De entrada, observando tales ilegalidades, “solicitaremos que el nombre de la dirección municipal de la ZOFEMAT desaparezca y sea cambiado en la próxima reunión del comité de la ZOFEMAT, porque no puede haber un director municipal de ZOFEMAT, porque se refiera a 20 metros de la marea más alta hacia dentro. Ahí no puede haber un director municipal, porque ese territorio es nuestro”, sentenció Cota Osuna.

 LAS MEDIDAS

A raíz de la publicación de ZETA, el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Los Cabos, José Salvador Solorio Ceseña, convocó el 7 de enero de 2014 a una reunión, donde anunció formalmente la separación del jefe de inspectores en la playa de El Médano, José Alberto Barrientos Fajardo.

El inspector, originario de San Pedro Sula, Honduras, es señalado -según las denuncias de las víctimas- “como el responsable de negociar la cuota mensual de protección a los prestadores de servicios y vendedores ambulantes, el cual tenía bajo su mando a los inspectores que recolectaban las cuotas de dinero en efectivo”.

Solorio retiró al hondureño la acreditación de inspector, y aunque no anunció alguna medida en su contra por el delito de extorsión y lo que resulte, extraoficialmente se supo que sería confinado a tareas administrativas en la coordinación de ingresos de la delegación de Cabo San Lucas, a cargo de Maricela Ceseña Torres, otra de las señaladas en esta red de corrupción.

No obstante, de acuerdo a datos recabados por este Semanario, “el área de Inspectores podría desaparecer, y asignar a sus trabajadores a tareas de limpieza, mantenimiento y reparación en zonas de playa”, se informó.

Más allá de simples enroques, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, exigió una investigación a fondo sobre el caso de la red de corrupción que va de la dirección municipal de la ZOFEMAT, hasta la Tesorería del Ayuntamiento de Los Cabos, y el deslinde de responsabilidades administrativas y penales en contra de los presuntos responsables.

Recordó que “nosotros hace ocho meses denunciamos todo ese desorden en la playa de El Médano, porque observamos que algo no estaba bien, y como empresarios, nos preocupa que el caso se haya publicado y se hayan hecho señalamientos muy serios en contra de servidores públicos en forma particular, y hasta ahorita no se haya abierto una investigación en la contraloría municipal de Los Cabos”.

Y solicitó: “Tiene que haber orden y abrirse una investigación”.

Apenas había terminado de opinar el líder de los empresarios, cuando el síndico municipal de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, advirtió que solicitaría a la Contraloría municipal “abrir una investigación en el caso ZOFEMAT, sobre todo porque no hay cuentas claras en el uso del fondo de administración y mantenimiento de las playas, porque la mayoría de las compras, prácticamente habían violentado la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado. Eso pone en riesgo la credibilidad en el manejo de los recursos públicos”.

Desde su punto de vista, “es demasiado dinero destinar 32 millones de pesos al año a una oficina que entre sus funciones, solo tiene las facultades de mantener las playas limpias, poner palapas y señalizaciones”.

De acuerdo al síndico, hasta ahora la dirección municipal de ZOFEMAT se ha negado a rendir cuentas sobre el uso del dinero, cuando “los regidores, lo único que hemos pedido es que exhiba los gastos y dar certeza a la ciudadanía en qué se gastó el dinero, y dónde fue invertido”.

zofemat 6 LAS CUENTAS

Aunque el tesorero municipal de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, y el director de ZOFEMAT en Los Cabos, José Salvador Solorio Ceseña, públicamente expresaron el 6 de enero estar dispuestos a una auditoría sobre el uso del fondo de administración, se jactaron de tener “todo en orden”. 
 
zofemat 7Lo cierto es que los servidores públicos tienen una doble cara. Y es que el 9 de octubre de 2013, ZETA solicitó, a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la entrega del informe financiero detallado sobre el manejo de los recursos públicos, provenientes de la recaudación del impuesto de los derechos por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre en el ejercicio fiscal del 2012 y 2013.

Con fundamento en el Artículo 7 de la citada Ley, la información solicitada fue la siguiente:

* El ingreso mensual y anual por concepto del pago de impuestos que incluya los nombres de los contribuyentes, montos que fueron pagados en forma particular y general, así como fechas de pago.

* El monto de los adeudos de los contribuyentes, que incluya nombres, adeudos en forma particular y fechas de los últimos pagos.

* El destino o aplicación que tuvieron esos recursos en forma desglosada, que incluya fechas, cantidades, nombre o razón social de quienes recibieron el dinero público, y señalar si fue pago en efectivo o cheque nominal.

* Anexar copia de recibos, notas, facturas o el soporte documental de cada gasto realizado del dinero público, incluidos contratos de adquisición de productos y servicios.

Como era de esperarse, la directora municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Los Cabos, Ana Gabriela Gómez Arvizu, solicitó una prórroga de 15 días -con fundamento en la Ley- para entregar la información.

Obviamente, los datos nunca fue entregados, hasta que ZETA -con afirmativa ficta a su favor- solicitó entonces un Procedimiento de Revisión, iniciando un juicio bajo el número de expediente PR-I/028/2013, donde la consejera ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), Adela Cueva Tabardillo, ordenó que la información requerida se entregara en un término de cinco días.

Sin embargo, no fue concedida hasta el 22 de noviembre del año anterior. Apenas se compartió un resumen general de los ingresos y de adeudos en los ejercicios fiscales 2012 y 2013.

En una hoja tamaño carta, la dirección municipal de ZOFEMAT aseguró haber gastado 13 millones 369 mil 958 pesos con 71 centavos en 2012, y 11 millones 007 mil 490 pesos con 56 centavos hasta octubre de 2013, no obstante un presupuesto de 32 y 49 millones, respectivamente.

“¿Y el resto del dinero?”, es la pregunta que el síndico del Ayuntamiento de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, pretende desentrañar.

(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco /Enero 14, 2014 12:00 PM)