A
las irregularidades en el debido proceso que condujeron a la liberación
de Florence Cassez hace un año, se suma el solapamiento de la misma
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y del propio gobierno de Enrique Peña Nieto al
garantizar protección al exdirector de la extinta Secretaría de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien hasta ahora no ha sido
requerido por la Procuraduría General de la República para que explique
sus pifias y las de sus colaboradores.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Pese
a resolver que Genaro García Luna y su equipo antisecuestro cometieron
graves violaciones en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contribuyó a que el
exjefe policial quede en la impunidad.
Así como a Cassez
le abrió la puerta del penal de Tepepan al concederle el amparo de la
justicia federal, a García Luna le pavimentó el camino para no enfrentar
a la justicia por este caso.
Pero el máximo tribunal no fue el
único en garantizarle protección al exdirector de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) y exsecretario de Seguridad Pública. También lo
hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el propio
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su abogado defensor, el penalista
Alonso Aguilar Zinser, asegura que hasta la semana pasada García Luna
no había sido requerido por la Procuraduría General de la República
(PGR) por este ni por ningún otro asunto.
“No ha sido requerido
para ninguna declaración ante el Ministerio Público federal ni
notificado de que exista una investigación penal ni de otro tipo en su
contra, ni por el caso de Florence Cassez ni por ningún otro”, declara
el litigante a Proceso.
A la Corte sólo le interesó la
liberación de Cassez, no las consecuencias de las violaciones
constitucionales y de derechos humanos que una contundente mayoría de
ministros de la Primera Sala del máximo tribunal atribuyó a García Luna y
a sus más cercanos colaboradores en la entonces AFI.
El 8 de
diciembre de 2005 agentes de la AFI detuvieron a la francesa al sur de
la Ciudad de México y después de una escenificación televisiva la
presentaron el día siguiente ante el Ministerio Público, el cual tomó su
primera declaración sin asistencia consular.
Como director de la
ahora desaparecida AFI, García Luna era entonces funcionario del
gobierno de Vicente Fox en la PGR y a fines del año siguiente se
convirtió en uno de los hombres más cercanos al sucesor de Fox, Felipe
Calderón, quien lo encumbró como titular de la también ya desaparecida
Secretaría de Seguridad Pública.
En el gobierno de Fox, García
Luna “transformó” la Policía Judicial Federal de la PGR en la “policía
investigadora” de la AFI. Pero su esplendor lo vivió a lo largo de todo
el gobierno de Calderón, quien lo respaldó para enfrentar el caso de la
francesa y no dudó en presionar a los ministros para que al menos
durante su administración la Corte le negara el amparo a la acusada.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1942, ya en circulación.)
/18 de enero de 2014)
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