martes, 27 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE NICARAGUA: VAN CONTRA CUATRO EMPLEADOS DEL SETRAVI

Una de las camionetas aseguradas en Nicaragua el 24 de agosto. Foto: AP


MÉXICO, D.F. (apro).- El procurador general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida, informó que un juez giró orden de captura contra cuatro servidores públicos de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), por su presunta responsabilidad en el registro irregular de 16 camionetas con la razón social de Televisa.
En rueda de prensa, el funcionario aclaró que todavía no se cumplimentan las órdenes de aprehensión. “Aún no presentamos a estas personas, dennos tiempo para que las podamos ubicar y presentar ante el juzgado; el área de Mandamientos Judiciales ya está haciendo su labor”.

El delito que se imputa a los funcionarios de los módulos de Setravi es el de ejercicio ilegal del servicio público, el cual es tipificado como no grave y alcanza fianza.



Sin embargo, Rodríguez Almeida no quiso informar qué juzgado otorgó las órdenes de aprehensión y tampoco confirmó la identidad de los involucrados.

Según investigaciones de la PGJDF, los cuatro operadores, adscritos a los módulos en las delegaciones Iztacalco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, permitieron que personas que simularon ser gestores de la televisora registraran camionetas a nombre de la empresa con copias de documentos que se encontraban en un archivo de Setravi.

Entre las camionetas que estos funcionarios registraron se encuentran las seis que fueron aseguradas en Nicaragua a un grupo de 18 mexicanos encabezados por Raquel Alatorre Correa o Raquel Alvarado Torres.

CIFRA DE ASESINADOS EN SEXENIO, COMO EN GUERRAS DE LOS BALCANES E IRAK, DENUNCIAN

Hallazgo de 17 hombres ejecutados en Jalisco en septiembre pasado. Foto: Rafael del Río

Hallazgo de 17 hombres ejecutados en Jalisco en septiembre pasado.
 
MÉXICO, D.F. (apro).- La organización México Evalúa presentó hoy su informe sobre el saldo de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón: 101 mil 199 personas asesinadas, los homicidios dolosos aumentaron 35% con respecto al sexenio anterior, y 344 mil 230 personas quedaron huérfanas, viudas o sin sostén económico.

Con estas cifras el número de asesinados este sexenio alcanza los mismos que los de las guerras de Los Balcanes o de Irak.

La mitad de los asesinatos –según el análisis– tuvo como causa la rivalidad entre los grupos de la delincuencia organizada.

La organización destacó que tanto víctimas como victimarios poseen un mismo perfil: son varones en su abrumadora mayoría; tienen de 20 a 29 años y poca o nula instrucción académica, lo que indica que tienen un bajo nivel socioeconómico.

El estudio –realizado con base en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Inegi– presenta un subregistro debido a que muchos asesinatos no se denuncian, a que una sola averiguación previa puede contener más de un muerto –como ocurre con las fosas clandestinas– y a que el recuento abarca hasta septiembre de 2012.

Edna Jaime, la directora del centro de análisis, hizo un llamado al presidente entrante, Enrique Peña Nieto, para que atienda prioritariamente a quienes sufrieron la criminalidad, las víctimas visibles (los asesinados) e invisibles (sus familias), porque de no hacerlo se corre el riesgo de que estas familias caigan en pobreza y no se corte el ciclo de violencia.

“Es indispensable diseñar buenas políticas públicas, tanto en materia de prevención como de atención a quienes sufrieron las consecuencias de un daño imposible de resarcir”, señaló la investigadora, quien destacó que es fundamental contar con más información para saber de dónde provienen los perpetradores de la violencia, y quiénes son y dónde están sus víctimas visibles e invisibles.

Asimismo, señaló que el próximo gobierno debe basar su política de seguridad en la protección de los ciudadanos. Pidió también que se creen políticas públicas que garanticen a las víctimas el acceso a la educación, a la salud, a las oportunidades y a la justicia.

“La política de seguridad debe reorientarse a arrebatar la base social al crimen organizado, arrebatarle a los chavos de 20 a 20 años que no encuentran chamba, no tienen tierras, ni acceso a la universidad”, señaló el consultor Eduardo Guerero.

Durante la exposición de resultados en la Casa Lamm, la analista Jaime señaló que de 2007 a 2010 México fue el país que registró el mayor crecimiento de homicidios en todo el mundo. Destacó que la abrumadora mayoría quedaron sin investigarse y que en estados como Chihuahua sólo 2% de los homicidios tuvieron un culpable.

“Nuestro aparato de justicia fue rebasado por mucho. Nuestro sistema tiene capacidad para resolver alrededor de cuatro mil homicidios al año, cuando tuvimos 25 mil en los años 2010 y 2011. No estamos teniendo capacidad de resolver y sancionar, y esto tiene consecuencia en la perpetuación de la violencia”, alertó.

En el listado se señala que 85% de los asesinatos ocurridos en Sinaloa y Tamaulipas estuvieron vinculados con la delincuencia organizada; y el 76%, en Chihuahua.

A nivel municipal varias ciudades destacaron por haber concentrado la violencia por rivalidad delincuencial con respecto al estado al que pertenecen. En este listado destacan Tijuana, Baja California; Torreón, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Cuernavaca, Morelos; y Acapulco, Guerrero.

En la presentación participaron el coordinador general del Observatorio Nacional Ciudadano, Héctor Larios; el especialista en temas de seguridad de Lantia Consultores, Eduardo Guerrero, y los investigadores de México Evalúa, Leticia Ramírez y José Tapia.

El informe destaca que por cada mujer asesinada mueren 10 hombres. También que en este sexenio hubo un aumento pronunciado en las tasas de victimización de mujeres de todas las edades, en especial entre 20 y 29 años.

A su vez, el consultor Eduardo Guerrero señaló que este sexenio la violencia se disparó porque el gobierno federal no hizo un análisis de sus capacidades y las de los grupos criminales antes de lanzar su estrategia para combatir la inseguridad; porque aparecieron múltiples mafias locales que cometieron crímenes para infundir el terror y dominar a la gente; porque desertaron mandos medios de los cárteles para fundar sus propios negocios y porque se independizaron Los Zetas del cártel del Golfo, y diversificaron sus delitos.

Según sus propios estudios, los “focos rojos” por violencia en estos momentos se concentran en Acapulco, Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Mazatlán, la ciudad de Chihuahua, Torreón; y se han estabilizado a niveles altos en los estados de Veracruz y Tamaulipas.
Guerrero señaló que la PGR requiere ser reformada, y destacó que fue la única agencia gubernamental involucrada en la estrategia de seguridad que no recibió aumento presupuestal.

Por su parte, Jaime señaló: “Ojalá lo peor haya pasado. Pero la violencia antes controlada se ha expandido y estabilizado a niveles altísimos. Es buena noticia que ya no sabemos de eventos con 30 ó 40 involucrados y que en ciudades como Juárez o Tijuana la violencia va en descenso. No podemos echar las campanas al vuelo, nos va a costar trabajo bajar más los niveles y hay que tener políticas correctas”.

EL CUMPLEAÑOS DE NARCIZO AGÚNDEZ

Post-Feature-EL-CUMPLEANOS-DE-NARCISO-AGUNDEZTranscurrió la primera semana de octubre y llegó la segunda de noviembre, y el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño sigue recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz, Baja California Sur.


Evidentemente los cálculos del abogado defensor Otoniel Gómez Ayala, fallaron después de que fuera presentada una queja en contra del todavía Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva Anda, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber otorgado de forma sospechosa, el 12 de julio, un amparo a favor del ex gobernante del PRD.

La causa de este inesperado retraso podría ser la revisión que magistrados federales iniciaron sobre la actuación del juzgador que por amistad con el abogado litigante, se había convertido en juez y parte del caso.

Y es que las cuentas alegres del también ex juez federal en Hermosillo, Sonora, colocaban al ex gobernador fuera de prisión la primera semana de octubre, junto con el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez, cuando supuestamente los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, confirmaran el amparo a favor de Agúndez y ordenaran al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, “reclasificar el delito de peculado, en caso de que existiera una conducta distinta a este delito”, lo que obvia y automáticamente daría el pase de salida con solo pagar una fianza.

La vieja amistad entre el juzgador y el abogado defensor del ex gobernador, orilló a que el Juez Francisco Javier Silva Anda considerara apresuradamente en su dictamen que “las pruebas presentadas en contra de Agúndez eran insuficientes para acreditar el delito de peculado y falsificación de documentos”.

Sin embargo, lejos de apresurar el término de la disputa legal, la decisión tomada en cuestión de días -y no de meses, como sucede casi en todos los casos- colocó en una situación de stand by el caso, hasta que termine de ser revisado por el Poder Judicial de la Federación.

Por eso, cuando familiares y amigos del ex gobernador daban por hecho su salida la primera semana de octubre, hasta estaban organizando una doble fiesta: primero para celebrar su liberación, y segundo, porque el 26 de octubre, el ex gobernante perredista cumple años.

Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Nacido en 1958, Agúndez celebró su onomástico 54 encerrado en la cárcel, acusado desde el 24 de mayo de distraer 76 millones 200 mil pesos por concepto de la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, bajo el expediente 477/2012.

Aunque su liberación parecía inminente, hoy por hoy, el tiempo parece alargarse, y si se confirman las versiones que circulan en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, todo parece indicar que la revisión del caso por parte de los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, se definirá hasta después de que el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, tome protesta en el cargo, o de plano, hasta 2013.

Pero con todas las contrariedades de los últimos meses ya nada es seguro, y menos tratándose de un asunto tal polémico en el estado.

PERMISOS AMAÑADOS A CASINOS EN BCS

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Sorprende; aprobaron apertura de Casino Sunrise

Los regidores que avalaron el cambio de uso de suelo para que el centro de apuestas iniciara operaciones formales en las plazas comerciales “Ley” y “Sendero”, violentaron el actual Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos. La expectativa es que esta empresa abra dos establecimientos más en destinos de playa
 
Los Cabos, Baja California Sur. La repentina aprobación de apertura del “Casino Sunrise” en San José del Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur fue una decisión tramposa, amañada y llena de sospechas.

Los regidores que avalaron el cambio de uso de suelo para que el centro de apuestas pudiera iniciar operaciones formales dentro de las plazas comerciales “Ley” y “Sendero”, violentaron el actual Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, y de paso, exhibieron la verdadera causa del extraño retraso de la validación del nuevo proyecto que tiene 13 meses en “la congeladora” de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología encabezada por el regidor Julio César Castro Pérez, en espera de ser analizado, revisado, modificado y aprobado por los ediles del ayuntamiento local.

La votación de los regidores fue manipulada para que, en la sesión extraordinaria número 30 de cabildo, aceptaran el cambio de uso de suelo a favor del casino, a pesar de que el dictamen concluía “no permitir el cambio de uso de suelo” para la instalación del “centro de apuestas remotas, salas de sorteos de números y juegos electrónicos”.

Aun cuando no hacen falta declaraciones oficiales para entender “el arreglo bajo la mesa” de la votación en el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño, el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Fernández Alonso dijo “estar avergonzado de pertenecer a ese cuerpo de cabildo que únicamente está a favor de la ilegalidad”.

El sentido de la votación de los regidores se distribuyó de la siguiente manera:

A favor: Juan Octavio Arvizu Buendía, Reynaldo Zatarain Valera, Anel Susana Marrón Amador, Víctor Manuel Ortegón Góngora, Juan Mauricio Albañez Albañez, Emilia Vega Uribe, Ana María Wilson Izquierdo y Eda María Palacios Márquez.

En contra: Mario Fernández Alonso, Juan Fernando Sánchez Navarro, Julio César Castro Pérez, Oswaldo Murillo y José Antonio Agúndez Montaño.

Con el visto bueno al cambio de uso de suelo, los regidores despejaron el camino a la casa de apuestas que aparece con dos razones sociales: “Entretenimientos y Servicios del Valle, S.A de C.V” y “Gold Play Azteca, S.A de C.V”, cuyo representante legal es Rafael Martínez Torres.

La apertura de los dos centros de apuesta –uno en San José del Cabo y otro en Cabo San Lucas— estaba detenida desde septiembre pasado, cuando la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos, clausuró las instalaciones porque “no tenía licencia de operación comercial”.

La compañía había arrendado un par de locales comerciales dentro de las plazas “Ley” y “Sendero” y comenzó a invertir en su arreglo: pintura, acabados, decoración e introdujo mobiliario y su maquinaria de juegos de azar; asimismo, colocó enormes letreros en la parte exterior de los locales.

Peor aún, la casa de apuestas pretendía iniciar operaciones en San José del Cabo con una licencia comercial de Cabo San Lucas, autorizada en el gobierno anterior que encabezaron René Núñez Cosío y Mirna Xibillé, por lo que –al quedar anulada– inició un trámite para lograr un cambio en el estatus de una ciudad a otra y regularizar su situación.

Datos recabados por ZETA expusieron que el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, no tiene en ninguno de sus apartados el giro de “casino” o “centro de apuestas”, el que más se asemeja es el de “juegos electrónicos”, según confirmó el regidor Julio César Castro Pérez.

El plan es más que claro, porque establece que “el giro de juegos electrónicos queda prohibido dentro de plazas comerciales”, y “no surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan (a) lo establecido en los planes y programas de desarrollo urbano”, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.

Por ejemplo, el casino de San José del Cabo, se instaló sobre un terreno que tiene el uso de suelo predominante de corredor urbano por colindar con la carretera Transpeninsular y es de vocación habitacional, por lo que el uso de suelo está condicionado a un máximo de construcción de dos mil metros cuadrados y las edificaciones no deben rebasar los 10 metros de altura, incluido tinaco, según el Plan de Desarrollo Urbano.

Aunque ciertamente el local comercial es arrendado, la operación generará mucho impacto en la zona de los clientes, por lo reducido del espacio de estacionamientos, que aunque la Ley exige para centros comerciales un mínimo de 850 cajones, en “Plaza Ley” solo hay 150, incluidos los del subterráneo y en la parte de arriba.

El casino está rodeado de negocios, salas de cine y casas particulares, y es el paso natural de ambulancias, bomberos, protección civil, alumnos de cinco instituciones educativas y una central camionera.

Las reacciones
La autorización de la apertura del casino generó una gran polémica. La vicepresidenta de Mujeres Empresarias en Los Cabos, Rosa María Treviño, dijo que “había un compromiso de parte del ayuntamiento de no permitir la operación del centro de apuestas, cuando menos en San José del Cabo, sobre todo porque en esa plaza va mucho joven al cine y divertirse en sus ratos libres”.

Treviño expuso que “estaban verdaderamente molestos” y sentían vergüenza de que “no se haya respetado el acuerdo y los regidores hayan aprobado el cambio de uso de suelo, porque los ciudadanos son quienes padecerán los daños colaterales de la explotación del juego”.

“El cabildo no puede estar encima de la Ley, porque la apertura del casino contraviene el Plan de Desarrollo Urbano, de modo que vamos a asesorarnos y a luchar para evitar que puedan salirse con la suya”, enfatizó.

El vocero de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Sánchez, recordó que el “Casino Sunrise” tiene actualmente dos permisos de operación y expuso su temor de que, después, “pretenden abrir otros negocios más en otras zonas del destino de playa”.

Las reacciones llegaron de todas partes. Por ejemplo, Adriana López Monge, la presidenta de la asociación regional de padres de familia en Los Cabos, lamentó que “pretendan colocar un centro de apuestas en el corazón de la ciudad”, ya que “primero debemos pensar en nuestros hijos, y ver el entorno que les están formando con este tipo de decisiones”.

Después de la polémica, la regidora Ana María Wilson Izquierdo, trató de justificar la aprobación de la apertura del casino: “en cierto sentido lo que únicamente hicimos fue darle la posibilidad a la empresa de reiniciar trámites para ver si puede operar o no en un futuro. Eso no quiere decir que mañana el casino va a venir, y abrir sus puertas, porque todavía tiene que hacer otros trámites y agotar otras instancias”.

Pero la vicepresidenta del Centro Histórico de San José del Cabo, Blanca Pedrín, fue más allá y solicitó al congreso una investigación sobre la sospechosa actuación de los ocho regidores que aprobaron la apertura del casino, y de ser posible –afirmó—“removerlos de sus cargos”, porque “parece que se olvidaron que son representes del pueblo”.

Datos recabados por este Semanario, y en base a la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur, indicaron que “las autoridades que aprueben construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso de suelo o destinos de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles en contravención de las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, así como planes y programas en la materia, los residentes del área que resulten directamente afectados o cualquier persona, tendrá derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes”, como reza el artículo 101.

El derecho –establece la ley— se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados, y en su caso, a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un termino no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de la recepción del escrito correspondiente.

El artículo 103 de la citada Ley expone castigos y sanciones a “quienes propicien la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, y quienes se harán acreedores a las disposiciones jurídicas aplicables”.

El plan de desarrollo urbano
Pero situaciones tan irregulares, como la autorización del inicio de operaciones de los casinos en San José del Cabo y Cabo San Lucas, no hubieran tenido cabida, en caso de que el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, estuviera debidamente aprobado desde octubre del 2011, cuando 178 personas –entre autoridades, colegios de profesionistas, empresarios y asociaciones civiles— y en 14 mesas de trabajo, crearon y dieron vida al nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, el cual tendrá vigencia hasta el 2040.

El principal destino turístico del estado, actualmente está regido por un plan que tiene 12 años de retraso, y el cual fue diseñado y puesto en marcha en el año 1999, cuando el gobernador era Leonel Cota Montaño, y el alcalde Narciso Agúndez Montaño, hermano del actual presidente municipal de Los Cabos.

En aquellos tiempos, la instalación de casinos en el estado era bastante remota, y por lo tanto, no consideraba esa figura o “casas de apuesta”, únicamente “juegos electrónicos”, y cuyo concepto estaba más centrado al juego basado en la interacción entre una y varias personas y un aparato electrónico que ejecutara videojuegos por medio de un controlador, como el pinball. Los juegos eran controlados en base a una plataforma de consola, computadora o máquina tipo arcade y con un visualizador, las cuales eran conocidas popularmente como “maquinitas tragamonedas”.

El nuevo proyecto urbano contempla la figura de “casino” o “casa de apuestas”, pero contiene un marco normativo que limita la operación de este giro de negocios, basado en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Ley Orgánica del Gobierno Municipal, Reglamento del Ayuntamiento y Reglamento de la Administración Pública.

La autorización de operación de casinos –con el nuevo Plan— estaría sujeta al criterio “del lugar donde pudiera instalarse que va desde el tipo de área, ámbito urbano, comportamiento de la zona, estructura, análisis detallado de sectores, aforo vehicular, inventario de red vial  y tipo de infraestructura de la zona”.

Sin embargo, y por extrañas razones, el nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, tiene trece meses atorado en el cabildo, a pesar de que el artículo 17 de la Ley del citado plan establece claramente “un término de 120 días naturales para que sea aprobado por cualquier Ayuntamiento”.

El caso está en manos del regidor Julio César Castro Pérez, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, después de haber pasado casualmente por la subdirección que controla el hermano del regidor de nombre Aníbal.

El retraso –intencional o no— orilló al diputado Alberto Treviño Angulo a solicitar el pasado 20 de noviembre un punto de acuerdo para “recomendar” al ayuntamiento de Los Cabos someta a votación y aprobación el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, porque “ya a transcurrido tiempo suficiente para cubrir todas las formalidades, tal como lo establece la Ley”.

Más casinos
El tema de los casinos no es exclusivo de Los Cabos. La apertura de casas de apuestas ha sido vertiginosa e indiscriminada en el estado de Baja California Sur.

Las casas de apuestas prácticamente están en todos lados: zonas residenciales, cerca de centros escolares, en algunas puntos de oficinas y comercios y ahora hasta dentro de plazas comerciales, donde se juegan apuestas a cualquier hora del día.

Datos recabados por ZETA, expusieron que en el estado actualmente operan  siete y cuatro están por entrar en funcionamiento. Los que están en operación son los siguientes:

1.- 4 en La Paz.

2.- 2 en Cabo San Lucas.

3.- 1 en Ciudad Constitución.

Los que están en trámite de abrir son éstos:

1.- 1 en San José del Cabo.

2.- 1 en Cabo San Lucas.

3.- 1 en Loreto.

4.- 1 en Santa Rosalía.

Pero como recalcó la diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL), Guadalupe Olay Davis, en la máxima tribuna, el tema de los casinos “es un asunto donde la casa gana, el gobierno recibe muy poco y el ciudadano es el principal afectado porque padece los daños colaterales del juego”.

En Loreto los prestadores de servicios y asociaciones civiles están recabando firmas para no permitir la apertura de una casa de juegos, pues “afectaría negativamente, porque el perfil del turista corresponde a un visitante que busca la cultura, tradiciones y de contacto con la naturaleza”.

La legisladora originaria de esta población, no se anduvo por las ramas y expuso la experiencia de ciudades donde están operando casinos: “son entidades concentradores de ingresos que basan su negocio en la captación de dinero en detrimento de la población, y de ahí, vienen delitos, suicidios, fracciones familiares, quiebra de negocios y problemas emocionales de los propios jugadores”.

Lo mas graves es que muchos de los jugadores han sido estafados por las propias casas de apuesta. En Ciudad Constitución, el “Casino Magic”, fue denunciado penalmente por el señor Edgar Jaubert, pues el 20 de octubre pasado, y en una noche de suerte, ganó 9 millones de pesos, y los directivos le negaron el pago porque –según recalcaron— “la máquina estaba descompuesta”.

El caso actualmente está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero los directivos del negocio, están ofreciendo un millón de pesos al afectado para que se desista de la querella.

El número de casinos ha crecido en Baja California Sur porque mientras el gobierno de los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron estupendamente permisos para la operación y explotación de casas de apuestas y sorteos, los ayuntamientos, conceden de forma plácida el cambio de uso de suelo y hasta licencias de venta de alcoholes sin ningún tipo de resistencia, y sí, con un evidente trasfondo de corrupción, porque la gran mayoría están localizados en plazas comerciales o zonas donde se supone está prohibido instalarlos.

EL REGRESO DEL "GUERO LAYO"

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PGR prepara recurso de apelación

Después de 381 días en prisión, Francisco Javier Silva Anda, el mismo juez que dictó la orden de formal prisión, ordenó la liberación de Adelaido Soto Aguilar. El juzgador decidió que los dichos  de los testigos de la defensa, asegurando que lo detuvieron en su casa, estaban por encima de la versión de los militares que declararon haber capturado al delincuente en la carretera a Pichilingue. Desestimó el valor probatorio de los 9.793 kilos de marihuana y 466 kilogramos de crystal que, conforme al parte informativo, le habían decomisado a Soto
Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo”, recuperó su libertad luego de que el jueves 15 de noviembre, el Juez Segundo de Distrito de Baja California Sur, Francisco Javier Silva Anda, ordenara la liberación del hombre señalado por las autoridades incorporadas al Grupo Coordinación de Seguridad, como jefe de la plaza de narcomenudistas de La Paz conocida como “Los Layos” desde el año 2000, después de que varios delincuentes detenidos denunciaron su liderazgo.

El cabecilla de la célula delictiva salió del Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz casi al amanecer, en medio del más terrible silencio oficial, cuando la atención estaba centrada en la llegada de los primeros competidores de la legendaria carrera de autos y motos denominada Baja 1000.

Conforme al parte informativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Soto Aguilar había sido  detenido el 24 de octubre de 2011 por elementos de las Fuerzas Armadas. Al momento de la captura estaba en posesión de cinco paquetes de marihuana con un peso de 9.793 kilos y un paquete de crystal con un peso de 466 kilogramos. Circulaba sobre el Libramiento de La Paz al puerto de altura de Pichilingue.

El delincuente permaneció 381 días en prisión y obtuvo su libertad porque -conforme al razonamiento jurídico del Juez Silva Anda- “no se comprobó el delito contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en su variante de venta”.

El juzgador federal, conocido por haber otorgado un amparo a favor del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, procedimiento que actualmente está revisión en el Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, justificó su decisión en la tesis del principio de presunción de inocencia, que en materia penal procesal, impone la obligación de arrojar la carga de pruebas al acusador.

“Es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso y constituye el derecho de recibir la consideración, y el trato de no autor y no partícipe en un hecho de carácter delictivo u otro tipo de infracciones, en tanto no sea demostrado lo contrario”, transcribió.

Silva Anda otorgó la sentencia absolutoria a “El Güero Layo” porque, según el representante del Poder Judicial de la Federación, ni el Ejército Mexicano ni el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR), demostraron fehacientemente que el criminal haya sido capturado sobre el Libramiento Santiago Oceguera de La Paz a Pichilingue, tal como describía el parte informativo.

Los dichos de los testigos presentados por la defensa de Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez, tuvieron benévolamente para el juzgador más validez jurídica que el parte informativo de la consignación del criminal, invalidando así las versiones de elementos de la SEDENA y de la PGR.

A criterio del Juez federal, el presunto delincuente no fue ubicado de manera fehaciente en la escena del crimen, por lo que decidió ignorar el valor probatorio de la droga incautada.

Tampoco se consideraron -porque el Ministerio Público no los presentó ante el tribunal- los antecedentes criminales del procesado, mencionado en varios expedientes del fuero común y de los archivos de inteligencia del Grupo Coordinación de Seguridad en los últimos dos años; tampoco sus antecedentes en los últimos 12 años en el estado.

De hecho,  en la sentencia de la causa penal número 259/2011, el juzgador no concedió valor probatorio al testimonio rendido por militares que participaron en el operativo de captura.

“La parte acusadora no pudo comprobar la culpabilidad de los ilícitos”, expuso, para después ordenar la liberación del narcomenudista.

Paradójicamente, el primero de noviembre de 2011, el propio Juez Francisco Javier Silva Anda había dictado el auto de formal prisión que mantuvo a “El Güero Layo” preso por más de un año, como “presunto responsable de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana y clorhidratos de metanfetamina con fines de comercio en su variante de venta”, tras haber sido consignado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la PGR, bajo el número de expediente PGR/BCS/LP/COE-1/273/2011.

En el expediente que obra en manos de Investigaciones ZETA, y en base al parte informativo del Ejército Mexicano, se describe que Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo” fue capturado en octubre de 2011, cuando circulaba a bordo de una camioneta de color azul marino tipo Escape, cargada de droga. Los militares le marcaron el alto sobre el Libramiento de La Paz a Pichilingue.

El informe castrense refiere que el delincuente de 37 años de edad llevaba cinco paquetes de marihuana y uno de cristal. Su captura fue posible después de que en el sexenio de los ex gobernadores Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño, “El Güero Layo” se había convertido en un personaje plenamente identificado, al que sin embargo, no le habían fincado cargos, a pesar de que conforme a datos de los grupos de inteligencia, las autoridades tenían corroborados e identificados sus vínculos criminales y el pago de cuotas que mensualmente hacía -según su dicho- a los ex titulares de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado, Lenin Rodríguez Aguilar y Francisco Karim Martínez Lizárraga, respectivamente.

Las consideraciones

En el expediente de la causa penal 259/2011, el Juez Francisco Javier Silva Anda pudo conocer las dos versiones sobre la captura del criminal, y que de acuerdo al documento, permitió recabar testimonios del caso y citar a declarar a testigos de cargo, descargo y asistencia, quienes tuvieron que responder a un cuestionario.

Los militares, por ejemplo, hablaron sobre la elaboración del parte informativo, el puesto de control móvil dónde fue detenido el delincuente, los vehículos utilizados en el operativo, el tipo de comunicación telefónica de la zona y todo lo referente desde la detención hasta el traslado al Centro de Operación Estratégica en la ciudad de La Paz, cuyas respuestas -desde el punto de vista del juzgador- arrojaron contradicciones entre los testimonios de los uniformados de las fuerzas castrenses.

La defensa del líder del narcomenudeo ofreció tres testimonios, los cuales sostuvieron que el narcotraficante había sido detenido en un domicilio particular de la colonia Las Garzas en La Paz, capital del estado.

Testigos de la defensa indicaron que al momento de ser sorprendido en su vivienda por el operativo, “El Güero Layo” estaba acompañado de su esposa e hijo. En la cochera estaba la camioneta azul tipo Escape, otra camioneta de color guinda y una pick-up tipo Ranger, lo que fue considerado por el juez como “eficiencia probatoria” de que el líder criminal estaba en ese lugar.

Además, en el expediente figura una autorización del juzgador para tramitar la copia de una grabación de videocámaras de algunos vecinos que supuestamente habían captado el operativo militar, con la que se demostraría que el delincuente había sido detenido en ese sitio.

Sin embargo, cuando se intentó recuperar la grabación, ésta ya había sido borrada por el propio sistema, en virtud de que habían pasado más de treinta días de almacenamiento. No obstante, el juzgador la dio como válida.

En el legajo, y basado en “la carencia de elementos de prueba”, el Juez Francisco Javier Silva Anda describió que durante el juicio “no había sido posible acreditar los ilícitos y variantes atribuidos, y se consideró la responsabilidad del inculpado, como se hizo entonces, ya que los delitos debieron acreditarse en forma plenaria, de tal suerte que los cargos resultaron insuficientes”.

Una vez libre, el Grupo de Coordinación de Baja California Sur considera que Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo” retomará el mando criminal de la organización delictiva de “Los Layos” en La Paz.

La apelación

Sobre este hecho y al cierre de edición, la delegación de la PGR preparaba un recurso de revisión sobre la actuación del Juez Segundo de Distrito en Baja California Sur, Francisco Javier Silva Anda, caso que -como el del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño- tendrá que ser analizado y revisado jurídicamente por los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Los magistrados tendrían entonces que emitir en su momento una resolución sobre si confirman, modifican, revocan o anulan la sentencia absolutoria dictaminada por el juzgador a favor de Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo”.

La visión del juez fue vista por los abogados de la PGR y la SEDENA como “poco afortunada” ya que a su consideración, el cargamento de droga encontrado prueba “la comisión del delito contra la salud”, y el volumen “comprueba que la marihuana y clorhidrato de metanfetamina, no eran el mínimo permitido por la Secretaría de Salud, sino tenían el fin de lucro y comercio en su variante de venta”.

Silva asumió el cargo de juzgador el 29 de septiembre de 2011, en sustitución de Alejandro Quijano Álvarez, quien en una acción muy similar, el 19 de julio del mismo año ordenó la liberación del ex jefe de la plaza de narcomenudistas en Comondú, Inés Zamudio Beltrán “El Zamudio”.

Aquel caso también desató una gran polémica, la cual terminó un mes después con la remoción de Quijano.

Francisco Javier Silva Anda fue nombrado Juez federal tras haberse inconformado, el 8 de diciembre de 2010, en un juicio de revisión administrativa -96/2010-. “Había solicitado ser Juez de Distrito en Materia Mixta” y “no había aparecido en la lista de Aspirantes Vencedores en el Decimoquinto Concurso Interno de Oposición”.

Silva se había quejado de que “no le habían asignado la puntuación que legalmente le correspondía, sobre todo por la antigüedad que tenía en el Poder Judicial de la Federación y la Carrera Judicial, lo que debió haberse contabilizado en el tiempo que efectivamente tenía laborando”.

El caso fue revisado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictaminándose a su favor el 29 de junio de 2011, consolidando su nombramiento dos meses después de emitida la resolución y siendo asignado en el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur.

Sin embargo, a la luz de sus más recientes sentencias, ZETA pudo conocer que el trabajo del juzgador está siendo revisado y valorado por magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación.

LAS NARCOEMPRESAS DE EL CHAPO GUZMAN EN BC

Post-Feature-Las-narcoempresas-de-El-Chapo

Desde junio de 2000, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través del Acta Kingpin de la OFAC ha designado a más de un millar de individuos y empresas ligadas con 94 líderes del narcotráfico en todo el mundo, identificadas como proveedoras de servicios financieros o logísticos para el trasiego de enervantes, propiedad o a cargo de personas incluidas en la “lista negra”, o que juegan un rol importante en el narcotráfico internacional.
En este 2012, se han emitido 10 actas de designaciones en contra de empresas ligadas con el cártel de Sinaloa que comenzaron a hacerse públicas a principios de este año.

-10 de enero; en contra de Jorge Milton Cifuentes Villa (capturado 11 de noviembre de 2012), presunto operador de Joaquín Guzmán en Medellín, Colombia. Se trata del “Clan de los Hermanos Cifuentes”. También fueron incluidos a la lista Joel Valdez Benítez, Óscar Álvarez Zepeda, Alfredo Álvarez Zepeda y Carlos Mario Torres Hoyos, considerados como sus principales aliados criminales.

- 6 de marzo; Jesús Reynaldo “Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, fue integrado a la lista a pesar de encontrarse detenido desde octubre del 2008. También fueron incluidas dos de sus empresas, Zarka de Occidente S.A. de C.V. y Zarka de México S.A. de C.V, dirigida por Zynthia Borboa Zazueta.
- 8 de mayo, se agregan a la lista dos hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, También fueron incorporados Noel Salgueiro Nevárez (capturado  el 5 de octubre de 2011)  y Ovidio Limón Sánchez.

- 7 de junio; incluyen a María Alejandrina Salazar Hernández  y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ex esposa e hijo de Guzmán Loera.

-24 de julio; boletinaron a familiares de Juan José Esparragoza Moreno alias “El Azul”, su esposa, María Guadalupe Gastélum Payán, y sus negocios Grupo Cinjab, S.A. de C.V. y Grupo Impergoza, S.A. de C.V, así como de los fraccionamientos residenciales Provenza Residencial, el centro comercial Provenza Center y el parque industrial La Tijera.

-7 de agosto; a John Zabaneh, supuesto operador de El Chapo en Belice, y dos de sus colaboradores, Dion Christopher Zabaneh y Daniel Gonzalo Moreno.

- 25 de septiembre; Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de Guzmán Loera y sus presuntos colaboradores: Rigoberto Díaz Paniagua, Jorge Guillermo González Cárdenas, Gabriela Vázquez Villavicencio y Óscar Domínguez Villa Díaz.

-10 de octubre; más familiares de “El Azul” Guadalupe Esparragoza Moreno, propietaria de la empresa Socialika Rentas y Catering, S.A. De C.V. En Zapopan, Jalisco, así como de Urbanizadora Nueva Italia, S.A. de C.V., empresa de bienes raíces ubicada en Jalisco.

-14 de noviembre; Waldemar Lorenzana Lima, operador en Guatemala, y cinco de sus subalternos, así como ocho empresas de ese País fueron designadas dentro del Acta Kingpin.

-20 de noviembre; Luis Gerardo Ibarra Cardona y cuatro familiares: su padre, José Gerardo Ibarra Favila; su madre, Mayela Cardona Martínez; su hermano, Carlos Jesús Iván Ibarra Cardona, y su tío, Pedro Cardona Martínez, miembros de un grupo que ha proveído toneladas de efedrina al cártel de Sinaloa para la fabricación de crystal.

LOS IBARRA CON EL CARTEL DE SINALOA



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Empresas reales y fantasmas
Luis Gerardo Ibarra Cardona, detenido por el ejército y liberado por un juez en 2009 en Tijuana, fue boletinado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como cabecilla de una célula criminal que presuntamente trafica precursores químicos para el Cártel de Sinaloa, en las fronteras de Baja California y Sonora. Mayela Cardona, señalada esta semana como miembro del grupo delictivo, falleció hace 7 meses en un accidente después de ser secuestrada. No se informó que exista orden de aprehensión en contra de ninguno de estos presuntos delincuentes.
Luis Alonso Pérez
Cristian Torres Cruz
El 20 de noviembre de 2012, cinco miembros de una organización local dedicada a la importación de precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas fueron agregados a la lista de narcotraficantes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Luis Gerardo Ibarra Cardona fue señalado como el líder del grupo que ha proveído toneladas de efedrina al cártel de Sinaloa para la fabricación de crystal. Cuatro de sus familiares también fueron incluidos en la lista: su padre, José Gerardo Ibarra Favila; su madre, Mayela Cardona Martínez; su hermano, Carlos Jesús Iván Ibarra Cardona, y su tío, Pedro Cardona Martínez. Todos son ciudadanos mexicanos y residentes de la ciudad de Tijuana.
La progenitora está muerta desde hace siete meses y del papá: “En el año 2009, fue liberado porque le dijo al juez que el dinero lo habían heredado del padre, quien ya no estaba con ellos, pero que ellos no tenían información de que los recursos para comprar los bienes que la autoridad les intentaba decomisar se hubieran adquirido con recursos de procedencia ilícita. Aunque fue un asunto que llevó la SIEDO, localmente se supo que el papá estaba muerto supuestamente, porque no recibimos reportes por escrito ni tenemos acreditado el deceso”, informó extraoficialmente un elemento de las fuerzas investigadoras en Baja California.
En la lista también fueron incluidas tres empresas propiedad de los Ibarra: Distribuidora Germay S.A. de C.V., Comercializadora Cacho S.A. de C.V., y Distribuidora Germay de Sonora, S.A. de C.V. Las primeras dos registradas en Tijuana y la última en San Luis Río Colorado, Sonora. Su inclusión a la “lista negra” congela sus operaciones financieras en Estados Unidos, impidiendo la compra de efedrina y todo tipo de transacciones monetarias.
“La designación de la familia Ibarra Cardona y su red empresarial disminuirá significativamente la capacidad de esta organización de importar material precursor para la metanfetamina de los Estados Unidos y afectará la cadena de suministro de metanfetaminas para el cártel de Sinaloa”, manifestó el director de la OFAC, Adam J. Szubin, a través de un comunicado de prensa.
Luis Gerardo fue detenido el 18 de junio de 2009 por soldados de la Segunda Zona Militar cuando entraba a una de sus casas de seguridad, ubicada en el número 2061 de la calle Bahía de los Ángeles, en la colonia Buenos Aires Norte, al este de Tijuana.
Los militares le habían dado seguimiento y lo ubicaban como colaborador de Candelario Arceaga Aguirre, detenido semanas atrás en el puerto de Ensenada durante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías locales. “El Cande” fue señalado como uno de los principales productores de crystal de la organización criminal encabezada por Teodoro García Simental “El Teo”, entonces considerada como una célula derivada del cártel de los Arellano Félix.
Los trabajos de inteligencia militar revelaban que Arceaga producía entre 25 y 50 kilogramos de esa droga a la semana para venderlos a razón de 12 mil dólares el kilo, generando ganancias de entre 300 y 600 mil dólares por semana. Y sus dichos, que estaba ligado a la familia Ibarra Martínez.
Al momento de capturar a Gerardo Ibarra en el 2009,  los soldados registraron la casa de tres pisos en la que se había introducido al darse cuenta de la presencia de militares, según expusieron las fuerzas castrenses en el parte informativo.
En el interior del domicilio encontraron escondidas tres maletas repletas de dinero en efectivo que en total sumaron 3 millones 607 mil 869 dólares y 414 mil 519 pesos. También incautaron un envoltorio con 600 gramos de metanfetamina; una pistola 40 milímetros, otra .9 milímetros y un fusil calibre .223 tipo AR-15.
Asimismo se decomisaron tres camionetas Nissan y un auto Mini tipo Cooper; 52 cadenas, 37 anillos, 35 esclavas, 13 dijes, cuatro pares de aretes, tres gargantillas, una pulsera y un llavero, todos de oro amarillo y blanco con un peso total de ocho kilogramos.
Destacó también el decomiso de su colección de 106 relojes de las marcas Rolex, Vacheron Constantin, Cartier y Omega, entre otras marcas, la mayoría con incrustaciones de piedras preciosas. Se estima que entre el efectivo, los vehículos, la joyería y los relojes el decomiso se aproximaba a los 10 millones de dólares.

Además de invertir sus ganancias en joyas y vehículos lujosos, las autoridades federales manifestaron hace tres años, sus sospechas de que esta familia blanqueaba el dinero en propiedades. Luis Gerardo tenía cuatro inmuebles registrados a su nombre. Sus padres eran propietarios de la casa donde vivían, pero cada uno tenía otras tres propiedades inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Su hermano Carlos Jesús Iván tenía dos inmuebles a su nombre y su tío Pedro solo un apartamento.

Al momento de su arresto Luis Gerardo declaró que su familia también era propietaria de tiendas de abarrotes y otros comercios en la ciudad, por lo que el caso fue atraído por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM).

Días después de su detención fue trasladado a la Ciudad de México por agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde rindió su declaración inicial.

Donde manifestó que tanto el dinero como los objetos decomisados eran producto de la comercialización de efedrina que realizaba su padre, José Gerardo Ibarra Favila, transportándolo de San Diego, California a Tijuana, Baja California y viceversa.

Conforme a datos oficiales, la familia Ibarra Cardona tuvo la oportunidad de importar efedrina por lo menos durante 57 meses a través de la empresa Distribuidora Germay S.A de C.V. registrada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores desde octubre de 2004 bajo el giro de “comercialización, importación, exportación y distribución de toda clase de medicamentos naturales, medicamentos y alimentos de nutrición y todo lo relacionado con lo mismo”.

Durante ese tiempo tuvieron la oportunidad de introducir por lo menos 45 mil litros del precursor a Baja California. Misma sustancia que declaró Ibarra Cardona, le era entregada directamente a Candelario Arceaga en 40 cubetas de 20 litros cada una.

Actualmente, la empresa Comercializadora Cacho S.A. de C.V. no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Baja California, tampoco la Distribuidora Germay de Sonora, S.A. DE C.V. en el de aquel Estado. Ambas aparecen en listados de comercio al por mayor con direcciones y teléfonos falsos.

A pesar de las investigaciones, los decomisos y las confesiones, Luis Gerardo Ibarra Cardona fue liberado cuatro meses después, el 27 de noviembre de 2009 al mediodía. El Magistrado José Luis Delgado Gaytán, quien ordenó su excarcelación, expuso que la decisión judicial fue en base a las constancias que obran en el expediente:

“Ibarra Cardona es hijo de uno de los involucrados y de acuerdo al Artículo 243 del Código Penal por el vínculo de parentesco tiene el derecho de no declarar por tratarse de un familiar, lo que no se le hizo saber, lo que invalida su declaración”, manifestó días después de la liberación.

Y agregó: “La versión de los agentes militares que quedó asentada en el parte fue diferente a la aportada por los testigos. Los militares dijeron que lo habían detenido en el inmueble, mientras los testigos afirman que el joven apenas llegaba al lugar, lo que no fue contravenido por el agente del MP Federal. Es decir, no era la casa del joven, él no vivía en el domicilio asegurado”.

La resolución del magistrado Delgado Gaytán fue emitida tres días antes de ser retirado de la titularidad del Tribunal Quinto Unitario en Tijuana y ser reubicado a la cabeza del Quinto Tribunal Colegiado del XV Circuito con sede en Mexicali.

Ninguno de los miembros de la familia Ibarra Cardona señalados durante la investigación fueron aprehendidos posteriormente, todos continuaron visitando sus propiedades y atendiendo sus comercios sin problema alguno con la ley, mas no así con la delincuencia organizada.

El 26 de abril de este año la madre, Mayela Cardona Martínez, perdió la vida durante un intento frustrado de secuestro cuando sus captores volcaron el auto en el que intentaban huir de la policía municipal. Luis Adrián Hernández Galván, César Omar Marín Salas y otro hombre identificado como Martín “N” amagaron a Cardona con una pistola 38 Especial cuando se encontraba descargando mercancía de su camioneta a la tienda de abarrotes “Jasso”, una de sus propiedades ubicada en la colonia Valle Verde.

Tras el fatal accidente los plagiarios sobrevivientes declararon que habían sido contratados para raptar a la Mujer y llevarla a un lugar denominado “El Campamento”, cuya ubicación no fue determinada. El móvil del secuestro había sido el cobro de una deuda que Mayela Cardona tenía con la familia de Martín “N”. Por la privación de libertad de la mujer cobrarían 15 mil pesos cada uno, pero en su lugar fueron acusados de secuestro, robo de vehículo con violencia, homicidio por culpa y delincuencia organizada.

El rastro de los Ibarra  en San Luis
Acondicionado como un pequeño local de abarrotes llamado “La Baratita” registró Mayela Cardona Martínez su negocio el cual se localiza en Avenida Guerrero y Calle 39 en la colonia Campestre y cuenta con un registro Federal de Contribuyente CAMM610224SA1.

El Abarrotes da a un domicilio entre las calles Guerrero y Callejón Libertad con número de 2471 y 2627.

El domicilio fue localizado bajo un buscador de comercios llamado “infoisinfo” el cual hace referencia a un comercio de abarrotes a nombre de José Gerardo Ibarra Favila en la avenida Vicente Guerrero número 3810 en la colonia Campestre, aunque en el mapa satelital muestra un lote baldío en el estado de Zacatecas.

Ni la Distribuidora Germay de Sonora S. A. de C. V. ni la Comercializadora Germay S. A. de C. V. se encuentran dadas de alta ante el Registro Público de la Propiedad en esta ciudad, incluso representantes de la Canaco local dijeron desconocer a la empresa, que no se encuentra registrada entre sus agremiados.

Distribuidora Germay de Sonora aparece en una lista de comercio al por mayor con un domicilio en Callejón 16 de septiembre S/N en la Colonia Burócratas ubicada en San Luis Río Colorado, además de marcar un número telefónico local.

La dirección a la que hace referencia la empresa en el portal no fue localizada en campo, al marcar el número telefónico contestó una mujer, quien informó que el número ya no correspondía a la distribuidora y que había sido asignado a un comercio de abarrotes.

Un mapa del lugar apunta el negocio entre la esquina del Callejón 16 de septiembre entre las calles 33 y 34 sin embargo no existen locales comerciales en esta vialidad.

Libres
A pesar de los señalamientos de “El Cande” y la alerta de Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los miembros vivos de este presunto grupo delictivo siguen usando sus propiedades en total libertad, porque no existen órdenes de aprehensión en su contra, en ninguno de los dos lados de la frontera.

EL PRESIDENTE DE LAS 83 MIL EJECUCIONES

Post-Feature-El-Presidente-de-las-83-mil-ejecuciones 203 mil 690 homicidios dolosos y culposos en el calderonato

- 125 mil 090 homicidios dolosos y culposos clasificados por el Gobierno Federal como “Sin Datos” y “Otros”
- BC: Quinto lugar nacional, con 4 mil 519
- Centro Nacional de Información: “Más víctimas que averiguaciones previas”
- CNDH: 111 muertes de civiles en 2010, 43 en 2011 y 25 en 2012
Enrique Mendoza Hernández
Rosario Mosso Castro
A
punto de finalizar el sexenio, el Presidente Felipe Calderón recorre el país y presume su mundo rosa: Repite lo que llama sus logros con una sonrisa, mientras reparte chistes a diestra y siniestra, y hasta cantando el corrido “El Perro Negro” de gira por Michoacán. 

Mientras los muertos con violencia siguen cayendo uno tras otro a lo largo y ancho del territorio mexicano, 83 mil en todo su gobierno.
Así, la realidad opaca y contrasta con su buen humor: En la memoria de los mexicanos queda la tétrica imagen de los cuerpos colgados en puentes peatonales durante su trágica administración, los desenterrados de las narcofosas como si fueran papas, el hormiguero de cadáveres en las carreteras, los tambos azules con restos humanos desechos en ácido.

También las mujeres con la mirada perdida en alguna marcha sin rumbo portando una pancarta con la foto del familiar desaparecido, los acéfalos sin brazos ni piernas, las extremidades envueltas en bolsas negras para la basura, los cráneos exhumados de cementerios improvisados, los enteipados con cinta canela de pies y brazos, los encontrados en la cajuela de un carro con reporte de robo -muchos con el tiro de gracia- y los muertos con un narcomensaje escrito en una cartulina.

Enfundado en un uniforme militar, fue en su estado natal, el 6 de diciembre de 2006,  donde el Presidente de México inició su guerra contra algunos cárteles de la droga con el fallido Operativo Michoacán. De hecho, marcó también el inicio del olor de la muerte que se esparció por todo el país.

Recurriendo como metodología a la consulta del Sistema Nacional de Información, procuradurías estatales, secretarías de Seguridad Pública de las entidades, registros hemerográficos en los estados y a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) del país, ZETA concluye que en el sexenio de Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012, en el país ocurrieron 83 mil 191 asesinatos relacionados con el crimen organizado, en la guerra que mantiene el Gobierno Federal contra algunos grupos criminales que disputan el territorio mexicano para el trasiego y venta de droga. La escalofriante cifra de muertos incluye lo que la administración calderonista clasifica como “Ejecuciones”, “Enfrentamientos” y “Homicidios-Agresiones”:

2007; 2 mil 826 ejecuciones

2008; 6 mil 837

2009; 11 mil 753

2010; 19 mil 546

2011; 24 mil 068

2012; 18 mil 161 hasta el 31 de octubre.

Cuando fungía como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré informó el 12 de enero de 2011 que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado, de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por el Sistema Nacional de Información. El funcionario federal reconoció implícitamente que el 75.88 por ciento de los asesinatos tuvo relación con el crimen organizado.

La cantidad de 83 mil 191 ejecuciones registradas por este Semanario corresponde al 72.8 por ciento del total de 114 mil 158 homicidios dolosos ocurridos en el sexenio calderonista, de acuerdo con información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Información.

Lamentablemente, no todos los muertos han sido reconocidos por Calderón y su gabinete.
Los muertos oficiales
Transcurría enero de 2012 y los medios de comunicación solicitaban al Gobierno Federal la cantidad de muertos cuando faltaban 11 meses para el final del sexenio.

Con la presión a cuestas, finalmente a la administración calderonista, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), no le quedó más que reconocer de manera “preliminar” la cantidad de 47 mil 515 ejecuciones al 10 enero de 2012. Las estadísticas llevaban la leyenda “preliminar” y correspondían al cierre de septiembre de 2011.

De hecho, las cifras del Sistema Nacional de Información siempre llevan al calce la leyenda “preliminar”.

Ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del Gobierno Federal, INEGI o las procuradurías estatales ofrecieron las mismas estadísticas en cuanto a homicidios dolosos en México durante el sexenio calderonista.

Poniendo como ejemplo sobre el ocultamiento del total de asesinatos por parte del gobierno de Felipe Calderón, el Sistema Nacional de Información reconoció 82 mil 687 homicidios dolosos sucedidos entre 2007 y 2011. El INEGI desmintió esa versión, e informó que en ese mismo lapso, en realidad sucedieron 95 mil 646 homicidios dolosos.

Así, la administración de Calderón desconoce a 12 mil 959 cadáveres entre 2007 y 2011.

Otro claro ejemplo de cómo el Gobierno Federal fue rebasado en el registro de las ejecuciones, es que mientras en las procuradurías y fiscalías estatales informaron una cantidad, el Sistema Nacional de Información reportó otros números; menores, por supuesto.

Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reportó oficialmente el 28 de noviembre de 2011 la cantidad de 16 mil 456 homicidios dolosos ocurridos del 1 de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011; pero el Sistema Nacional de Información reportó nada más 11 mil 588 en el mismo lapso y en el mismo rubro de homicidios dolosos. Por lo menos 4 mil 868 homicidios dolosos no fueron reportados por el Sistema Nacional de Información nada más en el estado de Chihuahua.

Sobre las diferencias en las estadísticas del INEGI y el Sistema Nacional de Información, el Licenciado Jaime López Aranda Trewartha, titular del Centro Nacional de Información, explicó a ZETA:

“En cuanto a las diferencias entre las fuentes, el formato CIEISP, que se ha utilizado para compilar una estadística de incidencia delictiva desde 1997, no recopila el número de víctimas, sino el número de denuncias que se convierten en averiguación previa, a fin de aproximar tanto la incidencia denunciada en la entidad, como el nivel de actividad en materia de procuración de justicia.

“Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento, por lo que es de esperarse que en algunos estados como Chihuahua, haya más víctimas que averiguaciones previas, la Fiscalía General reporta ambas.

“Por otra parte, a diferencia del SNSP, el INEGI compila sus estadísticas de mortalidad a partir de las actas de defunción, esto es, aquellas muertes que en opinión del médico legista pudieran clasificarse como homicidios, antes de que el Ministerio Público tome la decisión al respecto. Reflejan realidades distintas, si se quiere, porque nuestro número refleja las investigaciones en curso y son complementarias en cierta medida”.
Los “Daños Colaterales”
El sexenio calderonista también se caracterizó por minimizar las muertes de civiles que su propia administración llamó “Daños Colaterales”: Niños, estudiantes, empresarios, periodistas y activistas sociales.

El gobierno del Presidente Calderón primero reconoció: “90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada, solo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010. Ésa fue la postura del Gobierno Federal.

Lamentablemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que dirige el panista Raúl Plascencia, informó el 26 de enero de 2011 que en 2010 solo 111 personas murieron en medio de la guerra del Presidente Calderón; y de plano, el 25 de enero de 2012 reveló que en 2011 fallecieron 43 civiles durante enfrentamientos entre grupos delincuenciales y fuerzas de seguridad.

“(En 2012) Fueron bajando un poco, 2010 digamos que fue un pico; 2011 un poco menos; 2012 también ya se han ido reduciendo esos incidentes de personas que nada tenían que ver con la comisión de un delito y que perdieron la vida fue ahora sí que gradualmente disminuyendo (25 en 2012)”, expuso a ZETA el doctor Raúl Plascencia.

El presidente de la CNDH detalló a este Semanario sobre el sexenio de Felipe Calderón:

“En materia de desaparecidos la CNDH concentró 2 mil 126 casos que son los que tiene actualmente en investigación; y con respecto de personas no localizables o bien, en todo caso extraviadas, 24 mil 91 casos son los que tenemos actualmente en la CNDH; los 2 mil 126 son expedientes abiertos en materia de desaparición forzada; 15 mil 921 cadáveres no identificados; mil 421 cadáveres que fueron o exhumados o bien inhumados en fosas clandestinas, es el registro que tenemos. Todo esto nos da un total de 46 mil 15 personas ejecutadas”.

Asimismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez; 120 mil personas desplazadas por la violencia según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados; y más de 40 mil mexicanos pidieron asilo político, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
125 mil cadáveres “Sin Datos” y “Otros”
El gobierno del Presidente Felipe Calderón fue rebasado no solo en el registro cuantitativo de ejecuciones ocurridas; también en la identificación de cadáveres.

A través del Sistema Nacional de Información, el sexenio que concluye reconoció 101 mil 199 homicidios dolosos ocurridos entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2012, de los cuales 64 mil 786 fueron registrados como asesinatos “Con Arma de Fuego” y “Con Arma Blanca”; 36 mil 413  se clasificaron como homicidios “Sin Datos” y “Otros”. Dicho de otra forma, el Gobierno Federal desconoció la identidad de 36 mil 413 cadáveres.

Los homicidios “Sin Datos” y “Otros”, clasificados de esa manera por el Sistema Nacional de Información, no únicamente pertenecen al rubro de asesinatos dolosos; de plano el Gobierno Federal los amontona en el rubro de “homicidios culposos”, en el que resulta que en el sexenio calderonista, 88 mil 677 cadáveres fueron arrojados a la clasificación “Sin Datos” y “Otros”.

Para acabar pronto: En la categoría de homicidios dolosos y culposos, denominados “Sin Datos” y “Otros”, 125 mil 090 cadáveres tienen su tumba virtual.
31 cartelitos
Desde el principio, la estrategia de combate a la inseguridad implementada por un Gobierno Federal enfocado en la captura incidental de los miembros de los cárteles más violentos, dio como resultado la lucha por el control del territorio criminal y la proliferación de estos grupos del crimen organizado.

Sin trabajo de inteligencia y menos investigación, basados exclusivamente en denuncias “ciudadanas” producto del hartazgo de los mexicanos víctimas de secuestro, extorsión o el asesinato de algún familiar; o en la delación anónima proveniente de cárteles enemigos o células delictivas escindidas que delataban las ubicaciones de sus competidores para posesionarse delictivamente de los corredores de la droga, pero usando a las autoridades para eliminar a la competencia.

Felipe Calderón recibió el país con siete  cárteles y lo entregará con 31 células delictivas organizadas, siempre y cuando no surja algún grupo delictivo en la próxima semana.

El crecimiento se ha dado a razón de cuatro cartelitos por año, y en este 2012, los recién surgidos fueron: La Empresa, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Legionarios, según reportes policiacos, periodísticos y de la empresa de consultoría Linde.

A los cárteles de Sinaloa o del Pacífico, Juárez, Colima, CAF, Milenio, Del Golfo y del Istmo, que existían hasta 2006, vía escisiones, se sumaron entre 2007 y 2011:

Los cárteles Independiente de Acapulco, La Resistencia, Gente Nueva, Pacífico Sur/Beltrán Leyva, Los Zetas, Mata Zetas, Guadalajara, Centro Narco, La Línea/Los Aztecas, Los Artistas Asesinos/Mexicles, Jalisco, Nueva Generación, La Barredora, Los Güeros, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Pelones, Los Metros, Los Teos y Los Negros.

Este crecimiento en el número de grupos delictivos, llegó acompañado de la multiplicación del número de estados que padecían la concentración de la violencia y de recibir un país con diez estados que centralizaban al menos el 50 por ciento de los delitos, conforme al  Atlas Delictivo 1997-2006 hecho por el Instituto Ciudadano para el Estudio de la Inseguridad (ICESI). En 2012, cada día se cometen de uno a cuatro asesinatos del crimen organizado en 20 estados.

De hecho, actualmente solo las estadísticas de Querétaro, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes y Baja California Sur registran menos de 100 asesinatos, el asunto es que en estas entidades, en algunos casos, no ocurría siquiera un homicidio doloso al año hasta antes de 2007 y 2008. Pero ahora conocen perfectamente el significado y cómo se ve un ejecutado por el crimen organizado.

Teniendo como fuerza operativa de respuesta y prácticamente única a los elementos del Ejército para responder a “soplos”, porque en su más alto porcentaje las corporaciones municipales y estatales siguen corrompidas, 16 estados reportan avances en la depuración de entre 49 y 50 por ciento; los otros 16 ni siquiera están avanzando conforme al reporte que el Presidente Calderón envió al Senado este mismo mes.

Tampoco se combatió ni se realizaron operativos para mermar su fuerza económica, decomisando o congelando bienes de los jefes del crimen organizado. Menos aún se establecieron estrategias para reducir el mercado o abatir el consumo.

De hecho, en la respuesta por escrito que el Presidente envió a los senadores con motivo de las dudas que les surgieron como resultado del Sexto y último Informe de Gobierno, Calderón tuvo la ocurrencia de justificar el aumento del consumo de drogas en México que se dio durante su sexenio, en que se compraba más droga porque  “… el crecimiento del poder adquisitivo de los mexicanos casi se triplicó de 1993 a 2011”.
Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, a la cabeza en asesinatos
En la trágica sumatoria sexenal de muertos del crimen organizado, el Estado de Chihuahua no abandonó su primer lugar desde 2008, con todo y su reducción del 30 por ciento en el tema de homicidios dolosos en 2012, en comparación con el año anterior.

Con sus mil 784  muertes violentas hasta octubre de este año, Chihuahua se mantiene en la deshonrosa carrera por ser el número uno en las estadísticas de “Ejecuciones” en 2012, compitiendo con los mil 883 asesinados en Guerrero, actualmente el estado número uno en homicidios. Sin embargo, en el esquema sexenal se sostiene en el tercer lugar.

Sinaloa ocupa el segundo espacio en asesinatos durante el sexenio, plaza que mantuvo los primeros cinco años. En la actualidad está en el cuarto lugar, debido a que los homicidas de Nuevo León acrecentaron su actividad en aquella entidad.

De las 83 mil 191 ejecuciones ocurridas en el sexenio de Calderón, durante el sexenio federal Chihuahua concentró el 19.7 por ciento, con 16 mil 467 ejecuciones, seguido de:

Sinaloa, 7 mil 954

Guerrero, 7 mil 313

Estado de México. 4 mil 532

Baja California, 4 mil 519

Nuevo León, 4 mil 335

Jalisco, 4 mil 069

Durango, 3 mil 480

Tamaulipas, 3 mil 280

De las 83 mil 191 ejecuciones, los anteriores nueve estados concentraron 55 mil 949, cantidad que representa el 67 por ciento.

Asimismo, de las 83 mil 191 ejecuciones, 27 mil 901 corresponden al “Triángulo Dorado”, formado por Chihuahua, Sinaloa y Durango.
En general, las estrategias federales emprendidas en esos estados, han sido consideradas por sus ciudadanos “bien intencionadas y serias”, en cuanto que se han sostenido en su intencionalidad, pero “fallidas” e “insuficientes” en sus resultados, y “erradas” en algunas de sus vertientes, como la elevación de penas y la participación del Ejército sin haberlo facultado legalmente ni capacitado.
Chihuahua: Más de 16 mil muertes violentas e impunidad en el 98 por ciento
Este estado norteño inició el sexenio con 671 asesinatos violentos en 2007, llegó a 3 mil 903 en 2010, bajó a 3 mil 085 en 2011 y, del 1 de enero al 31 de octubre de 2012, se han incluido en la estadística oficial 1 mil 758 ejecuciones.

Entrevistados algunos líderes de Organizaciones No Gubernamentales y políticos del estado, consideraron que el ideal mínimo para considerar una estrategia de combate  exitosa, sería regresar a los niveles delictivos de 2007, que en el caso de Chihuahua serían alrededor de 600 asesinatos por año, muy por encima incluso de los niveles de inseguridad de por lo menos 23 de los 32 estados mexicanos que hoy no alcanzan esos estándares de violencia.

Durante el sexenio Calderonista, en Chihuahua se han cometido 16 mil 647 homicidios violentos y, conforme a los informes de 2010 a la fecha, el Tribunal de Justicia del Estado ha sometido a juicio por este delito únicamente al 2 por ciento de los presuntos homicidas.

 Se desconoce cuantos de ellos han tenido sentencias condenatorias y cuantos han sido liberados, lo que plasma impunidad total en el 98 por ciento de los casos.

Aunque la ciudadanía no lo percibe así, los números son más “alegres” en los “delitos contra la salud”, que según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública de la federación, van a la baja casi drásticamente: de 3 mil 397 que se registraban en 2007, fueron disminuyendo hasta llegar a 1 mil 572 en 2011, y hasta septiembre de 2012, apenas 663.

Salvador Urbina Quiroz, presidente del Consejo de Vigilancia de la Confederación Nacional de Abogados de México en Chihuahua, habló con ZETA de la guerra de las cifras y reconoció que efectivamente el número de asesinatos se ha reducido en el estado como presumen las autoridades, pero solo en los últimos tres meses.

“Tenemos menos de 50 muertos al mes, antes teníamos de 200 a 400 asesinatos mensuales, pero eso no significa que la delincuencia y otro tipo de delitos haya bajado, las extorsiones y secuestros siguen arriba, sin embargo, en sus discursos el Gobierno Federal, el estatal y el municipal se atribuyen la publicitada disminución y hablan de una coordinación que ni existe ni existió”, detalló Urbina.

El abogado se refirió a las versiones y el sentir ciudadano: “Los que estamos aquí sabemos que esta baja de homicidios se debió al reacomodo y desgaste de los grupos que se estaban peleando. Uno grupo ha dominado el otro, tanto muerto que se han acabado, el Cártel de Juárez está prácticamente extinto, pero no por la autoridad que se le adjudica. Cualquiera que sea el motivo, estamos contentos de la disminución”.

En esta guerra de cárteles y territorios, que en Chihuahua implicó la incorporación de cientos de desempleados y menores a las filas del crimen organizado, Urbina considera que del proyecto federal de combate a la inseguridad, lo positivo es que sí se afrontó a la delincuencia, las reformas a las leyes que implican el Nuevo Sistema de Justicia y los intentos reiterados de las tres órdenes de gobierno por coordinarse.

Lo negativo: “Que  nunca se coordinaron, los más de 90 mil muertos, aunque oficialmente se habla de 60 mil en esta guerra, y la inclusión del Ejército sin un plan”.
Guerrero: Primer lugar en homicidios durante 2012
Las 1 mil 883 personas asesinadas violentamente en Guerrero de enero a octubre de 2012, lo ubican como el estado más violento en el presente año, aunque está por debajo de los 2 mil 158 asesinatos cometido en 2011, cifra tope en criminalidad.

Según los números oficiales, durante 2012 la “estrategia” de seguridad y el operativo “Guerrero Seguro” han sido menos efectivos que en el resto de los estados.

Informes del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa indican que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes creció un 36.9 por ciento de 2010 a 2012.

Al iniciar el sexenio, en 2007 se registraron 500 homicidios; en 2008 hubo 951; en 2009 llegaron a 1 mil 431; en 2010, 1 mil 500; en 2011, 2 mil 158; y hasta octubre de 2012, 1 mil 883.

Dentro de esta última cifra destaca que el 23 por ciento, 446 homicidios violentos, fueron clasificados como “Otros”, lo cual significa que no fueron ultimados ni con balas ni con armas  punzocortantes. Ahí están los ahorcados, quemados, mutilados y demás prácticas terroristas usadas por los cárteles.

Conforme a México Evalúa, la impunidad en ese estado es del 90 por ciento. Solo uno de cada diez asesinos es llevado ante un juzgador, pero tampoco se sabe si han sido condenados o liberados.
En cuanto a “delitos contra la salud”, estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública insisten que van a la baja. De 1 mil 121 que se registraban en 2007 a solo 535 en 2012, lo cual más que de disminución en el consumo o el delito, refleja un deficiente trabajo y operatividad en el combate.

Jorge Camacho Peñaloza, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado de Guerrero, aseguró que la estrategia coordinada está empezando a ser de “alguna manera fructífera”, básicamente en los meses recientes, “… particularmente en zonas estratégicas como Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Zihuatanejo, aunque seguimos sin saber cómo funciona el acuerdo y si existen protocolos para el funcionamiento de los retenes, que es donde se ha tenido problemas”.

Sin embargo, consideró que otras áreas requieren la misma atención intensa: “Se debe trabajar en  todo el estado, porque hay zonas como Tierra Caliente y otras donde también existe una problemática seria”.

Y aunque en la información oficial no se menciona la poda de cárteles, “se sabe extraoficialmente que con algunas detenciones, los grupos grandes se dividieron”.

Respecto a las principales carencias de la estrategia coordinada, el legislador mencionó: “La actividad de los tribunales y la procuración de justicia, hay cuestiones que tienen que ver leyes y reglamentos que no se han actualizado  para el funcionamiento de la reforma constitucional de 2008 en materia de juicios orales, en Guerrero están incompletas, de hecho la próxima semana se van a votar siete leyes al respecto”.

El diputado considera que durante el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, se deberá poner particular atención en la depuración policiaca y la homologación de los policías, lo cual representa un problema para Guerrero.
Sinaloa: Mejoría insuficiente
En 2007 se cometieron 741 muertes violentas en Sinaloa, cifra que creció al máximo en 2010 cuando llegó a los 2 mil 251 homicidios, y bajó consecutivamente hasta 1 mil 230  asesinatos que se cometieron de enero a octubre de 2012. Las autoridades hablan de una reducción del 37 por ciento.

Sin embargo, conforme a las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, los índices de impunidad exponen un problema más grave: en 2010, cuando se perpetraron 1 mil 251 homicidios violentos, solo 183 presuntos homicidas fueron llevados a proceso, ni siquiera uno de cada 10 presuntos responsables. La efectividad se marcó apenas en 8 por ciento, y en 2011, de los 1 mil 907 asesinatos del crimen organizado, solo 220 presuntos criminales fueron detenidos (11 por ciento). Aunque no existe información al detalle de cuántos de estos presuntos criminales recibieron prisión y cuántos salieron sin cargos.

Además, la inseguridad se agrava con el incremento en delitos de extorsión en más de 100 por ciento, y secuestros en un 50 por ciento.

“Los resultados no son los óptimos, sobre todo en el tema de homicidios, aunque sí hay reducciones, pero lo que se debe reconocer es la recuperación de espacios. Antes los comandos criminales andaban a gusto a todas horas por las calles de todos los municipios, cacheteaban y pateaban policías, invadían las playas y no pasaba nada; los ciudadanos honestos se escondían, no salían de noche, ahora ya pasean y los policías se están enfrentando a esta gente”, declaró el diputado Felipe Manzanares.

“Sí hay avances pero seguimos muy por debajo de las necesidades, calificar la estrategia de exitosa implica consideraciones que no se reúnen, pero no podemos dejar de reconocer el esfuerzo”, expresó por su parte Jorge Julián Chávez Murillo, coordinador del área ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa.
Efecto Cucaracha
Mientras estados como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja California disminuyeron sus índices de ejecuciones, otras entidades van drásticamente en aumento, como Nuevo León.

Lo mismo pasó en  Guerrero, Estado de México, Jalisco, Durango, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, siendo estos últimos dos donde el porcentaje de asesinatos por cada 100 mil habitantes se desbordó en un 172 por ciento para los tamaulipecos, y un 161 por ciento para los coahuilenses.

Pero el mayor ejemplo y víctima del  “Efecto Cucaracha” fue Nuevo León, estado donde más aumentaron las ejecuciones de un año al siguiente. De 2010 a 2012, su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes creció un 617 por ciento, de acuerdo al cruce de información oficial hecho por la consultora México Evalúa.

De 56 ejecuciones ocurridas en 2009, para 2010 fueron registrados 770, en 2011 se dispararon hasta 2 mil 003, y en 2012 el Sistema Nacional de Información dio cuenta de mil 320 homicidios dolosos durante los primeros diez meses.

En Guerrero, de 297 ejecuciones sucedidas en 2008, se dispararon hasta mil 349 en 2009, mil 376 en 2010, hasta 2158 en 2011; y 1 mil 883 en los primeros diez meses de 2012.

En Durango ocurrió el mismo fenómeno: cuando en 2007 habían ocurrido 126 ejecuciones, éstas aumentaron a 957 en 2011.


En Michoacán, estado natal de Felipe Calderón, donde empezó su guerra contra algunos cárteles del narcotráfico, las ejecuciones también aumentaron drásticamente: De 238 en 2007, hasta 815 en 2011. Esos son los saldos, y esa la realidad.