Guatemala.- Dos expertos
explican las estrategias de las redes criminales para penetrar al Estado,
también dan luces sobre las vías que se deben transitar para combatir y
desterrar a esas organizaciones criminales.
Cuando las instituciones del
Estado garantes del sistema democrático y el ejercicio de los derechos
ciudadanos —como las fuerzas de seguridad, los tribunales de justicia, la
fiscalía, el Congreso o el Poder Ejecutivo— son influidas mediante corrupción
por grupos ilegales, se dice que ese Estado ha sido “capturado”. Cuando estos
grupos establecen relaciones orgánicas de subordinación de los funcionarios
públicos hacia ellos, en función de intereses criminales, la “cooptación” del
Estado es un hecho. Y cuando estas redes ilegales financian las campañas de los
partidos políticos que buscan la venia de los electores para alcanzar el poder
legítimo, nombran funcionarios y dirigen las políticas públicas, el Estado es
“reconfigurado” para beneficiar sus intereses y legalizar sus prácticas
criminales.
Las redes ilegales que han
cooptado a los Estados —desde fuera y desde dentro de los mismos— para
facilitar sus operaciones criminales, en las últimas tres décadas han dejado
miles de muertos en Latinoamérica, generado impunidad, miedo y desasosiego. Han
despojado a los ciudadanos de los recursos que aportan a sus Estados, han
fomentado la corrupción, se ha normalizado la cultura de la ilegalidad y la
violencia, y han profundizado la pobreza y desigualdad histórica en la región.
El académico colombiano Luis
Jorge Garay Salamanca, doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de
Massachussets, Estados Unidos, es uno de los pioneros en el estudio de este
fenómeno, que él considera como el “principal peligro de las democracias de
Latinoamérica”. Sus estudios, basados en el análisis de redes sociales, han
develado los complejos y sofisticados mecanismos que éstos grupos criminales
utilizan para penetrar las instituciones del Estado, y las relaciones que tejen
alrededor de la política, la economía, el derecho y la cultura en Colombia,
México y Guatemala.
Plaza Pública habló con Garay
en Guatemala en marzo de 2015 junto con Samuel González Ruiz, doctor en
Filosofía Analítica y Teoría General del Derecho por la Universita degli studi
de Bologna, Italia, fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia
Organizada de la Procuraduría General de México, y experto de alto nivel en la
Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, en Viena, Austria.
¿Cómo surgen las redes
criminales que operan en Guatemala?
Garay: Básicamente desde el
centro del mismo Estado. En la transición del régimen político, después de la
guerra interna, las estructuras contrainsurgentes se fundieron con la
criminalidad y avanzaron en el propósito de cooptación del Estado.
¿Estructuras contrainsurgentes?
¿Los oficiales de Inteligencia del Ejército?
Garay: Sí. La cúpula del
poder, en algunas instancias, está cooptada por la legalidad y la ilegalidad,
en doble vía.
Algo similar a lo que ocurrió
en Rusia.
Garay: Algo similar. En
Rusia, durante la transición del Estado comunista al régimen de mercado, hubo
un vacío de poder que originó un Estado mafioso. Muchos de los funcionarios del
gobierno adquirieron abusivamente para sus propios propósitos las empresas del
Estado, y luego las cedieron al capital transnacional. El sistema no tenía
reglas, normas, todo fue un Estado mafioso. La cúpula de poder del Partido
Comunista, o algunos de sus miembros, usufructuó esa transición en beneficio
propio, incluso en actividades criminales y con propósitos abiertamente
mafiosos.
¿Cómo se identifica en la
actualidad a las redes ilegales?
Garay: En sus inicios es muy
difícil porque en muchos casos se mueven a través de apariencias de legalidad.
En tanto eso ocurre se debe tener evidencias diversas. Cuando una red se ha
instalado, se le puede hacer seguimiento y prever algunos escenarios de cómo va
mutando y transformando.
Se trata de redes criminales
complejas, avanzadas y especializadas, que actúan de manera descentralizada, con
estructuras cada vez más horizontales y con mayores niveles de resiliencia.
Tienen objetivos económicos —generar riqueza—, pero también políticos —ejercer
poder territorial y diseñar políticas públicas— y culturales —promover los
valores de la ilegalidad, la violencia y la criminalidad—.
González: Siempre actúan con
apariencia de legalidad, con actores legales e ilegales, dentro y fuera de las
instituciones del Estado, tanto a nivel local como regional y nacional. Cada
vez diversifican más sus acciones criminales; del narcotráfico, pasan al
secuestro, laextorsión, el contrabando, el tráfico de armas y personas.
Utilizan la corrupción, el chantaje, la compra de voluntades dentro del Estado,
la captura de las instituciones, para facilitar sus operaciones ilegales. Crean
instancias legales, empresas, financieras para lavar dinero, tienen abogados,
negocios…
¿Pueden actuar estas redes
sin la complicidad del Estado?
Garay: Las redes básicas
criminales, pueden hacerlo. Pero la criminalidad y las mafias organizadas no
pueden existir sin el Estado. Para la ampliación y acumulación del capital
perverso social, político, económico y criminal de estas organizaciones se
requiere de una relación con parcelas de la institucionalidad del Estado y de
la sociedad.
González: Estos grupos
existen porque el Estado lo permite. La debilidad del Estado es la que permite
el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, y no la delincuencia
organizada la que debilita al Estado.
Para existir, estas redes
también necesitan del apoyo y participación del sector privado y de otros
grupos de la sociedad.
Garay: La institucionalidad
del Estado y la legalidad son fundamentales para el desarrollo de las redes
criminales, así como lo son las relaciones público-privadas. Sin éstas las redes
ilegales complejas y sofisticadas, no podrían ingresar al círculo de la
legalidad el dinero que generan como producto de sus actividades criminales.
Desde la ilegalidad ese dinero no vale nada, y por lo tanto la razón de ser del
crimen organizado para la acumulación del capital financiero desaparecería, se
asfixiaría por sí solo. Hay una zona gris, opaca, difusa, en la que convergen
los intereses de los grupos criminales, el sector privado, los funcionarios
corruptos del Estado. Es ahí donde se dan las relaciones, en un espacio que no
se ve a simple vista. Tienen diversos grados de influencia y relaciones en los
Congresos, en las fuerzas de seguridad, en las instituciones, en el sistema
financiero.
González: Los grupos
criminales necesitan del sistema financiero para lavar el dinero, de gente
legal que trabaje para ellos. Se aprovechan de los jóvenes a los que el Estado
no les da oportunidades de desarrollo, como educación y trabajo, para que sean
sus sicarios. Pero no son sólo los carteles o los grupos criminales, también
las corporaciones legales. Estas también compran y controlan jueces y fiscales
para obtener beneficios. Los bancos, las televisoras, las telefónicas, tienen a
sus abogados que extorsionan el sistema judicial. Capturan al Estado porque contralan
a las fuerzas de seguridad, al poder político, al poder judicial.
¿Es la violencia una
herramienta indispensable para estas redes?
Garay: En una etapa de
reproducción y creación del capital es necesaria, pero no es suficiente. Los
elementos de relaciones políticas y sociales, sí son fundamentales. Hay redes
que no requieren violencia, como la que en Guatemala dirigió el presidente
(Alfonso) Portillo (2000-2004), donde no hubo directamente involucrado ningún
muerto, sino que utilizaron la institucionalidad pública para el desarrollo de
un conjunto de actividades ilegales. La violencia por sí sola no implica la
persistencia de las redes criminales, depende de la situación.
¿De qué forma estas redes
criminales cooptan las instituciones del Estado?
Garay: Hay diferentes etapas
de la corrupción sistémica. Un estadio es la captura del Estado, cuando estas
organizaciones criminales, desde fuera del Estado, a través de métodos como el
soborno, la coerción o el ejercicio de la violencia, cooptan y filtran el
Estado. Una etapa más avanzada, sofisticada y compleja, es cuando esa
criminalidad logra instalarse dentro del Estado, coopta el Estado desde
adentro; y la otra es cómo, desde adentro del Estado, en doble vía, la
institucionalidad se relaciona con la criminalidad, con propósitos de
transformar ese Estado para beneficio de las estructuras criminales. Esa ya es
otra etapa de reconfiguración cooptada del Estado. Es importante mencionar que
no sólo es la cooptación de las fuerzas desde la criminalidad hacia el Estado,
sino que muchas veces dentro del mismo Estado se requiere de la criminalidad
para los propósitos criminales, son procesos de doble vía. Cuando no hay ética
pública, cuando la política y el funcionariado carecen de esta ética, las
instituciones son cooptadas con mayor facilidad, o se le abre las puertas del
Estado a la criminalidad con mayor facilidad.
¿Puede ocurrir esto sin la
participación de los partidos políticos?
Garay: La institucionalidad
del Estado está compuesta por funcionarios que son elegidos a través del poder
del gobierno central, que está vinculado a la competencia partidista en un
sistema democrático, y por lo tanto estos funcionarios responden a pertenencias
políticas de partidos políticos. Es en éstos donde se establecen las redes criminales
dentro del Estado.
¿Cómo penetran las redes
criminales a los partidos políticos?, ¿A través de la financiación de las
campañas electorales?
Garay: Esa es la forma más
elemental y sencilla. Pero también la criminalidad ha promovido la creación de
sus propios partidos políticos. Los casos más comunes es que se financian
partidos ya establecidos, pero también han llegado a formar partidos con
propósitos abiertamente criminales. Ya no se conforman con incidir en el Estado
a través de la financiación, sino que pasan a hacer política a través de sus
organizaciones políticas para reconfigurar el Estado de acuerdo a sus intereses
criminales.
¿Cómo se combaten estas
estructuras criminales?
Garay: Se requiere de una
nueva jurisprudencia que contemple nuevas técnicas de investigación, nuevas
herramientas penales, especialidad en la complejidad de las operaciones
sofisticadas de la criminalidad. Se requiere de la cooperación transnacional,
porque estas redes son de carácter transnacional. Pero, fundamentalmente, se
necesita una refundación del Estado, en el que la sociedad y las élites,
adquieran un compromiso explícito con la legalidad.
González: Estos fenómenos son
generados debido a la debilidad del Estado. Para combatirlos, la regla general
es el fortalecimiento del Estado, en todos sus aspectos, no sólo tienen que ver
con policías, fiscales, jueces o instituciones penitenciarias. También tiene
que ver con el fortalecimiento de todo el Estado a través de la generación de
mecanismos para mejorar la recaudación fiscal, un mejor gasto y abatir la
corrupción. Eso es lo que dará los recursos para generar los programas sociales
que impidan que la delincuencia organizada tenga como carne de cañón a los
jóvenes, a los que incorporan en sus actividades por unas cantidades ínfimas.
¿Prevención?
González: Se requieren dos
ruedas: la de la prevención y la de la represión, trabajando de manera conjunta
Estado y sociedad civil. La debilidad de nuestros Estados hace que ante este
tipo de fenómenos tan fuertes, no se tenga la capacidad de procesamiento e
investigación. En esos momentos, solo la ayuda internacional puede generar
mecanismos que permiten dar resultados. Esa ayuda internacional se puede
manifestar de distintas formas, desde programas de formación y capacitaciones para
las instituciones locales, la ayuda técnica, las operaciones conjuntas, o como
en el caso de Guatemala, el desarrollo de esta unidad de las Naciones Unidas,
la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que tiene como objetivo
apoyar a la fiscalía de Guatemala para ayudar en las investigaciones.
Para que esto sea posible se
necesita de la voluntad política del Estado, pero cuando quienes ejercen el
poder político forman parte de las redes criminales o han sido cooptados por
éstas, es obvio que no lo aceptarán…
González: La carta de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su artículo segundo, capítulo
séptimo, señala que hay un momento en que cuando éstos elementos de cooptación
del Estado y de delincuencia organizada son tan fuertes que pueden presentar
una amenaza para la paz y la seguridad internacional, el Consejo de Seguridad
de la ONU, puede determinar, incluso, el uso de la fuerza. En Latinoamérica
puede llegar el momento en que la delincuencia organizada llegue a niveles
tales que pongan en peligro la paz y seguridad internacional, que obligue a
esto.
Quienes se oponen a la
ampliación del mandato de la CICIG, entre otros argumentos, alegan que esta
comisión vulnera la soberanía del país.
González: La soberanía del
Estado, que es lo que alegan quienes se oponen a este tipo de ayudas, radica en
el pueblo. Y el pueblo es soberano en cuanto puede ejercer sus derechos, pero
si hay organizaciones criminales que les impiden ejercer sus derechos, la ayuda
de la comunidad internacional en estos casos, es aceptada y desarrollada en el
ámbito de la ONU. Eso es algo que a los pueblos les permite ejercer sus
derechos. Es un asunto de soberanía, sí, pero también de derechos de los
pueblos: los pueblos son soberanos porque pueden aprobar sus propias leyes,
pero si las organizaciones criminales impiden que los pueblos ejerzan sus
derechos, es legítimo que pidan ayuda a la comunidad internacional para
garantizar su seguridad.
Pero hablar de “pueblo” es
algo abstracto. En todo caso, son las élites a las que les corresponde pedir
esta ayuda.
González: Los pactos los
acuerdan los grupos que ejercen el poder real en una sociedad. Pero en este
caso, es el pueblo, las mayorías, no las élites, las mayorías, son las que
sufren las consecuencias de las acciones de los grupos criminales. Por eso me
refiero a que es el pueblo el que debe exigir a su Gobierno que trabaje con la
comunidad internacional, a partir de instituciones como la CICIG, que les ayude
a reducir los índices de violencia, para combatir la cooptación del Estado,
para reducir la corrupción. Todos los países del mundo están sujetos al mismo
esquema de apoyo y desarrollo. Se trata de entender que la soberanía no es sólo
un asunto de intervención, sino de garantizar los derechos de las personas.
También hay quienes se oponen
a la continuación de la CICIG porque temen ser alcanzados por las
investigaciones que ésta realiza.
González: La realidad
internacional hace que en el crimen transnacional la competencia sea
transnacional. Es decir, los delitos como el lavado de dinero producto de la
corrupción, se podrán perseguir a nivel internacional. La competencia de
investigación es una realidad transnacional. La persona o funcionario que está
vinculado al crimen transnacional, al narcotráfico, corrupción, lavado de
dinero, que piensa que por no tener una CICIG va a tener protección en su país,
está equivocado. Eso no es verdad, porque los crímenes son transnacionales y de
distintas jurisdicciones.
*Este artículo apareció originalmente en
Plaza Pública, y fue publicado con permiso.
(DOSSIER POLÍTICO/TOMADO DE: CARLOS
ARRAZOLA / INSIGHT CRIME/ 2016-07-26)