domingo, 4 de marzo de 2018

EL ESCÁNDALO DEL “FIFAGATE” PERSIGUE A TELEVISA


Cuando Televisa está tomando medidas para aligerar la crisis financiera que padece, mediante la venta de acciones en otras empresas y la asociación con unas más para enfrentar mejor a la competencia, la alcanzaron las secuelas del Fifagate. Aunque este escándalo estalló en los medios en 2015, el gigante mexicano de la televisión enfrenta en Estados Unidos demandas colectivas que disminuyeron el valor de sus acciones en ese país y lo debilitaron frente a su competencia en varios rubros de distribución de contenidos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El escándalo del Fifagate, que estalló a finales del año pasado, ya alcanzó a las acciones bursátiles de Grupo Televisa en Estados Unidos, en el momento más delicado para el consorcio de la familia Azcárraga: en pleno proceso de desincorporación de activos, como la venta de 19% de su participación en el grupo español Imagina, por 284 millones de euros; o su reciente sociedad con Amazon Prime Video para enfrentar la competencia de la televisión on line y a gigantes como Netflix y HBOTV, que han exhibido el fracaso de plataformas como Blim, creada hace apenas dos años.

En medio de algunas buenas noticias para el consorcio televisivo, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 7 de febrero le ordenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones que elimine la declaración de poder sustancial de Televisa en el mercado de la televisión restringida (donde posee más de 60% de los suscriptores), los problemas financieros y las investigaciones y denuncias en Estados Unidos no disminuyen para el gigante de los contenidos mediáticos en español.

Para las acciones de Grupo Televisa el 26 de enero fue un “viernes negro”, cuando informó ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) las deficiencias en su reporte enviado al organismo regulador bursátil estadunidense (la SEC) y después, en su último informe trimestral de 2017, admitió una disminución de 12.5% en su utilidad neta, en comparación con el mismo periodo de 2016.

La mayoría de los analistas bursátiles afirmaron que la disminución de la utilidad neta de Televisa se debió a la reducción de sus ingresos por publicidad en televisión abierta, ante la mayor competencia de otros proveedores de contenidos, como Netflix, otras empresas de televisión abierta y algunas más que ofrecen triple play (audio, video e internet).

Grupo Televisa informó a la BMV que informó a la SEC que tras consultar con su auditor Pricewaterhouse Coopers detectó “debilidades materiales en el control interno sobre información financiera”, al cierre de diciembre de 2016. Esto provocó una reacción negativa en el mercado bursátil y la pérdida de más de 10% del valor de sus acciones en un solo día.

LA TRAMA DEL FUTBOL

Sin embargo, otros observadores están atribuyendo la reciente crisis a las secuelas del escándalo del Fifagate y al involucramiento de la empresa Torneos y Competencias SA que, según distintos testimonios, participó en la red de pago de sobornos para adquirir contratos multianuales sobre la venta de derechos de varios torneos de futbol, incluyendo las copas mundiales de 2026 y 2030, para Brasil y varios países de América Latina.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2157, ya en circulación

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JENARO VILLAMIL , 3 MARZO, 2018)

QUE NO LOS ENGAÑEN, EN LA CDMX SÍ HAY CÁRTELES Y VAN A TENER QUE AUTODEFENDERSE, ALERTA MIRELES



Mireles Valverde mencionó que durante la semana pasada Michoacán vivió un infierno con más de 100 asesinatos– que no fueron reportados por autoridades ni medios locales–. La peor parte, dijo, se la lleva la región de Tierra Caliente gracias a que “Alfredo Castillo Cervantes, enviado por Enrique Peña Nieto, repartió 8 mil armas a los delincuentes. ¿Cómo van a controlar el crimen si ellos [los gobiernos] son el crimen?”.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- El médico y activista José Manuel Mireles Valverde lamentó que ante un Estado fallido los civiles tengan que levantarse en armas para hacer frente al crimen organizado, un panorama que, señaló, ya vive la capital del país.

Mireles Valverde presentó este día su libro Todos Somos Autodefensas. El despertar de un pueblo dormido en la Feria Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería en la Ciudad de México, un texto que escribió en los casi tres años que estuvo preso acusado de narcotráfico.

El ex líder de los grupos de autodefensa comunitaria– que lucharon contra Los Caballeros Templarios y células en el estado de Michoacán– dijo que los cárteles de la droga ya están presentes en la capital del país, dejando a su paso violencia y ejecuciones, tal como ocurrió en Michoacán, por lo que instó a los ciudadanos a despertar conciencia y autodefenderse.

“Que no se diga que no existe el crimen en la Ciudad de México, ya hay descabezados y llevan tres estudiantes asesinados en los campos universitarios. Abran los ojos, que no los engañen sus autoridades ni sus gobiernos.

“La Ciudad de México tiene aproximadamente 100 mil personas armadas para cuidar la seguridad de ustedes. En provincia tenemos tres o cuatro, y están coludos con el crimen”, comparó doctor Mireles.

Refirió que en la capital todos los días hay personas asesinadas, y que aun así es un fenómeno que apenas se está empezando a reconocer. “Nosotros tenemos más de 15 años aguantando eso. Sólo somos sobrevivientes, tuvimos que armarnos para sobrevivir”.

Mireles Valverde mencionó que durante la semana pasada Michoacán vivió un infierno con más de 100 asesinatos– que no fueron reportados por autoridades ni medios locales–. La peor parte, dijo, se la lleva la región de Tierra Caliente gracias a que “Alfredo Castillo Cervantes, enviado por Enrique Peña Nieto, repartió 8 mil armas a los delincuentes. ¿Cómo van a controlar el crimen si ellos [los gobiernos] son el crimen?”.

Asimismo, recordó al Gobierno federal que los mexicanos no estaban preparados para una guerra como la que desató, y que aunque “los civiles no tenemos porque levantarnos en armas, en Michoacán lo tuvimos que hacer porque no nos dejaron otro camino”.

El doctor Mireles lamentó que a pesar de la situación de inseguridad que viven los habitantes de la Ciudad de México estén “cómodamente” mirando lo que pasa en Michoacán o en otros estados de conflicto “como si fuera una telenovela o un partido de futbol”.

“No estoy invitando a nadie a la violencia ni a que tome armas, sino a que trabajen por la seguridad pública de sus comunidades. Nunca esperen que alguien los defienda. Sólo el pueblo puede defender al pueblo”, aclaró.

“Los invito a despertar conciencia para no tener que vender nuestra voluntad el día de mañana. No esperen a que les pase lo que a nosotros: en menos de 10 años asesinaron a 12 mil personas, y todavía hay desgraciados gobernantes que dicen aquí no pasa nada, que sólo hay 40 muertos, pero con un solo muerto al año ya significa descomposición social y Estado fallido”, resaltó.

José Manuel Mireles enfatizó que cuando las comunidades se alzaron en armas limpiaron la región en 36 meses,  algo que al Gobierno no le gustó “por eso metió a la cárcel a decenas de autodefensas, y 258 siguen presos”. Porque, agregó, el Gobierno aplica tres leyes (al que abre la boca le rompe el hocico): o lo encierra, o lo destierra o lo entierra.

“Los municipios de los autodefensas legítimas ocupan el primer lugar en seguridad. Donde hay descuartizados es donde Cervantes armó a los criminales para matarse entre sí”, señaló.

“Nosotros pusimos el ejemplo en Michoacán de que sí se puede limpiar la Nación. Los autodefensas somos la guardia nacional”, expresó.

Sobre las aspirantes presidenciales y a otros cargos de elección popular, Mireles dijo que “son los mismo desgraciados que tienen más de 20, 30 años cambiando de silla”.

Aprovechó para pedir a los ciudadanos que en las elecciones del 1 julio voten por quien garantice paz social, seguridad pública, impartición de justicia y restablecimiento del Estado de derecho “que tanto le hace falta al país”. 

Mireles Valverde fue encarcelado en junio de 2014 por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Por esto, el doctor refirió hoy que la mayor violación a los derechos y a la Constitución es que el Gobierno primero te da las armas– porque así lo dicta el artículo 10– “y luego nos mandan a detener por usarlas para defendernos”.

Todos somos autodefensas. El despertar de un pueblo dormido fue escrito por el doctor Mireles durante su estancia en el penal de Hermosillo, Sonora, y luego en el de Tepic. En total estuvo recluido 47 meses, y el libro, contó a SinEmbargo en diciembre, se redactó en sobres y rollos de papel higiénico, porque estuvo en incomunicación absoluta.

En su libro, Mireles narra a detalle la génesis del movimiento de autodefensas, así como la adrenalina de los combates y las negociaciones frustrantes con el gobierno, que culminaron en una traición histórica.

(SIN EMBARGO/  REDACCIÓN / MARZO 4, 2018, 2:32 PM)

EL CURA QUE OYÓ TODO Y GUARDÓ SILENCIO, PERO EN LA MATANZA DE ALLENDE PERDIÓ A SU HERMANO



El padre Gerardo Elizondo Mejía, refugiado en su casa, durante tres días escuchó lo que ocurría en las calles de Allende, Coahuila, donde en marzo del 2011 asesinaron y desaparecieron a unas 300 personas, entre ellos su hermano: “Todos fuimos cómplices”. El pueblo entero guardó silencio.

Allende/Ciudad de México, 4 de marzo (PorSiAcasoMX/SinEmbargo).- Miles de testigos corrieron, se escondieron, cerraron las puertas de sus casas. Mientras, en las calles, durante tres días del 2011, se cometía una de las masacres más grandes, sangrientas e impunes de la historia moderna de México. Todos callaron en Allende, Coahuila. El sacerdote Gerardo Elizondo Mejía fue uno de ellos… y lo pagó con sangre.

Todos fuimos cómplices, declara el cura.

Es uno de los sacerdotes en la Parroquia San Juan de Mata, pero hace siete años hacía estudios en el Seminario de Monterrey, cuando repentinamente recibió una llamada en la que sus padres le informaban la desaparición de su hermano Everardo.

Sufriría las noches más negras de su vida: “Era viernes por la noche (el 18 de marzo del 2011), me hablan para decirme que Everardo había desaparecido y que había mucha actividad criminal, que se hablaba de muchos levantones y muchos hombres armados en camionetas por todo el pueblo.

“Pido permiso y llego al pueblo… lo único que pudimos hacer ante tanta violencia fue encerrarnos en nuestras casas mientras afuera se escuchaba de todo: gritos, detonaciones de armas, granadas, de todo. Tenemos nuestra casa de siempre aquí a un par de cuadras de la plaza principal y de la iglesia, ahí cerramos el portón y ventanas, apagamos luces, todo. No podíamos hacer otra cosa.

“¿Te imaginas? Encerrado con más miedo que nunca, escuchando que afuera matan a gente que conoces, a familias, a niños. Escuchando las balaceras, las granadas. Sabiendo que tu hermano estaba en algún lugar ahí afuera, sin poder salir siquiera a buscarlo”, recuerda el cura.

La entrevista que hoy se publica fue realizada el 21 de junio del 2017, cuando el padre Gerardo recibió a PorSi AcasoMX en las oficinas de la parroquia, donde desde hace cuatro años ofrece sus servicios.

“Nunca antes había hablado con la prensa sobre esto. Me anduvo buscando Ginger Thompson, la reportera, para entrevistarme para el reportaje que acaba de publicar, pero la verdad no coincidimos y yo tampoco quería hablar con nadie, no era el momento”, señala.

El cura se refiere a la publicación “Anatomía de una Masacre”, del 12 de junio del 2017, que revela que una fuga de información de agentes de la DEA provocó la matanza en la que se habla de más de 300 víctimas, aunque oficialmente las autoridades mexicanas sólo reconocen 28.

Para el sacerdote, fueron noches que nunca podrá olvidar. Noches de muerte, dolor, sufrimiento y terror extremo. Noches en que todo un pueblo (Allende cuenta con más de 23 mil habitantes) fue secuestrado por comandos de Los Zetas, quienes se apoderaron de las calles ante el temor de todos. Lo único que la gente pudo hacer fue refugiarse en el silencio.

Afuera, a quienes secuestraban y ejecutaban eran familias conocidas por todos. Frente a la plaza principal, frente a la Policía, frente a la iglesia.

“A Everardo salí a buscarlo hasta la mañana del domingo y lo que vi… lo que me tocó ver es algo que no podré olvidar: había casas destruidas, gente saliendo de ahí con muebles y pertenencias, se las robaban. No me platicaron, me tocó verlo.

“Era gente de bajos recursos, que los utilizaron. Sentí tristeza de ver cómo un grupo (Los Zetas) se aprovecha de la necesidad de otros para utilizarlos (a los pobres para la rapiña)”.

Su hermano Everardo fue uno de los primeros desaparecidos ese fin de semana hace siete años, pero hasta el día de hoy no les han confirmado el hallazgo de sus restos, ni siquiera su muerte.

Dos jóvenes habían traicionado a Los Zetas revelando información clave a la DEA, de donde presuntamente se fugó a las autoridades mexicanas y de ahí a los líderes del cártel, quienes ordenaron como venganza asesinar a todo aquel familiar o amigo de los dos delatores.

Esta semana, legisladores demócratas de Estados Unidos exigieron al Departamento de Estado iniciar una investigación por la presunta responsabilidad de la DEA en la masacre en México.

Reportes de testigos e investigaciones periodísticas señalan que en Allende, población ubicada a 50 kilómetros de la frontera con Texas, fueron más de 300 las víctimas, mientras en Piedras Negras, un municipio de la misma zona, hubo otros 100 desaparecidos. Posteriormente se ha difundido que muchas de esas víctimas fueron llevadas –unas aún con vida– al penal de Piedras Negras, donde fueron “cocinados” y desaparecidos sus restos.

¿CUÁNTOS DESAPARECIERON EN ALLENDE?

“En Allende 30 personas no son, de eso estoy completamente seguro. Exactamente cuántos [no sé]… pero más cercano a 300. Es lo que siempre se ha dicho, son mucho más gentes [de lo que la autoridad dice]”, enfatiza el padre Gerardo.

-Pero nadie denunció, ni siquiera por internet ni en redes sociales. Usted como sacerdote ¿cómo puede manejar eso, cómo pudo conciliar eso?

“Tomado de la mano de Dios. Mi esperanza en Dios es lo único que me ha mantenido y estoy seguro que es la esperanza que todos tenemos a final de cuentas, y que no ha muerto en los corazones de nadie. Es lo que nos ha mantenido, nos ha dado la fuerza para seguir adelante.

– ¿Tiene pesadillas sobre esto?

“No. Llegué a tener sueños, no pesadillas, pero sí sueños un poco intranquilos digámoslo así, pero no al grado de una pesadilla. Pero sí duele todo el tiempo, sobre todo cuando se recuerda a los seres queridos.

“Cada año en esa fecha hay una celebración eucarística, una misa aquí y en el monumento que se levantó. Yo no he ido los últimos dos años”.

-A Everardo lo recuerdan todo el tiempo, ¿pero cuando se llega esa fecha es distinto?

“Sí es distinto, porque se recuerda ese acontecimiento desde el cual no lo hemos vuelto a ver. En la perspectiva siempre la fe, es decir, la esperanza es la última que muere, para mí siempre la esperanza es la última que muere, y mientras no haya una certeza que demuestre lo contrario –certeza en todos los ámbitos, no un papel que te diga o un testimonio que bien pudo haber sido coaccionado, certeza– hasta entonces yo voy a decir: Mi hermano ya no está con nosotros”.

-¿Cómo religioso, como Iglesia, le fallaron a la gente por quedarse callados?

“Tristemente hay mucha gente involucrada de una manera negativa y me llamaba la atención el testimonio de una persona que decía: Aquí el problema viene siendo a final de cuentas, no que una persona halla callado, si no que todos callamos.

Todos fuimos cómplices porque no hicimos nada”.

-¿Usted se incluye?

“Me incluyo. Porque no tuvimos, ninguno, no tuvimos el valor suficiente para decir ‘Ya basta’”.

-Pero usted pagó con sangre.

“Sí, mi familia pagó”.

Meses después de esta entrevista, se supo que ese fin de semana de marzo del 2011 la autoridades registraron mil 400 llamadas de auxilio de esa zona, pero no fueron atendidas.

-¿Cuándo se normalizó la vida en Allende?

“Pasaron muchos meses, hubo muchos meses de intranquilidad hasta que entró La Marina ya bajo el mando del Presidente Calderón. No sé si para taparle… como dicen: ‘Muerto el niño a tapar el pozo’. Pero llegaron y se tranquilizó la situación, aunque había… fue hasta hace tres años y medio cuando ya se normalizó, se comienza a normalizar la vida”.

– A Felipe Calderón le han gritado “asesino” por su guerra contra el narco. ¿Para usted es responsable de casos como el de Allende?

“Yo no creo que sea asesino. Se me quedaron muy grabadas unas palabras que él dijo en una ocasión: Alguien tenía que hacerle frente a lo que se estaba viviendo, y que no se hacía nada. Ante lo cual todos estábamos haciéndonos de la vista gorda.

“Yo lo hice… hubo sus consecuencias ciertamente. No quería esas consecuencias definitivamente, claro que no. En aquel momento alguien tenía que hacerlo [frente al narco]”.

-¿Cómo fue la primera misa que ofició aquí en la parroquia hace cuatro años?

“Llena de mucha esperanza. Esa primera misa fue para mí tener presente… es tan especial para uno, que tiene presente a todos su seres queridos en ese momento”.

– ¿Allende ya olvidó esa tragedia?

“Nunca vamos a olvidarla. Es como una separación. Lo que yo les digo en los funerales: La pérdida de un ser querido nunca se supera, se aprende a vivir con esa situación.

“Allende ha crecido en ese ámbito porque no ha olvidado lo que ha pasado, nunca lo va a olvidar, pero ha aprendido a vivir”.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / MARZO 4, 2018, 4:30 PM)

119 MIL 561, LOS EJECUTADOS DE PEÑA NIETO



Los niveles de impunidad y corrupción en la administración priista, el fortalecimiento de Cártel Jalisco Nueva Generación por todo el país, a la par del declive de Los Zetas y de líderes del Cártel de Sinaloa, así como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, podrían explicar los números de sangre y plomo del actual Presidente de la República

Los números del Gobierno Federal lo confirman: la actual, es la administración con más violencia de los últimos sexenios. En  cinco años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en México han sido ejecutadas 119 mil 561 personas.

Además, 2017 ha sido el año más violento en la historia contemporánea de México, rozando las 30 mil muertes dolosas.



Foto: Nacho Ruiz/Cuartoscuro.com

En los cinco años que corren de la administración priista, la cifra de muerte es prácticamente igual a la del sexenio del Felipe Calderón, ésta última de 121 mil 035 ejecuciones en seis años. Pero al gobierno de Peña le restan diez meses.

La cifra proviene de las bases de datos de la Incidencia Delictiva de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Desde 2014, el Secretariado Ejecutivo realiza el acopio del número de víctimas directas en delitos de homicidio, secuestro y extorsión; tal incidencia delictiva es alimentada, a su vez, por los reportes hechos por instituciones de procuración de justicia en todo el país.

Aun así, el Inegi mantiene un registro paralelo sobre defunciones, teniendo la categoría de homicidios y, a pesar de mantener diferencias entre uno y otro, son similares cuantitativamente, con una tendencia un poco más alta de aproximadamente 10 por ciento más.

LOS ESTADOS MÁS LETALES

A continuación, los estados y su respectiva cifra de homicidios violentos registrados del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017:

Estado de México,14 mil 320
Guerrero,11 mil 750
Chihuahua, 9 mil 369
Jalisco, 6 mil 771
Sinaloa,6 mil 417
Veracruz,5 mil 931
Ciudad de México,5 mil 864
Baja California,5 mil 837
Michoacán, 5 mil 734
Guanajuato, 5 mil 188
Tamaulipas, 4 mil 440
Oaxaca, 4 mil 197
Puebla, 3 mil 583
Nuevo León, 3 mil 403
Sonora, 3 mil 238
Morelos, 2 mil 893
Chiapas, 2 mil 592
Zacatecas, 2 mil 290
Coahuila, 2 mil 187
Colima, 2 mil 049
San Luis Potosí, mil 749
Tabasco, mil 701
Durango, mil 515
Baja California Sur, mil 298
Hidalgo, mil 075
Nayarit, mil 063
Quintana Roo, 993
Querétaro, 702
Tlaxcala, 487
Campeche, 389
Aguascalientes, 269
Yucatán, 267

CJNG Y SU BRUTALIDAD

Vanda Felbab-Brown es experta en crimen organizado, seguridad pública e inteligencia en el ámbito internacional. Actualmente es investigadora emérita de la institución Brokings, un centro de investigación sin fines de lucro con sede en Washington, DC.

Ella asegura que no solo la producción y distribución de droga generan violencia y homicidios en México, también los niveles de complicidad y corrupción que el dinero ilícito sostiene con las estructuras sociales y de gobierno: la impunidad que dota el Estado mexicano a los criminales.

“Si bien el origen de la violencia es el tráfico de droga, en gran parte la pelea entre cárteles no es una explicación del todo adecuada. Por ejemplo, en el Este de Asia hay la misma producción de drogas, narcotráfico y consumo de drogas, incluso más que en Latinoamérica, pero sus niveles de violencia son de mucha menor magnitud”, dijo Felbab-Brown en entrevista para ZETA.



Foto: Nacho Ruiz/Cuartoscuro.com

La egresada en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sostiene que es “crucial dirigir la atención a la violencia extraordinaria que México ha experimentado, no puede ser tolerada. Sus niveles de violencia son los más altos, con más de 200 mil personas muertas desde 2006, muchos más que en países en guerra civil”.

Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.com

La investigadora amplió: “La corrupción es un factor subyacente crucial que complica los esfuerzos. La manera más obvia es que si los criminales pueden fácilmente sobornar para librarse de rendir cuentas, entonces las políticas públicas se vuelven ineficientes porque el mensaje que persiste es el de impunidad. Lo mismo aplica a políticos, e históricamente, tanto políticos como criminales han tenido estos intercambios en México y no creo que esos vínculos hayan terminado por completo. Estamos en el marco de elecciones importantes en México y creo que veremos muchos esfuerzos por parte de grupos criminales para involucrar a políticos, ya sea por presión o sobornos”.

Vanda Felbab-Brown es autora de las publicaciones “Narco Noir: Cárteles, Policías y Corrupción en México”, “Disparando: Contrainsurgencia y la Guerra contra las Drogas”, “Cuidado: La Necesidad Inescapable de Mejores Corporaciones Policiacas en México”; así como “El Caldero de Calderón: Lecciones de la Guerra contra el Narcotráfico y Crimen Organizado de México en Tijuana, Ciudad Juárez y Chihuahua”.

En palabras de la también profesora universitaria, “el fondo de la corrupción es que le resta legitimidad a cualquier proyecto de gobierno. La administración de Peña Nieto no cumplió con sus promesas de erradicar la corrupción de una manera fundamental”.

Y agregó: “Parte de lo que hace fuerte a un capo como (Joaquín) ‘El Chapo’ (Guzmán) fue su capacidad de evadir la justicia durante mucho tiempo, escapar repetidamente, así como la forma de operación. El Cártel de Sinaloa es un caso muy interesante en comparación con CJNG, ‘El Chapo’ invirtió mucho durante varias décadas en construir su capital político, Sinaloa reparte dinero lo mismo a iglesias que a estadios locales, pero grupos como CJNG decidieron prosperar con brutalidad”.



Foto: Archivo

En este balance de cárteles, “antes del Cártel Jalisco Nueva Generación, estuvieron Los Zetas, que experimentaron un fuerte declive. El Estado ha fallado en enviar un mensaje que, si un grupo criminal actúa con esta violencia tan abrasiva, el gobierno lo frenará”.

Y peor aún, “el declive de Los Zetas o La Familia Michoacana no fue primordialmente por las acciones del Estado, sino por las acciones de sus rivales. Eso también es problemático.

“El gobierno mexicano debe pensar cómo aplicar estrategias para lograr el objetivo principal que es reducir el número de homicidios. Por el contrario, la estrategia de perseguir y detener a los grandes capos o líderes contribuye a la fragmentación de la violencia”, ya que “el problema de raíz es que, en Latinoamérica, el Estado ha perdido su capacidad de frenar a delincuentes que gozan de impunidad”.

Y concluyó: “Ningún gobierno, ninguna sociedad puede decir que simplemente está bien vivir con 30 mil personas muertos al año, que es el número que vimos el último año”.

ESTADOS MÁS VIOLENTOS EN 2017

2017 fue el año más violento de la historia contemporánea de México, con 29 mil 168 homicidios.

El 74% de las muertes violentas se concentraron en 13 entidades federativas: Guerrero, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Jalisco Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca.

Aquí,  en orden descendente, los estados con mayor número de homicidios en 2017:

Guerrero                                 2 mil 529

Estado de México                  2 mil 368

Baja California                       2 mil 317

Chihuahua                              2 mil 012

Veracruz                                 Mil 924

Jalisco                                     Mil 580

Sinaloa                                   Mil 561

Michoacán                              Mil 510

Guanajuato                             Mil 435

Ciudad de México                 Mil 192

Tamaulipas                             Mil 053

Puebla                                    Mil 052

Oaxaca                                   Mil 023

Colima                                    816

Baja California Sur                 738

Sonora                                    693

Zacatecas                                687

Nuevo León                           656

Morelos                                  651

San Luis Potosí                      524

Chiapas                                  510

Tabasco                                  402

Quintana Roo                         359

Nayarit                                   354

Coahuila                                 251

Hidalgo                                  228

Durango                                 225

Querétaro                               194

Tlaxcala                                  124

Aguascalientes                         83

Campeche                                 71

Yucatán                                    46

Total                                       29 mil 168



LA TASA DE HOMICIDIOS

En 2017 hubo 96 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en México.

Al calcular los homicidios en los estados, considerando la población de cada entidad (basado en la proyección del Consejo Nacional de Población para 2017), el ranking de las entidades más violentas cambia.

Colima va a la cabeza. Con 816 ejecutados y una población de 747 mil 801 en 2017, se sitúa en el primer lugar, al igual que Baja California Sur, que no supera los 800 homicidios; la baja densidad poblacional le da un lugar negativo.

Guerrero y Baja California no se mueven mucho en la escala de los estados más letales, pese a albergar una población de 3.5 millones, siguen en los primeros lugares. Casos contrarios como Ciudad de México (8.8 millones de personas), Estado de México (17.3 millones) o Veracruz (8.1 millones) que, altamente poblados, su tasa de homicidios no es tan alta.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ LUNES, 26 FEBRERO, 2018 12:00 PM)

PGR TRAS EL CJNG EN BC



Elementos de la Agencia de Investigación Criminal investigan a miembros de los cárteles de Baja California, su análisis de las fuerzas federales ubica como líder de Jalisco a Manuel Morales “El Gallero” y coloca en el organigrama delictivo a Alejandro Estrada Bañuelos, quien les proporciona servicios legales. Investigaciones de inteligencia les revelaron la incursión de criminales del cártel de Los Zetas en la entidad

Desde enero de 2017 la Secretaría de Gobernación consideró a Mexicali y particularmente a Tijuana, para ser atendidos dentro del programa “50 Municipios de Atención Prioritaria”, proyecto que no ha rendido frutos en la entidad. Sin embargo, el aumento de homicidios se revisó en la Federación a través de una Mesa Jurídico Operativa y, como resultado personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue asignado en Baja California.

Investigadores de la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron un análisis de la actividad criminal, reconociendo a través de las áreas de inteligencia la presencia de una serie de traficantes y homicidas que no tienen órdenes de aprehensión, pero que después de varios años delinquiendo y de estar en los expedientes del Grupo Coordinación, finalmente se convirtieron en objetivos de investigación para las autoridades federales.

La atención de los agentes de la AIC de la PGR está concentrada en Tijuana por dos razones:

Hasta 2017 estaba ubicado como el tercer municipio más violento del país.

Los asesinatos en Tijuana impactan de manera relevante en la incidencia nacional.

También existe el informe de la Secretaria de Marina, el cual reporta el incremento del tráfico de cocaína por la ruta del Pacífico, que mueve el enervante de Chile, Ecuador, Colombia y Panamá por las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hasta el puerto de Manzanillo, para de ahí ser trasladado a La Paz, Los Cabos y Tijuana. En 2015 decomisaron 1.9 toneladas; al año siguiente, 12.7 toneladas; y en 2017, el secretario Vidal Francisco Soberón informó que seguía repuntando.

El análisis de la PGR contiene información manejada desde 2016 por el Grupo Coordinación. Refiere una pugna entre tres grupos del Cártel del Pacífico (Sinaloa), contra un disminuido Cártel Arellano Félix (CAF) y un Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se está fortaleciendo y al que los delincuentes pretenden nombrar Cártel Tijuana.



Lo novedoso en el análisis es que, de acuerdo a los reportes de inteligencia logrados a finales de 2017, delincuentes del cártel de Los Zetas se estarían integrando a la pugna territorial de Tijuana y Tecate en Baja California.

Según los informes, Alfonso Lira Sotelo “El Atlante” – líder de célula-, apresado en 2014 y liberado gracias a un amparo en noviembre de 2017, regresó a Tijuana a tratar de ganar territorio para sus actividades delictivas y enganchar a delincuentes de células delictivas locales; ahora está reclutando sicarios de Los Zetas en otros estados para los ajustes de cuentas. Sin embargo, las autoridades aún o han recabado suficiente información al respecto.

Los “Atlantes” en reintegración son contemplados como rivales naturales del CJNG, considerado en la actualidad como el más violento, dado su plan de expansión, por lo que su restructuración merece la principal atención a los agente federales, quienes el 29 de enero tuvieron lo que definen como “un enfrentamiento” con una fracción del CAF aliado a Jalisco.

Iniciaron un expediente en el que acusaban que un grupo de hombres bajo el mando y tratando de proteger a Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”, habían secuestrado a uno de los agentes de la AIC, sin embargo, un juez desestimó el caso por falta de evidencia.

PGR: LA RESTRUCTURACIÓN DEL CJNG

Baja California dejó de ser zona de paso para el CJNG -surgido en 2011- bajo el liderazgo criminal de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en 2014. Ese año entró de lleno a Tijuana, asociándose con operadores del CAF  y algunos mandos medios de Sinaloa.
En octubre de 2015, la Comisión Nacional de Seguridad  de México confirmó la preponderancia del cártel en la zona,  al informar que el CJNG era el dueño del narcotúnel localizado el día 21 de ese mes en la colonia Garita de Otay, y de las diez toneladas de marihuana incautadas. El mismo año, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos  (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció en un informe la presencia de la mencionada mafia en las ciudades de San Ysidro, San Diego, Riverside, Orange, Bakersfield, Sacramento y  Los Ángeles, California.

Arturo Giovanni Gómez Herrera “El Gross” – ex miembro de Sinaloa- y Juan José Pérez Vargas “El JP” o “El Piolín” -ex delincuente del CAF- se convirtieron en los principales operadores, las caras más visibles y quienes ordenaban los homicidios. A Gómez Herrera lo asesinaron el 27 de octubre de 2016 en la colonia Independencia, y a Pérez Vargas lo detuvieron el 19 de septiembre de 2017 en el fraccionamiento Chapalita, ambos en Guadalajara, Jalisco.

Actualmente el CJNG tiene presencia criminal en todo Baja California y, de acuerdo al análisis de las autoridades federales, actualmente lo encabezan en la región:

Héctor Manuel Morales Guzmán “El Gallero”. Compadre de Oseguera Cervantes, su único antecedente delictivo data de 2012  por posesión de armas en la colonia Sánchez Taboada en Tijuana, actual sede del poder delictivo del CJNG. Cuatro hombres se encuentran bajo su mando:

* Jesús Rafael Yocupicio “El Cabezón”. Ex miembro del Cártel de Sinaloa, ostenta mando criminal desde 2015, es el distribuidor mayorista de la droga del cártel que se reparte en la entidad y responsable del trasiego a Estados Unidos; el sonorense fue detenido en diciembre de 2015 en posesión de un kilo 800 gramos de cristal, pero lo ligaron con el Cártel de Sinaloa. Como sus operadores enlistan a tres hombres: Ángel Alfredo Beltrán Flores “El Compadre”, Adán Castillo Hernández “El Chore” –ex líder de célula con Sinaloa pero las autoridades federales no le definen liderazgo en el CJNG- y Ángel Cuauhtémoc Aranda Villalobos “El Tatema”.


* Jesús Alfonso Trapero Ibarra “Torrentegui Ramos”. Ex policía municipal, ex integrante del CAF y ex perteneciente a la célula del “Atlante”,  con dos capturas por posesión de auto robado; principal operador del CJNG en Tecate, seguido de Javier López Ríos “Tito Torbellino”, sicario, secuestrador y extorsionador; Carlos Dionisio Santiago Romero “El Pelón”, detenido en enero de 2016 en  fraccionamiento Real de San Francisco en Tijuana con 301 envoltorios de cristal; y Francisco Adán Pulido Mendoza “La Tigresa”.

* Alejandro Estrada Bañuelos “El Lic del  Diablo”. Abogado con despacho jurídico, ha sido incluido por primera vez en un reporte de manera formal como parte de la estructura del cártel. Sus menciones extraoficiales como defensor de esta mafia datan del 29 de febrero de 2016, cuando su hermano José Manuel Estrada -que hacía las veces de escolta- y el policía comercial Rodolfo Gersais Vélez López, contratado para cuidarlo, fueron asesinados a balazos en el estacionamiento de la Torre Cosmopolitan donde esperaban al abogado. También lo tienen registrado como defensor de los delincuentes del grupos de José Soto “El Tigre”. No existe orden de aprehensión en contra, y el análisis de las autoridades federales no incluye la existencia de subordinados delictivos en su caso.

* “El Padrino”. Un hombre del que no tienen foto ni nombre, solo identifican a sus secuaces: José Miguel Castro Peña “El Gordo” y José Ángel Portillo Portillo.

En un tercer nivel criminal, investigadores federales ubicaron a hombres que salieron a relucir oficialmente desde mayo de 2017 tras el asesinato -víctima colateral- de la niña de 5 años Ashley Castorena, y la captura de uno de sus homicidas, Cristian Rangel Guillén “El Dicho”, quien ofreció información de su grupo delictivo, de los competidores y la pugna:

– Edgar Alejandro Herrera Pardo  “El Zame”, “El Caimán”, alias Sergio Alberto Morelos Mejía.

  Erick Samuel Deraz  González  “El Canesten”, alias Francisco Adrián Sánchez Ríos, Rodibel Ortega Velázquez, Marvin Alfredo Piri Cruz.

– Carlos Felipe Cárdenas González “El Pimpón”, alias Juan Carlos Aguilar Campos, Daniel Morales Valenzuela.

– Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50”, “El Goofy”, “El Primo”.

  Reynaldo Solano Cortez “El Cabo”.

– José Alberto Fajardo Meza “El Fajo”.

LA PRESENCIA DEL CJNG Y EL INCREMENTO DE HOMICIDIOS

La investigación de la actividad criminal de estos hombres por parte de autoridades federales, se fundamenta en el impacto que tienen en la estadística de homicidios que de acuerdo a cifras oficiales publicadas por la Secretaria de Seguridad Pública, muestran el incremento de ejecuciones en Tijuana a partir de los 465 homicidios dolosos en 2014- primer año de presencia permanente del CJNG en Tijuana- , hasta las 674 muertes violentas en 2015, que aumentaron a 979 en 2016 y alcanzaron los mil 780 homicidios en 2017.

Peor aún, los dos meses transcurridos de 2018 no muestran mejoría con 189 asesinatos violentos registrados en enero, muy por encima de los 103 cometidos en enero de 2017 o los 74 perpetrados en el mismo mes de 2016.


De hecho, este mes, a las ocho de la mañana de ayer jueves 22, se acumulaban los expedientes de 120 víctimas de ejecuciones para sumar 392 asesinatos en los que va del año, lo cual se traduce en un promedio de ocho homicidios diarios solo en Tijuana.

En la semana que concluye, el día más violento fue el lunes 19, cuando diez personas fueron privadas de la vida en distintas zonas. En los últimos siete días el panorama de las ejecuciones ha tenido de todo: víctimas calcinadas, desmembradas, un triple homicidio, la ejecución de una pareja y el hallazgo de un cráneo humano. No faltó el narcomensaje, esta vez en contra de policías:

 “Ahí ta tu gente PALOMINO y Scarface par de policías corruptos que torturan a la gente y la entregan al cártel de Sinaloa ya te tenemos ubicado par de putos, ATT EL DUEÑO DE LA PLAZA”

DE LA PUGNA Y LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

De acuerdo al mapeo de  las fuerzas federales, la distribución criminal del territorio de Tijuana es como sigue:

CJNG. Con operatividad en las zonas Centro, Sur, Este y Noroeste de Tijuana. Prevalecen en la administración criminal en las delegaciones Sánchez Taboada  y Camino Verde.

* A pesar de tener la mayoría del control delictivo en Los Pinos, sostienen constantes enfrentamientos con operadores de “Los” Uriarte” (Sinaloa).

* En la delegación La Presa y Presa Rural mantienen disputa con “Los Aquiles” (Sinaloa).

* En San Antonio de los Buenos tienen enfrentamientos con la célula de José Antonio Soto Gastélum “El Tigre” (Sinaloa).

Los Uriarte. De los hermanos Luis y Javier Mendoza Uriarte,  en el Centro, Sur y Sureste del municipio, de manera preponderante en Camino Verde, El Florido, Altiplano, todo lo que abarca el Corredor 2000 y El Pípila.

Los Aquiles. A cargo de René y Alfonso Arzate, con control de la franja fronteriza de Otay a la colonia Libertad; presencia en el Norte, Noreste, Centro y Sureste de Tijuana, con dominio en las colonias Aeropuerto, Lomas Taurinas y Villafontana.

Los Tigres.  Encabezado por José Soto, asentado en Centro, Norte y Suroeste de la ciudad, con dominio en Santa Fe, La Gloria, La Joya, Obrera y El Tecolote.

Como subgrupos o células tiene identificada la operatividad de:

Los Huichos y Los Panchos. Grupo emanado de “Los Teos”, que en Tijuana son representados por “Los Uriarte” y con operatividad en Rosarito.

Los Chamulas y Los Pelones. Operan en Zona Centro de Tijuana.

Los Sureños. Tienen presencia en tramos carretero de Tijuana-Rosarito, por la costera.

Pese al reconocimiento del problema y la identificación de los delincuentes, siguen sin emitirse órdenes de aprehensión.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 26 FEBRERO, 2018 12:00 PM)

LOS MENSAJES DEL NARCO



Foto: Cortesía

Las comunicaciones de la delincuencia organizada surgen en el sexenio calderonista y disminuyen con Peña. Criminales retoman narcomensajes en lonas, videos, pedazos de cartón o en la piel de los ejecutados. El CJNG aprovecha la lógica contrainsurgente; el Cártel de Sinaloa no muestra una línea definida en sus recados; Los Zetas, una crueldad vulgar; Los Caballeros Templarios, con un aroma pararreligioso; El Golfo, como Tamaulipas, sinónimo de muerte, opina catedrático del Colegio de la Frontera Norte

Durante los últimos meses se incrementó la reivindicación de grupos del crimen organizado que firma sus delitos, profiere amenazas o se justifica ante la sociedad a través de marcas, mensajes o videograbaciones, en una estrategia de comunicación equiparable al marketing de compañías privadas, instituciones gubernamentales o medios de difusión masiva.

Así se conocieron en semanas recientes las disputas entre “Dámasos” y “Guzmanes” o “Tegoripeños”, y las amenazas a los custodios del penal de La Paz, en Baja California Sur. También se anunció el regreso a Tijuana del líder de células del Cártel de Sinaloa, Alfonso Lira Sotelo “El Atlante”, quien salió del reclusorio de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco; o la osadía de criminales que recibieron con narcomantas amenazantes al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en Veracruz.

Delincuentes, principalmente narcotraficantes de los muy variados cárteles de la droga y células de producción, distribución, venta y cobro de derecho de piso, han descarado sus operaciones ante la población y ante unas autoridades que muestran pasividad, y según algunos de los mensajes, complicidad.

Uno de los productos informativos más impresionante de los tiempos más recientes es, sin duda, el video de agentes federales pertenecientes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que fueron privados de su libertad el 5 de febrero en los límites de los estados de Jalisco y Nayarit, y localizados muertos, desmembrados, días después.

Jesús Pérez Caballero.

En opinión del investigador del Colegio de la Frontera Norte capítulo Matamoros, Jesús Pérez Caballero, el video de los malogrados policías adscritos a la Procuraduría General de la República busca claramente diseminar ideas sobre la situación que priva en México mediante dos técnicas “que en principio nunca vincularíamos con este tipo de mensajes: un formato de carta, epistolar, y una vocación falsa, a mi juicio, de transparencia”.

El video de los federales, a la postre asesinados, logra generar intimidad con los receptores mediante un formato de carta, con el que cualquier persona está familiarizado. “El mensaje comienza con un narrador donde supuestamente confluyen el rol de verdugo y víctima, que se confiesa ante las cámaras. En las apenas 400 palabras dichas por ese agente secuestrado se ven todos los rasgos epistolares: una presentación, con un saludo de buenas tardes, un nombre audible de quien habla y su cargo, transportándonos a una conversación cercana”.

Después, explica Pérez Caballero, la verbalización de algo de lo que todo ciudadano tiene indicios: “Existen operativos federales que supuestamente incumplirían la legalidad por un uso excesivo de la fuerza. Ahí aprovecha el grupo criminal para insertar su mensaje: esos excesos les habrían obligado a cambiar sus pautas históricas, respondiendo a la violencia arbitraria con una violencia justificada”.

AUGE Y FINES

Este tipo de comunicación fue producto de la época de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada durante la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y que comenzó en diciembre de 2006. Los primeros videos subidos a redes sociales fueron de Los Zetas y luego de Los Matazetas, ahora Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También el video que en Baja California señaló nexos de un ex procurador de justicia con el Cártel de Sinaloa.

A partir de entonces se multiplicaron los mensajes escritos en lonas colocadas en puentes, cartulinas a un lado de cadáveres o cabezas humanas, marcas tatuadas en cuerpos mutilados, textos en WhatsApp con fotografías y hasta volantes arrojados desde aeronaves en ciudades del norte del país.

Los destinatarios de los mensajes son los llamados “contras” o competidores directos de los cárteles que disputan territorios, los traidores que desertan o delatan, representantes de autoridad que les atacan o apoyan a los rivales, grupos musicales que cantan corridos para dañar la imagen de algún personaje del crimen organizado o ensalzan a los contrarios, y últimamente, internos y custodios de reclusorios donde se juegan importantes intereses económicos, como en Nuevo León y Baja California Sur. Sin que falten los avisos a los delincuentes comunes, con el clásico “no vamos a tolerar que perjudiquen a una sociedad inocente”, en un afán justiciero.

El doctor en derecho por el Instituto Gutiérrez Mellado de Madrid, Jesús Pérez Caballero, insiste en el ejemplo del video de los ex servidores públicos de la SEIDO, en el que los criminales buscan su justificación a ultranza. “Es el discurso tan habitual de nosotros éramos ‘narcos buenos’ hasta que ellos nos obligaron a ser malos. Finalmente, la carta confesión acaba con una despedida íntima de quien habla, en un saludo a la familia y a los hijos, diseñado para lograr empatía con los receptores del mensaje. Si Usted se fija bien, cada una de las partes del video está ensamblada para, reiteradamente, transmitir cercanía, aunque esa afirmación nos parezca contraintuitiva”.

El contenido del video tiene una vocación de generalidad, con un mensaje no limitado a quienes aparecen en él. Lo que buscan los criminales es establecer un contradiscurso nacional que interprete la violencia, frente al discurso de las instituciones federales, presentadas como sinécdoque de la política nacional.

“Fíjese bien que para lograr esa vocación general se oculta a los emisores mediatos del mensaje, es decir, son anónimos tanto los enmascarados que portan las armas en silencio y usan como medio a los dos secuestrados, como quien sostiene el mensaje que se lee, quien lo graba y quien lidera la célula o el grupo”.

El especialista destaca que el video no lleva firma. Será del CJNG. Será de Sinaloa. No se conoce. Aunque en la zona donde se produjo el hecho ambos grupos son dominantes. Tampoco se ofrece la ubicación de los secuestrados, ni dónde se producen los hechos denunciados. Al no haber fecha, el video presenta una atemporalidad que beneficia esa impresión universal.

“Por el contrario, los secuestrados sí dicen sus nombres y apellidos, y con rostro descubierto, arrodillados, enuncian su trabajo, incluso una camiseta los etiqueta como intercambiables por su función. Ese etiquetamiento los coloca como víctimas de un doble engranaje: el promovido por las instituciones federales, que por negligencia serían incapaces de protegerlos de los secuestradores, y el generado por el grupo criminal, que en el video se pretende mucho más fuerte que las instituciones oficiales. Creo que es importante que nos detengamos en ver cómo se nos describen estos dos actores”, señala el entrevistado.

LA DESCONFIANZA

El académico interpreta en el video que las instituciones federales de seguridad, aparentemente garantes de la legalidad, estarían cometiendo ejecuciones extrajudiciales, Eso significa la frase “que hagan negativa a toda captura”, contra “cualquier objetivo sea o no sea delincuente”. No solamente los criminales acusan de arbitrariedad a esas instituciones, sino que enuncian una estrategia de confusión de “desaparecer todo rastro de las operaciones”, y, en esencia, “hacer lo que queramos” con los criminales.

“Fíjese en el panorama: muertes ordenadas desde el Ejecutivo a cualquier individuo etiquetado como enemigo y obligación de desaparecer cualquier prueba de esas muertes. Obviamente, el escenario que se deduce de ello es el de una completa confusión no solamente por los hechos en sí, sino por quien los denuncia. Es cierto que las instituciones de seguridad mexicanas ejecutan extrajudicialmente, torturan o desaparecen a individuos, pero la cuestión es que quien lo denuncia con éxito mediático es un grupo criminal que también asesina, tortura y desaparece a individuos, seguramente a mayor escala que las instituciones oficiales”, apunta Jesús Pérez.

Sin embargo, como los criminales se dedican a eso, se pueden permitir el cinismo de acusar a las autoridades. Y estas, como han sobrepasado todas las líneas rojas entre la Ley y la fuerza, solo pueden ofrecer a los ciudadanos una respuesta de más fuerza, ya sin legitimidad.

Agrega el experto: “Es más, esas autoridades actuarían, según el video, enviando con negligencia a gente no preparada (los dos que se confiesan serían un ejemplo evidente: individuos de veintitantos que apenas llevan un año laborando en la SEIDO), actuando de manera inmisericorde y corrupta, puesto que según el discurso del video, desaparecen a ‘mujeres, niños y personas mayores’, símbolo de inocencia, y se burlan ‘detrás de sus escritorios o en algún evento social, repartiéndose lo que sacan de los robos y secuestros’”.

Obviamente, el grupo criminal delinea ese panorama maniqueo para explotarlo miserablemente y presentarse con rasgos completamente opuestos a las instituciones federales. Así, los criminales serían profesionales y actuarían siempre de manera coherente y sin falsedades. Con esa mentira buscan arrojar una supuesta luz, nombrando los delitos cometidos.


“Frente a cifras negras o falta de datos oficiales, el grupo criminal responde con verdades negras: nombra ejecuciones extrajudiciales, tortura, robos, secuestros, desapariciones y violaciones. Esto se relaciona con la explotación que este grupo criminal hace de una aparente transparencia. Quiero decir que el video está impregnado de la intención del desvelo del secreto, cuando en realidad no se revela absolutamente nada que no sepamos ya”:

– Los criminales hablan, pero por boca de otros.

– Se muestran armas, pero no a quienes las portan.

– Se muestra a funcionarios de la SEIDO, incluso identificados por camisas, pero sin que se sepa su función en la corporación.

– Se enumeran delitos, pero no se concretan las víctimas, ni dónde se cometieron, ni cuándo.

La hipótesis del investigador es que esa didáctica de la falsa transparencia está al servicio de dar una imagen de omnipotencia de los criminales. “Por un lado, ellos dicen que siempre podían haber hecho mal, y si no lo hacían era por seguir unas reglas que los uniformados han roto: ‘Tenemos claro que siempre se nos respetó como autoridades porque ellos así lo decidieron no porque no pudieran hacernos algún daño’. Además, despliegan una capacidad de extenderse en el tiempo, pues lo escenificado en el video ‘seguirá pasando’ (esa expresión se dice dos veces). Finalmente, pueden levantar a cualquiera. Según confiesan los levantados, ‘el que nos vistamos como trabajadores normales no quiere decir que no sepan quiénes somos’”. Todo eso es una muestra de una propaganda muy sofisticada, pensada, con vocación estratégica”.

NARCOIDEOLOGÍAS

Cada organización delictiva tiene su estilo y sistema de difusión de mensajes. En apariencia habría muchas semejanzas, pero en realidad son muchas más las diferencias. Aunque incipientemente, por las zonas de acción de estos grupos, los policías y sus superiores se imaginan la procedencia de los narcomensajes. Aquí lo desglosa el español Jesús Pérez Caballero:

“El CJNG es quien mejor aprovecha en sus videos la lógica contrainsurgente, desarrollándola conforme al México de hoy. Lo más destacable es esa plasticidad para conectar su discurso con inquietudes reales de la ciudadanía, como la percepción de la violencia, el vigilantismo o el caso de los mal llamados justicieros (que son una patética uberización de la justicia). Mezclan esa estructura discursiva muy férrea, con rasgos evidentes de operaciones de contrainformación y psicológicas, con una asepsia pseudo institucional. Eso es distinto a la comunicación de otros grupos”, asegura.

En cuanto al grupo de Los Caballeros Templarios, piensa que “tenían un aroma demasiado pararreligioso, extravagante y marcadamente ligado a Michoacán. Además, tanto ‘La Tuta’ como otros de sus líderes (‘El Tío’, ‘El Chayo’) eran grotescos, sin punch mediático. En cambio, Los Zetas son demasiado crudos, hasta vulgares en su crueldad, y el mensaje violento que muestran es el del patíbulo desnudo”.

En cuanto a la organización de Sinaloa, “no difunden de un modo unificado sus mensajes. Unas veces son similares en la explotación del discurso contrainsurgente, pero en otras ocasiones no presentan ese orden; y en general, están demasiado opacados por la presencia tan mediática de figuras como ‘El Chapo’ Guzmán. En algunos grupos del Golfo hay algo similar al CJNG, pero tanto ellos como Tamaulipas son, entre la población, sinónimo de muerte, no de orden, y eso les impide capitalizar inquietudes sociales. Frente a todos ellos, el CJNG envía fácilmente paquetes informativos insertos en la nebulosa de la contrainsurgencia y que entroncan con cuestiones nacionales”.

Parece que en los meses previos al proceso electoral no habrá tregua entre narcotraficantes, ni entre ellos, ni para con las autoridades. ¿Qué estamos por ver todavía en las acciones de los grupos de la delincuencia organizada en México? Pérez responde: “Estamos desde hace años en el escenario que sigue a la anulación del discurso público, donde la única meta es la fuerza y la depuración del enemigo. Lo que se promueve oficialmente y, evidentemente, por los grupos criminales es que la única gradación sea cuánta mayor o menor arbitrariedad estamos dispuestos a aceptar. Pero debemos impugnar ese marco de violencia arbitraria. Eso no se impugna pidiendo más policías y militares, ni jaleando linchamientos, justicieros y demás individuos que hacen outsourcing de la arbitrariedad”.

Finaliza el entrevistado por ZETA: “Hay que pensar en lo que ha descrito el historiador Camilo Vicente, cómo el Estado mexicano, históricamente, canaliza el excedente de violencia arbitraria para instaurar un orden que apuntala el status quo. La cuestión es oponerse a eso, desmontar la manera en que el paradigma contrainsurgente ha encapsulado el discurso público. Un contradiscurso nacional debe venir de los ciudadanos, no de grupos criminales como los del video”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 26 FEBRERO, 2018 12:00 PM)