Miguel Ángel Osorio Chong asumió
facultades casi ilimitadas al inicio del actual gobierno. La tarea más
importante que asumió fue garantizar al seguridad de los mexicanos. Hoy, a
punto de cumplirse cuatro años del gobierno de Peña Nieto, el país muestra una
cara que deja mal parado al súper Secretario de Gobernación.
El repunte de violencia en el país es
aún peor en Guerrero: en 2016, 32% más homicidios que en 2015
Ciudad de México, 7 de
septiembre de 2016 (SinEmbargo).- Siempre que en este sexenio se habló de los
posibles sucesores del Presidente Enrique Peña Nieto, la lista comenzó,
invariablemente, con dos nombres: Luis Videgaray Caso y Miguel Ángel Osorio
Chong.
La reciente renuncia de
Videgaray a la Secretaría de Hacienda pareciera allanar el camino hacia una
potencial candidatura presidencial del ex Gobernador de Hidalgo.
Sin embargo, un repaso
incluso somero por los éxitos que podrían atribuirse a la Secretaría de
Gobernación y a su titular, en lo que va del actual gobierno, sugieren que su
actual apuntalamiento podría ser más producto de la coyuntura que de sus
logros.
Tan pronto comenzó la actual
administración, Osorio Chong concentró tal cantidad de atribuciones que el
Palacio de Cobián quedó transformado en sede de lo que analistas calificaron
como una “Súper Secretaría”.
Osorio Chong asumió las
facultades de la antigua Secretaría de Seguridad Pública, quedando a cargo de
la estrategia de seguridad en el país, quizás el tema más sensible para los
mexicanos.
También se erigió como
coordinador de gabinete.
Y, a la postre, terminaría
siendo responsable de tejer los amarres políticos que harían posible el Pacto
por México, un acuerdo del gobierno con los partidos de oposición que permitió
la aprobación de una nutrida agenda de reformas, entre ellas la Reforma
Energética y la Educativa.
Hoy, a punto de cumplirse
cuatro años de la actual administración, el estado del país pareciera sugerir
que, en las áreas de su competencia, especialmente la de la seguridad, el
“Súper Secretario” Osorio Chong tiene poco qué presumir.
Aquí, un recuento:
MUERTES, SECUESTRO Y EXTORSIÓN SIN FRENO
Probablemente el indicador
que más fielmente refleja la violencia que vive en el país es el del número de
homicidios dolosos. Un recuento del Semanario tijuanense ZETA, uno de los pocos
conteos independientes que aún se realizan en el país, documentó 78 mil casos
en lo que va del gobierno de Peña Nieto.
El recuento, presentado hace
unos días, supera ampliamente la cifra de la Secretaría de Gobernación de 63
mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va
del sexenio.
ZETA advierte que los más de
78 mil homicidios que registró “son quizá sólo una parte de la cara de la
muerte y crimen que el gobierno pretende no reconocer”.
En los primeros siete meses
de este año se registraron 11 mil 257 averiguaciones por homicidios dolosos,
cifra que superó las registradas en los mismos periodos de cada uno de los años
previos de la actual administración.
En términos generales, la
suma de homicidios dolosos y culposos de los primeros siete meses de este año,
19 mil 882 averiguaciones previas, también es superior en 4.6 por ciento a las
registradas en el mismo periodo de 2015 en 4.6 por ciento.
En cuanto a las extorsiones,
los números tampoco dejan bien parado a Osorio Chong. En los primeros tres años
y siete meses de su gestión se registraron 21 mil 808 casos. La cifra implica 3
mil 492 casos más que las ocurridas en el inicio del sexenio de Felipe
Calderón, entre enero del 2007 y julio del 2010.
Lo mismo sucede con los
secuestros. En los primeros tres años y siete meses el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere 4 mil 757 averiguaciones
previas; mil 475 más que las registradas en el periodo entre enero del 2007 y
julio 2010.
¡Albricias! Los desaparecidos son casi
un problema resuelto: Peña reporta sólo 1,766 en su informe
SENSACIÓN DE INSEGURIDAD
La presencia de Osorio Chong
en la Secretaría de Gobernación ha servido de poco para mejorar la percepción
de seguridad en el país. Los mexicano, en términos generales, se sienten más
inseguros.
Al menos eso es lo que el
INEGI expuso en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) del año pasado.
Entre marzo y abril 2015 el
73.2 por ciento de la población percibía inseguridad en el país. En contraste,
en los mismos meses del 2013 el porcentaje de personas que percibía inseguridad
fue de 72.3 por ciento.
DESAPARICIONES
Con Osorio Chong al frente de
la seguridad del país los niveles de desapariciones han superado las
registradas en los seis años del ex Presidente Calderón.
Desde diciembre del 2012
hasta julio del 2016 ocurrieron 14 mil 934 desapariciones en los fueros federal
y común. Es decir, mil 462 desapariciones más que las ocurridas en los seis
años del gobierno previo, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
La participación de la
autoridad ha derivado también en casos de desapariciones forzadas. Los
despliegues de la Secretaría de Gobernación en este tema quedarán marcados por
la desaparición de 43 normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014,
en Iguala, Guerrero.
El titular de la Segob ha
realizado numerosas reuniones con los padres de los 43, sin embargo, los
despliegues no han dado con su paradero, ni evitado que haya más desaparecidos.
El ascenso de las
desapariciones también está reflejado en el número de fosas halladas por la
autoridad.
Cifras de la Procuraduría
General de la República (PGR) apuntaron que en el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa se hallaron 68 fosas clandestinas con los restos de 378 personas.
Por su parte, Peña Nieto
registró desde el inicio de su mandato hasta el reciente enero un total de 156
fosas descubiertas que albergaban 303 osamentas.
LA VIOLENCIA VUELVE AL TERRIOTRIO NACIONAL
Uno de los pocos consensos
que existen hoy en el país es que la estrategia de seguridad del Gobierno
federal, en manos de Osorio Chong, ha fracasado rotundamente y no hay razón
alguna para pensar que dará mejores resultados en lo que queda del actual gobierno.
Una de las consecuencias de
insistir en esa estrategia fallida es que la violencia sigue hoy, a 10 años de
lanzada la guerra contra el narcotráfico, apoderada de vastas regiones del
territorio nacional. A continuación mencionamos los casos más graves:
TAMAULIPAS:
Desde hace unos nueve meses,
diversas ciudades de ese estado se han convertido en el campo de batalla donde
facciones del crimen organizado se disputan el control del territorio y de las
rutas de trasiego de drogas. Las escenas de ejecutados, decapitados y cuerpos
desmembrados volvieron al estado tan pronto inició la guerra entre el Cartel
del Noreste y Vieja Escuela o Grupo Bravo, escisiones del cártel de Los Zetas.
GUERRERO:
Más de mil 500 homicidios se
registraron en los primeros ocho meses del año en el estado. La cifra
representó un aumento de 32 por ciento frente al mismo periodo del 2015. El
Secretario de Seguridad Pública de la entidad, Pedro Almazán Cervantes, dijo
que la violencia que enfrenta la región es producto de la batalla entre varios
grupos criminales, entre los que se encuentran, Los Rojos, Los Ardillos, Cártel
Jalisco Nueva Generación, y los Beltrán Leyva.
Ante la ola de secuestros y
las extorsiones que enfrentan, unos 4 mil 500 empresarios del estado informaron
que están interesados en armarse para enfrentar la violencia.
MICHOACÁN:
Durante el primer semestre
del año, en este estado se cometieron entre 80 y 90 asesinatos al mes, para
cerrar con 540 el número total de ejecuciones en el primer semestre del año, de
acuerdo con Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La mayoría de los casos
ocurrieron en Zamora, Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan,
municipios que aportaron al total de la entidad 332 homicidios y que se
encuentran en el lista de los 50 municipios más peligrosos del país.
En este clima de violencia,
los obispos del estado acusaron a la Procuraduría de justicia de actuar con
dolo y no hacer lo suficiente para detener el regreso a la entidad de delitos
graves como la desaparición de personas, el cobro de cuotas y los asesinatos a
sangre fría que suelen cometerse a plena luz del día sin que la autoridad haga
algo.
ESTADO DE MÉXICO
El Estado de México,
gobernado por el priista Eruviel Ávila Villegas, se ha convertido en una de las
entidades más peligrosas del país al colocarse el año pasado incluso por arriba
de Guerrero, estado que actualmente atraviesa una grave crisis de seguridad. En
lo que va de este 2016 ha mantenido su cifra roja y es el segundo estado con
más asesinatos.
Durante los últimos meses,
otros delitos como los asaltos en el transporte público también se han
recrudecido y ya han cobrado la vida de varios civiles; mientras los
feminicidios en la entidad, pese a que en al menos 11 municipios desde hace un
año se declaró la Alerta de Género, no han disminuido.
78,109 ejecutados en 45 meses del
sexenio. Edomex, el número 1 en homicidios: Zeta
LA REFORMAS FALLIDAS
Osorio Chong fue uno de los
principales operadores del Pacto por México, un acuerdo entre el gobierno y las
principales fuerzas políticas del país que se oficializó el 2 de diciembre de
2012.
El pacto habría hecho posible
la aprobación en el Congreso de 11 reformas estructurales, entre las que
destacaron la energética, la laboral, la de telecomunicaciones y la educativa.
A esas reformas encomendó el
gobierno sus esperanzas de crecimiento para el país.
Hoy, a casi cuatro años de la
firma del acuerdo, representantes de las principales fuerzas políticas
opositoras que participaron en el pacto han expresado su arrepentimiento.
Y la mayoría de los
indicadores económicos han dejado claro que, hasta hoy, no han dado los
resultados que el gobierno anticipaba. Además, la implementación de la reforma
educativa se ha transformado en una fuente casi inagotable de inestabilidad
social especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
ATOMIZACIÓN DE LOS CÁRTELES
La atomización de la
violencia se produjo a raíz de una estrategia encabezada por el actual Gobierno
de descabezar el narcotráfico. En enero, Peña Nieto apuntó que habían abatido o
capturado a 99 capos de los 122 objetivos criminales fijados por este Gobierno.
Lo que desató más violencia.
Según la organización Semáforo Delictivo seis de cada 10 asesinatos se deben a
ejecuciones relacionadas con el mercado negro de las drogas.
La Procuraduría General de la
República publicó en julio que nueve cárteles operan en el territorio nacional,
y 37 células delictivas. En el tiempo que el Gobierno tardó para acabar con Los
Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, otros grupos como el Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocuparon las plazas vacías.
Al punto que el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos catalogó al CJNG y Los Cuinis, como los cárteles
emergentes en México. La dependencia federal apuntó que se habían extendido por
Michoacán, Jalisco y Colima.
Mientras datos de la PGR
también los ubican en Veracruz, Guerrero y Nayarit. Por otro lado, que cárteles
hayan crecido a pasos agigantados, no excluye el hecho de que células del
crimen hallan aparecido y coludido autoridades locales.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / septiembre
7, 2016 - 3:42 pm)