martes, 8 de julio de 2014

ADELANTAN REFORMA A EXTRANJEROS


Mientras discuten las leyes secundarias de la reforma energética en el Congreso de la Unión, filiales de Pemex y de la compañía Sempra Energy subcontratan extranjeros que ya laboran  en el Gasoducto Los Ramones
 
 
La constructora italiana Bonatti, la norteamericana  Fluor Corporation y la brasileña Odebrecht, son las empresas que en realidad ejecutan el proyecto de infraestructura energética más importante del sexenio 
 
El Gasoducto Los Ramones, en Nuevo León, confirma  -con o sin reforma energética– que gran parte del negocio de Pemex ya está en manos de grandes consorcios extranjeros y de un pequeño círculo de mexicanos que los subcontratan.

Las obras de este proyecto energético, estimado en 2 mil 500 millones de dólares, están a cargo –no de Pemex ni de sus polémicas empresas filiales- sino de constructoras y compañías internacionales que se dedican al negocio de los hidrocarburos en el mundo.

La constructora italiana Bonatti, la norteamericana Fluor Corporation y la brasileña Odebrecht, son las empresas que en realidad ejecutan el proyecto de infraestructura energética más importante del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Estas firmas extranjeras fueron subcontratadas por filiales de Pemex y por otras compañías privadas, donde hasta arriba de “la cadena alimenticia” siempre aparece Sempra Energy.

Compañía dirigida en México por Carlos Ruiz Sacristán, exdirector de Pemex en 1994 y excompañero del actual director de la paraestatal, Emilio Lozoya, cuando ambos eran parte del consejo de administración de la constructora OHL. 

Los subcontratos para los extranjeros fueron otorgados  por TAG Pipelines, S. de R. L. de C. V., filial de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y también por Ienova, que a su vez está ligada a Sempra.

Pemex adjudicó a TAG Pipelines -sin licitación y de manera directa- los contratos para la construcción del Gasoducto Los Ramones.

Esta triangulación que realiza Pemex permite que el proyecto estratégico Los Ramones sea ejecutado por las empresas privadas extranjeras sin la vigilancia de los órganos fiscalizadores en el país, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, la ASF.

Y todo esto ocurre mientras los legisladores mexicanos discuten en el Congreso de la Unión las leyes secundarias de la reforma energética y la apertura de Pemex hacia la inversión extranjera.

Bonatti: italianos en Los Ramones

El proyecto Gas Natural Los Ramones –la obra de infraestructura energética más ambiciosa que se ha iniciado en el actual sexenio- consiste en la construcción de un gasoducto de casi mil kilómetros.
Un ducto que inicia en Agua Dulce, Texas, y que concluirá en el municipio de Apaseo El Alto, en el estado de Guanajuato.

El plan de esta obra es importar gas natural desde el sur de Texas y abastecer a los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.

Los trabajos se esperan que estén terminados en su totalidad en el 2016.

El primer contrato de Los Ramones fue adjudicado el año pasado por PEMEX, sin licitación de por medio, a su empresa filial Gasoductos de Chihuahua.

Compañía que Pemex comparte hasta el 50 por ciento de las acciones con Ienova, filial de la compañía Sempra Energy en México.

Pero no es Pemex, ni TAG Pipelines, tampoco es Gasoductos Chihuahua, ni Ienova, alguna de las compañías que construye realmente el ducto que cruza los estados de Tamaulipas y Nuevo León.

Es la constructora italiana Bonatti, que trabaja desde hace tres meses, en la construcción de la primera etapa de este proyecto que comprende un tramo de 116 kilómetros, entre los municipios de Camargo, Tamaulipas, y Los Ramones, Nuevo León.

La empresa Bonatti S.P.A. firmó un contrato EPC (llave en mano) con TAG Pipelines, a quien Pemex asignó de manera directa el primer contrato. 

Un convenio que transfirió a su vez a Gasoductos de Chihuahua.

Pero es Bonatti, una empresa multinacional que encabeza el empresario Paolo Ghirelli, la que realiza estos trabajos en el norte de Nuevo León y en la frontera con Texas.

El consorcio italiano tiene montados dos campamentos con sus ingenieros y trabajadores en la frontera con Estados Unidos: uno en la ciudad de Camargo, Tamaulipas, y otro en el municipio de China, Nuevo León.

Reporte Indigo publicó ayer que la construcción de esta obra ha provocado inconformidad entre pobladores y dueños de los ranchos de los municipios del norte de Nuevo León por donde cruza el gasoducto.

Los habitantes de estos municipios se quejan de que los trabajos de esta obra han ocasionado daños en las carreteras y caminos rurales.

También, existe molestia entre las autoridades municipales porque la empresa italiana no contrató –como lo prometieron las autoridades de Pemex- mano de obra de los municipios por donde cruza el ducto.

Odebrecht y Fluor en Los Ramones II

El año pasado Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) declaró desierta la licitación para la construcción de la segunda fase del Gasoducto Los Ramones.

Las propuestas recibidas, según la empresa paraestatal, no cumplieron con los requisitos técnicos y económicos.

Entonces Pemex decidió dividir en dos el contrato de la obra y lo adjudicó de manera directa –como lo hizo en la primera etapa- a la compañía TAG Pipelines, S. de R. L. de C. V.

La compañía filial de Pemex entregó el primero de los contratos de Los Ramones II a Gasoductos de Chihuahua, que comparte con la compañía norteamericana Sempra Energy.

Y el segundo de los contratos de Los Ramones II, se lo otorgó a otra empresa filial que creó con la francesa GDF Suez.

Sin embargo, la segunda etapa de la construcción del Gasoducto Los Ramones estará a cargo de empresas extranjeras que se dedican al transporte de hidrocarburos en el mundo.

El primer tramo de la segunda etapa, conocido como Los Ramones Norte, lo construirá el gigante brasileño Odebrecht.

Fue la empresa brasileña –y no Pemex- la que informó la semana pasada a sus socios la adjudicación de este contrato que asciende a casi mil millones de dólares.

Al  igual que la constructora italiana Bonatti, la brasileña Odebrecht firmó un contrato llave en mano con TAG Pipelines de Pemex para la construcción de este ducto de 441 kilómetros.

Odebrecht presume ser un conglomerado multinacional con proyectos de construcción e ingeniería en los sectores de petróleo en América Latina, Europa, Asia y África.

El contrato Los Ramones Sur, la segunda etapa del gasoducto, fue asignado por Pemex para su construcción a la empresa ICA Fluor, integrada por la mexicana ICA y su socia, la norteamericana Fluor Corporation.

El ducto que se debe construir en esta fase tiene una longitud de 287 kilómetros y cruza  los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.

El contrato asciende a más de 800 millones de dólares.

Para la ejecución de este proyecto, Pemex, a través de TAG Pipelines, se asoció con la empresa francesa GDF Suez, una de las participantes en la licitación que se declaró desierta por la empresa paraestatal.

Las empresas informaron a sus socios que habían firmado un contrato por 743 millones de dólares con Pemex, a través de su filial TAG Pipelines Sur, que se creó exprofeso para esta obra.
La empresa ICA es la única constructora mexicana que participa como subcontratista en la construcción del Gasoducto Los Ramones.

Las empresas que constituye Pemex, como TAG Pipelines y Gasoductos de Chihuahua, son sociedades que no pueden ser revisadas y fiscalizadas por los órganos de control como la Auditoría Superior de la Federación.

Empresas extranjeras subcontratadas por Pemex 

> Schlumberger: 
 
Laboratorio de campo en la región de Agua Fría, al interior de Chicontepec. Se le adjudicó a Dowell Schlumberger de México, por mil 487 millones. 

> Halliburton: 
 
Laboratorio de campo otorgado por asignación directa en 2010 a Halliburton de México, quien firmó por un máximo de mil 856 millones de pesos, pero había ganado hasta el año pasado unos 30 millones más de lo que establecía el contrato.

> Baker Hughes: 
 
En enero de 2010 firmó el contrato para un laboratorio de campo en la zona de Corralillo. Aunque fue por 891 millones de pesos, a octubre del año pasado les habían pagado mil 57 millones de pesos. 

> Weatherford: 
 
Laboratorio de campo en la zona de Miguel Alemán. Le pagaron, según el contrato, un mínimo de 2 mil 49 millones de pesos.

También el pozo de shale Batial-1, en Tamaulipas, fue perforado en junio del año pasado y el contrato para evaluar su potencial fue entregado Weatherford, con casa matriz en Suiza.

El contrato con esta empresa de servicios se firmó en octubre de 2012 y le garantizará un pago de 471.2 millones de pesos para realizar “trabajos de fracturamientos hidráulicos con sustentable y espuma” en la Cuenca de Burgos y en otras zonas del país. 

> Techint: 
 
Con una asignación directa por 976 millones de pesos para un laboratorio de campo, la compañía
Burgos Oil Services, filial mexicana del grupo italo-argentino Techint, ganó un contrato que venció en diciembre pasado.

Filiales de la paraestatal: 

Deer Park refining Limited, Partnership, USA
 
> Participación: Petróleos Mexicanos 50%. Indirecta.
> Objeto: Llevar a cabo servicios de refinación bajo un contrato de procesamiento de petróleo crudo.

Texas Frontera LLC, USA
 
> Participación: Petróleos Mexicanos 50%. Indirecta.
> Objeto: Asegurar el acceso a largo plazo a un sistema que conecta Houston con El Paso, Texas, para el transporte de petrolíferos y para el suministro de combustibles provenientes de la refinería de Deer Park.

Frontera Brownsville LLC, USA
 
> Participación: Petróleos Mexicanos 50%. Indirecta.    
> Objeto: Asegurar el suministro de productos refinados ligeros en el norte de México, así como incrementar la capacidad de almacenamiento propia.

Kot Insurance Company, A. G., Suiza
 
> Participación: Petróleos Mexicanos 100%. Directa.
> Objeto: Realizar actividades de reaseguro de forma exclusiva para PEMEX, a través de compañías de seguros locales.

Mex Gas Internacional, Limited, Islas Caiman
 
> Participación: Pemex Gas y Petroquímica Básica 100% Directa.
> Objeto: Comercializar gas natural, gas licuado de petróleo y petroquímicos básicos, así como comprar, vender, almacenar e intercambiar dichos productos en el extranjero

MGI Enterprises, US LLC, USA
 
> Participación: Pemex Gas y Petroquímica Básica 100%. Indirecta.
> Objeto: Desarrollo de proyectos de infraestructura de gas natural en México.

Mex Gas Congregación, SL, España
 
> Participación: 100%. Indirecta.
> Objeto: La gestión y administración de valores representativos de lso fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español y la colocacion de recursos financieros derivados de las actividades constitutivas.

Sierrita Gas Pipeline LLC, USA
 
> Patricipación: 35%. Indirecta
> Objetivo: Contruir un gasoducto de Arizona a México.

NET Mexico Pipeline Partners, LLC, USA
 
> Participación: 10%. Indirecta.
> Objetivo: Construir un gasoducto de 120 millas que se conectaría en el lado mexicano con el ducto de Los Ramones.

Pasco International, Limited
 
> Participación: Pemex Gas y Petroquímica Básica 100%. Indirecta.  
> Objeto: La prestación de servicios de transporte de gas natural y las demás actividades relacionadas para la consecución de dicho objeto, así como la construcción, propiedad y operación de gasoductos para el transporte de gas natural.

Pasco Terminals, Inc
 
> Participación: Pemex Gas y Petroquímica Básica 100%. Indirecta.
> Objeto: Almacenamiento y manejo de azufre líquido en Florida, E.U.A.

Pan American Sulphur Company, Limited
 
> Participación: Pemex Gas y Petroquímica Básica 100%. Directa.
> Objeto: Prestar servicios de guarda y manejo de ácido sulfúrico y productos petrolíferos, en el Reino Unido.

P.M.I. Marine, Limited
 
> Participación: Pemex Exploración y Producción 100%. Directa.
> Objeto: Compra-venta de petróleo crudo y sus derivados en el mercado mundial.

P.M. I. Field Management Resources, S. L.
 
> Participación: Petróleos Mexicanos 100%. Indirecta.  
> Objeto: Esta filial se constituyó con el propósito de fungir como tenedora de los Vehículos de Propósitos Específicos (VPE) que se requieran para viabilizar la participación de Pemex en los proyectos relacionados con los Contratos Integrales de Exploración y Producción.

P.P.Q. Cadena Productiva, S. L.
 
> Participación: Petróleos Mexicanos 100%. Indirecta.    
> Objeto: Administración de valores representativos de los fondos de entidades residentes y no residentes en territorio español, adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de acciones en el activo de otras sociedades.
7 julio 2014


> Reporte Indigo publicó ayer que la empresa italiana Bonatti trabaja en la construcción del gasoducto. Y que hay inconformidad entre pobladores de los ranchos del norte de Nuevo León, por donde cruza la obra.


SOSPECHOSA COMPRA DE LUMINARIAS



La compañía ganadora de la licitación, Construlita Lighting International, S.A de C.V., pretende vender a un precio 60 por ciento más caro que la propuesta más baja del concurso público. Con antecedente de colocar en su sistema de iluminación productos chinos, la empresa tiene carta abierta a meter focos baratos, ya que el concurso no especifica alguna marca del alumbrado y pide una vida útil de 10 años, con pérdida gradual del 30%

Los Cabos,  Baja California Sur. Todavía no termina de aclarar el caso de la millonaria compra de las botellas de agua al proveedor y director de comercialización del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, Wilfredo García Gaxiola “El Willy”, y el alcalde José Antonio Agúndez Montaño ahora quiere dejar una deuda de casi 200 millones de pesos en el último tramo de su gobierno.

A punto de terminar su cuatrienio, y en la víspera del arranque del proceso electoral de 2015, el edil emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) planea sospechosamente comprar y reemplazar alrededor de 18 mil 600 luminarias a lo largo y ancho del destino turístico, cuyo proyecto -de concretarse- dejaría un pasivo a pagar durante las próximas cinco administraciones municipales y hasta finales de 2029.

Según el síndico Oswaldo Murillo Martínez, el millonario débito representa un duro golpe a la economía de los cabeños, sobre todo porque “el dinero que se planea gastar es muy cuestionable, en virtud de que el ganador del concurso de la licitación pública nacional, resultó ser la propuesta económica que más caro vende en comparación con la opción más baja”, lo que contraviene el programa de control, austeridad y transparencia trazado como uno de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal del destino de playa.

Es decir, de acuerdo al fallo de la licitación EA-803008998-N08-2014, el edil José Antonio Agúndez Montaño, optó por irse por “la oferta más cara”,  donde los únicos dos participantes presentaron los siguientes precios:

* 190 millones 36 mil 664 pesos con 76 centavos por parte de la compañía Construlita Lighting internacional, SA de CV

* 119 millones 72 mil 437 pesos con 48 centavos, de Teleteca de México, SA de CV

En el análisis comparativo de precios, y según el dictamen de la licitación, la diferencia económica entre una y otra propuesta es aproximada a 70 millones 664 mil 226 pesos con 78 centavos, lo que representa casi el 60 por ciento del precio más bajo al más alto.

No obstante, y bajo fuertes sospechas de corrupción, el costo no fue un factor determinante para que el alcalde de Los Cabos, se fuera por la oferta económica más costosa, y en medio del debate por la dudosa licitación pública, solicitó el 19 de junio de 2014, autorización para que la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos de la XIII Legislatura autorice y valide el endeudamiento, para así niciar el proceso de la reposición del alumbrado.

Aunque al cierre de esta edición, el caso aún estaba en análisis y revisión de los integrantes de la citada comisión legislativa, la licitación pública nacional fue impugnada de inmediato por el participante que presentó la propuesta económica más baja,  Teletec de México, S.A. de C.V.,  después de haber sido descalificada bajo el argumento de la ausencia de algunos sellos y firmas, además de allanar el camino a su competidor, Construlita Lighting International, S.A. de C.V., quien dicho sea de paso, tiene antecedentes negativos en el Estado de Jalisco.

Durante una entrevista con ZETA, el ex director de Obra Pública del gobierno de Jalisco, Alejandro Gómez Lee, dijo haber tenido una amarga experiencia con Construlita Lighting International, S.A. de C.V., ya que cuando fue contratada en el proyecto de iluminación del puente Matute Remus, que se localiza sobre Avenida Lázaro Cárdenas en la ciudad de Guadalajara, engañó y quiso sorprender a la administración del ex gobernador Emilio González Márquez, metiendo alumbrado chino en vez de colocar la luz que habían ofrecido y vendido en un contrato de compraventa para aluzar 960 metros de barandales sobre el puente.

“Nos quisieron dar gato por liebre”, expuso tajante el ex funcionario y entonces responsable de la obra, para agregar que la compañía, originaria del Estado de Querétaro, habría ofrecido barras de entre 30 y 40 centímetros de luz led marca Osram, y resultó que la iluminación que colocó era de origen chino.

La rápida pérdida de luz en el puente, y las constantes fallas, obligaron al gobierno de Jalisco a iniciar una investigación y después levantar un peritaje de los tubos de luz led, además de enviar muestras a un laboratorio de la compañía fabricante Osram en Estados Unidos. Así descubrieron que el sistema de alumbrado colocado era de origen chino, por lo que no tuvieron más remedio que llegar a un arreglo con la compañía especializada en el diseño, fabricación y comercialización de equipos de iluminación.

LA AUTORIZACIÓN

La decisión de la reposición de las luminarias en Los Cabos, data del 20 de febrero de 2013, cuando en la sesión ordinaria permanente de Cabildo número 33, los regidores aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo de las comisiones unidas de Servicios Públicos, Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública, para autorizar al presidente municipal, José Antonio Agúndez Montaño, y al entonces secretario general, Guillermo Marrón Rosas, celebrar un contrato para ello.

El acuerdo colegiado y firmado tenía como candado que fuera con la empresa que “garantizara las mejores condiciones económicas para el municipio”, además de tener “la capacidad de eficientar y modernizar el servicio de alumbrado público, y evitar en el futuro el gasto que genera la reparación y reposición de luminaria, de procurar brindarlo con el menor consumo de energía posible para lograr ahorros sustanciales a la Hacienda municipal, y a la vez, reorientar los recursos económicos a mejorar otros servicios públicos”.

En esa ocasión, los presidentes de las comisiones de Servicios Públicos, Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública -según el acta de Cabildo en poder de ZETA- no presentaron ningún estudio sobre el número de luminarias dañadas. Tampoco expusieron cuántos y de qué tipo de focos tendrían que reponerse, únicamente presentaron un reporte de la Dirección General de Servicios Públicos, donde se transcribía lo siguiente: “Tenemos un inventario general de 18 mil 681 luminarias, que atendiendo a la época que fueron colocadas, a los fenómenos naturales por las lluvias y vientos que las dañan, accidentes viales, alto consumo de energía, obligan a adquirir continuamente nuevas luminarias, siendo un hecho la importancia del alumbrado para la seguridad de las personas, la falta de reemplazo en tiempo genera molestias y quejas entendibles; pero tal es el cúmulo de circunstancias que hacen necesaria la adquisición de luminarias, que regularmente las reservas de almacén no pueden ser regularizadas, por lo que ocasionalmente se requiere adquirirlas a diversos proveedores, con la desventaja de que al ser compradas al menudeo, y por variar los precios de uno a otro proveedor, no hay certeza de su existencia y precio más conveniente o mejor calidad en iluminación”.

Sin más datos concretos ni argumentos, los regidores aprobaron -entonces- por unanimidad la celebración de un contrato de suministro y reposición de las luminarias, autorizando como responsables de la compra a dos funcionarios sumamente cuestionados en su actuación como servidores públicos: el oficial mayor, Edilberto Graciano Chávez, y el tesorero Gerardo Manríquez Amador.

LA LICITACIÓN

Después de un año y dos meses, y casualmente a punto de arrancar el proceso electoral de 2015, el oficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, Edilberto Graciano Chávez, lanzó el 14 de abril del presente año, la convocatoria de la licitación pública nacional, bajo el número EA-803008998-N08-2014, donde se invita a los interesados a participar en el proceso de restitución de luminarias del alumbrado público, bajo los siguientes procedimientos:

* Acto de junta y aclaraciones.

* Acto de entrega de proposiciones y apertura de ofertas técnicas.

* Acto de apertura de ofertas económicas.

* Acto de emisión de fallo.

La convocatoria establece que la compra del alumbrado público será bajo el concepto de “sistema de arrendamiento”, donde todo el trabajo se adjudicará a un solo proveedor, la instalación deberá quedar lista en un tiempo record de 90 días, después de la autorización de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativo de la XIII Legislatura.

El concurso -según los términos de la convocatoria- no contempla el pago de anticipo, pero sí que la liquidación del trabajo será sectorizada y de forma bimestral, a partir de la firma del contrato -julio de 2014- y hasta el año 2029.

De acuerdo al Departamento de Adquisiciones de Oficialía Mayor, los criterios de evaluación técnica y económica, son que las propuestas cumplan con todas y cada una de las especificaciones.

El alumbrado de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP) que debe sustituirse por luces led es el siguiente:

* 13 mil 035 piezas de consumo de 250 watts.

* 3 mil 213 piezas de consumo de 150 watts.

* 300 piezas de consumo de 250 watts, tipo colonia.

* 666 piezas de consumo de 250 watts, tipo eje vial.

* Mil 427 piezas de consumo de 250 watts, tipo Mangoos

* 40 piezas de consumo de 100 watts, tipo punta de poste con globo.

Asimismo, la convocatoria establece que las luminarias deberán tener como mínimo un 60 por ciento de iluminación en comparación con el alumbrado actual. Es decir, no importa que la luz led ilumine menos que los focos de vapor de sodio de alta presión, siempre y cuando, no baje del 60% de lo que actualmente se emite de luz.

Aunque en la convocatoria no especifica alguna marca en especial, o si la luz led debe ser china, como la colocada en Guadalajara, Jalisco, establece que el fabricante deberá garantizar que las luminarias estén libres de defectos materiales y de fabricación, es decir, de manufactura, y que cualquier alumbrado que presente “fallas” por estos motivos, deberá ser reparado o remplazado por el fabricante, corriendo la totalidad de costos y gastos por parte del proveedor.

En la convocatoria se exige que el nuevo sistema de iluminación tenga una vida útil de 50 mil horas -10 años-, tomando como referencia el uso diario de 12 horas, cuyos equipos tendrán una degradación lumínica del 30%. Es decir, si el nuevo sistema iluminará el 60%, cuando hayan transcurrido esos diez años (si es que no colocan productos chinos), la luz únicamente aluzará el 30 de un 100% que actualmente emite de iluminación.

EL FALLO

Bajo ese panorama, el 27 de mayo de 2014, el Comité de Compras de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Los Cabos emitió el fallo, tras descalificar mañosamente a la empresa Teletec de México, S.A. de C.V. por una supuesta falta de firma y folio en algunas hojas de su propuesta económica, y decretó que la compañía ganadora era Construlita Lighting International, S.A. de C.V., por considerar que “es la propuesta económica que resulta ser la más conveniente y solvente, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, y tener las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, la cual puede garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones”.

Con un precio superior a 70 millones en comparación a la empresa competidora, el Comité de Compras concluye que “la compañía ganadora representa las mejores condiciones para el estado en calidad, precio, entrega, asistencia técnica, rentabilidad y lugar de residencia del proveedor”.

Los integrantes del Comité de Compras que firman y avalan son:

* El oficial mayor, Edilberto Graciano Chávez.

* El encargado de procesos de Oficialía Mayor, Raúl O. Ramos Cisneros.

* Los representantes de Contraloría Municipal, Sara Espinoza, Isabel Alfaro y Jorge Hugo Aguilar.

* La representante de Sindicatura, Clara Carrillo Gamboa.

* El asesor jurídico de Oficialía Mayor, Jesús Guadalupe Castillo Sandoval.

* El asistente técnico de procedimientos de Oficialía Mayor, Luis Álvarez Romero.

* Por parte de Construlita Lighting International, S.A. de C.V., María Juana Zepeda Ledesma.

LAS IRREGULARIDADES

Como era de esperarse, el apoderado legal de la empresa Teletec de México, S.A. de C.V., Jorge Antonio Chávez Soberanes, presentó su inconformidad e impugnó el resultado de la licitación pública nacional EA-803008998-N08-2014, en Contraloría municipal, estatal, y la Secretaría de la Función Pública, por considerar que “la descalificación de su compañía es ilegal, ya que se encuentra indebidamente fundado y motivado, por lo que debe declararse la nulidad lisa y llana de la resolución irregular, estableciendo las directrices necesarias para que el procedimiento de licitación sea repuesto”.

El quejoso detalla que el motivo de la descalificación se debió al hecho de presentar algunos documentos sin foliar y otros sin firma, sin dejar de reconocer que eran parte de los requisitos establecidos para todos los licitantes, “eso no afecta la solvencia de la propuesta económica”, sobre todo porque como reconoció la propia autoridad municipal, “(la empresa) cumplió con todas las especificaciones técnicas requeridas, presentó estudios fotométricos solicitados para las cuatro alternativas de iluminación, así como la valoración favorable de las muestras presentadas de los bienes ofertados, emitidos por el personal técnico de la propia convocante.

“Luego entonces al cubrir mi representada todos y cada uno de los requerimientos técnicos solicitados en las bases del procedimiento licitatorio de marras, así como la valoración favorable de los bienes ofertados, resulta claro y obvio que los requisitos que no se cumplieron por mi representada en algunas firmas y folios, no afectaron la solvencia de la propuesta económica presentada”, transcribe el representante legal en su queja.

No solo eso. En virtud de que el caso de la validación final está en manos de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos de la XIII Legislatura, Chávez Soberanes solicitó que “el tema de las luminarias sea profundamente revisado, debido a que se está cometiendo un acto ilegal, al descalificar a la empresa que represento y que cuenta con toda la documentación técnica necesaria para brindar una opción de mejor precio y calidad, y en su lugar se falló a favor de una empresa que está ofertando una propuesta que excede el costo en un 60 por ciento contra el precio presentado por la compañía que represento”.

Por su parte, el presidente de la comisión legislativa, Juan Domingo Carballo Ruiz, declaró: “Reconozco con humildad que nuestra propuesta tuvo omisiones y firmas y folios, sin embargo, sabemos que la Ley prevé esta situación y no afecta la propuesta económica presentada”.

ZETA solicitó entrevista vía telefónica a Construlita Lighting International, S.A. de C.V. para conocer su versión, respondiendo al llamado la directiva, Alejandra Delgado, quien de entrada desconoció a María Juana Zepeda Ledesma, como supuesta representante de la compañía, y que presuntamente firmó en la lectura del dictamen y falló.

— ¿Me podría comunicar con María Juana Zepeda Ledesma?, solicitó este Semanario a la directora.

“Aquí no trabaja ninguna María Juana Zepeda Ledesma”.

— Mire, pasó lo siguiente: ella firmó un acta del fallo de una licitación en la que supuestamente participó la compañía Construlita Lighting International, S.A. de C.V., y según el dictamen, ganó en el municipio de Los Cabos…

“¿Cómo que firmó a nombre de la compañía?”.

— Sí, aquí tenemos el acta y aparece como representante de la empresa de ustedes. ¿Trabaja o no trabaja en la empresa?

“¡Claro que no! Ella no trabaja aquí, y tampoco tienen nada que ver con la empresa”.

De inmediato, Delgado solicitó una copia del fallo en poder de ZETA y quedó de comunicarse al cierre de esta edición para fijar su postura en torno al caso.

Este Semanario intentó establecer contacto con el oficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, Edilberto graciano Chávez, pero declinó la entrevista.

LA INVESTIGACIÓN

Independientemente de los dimes y diretes, el síndico del Ayuntamiento de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, apuntó que el caso de las luminarias será analizado y revisado, y de haber indicios de corrupción, se procederá a investigar.

“No estamos hablando de 3 o 4 pesos, estamos hablado de más de 70 millones de pesos”, afirmó a ZETA.

— ¿Que harían con los más de 70 millones de pesos que hay de diferencia entre uno y otro precio presentado en la licitación pública, impugnado y bajo revisión?

“Compraríamos el combustible de todo el año en el ayuntamiento, alcanza para realizar varias obras públicas, incluso adquirir equipos de seguridad pública, remodelar o poner varias casetas de vigilancia u otras obras más; y más a como está la situación económica”.

El responsable de la Hacienda municipal de Los Cabos, agregó que después de la impugnación de la licitación, tuvo conocimiento del caso y revisa detenidamente todo lo que contiene el expediente.

Además, aceptó tener conocimiento de los antecedentes de Construlita Lighting International, S.A. de C.V. en Guadalajara, Jalisco, por lo que en caso de que después de la disputa legal, la empresa se vea favorecida con el fallo, revisarán a detalle el nuevo sistema de iluminación, empezando porque sea de una marca específica, tenga una duración mínima de 15 años y no pierda iluminación.

El propio ex director de Obra Pública del gobierno de Jalisco, Alejandro Gómez Lee, recomendó que el Ayuntamiento de Los Cabos “previamente haga una prueba de laboratorio a los focos de luz led para que no vayan a darle gato por liebre, y después sea contraproducente.

“Yo no digo que Construlita Lighting International, S.A. de C.V. sea mala o buena, simplemente expongo los antecedentes que dejó en Jalisco”, advirtió.

Datos recabados por ZETA exponen que “el sistema de iluminación colocado por la compañía en Guadalajara, presentó demasiados problemas casi al año de haber sido inaugurado, presentando luces apagadas, baja iluminación, inclusive humedad”, ya que la mayoría de sus productos, son traídos de China y ensamblados en Querétaro.

(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 08 de Julio del 2014 a las 12:00:00)

JORNALEROS COMO ESCLAVOS



Desde sus lugares de origen, bandas dedicadas a la trata utilizan enganchadores para traer a los trabajadores agrícolas a laborar en condiciones infrahumanas, en uno de los más de 40 ranchos que hay en Baja California Sur. “En una vivienda que es de 3x4, viven entre ocho y nueve, es una vivienda que es de lámina galvanizada completamente, donde el clima en esta zona es muy caliente y la lámina se convierte en un horno”, apuntó el delegado del Trabajo, Ernesto Álvarez Gámez

A mediados de junio de 2014, 45 jornaleros agrícolas llegaron a La Paz con la esperanza de un mejor futuro, entre ellos Ricardo Rendón Mendiola, de 23 años de edad, quien viajó desde Córdoba, Veracruz, para trabajar en un campo agrícola entre las comunidades de Todos Santos y El Pescadero.

Fue enganchado junto con otros 44 trabajadores, a quienes les ofrecieron trabajo seguro, techo y alimentos; sin embargo, a todos los dejaron a la orilla de la carretera, en la subdelegación de “El Pescadero”, a unos 30 minutos de la capital.

“Sé que es ‘El Pescadero’, no conozco bien, de hecho nos dejaron en una entrada de terracería, yo no vi un campo cerca, yo pensé que ahí nos iban a empezar a traer. El problema es que no pasaron, pasó una camioneta y solo se llevó a la mitad, y la otra mitad iba a esperar media hora, una hora por mucho iban a pasar por nosotros. Ahí estuvimos dos días parados en el mismo lugar”, platicó Rendón, con dos días y medio sin probar bocado.

Esa promesa es común y las autoridades saben cómo operan las bandas que explotan a los jornaleros, y por donde llegan a la entidad. “Ningún contrato más que con la promesa de que les van a dar trabajo, el que los trae le denominamos el enganchador, porque a eso se dedica, va a su pueblo, lugar de origen, de alguna manera los junta, les promete que aquí hay mucho trabajo y que aquí les va a ir bien, los traen en barco y los dejan en camiones”, reconoció Ernesto Álvarez Gámez, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El funcionario agregó que normalmente el cupo de trabajo está previamente establecido, pero en la búsqueda de adquirir más comisiones, los enganchadores traen personal excedente, el cual se le paga al llegar a Baja California Sur, pero los ranchos los dejan a la deriva.

“Los enganchadores traen gente de más, que no tenemos un control de ellos”, aseguró Álvarez.

Los jornaleros llegan al estado con la promesa de ganar entre 200 y 300 pesos al día, les ofrecen comida, hospedaje y demás, pero la realidad que sufren es otra. “Preguntando en los ranchos me dicen que no, ganan 130 pesos, tienes que pagar tu comida, no te dan gas, tienes que pagar el gas”, refirió el funcionario.

Cada vez es más común encontrar a estos “trabajadores agrícolas sin empleo”, se les ve transitando por las calles o establecidos en los linderos de la ciudad, como indigentes. Miguel Ángel Aguilar forma parte de la comunidad de indigentes de La Paz. Para él, la historia fue diferente, no aceptó el trabajo porque no era lo que esperaba, no quiso vivir como esclavo. “Te tienen bajo las condiciones del patrón, trabajas o te vas, no amenazado, pero sí a lo que diga el patrón, a las condiciones a las que someta el patrón”, expuso a ZETA.

AUTORIDADES ENTERADAS

Precisamente el día en que el joven Ricardo Rendón Mendiola fue abandonado a su suerte, al norte del estado, en la zona conocida como el Valle del Vizcaíno, en Mulegé, un operativo conjunto entre autoridades federales -PGR, STPS, IMSS, INFONAVIT, Salud, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entre otras- ingresó a ocho de los ranchos de aquella zona.

Los espacios inspeccionados son: Productora Agrícola Industrial del Noroeste, S.A. de C.V.; WPH internacional; Agrícola Baja; Negocio Agrícola San Enrique; Mesta González (Rancho El Piloto); Agrícola El Consuelo; Rancho La Misión y Rancho Don Juanito.

Al inicio de la diligencia, todo parecía normal, sin embargo, al entrar en detalle, las observaciones fueron surgiendo. De primera instancia, la delegación federal del trabajo encontró serias anomalías que evidenciaban un trato miserable, como si fuera un “campo de concentración” de principio de los 40s.

“Nos encontramos los servicios sanitarios nada adecuados, alejados de la zona donde viven, en condiciones no propias para los servicios que prestan; en estos ranchos nosotros dictamos un total 952 medidas a corregir”, anotó el delegado del trabajo, Ernesto Álvarez Gámez.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que “existen evidencias de casos de trata de personas, el más reciente derivado de la inspección que hicimos a la zona pacífico norte, en ocho ranchos agrícolas, se detectó evidencia que ahorita está documentada, dentro de una averiguación previa en la cual encontramos situaciones muy lamentables, incluyendo a una niña de 11 años que está embarazada con seis meses, producto de una violación”, reveló el delegado José Bernal Romero.

A esto hay que sumar una averiguación previa levantada al Rancho “El Piloto”; el delito, la presunción de trata de personas.

Entre las insalubres y pésimas condiciones en que habitan los jornaleros, las indagaciones llevaron hacia los dormitorios, el alojamiento brindado por su patrón, “en una vivienda que es de 3x4, donde viven entre ocho y nueve gentes (sic), es una vivienda que es de lámina galvanizada completamente, donde el clima en esta zona es muy caliente y la lámina se convierte en un horno”, recalcó el delegado del Trabajo.

Las autoridades se toparon con la mayor de las sorpresas: quince menores de edad, tres niños de entre dos meses de nacidos y el resto no mayor a diez años, todos enfermos.

Aislados de lo que ocurre en el exterior.

“Quince niños encerrados, con una enfermedad de varicela, con un calor insoportable en esa parte donde estaban, sin ningún cuidado médico, sin ningún cuidado de madres, sin ningún cuidado de nada”, lamentó Álvarez Gámez.

Esta realidad es la que enfrenta un gran porcentaje de los 22 mil jornaleros agrícolas que llegan a Mulegé cada año, en busca de una oportunidad para salir adelante. Algunos logran acceder a un contrato para laborar en la formalidad, otros, simplemente son explotados y, como lo ha señalado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), nadie lo denuncia por temor a represalias. Tan solo en el Rancho “El Piloto” se contabilizaron 2 mil cien trabajadores agrícolas; de ese universo, mil 800 jornaleros ni siquiera estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Miguel Ángel Aguilar, indigente -antes jornalero agrícola-, aseguró que la vida dentro de los ranchos agrícolas está marcada por la soledad y la miseria, ya que “a base de traerlos a trabajar forzados, horas de más y pagándoles una miseria, ni eso les puede alivianar cuando es una familia de cuatro, cinco gentes (sic)”.

En Baja California Sur hay alrededor de 87 campos agrícolas. El gobierno estatal se declaró imposibilitado para actuar, sobre todo por la intervención federal, limitándose a contestar que se mantendrán al margen y, aunque ya han pasado casi cuatro años de la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor, aunado a las violaciones humanas a las que están expuestos, como discriminación y esclavitud, siempre ha sido un tema que nadie quiere tocar: “Es un asunto que están trabajando por parte de la Federación, vino gente, mandaron indicación para que se atendiera. Nosotros vamos a esperar los resultados, hemos trabajado, por supuesto, pero si hay situaciones que se hayan presentado últimamente, que se deben atender, lo vamos a hacer”, expresó Covarrubias Villaseñor.

EL GANCHO DE LOS EXPLOTADORES

Ricardo Rendón Mendiola fue contactado en su ciudad natal, a través de una publicidad donde se ofrecía un salario de entre 900 y mil 200 pesos semanales, además del pago de horas extra en la pisca de chile. “Por donde vivimos, un carrito de propaganda venía anunciando trabajo para Baja California Sur, supuestamente por contrato, con comidas pagadas, e íbamos a tener seguro y el viaje de regreso pagado por la empresa”, narró el joven a ZETA.

Uno de los enganchadores se vendría con ellos desde Mazatlán, Sinaloa, llegarían al Puerto de Pichilingue, y de ahí los pondría en el transporte rumbo a la tierra prometida. “Una persona que venía por nosotros, supuestamente le iban a pagar por gente, yo digo que se regresó, porque ya no lo vi en el lugar”, refirió el trabajador.

El caso de este tráfico de jornaleros, es bien sabido por las autoridades. Saben que “hay empresas que se dedican a traer gente a trabajar a los ranchos, desconozco los mecanismos, pero la realidad es que llegan a los ranchos, muchas veces sin documentos”, argumentó Ramón Meza Verdugo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Lo peor de todo es que ingresan al estado sin una sola traba. Ni los mismos jornaleros agrícolas saben cómo le hacen, pero jamás tienen contacto con personal de la terminal, simplemente pasan sin ser detectados, a ojos ciegos y oídos sordos.

Según la versión de algunos jornaleros e indigentes, provenientes del sur del país, el enganchador es una persona entre los 35 y 45 años de edad, de tez morena clara, tiene ambas piernas amputadas y se traslada en silla de ruedas. Todos lo conocen como “El Ricardo” y vive en Zongolica, Veracruz.

De acuerdo con Rendón Mendiola, este sujeto “se encarga de los viajes, de contratar gente y mandarla para acá”.

APOYO PARA REGRESAR A CASA

En la búsqueda de quien se encarga de los jornaleros agrícolas violentados en sus derechos, abandonados y con diversas situaciones, todo mundo levanta lm mano y, al momento de actuar, nadie responde.

Recientemente las autoridades laborales, de derechos humanos, seguridad social, atención ciudadana y de atención a grupos prioritarios de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se reunieron para buscar mecanismos de apoyo a este sector vulnerado. El acuerdo fue de conformar una comisión, en la cual los afectados puedan recibir apoyo para regresar a sus hogares.

Sin embargo, cuando el jornalero Ricardo Rendón trató de solicitar la dichosa “ayuda”, la comisión recién creada carecía de fondos.

El joven acudió a la CEDH, a la delegación federal de la STPS, SEDESOL, Gobierno del Estado y al propio Congreso local. Nadie pudo hacerse cargo de su caso. Según los funcionarios, nadie tiene competencia para atender el caso de jornaleros abandonados, y en su mayoría, los diputados omitieron la solicitud de ayuda.

Marisela Ayala Elizalde, diputada priista, reconoció que la situación de los jornaleros agrícolas en Baja California Sur es crítica: “Viven casi privados de su libertad, porque solamente se basan en el trabajo, ellos producen y olvidan que son seres humanos”.

Por lo pronto, Ricardo terminó recibiendo el apoyo de la ciudadanía para alimentación y estancia, y los boletos de retorno a su hogar. Partió el jueves 3 de julio a las cinco de la tarde, vía ferry hasta Mazatlán, con la esperanza de emprender desde ahí el regreso a casa.

(SEMANARIO ZETA/ Antonio de Jesús Cervantes/ 08 de Julio del 2014 a las 12:00:01)