sábado, 26 de julio de 2014

TRANSAS HEREDADAS EN CESPT



Convenios de servicios profesionales fuera de normatividad, omisión en el seguimiento jurídico de un juicio agrario que afecta el erario de la paraestatal, y la acusación formal del requerimiento de “mochada” por parte de la actual directiva del organismo a cambio de adjudicar contratos, comprueban que tanto el anterior titular de la Comisión, Hernando Durán Cabrera, como el actual, Alfonso Álvarez Juan, siguen el mismo modus operandi

Antes de concluir su periodo al frente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Hernando Durán Cabrera dejó perder un juicio de amparo en contra del Ejido Mazatlán, con el que tenía la posibilidad de revertir una sentencia que lo condenaba al pago de 44 millones 217 mil 134 pesos.

A pesar de haber contratado en 2011 los servicios de la firma César Alejandro, Fernanda & Victoria, Abogados, S.C., representada por César Cristiani Ramírez para atender esa gestión judicial, al final determinó no dar seguimiento al litigio.

Tampoco cumplió con el pago total de los convenios celebrados con el abogado externo, uno de ellos celebrado en términos irregulares, ya que para el pago de honorarios, concede “todos los derechos que al final de los juicios pudiera tener derecho a cobrar este organismo a los demandantes…”, cesión que la dependencia carece de facultades de otorgar.

Al arribo de Alfonso Álvarez Juan como director de la Comisión, Cristiani Ramírez pretendió dar continuidad al juicio agrario, mediante nuevas vertientes: comprobar que el Ejido Mazatlán está anormalmente conformado, al no haber sido expropiado y carecer de plano original de deslinde de límites y colindancias; además de demostrar que en el proceso contra CESPT, el Gobierno del Estado de Baja California, no había sido notificado.

Sin la formalización documentada de un contrato, Álvarez Juan dio vista al litigante para el seguimiento del juicio. Luego se celebraron reuniones con César Cristiani en la propia dependencia, de una de las cuentas de la Comisión, se hicieron transferencias a la cuenta de Cristiani, e intercambiaron correos dando instrucciones los funcionarios y recibiéndolas el profesionista.

Pero la firma de un nuevo convenio de servicios profesionales, Álvarez Juan solo la evadía, hasta que un día, Fermín Gómez Gómez  le condicionó el pago de contratos anteriores y la firma de un nuevo acuerdo hasta que no accediera a entregar el 50 por ciento de los convenios a cuatro funcionarios de la CESP, incluyéndolo a él y al propio director.

Así lo asentó César Cristiani en la demanda 6657/14/211/AP, presentada el 2 de julio de 2014 en la Unidad de Atención y Orientación Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.

LOS CONTRATOS

En 2010, el Ejido Mazatlán inició un juicio, demandando a la CESPT la restitución de dos predios ubicados en Playas de Rosarito, mismos que la dependencia viene ocupando desde 1971.

Al carecer la Comisión de abogado especialista en derecho agrario, el litigio con número 35/2010 y radicado en el Tribunal Unitario Agrario de Distrito 45, con sede en Ensenada, fue dejado en manos de un defensor de oficio de la Procuraduría Agraria.

Sin defensa oportuna, el tribunal resolvió que CESPT tendría que pagar o devolver los inmuebles en cuestión, por lo que la dependencia se abocó a solicitar a la Comisión Estatal de Avalúos, determinar el valor de los dos predios.

La instancia resolvió lo siguiente: el valor del lote de una superficie de 2.4 hectáreas -que alguna vez asentó una desaladora y hoy sirve como bodega-, lo cuantificó en 38 millones de pesos; mientras que el de 4 mil 064.89 metros cuadrados -en el que actualmente operan oficinas administrativas-, se tasó en 6 millones 217 mil 134 pesos.

CESPT signó un contrato de compraventa con el ejido para la adquisición de ambos predios, pagando por el de menor valor la cantidad de 5 millones 125 mil pesos, dejando pendiente una diferencia de poco más de un millón de pesos.

Fue entonces cuando Hernando Durán decidió contratar en forma directa los servicios de César Cristiani para revertir el fallo, en junio de 2011, cuando el juicio se encontraba en etapa de alegatos y sentencia.

Para ello se comprometió al pago de 650 mil pesos, adicionando un “bono especial” por un millón 850 mil pesos, siempre y cuando lograra el Ejido Mazatlán devolver los 5 millones 125 mil pesos que se le habían pagado por uno de los predios.

Al contraataque legal iniciado por Cristiani, el ejido respondió requiriendo ya no solo la restitución de los dos lotes, también el pago de rentas vencidas durante los 43 años en que la Comisión había tenido la posesión de ellos; arrendamiento tasado en 40 millones 777 mil 957 pesos.

No obstante, la CESPT fue absuelta del pago de renta y, para evitar devolver o pagar por los predios ocupados, la firma de César Cristiani propuso al organismo estatal presentar una denuncia penal, al indicar haber encontrado elementos que comprobaban que la compraventa del predio menor se efectuó de manera irregular, toda vez que el núcleo ejidal nunca acreditó la ejecución de la resolución presidencial, en cuanto a expropiación y deslinde.

Sin embargo, avanzada la defensa, en 2012,  Durán Cabrera optó por reconocer los derechos de propiedad y posesión del ejido, e impidió a Cristiani presentar las denuncias penales, por lo que el litigante no logró la devolución del anticipo pagado por uno de los lotes, por lo que no cubrió el “bono especial” pactado.

A la par del contrato para dar seguimiento al caso del Ejido Mazatlán, Hernando Durán signó con Cristiani un convenio para atender un juicio ordinario civil, en el que se requería al organismo el pago de 355 millones 245 mil pesos.

A cambio, se comprometió a pagarle una cantidad “simbólica” de un millón 300 mil pesos y, a manera de honorarios, estableció en una de las cláusulas del acuerdo, “la cesión de todos los derechos que al final de los juicios pudiera tener derecho a cobrar este organismo a los demandantes, los señores Manuel Mauro Prieto Crespo, Manuel Alfonso Castillo Hernández, por conducto de sus apoderados legales, Jesús Quezada Salas y Luis Alfonso Olivares Barbosa”.

César Cristiani presentó denuncia penal en contra de todos ellos, al descubrir que dicho contrato se presentó con documentos falsos, optando los demandantes por desdecir lo alegado en el juicio civil. Lejos de continuar con la demanda por la supuesta falsificación de su firma, optó por abandonar el litigio.

Cristiani tampoco obtuvo beneficio adicional, además del millón 300 mil pesos, porque no hubo cobro indemnizatorio a la contraparte, sobre todo, porque dicha cláusula resultó improcedente, ya que CESPT está imposibilitada a ceder derechos a terceros.

EL SOBORNO

Al cambiar de administración la CESPT, Álvarez Juan le autorizó continuar con la defensa del organismo en este caso, aunque el acuerdo fue solo de palabra.

Como evidencia de ello, el litigante mostró a ZETA el intercambio de correos y depósitos para el requerimiento de copias certificadas de documentos requeridos en el Registro Agrario Nacional. Incluso acompañó a los directivos de CESPT el 1 de abril de 2014, a una audiencia con el comisariado ejidal del Ejido Mazatlán.

Pero el acuerdo nunca se asentó en un documento, por lo que el profesionista insistió hasta que el 13 de marzo fue atajado por Fermín Gómez Gómez, jefe de la Unidad Jurídica del organismo.

El funcionario le advirtió: “De todo lo que quieres que se te pague en éste y en los otros contratos anteriores que tienes firmados con la CESPT, nos tienes que dar el 50 por ciento de cada cheque que se te dé, y lo queremos en efectivo para no dejar huella…”.

Así acusó César Cristiani en la denuncia formal interpuesta el 2 de julio de 2014, ya ratificada, en la que acusa a Alfonso Álvarez Juan; Jorge Ortiz Díaz, jefe de la Unidad de Auditoría Interna; Leonardo Hernández, asistente de Álvarez Juan; y el propio Fermín Gómez. A decir de Cristiani, todos ellos fueron mencionados por el propio Gómez Gómez como “parte de la polla” de esa estafa.

Luego de la indecorosa propuesta del jurídico de CESPT, Cristiani informó de tal situación a Alfonso Álvarez, quién se comprometió a tomar cartas en el asunto, pero no hizo nada.

Cristiani siguió con el juicio que lo ocupaba, y concluyó la redacción de una demanda de amparo indirecto a nombre del Gobierno del Estado para revertir la sentencia que había sido favorable al Ejido Mazatlán.

El 7 de abril de 2014, el litigante acudió nuevamente a las oficinas centrales de CESPT a requerir el anticipo del contrato pactado de palabra en febrero de este mismo año, demandado la firma del mismo. Álvarez Juan le dijo que sería atendido por Fermín Gómez, quien a su vez le indicó que no se le debía nada y le recordó que no habían firmado ningún contrato.

Del juicio de amparo elaborado por el abogado, Gómez Gómez le aclaró que éste sería interpuesto directamente por el Gobierno del Estado.

Y le advirtió: “Cuídese mucho licenciado Cristiani en lo que vaya a hacer, porque tengo entendido que el ORFIS ya le está haciendo una investigación…”.

Un día después de la demanda interpuesta por César Cristiani en contra de los funcionarios de CESPT, ZETA entrevistó a Alfonso Álvarez Juan y a Fermín Gómez Gómez, se dijeron no enterados de la demanda y negaron cualquier acuerdo de palabra con el abogado.

Sin embargo, el viernes 11 de julio de 2014, Cristiani recibió un oficio del propio Luis Fermín Gómez Gómez, requiriéndole la comprobación de gastos de su viaje a la Ciudad México para gestionar trámites ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, por una suma de 97 mil pesos; dinero trasferido de una cuenta del organismo, a la cuenta del abogado, con fechas que van del 14 de marzo al 28 de marzo de 2014.

Los depósitos se hicieron para el pago de hotel, viáticos y copias certificadas, gastos que sin convenio de por medio, no tendría que haber erogado la dependencia.

LA INCONSISTENCIA DEL EJIDO MAZATLÁN

Sin antecedentes de un proceso de expropiación, porque éste se asumió implícito en un decreto presidencial que data de 1938, el Ejido Mazatlán define sus límites y colindancias en un plano que validó 52 años después de su fundación,  porque “el plano original se extravió”, anotó su actual comisariado ejidal, el cual preside Rodolfo González Pitones.

Por ello, justifica, no existe un documento que avale en sí la expropiación de las 4 mil 671 hectáreas de las que fue dotado el 17 de agosto de 1938, a través de un decreto emitido por el entonces Presidente de México, Lázaro Cárdenas; resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 1940.

La ordenanza presidencial determinaba tomar íntegramente dichas hectáreas de un predio mayor de 19 mil 314 hectáreas, propiedad de la sucesión mancomunada y acumulada de once miembros de la familia Machado para, posteriormente, ser expropiadas al ejido.

Sin embargo, en ninguno de los archivos oficiales se encuentran antecedentes de que la expropiación fue llevada a cabo tal y como se determinó.

La única constancia de su supuesta ejecución se resume en un acta de dos hojas tamaño carta, “copia fiel y exacta sacada de su original, que obra en su expediente respectivo”, archivo no localizado del cual solo se encontraron certificados de notarios públicos dando fe de su existencia.

El documento hace mención de la comparecencia de miembros del comisariado ejidal, pero no determina el nombre de ninguno en particular, ni hay rúbrica alguna de los beneficiados, aun cuando en el mismo se indicó que firmaron “al calce los que intervinieron, quisieron y supieron hacerlo”.

Para el abogado Cristiani, el Ejido Mazatlán “solo se sentó en las 19 mil 314 hectáreas dotadas, sin llevar a cabo la expropiación requerida, por lo que no es dueño de los terrenos cuya restitución reclama”.

De esta aseveración de César Cristiani, el tesorero del ejido, Óscar Salazar subraya: “La verdad es que él inventa su propio código agrario y su procedimiento de dotación”.

El comisariado responde que con los tres documentos, se podían formar los ejidos: resolución presidencial, plano proyecto y el plano de ejecución, sí se cumplen, aunque las pruebas datan de años recientes, apegadas a los nuevos lineamientos agrarios.

Por último, del plano original de deslinde y colindancia, aceptaron no contar con él, porque se extravió y fue repuesto hasta 1991.

(SEMANARIO ZETA/ Isabel Mercado Juarez/ 26 de Julio del 2014 a las 09:45:00)

POLICÍAS AMENAZAN A POBLADORES DE ENSENADA Y CAMALÚ,BC



Al menos cinco elementos  municipales adscritos a la zona sur de Ensenada, podrían ser encarcelados por diversos delitos, mientras residentes de Camalú denuncian casos de privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada, agresión física y narcomenudeo de los propios agentes. PGJE ya investiga

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) anunció que podría encarcelar al menos a cinco policías municipales adscritos a la zona sur por distintos delitos. Dos órdenes de aprehensión ya fueron giradas y dos más están en manos de la juez en San Quintín.

Policías municipales adscritos a la zona sur del municipio de Ensenada volvieron a ser acusados de cometer abusos en contra de los pobladores, particularmente en la delegación de Camalú, donde los señalamientos de residentes, además de la denuncia documentada por abuso sexual en contra de una joven, apuntan a extorsiones, golpes, venta de drogas, privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada y otros delitos.

Personas de esta delegación entrevistadas por ZETA explicaron que los elementos no han sido denunciados formalmente ante las autoridades, ya que temen represalias. Aseguran haber sido amenazados de muerte y golpeados directamente por los agentes, quienes básicamente los obligan a vender droga que ellos mismos les proporcionan, además de encargarles objetos para robar.

Según los denunciantes, la situación, incluso para quienes dijeron estar acostumbrados a malos tratos de los policías, ha sobrepasado todos los límites. Por eso decidieron denunciarlos de manera anónima.

“Padilla (Rafael Antonio Padilla) se apellida, usa lentes, está pelón, chaparro y morenillo, junto con su compañero de turno Julio (Julio Plaza Damián), obligan a vender droga a diferentes gentes en Camalú. Los golpean, les dicen que los van a matar, y se meten a las casas, ni los federales se meten a las casas así”, expresó uno de los habitantes del lugar.

Marihuana y cristal, son las drogas que supuestamente estos policías distribuyen a distintos jóvenes, adultos, hombres y mujeres en Camalú, para que las vendan por ellos y les paguen lo que corresponde. Incluso, refieren, esconden la droga en instalaciones de la propia comandancia, en esa misma delegación, en los patios, dentro de patrullas fuera de servicio.

Y es que el comportamiento irregular de policías municipales en la zona sur, en Camalú y en San Quintín, no solo ha trascendido de manera no formal, con denuncias anónimas como éstas. De acuerdo a la PGJE, a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y a Sindicatura Municipal, existen investigaciones y órdenes de aprehensión solicitadas en contra de agentes municipales adscritos a esas delegaciones. De entrada, al menos cinco podrían ser encarcelados.

Cuestionado respecto al actuar de los policías al sur del municipio, Marco Antonio Chavarría López, subprocurador de la PGJE Zona Ensenada, expresó:

“En el tema de esas investigaciones, lo que yo he referido es que en cuanto un hecho que se llevó a cabo en la delegación de Camalú, donde una persona de sexo femenino denuncia por abuso sexual a dos policías municipales (Mario Alberto Soto Villegas y Oswaldo Portillo Sánchez), ese asunto lo enviamos al Juzgado, el juez nos otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes; sin embargo, sé, porque fui informado, que los agentes de la Policía Municipal están este…”.

— ¿Amparados?

“Sí, cuentan con un amparo respectivo, por lo cual en su momento se van a tener que presentar ante el juez penal competente que así los requiera, según el amparo tiene que ordenarlo en ese sentido, pero por el momento ellos van a tener que comparecer ante el juez”.

Esto significa que los agentes que fueron señalados por una mujer abusada semanas atrás, y que fueron descubiertos durante el abuso por la mamá de la joven y un residente de Camalú que fueron a buscarla, aún siguen en funciones.

A este caso se suma el de otros dos policías municipales en la delegación de San Quintín, involucrados en el delito de cohecho que la PGJE hizo ya del conocimiento de la juez penal de esa delegación, Martha Flores Trejo, a quien solicitaron órdenes de aprehensión que a inicios de esta semana, aún no había emitido.

“Tengo uno más, derivado de un robo, que es por encubrimiento. Ese que está por encubrimiento, sí lo tenemos todavía en integración, próximo a determinarse. Así lo quisiera señalar, a determinarse”, explicó Chavarría. En ese caso, también un policía municipal está involucrado.

El subprocurador asegura haber ampliado el personal en la región sur,  “tengo tres agentes del Ministerio Público, tengo seis secretarios, tengo 19 agentes de la Policía Ministerial, tengo un perito en criminalística y tengo un perito médico; tengo un canalizador, y aproximadamente como seis auxiliares de trámite. En atención a víctimas tengo dos psicólogas, una trabajadora social y un asesor jurídico.

“En justicia para acuerdos tenemos un MP que recibe las denuncias, que es un MP orientador, y en la alternativa tenemos ahí un MP mediador”, explicó Chavarría.

En las delegaciones al sur de Ensenada existe un rezago histórico en la atención por parte de la Procuraduría y temas de seguridad, que había llevado a una problemática social plagada de delitos, particularmente de robos a casa habitación y robos simples, vinculados directamente al consumo de drogas, siendo el cristal, la principal droga consumida en esa zona.

“Reforzamos allá y de esta manera ahora tenemos un gran número de determinaciones. Nuestro ámbito en relación a determinar averiguaciones previas se ha duplicado”, aseguró.

Para poner en contexto, dijo, en un lapso de menos de dos meses han sido cumplimentadas 28 órdenes de aprehensión y “un número considerable de investigaciones que ya turnamos al Juzgado, y que nos están librando órdenes de aprehensión, en su mayoría de robo. Es el principal problema que se tiene allá, robo a casa habitación, robo simple, es lo principal. Yo quisiera comentarte que los datos que traemos allá son de manera definitivamente a la baja en estos meses. Sigue existiendo la problemática, pero va hacia la baja”, afirmó.

Mientras tanto, las denuncias de habitantes de Camalú incluyen una persecución ocurrida la semana pasada, donde policías en al menos tres patrullas de la delegación, intentaron interceptar a Raymundo Hernández, un líder comunitario que radica en esa delegación, quien dijo sentirse amenazado por los oficiales, que supuestamente intentaron detenerlo en un punto desolado de la delegación y en la noche; por lo que decidió refugiarse en su vivienda, a donde lo siguieron y se retiraron minutos después, según explicó.

En otros hechos, residentes de la delegación comentaron a ZETA que el oficial Padilla y su compañero Julio, han obligado a personas de escasos recursos y jóvenes a que les vendan drogas. Aseguran, les entregan paquetes de marihuana, o cristal, y les dan plazos de pago obligados, de lo contrario, les “ponen” la droga a personas y/o familiares cercanos para que sean detenidos con ella, y les dicen: “¡Y si no me vendes, te voy a levantar!”.

Estas amenazas han provocado miedo entre los pobladores, quienes mencionaron a ZETA que existen dos casos de sujetos que fueron encontrados muertos recientemente, uno en una zona conocida como “la presa” y otro en “la pila”, casos que, afirman, son usados como ejemplo en las advertencias recibidas por estos agentes, con la frase “¿o quieres terminar como...?”.

— ¿El policía Padilla es de aquí de Camalú?, preguntó ZETA a uno de los denunciantes.

“No, creo que viene de San Vicente, y el otro (Julio), que no sé cómo se apellida, sí es de aquí de Camalú, de la Coyotera”

— Cuando llevan la droga a las personas, ¿van uniformados?

“Sí, en la patrulla, ahí la mueven”.

— ¿Y está enterado el delegado de lo que hacen los policías?

“Yo pienso que no, porque yo no creo que esté de acuerdo en que anden haciendo eso, y golpeando a la gente. Llegan a casas, rompen puertas, se meten, levantan gente. ¡No, si andan recio!”.

Los residentes pidieron un alto a la situación, la intervención de las autoridades federales y estatales, y una investigación a los oficiales que amenazan hasta a los “borrachitos” que los voltean a ver en la calle.

“Nosotros tenemos un trabajo coordinado con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y de manera muy prioritaria con el propio Ayuntamiento, porque hay muchas situaciones que no nada más inmiscuyen a éste. El tema de seguridad está ligado también a temas administrativos, de situaciones en cuanto a algunas problemáticas que se están dando allá, que en su momento lo refirieron las propias personas que hemos estado visitando”, explicó Marco Antonio Chavarría López.

Recientemente, el director de la policía de Ensenada, Enrique Villarreal Montemayor, anunció la instalación de cámaras de vigilancia en diversos puntos de la zona sur, para registrar movimientos de vehículos o incidentes que ocurren en el área.

Cámaras que, según explicó el subprocurador Chavarría, son bien recibidas por la PGJE, al ser una herramienta fundamental para las investigaciones que realizan los agentes del MP, y que en Ensenada han ayudado a resolver casos como el del asesinato del regidor Arturo Castellanos, o los movimientos de los homicidas del niño Haziel Ruiz.

“Armamos ya una agenda para San Quintín, es decir, en el caso de tu servidor estoy atendiendo San Quintín una vez por semana, en una atención ciudadana y también en compromisos que se llevan a cabo en las colonias. Un día a la semana estoy en San Quintín, y atendemos a la ciudadanía, a los grupos de opinión, a los grupos intermedios, a la gente que traiga una problemática”, afirmó el subprocurador de la PGJE en Ensenada, destacando una atención especial que se le está dando recientemente a la zona sur.

Agregó que recientemente en San Quintín se realizaron dos cateos, y existe presencia de la unidad de narcomenudeo de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada.

— ¿Este índice de robos fuertes a qué se debe, es por cuestiones de personas con alguna adicción, o son bandas que existen ahí?

“Definitivamente está ligado al tema de la adicción, por eso hemos trabajado de manera conjunta con el área de narcomenudeo, con la información que nosotros tenemos, más lo que la ciudadanía nos ha proporcionado en las visitas que hemos hecho. Con ese trabajo operativo se están llevando a cabo cateos para poder ubicar los centros de venta al menudeo de la droga”.

— ¿Hay bandas?

“Nosotros hemos llevado a cabo la detención de diversas personas que pudiéramos considerar que son una banda, porque son un grupo de personas que trabajan de manera coordinada. Se conocen, e ingresan a los domicilios. Sí hemos tenido detención por parte de ellos”.

— ¿Sabe si va a haber cámaras de vigilancia en las mismas comandancias?

“Yo, por lo que sé hasta ahorita, en algunas comandancias ya hay cámaras, sé que la de San Quintín tiene cámaras hacia las celdas, que es la que pudiera contar, porque eso me lo informaron, pero en las demás sí no sé. Pero tendríamos que realizarlo para poder tener un monitoreo también de los detenidos”, puntualizó Chavarría López.

(SEMANARIO ZETA/ Ricardo Meza Godoy/ 25 de Julio del 2014 a las 14:42:00)

EL BILLONARIO RESCATE DE PEMEX



Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron que el gobierno federal absorba como deuda pública parte del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos (Pemex), que asciende a un billón 153 mil millones 301 mil pesos, con información al primer semestre de 2014.

Lo mismo pasará con los pasivos laborales de Comisión Federal de Electricidad (CFE) calculados en 500 mil millones de pesos. Con la aprobación del primer dictamen en materia financiera de la Reforma Energética propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, los legisladores argumentaron que esto permitirá a las nuevas empresas productivas del Estado estar en condiciones para competir con las empresas trasnacionales que explotarán hidrocarburos en México.

La oposición calificó la medida que entrará en vigor el primero de enero de 2015 como “Pemexproa” en alusión el rescate bancario por el cual el gobierno federal asumió con deuda pública la cartera vencida de bancos privados conocido como “Fobaproa”.

Sin embargo, el pasivo laboral de Pemex es superior casi dos veces a la deuda original del “Fobaproa”, la cual significó 552 mil millones de pesos, en 1998.

De acuerdo con algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC), la parte que pagarán los mexicanos es de 700 mil millones de pesos. Asimismo, el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos es superior al monto de 687 mil millones de pesos que el Congreso autorizó al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto como tope de endeudamiento para este año.

Ambos compromisos laborales asumidos por las antiguas empresas paraestatales alcanzan el 1.6 billones de pesos, lo cual representa casi una cuarta parte del total de la deuda pública reconocida por México, reportada en 6 billones de pesos por la Secretaría de Hacienda, en agosto de 2013.

“Sus pasivos son superiores a 12 puntos del PIB; arriba de dos billones 100 millones de pesos, superior al Fobaproa y superior al monto de la deuda pública reconocida por nuestro país”, reconoció el Diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

(ZETA/SinEmbargo)
(SEMANARIO ZETA/ Redacción ZETA/ 26 de Julio del 2014 a las 08:24:14)

INVESTIGA PGJE CRIMEN DE ABUELA Y NIETA EN TIJUANA



La Procuraduría General de Justicia del Estado informó sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de Esther Magaña Gómez, de 59 años de edad y su nieta Andrea Guzmán Reynoso de 6 años, la tarde del viernes 25 de julio en un camino vecinal, en las inmediaciones de Rancho San Francisco, Nueva Colonia Hindú, en el municipio de Tecate.

Elementos del Ministerio Público en compañía de Servicios Periciales ubicaron un vehículo tipo pick up marca Ford, sport track, modelo 2007, color gris Silver propiedad de la Magaña Gómez.

Al inspeccionar el lugar, tuvieron a la vista los cuerpos sin vida de la mujer y la niña con huellas de violencia no muy visibles por el avanzado estado de descomposición en la que se encontraron.

Poco más de las 10 de la mañana del viernes 25, la PGJE, a través del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) emitió una alerta de búsqueda por la desaparición de la abuela y nieta.

Mientras que dos días antes, el 23 de julio, aproximadamente las 20:28 horas, se levantó constancia por parte del personal del Ministerio Público, en la que se asienta que se recibió llamada telefónica por parte de personal de la Policía Ministerial del Estado a través de la central de radio C4, informando que habían recibido el reporte de la desaparición de las hoy occisas.

En el informe,  la reportante dijo que en la casa de su madre, Esther Magaña,  ubicada en la colonia Nueva Hindú, Sección Viveros, se encontraba desordenada y hacían falta los dos vehículos.

Por lo que personal de la Agencia del Ministerio Público se trasladaron al lugar de los hechos y verificaron que era cierta la información.

La reportante manifestó que el último día que tuvo contacto vía telefónica con su madre fue el día 21 de julio de 2014, y que su hija estaba de vacaciones en la casa de su mamá.

Derivado de la investigaciones realizadas por los agentes Ministeriales, se presentó a un hombre ante el Ministerio Público, a quien se le investiga por estos hechos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de una tarjeta informativa, señaló que informará los avances que se tengan en la investigación para el esclarecimiento del doble homicidio.

(SEMANARIO ZETA/ Reporteros de ZETA/26 de Julio del 2014 a las 08:56:36)