lunes, 14 de noviembre de 2011

...Y EL CAMBIO NUNCA LLEGO

        
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El primer informe de Malova será el recuento de un año con más de lo mismo

Durante casi un año han esperado los sinaloenses a que Mario López Valdez lleve a los hechos la palabra de atacar la corrupción, dar seguridad pública, encabezar un gobierno de vanguardia y abanderar la austeridad. Y nada. ¿Qué dirá en su primer informe? ¿Reconocerá que no puede gobernar un estado regado de cadáveres que muestran las marcas inauditas de la crueldad del crimen organizado?
Tal vez Mario López Valdez ya sepa, casi un año después, que ni es el mejor gobernador del país ni ha hecho de Sinaloa el mejor lugar para vivir, como lo prometió el 31 de diciembre de 2010 al protestar al cargo.

En sentido opuesto a los ofrecimientos de Malova, el primer balance da cuenta de la improvisación y el comportamiento errático del nuevo régimen que se traduce en ingobernabilidad y una severa crisis en la agricultura y el turismo, los dos puntales de la economía sinaloense.

A medida que ha disminuido la fuerza del Estado frente al embate criminal, se ha fortalecido el miedo y el sentimiento de desprotección en la población. Los mismos datos oficiales dan cuenta de la comisión de mil 600 asesinatos en el lapso enero-octubre de este año.

A consecuencia de que entregó el poder en cuotas a sus padrinos y “padres” políticos, la administración pública luce desparpajada y confrontada dividiendo el Palacio de Gobierno en pequeñas parcelas que se disputan entre sí, lejos de concentrarse en abatir los enormes lastres que detonaron la alternancia.

Nada en este año ha funcionado como debiera. Inclusive la impericia en la gestión de recursos públicos llevó a Sinaloa a una crisis presupuestal que obligó al gobernador a contratar, a siete meses de iniciada su gestión, un crédito por 2 mil 600 millones de pesos, haciendo efecto en cadena en los municipios que se han visto orillados a endeudarse con empréstitos propios.

Mal empezó el primer tramo del autollamado “gobierno del cambio” cuando al equipo de Gobierno fueron integrados personajes públicamente cuestionados como son los casos de Óscar Félix Ochoa, designado subsecretario de Agricultura; Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, nombrado director de la Policía Ministerial del Estado, y Juan Manuel Zarco Bernal a quien finalmente no se le oficializó un puesto en la Secretaría de Seguridad Pública.

Y mal acaba el primer año de gestión: la masacre que quitó la vida a ocho personas en una cancha de volibol de la colonia Pemex, en Culiacán el 4 de noviembre, así como la situación violenta que puso en peligro la vida del alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna —el 7 de noviembre en el extremo sur de la autopista Benito Juárez— aparejado a la amenaza de una sequía devastadora y la alerta de alta peligrosidad que varios países han puesto sobre Sinaloa, vuelven sombrío el panorama de fin de año.

Tan oscuro o más que en años anteriores.

Pesan los muertos

El 26 de enero de 2011, luego de asistir a las exequias de Luis Pérez Hernández, quien fuera uno de los hombres claves para que ascendiera a la gubernatura, Mario López Valdez acudió a presenciar el quinto juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Guasave y Obregón.

Había enfrentado la primera crisis de seguridad pública de su incipiente gobierno y estrenado la frase “investigaremos a quien tengamos que investigar” mientras que la sospecha de la autoría del crimen alcanzaba al gobierno anterior y al suyo.

Gobernar un estado regado de cadáveres que muestran las marcas inauditas de la crueldad del crimen no ha sido fácil para Malova. Todavía ni se sentaba bien en la silla cuando el 8 de marzo, durante el homenaje a siete policías ministeriales muertos en una emboscada cerca de Guasave, empezaron los reclamos. “¿Este es el cambio?”, le preguntó una de las viudas de los agentes y de paso le advirtió: “Mire a la gente que está a su alrededor, señor gobernador, porque tiene gente que está con el narco”.

Se habían venido en cascada los saldos de la narcoguerra: 166 homicidios en enero, 131 en febrero, 169 en marzo, 228 en abril, 142 en mayo, 175 en junio, 159 en julio, 145 en agosto, 134 en septiembre y 148 en octubre.

El crimen fue más lejos el 15 de julio al instalar un comando de sicarios un retén por la carretera internacional, también en Guasave, porque sabía que por ahí pasaría el titular de la SSP, Francisco Córdova. Diez elementos de la Policía Estatal Preventiva y un civil murieron. El funcionario salió ileso al no ir en el convoy atacado por los pistoleros.

El ambiente de tensión, de miedo, ha prevalecido todo el año. Más cuando los grupos rivales al cártel de Sinaloa empezaron en mayo a acusar al gobernador, a través de las llamadas narcomantas, de proteger a Joaquín el Chapo Guzmán.

Las expectativas abiertas en materia de seguridad pública fueron desmoronándose. Fue un golpe demoledor, el levantón y asesinato del periodista Humberto Millán Salazar cuyo cadáver fue hallado el 25 de agosto, el que derribó la esperanza de que Malova pudiera o quisiera recuperar la tranquilidad, como lo ofreció al asumir la gubernatura.

Los más de mil 600 homicidios pesarán en la primera rendición de cuentas, al ser el saldo de la impunidad.

Espera inútil


Durante 318 días esperaron los sinaloenses a que Mario López Valdez llevara a los hechos la palabra de atacar la corrupción, encabezar un gobierno de vanguardia y abanderar la austeridad.

Desde mediados de septiembre la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa interpuso denuncias contra ex funcionarios del sexenio que encabezó Jesús Aguilar Padilla, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado las ha mantenido estancadas sin conocerse siquiera contra quien van dirigidas las querellas.

El asunto decayó en una serie de amagos y cero acción penal contra exservidores de la Secretaría de Salud y la Dirección de Fiscalización. En la víspera del proceso electoral 2012, Juan Pablo Yamuni, responsable del combate a la corrupción, ha anunciado que interpondrá otro paquete de demandas penales.

Tampoco el gobernador ha podido poner el ejemplo en cuanto al uso racional de los recursos públicos. Con un costo de un millón 800 mil dólares adquirió un avión Falcon modelo 86, para transportarse dentro y fuera del estado. Recientemente, la semana pasada, se dio a conocer la adquisición de otra camioneta blindada, con un precio estimado en un millón 800 mil pesos, para uso del mandatario. De igual manera sigue vigente el proyecto de construir la nueva residencia oficial para que López Valdez la inaugure.

La opacidad de los asuntos de Gobierno es otra deuda pendiente de Malova. Siempre bajo la oscuridad maliciosa del poder, inversiones como las aplicadas para la compra de uniformes y útiles escolares y los concursos para asignar obra pública, llevan importantes dosis de sospecha.

Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cómo y en dónde se está aplicando el dinero del préstamo por 2 mil 600 millones de pesos, adquirido por el gobierno de Malova, puesto que las obras programadas registran tardanza y se han condicionado a que los ayuntamientos también se endeuden.

Casi un año de espera en vano. La violencia incontenible, la economía tambaleante, la criminalidad que apunta hacia el Gobierno, la transparencia simulada y las acechanzas sobre el ejercicio de la libre expresión llevan a la sociedad sinaloense a preguntar dónde quedó el cambio.

Decálogo de la demagogia


Al rendir protesta como gobernador de Sinaloa, el 31 de diciembre de 2010, Mario López Valdez enumeró lo que serían sus principales acciones de Gobierno. A punto de cumplir un año en el poder, las siguientes promesas naufragan en el incumplimiento.

1. PROMESA: tener calidad de rumbo en su gobierno y establecer un gobierno con principios y honestidad. No se tolerarán corruptelas, componendas y no habrá nuevos ricos sexenales.

REALIDAD: aunque la operación se hizo antes de que asumiera el cargo, la compra de 90 camionetas a su “padre político”, Leonardo Nalo Félix, por 120 millones de pesos, marcó a la administración malovista.

2. PROMESA: su gabinete habrá de trabajar en equipo y no tolerará que nadie lleve agua a su molino.
REALIDAD: en mayo pasado, debido al evidente golpeteo entre los secretarios de su equipo de trabajo, tuvo que amenazar con dar un “manazo” en la mesa, el cual nunca ocurrió.

3. PROMESA: advirtió a sus colaboradores que aquel que no funcione, no sirva o no quiera funcionar, saldrá de inmediato de su administración.
REALIDAD: una y otra vez ha anunciado cambios pero ha permitido que continúen en sus cargos funcionarios ineficientes como el secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez y el secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, entre otros.

4. PROMESA: impulsará un gobierno tolerante a la crítica constructiva y el 2010 será un año recordado como el año que la sociedad sinaloense venció el miedo y la apatía y permitió la alternancia en el poder.
REALIDAD: es notoria la intolerancia a la crítica. El 16 de marzo uno de sus guaruras trató de intimidar al reportero Alfredo Beltrán, de Megacable, al mostrarle su arma de fuego. El mandatario le niega publicidad a medios que lo cuestionan. El 26 de agosto es hallado el cuerpo sin vida del periodista Humberto Millán, estableciendo la investigación el móvil político como posible causa del homicidio. Además el gobernador propone una iniciativa de Ley de Periodismo de Alto Riesgo que esconde la pretensión de entrometerse en decisiones de los reporteros y empresas periodísticas.

5. PROMESA: privilegiará el diálogo con el Congreso y respetará su autonomía.
REALIDAD: desde el inicio del mandato, López Valdez pasa por alto a la LX Legislatura alterando el procedimiento para nombramiento de procurador, designación del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la compra de un avión para el gobernador. El 3 de marzo propuso a su maestra de oratoria, Reyna Guadalupe Valdez Castro, para dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres. El Congreso le rechazó la propuesta.

6. PROMESA: propondrá reformas al Código Penal para establecer los juicios orales, creará las agencias del Ministerio Público Móvil y se digitalizarán las averiguaciones previas.
REALIDAD: los sistemas de procuración y administración de justicia registran un rezago significativo en estos aspectos. El gobernador ha incumplido por completo.

7. PROMESA: propondrá reformas a la Constitución Política de Sinaloa para desaparecer la figura del síndico procurador en los ayuntamientos y que los regidores sean cargos honoríficos.
REALIDAD: No lo ha hecho.

8. PROMESA: se compromete a luchar de manera responsable en contra de la delincuencia. “Si no se toma el toro por los cuernos en estos momentos, después nos habremos de arrepentir”, dijo.
REALIDAD: Sinaloa sigue a merced de los grupos delictivos con más de mil 500 homicidios dolosos en 2011, atentados contra policías y funcionarios públicos y la innegable dispersión y complicidad de los cuerpos policiacos.

9. PROMESA: Sinaloa contará con dos nuevos municipios como son Eldorado en el valle de Culiacán y Juan José Ríos en el valle de El Fuerte.
REALIDAD: la demanda de municipalización de Eldorado y Juan José Ríos ha sido olvidada.

10. PROMESA: la Secretaría de Promoción Económica trasladará su sede al norte del Estado para desde ahí apalancar el desarrollo de toda la entidad.
REALIDAD: la dependencia sigue con su sede en Palacio de Gobierno, en Culiacán.


Las declaraciones inauditas abonan al descrédito del gobernador

Discursos alterados

Si por sus dichos hay que conocer al gobernador Mario López Valdez, entonces resultaría irreconocible aquel político que en la campaña electoral de 2010 despertó la más alta confianza de que las riendas de Sinaloa estuvieran en manos de un verdadero estadista.

El baile cadencioso con el que atrajo votos el mandatario, se volvió aburrido y burlesco una vez que tomó el poder. Se tornó inútil porque por más que prometió irles a bailar a los secretarios del Gobierno federal, estos no lo tomaron en serio.

Pero son los constantes deslices verbales de Malova los que lo posicionan muy bien en el ánimo chusco de la población. El acostumbrado tránsito de la formalidad a la risión parece no preocuparle al mandatario… ni a sus asesores.

El clásico de que no habrá “ni cuates ni cuotas” en la integración del Gabinete se convirtió en el dislate inicial de Malova. Antes de asumir la gubernatura mandó la primera gran indicación que sus palabras no irían sustentadas en la congruencia pues a su equipo de trabajo integró personajes ligados a los exgobernadores Juan Millán, Francisco Labastida y de Heriberto Félix Guerra, secretario federal de Desarrollo Social.

Igualmente tuvo la ocurrencia de inventar el chambaweb, un sitio en Internet que acopiaría los currículos de quienes desearan ser parte del Gabinete. Ninguna evidencia hay de que funcionarios de primero, segundo o tercer nivel hayan derivado de ese sistema de headhunters.

Sus expresiones dan para una antología de lo burlesco:

“El que se mete con Mingo se mete conmigo”, expresó en la primera visita que hizo a Guasave como gobernador electo, refiriéndose a Domingo Ramírez Armenta, al que posteriormente nombraría director general de Vialidad y Transportes.

“No está muy lejana mi elección (como gobernador de Sinaloa), la gané bailando, porque todo mundo me quiere ver bailar, pero no lo hago gratis. En el primer baile le saqué 500 millones para combatir la pobreza (a Heriberto Félix, titular de Sedesol); en el segundo baile le saqué 50 mil cobijas, y el tercero, si usted me ayuda a poner a Sinaloa verde, le bailo en Los Pinos”, le manifestó el 11 de febrero al presidente Felipe Calderón en medio de la catástrofe agrícola causada por las heladas.

“Con blancas palomas no se puede enfrentar la delincuencia en una lucha encarnizada como la que se trae”, manifestó el 29 de marzo al defender el regreso de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, a quien nombró asesor de seguridad. Luego lo designaría director de la Policía Ministerial del Estado.

“Queremos establecer como política que no vamos a autorizar la revalidación de licencias de alcohol a aquellos espacios donde hacen o fomentan la apología del delito”, explicó a mediados de mayo al argumentar la prohibición de los narcocorridos en Sinaloa, mientras que el periódico Noroeste lo evidenciaba bailando durante la campaña el narcocorrido El Hotel del Cid, de la banda sinaloense Calibre 50.

“Si lo que desean es hacer ruido y lastimar a Sinaloa, pues está bien”, respondió el 26 de agosto a periodistas que planeaban una manifestación en demanda del esclarecimiento del asesinato del periodista Humberto Millán.

“No soy un vende patrias. Pudiesen acusarme de ello”, dijo el 27 de septiembre ante el presidente Felipe Calderón al proponer reformas constitucionales para que extranjeros puedan ser propietarios de playas en México.

“Hoy las cosas están distintas porque la gráfica de la delincuencia a pesar de los acontecimientos no solo la frenamos, reporta que la hemos disminuido, la meta es terminar con 500 muertos menos en comparación al año pasado”, ofreció a inicios de octubre ante empresarios de Mazatlán. Enseguida sobrevino en Mazatlán y en todo el estado una escalada violenta. El puerto ha sido boletinado por Estados Unidos y Australia como altamente inseguro.

“No me quite las ganas de ayudarla”, fue la respuesta a una manifestante que lo encaró el 22 de octubre en San Blas, como parte de una manifestación de afectados por la construcción de la gasolinera La Pilarica.

Rasgos intempestivos

Para la socióloga Martha Corona Hernández, especializada en la codificación del discurso político, la costumbre de Mario López Valdez de dejarse llevar por las emociones sin meditar antes lo que expresa, es propia de gobernantes que ascienden al poder con un amplio consenso social y en coyunturas especiales.

“La gente le mostró su cariño en la campaña y ahí Malova podía decir lo que se le ocurriera para ganar votos; ahora no ha caído en cuenta que es el gobernador y que tiene que ser más formal, menos intempestivo sobre todo en aquellas situaciones en que la población se siente lastimada”, opina.

Resalta que aún en situaciones de mucha dificultad, como es el caso de los daños que dejaron las heladas y el alto índice de homicidios, el gobernador ha descuidado el lenguaje y ha herido sentimientos, susceptibilidades.

Para dos momentos políticos, agrega, corresponden discursos y actitudes distintas. “Lo que hacía carismático a Malova, bailar y usar un tono dicharachero, hoy les parecerá desacertado a los mismos que antes le aplaudían. Eso debe percibirlo un político con tablas y si no, para eso están sus asesores”.

Considera que el estilo de López Valdez tiene similitudes con el que utilizó el expresidente Vicente Fox, a quien finalmente se le recuerda por los rasgos intempestivos, es decir, por los “aceleres” y yerros frecuentes en la oratoria. Igual ocurre, compara, con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien ha entrado en conflictos diplomáticos por los exabruptos en que incurre.

“Comúnmente la crítica los lleva a corregir, la sátira que la sociedad hace de esas poses y declaraciones los orilla a rectificar. Esperemos que sea el caso de Malova”, concluye.

LA MUERTE JUEGA VOLIBOL

        
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Policías que huyen, socorristas encañonados, espectadores aterrados…
Javier Valdez
Mientras se desarrollaba un juego de volibol, deportistas, vecinos y espectadores fueron sorprendidos por un comando de cerca de veinte pistoleros, quienes dispararon indiscriminadamente sus fusiles AK-47. El ataque tuvo un saldo de ocho personas muertas y siete heridas, entre ellas una mujer.

El múltiple homicidio fue el viernes 4 de noviembre, alrededor de las 20 horas, en una rústica cancha de volibol ubicada por la calle 20 de Noviembre, en la colonia Pemex, en Culiacán. Unas 200 personas estaban ahí, reunidas, entre jugadores, vendedores, vecinos y mirones.

Versiones de testigos indican que los homicidas evitaron que socorristas de la Cruz Roja se llevaran a los heridos. Frente a los agentes de la Policía Municipal, los sicarios amenazaron a los socorristas; otras versiones indican que los agentes huyeron cuando vieron regresar a los matones.

“No recibimos el apoyo de las autoridades para poder trasladar de una forma segura a los heridos. No se resguardó bien la zona”, dijo Carlos Arnold Hernández, jefe de Socorristas de la Cruz Roja en Culiacán, quien exigió a las autoridades garantías para ejercer sus labores.

Alfonso Carlos Ontiveros Salas, secretario de Seguridad Pública Municipal, negó que sus agentes hayan corrido de la escena del crimen o no hayan escoltado a los paramédicos y ambulancias en el traslado de los heridos. “Jamás hemos dejado solo a nadie”, contestó.

El funcionario también rechazó la declaración de Francisco Córdova, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quien acusó a los policías culichis de “no entrarle” por temor a los grupos armados.

Sicarios, drogos, tamales

Los viernes en esa cancha de volibol son una religión. Esos días vienen jugadores de Salvador Alvarado, Ahome, Angostura y otras regiones de la entidad, a participar en las contiendas. Los primeros juegos, que se realizan a partir de las 5 de la tarde, no tenían la importancia de los que se realizaban a partir de las 7 u 8 de la noche, en los que participaban los jugadores de primer nivel y claro, las apuestas.

“Yo siempre me cuidaba. Me gustaba mucho ir a ver los juegos porque se ponían buenos, de muy bien nivel, pero me daba miedo: había muchos que se drogaban ahí, en los baños de los expendios que están enfrente, ahí mismo vendían droga y además varios de los que asistían y jugaban iban armados”, contó uno de los testigos.

Tenía alrededor de siete años yendo a ver las careadas. Ahora no quiere hacerlo más. Esperaba consuetudinariamente a que le dieron las cinco o seis, cada viernes, para acudir. Mantuvo ese ritual durante cerca de cinco años y eso bastó para darse cuenta de las ventas de marihuana y cocaína al menudeo.

Varios de los occisos, aseguró, no eran malandrines. Dijo que es mentira que los sicarios hayan seleccionado una por una de sus víctimas. Los cerca de veinte sicarios, quienes llegaron al lugar en al menos tres vehículos y con el rostro cubierto, dispararon indiscriminadamente.

Los policías visitaban frecuentemente el lugar. Las versiones de los vecinos y asistentes a estos encuentros deportivos de barrio aseguran que los que vendían droga les daban dinero a cambio de protección y de que no los molestaran. Otro de los testigos consultados por Ríodoce, quien iba de lunes a sábado a ver los partidos de volibol, afirmó que en varias ocasiones vio a jóvenes menores de veinte años presumiendo las pistolas, después de arribar en camionetas de lujo. Otros preferían dejar los cuernos de chivo dentro de los automóviles.

Y a pesar de eso, los únicos pleitos eran entre los jugadores, por algún punto, pero nunca sacaron las armas para resolverlos.

Varios de los que asistían y no tenían nada qué ver con drogas o armas, buscaban siempre un lugar para admirar los juegos, pero también para huir: “Si se arma una balacera, por aquí me voy más rápido”, llegaron a comentar.

Uno de ellos señaló que procuró siempre ubicarse lejos, pero sin perder de vista la calidad del juego y los participantes, “porque eran unas careadas buenísimas, no tienes idea”. Pensó que un día iban a llegar unos desconocidos a disparar. Y así fue: se ubicó lejos y vio cuando los hombres armados llegaron y empezaron a accionar sus fusiles, por eso está vivo y lo cuenta, aunque no piensa regresar al lugar.

En las canchas, las bancas que funcionaban como gradas, convivían un vendedor de dulces y galletas, la vendedora de tamales, el que expendía coca y cigarros de marihuana, dos muchachas que expendían pan y jóvenes con la pistola fajada.

Las jornadas de volibol se extendían tradicionalmente hasta las 11 de la noche. Esta vez las balas decretaron su fin poco después de las ocho. En el lugar había siete cadáveres, casi todos boca abajo, unos cuantos recipientes de refrescos en pie y cientos de casquillos ya fríos, como la cancha.

Cercan a policías

Los policías están acorralados: entre los fusiles de los narcotraficantes, las exigencias de la ciudadanía que demanda más seguridad y la complicidad de sus jefes con los capos del crimen organizado.

Por eso no le “atoran” cuando los comandos regresen para rematar a los heridos o evitar que los socorristas de la Cruz Roja los atiendan. Ellos, aseguran, también están indefensos porque dentro de las corporaciones, empezando por los mandos, “todo está muy podrido”.

En accidentes automovilísticos, cuando hay un operativo y detienen a los presuntos responsables, en los llamados operativos antialcohol, pero sobre todo en balaceras y enfrentamientos en los que hay muertos y heridos, son los narcos, y muchas veces a través de comandantes, jefes de turno, directores y secretarios, los que imponen las reglas.

En promedio, un agente operativo de la Policía Municipal de Culiacán recibe alrededor de 5 mil 400 pesos. Los oficiales alcanzan a ganar 9 o 10 mil pesos. Traen a su cargo una pistola calibre 9 milímetros y otros los fusiles AR-15, adaptados para disparar tiro por tiro y no la ráfaga. A lo más, catorce cartuchos, pero si se les acaban, deben comprar por su cuenta.

Enfrente, los narcotraficantes, sicarios y operadores, traen desde fusiles automáticos AK-47, conocidos como cuernos de chivo, granadas y lanzagranadas, armas calibre 5.7 llamada matapolicías, y vehículos blindados. Y muchos cartuchos. A esto hay que agregar el dinero corruptor: los millones y millones de pesos que destinan para comprar complicidades, lealtades y silencios en el aparato gubernamental.


“Esto está podrido, es la realidad, y los de arriba están coludidos”

Entre malandros y jefes


Para los polis, los de calle, los que van montados en bicicletas o motos, o en las cajas de las patrullas, la consigna es cuidarse de los malandros, pero también de los jefes. Y eso incluye a los agentes de tránsito, igual que a los jefes de grupo o los que están en oficinas.

A Raúl le tocó acudir como agente de la Municipal a un accidente de tránsito. Había muerto un joven y no lo habían identificado cuando llegó un hombre “bien ondeado” y ni los miró. Les dijo que se iba a llevar al muerto, que trabajaba para él y que pobres de ellos, los polis, si avisaban a alguien del deceso.

Uno de los oficiales había avisado a la central de la corporación del fallecimiento. Por eso tuvo que informarles de la “visita” de ese hombre, a quien ya habían ubicado como un “bato pesadito” y acordaron realizar algunas maniobras, pero tuvieron que localizar a esa persona, aquel 1 de enero de 2011 y explicarle detalladamente, para que estuviera de acuerdo y no hubiera represalias:

Levantaron un acta en la que constaba el accidente. Una persona no identificada, decía el parte policiaco, levantó al herido y lo llevó a un hospital. Y ahí, mientras era atendido por los médicos, murió. El malandrín aquel, todavía con la resaca de alcohol y droga en la mirada, accedió después de que le explicaron que debían “acomodar” así los hechos y para que no se molestara.

Lo mismo pasa en algunos operativos, como los del alcoholímetro. Muy seguido, los jefes les llaman para que regresen tal vehículo y liberen a cierta persona, que ellos saben que son narcos, porque el jefe lo ordena. Y no importa si iba armado, drogado o borracho, o en un vehículo robado.

“Uno ve la gente, cómo van vestidos, el carro que traen. Y pues son malandrines. Así pasó cuando detuvimos a unos asaltantes: nos cayó un abogado y dijo: ‘No le echen mucho peso’. Lo habían mandado los jefes y casi nos dictó cuando elaboramos el parte informativo. Todo terminó cuando nos dijo que no mencionáramos el arma de fuego que les habíamos encontrado. No, nada de eso. Pongan que no encontraron la pistola, así lo saco más rápido”, contó un agente municipal.

Un agente de tránsito de Culiacán contó a Ríodoce que ya no les ofrecen dinero ni los amenazan. Nomás llegan, piden que les demos tal carro porque lo necesitan o que les entreguemos a un detenido. “¿Y uno qué hace? Nada. Llévatelo. Y ya. Esa gente le llama al jefe si uno se niega, luego le agarran odio a uno y al rato te cachetean, te levantan y te matan. Así de fácil… esto está podrido, es la realidad, y arriba los jefes están coludidos”.

En los grupos de policías más cercanos, tres o cuatro han renunciado porque temen por sus vidas. En tránsito la cifra es igual o mayor. Además, están los 78 policías asesinados en lo que va del año: en ninguno de estos casos hay personas detenidas y así “cómo le va uno a entrar a enfrentarse con los comandos, con esta gente mala”.

VERDADES OCULTAS EN MAZATLAN

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Mintieron todos sobre el ataque al convoy del alcalde de Mazatlán
Ismael Bojórquez
Alejandro Higuera mintió. Lo hizo a petición del gobernador Mario López Valdez. También el procurador Marco Antonio Higuera y el subprocurador Martín Robles Armenta. Mintieron todos, menos Francisco Córdova Celaya, totalmente fuera de la jugada mediática por razones que nadie se explica.

Mintieron porque el presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, sí estuvo en la balacera que se armó sobre la Maxipista la noche del lunes cuando regresaba de una reunión que tuvo con el gobernador para ver asuntos relacionados con la venta de cerveza en el estadio Teodoro Mariscal, donde la cervecería Modelo le pide “cancha” después de que durante años se ha impedido la venta de esa marca en el estadio de los Venados de Mazatlán.

Alejandro Higuera, según ha confirmado Ríodoce, cruzó la caseta de peaje que se encuentra a la altura del campo pesquero Mármol, a las 21:32 horas, según el ticket de comprobación. Detrás de la camioneta Chevrolet Cheyene doble cabina de su propiedad, en la que viajaba, pasó la camioneta Chevrolet placa UV-149390, donde viajaban sus dos escoltas que lo acompañaban desde Culiacán.

En la caseta lo esperaba ya una patrulla de la Policía Municipal de Mazatlán para apoyar el traslado, lo cual se hace regularmente como parte del protocolo de seguridad para el alcalde, cuando hace este tipo de viajes. En esta unidad viajaba el subdirector operativo de la corporación, Felipe Zárate Alemán.

Así, una vez que cruzaron la caseta de peaje, el convoy de tres unidades partió a su destino. A la altura del kilómetro 12, de norte a sur, Alejandro Higuera y su chofer observaron que adelante había vehículos a la orilla de la carretera. Eran tres, dos autos compactos y una camioneta. Uno de los autos y la camioneta estaban en posición encontrada. Sobre la camioneta había una torreta encendida.

Acompañados por Martín Heredia, a quien Alejandro Higuera impulsa para una diputación por el distrito 08, aminoraron la marcha. Cuando estuvieron más cerca vieron a hombres armados con fusiles que observaban el convoy. Fue entonces que frenaron completamente y dieron reversa. Al retroceder de improviso, la Cheyene en que viajaba el alcalde y sus acompañantes impactó la camioneta de los escoltas. El chofer de Higuera dio vuelta en “U” y regresó en sentido contrario hasta el puente que conduce a El Recreo. Luego tomó el sentido correcto, de regreso hacia la caseta de cobro, donde buscó refugio. Junto con él llegó la patrulla que había ido a recibirlo.

Escoltas bajo fuego


Los escoltas no corrieron la misma suerte. Una vez que la camioneta donde viajaba el alcalde dio la vuelta completa sobre la carretera, quedaron en la mira de los hombres armados. Quisieron regresar pero el impacto los sacó de equilibrio. Maniobraron pero la camioneta terminó dando una vuelta para terminar en sentido contrario al que iban, debajo del asfalto y ya sobre la maleza.

Reaccionaron disparando sus armas y eso les dio tiempo para escapar. La oscuridad era densa y al hacer los disparos también los sicarios buscaron refugio, sobre todo porque habían visto la patrulla de la Policía Municipal que iba en el convoy.

Los escoltas de Higuera abandonaron la camioneta y se internaron en el monte. Lo demás fueron disparos a discreción. Cientos sobre la camioneta, que recibió cerca de ochenta en el parabrisas, el vidrio trasero y la carrocería, del lado del copiloto. Después del ataque, los sicarios se esfumaron.

Operativo mediático


Alejandro Higuera entró en pánico y él mismo se encargó de expresarlo en “corto” a sus amigos y colaboradores más cercanos. Ya en la caseta, le marcó al gobernador, con quien había estado esa tarde. Le dijo lo que había sucedido. Todavía no conocía el destino de escoltas, de los que supo minutos después, cuando establecieron comunicación.

Malova le recomendó prudencia. Después de escuchar las circunstancias en que se dio el enfrentamiento, le dijo que tal vez no era dirigido hacia él, aunque no debían descartarlo.

Pero sobre todo, le dijo, deberían mantener la prudencia en el manejo de la información. “Hay que proteger el destino (turístico)”, le pidió, refiriéndose a que la noticia de un ataque al alcalde podía afectar aún más la imagen de Mazatlán.

Minutos después de que colgó con el gobernador, Alejandro Higuera recibió la llamada del procurador de Justicia, quien, a su vez, había sido informado de los hechos desde el tercer piso del Palacio de Gobierno.

Marco Antonio Higuera se puso a sus órdenes y le pidió que tomara acuerdos con su gente para el manejo de la información. No se armó un operativo para la búsqueda y captura de los atacantes, pero sí uno para bloquear y tergiversar la información, con el fin de “proteger la imagen del destino”.

Decenas de patrullas de la Policía Municipal empezaron a llegar a la caseta de peaje, federales, de la Marina, del Ejército. Minutos después Alejandro Higuera se retiró a su casa fuertemente custodiado. Los escoltas fueron localizados y protegidos también. No tenían un rasguño.

Algunos medios de comunicación de Mazatlán se enteraron a través de los sistemas de comunicación con los que escanean las comunicaciones de la Policía, y otros por mitotes que empezaron a circular.

El Debate subió a su sitio web una nota previa y más tarde la confirmación del hecho por parte del secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. El Noroeste se durmió en sus laureles y hasta tuvo que acudir a su colaborador Raúl Rico para que intercediera con su compadre, el alcalde, y conseguir así información cierta sobre los hechos.

Pero Alejandro Higuera no se movió de su posición original: “Yo estoy muy tranquilo en mi casa”.

Al día siguiente todos los medios traían la nota, pero todavía con muchos hoyos negros. El alcalde ofreció una conferencia de prensa donde dijo que nunca estuvo en la línea de fuego, que sus escoltas se habían topado con un falso retén y que a él, que venía 15 kilómetros atrás, le avisaron para que se quedara en la caseta. Casi todos lo asumieron así.

Nadie le preguntó a Higuera Osuna porqué la camioneta de sus escoltas está golpeada de la parte delantera. Tampoco porqué su camioneta doble cabina, en la que viajaba, no apareció por ningún lado. Nadie le pidió el ticket donde estaba registrada la hora en que cruzó la caseta, ni tampoco si se había puesto de acuerdo con los empleados de Capufe para que su versión coincidiera con la suya.

Nadie le sacó lo que realmente le había pedido al gobernador a pesar de que eso implicaba engañar a la opinión pública y minimizar los riesgos en esa zona a pesar de que son de alerta mundial para turistas.

El oso de la PGJE

Alejandro Higuera y el propio gobernador podían mentir, que es algo consustancial a los políticos, pero no la Procuraduría de Justicia, porque desde ahí está tergiversando la investigación de los hechos.

El subprocurador general de Justicia en Sinaloa, Martín Robles Armenta, dijo que no se descartaría la posibilidad del atentado, pero que debía quedar claro que el alcalde y sus escoltas nunca estuvieron en el lugar del enfrentamiento.

Mintió Robles al decir que lo atacados no fueron los escoltas del alcalde sino dos policías municipales que “detectaron esas unidades con gente armada”.

El funcionario se hundió más en su propio embuste: “Se origina un enfrentamiento, (e) inmediatamente dan informe a la escolta del equipo de seguridad (sic) del presidente municipal para que ellos estén enterados y ellos deciden quedarse en la caseta de cobro de Mármol”.

De acuerdo con los peritajes, la PGJE recogió 146 casquillos para fusiles AK-47, 181 calibre .223, para R-15, seis casquillos para pistola .9 milímetros, dos casquillos para .38 Súper. También algunos cartuchos útiles y un cargador. Datos que fueron consignados en la averiguación previa 726/2011.

Tenían tanta prisa por terminar las periciales en el lugar de los hechos y alejar de la zona a periodistas curiosos, que dejaron regados en el asfalto y sobre el follaje por lo menos 52 casquillos de diferentes calibres, que luego fotografió Ríodoce para dar testimonio del desparpajo con que enfrentaron los hechos.

El cabo suelto

Alejandro Higuera fue cuestionado por las contradicciones entre él y la versión de Francisco Córdova, el secretario de Seguridad Pública, que la noche previa le había confirmado a El Debate que el alcalde había sido víctima de un atentado cuando se dirigía a Mazatlán. Higuera no supo explicar el diferendo.

Pero no se quedó con la duda. Francisco Córdova estaba en su oficina de Culiacán, calculadora en manos, sacando raíz cuadrada con los ejecutados acumulados hasta el 8 de noviembre, cuando recibió una llamada del alcalde de Mazatlán.

Higuera le dijo que era la única voz discordante y que había que ponerse de acuerdo para no seguirse contradiciendo con la información que se estaba dando a la prensa. “Hay que cuidar el destino”, le dijo.

Córdova le respondió que sí, que no había problema.

“¿Y quién le dijo que ventilara los hechos?”, le preguntó Higuera a su interlocutor.

“Elisa Pérez —le respondió el secretario—, ella me llamó y me dijo que ya la nota estaba en los medios nacionales, que no tenía caso seguir ocultando los hechos”.

Afirman elementos de la Policía Federal que nunca hubo falso retén


Los misterios del atentado


Cayetano Osuna / Mazatlán


“Que nos pasen (los dos escoltas del alcalde Alejandro Higuera Osuna) la receta de cómo le hicieron para enfrentar a los delincuentes y recibir decenas de impactos de bala entre calibres AK-47 y AR-15, en ambos lados y al frente de la camioneta en que viajaban para salir sin ningún rasguño”, dijeron a Ríodoce elementos de la Policía Federal de Proximidad Social, antes División de Caminos.

Los agentes se acercaron a preguntar a Ríodoce qué buscaba cuando hurgaba entre la maleza y tomaba fotografías del lugar donde fue la balacera que dejó tantas interrogantes a los mazatlecos como cascajos dispersos en el suelo.

Cada casquillo de cuerno de chivo que Ríodoce apuntaba en la escena del atentado “contra los escoltas” del presidente municipal de Mazatlán, ocurrido el lunes 7 de noviembre, aproximadamente como a las 21:40 horas en el kilómetro 12+350, por el carril de norte a sur de la Autopista del Pacífico Mazatlán-Culiacán, era como una pregunta al aire sobre cómo pudieron sobrevivir los dos jóvenes guardaespaldas a la lluvia de balas.

En el lugar de los hechos, Ríodoce encontró sobre tierra suelta y arbustos, manchas de aceite automotriz, un vidrio hecho trizas y vestigios de la defensa delantera de la camioneta Ford F-150 de color blanco, placas UV-149390 que quedó en sentido opuesto al que circulaba. También 51 casquillos calibre AK-47 y uno 2.23 para fusiles AR-15.

“Como puedes comprobar, casquillos calibre 38 Súper y 45 milímetros no había ninguno, los únicos que se encontraron fueron calibres AK-47 y 2.23”, afirman algunos elementos de la Policía Federal.

Los agentes desmintieron al primer munícipe que la mañana del martes 8 de noviembre había afirmado en conferencia de prensa que sus escoltas se habían topado con un falso retén instrumentado por los malandrines para despojar de sus vehículos a los conductores que transitaban por esa rúa de la autopista y al ser agredidos repelieron el fuego salvando sus vidas de milagro.

“Retén falso nunca hubo, ¿por qué?, porque en el lugar donde ocurrieron los hechos no hay brechas, no hay nada, pero lo insólito es que no hubo muertos y la camioneta recibió 70 impactos de lado a lado y por enfrente y vidrios destrozados”, sostienen los oficiales.

Los policías federales opinaron que la camioneta donde viajaban los escoltas de Higuera Osuna aparentemente chocó con otro vehículo, pero lo raro es que no hay ninguna marca de neumáticos en el asfalto originada por los frenos.

“Es una farsa, algo montado, porque no hay rayón de frenos donde dio vuelta bruscamente la camioneta, pues se supone que circulas cuando menos a 100 y/o 110 kilómetros por hora y no se podían haber parado de un seco sin rayar el asfalto”, comentan.

“Sin dedicatoria”

“La versión del presidente municipal es que, vuelvo a decir: yo esperé a que se desactivara ese retén falso en la caseta de Mármol, sí, porque manejan que unos paramédicos… véanme, aquí estoy; está el vehículo oficial que yo traigo, revísenlo con lupa, el carro blindado que está ahí guardado que lo uso para eventos de servidores públicos federales ahí está también”, dijo el alcalde Alejandro Higuera Osuna el martes 8 de noviembre en conferencia de prensa para aclarar que no sufrió ningún atentado.

—Pero sí iba (el atentado) directamente contra el alcalde aunque no estuviera usted cerca de ellos (los escoltas) —insistió una reportera al primer edil.
—No reina, es que eso, no lo puedo yo afirmar, casi lo puedo negar, porque es un hecho que era un retén falso. Porque ni siquiera iba en vehículo oficial. El alcalde iba en un vehículo de su propiedad, entonces, si hay un… es como si pasa un incidente en la carretera y va un alcalde y no le toca, pues no es que lleve dedicatoria para el alcalde.

—¿El secretario de Seguridad Pública dio información incorrecta alcalde?
—Pues yo creo que este… yo creo que él lo que dijo pues no le consta, ¿no?

—¿Se adelantó?
—Yo creo que se adelantó. Se adelantó a un asunto donde yo creo que la información que recibió no fue… fue información confusa, como había mucha confusión. Anoche que yo llego (la noche del atentado) y ya era una nota en El Universal y en los periódicos nacionales. Entonces yo creo que la información a raíz de esa información se aceleró mucho, pero no fue información real.

—Alcalde, ¿ya tuvo comunicación con el gobernador de Sinaloa?
—En el mismo instante, anoche, acuérdense que nosotros funcionamos en red, en línea, entonces desde el mismo momento que estaba yo en la caseta de Mármol estaba yo hablando con el gobernador y el procurador. Entonces es información que se da al instante en el momento que se dan las situaciones.

—¿Y por qué no con el secretario de Seguridad Pública, que fue el que soltó...?
—Porque en ese momento el alcalde, será muy Diablo, pero no sabe quién declara a esa hora, ¿no?

—De hecho son las fuentes que dan la información…
—Por eso, pero el alcalde no sabe en ese momento, el alcalde viene y no sabe en ese momento quién declaró en qué lugar, digo, también seré muy Diablo, pero no puedo tener el don del Padre Pío, de saber qué pasa en otros momentos.

—¿Desmiente al secretario de Seguridad Pública?
—Pues no, no. Lo que él dice no es correcto. Si eso se llama desmentir (o) “doña Petrita Pérez”, pues eso es.

—Pero este hecho (el atentado) sí le mete miedo, ¿verdad?
—No oiga, no pues renuncio ahorita, si yo tengo miedo pues ya dejo de ser alcalde. ¿Pa’qué estoy? Pa’llenar un expediente y nadar de “muertito”, no.

Amenazas previas

El alcalde Alejandro Higuera Osuna, argumenta que sus escoltas se toparon con un falso retén y que el atentado que sufrieron sus guardaespaldas no tiene dedicatoria contra él. Quizá tenga razón y se haya tratado de una casualidad, pero existen antecedentes que fortalecerían la hipótesis de que fue directo a su convoy.

La madrugada del sábado 2 de julio, un grupo armado dejó a dos personas mutiladas afuera de las instalaciones de los diarios El Debate y Noroeste de Mazatlán, con un mensaje de amenazas contra el gobernador Mario López Valdez, el propio presidente municipal, Alejandro Higuera Osuna, y el Grupo Élite, acusándolos de proteger a un grupo delictivo.

En esa ocasión, Higuera Osuna dijo a El Debate que rechazaba que el Gobierno estuviera protegiendo o dando ventajas a ningún grupo del crimen organizado, asegurando que las autoridades están de lado de la sociedad.

El 19 de octubre, la joven Elizabeth Castillejo López de 23 años de edad, fue encontrada degollada entre las calles Pescadores de Mazatlán y Crestón de Mazatlán en el fraccionamiento Hogar del Pescador, ubicado en la zona norte del puerto, con una cartulina blanca conteniendo un narcomensaje de un grupo delictivo autodenominado Zetas-Beltranes que advertía a los policías federales de caminos, élites y a jefes policiacos estatales: “Esto les va a pasar a los alcones ke apoyen a la Gente Nueva (sic)”.

Dos días antes, el 17 de octubre, presuntamente fue colocada por un grupo armado una manta (con una amenaza implícita contra las autoridades) en el puente peatonal de Urías, ubicado sobre la carretera Internacional al sur, porque acusaban tanto al presidente municipal Alejandro Higuera Osuna, al secretario de Seguridad Pública Municipal, Víctor Manuel Zataráin Cedano, como a un comandante y al subdirector operativo, de proteger a un grupo delictivo, enemigo del grupo denunciante.

La manta fue retirada por elementos de la Policía Municipal, y la versión de que la amenaza iba enderezada contra las autoridades municipales arriba mencionadas, dio un giro en el sentido que el destinatario del narcomensaje era un delincuente escondido en el estado de Nayarit, a quien invitaban a regresar al puerto a pelear la plaza a fuego y plomo.

Pese a que hubo testigos que vieron la narcomanta con la amenaza hacia las autoridades municipales, todos hicieron mutis ante los medios de comunicación.

SANTIAGO...SUENA FUERTE


Fernando Villa Escárciga
Los vaivenes de la política se intensifican y los movimientos están a la orden del día. Uno de ellos, se dice, es la renuncia de Alonso Arriola Escutia a la Secretaría del Ayuntamiento.

Ante la eventual salida de Alonso, que pasaría a ocupar un cargo en el aparato gubernamental del Estado, los análisis de los azules barajan candidatos para sucederlo.

El nombre de Santiago Samaniego Cortez, ex Síndico Municipal y panista de toda la vida se menciona con insistencia entre quienes lo promueven.

De resultar válida la versión el Ayuntamiento de Guaymas ganaría un buen Secretario, en virtud del carácter, capacidad de diálogo y de conciliación de Santiago.

Eso sí, primero habría que confirmarse la salida de Arriola y que las especulaciones se traduzcan en una realidad que deberá ser avalada por el alcalde César Lizárraga y el Cabildo en pleno.

Como sea, las versiones "suenan fuerte" a favor de Samaniego. Eso es un hecho. Lo demás ya se verá.

LIMPIA EN LA PGR LLEGA HASTA INTERPOL-MEXCO

El funcionario fue responsable de la seguridad de Carpizo y Morales Lechuga. Tramitan cese de los oficiales que llegaron a Puente Grande tras la evasión de El Chapo.

La depuración que realiza la Procuraduría General de la República de la Policía Federal Ministerial (antes Agencia Federal de Investigación) alcanzó a personal adscrito a Interpol-México, reconocido por el gobierno de Estados Unidos por capturar a los delincuentes más buscados por el FBI y los Marshalls.

Asimismo, solicitó la baja de comandantes que llegaron al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, una vez que se dio la voz de alerta sobre la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Este personal interrogó a los reos después de la evasión.

MILENIO entrevistó a mandos policiacos, incluido Ruperto Blanco López, quien fue responsable de la seguridad de Ignacio Morales Lechuga y Jorge Carpizo McGregor cuando fueron procuradores generales de la República.

Este funcionario pertenece hoy a la Dirección de Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y es docente en el Instituto de Capacitación y Formación Policial (PGR).

Este diario publicó la semana pasada que la PGR tramitaba la baja de 300 elementos ministeriales, aunque los inconformes —que protestaron en calles del DF un día despúes— aseguran que son 600 los involucrados.

En su trayectoria destaca la detención —con los grupos a su cargo— de Emigdio Preciado (2008), el segundo hombre más buscado por el FBI por atacar con armas a alguaciles de Los Ángeles, California; la captura de Miguel Mateos Martínez (2007), el séptimo más buscado por los Marshalls, y El Punky, un criminal que llevaba 35 años evadido de la justicia estadunidense y asesino de dos jovencitas, entre otros casos.

Blanco López tomó cursos con los Marshalls (EU) y en España, y conoce técnicas antiterroristas impartidas por la DEA y Canadá.

Dijo sentirse sorprendido por la notificación que recibió para el procedimiento de baja. Según las evaluaciones de la PGR, tiene “poca tolerancia a la frustración”, “estrés”, es “perfeccionista” y toma de medicamentos para la diabetes, lo “que pone en peligro las operaciones”.

El mismo problema lo enfrenta el comandante Ricardo Díaz Hernández, quien lleva más de 26 años como policía y recibió felicitaciones el 3 de agosto de 2007 del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, “por su lealtad a los valores de la institución (AFI) a la que dignamente pertenece”.

Además, abatió a dos delincuentes durante una balacera en un camión de pasajeros en la autopista México-Pachuca. Díaz Hernández fue el primero en llegar al penal de Puente Grande para cuestionar a los custodios por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán; los interrogatorios duraron cinco horas hasta que llegaron funcionarios de primer nivel.

“Visitamos la celda en que estaba El Chapo, interrogamos a los custodios para saber cómo fue la fuga; posteriormente llegan los comandantes (Luis Cárdenas) Palomino, (Francisco) Garza Palacios y Juan Carlos Ventura Monzón, y se hacen cargo de los acontecimientos”, contó.

También detuvo a la esposa de Francisco Javier Camberos Rivera, El Chito, quien ayudó a escapar al capo de Sinaloa.

Hace una semana fue notificado de su proceso de separación por “aducir enfermedades inexistentes”, por su “estrés y nerviosismo”, porque tiene “necesidad de afecto para poderse desarrollar” y “no cumplir mandamientos ministeriales”. El agente rechazó el diagnóstico y aseguró que sí cumplió con las capturas que le encomendaron.

Por su parte, José Luis Díaz Palacios, integrante de una de las últimas generaciones de la AFI y quien protestó por la desaparición de la agencia en 2007 y 2008, denunció que en la Ministerial no existen los medios para trabajar, pues está totalmente desmantelada.

“No hay viáticos, tenemos un servicio de internet deficiente y los vehículos son rentados”, dijo, y pidió que la PGR realice una auditoría para investigar qué pasó con los recursos de esa corporación policiaca. Su destitución fue solicitada porque padece “estrés”.

México • Rubén Mosso