La Auditoría Superior de la Federación
revisó en esta última entrega de la Cuenta Pública de 2017 uno de los temas que
más se le criticó al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a las dependencias
federales: el gasto en publicidad oficial.
La Secretaría de Gobernación como
instancia encargada de regularla y evaluarla, y directamente Miguel Ángel
Osorio Chong, incumplieron la Ley en materia, lo que provocó el gasto excesivo
en publicidad en medios de comunicación.
Ciudad de México, 22 de
febrero (SinEmbargo).– Como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Miguel Ángel Osorio Chong incumplió con el buen manejo de las campañas de
publicidad oficial del Gobierno federal, lo que ocasionó un posible daño al
erario federal por 2 mil 826 millones 040 mil 517 pesos, principalmente por
incrementos en ese presupuesto sin justificación alguna.
Esta mala gobernanza provocó que
ese año se pagara a medios 7 mil 298 millones 345 mil pesos extras a lo que ya
estaba establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017.
Esta información, incluida en
la tercera entrega de la Cuenta Pública de 2017 elaborada por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), expone las fallas en las que recayó la Segob:
entes del Gobierno federal que no tenían presupuesto para gastar en publicidad
se acercaron a Gobernación y ésta les aceptó el dinero aunque significara más
de 2 mil millones de pesos extras.
Sobre la transparencia, la
ASF agregó que encontró diferencias entre el presupuesto autorizado y el
erogado y que se difundió información parcial de los gastos.
Algunas dependencias pidieron
más dinero para publicidad a la Segob argumentando que era “para atender
situaciones de carácter contingente” y se les aprobó sin saber ni valorar lo
que quería decir eso.
Se encontraron discrepancias
en el registro de gastos oficial, que está a cargo de la Secretaría de la
Función Pública (SFP) que falló al no verificar lo reportado y, por otro lado,
la Secretaría de Gobernación no supervisó los registros.
A pesar del sobrejercicio en
el gasto de publicidad de cada año, algunas dependencias pagaron deudas de
publicidad de años anteriores y la pagaron con dinero del PEF de 2017.
Además, la dependencia
federal no informó a la Cámara de Diputados las modificaciones al alza al
presupuesto tal como lo establece la Ley. También se encontraron pagos para la
producción de comerciales que luego fueron cancelados.
Uno de los puntos claves de
la Auditoría a la Segob es que concluye que el titular, en ese entonces Osorio
Chong, se deslindó mediante un decreto de la supervisión de las campañas de
publicidad oficial y de la publicidad.
El 30 de octubre de 2018, la
Segob informó a la ASF en un oficio que “la documentación y acciones
emprendidas con objeto de regular, conducir y formular la Política de
Comunicación Social del Gobierno Federal”, se encontraban referidas en el
“Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas
de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal”.
Ahí se entregaron a la
Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC) las facultades para
autorizar, coordinar, supervisar y evaluar las estrategias, los programas y las
campañas de comunicación social de las dependencias y entidades.
“Es importante considerar
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción XXXIX de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es obligación de la
Secretaría de Gobernación, formular, regular y conducir la política de comunicación
social del Gobierno Federal, tres verbos rectores que se desprenden como
acciones que debió cumplir dicha Secretaría por medio de su Titular, aunado a
que lo relacionado con conducir la Política de Comunicación Social del Gobierno
Federal es una facultad indelegable”, cita la ASF.
Esta entrega de
responsabilidades se hizo a pesar de que la Segob tiene una estructura
organizacional para atender esas obligaciones. “Se presume que el Titular de la
Segob incumplió la facultad indelegable de conducir la Política de Comunicación
Social del Gobierno Federal al delegarla mediante un Acuerdo, a la DGNC”,
agrega la ASF.
En la conclusión general de
la revisión se dicta la responsabilidad a Osorio Chong, quien hoy es Senador
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La ASF sostiene que al ser
insuficiente la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, los
diferentes entes públicos que contaban con recursos autorizados para realizar
la difusión de los mensajes “actuaron de manera discrecional, resultando
imposible determinar los resultados con base en indicadores que permitieran
medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos”.
En 2017, un 73.9 por ciento
de los entes públicos revisados atendieron la obligación de transparentar el
uso de tiempos oficiales, y un 73.9 por ciento no cumplió con su obligación de
dar a conocer su programa anual de Comunicación Social o equivalente.
Un 65.2 por ciento, los entes
públicos no señalaron la forma en que se erogó sus recursos en la materia de
comunicación social y publicidad durante el ejercicio 2017.
LO QUE SE HIZO MAL EN PUBLICIDAD
De acuerdo con la “Auditoría
Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la
Administración Pública Federal”, en la Cuenta Pública de 2017 se identificó que
Gobernación autorizó 6 mil 591 millones 927 mil pesos por concepto de
incrementos de recursos a los Programas Anuales de Comunicación Social o Publicidad,
en la partida “3600 Servicios de comunicación social y publicidad” a varias
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Sin embargo, en el Sistema de
Comunicación Social al cierre del ejercicio se conoció que autorizó 7 mil 036 millones
089 mil pesos en incrementos.
Nueve entes públicos no
tenían recursos presupuestarios aprobados en el PEF 2017 en las partidas 36101
“Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” y 36201
“Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o
servicios” y ante la Segob manifestaron contar con autorización probada.
Estos fueron el Fondo de
Cultura Económica, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbana (Sedatu), el Servicio Geológico Mexicano, Lotería Nacional, la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), el Consejo de Promoción Turística y la Autoridad
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
No tenían recursos y entonces
podían ejercer recursos, pese a ello, la Segob les autorizó, lo que generó el
aumento por 2 mil 764 millones 083 pesos.
Las Secretarías de Desarrollo
Social, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Comunicaciones y Transportes,
Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y Comisión Nacional del
Agua solicitaron a la Segob, la autorización de incrementos presupuestarios a
sus Programas Anuales de Comunicación Social y Publicidad, al amparo de la
causa de excepción “para atender situaciones de carácter contingente”.
Sin embargo, la DGNC de la Segob
expuso que no tenía la facultad de emitir juicios de valor respecto del
concepto denominado “contingente”, pero tampoco estimó su validez jurídica, lo
que reflejó la falta de valoración que realizó en cada autorización que emitió.
La ASF tuvo que ir al
diccionario y determinó que “Contingente” –como categoría– define una situación
que se refiere a “que puede suceder o no suceder”, “lo cual implica que para
que se actualice dicho supuesto debió acontecer el hecho incierto para hacer
nacer la propia hipótesis”.
Así, la ASF determinó que
este supuesto no fue valorado correctamente. La Segob tuvo la opción de
solicitar la interpretación correspondiente a las dependencias pero como no lo
hizo incumplió con los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y 15 del Acuerdo.
Luego, en el análisis del
Sistema de Comunicación Social se detectó que existe diferencia por 3 millones
867 mil pesos en las cifras presentadas de los incrementos en dicho Sistema,
respecto de las cifras reflejadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
2017, de las dependencias y entidades.
“La Secretaría de la Función
Pública no validó lo reportado y la Segob no supervisó los registros efectuados
de las dependencias y entidades”, concluyó la ASF.
El informe agrega que
dependencias y entidades ejercieron los recursos públicos sin apegarse a la
normatividad y efectuaron pagos de adeudos de campañas de Comunicación Social y
Publicidad de ejercicios anteriores con cargo al PEF 2017.
Sobre los incrementos
presupuestarios y el presupuesto total reportados a la Cámara de Diputados se
presumen como registros e información erróneos, ya que dichas cifras difieren
de las reportadas. Esto porque existen ocho entes públicos a los que la Segob
les autorizó modificaciones y no fueron reportados a la Cámara de Diputados:
– Consejo de Promoción Turística de México.
– Secretaría de la Defensa Nacional.
– Banco Nacional de Comercio Exterior.
– Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas
Económicas Especiales.
– Aeropuerto y Servicios Auxiliares.
– Comisión Reguladora de Energía.
– Administración Portuaria Integral de Guaymas.
– Comisión Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios.
También se identificó que las
cifras reportadas como presupuesto autorizado y erogado en materia de
comunicación social por las dependencias y entidades no corresponden con los
montos registrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017.
Además, la ASF detectó que se
gastaron 48 millones 900 mil pesos en gastos de producción de campañas en
materia de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación que no se
difundieron a la población en el ejercicio 2017.
(SIN EMBARGO/UNIDAD DE DATOS/ DANIELA BARRAGÁN/ 22 DE FEBRERO 2019)
