Tanto la justicia estadunidense como la
española procesan al mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano El Mono Muñoz, quien
–de acuerdo con las investigaciones judiciales– realizaba gestiones para varios
cárteles en Europa y ha estado estrechamente vinculado a los gobiernos de
Humberto y Rubén Moreira. Y no es el único testimonio contra esos priistas:
otros testigos protegidos, llamadas intervenidas e indagatorias señalan que en
dichos sexenios el crimen organizado gozó de libertad y protección en Coahuila.
MADRID (Proceso).- El
gobierno de España autorizó que fiscales estadunidenses interroguen al mexicano
Juan Manuel Muñoz Luévano El Mono Muñoz, cuya extradición aún está por
resolverse en este país.
El empresario oriundo de
Matamoros, Tamaulipas, enfrenta seis acusaciones ante la Corte Federal del
Distrito Oeste de Texas, cuatro de ellas por conspirar para poseer y distribuir
cocaína en Estados Unidos, una más por posesión de armas de fuego y la última
por transacciones financieras ilícitas producto del tráfico de drogas, según la
causa SA15CR0024.
Por esos delitos podría
hacerse acreedor a cuatro cadenas perpetuas y a otras dos penas por 20 años, explica
una fuente de la investigación que, paralelamente, se le sigue en España por
blanqueo de capitales y pertenencia a Los Zetas, en la causa 25/2014 abierta en
la Audiencia Nacional, que antes llevó a prisión al exdirigente nacional del
PRI Humberto Moreira.
Tanto en el proceso
estadunidense como en la causa española contra El Mono Muñoz van surgiendo
nuevos elementos de la participación de las autoridades del gobierno de
Coahuila con el crimen organizado, desde la gestión de Humberto Moreira (2005-2011)
hasta la actual de su hermano, Rubén.
Y, aun cuando en España la
causa judicial contra Humberto Moreira quedó sobreseída, en Estados Unidos el
caso en su contra lleva un mayor recorrido. El 17 de julio pasado se confirmó
que la corte texana lo investiga por blanqueo de capitales. Por ello los
fiscales del caso rastrean documentos para confirmar las transacciones
financieras ilícitas, lo que podría considerarse la última etapa de la
investigación, aseveró una fuente relacionada con la Corte texana al periodista
de Proceso Juan Alberto Cedillo.
La información publicada en
julio pasado en el sitio web de este semanario señala que debido a que el
exlíder nacional del PRI tuvo una relación cercana con el presidente Enrique
Peña Nieto, “los fiscales ya consultaron con Washington el caso”, según la
misma fuente que habló bajo condición de no revelar su nombre.
Uno de los principales
testigos contra Humberto Moreira es el empresario de medios de Monclova Rolando
González Treviño, quien en marzo pasado se declaró culpable de hacer
operaciones de blanqueo con la compra de estaciones de radio y televisión en
Estados Unidos con dinero robado a las arcas de Coahuila durante el gobierno de
Humberto Moreira.
Aceptó su culpabilidad a
cambio de un pacto con los fiscales federales estadunidenses para dar su
testimonio contra ese exgobernador. A cambio recibió como condena cinco años de
libertad condicional.
Declaró que el 25 de febrero
de 2009 se reunió con el entonces gobernador de Coahuila en el lujoso club de
golf Sonterra, en Texas, junto con Javier Villarreal y Jorge Torres (entonces
tesorero y secretario de Desarrollo Social del gobierno, respectivamente),
entre otros. Entre todos acordaron blanquear el dinero mediante la adquisición
de estaciones de radio y televisión en aquel país.
A raíz de esa junta, los dos
funcionarios citados realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan
de la ciudad fronteriza de Brownswille, Texas, y en operaciones offshore.
“Torres y Villarreal abrieron
esas cuentas después de una primera reunión con banqueros de J.P. Morgan Chase
en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas”,
precisa el documento de la Corte 2:13-CV-294, del cual Proceso tiene copia.
Rodrigo Humberto Uribe Tapia,
hijo del exalcalde de Piedras Negras, Humberto Uribe Flores, es otro de los
testigos que colaboran con los fiscales texanos. Él confesó en el juicio contra
el narcotraficante Marciano Millán, en julio pasado, que fue intermediario de
Los Zetas para entregar 4 millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez,
secretario particular del entonces gobernador Humberto Moreira, a cambio de
protección para las actividades del grupo criminal.
En el mismo juicio contra
Millán –implicado en la matanza de Piedras Negras, Coahuila–, Adolfo Efrén
Tavira –exempleado de Televisa en Piedras Negras y quien devino traficante de
drogas y armas– declaró que Los Zetas sobornaron con una camioneta Suburban
repleta de maletas de dinero al gobernador Rubén Moreira, dio a conocer Proceso
en su sitio de internet.
Según su testimonio, las
“contribuciones” se hicieron en 2012 en el rancho de “Beto Casas”, un jefe zeta
en Piedras Negras: “Todos me dijeron que Beto Casas le dio una Suburban con un
montón de maletas de dinero”, declaró ante el jurado.
En dicho juicio en San
Antonio, Texas, se describió que la ruptura del acuerdo entre el gobierno
estatal –con Rubén Moreira– y Los Zetas se produjo por la muerte de Alejandro
Treviño Chávez, un sobrino de Miguel Treviño Morales El Z-40, entonces el jefe
máximo de la organización criminal, lo que produjo como reacción el asesinato
de José Eduardo, el hijo de Humberto Moreira, en octubre de 2012, hecho ya
citado por Proceso (edición 1875).
El nombre del gobernador
Rubén Moreira también aparece en las conversaciones telefónicas del Mono Muñoz
en España, intervenidas por orden del juez de la Audiencia Nacional, según se
desprende de un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF)
de la Policía Nacional, hecho público por la agencia de noticias EFE.
En uno de los telefonemas,
realizado en junio de 2014, afirma que Rubén Moreira se había puesto en
contacto con él con el fin “de que le entregara una cantidad de dinero”.
Muñoz Luévano le dice desde
Madrid a su interlocutor, en México, que el gobernador de Coahuila “se ofrecía
y que estaba preocupado” por sus negocios pero que “quería una lana. (…) Ya ves
cómo le gusta la lana al güey”.
Según el informe policiaco,
El Mono Muñoz intentó amedrentar a Rubén Moreira “con informaciones reservadas
que tiene en su poder”, acerca de las cuales la policía no profundiza, siempre
de acuerdo con EFE.
En otra charla, en noviembre
de ese año, habla del procurador general de Coahuila, Homero Ramos Gloria,
quien quería ponerse a las órdenes del Mono Muñoz. “El procu, Homero, que
quiere hablar”, señala.
El gobierno de Coahuila negó
los vínculos de Rubén Moreira con el Mono Muñoz. Mediante un comunicado,
señaló que “ni el Ejecutivo del estado ni el procurador han tenido tratos con
la persona señalada en las notas. El texto es inverosímil y se rechaza
contundentemente”.
En el diálogo aludido, el
investigado también se refiere al “(procurador) de Nuevo León”, algo que la
policía interpreta como una referencia al exprocurador neoleonés Adrián Emilio
de la Garza, hoy alcalde de Monterrey.
Las actuaciones judiciales en
ambos países coinciden con los cateos que en Saltillo, Coahuila, llevó a cabo
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(Seido) de la PGR y la Marina, una de éstas en la vivienda de un socio del Mono
Muñoz en el negocio de las gasolineras, Gerardo Garza Melo, un político priista
que hasta hace unos meses fungió como secretario de Gestión Urbana, Agua y
Ordenamiento Territorial en el gobierno de Rubén Moreira.
“MÁTALA”
Muñoz Luévano, presunta
cabeza de una organización que distribuía drogas en España y otros países de
Europa, fue detenido el 18 de marzo en su vivienda en el barrio residencial Las
Tablas, en Alcobendas, Madrid.
Además de capturarlo, los
agentes de la UDEF registraron su vivienda por orden de la Fiscalía
Anticorrupción y del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago
Pedraz.
La fuente consultada en
España asegura que se le aseguraron tres teléfonos Blackberry con dispositivos
de encriptación. Los aparatos fueron sometidos a un “volcado” de datos para
obtener nuevos elementos de prueba.
Fue recluido en la misma
prisión donde Moreira permaneció encarcelado una semana, en Soto del Real, muy
cerca de Madrid. El juez Pedraz ratificó la prisión provisional sin fianza por
el riesgo de fuga.
Personal del consulado de
México en Madrid lo visitó en la prisión el 21 de marzo. A los representantes
diplomáticos les dijo que estaba bien de salud, había recibido buen trato y que
no necesitaba de asistencia consular porque ya tenía un abogado, informó la
embajada al reportero.
Los fiscales anticorrupción
José Grinda y José Rosa recibieron el informe de la UDEF el 16 de marzo pasado
e iniciaron de inmediato las gestiones para la captura del Mono Muñoz, al descubrir
que en una de las llamadas intervenidas que hacía desde España a su sobrino en
México, le ordenaba matar a la mujer del Ministerio Público mexicano que
colaboraba con la banda pero que falló en darle un pitazo.
La conversación es del 4 de
marzo pasado y en ella Muñoz Luévano es informado por su sobrino Salomón Ayup
Muñoz, Monchis, acerca de una orden de aprehensión en contra de este último por
el secuestro de una persona de otra facción de narcos en Matamoros.
El sobrino trata de calmar al
Mono Muñoz diciéndole que la mujer de la fiscalía “es camarada” y amiga de su
“compadre” y que les había “ayudado mucho”. Sin embargo, Muñoz Luévano le
replica que esa mujer no les había avisado y que por ello “debía matarla”.
La policía interpreta esa
conversación en el sentido de que Muñoz Luévano “da orden de acabar con la vida
de una persona del Ministerio Público”. No obstante, la defensa del capo afirmó
en un recurso judicial que su defendido se refería a una “orden judicial”
cuando hablaba de “matarla”.
En muchas otras llamadas
intervenidas ordena a los miembros de su organización en México dar
“acalambradas”, “chingas” o “tablazos” (un castigo de origen militar implantado
por Los Zetas, cuyos miembros originales eran desertores de las fuerzas de
élite del Ejército mexicano) a quienes tenían deudas con él y no le pagaban.
EN LA MIRA DE ESTADOS UNIDOS
El 31 de marzo pasado,
Estados Unidos formalizó ante España la solicitud de extradición del
empresario, a quien la fuente consultada considera una pieza de alto nivel en
el trasiego de drogas a Europa y en el entramado de blanqueo de capitales de
Los Zetas.
Pero España aún no resuelve
el proceso de extradición. “Está pendiente la audiencia (en el juzgado 1 de la
Audiencia Nacional, ante el magistrado Santiago Pedraz) donde se tendrá que
resolver esa petición de Estados Unidos”, explicó la fuente consultada.
Posteriormente, el caso tendría que pasar al Ministerio de Justicia y, en caso
de darle el visto bueno, elevarlo a aprobación del Consejo de Ministros.
Aunque el informe de la UDEF
revela que Muñoz lideraba en España “una red criminal que introducía cocaína
desde Sudamérica a través del puerto de Valencia” y era “supervisor” en Europa
de las operaciones de varios cárteles, hasta hoy la fiscalía está centrada en
probar el delito de lavado.
La misma fuente cercana a la
indagatoria explica que la Fiscalía Anticorrupción analizará con los agentes de
la UDEF si de las intervenciones telefónicas y demás pruebas pueden acreditar
el delito de narcotráfico, que sería suplementario, porque el hecho es que las
autoridades españolas no han asegurado ningún cargamento de droga del Mono
Muñoz.
Del informe policiaco se
desprende que Muñoz Luévano era la cabeza de una organización cuyas redes se
extendían hasta Holanda y trabajaba con Los Zetas y los cárteles de Sinaloa,
del Golfo y de los Beltrán Leyva.
En Holanda colaboraba con el
mexicano José Antonio Guzmán Retes, conocido como El Gallo, investigado en ese
país por tráfico de cocaína.
Asimismo, movía las ganancias
producto de la venta de la droga hacia Sudamérica, de acuerdo con las
conversaciones intervenidas. En una de ellas, una mujer le informa que han
detenido en Venezuela a dos pilotos que trabajan como transportistas para la
organización y le comenta su temor de que les preguntaran “quién les pagaba” o
que dijeran que se trataba de “lavado”, según la información de EFE.
El capo le recomienda a la
mujer que desaparezca una temporada y desconecte sus celulares, y la
tranquiliza explicándole que él tiene “adentro” a un “primo” que le dice “de
todo”.
La fuente consultada explica
que los investigadores tienen identificadas algunas empresas del Mono Muñoz en
España, registradas con prestanombres. Incluso, del informe policiaco se
desprende que hizo dos inversiones por cerca de 1 millón de euros en un restaurante
y en un local, para los que creó cinco sociedades con prestanombres.
Una búsqueda en el Registro
Mercantil de España arroja que el empresario mexicano tiene un registro a su
nombre en la empresa Monarch Trading SL, constituida en 2004, dedicada a la
representación de marcas textiles, calzado, transformación de prendas de vestir
y calzado y complementos, para su importación y exportación.
Proceso publicó en enero de
2013 que en una serie de narcomantas que aparecieron en Torreón, en La Laguna, se
acusaba al Mono Muñoz de utilizar su red de gasolineras para vender el
combustible robado por Los Zetas.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ALEJANDRO
GUTIÉRREZ/ 7 OCTUBRE, 2016)