El coordinador del Índice Global de
Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la UDLAP alerta: La aparición
del dueño del Grupo Higa –el contratista favorito del Gobierno–en los llamados
Panama Papers lastima la imagen de México en el extranjero, afecta el flujo de
inversiones de empresas de otros países y refuerza la idea de que en este país
no se castiga a los delincuentes ni a los directivos de altas empresas que
comentan actos de corrupción.
Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo
Higa, en una de las pocas fotografías públicas en las que aparece. Foto:
Especial
Ciudad de México, 6 de abril
(SinEmbargo).– Las filtraciones sobre Grupo Higa en el caso de los llamados
Panama Papers, confirma que esta compañía se ha convertido en un factor que
“lastima” la imagen de México en el extranjero, la del Presidente y la del
Estado mexicano, consideró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del
Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la
Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP).
Consideró que el tema de
conflicto de interés que involucra a Higa, así como la presunción de que su
dueño, Juan Armando Hinojosa Cantú, creó tres fideicomisos repartidos en varias
cuentas bancarias para resguardar su dinero en dólares a nombre de su madre y
suegra –mujeres octogenarias– quedando él quedó como único beneficiario –según
los llamados Panama Papers–“es un tema de seguridad nacional, porque al ser el
contratista favorito del Gobierno, está involucrando al Presidente de la
República de manera indirecta y lastima la imagen de México como país”.
Además de ser calificado como
“el contratista favorito”, Grupo Higa se vio involucrado en el llamado
escándalo “casablanca” que involucra la compra–venta de una casa por más de 7
millones de dólares por parte de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado.
“En la misma lista –los
Panama Papers– están lo mismo un contratista que ha favorecido con un crédito a
la esposa del actual Presidente que un ex convicto mexicano que fue el capo de
capos en los 80 y 90: Rafael Caro Quintero”, expresó Rodríguez Sánchez Lara.
–¿Pero una sola constructora
puede poner en riesgo la seguridad económica de un país?
–Por supuesto, para el caso
de la licitación del tren rápido México–Querétaro había varias empresas
internacionales participando, que detrás de ellas tienen a sus gobiernos, a sus
embajadas. Hay que recordar que el mundo está en recesión y las embajadas
tienen la obligación de abrir espacios de negocios y México es un espacio de
negocio natural para empresas francesas, chinas, canadienses, de Estados
Unidos; entonces si se privilegia a una empresa como Higa, claramente esto
afecta los intereses comerciales y económicos de las empresas de otros países
en México, porque las licitaciones no son transparentes y el Gobierno mexicano
no está mandando las señales correctas de que no hay conflicto de interés o de
que las negociaciones son transparentes. Ése es el meollo del asunto: complica
las negociaciones económicas, las relaciones políticas, lastima la imagen de
este país porque da la impresión de que solamente se pueden hacer negocios de
manera ilícita corrompiendo a los funcionarios de alto nivel.
Para el investigador, Grupo
Higa es el más claro ejemplo de lo que una vez citó el semanario inglés The
Economist, refiriéndose a México: “’Este Gobierno no entiende que no entiende’,
los casos de conflictos de interés están afectado la imagen de México en el
exterior en materia de seguridad económica, de las inversiones, de la confianza
que tienen las empresas extranjeras en invertir en México, esto hay que sumarlo
a que el país está perdiendo puntos de calificadoras internacionales como
Moody’s, y a que la capacidad crediticia de México en el mundo está siendo
cuestionada por problemas que tienen Pemex [Petróleos Mexicanos] y la CFE
[Comisión Federal de Electricidad]”.
HINOJOSA, LOS OTROS Y EL PRESTIGIO DE MÉXICO
Además de Hinojosa Cantú, en
las filtraciones de los Panama Papers, se menciona a Ricardo Benjamín Salinas
Pliego, dueño de Grupo Salinas, a Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de
Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe
de Futbol (Concacaf), a Alfonso de Angoitia, uno de los vicepresidentes de Televisa,
a la actriz Edith González y al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, casi
todos han negado su relación en el escándalo.
En el caso de Hinojosa Cantú,
en lo publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), autor de la
investigación, poco después del escándalo “casablanca”, a lo largo del verano y
otoño de 2015, el despacho pañameno Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear
tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta
entonces depositados en varias cuentas bancarias. “Hinojosa era el principal
beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su
suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su
muerte”.
El trabajo periodístico esta
basado en la filtración de 11.5 millones de archivos del despacho Mossack
Fonseca, que cual trabaja por medio de empresas offshore que ponen sus
domicilios fiscales en paraísos fiscales, pero operan en todo el mundo.
Una investigación de la
Unidad de Datos de SinEmbargo, arrojó que seis meses antes de que Hinojosa
Cantú lograra resguardar 100 mdd a través de tres fideicomisos en Mossack
Fonseca, en México, sólo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) –la dependencia clave para su emporio de construcción– completó 895
millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos en 2014.
Lo anterior se desprende de
las 36 solicitudes de información dirigidas por este diario digital a 26 instituciones
y dependencias del Gobierno Federal para conocer si habían firmado contratos
con Grupo Higa, S.A. de C.V. o sus filiales en la década de 2005 a 2015. A cada
institución le fue solicitado el número de contratos, la copia de los mismos,
el tipo de procedimiento por el que fue adjudicado y las razones para
concederlo en caso de que se tratara de una convocatoria o invitación. La SCT,
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de
Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex Exploración y Producción (PEP)
respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en ese periodo. Las primeras
entidades enviaron sus respuestas a través del sistema Infomex y mediante
copias certificadas.
LA RESPUESTA DE MÉXICO
Hasta ahora, el SAT es la única
dependencia gubernamental que ha reaccionado ante las filtraciones. Foto:
Archivo
El domingo, el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) en México anunció a través de un comunicado que
revisará los casos de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México
señalados por evasión fiscal en el escándalo de los Panama Papers.
“La información publicada se
revisará (…) con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la
comisión de actos de evasión fiscal”, señala el documento, en el que se aclara,
sin embargo, que conforme a la legislación mexicana, no hará pública
información específica sobre contribuyentes.
Ante esta respuesta, el
investigador insistió en que el Gobierno debe dar un mensaje claro y contundente
de que los conflictos de interés, las violaciones a las leyes fiscales y las
dudas en las licitaciones de infraestructura “lastiman la imagen de todo el
país, no sólo de ese Gobierno”.
Consideró que esta es una
oportunidad más en la que el Gobierno de México tiene que mandar un mensaje
contundente a la comunidad internacional “porque los mexicanos estamos
profundamente lastimados por este y otros casos de corrupción e impunidad”, al
mismo tiempo, destacó que tanto las secretarías de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), como la de Relaciones Exteriores (SRE) deben empezar a trabajar para
remediar esa mala imagen, vigilar y evitar que se presenten nuevos casos de
corrupción.
Citó el caso de Islandia,
donde el Primer Ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson, dejó ayer su cargo,
luego de verse involucrado en el escándalo destapado por el ICIJ.
“La corrupción trae
consecuencias financieras a cualquier país, por eso Brasil, Guatemala,
Islandia… están actuando”, expresó Sánchez Lara.
(SIN EMBARGO.MX/ JULIANA FREGOSO ABRIL
6, 2016 - 09:30H)
Familiares de desaparecidos en Chihuahua
enfatizaron que existe colusión de las autoridades con el crimen, lo que ha
agravado las posibilidades de resolver los casos de desapariciones y la
identificación de los restos hallados en fosas clandestinas. ¿Qué exigieron a
las autoridades?
Familiares de desaparecidos en Chihuahua
acusaron a Duarte de impedir participación de forenses argentinos. Foto: Juan
García, SinEmbargo
Ciudad de México, 8 de abril
(SinEmbargo).– Familiares de desaparecidos en Chihuahua acusaron al Gobernador
César Duarte Jáquez de impedir la
coadyuvancia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el peritaje
de restos de cuerpos hallados en fosas clandestinas a lo largo del estado.
“Es imperativo que se permita
el trabajo experto en este grupo, ya que el número sigue en aumento. Los grupos
sociales siguen trabajando donde el estado claudica, por desinterés o por una
participación activa de policías locales, gobernantes de todos los niveles,
acuerdos con grupos de narcotraficantes, donde la corrupción y la impunidad
imperan”, dijo la Senadora Sylvia Martínez Elizondo del Partido Acción Nacional
(PAN).
La incursión del EAAF sería
crucial para trabajar con los restos hallados en tres fosas clandestinas,
dijeron los familiares de las víctimas, que se encuentran en el Rancho Dolores,
en el municipio Ciudad Cuauhtémoc; el rancho Mortero, Cusihuiriachi, y el
poblado El Porvenir, en Carichí.
De acuerdo con un informe
reciente publicado por Amnistía internacional (AI), la crisis de los desaparecidos en México es
generalizada, pero se centra en el estado de Chihuahua, donde hasta el 5 de
enero pasado, existían mil 698 personas desaparecidas desde el 2006; y tan sólo
en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, por ejemplo, existen al menos 351
personas de las que no se conoce su destino.
Precisamente es en esa
demarcación donde los pobladores, por inacción del Gobierno, han salido a
buscar a sus familiares y se han enfrentado a amenazas y hasta ataques por
parte de grupos armados, denunciaron familiares de desaparecidos.
En el reporte “Un trato de
indolencia” de (AI), los municipios de Iguala, Guerrero, y Ciudad Cuauhtémoc,
son una muestra de varias facetas de la problemática: la magnitud a la que
pueden llegar las desapariciones en México, las formas de reacción del Estado
mexicano frente a este tipo de delitos y las afectaciones de los derechos
humanos de las víctimas.
Partricia Vásquez, madre de
Jesús Alfredo Delgado Vásquez, desaparecido el 28 de octubre del 2013 afirmó
que el número de víctimas sigue en ascenso en Ciudad Cuauhtémoc. Pese a esto,
el Gobierno estatal incumple con un convenio de colaboración con el EAAF
firmado desde el 2014, acusaron familiares.
“Hay un enorme subregistro,
la colusión del crimen con las autoridades hacen que vivamos en un narco
estado. Sabeos que la ley de víctimas nos protege para elegir peritos de
nuestra confianza, pero hemos encontrado varios obstáculos, en especial que el
Gobernador César Duarte niega la existencia del problema. No busca a nuestros
hijos ni vivos ni muertos, desde el 2011, le estamos solicitando al equipo de
antropología forense argentino que investigue fosas”, explicó.
La madre detalló que existe
poca confianza en la Fiscalía de Chihuahua y la tecnología que utiliza para
procesar los restos quemados.
Esta tensión con el
Ministerio Público ha derivado en presiones, acusó, por parte de las
autoridades para que se descarté la coadyuvancia del EAAF.
“Han estado presionando para
que sea la Fiscalía la que haga el procesamiento de estos casos. Hemos logrando
una medida cautelar para impedir que procesen esos restos. Ahora vemos que en
el Gobierno de Chihuahua son quienes insisten, pero nosotros queremos que sea
el EAAF, porque su vasta experiencia internacional acredita certeza y reparo a
las víctimas”, dijo Vásquez.
La desconfianza al Ministerio
Público también se basa en la transparencia con la que los familiares creen que
las autoridades operan, en cambio, afirmaron los forenses argentinos trasladan
la información de los restos a las familias.
Legisladores pretenden
incluir este y otros aspectos en la discusión de la Ley de Desapariciones
Forzadas que se discute en la Cámara Alta.
“Nos preocupa la queja
respecto al a incineración de restos humanos. Obviamente, que la Ley
establecerá la prohibición de la incineración. Yo creo que incluso podríamos
plantear un punto de acuerdo. Tenemos un argumento, y es que no se pueden
incinerar los restos cuando no sabemos de quiénes son”, dijo la Senadora del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña.
EL INFIERNO EN CUAUHTÉMOC
“La incesante ola de
desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con
que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las
autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, afirmó en enero
pasado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional
para América.
“Por desgracia, las
desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que
prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas
ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de
ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo”, agregó Guevara-Rosas.
En su momento, Leticia
Sánchez, madre de una víctima de desaparición forzada e integrante del Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHM), denunció que la Fiscalía en
Cuauhtémoc se encuentra en complicidad con grupos criminales, puesto que cuando
alguien denuncia, inmediatamente recibe amenazas o ataques. Además, dijo que
los expedientes son apilados sin ser atendidos de tal forma que las las
investigaciones nunca concluyen.
“Yo quisiera que el gobierno
nos volteara a ver, porque hasta ahora el Gobernador no reconoce el problema en
Cuauhtémoc, menos Enrique Peña Nieto que no se da por enterado. Pero ya son
demasiadas desapariciones, es mucho desgaste físico, económico y emocional”,
expresó Sánchez, madre de Luis Carlos Hernández Sánchez, de 22 años,
desaparecido en 2010 junto con sus amigos, a manos de un grupo fuertemente
armado.
La activista narró que una de
sus compañeras, a quien le desaparecieron un hijo, tras participar en
manifestaciones para exigir la aparición de su muchacho, la amenazaron con
quitarle otros.
“Ella decía que ya no tenía
nada que perder y siguió en la búsqueda de sus dos hijos. Hasta que la
desaparecieron. Sabemos que cuando llegó el comando a su casa ella llamó a los
policías, pero una fuente que tengo ahí dentro me informó que la orden fue que
nadie acudiera a auxiliarla”, agregó Leticia Sánchez.
La mujer aseveró que incluso
ella y otro grupo de padres fueron recibidos por el Gobernador priista César
Duarte Jáquez, y él les prometió que sus familiares serían encontrados, pero
bastaron unos meses para recibir una amenaza, ahora de parte de personal de la
Fiscalía de Cuauhtémoc: “No ha aparecido y no va a aparecer porque está
haciendo mucha presión”, le dijeron.
Cuauhtémoc es uno de los 67
municipios de Chihuahua y se encuentra en la zona occidental del estado; su
cabecera municipal, Ciudad Cuauhtémoc, es una localidad de 114 mil habitantes,
que conforma un polo económico importante para la entidad debido a las
actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales que allí se realizan. Además
de su relevancia económica, el municipio es el límite entre las planicies
desérticas y la cordillera de la Sierra Madre Occidental, ésta peculiar
posición geográfica, refiere el reporte de AI, la convierte en un punto de
cruce de las rutas del narcotráfico que conectan el occidente septentrional de
México con el sur de los Estados Unidos.
(SIN EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA
HERNÁNDEZ/ ABRIL 8, 2016- 09:55H)
La Primera Brigada Nacional de Búsqueda
está integrada por familiares de desaparecidos de Guerrero, Coahuila, Sinaloa,
Chihuahua y Baja California que se han especializado en la búsqueda y hallazgo
de fosas clandestinas y tiene previsto iniciar el día de mañana sus actividades
en Amatlán de Los Reyes, Veracruz. “Aclaramos, no queremos hacerle la chamba al
Estado, queremos ayudarle a encontrar a
nuestros desaparecidos”, dijo Juan Carlos Trujillo Herrera, miembro de
Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.
Ciudad de México, 8 de abril
(SinEmbargo).– Familias de desaparecidos de varios estados del país y de
Veracruz iniciarán una brigada de búsqueda de fosas clandestinas en ese estado
ante la falta de respuesta de las autoridades a nivel local y federal para
enfrentar la crisis de desapariciones.
En conferencia de prensa en
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Jocelyn
Orgen, de la organización Red Enlaces, dijo que buscadores de Guerrero,
Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja California serán quienes acudan a “atender
el llamado de familias de Veracruz”.
Integrados en la Brigada
Nacional de Búsqueda, los familias que se han participado en otras búsquedas
partirán mañana de la Ciudad de México hacia Amatlán de Los Reyes, Veracruz,
para capacitar y apoyar a las familias de ese estado en la ubicación y manejo
de fosas clandestinas.
La activista señaló que
Veracruz ha exhibido de nueva cuenta la “emergencia humanitaria de dimensiones
aún incuantificables” por la que atraviesa México.
“Se tiene conocimiento de un
número alarmante de personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente en
la entidad, prácticamente en la totalidad de todos los casos prevalece la
impunidad”, dijo.
Los colectivos procedentes de varios
estados del país apoyarán y capacitarán a los familiares de desaparecidos en
Veracruz. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
El señor Mario Vergara
Hernández, que busca a su hermano Tomas, no localizado desde 2012, señaló que
“a falta de resultados del gobierno, somos las familias que con nuestro dolor
estamos encontrando a nuestros familiares. Si encontramos huesos, salvamos vidas”.
Los familiares serán
acompañados por organizaciones de la sociedad civil, grupos de búsqueda de
Veracruz, un equipo que documentará los hechos, medios de comunicación y
ciudadanos solidarios.
La Brigada hizo un llamado a
los gobiernos Federal y de Veracruz, a la Procuraduría General de la República
(PGR), así como a la Fiscalía General de Justicia de ese estado y a las
comisiones de derechos humanos nacional y local, a que garanticen la integridad
de los buscadores, además de que establezcan mecanismos y protocolos que
resguarden los hallazgos y evidencias que se pudieran encontrar.
Puntualizaron que dados los
recientes casos de desapariciones en los que han estado involucrados policías
municipales y estatales de Veracruz, pidieron que elementos de la Policía
Federal (PF) sean quienes apoyen en el rastreo de fosas clandestinas.
Ana Lilia Jiménez Sandoval,
familiar de Jael Suriel Moterrosas Jiménez, desaparecido en 2012 en Cordova,
señaló que la información que reciban será de manera anónima, “no revelaremos
la identidad de nadie, sólo queremos saber dónde están nuestros familiares,
encontrarlos y sepultarlos dignamente”.
“Aclaramos, no queremos
hacerle la chamba al Estado, queremos ayudarle a encontrar a nuestros desaparecidos”, dijo
Juan Carlos Trujillo Herrera, miembro de Familiares en Búsqueda María Herrera
A.C.
Los colectivos integrados por familias
de desaparecidos aclararon que no buscan hacer el trabajo que le corresponde al
Estado sino ayudar en la búsqueda de su desaparecidos. Foto: Luis Barrón, sin
embargo
Los colectivos integrados por
familias de desaparecidos aclararon que no buscan hacer el trabajo que le
corresponde al Estado sino ayudar en la búsqueda de su desaparecidos. Foto:
Luis Barrón, SinEmbargo
DECENAS DE DESAPARECIDOS EN VERACRUZ
El 11 de enero pasado, el
caso de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz, secuestrados por
policías estatales de Tierra Blanca, exhibió el drama que decenas de familias
viven en Veracruz.
Sin embargo, las
desapariciones se han convertido en una situación de emergencia para los
habitantes de Veracruz, incluso hay familiares de personas secuestradas que se
han acercado a los medios de comunicación para exigir a las autoridades que
intervengan para que sus familiares sean localizados lo más pronto posible.
Incluso en la ciudad de
Córdoba, donde el Gobernador Javier Duarte creció, al menos cada semana se
conoce algún caso de plagio; por ejemplo, un ex trabajador de Petróleos
Mexicanos, una estudiante de alguna escuela particular, o un comerciante de la
zona de Huatusco o un artesano de Coscomatepec, de acuerdo con reportes de Blog
Expediente.
De esa forma, en el primer
trimestre del año, la cifra de personas que de alguna forma han sido privadas
de la libertad asciende a más de 10 tan sólo en Córdoba y municipios aledaños
como Paso del Macho, Coscomatepec y Huatusco, lo que ha provocado psicosis
entre la población, pero principalmente entre algunos sectores, tales como el
comercial, empresarial, y productivos como el cafetalero y cañero.
La gravedad de los delitos ha
hecho que algunas familias incluso difundan públicamente los plagios de sus
hijos, esposos o padres, debido a que han desembolsado fuertes sumas de dinero
para el pago de los rescates, pero ni así logran tener a sus seres queridos de
vuelta en sus hogares, y como recurso final le hacen un llamado de auxilio a
las autoridades.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / abril 8,
2016- 19:06h)
* Se detalló que quien ataca a la chica
por atrás es Alain René Roldán Valerio, para arrebatarle sus pertenencias,
después le pasan por encima la camioneta en una actitud criminal
La familia Estévez, con
auxilio de las redes sociales, estableció que quienes asaltaron y arrollaron a
la estudiante de identidad reservada K.M.E. son tres estudiantes del Instituto
Tecnológico de Boca del Río.
Yuyi Estévez, madre de la
chica agraviada, logró identificar junto con su hija a los asaltantes a través
de imágenes difundidas en redes sociales, se trata de Javier Alejandro Sánchez
García, Alain René Roldán Valerio, Josué Rojas y otro apodado El Cheché.
También que la camioneta
Mitsubishi Outlander usada para cometer el atraco es propiedad de Alejandro
Sánchez García.
Se detalló que quien ataca a
la chica por atrás es Alain René Roldán Valerio, para arrebatarle sus
pertenencias, después le pasan por encima la camioneta en una actitud criminal.
Así lo informó NOTIVER en su
edición del domingo 3 de abril:
Una estudiante resultó
lesionada durante un asalto que sufrió temprano en calles del Fraccionamiento
Jardines de Mocambo, municipio de Boca del Río, donde tres desconocidos la
sometieron para robarle celular y la cartera, pero posteriormente la
atropellaron con una camioneta gris.
La jovencita de identidad
reservada K.M.E. acudió a las 06:50 horas a una negociación de internet de la
calle Saturno entre Progreso y Campeche, en el Fraccionamiento Jardines de
Mocambo, para imprimir un boleto de ADO.
Pero al salir del internet La
Cueva fue asaltada por tres desconocidos que la agredieron para despojarla de
un celular Motorola color negro y su cartera en la que traía 100 pesos.
Cuando la chica se recuperó
del forcejeo persiguió a los ladrones quienes ya habían subido a una camioneta
color gris y, en un intento por recuperar todas sus pertenencias, la chica se
lanzó hacia adentro de la unidad por la ventanilla, pero quedó con medio cuerpo
afuera.
Y en ese momento el conductor
hizo una maniobra en reversa y provocó que la chica saliera lanzada por los
aires, cayendo al suelo y fue atropellada por los tripulantes de la camioneta,
aplastándole las costillas con la llanta trasera.
Finalmente los hampones
escaparon pero ya son buscados por la policía, en tanto la estudiante tuvo que
viajar a la casa de sus padres, a Isla, donde habría sido atendida por un
médico para curar las lesiones en las costillas.
La estudiante sufrió fractura
de seis costillas y lesión en un pulmón.
Desesperados por la inacción
de las autoridades, familiares de personas desaparecidas tomarán picos y palos
para buscar a sus seres queridos en fosas clandestinas de Veracruz.
Mañana, la Brigada Nacional
de Búsqueda, que se dedica a encontrar fosas clandestinas, partirá de la Ciudad
de México hacia Amatlán, Veracruz, para capacitar a familiares de desaparecidos
en dicha entidad.
"Somos buscadores de
Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, que hemos decidido
atender el llamado de familias de Veracruz”.
Los ejidos de Búfalo, donde el Ejército
destruyó en 1984 los extensos sembradíos de mariguana de Rafael Caro Quintero,
nunca se beneficiaron de la intensa producción del estupefaciente. En los
vecinos municipios de Jiménez y Camargo los narcos consumían alimentos,
cobijas, ropa y servicios para sus autos, pero de la zona agrícola ni siquiera
requerían mano de obra: tenían miles de jornaleros retenidos y sin paga. Hoy
Búfalo tiene una enorme presa, pero no cultivos… ni calles pavimentadas ni red
telefónica.
VALLE DE ALLENDE, Chih.
(Proceso).- La colonia Búfalo, que saltó a la fama después del descubrimiento
de un campo de cultivo de mariguana de Rafael Caro Quintero, quien esclavizó a
miles de campesinos en unas 20 hectáreas, ahora está abandonada.
Sentado en una banca del
único parque del poblado, Fernando Sáenz, cercano a los 90 años, lamenta: “Ya
no se puede sembrar. ¿Qué siembra uno? No se puede cultivar algodón porque ya
no hay despepitadoras, no hay bodegas nacionales a las que se vendía el frijol
y el maíz. No hay nada”, dice.
La colonia estaba rodeada de
sembradíos de papa, pero ya no existen y las bodegas donde se almacenaba la
semilla son ruinas.
En noviembre de 1984 el
nombre de Búfalo fue conocido internacionalmente, aunque los pobladores nunca
tuvieron un beneficio del “desarrollo” impulsado por el narcotráfico. A los
plantíos de mariguana les dieron el nombre de Búfalo por su cercanía con la
colonia.
El gobierno informó entonces
que se decomisaron alrededor de 10 mil toneladas de la yerba. Con el tiempo,
las estimaciones en torno a la cantidad de campesinos que trabajaban en el
rancho han oscilado entre 5 mil y 10 mil. Muchos de ellos fueron engañados para
ir a ese lugar.
Caro Quintero fue detenido en
1985 y posteriormente sentenciado a 40 años de prisión. Entre los delitos que
se le imputaron estaban el de privación ilegal de la libertad en su modalidad
de secuestro, homicidio calificado; siembra, cultivo, cosecha, transporte y
tráfico de mariguana, así como suministro de cocaína y asociación delictuosa,
pero quedó en libertad en 2013.
Hace poco más de un año, el
gobernador César Duarte Jáquez inauguró la presa Piedras Azules. Fue un
incentivo para que familias adineradas adquirieran los predios de los
ejidatarios que se quedaron con las tierras tras el decomiso de la droga y los
predios a Caro Quintero.
Pero como nadie apoyó la
urbanización ni los cultivos, la mayoría de los propietarios de esos ejidos
vendieron sus tierras y ahora alrededor de Búfalo siembran nogales, árboles que
requieren mucha agua. “Ahora ni ha llovido”, dice don Fernando.
Las cosechas de los pequeños
agricultores decayeron. Éstos tenían esperanza de desarrollar sistemas de riego
una vez construida la presa, pero ha sido más complicado de lo que creían.
Algunos hombres sentados bajo
un árbol, afuera de una vivienda, dicen espontáneamente que ninguno de ellos
trabajó en los plantíos de mariguana. Uno señala que a unos pasos de ahí
circulaban los camiones hacia los sembradíos de la yerba, que estaban a unos 15
kilómetros del pueblo.
Todos ríen cuando otro dice
que, según la gente, esos camiones transportaban manzanas. Añade que llevaban
trabajadores de fuera, que no hubo gente de Búfalo ahí.
La colonia era muy tranquila
entonces y nunca obtuvo derrama económica por el rancho, como sucedió en
Jiménez. Los pobladores tampoco tenían contacto con los trabajadores ni con sus
empleadores, quienes según los mayores de aquí “era gente de Sinaloa”.
Vieron a los campesinos de
los cultivos de mariguana cuando salieron corriendo el día que llegaron los
militares a decomisar la droga. El resto del tiempo los tuvieron encerrados y
vigilados por hombres con escopetas. Tras la desbandada, muchos llegaron a
Búfalo para pedir aventón o ayuda para llamar a familiares.
La mayoría de los colonos
emigró a Estados Unidos a partir de 1988 por una prolongada sequía. Cuatro años
antes, con el exterminio del “campo de concentración”, como conocían al rancho
de Caro Quintero, la actividad ya había comenzado a declinar.
Los terrenos fueron
entregados a los campesinos el 21 de febrero de 1987. Ellos los dividieron en
dos ejidos: Álamos y ampliación Felipe Ángeles. Hace tres años se concentraban
ahí 420 ejidatarios, pero muchos vendieron sus parcelas a familias adineradas
porque no podían cultivarlas.
Un exejidatario recuerda que
veían pasar los camiones de droga, pero ignoraban que tuvieran secuestrados a
los trabajadores: “Dicen que venían engañados. Nosotros jamás vimos a Caro
Quintero; sólo lo conocíamos por nombre y hasta le compusieron un corrido”.
BÚFALO, ATRAPADA EN EL TIEMPO
Ubicada entre las cabeceras
municipales de Parral y Jiménez, Búfalo sólo tiene 300 habitantes, sus calles
no están pavimentadas y carece de red telefónica.
El profesor Francisco Raúl
Huerta Martínez reclama: “Han dicho que Caro Quintero hizo la iglesia y
escuelas. Es mentira. El templo de Fátima lo hicieron otras personas. La imagen
de la virgen de Fátima la trajeron en 1938 unos españoles de apellido Almolea.
De ahí empezó a formarse el pueblo, pero Caro Quintero nunca lo apoyó. Otra
cuestión que no nos parece es que digan que hubo opulencia, cuando aquí nunca
la vivimos”.
Aclara que las compras
millonarias para alimentar y vestir a los trabajadores se hacían en Jiménez y
Camargo. “Este pueblo (Búfalo) se mejoró a partir de 1990. Con Caro Quintero no
había siquiera trabajadores de aquí. Cuando ocuparon a gente de Búfalo fue para
que les dijeran las brechas para salir, pero con nosotros no hubo economía”,
insiste Huerta Martínez. Añade que fue seis años después del allanamiento y
decomiso cuando se construyó una carretera para llegar al pueblo.
Los pobladores viven de la
agricultura o trabajan para familias adineradas de la región, mientras que a
los jornaleros de Caro Quintero los traían desde estados como Sinaloa, Sonora y
Guerrero; se reconocían porque llevaban huaraches cruzados.
Desde la tienda de abarrotes
que da a la plaza se emiten los mensajes a los habitantes con un altavoz, ya
sea recados de las escuelas foráneas para los padres de familia o a quienes
reciben llamadas telefónicas. Las propietarias de la tienda son hijas de Ismael
Moreno, quien era presidente municipal de Búfalo en 1984.
Las hermanas Magda y Camena
Moreno eran niñas cuando se desató el escándalo. “Los soldados entraron en
camiones por el pueblo. Nosotros pensábamos que era la guerra. Estábamos en la
escuela y pasaban muchos soldados por aquí”, dice Camena.
La mañana del 9 de noviembre
de 1984 irrumpieron alrededor de 500 militares y un helicóptero sobrevoló como
parte de la Operación Pacífico. Cuando terminaron el operativo, los judiciales
regresaron al pueblo para cenar.
Las hermanas Moreno recuerdan
que un jefe policiaco, Elías Ramírez, llegó en la noche a Búfalo con su gente y
obligó a que abrieran el restaurante de la mamá del profesor Huerta. No había
suficiente comida, por lo que hizo que abrieran la tienda de abarrotes de los
Moreno. No les pagaron.
Aunque en los medios de
comunicación se habló del “rancho El Búfalo”, esta denominación se derivó de la
cercanía con este poblado. En realidad la siembra de mariguana se realizaba en
dos ranchos: El Álamo y Muriel, que luego se convirtieron en los ejidos El
Álamo y ampliación Felipe Ángeles.
JIMÉNEZ Y CAMARGO, LOS BENEFICIADOS
Los municipios de Camargo y
Jiménez constituyen un paso estratégico para el trasiego de droga. Desde los
tiempos de Caro Quintero la región fue devastada por la violencia.
Hace casi 32 años, las tropas
decomisaron alrededor de mil toneladas de mariguana. Para los habitantes de
Jiménez, la cantidad que se dio a conocer se queda corta porque todos los días
hacían varios viajes tráileres, diversos vehículos y hasta contenedores de tren
cargados de droga.
En 1984 detuvieron a por lo
menos 75 personas en el rancho El Reliz, cerca de Jiménez, y otras tantas
lograron huir, recuerda en entrevista Carlos Mario Armendáriz, quien entonces
era director de El Sol de Parral. También fue desmantelado el rancho de
Chilicote, del municipio de Aldama, donde también se decomisaron varias
toneladas de mariguana.
Luego siguió el decomiso de
la producción de Búfalo. Armendáriz cuenta que llevaron a trabajadores de fuera,
principalmente sinaloenses, con el cuento de que trabajarían en la pizca de
manzana con muy buen sueldo. Nada les cumplieron. Los mantenían custodiados con
hombres armados.
El periodista explica que el
país pasaba por una fuerte crisis económica en el sexenio de Miguel de la
Madrid, que se agudizó con las secuelas del terremoto de 1985. Los productores
sólo tenían acceso a crédito a través de la sucursal de Banrural en Camargo.
“El dueño de un taller
mecánico en Jiménez me contó que Caro Quintero llegaba en convoy, en tres o
cuatro carros Grand Marquis de su agencia Ford en Guadalajara”, recuerda
Armendáriz.
Por una mínima falla en un
vehículo, lo dejaba en el taller y pagaba bien en dólares. “Decía: ‘Quiero que
dejes de hacer todo para que atiendas sólo a nuestros vehículos’. El mecánico
las corregía rápido. Una vez llegaron en uno de los vehículos que venía
fallando. Dijo que lo revisara de urgencia porque tenían que salir rápido.
“Llegaron al mediodía. No era
gran cosa. Cuando regresaron, Caro Quintero le pidió al mecánico las llaves del
carro y le preguntó: ‘¿Abriste algo?’ Le respondió que no. Y luego Caro
Quintero abrió la cajuela, que estaba tapizada de dólares. El mecánico le dijo
que su trabajo había sido enfrente y no tenía por qué abrir atrás. El capo
agarró un fajo de dólares y se los dio.”
Otro negocio que salió
ganando fue un “desponchado” en la entrada de Jiménez. “El dueño me contó que
un día llegaron unos tipos y le preguntaron cuántos autos atendía. Les
respondió que dependía de cuál día, pero a veces era uno y a veces hasta
cuatro. Entonces le pidieron que cerrara el negocio al público para que
trabajara sólo para ellos. Y así fue; le pagaban bien”.
Las compras para dar de comer
a miles de trabajadores dieron ganancias a tiendas de abarrotes y tortillerías.
La encargada de una tortillería contó a Carlos Mario Armendáriz que a ella le
compraron más máquinas para hacer la cantidad de tortillas que a diario se
necesitaban para toda la gente.
“La tienda de ropa del pueblo
en Camargo también se vio beneficiada. En una vitrina grande había cobijas
cuadradas y la dueña tenía un saco de piel verde. Un día (los hombres que
manejaban los sembradíos) llegaron y le compraron todas las cobijas. A uno le
gustó el saco verde. Luego regresaron otros que querían sacos, pero ya no había
porque lo había traído de Estados Unidos, y le pidieron traer más y de varios
colores. Le pagaron ahí mismo y ella fue por más sacos.”
Agrega que el 9 de noviembre
de 1984, cuando los militares destruyeron los sembradíos de Búfalo, varias
personas se beneficiaron.
“Cuando llegó el reportero
Rafael Salas a cubrir los hechos para El Sol de Parral, había dos militares. Lo
detuvieron y él se identificó. Un soldado le ofreció dos cajas de mariguana,
una para él y la otra para que la llevara a un domicilio en Jiménez, pero él salió
corriendo por el monte.
“La prensa de aquel año
consignó que cuando Enrique Camarena, El Kiki, agente estadunidense antidrogas,
delató la ubicación de millonarios cultivos de mariguana en la región, los
militares mexicanos llegaron para acabar con todo.”
El Heraldo de Chihuahua
aseguró que una banda internacional operaba en Florida, Estados Unidos, y
trasladó su centro de operaciones al rancho El Búfalo, protegida por
funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Los campesinos “vivían en un
verdadero campo de concentración. Tenemos indicios de que muchos que trataron
de huir fueron asesinados por los narcotraficantes”, informó la Procuraduría
General de la República en aquel tiempo. Las autoridades alcanzaron a detener a
algunos jornaleros, incluidos mujeres y niños, quienes eran obligados a
trabajar hasta 20 horas diarias.
Estados Unidos.- Mikaila
Ulmer, tan sólo tiene 11 años, sin embargo, cerró un contrato con la cadena de
supermercados Whole Foods, por 11 milones de dólares para vender su limonada
casera en cuatro estados en Estados Unidos.
Todo empezó cuando le picaron
dos abejas a los cuatro años. Aunque las abejas le aterraban, desarrolló una
fascinación por esos animales: las estudió, descubrió su importancia en el
medio ambiente, y pensó en formas de ayudarlas.
Mikaila preparó su receta de
limonada casera, heredada de su bisabuela, con una mezcla de menta, linaza y
miel. Entonces empezó a donar lo que obtenía por ella a fundaciones dedicadas a
salvar a las abejas.
Su receta llegó a Shark Tank,
el programa de ABC. Mikaila ganó 60 mil dólares para su marca. Además preparó
limonada para Barack Obama, participó en Dare to be Digital de Google y ganó
numerosos premios de emprendimiento.
Ahora Bee Sweet, la limonada
de Mikaila, llegará a 55 tiendas de Whole Foods en Estados Unidos.
Ciudad de México.- Elementos
de la Secretaría de Marina desmantelaron una red de comunicación radiofónica de
un grupo delincuencial y catearon 37 inmuebles en los municipios fronterizos de
Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas.
En un comunicado, el Grupo de
Coordinación Tamaulipas (GCT) dio a conocer que los marinos, apoyados por
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal,
Procuraduría General de la República (PGR) y Fuerza Tamaulipas, además de
agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos en la materia,
aseguraron al menos 35 antenas de radio.
La red de comunicación
radiofónica, apuntó, fue instalada por el grupo delincuencial en los municipios
de Reynosa y Río Bravo a efecto de coordinar sus acciones criminales que
incluyen secuestros, tráfico de armas, narcotráfico y robo de casas y
vehículos, entre otros delitos del fuero federal y estatal.
Sostuvo que en el
desmantelamiento de los centros retransmisores de radiofrecuencia no hubo
reacciones violentas por parte del grupo delincuencial responsable de ese
equipo clandestino, y tampoco se registraron balaceras o bloqueos.
Reynosa, Tamps.- El crimen
organizado de nueva cuenta desafió a las autoridades de Reynosa al derrumbar
cinco postes con videocámaras de vigilancia, incluso uno de ellos frente a la
PGR.
En una acción realizada entre
las 3:00 y 4:00 horas, los delincuentes dañaron dos postes en la Avenida
Hidalgo, en su cruce con La Cima, cerca de un hotel.
Por la misma Hidalgo, pero
frente a la Colonia Valle Alto, los criminales tumbaron otro poste y luego se
dirigieron rumbo a la PGR, donde derribaron otro en el cruce con la calle
Israel.
Cuando estaban a punto de
derribar un segundo poste en esa zona fueron advertidos y huyeron tras el
arribo de fuerzas federales y militares.
Por la mañana, alrededor de
las 7:00 horas, cuadrillas de Servicios Primarios se dedicaron a recoger los
postes y escombro para retirarlos del lugar.
El primero que levantaron fue
el que obstruía el retorno de Hidalgo y La Cima.
Personal de Tránsito y
Vialidad armó un operativo para desviar el tráfico frente a la PGR porque el
segundo poste doblado parecía caerse, hasta que midieron el riesgo y decidieron
abrir el tráfico a las 9:00 horas.
El crimen organizado ha
combatido la instalación del Sistema de Videovigilancia de la Secretaría
estatal de Seguridad Pública en todo el estado, principalmente en Reynosa,
donde es la quinta ocasión que con acciones concertadas realizan daños de
postes.
En Reynosa, desde octubre
debía operar el Sistema de Videovigilancia con 462 postes con videocámaras,
pero el edificio sigue en obra negra y muchos postes no han sido equipados con
cámaras y al menos 120 han sido derribados por el crimen.
EL MODUS OPERANDI
Según testigos de negocios
aledaños, con maquinaria pesada y rotomartillos, los criminales destrozaron el
concreto de la parte baja de los postes fabricados con varilla de media
pulgada.
Para doblarlos usaron una
máquina llamada "mano de chango", al mismo tiempo que hombres
estiraban el poste con mecates hasta que se dobló; una vez en el suelo, la base
de concreto la demolían con rotomartillos.
Foto: Agustín Reyes/Comandante de la
Segunda Zona Militar con sede en Tijuana, José Ricardo Bárcena Rosiles.
La presencia
del fenómeno de “El Niño” ha propiciado la siembra de amapola en Baja
California, planteó el Comandante de la Segunda Zona Militar con sede en
Tijuana, José Ricardo Bárcena Rosiles.
Sin desdeñar el incremento en
el consumo de heroína en Estados Unidos, droga que deriva de la planta de
amapola, el jefe militar destacó que las condiciones atmosféricas que desde
2015 prevalecen en la entidad, han sido clave en su producción.
“Es posible que ahorita por
las condiciones meteorológicas que ha existido un poco más de lluvia, con la
presencia del fenómeno de El Niño, es probable que se hayan generado
condiciones propicias para esto –su cultivo-“, explicó.
Ante el aumento de la demanda
de heroína, añadió, “es posible que las organizaciones hayan cambiado su
estrategia –en cuanto a la producción del tipo de enervantes-“, cultivo para el
cual, “estamos viendo que en Baja California es propicia su siembra”, reiteró.
El mando militar, dijo
referente a los resultados del Ejército en la zona, que son 13 toneladas de mariguana las decomisadas, 81
las personas detenidas, un narcotúnel localizado, 3 aeronaves aseguradas, 74
plantíos de mariguana ubicados, así como 20 de amapola.
Bárcenas solo agregó un
mensaje invitando a la ciudadanía para que participe con sus denuncias sobre
posibles delitos relacionados con el crimen organizado, de manera anónima.
Los Papeles de Panamá (o Panama Papers),
la mayor filtración de documentos en la historia –incluso mayor que WikiLeaks–,
plantea varias preguntas. La primera es por qué hay tan poco de Estados Unidos,
Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, pero sobran documentos sobre las
actividades ilegales de líderes de Georgia, Qatar, Ucrania, Argentina, Sudán,
Arabia Saudita, Iraq, Paquistán, Azerbaiyán, Egipto, Costa de Marfil, Guinea,
Sudáfrica y Jordania.
La segunda pregunta es más bien una
suspicacia: “Fundaciones norteamericanas como la Ford, Kellog, Rockefeller,
Open Society Foundation y USAID son quienes aportaron los recursos financieros
para ICIJ”, como dice –en un texto publicado ayer en SinEmbargo– Darío Ramírez,
periodista y ex director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Agrega:
“No afirmo que el dinero comprometió la ética de los periodistas, pero sí
sugiero que necesitamos más información al respecto”.
Una tercera: ¿Por qué ningún gobierno
actuó, cuando varias investigaciones de la prensa más influyente del mundo (The
New York Times, The Economist…) alertaban desde hace mucho tiempo sobre las
actividades de Mossack Fonseca? El mismo Bernie Sanders, ahora aspirante a la
presidencia de Estados Unidos, dijo ante el Senado de EU hace cinco años:
“Panamá es un líder mundial cuando se trata de permitir a los ricos
estadounidenses y las grandes corporaciones evadir impuestos en Estados Unidos,
al esconder su dinero en paraísos fiscales”.
En diciembre de 2014, un reportaje de
Ken Silverstein en VICE Media alertaba que empresarios que sirven de fachada a
políticos corruptos, dictadores, traficantes de armas y del dolor, terroristas
internacionales y los mismos políticos corruptos escondían fondos en empresas
fantasmas de Mossack Fonseca. Nadie movió un dedo. Nadie. Esas investigaciones
quedaron en el vacío, y tuvo que ser una filtración masiva la que movió algo.
En acuerdo con VICE, SinEmbargo
reproduce aquélla investigación que no tiene más ni un año y medio de publicada
–y que se fortalece con los últimos eventos–. Silverstein y VICE Media ya daba
luces desde entonces sobre las actividades ilegales que se maceran desde hace
años en la barriga de Mossack Fonseca.
Ilustración de Ole Tillmann, VICE Media
Ken Silverstein, con ilustraciones de
Ole Tillmann.
Ciudad de México, 8 de abril
(SinEmbargo/ViceNews).– Uno de los objetivos de las llamadas “empresas
fantasma” consiste en que el dinero invertido en ellas no pueda ser rastreado
para identificar a su dueño. Digamos, por ejemplo, que eres un dictador que
quiere financiar al terrorismo, aceptar un soborno o acabar con el erario. Una
empresa fantasma es una entidad falsa que te permite guardar y mover efectivo
bajo el nombre de una empresa, sin que las autoridades internacionales y
organismos fiscales sepan que es tuyo.
Esta supuesta compañía es
fundada normalmente por un abogado de confianza, o un cómplice, en un paraíso
fiscal mar adentro para esconder aún más la propiedad. Una vez se hace pasar el
dinero como si fueran los activos de esta empresa, puedes gastarlo o usarlo
para nuevos viles propósitos. Esta es la definición misma del lavado de dinero
—tomar dinero sucio y limpiarlo— y las empresas fantasma lo hacen posible. Son
los “vehículos de escape de los ladrones de banco”, dice el ex investigador de
aduanas de los Estados Unidos Keith Prager.
A veces, sin embargo, los
investigadores internacionales son capaces de rastrear el dinero. Tomemos el
caso de Rami Makhlouf, el empresario más rico y poderoso en Siria. Makhlouf es
ampliamente considerado como el “hombre de la bolsa” —una persona que recoge y
maneja dineros mal habidos— del presidente Bashar al Assad, quien durante los
últimos tres años ha contribuido con la muerte de más de 200 mil ciudadanos en
la guerra civil de su país.
Además de Assad, existen
pocas personas más odiadas en Siria que Makhlouf. Es el primo del presidente y
el hermano del jefe de inteligencia siria. Usando estas conexiones, Makhlouf
construyó una red de negocios que abarcó el sector de las telecomunicaciones,
la energía y la banca; para el momento en el que cumplió 40 años, había
acumulado una fortuna de miles de millones de dólares. Cuando los
levantamientos en contra del régimen comenzaron a principios de 2011, los
manifestantes incendiaron una sucursal de su compañía de celulares y gritaron:
“¡Makhlouf es un ladrón!”
En 2006, la revista británica
New Statesmen dijo que “ninguna empresa extranjera puede hacer negocios con
Siria sin la autorización y participación de Makhlouf”, y un cable clasificado
de 2008 de la embajada estadounidense en Damasco, publicado por WikiLeaks, lo
describía como “la cara de la corrupción en Siria”. En ese mismo año, el
Departamento del Tesoro estadounidense les prohibió a las empresas de su país
hacer negocios con Makhlouf, diciendo que él había “amasado su emporio
comercial explotando sus relaciones con los miembros del régimen sirio” y que
“utilizó a oficiales de inteligencia para intimidar a sus rivales comerciales”.
Cuando estalló la guerra
civil en 2011, y las fuerzas de seguridad estatales comenzaron a dispararles a
los oponentes de Assad, Estados Unidos y la Unión Europea pusieron a Makhlouf
en una lista de aliados del régimen cuyos activos financieros debían ser
rastreados y decomisados porque, como el Departamento del Tesoro dijo, se había
vuelto rico sobornando y “contribuyendo con la corrupción pública de los
oficiales del régimen sirio”.
Si Makhlouf era un ladrón de
bancos, su automóvil de huida era una empresa llamada Drex Technologies S. A.
En julio de 2012, el Departamento del Tesoro identificó a Drex —una empresa
fantasma con dirección en las Islas Vírgenes— como el vehículo corporativo que
Makhlouf secretamente controlaba y usaba “para facilitar y manejar sus activos
financieros”. En otras palabras: si Makhlouf se robaba un par de millones de
dólares de un negocio secreto con algún oficial sirio corrupto, no los pondría
en una cuenta de banco desde donde lo pudieran identificar. En lugar de eso,
los canalizaría por medio de Drex, de modo que no hubiera forma de conectar el
dinero con él.
A finales de octubre de 2014,
obtuve varios documentos sobre Drex en la Cámara de Comercio de las Islas
Vírgenes. Los documentos revelan muy poco. El nombre de Makhlouf, por ejemplo,
no aparece por ningún lado. Fue únicamente porque la guerra civil siria provocó
una serie de investigaciones internacionales que buscaban localizar y congelar
los activos de Makhlouf y otros bandidos del régimen de Assad, que el
Departamento del Tesoro estadunidense descubrió que era él quien controlaba la
empresa y era su propietario, jefe y accionista. Pero para el momento en que lo
hicieron ya era demasiado tarde: Drex Technologies S. A. había desaparecido del
registro mercantil de las Islas Vírgenes.
Sin embargo, ¿quién hace que
estas entidades ficticias sean posibles? Para poder hacer negocios, las
empresas fantasma necesitan un intermediario registrado, a veces un abogado,
que presente los documentos necesarios para su constitución y cuya propia
oficina usualmente sirve como dirección de la empresa.
Este proceso crea un velo
entre la empresa fantasma y el propietario, especialmente si es inscrita en un
paraíso fiscal donde la información del propietario está protegida tras una
pared impenetrable de leyes y regulaciones. En el caso de Makhlouf —y, descubrí,
en el caso de muchos otros hombres de negocios corruptos y gángsters
internacionales—, la organización que lo ayudó a inscribir su empresa fantasma
y a blindarla del escrutinio internacional fue una firma de abogados llamada
Mossack Fonseca, que había servido como la intermediaria que registró Drex
desde el 4 de julio de 2000 hasta finales de 2011.
La firma fue fundada en
Panamá en 1977 por el alemán Jurgen Mossack y un panameño llamado Ramón
Fonseca, vicepresidente del partido que actualmente gobierna el país, y luego
adhirió a un tercer director, el abogado suizo Christoph Zollinger. Desde los
70, Mossack Fonseca ha expandido sus operaciones y ahora trabaja con oficinas
afiliadas en más de 50 países países, incluyendo las Bahamas, Chipre, Hong Kong,
Suiza, Brasil, Jersey, Luxemburgo, las Islas Vírgenes Británicas, y —tal vez el
más perturbador— Estados Unidos, específicamente en los estados de Wyoming,
Florida y Nevada.
Mossack Fonseca, por supuesto, no está sola en la constitución de empresas fantasma utilizadas por los corruptos y evasores de impuestos del mundo. Alrededor del planeta existen un gran número de firmas que compiten, y muchas de ellas registran empresas fantasma que son tan sospechosas como Drex. Prueba de esto es el caso de Viktor Bout, quien, en los 90, traficaba armas para los talibanes a través de una empresa fantasma registrada en Delaware. Más recientemente, en 2010, un hombre llamado Khaid Ouazzani se declaró culpable de utilizar una firma de la ciudad de Kansas, Missouri, llamada Truman Used Auto Parts para mover dinero para Al Qaeda.
Noticias dispersas e investigaciones internacionales han señalado a Mossack Fonseca como una de las firmas creadoras de empresas fantasma con más alcance en el mundo, pero hasta ahora ha utilizado una gama tan amplia de trucos legales y contables que le han permitido pasar desapercibidos a ella y a sus clientes en la mayoría de los casos.
La empresa no acepta esta declaración y afirma en un correo electrónico que “no hay ningún registro judicial o gubernamental que haya identificado alguna vez a Mossack Fonseca como la creadora de empresas fantasma. Cualquier cosa que relacione a nuestro grupo con algún tipo de ‘actividad delictiva’ carece de fundamento, ya que nunca hemos sido notificados de la existencia de algún procedimiento legal… hasta el momento”.
Pero un año de investigaciones revela que Mossack Fonseca —a la que The Economist ha descrito como una industria “notablemente hermética” líder en finanzas en paraísos fiscales— ha servido como la intermediaria registrada de empresas de fachada vinculadas a un montón de gángsters y ladrones famosos que, además de Makhlouf, incluye a socios de Muamar el Gadafi y Robert Mugabe, así como a un multimillonario israelí que ha saqueado uno de los países más pobres de África, y a un oligarca llamado Lázaro Báez, quien, de acuerdo con registros de la corte de Estados Unidos y los informes de un fiscal federal en Argentina, supuestamente lavó decenas de millones de dólares a través de una red de empresas fantasma, algunas de las cuales Mossack Fonseca había ayudado a registrar en Las Vegas.
A través de documentos y entrevistas he descubierto que Mossack Fonseca ayuda con gusto a sus clientes a montar las llamadas compañías constituidas —que son las vendimias más añejas del negocio de lavado de dinero, odiadas por la policía fiscal y queridas por los ladrones, ya que han “envejecido” por años antes de ser vendidas, por lo que parecen corporaciones establecidas y con un historial sólido— incluso en Las Vegas. Un gestor internacional de activos que habló con Mossack Fonseca sobre cómo hacer negocios con ellos me dijo que la empresa ofreció venderle una compañía constituida de 50 años de antigüedad por 100 mil dólares.
Si las compañías constituidas son los vehículos de huida de los ladrones de banco, entonces Mossack Fonseca sería el vendedor de carros más turbio del mundo.
En marzo de 2014 volé a Ciudad de Panamá, hogar de la sede principal de Mossack Fonseca. Víctor, un periodista local, me llevó de tour por la ciudad. Pasamos por los exuberantes campos de golf y las mansiones en la antigua zona del canal controlada por Estados Unidos, por los deslucidos edificios de apartamentos del barrio El Chorrillo y por los rascacielos del distrito central de negocios.
Por la época de mi visita, Panamá se preparaba para las elecciones nacionales, y los carteles de campaña cubrían cada poste y cada muro. Víctor me ofreció un comentario sobre las elecciones mientras conducíamos. “Ese tipo es un imbécil”, dijo, señalando una valla de un candidato a la Asamblea Nacional que, según él, estaba relacionado con el comercio local de drogas. “Bueno, todos son unos imbéciles. Pero él es un imbécil de verdad”.
Ilustración de Ole Tillmann, VICE Media
Panamá ha sido gobernada por imbéciles por más de un siglo. En 1903, la administración de Theodore Roosevelt creó el país después de matonear a Colombia para que cediera lo que antes era el departamento de Panamá. Roosevelt actuó por petición de varios grupos bancarios, entre ellos J. P. Morgan & Co., que fue nombrado como el “agente fiscal” del país, responsable de la gestión de diez millones de dólares de ayuda que Estados Unidos se apresuró a enviar a la nueva nación.
Los bancos norteamericanos ayudaron a convertir a Panamá en un centro financiero, y el país emergió como un paraíso para lavar dinero y evadir impuestos en los años 60 luego de que el Gobierno aprobara normas muy estrictas de confidencialidad financiera, lo que probablemente animó a Mossack Fonseca a establecerse allí en 1977. Las reglas de confidencialidad financiera les prometían a los inversionistas extranjeros privacidad.
También prohibieron que los bancos revelaran algún tipo de información acerca de sus clientes, a menos que fuera ordenado por una corte en un caso que envolviera terrorismo, tráfico de drogas o algún otro crimen serio (la evasión de impuestos estaba específicamente excluida de esa categoría). Estas leyes atrajeron a una larga línea de corruptos y dictadores que usaron Panamá para esconder su botín, incluyendo a Ferdinand Marcos, Baby Doc Duvalier y Augusto Pinochet.
Cuando Manuel Noriega, comandante de las Fuerzas de Defensa panameñas, tomó el poder en 1983, básicamente nacionalizó el lavado de dinero al asociarse con el cartel de drogas de Medellín y darle rienda suelta para que operara en el país. Noriega apoyó fidedignamente la política exterior estadounidense en la región y durante años la CIA lo tuvo en su nómina, pero Estados Unidos perdió la paciencia cuando se opuso a los esfuerzos para derrocar al gobierno sandinista en la vecina Nicaragua. Eso condujo a la invasión de Panamá en 1989, el derrocamiento de Noriega y el regreso al poder de las viejas élites bancarias, herederas del legado de J. P. Morgan.
El nuevo gobierno del presidente Guillermo Endara, un abogado corporativo que se posicionó en una base militar estadunidense pocas horas después de la invasión, comenzó el 20 de diciembre de 1989, ofreciendo una cara más buena y amable que el régimen de Noriega. Pero desde entonces él y sus sucesores elegidos democráticamente han hecho poco para abordar los problemas más evidentes del país: la corrupción y la pobreza. Un informe reciente del gobierno de Estados Unidos dijo que Panamá está “plagado” por el fraude y la evasión fiscal internacional, que son “fuentes significativas de recursos ilícitos”.
Hoy en día, las leyes financieras de Panamá siguen siendo extremadamente laxas. Las empresas extranjeras pueden aportar cantidades ilimitadas de dinero al país sin pagar impuestos. A principios de 2014, un informe del Fondo Monetario Internacional señaló que de cuarenta medidas recomendadas a los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, Panamá solo había implementado una. En septiembre, The New York Times reportó que amigos del Presidente ruso Vladimir Putin habían canalizado dinero en paraísos fiscales por medio de empresas fantasma en Panamá. “Cuando se trata de lavado de dinero, ofrecemos un servicio completo: enjuagado, lavado y secado”, dijo Miguel Antonio Bernal, un prominente abogado local y analista político. “Puedes ir a cualquier firma de abogados en la ciudad, desde la más pequeña hasta la más grande, y abrir una empresa fantasma sin dar explicaciones”.
En Ciudad de Panamá me alojé cómodamente en una suite enorme en el piso 16 del hotel Waldorf Astoria, una torre brillante con vista panorámica de la Bahía de Panamá. Coordiné mi llegada para coincidir con una conferencia de dos días en el hotel de unos 70 consultores financieros internacionales para individuos überricos (con un alto poder de inversión, en la jerga de la industria financiera) y descubrí que uno de los conferencistas destacados sería Ramses Owens, abogado y experto financiero que había trabajado para Mossack Fonseca.
A la mañana siguiente, me
desperté y levanté la cabeza de una de las mullidas almohadas de plumas de mi
cama king size, salí de debajo de las sábanas de 300 hilos, me vestí y tomé el
ascensor para bajar al lugar de la conferencia: el salón Diamond del hotel.
Aunque el evento era privado,
tuve la oportunidad de curiosear el programa y obtener una lista de los
participantes, así como sumarios de las charlas y presentaciones. Sentados en
mesas con jarras de agua helada y jarrones llenos de flores, los asistentes
eran en su mayoría hombres de mediana edad con pelo canoso y algo de barriga,
vestidos con oscuros trajes de paño que les habrían inducido un golpe de calor
inmediato en las sofocantes calles de Ciudad de Panamá, pero estaban justo en
el salón Diamond, enfriado a unos 18 grados.
Había abogados expertos en
impuestos, contadores, banqueros y administradores fiduciarios, y miraban hacia
un pequeño escenario con un podio para los expositores y una pantalla para
mostrar presentaciones de PowerPoint. Aproximadamente la mitad de los asistentes
eran panameños; una cuarta parte había volado desde Estados Unidos, Europa y
América del Sur; y otra cuarta parte venía de paraísos fiscales tradicionales,
como las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas, Santa Lucía y Belice. Esta es
“gente muy mala y quiere aprender a ser aún peor”, me había dicho antes de mi
viaje Jack Blum, antiguo investigador del senado estadunidense y abogado
especializado en lavado de dinero en Washington.
—Veo que estás jugando al
Llanero Solitario —me dijo durante un descanso Edward Brendan Lynch, un asesor
financiero de rostro rubicundo con sede en las Bahamas. Me senté en la barra a
espiar a los asistentes, y él estaba esperando un whisky en las rocas—. ¿De
dónde eres?
Cuando le dije que era de
Washington D. C., Lynch, que se parecía a Thurston Howell III de La isla de
Gilligan, dijo que había visitado la ciudad hace muchos años.
—Vi los cerezos en flor
—recordó—. Almorcé en el Jockey Club. Un lugar precioso.
De vuelta en el salón
Diamond, Ramses Owens subió al podio. Impecablemente vestido y peinado, con el
pelo perfectamente cortado, encarnaba la banalidad del mal en el mundo
financiero moderno. Owens, quien era descrito en el programa de la conferencia
como un maestro de la “planificación fiscal”, bromeó con el público con que
prefería decirles a sus clientes que su trabajo se basaba en la “optimización
de recursos”.
Cuando trabajó en Mossack
Fonseca, Owens se basó en su experiencia sobre las ventajas competitivas de
inscribir empresas en Niue, una isla del Pacífico Sur. En 1996, la firma ganó
los derechos exclusivos para establecer empresas fantasma allí, y en un plazo
de cuatro años, 6,000 de ellas fueron registradas, algunas controladas por
sindicatos del crimen de Europa del Este y carteles internacionales de droga, de
acuerdo con investigaciones internacionales y reportes de noticias.
Los hallazgos llevaron a la
imposición de sanciones internacionales en 2001 que obligaron a la isla a
cerrar su negocio de registro de corporaciones cinco años después. Mossack
Fonseca convirtió los limones en limonada para sus clientes al mover sus
cuentas en Niue hacia otros paraísos fiscales, incluyendo Samoa y, como se
revela en documentos de la corte que se le ordenaron entregar a Mossack
Fonseca, en Nevada (no hay ninguna prueba de que las empresas trasladadas
estuvieran involucradas en actividades delictivas, aunque la identidad de los
propietarios de esas empresas sigue siendo desconocida).
La ofensiva contra Niue fue
parte de un esfuerzo internacional conjunto dirigido por Estados Unidos, Gran
Bretaña y otros países occidentales. Originalmente motivada por la preocupación
sobre el terrorismo y el crimen organizado, la iniciativa se ha intensificado
recientemente debido a sangrantes déficits presupuestarios, los cuales han
aumentado en gran parte debido a la evasión de impuestos generalizada. Se cree
que los estadunidenses podrían tener más de un billón de dólares escondidos en
paraísos fiscales, lo que representaría pérdidas anuales para el Servicio de
Impuestos Internos (IRS) de casi unos cien mil millones de dólares.
En 2010, el gobierno de
Estados Unidos aprobó la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras
(Fatca, por sus iniciales en inglés) después de golpear al gigante suizo UBS
con una multa de 780 millones de dólares por ayudar a miles de titulares de
cuentas estadounidenses a ocultar sus activos (en un caso, un banquero de UBS
contrabandeó diamantes de un cliente de un país a otro en un tubo de crema de
dientes). La Fatca, que se está aplicando por etapas y cuya implementación
total se ha retrasado debido a la fuerte oposición de la industria financiera,
ya exige a los bancos extranjeros notificar al IRS sobre las cuentas que posean
los contribuyentes estadunidenses.
Naturalmente, la Fatca era
preocupante para los que estaban sentados en el salón Diamond —entre ellos
Marie Fucci, asesora de clientes estadunidenses y europeos, quien con razón
denunció el hecho como una forma de “apartheid” financiero—, pero Owens intentó
calmar sus temores. Mientras pasaba las diapositivas de PowerPoint con imágenes
de bóvedas de bancos, pilas de billetes de cien dólares y otras fotos
pornofinancieras, Owens describió formas de evadir las regulaciones
internacionales excesivas y molestas. La Fatca, afirmó con confianza, no
destruiría los paraísos fiscales, y ciertamente no lo haría en Panamá, donde
abogados, contadores y otros facilitadores de empresas fantasma tienen
poderosos aliados políticos (como el entonces ministro de Finanzas del país,
que también habló en el evento).
Owens estimó que nueve de
cada diez entidades empresariales registradas en el país eran de propiedad
extranjera y dijo que las fundaciones privadas panameñas —una creación local
que es tan querida en el mundo de los paraísos fiscales como la clásica y
preferida cuenta en un banco suizo— todavía serían capaces de mantener el
dinero de forma anónima, incluso cuando la Fatca se aplique plenamente. Los
miembros de la audiencia movieron sus cabezas en señal de aprobación.
La mañana después del
discurso de Owens, salí del Waldorf hacia las oficinas de Mossack Fonseca. No
tenía ninguna expectativa de reunirme con alguien en la empresa, pues ya había
solicitado en varias ocasiones una entrevista y había sido rechazado cortés
pero firmemente. “Hemos decidido no participar en esta entrevista”, me escribió
la portavoz Lexa de Wittgree en un correo electrónico, que al menos demostró
que Mossack Fonseca es tan eficiente a la hora de tratar periodistas como a la
de tratar a sus clientes.
Estaba utilizando un mapa del
hotel y pronto me perdí en el concurrido distrito de negocios de la Ciudad de
Panamá, que parece un Hong Kong miniatura con tonos tropicales. Al mirar
alrededor para orientarme, vi a un joven vestido con pantalones oscuros y una
camisa verde a rayas salir de un edificio de oficinas —Edificio Omega— y abrir
la puerta del conductor de una camioneta Mitsubishi Sportero negra.
—No es tan cerca —dijo en un
perfecto inglés cuando le pregunté si sabía cómo podía llegar al edificio de
Mossack Fonseca—. ¿Tiene una cita con ellos? Porque hago un trabajo similar y
podría ayudarlo —sacó una tarjeta profesional y me la entregó con una sonrisa
de oreja a oreja.
Por coincidencia, resultó ser
Alejandro Watson Jr., de Owens & Watson, donde Ramses Owens es socio.
—Yo trabajo justo ahí —dijo,
señalando hacia la oficina del segundo piso de la firma—. Voy tarde a una
reunión, pero puedo reunirme más tarde con usted, o puedo invitarlo a que entre
y presentarle a uno de mis colegas.
Antes de mi viaje, me
pregunté si debería ponerme en contacto con una firma local de abogados para
comprobar qué tan fácil sería establecer una empresa fantasma. Esta era una
oportunidad demasiado buena para dejarla pasar.
—Vine de Estados Unidos por
unos días buscando bienes raíces —improvisé mientras el tráfico pasaba como una
bala y los pitos sonaban—. Necesito crear una empresa aquí para poder hacer la
compra. ¿Qué tipo de información necesitarían?
—Todo lo que necesito es su
pasaporte, licencia de conducir, algo que muestre su dirección de residencia y
una carta de referencia de cualquier banco —dijo Watson—. Nosotros no le
pedimos información sobre su negocio. Solo queremos ayudarle a hacer negocios
para que siga trabajando con nosotros.
—¿Mi nombre aparecería en
alguna parte del papeleo? —pregunté.
Pensé que mi franqueza podría
desencadenar al menos una leve sospecha de su parte; después de todo, era la
misma promesa de anonimato la que había atraído a todos aquellos clientes poco
fiables a Niue cuando el actual jefe de Watson fue contratado por Mossack
Fonseca. Pero él seguía tan alegre y dispuesto como un vendedor de helados.
—Usted tiene un problema
Fatca —dijo Watson con una sonrisa y una mirada cómplice—. Podemos resolverlo.
Podría recomendarle establecer un fideicomiso, pues legalmente puede ser
propiedad completamente de otra persona.
Pregunté si podría abrir una
cuenta bancaria para mi empresa fantasma para poder acceder a mi dinero.
Después de todo, no tiene sentido ocultar efectivo en un paraíso fiscal si no
puedes gastarlo.
—Por supuesto —dijo Watson,
con entusiasmo. Metió la mano en el Sportero y sacó un folleto de un montoncito
que había entre los dos asientos delanteros—. Contamos con una red bancaria
mundial —dijo, y señaló una página que enumeraba unas cuantas docenas de
instituciones financieras con las que su empresa trabajaba.
La red incluía pequeños
bancos en Panamá, las Islas Caimán, Mónaco y Andorra, y grandes marcas como
HSBC y los contrabandistas de diamantes de UBS. Un informe de la comisión del
senado estadunidense describió al anterior banco como un vehículo importante
para los “capos de la droga y las naciones corruptas”, y el año pasado el banco
firmó un acuerdo de 1,920 millones de dólares con el Departamento de Justicia,
después de admitir que había ayudado a lavar millones a través de empresas
fantasma para carteles de Colombia y México. Había incluso una pieza
estadunidense en la red de Owens & Watson: el banco Helm en Miami. En 2012,
los reguladores estadunidenses atacaron a Helm con una orden de consentimiento
(consent order) por múltiples violaciones de la Ley de Secreto Bancario y las
normas contra el lavado de dinero.
Era una lista que sin duda
inspira confianza, al menos si yo fuera un ladrón buscando ocultar mi dinero
del IRS o de la vigilancia legal.
Todo el proceso tomaría solo
unos pocos días, dijo Watson, y el costo sería insignificante: cerca de 1,200
dólares por inscribir mi empresa, 300 para cubrir los honorarios del Gobierno,
y unos pocos cientos de dólares más para Owens & Watson para proporcionar
directores de nómina de ser necesario. Si quisiera comprar una empresa
fantasma, dependiendo de la edad de esta, me costaría un poco más.
—Y mi nombre no aparecerá en
ningún lugar, ¿cierto? —le pregunté, decidiendo que presionaría hasta donde fuera
posible.
—No, no, no —exclamó Watson—.
Eso no es un problema.
Poco después de mi
conversación con Watson encontré las oficinas de Mossack Fonseca, que ocupan
los tres pisos superiores de un edificio de cristal de cuatro pisos que tiene
una clínica dental en el primero. Aunque esperaba poder entrar, abandoné la
idea cuando vi a un guardia en la entrada revisando a todos los visitantes del
edificio.
Al menos, pensé, tomaría una
foto de la oficina, cuya fachada de cristal refleja la Torre de la Revolución,
el monumento emblemático de la ciudad, un edificio horrible de oficinas en
forma de sacacorchos. Pero Mossack Fonseca aparentemente vigila su sede con el
mismo celo con el que protege la identidad de sus clientes.
—¡Está tomando una foto!
—gritó una mujer, que volvía al edificio con una bolsa de comida para llevar de
un restaurante, cuando me vio apuntando con mi iPhone. Gritó de nuevo y me
señaló—. ¡Está tomando una foto!
A continuación, decidí probar
suerte en Las Vegas. Mossack Fonseca describe Nevada como “una de las mejores
jurisdicciones” en Estados Unidos para la creación de una empresa debido a “la
versatilidad, los bajos costos y la rápida atención” del estado. Estados Unidos
es un gran lugar para hacer negocios para Mossack Fonseca, ya que es el segundo
país donde resulta más fácil registrar una compañía fantasma, después de Kenia,
de acuerdo con un grupo de Washington D. C. llamado Global Financial Integrity.
Y a los ladrones les encanta inscribir empresas aquí, también, porque ser
propietario de una empresa estadunidense les proporciona una falsa respetabilidad
que puede ayudar a desviar la atención de sus actos criminales, me dijo Heather
Lowe, directora de asuntos gubernamentales del grupo.
Desde que Mossack Fonseca
comenzó a ofrecer servicios hace más de una década, ha utilizado una firma
local estrechamente vinculada llamada MF Corporate Services para registrar más
de 1,000 empresas en Nevada, la mayoría de ellas gestionadas desde paraísos
fiscales como Ginebra, Bangkok y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo a
los registros en los archivos de la secretaría del estado. Bajo la ley de
Nevada los únicos nombres que deben figurar en los registros públicos de una
empresa fantasma son los de un agente residente y un “gerente”, y ninguno de
los dos tiene que ser un ser humano. El agente residente es normalmente la
firma que registra la empresa fantasma, y el gerente puede ser otra compañía
anónima. Eso hace que sea prácticamente imposible descubrir quién controla
realmente una empresa de estas en Nevada, a menos que la policía o los
tribunales obliguen su divulgación.
Técnicamente, MF Corporate
Services es independiente de Mossack Fonseca. Pero en la práctica, los
documentos judiciales, registros de constitución y otros documentos
confidenciales muestran que funciona como sucursal local de Mossack Fonseca, cuyo
empleado principal se reporta directamente con la sede de Ciudad de Panamá.
Este tipo de separación falsa es una táctica empleada por muchos grandes
fundadores de empresas fantasma, ya que permite a la empresa matriz refutar
cualquier conexión con sus oficinas locales si todo se va a la mierda desde un
punto de vista legal.
Es algo así como Walmart
operaría en Bangladesh, distanciándose de las maquilas clandestinas por medio
de largas y complejas cadenas de proveedores (como Walmart, Mossack Fonseca nunca
ha sido procesado directamente por las acciones de sus subsidiarias).
“Son organizaciones
completamente integradas hasta el momento en que un policía o investigador
viene a mirar”, dice Jack Blum, experto en lavado de dinero. “Entonces se
desintegran en una serie de entidades no relacionadas, y todo el mundo jura que
no sabe nada acerca de cualquier otra persona en el sistema. Es como un
rompecabezas que está armado, pero de repente se destruye cuando alguien
empieza a investigar”.
De hecho, esto es exactamente
lo que Mossack Fonseca respondió cuando le preguntaron sobre las actividades
oscuras con las que ha sido conectada en Las Vegas. Si bien no hay forma de
saber con precisión quién está detrás de la gran mayoría de empresas fantasma
que la firma ha estado ayudando a crear allí, una investigación penal en curso
en Argentina y un caso relacionado ante el Tribunal de Distrito de Nevada que
involucra al oligarca Lázaro Báez ofrecen una idea. Las actas de la
investigación y de la corte alegan que Báez es el dueño secreto de más de 100
empresas fantasma que Mossack Fonseca ha ayudado a establecer en Nevada.
Todas ellas eran manejadas
por Aldyne Ltda., una compañía anónima que Mossack Fonseca registró en las
islas Seychelles, según los fiscales (Mossack Fonseca no ha sido acusado hasta
la fecha, ya sea en Argentina o Nevada, pero uno de sus ejecutivos en Las Vegas
fue destituido, y el tribunal de distrito ha ordenado a la empresa que entregue
los expedientes relacionados con las compañías fantasma de Báez, una orden que
se ha negado a cumplir plenamente).
Excajero de un banco, Báez
construyó un vasto imperio empresarial a través de contratos que le adjudicaron
algunos amigos cercanos: el fallecido Néstor Kirchner y su esposa, Cristina
Fernández, así como sus aliados políticos en su provincia natal, según informes
de prensa e investigaciones. Báez estaba tan afligido cuando su patrón Néstor
murió en 2010, que erigió un mausoleo de tres pisos para albergar sus restos.
Los fiscales alegan que las empresas de Nevada eran parte de una red que Báez
utilizó para mover más de 65 millones de dólares en fondos desviados de
proyectos públicos de infraestructura.
Las empresas vinculadas con
Báez en Nevada fueron registradas por MF Corporate Services; su jefe asistente,
Patricia Amunátegui, fue contratada en la sede principal de Mossack Fonseca
como secretaria de Aldyne Ltda., de acuerdo con una fuente cercana al tema.
Cuando les pregunté acerca de las actividades ilegales de las empresas de
clientes del pasado, la respuesta de Mossack Fonseca fue para recordarme en un
correo electrónico que “los agentes registrados no son responsables de ninguna
manera por las transacciones comerciales o cualquier otro trato de las empresas
que inscriben”.
Por su parte, Amunátegui, una
chilena nativa que previamente trabajó como mesera de un casino y, según su
página de Facebook, disfruta el yoga, el espiritismo y el senderismo, y admira
al Dalai Lama, al Tea Party y al exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmó
que MF Corporate Services “no tiene, ni ha tenido alguna vez, algún tipo de
relación con Lázaro Báez”. También dice que no tiene ninguna relación laboral
con Mossack Fonseca, a pesar de que hace unos años proporcionó una carta de
recomendación a la Universidad de Nevada, en Las Vegas, que decía que justo
después de graduarse de su programa paralegal “consiguió un gran trabajo como
vicepresidente de Mossack Fonseca, una firma internacional de abogados”. (Ella
dice que fue malinterpretada.) Amunátegui era la persona con la que más esperaba
reunirme cuando volé a Las Vegas a principios de noviembre.
—Su auto está en el espacio
B-15 —me dijo la mujer de veintitantos años en Avis después de aterrizar en el
Aeropuerto Internacional McCarran—. B de burdel.
Su cara era inexpresiva, así
que no estaba seguro de si sentirme insultado o simplemente reírme. Pero había
estado viajando todo el día desde Washington, en dos largos vuelos en clase
económica, así que en ese momento no me importó. Fue bueno haber aterrizado en
Las Vegas, así el aeropuerto tenga el nombre de Pat McCarran, el amante de los
casinos, enemigo de los judíos, político racista que supuestamente inspiró el
personaje del senador corrupto de Nevada en la segunda parte de El Padrino.
Ilustración de Ole Tillmann, VICE Media
En 2001, la legislatura de
Nevada debatió un proyecto de ley que estimulaba a las empresas a inscribirse
en el estado protegiéndolas de las leyes de divulgación y de responsabilidad.
“Estamos sosteniendo un cartel que dice: ‘timadores y artistas de la estafa
bienvenidos aquí'”, dijo la entonces senadora estatal Dina Titus durante el
debate sobre el proyecto de ley. Sus partidarios argumentaban que la norma
estimularía la entrada de necesarios recursos.
Titus, hoy en la Cámara de
Representantes, sorprendentemente procedió a votar “Sí” al proyecto de ley, y
su profecía se hizo realidad. En pocos años, Nevada se convirtió en la sede de
pirámides, estafadores corporativos, promotores de fraudes accionarios,
embaucadores de internet y evasores de impuestos. Entre ellos se encontraban
Donald McGhan, que en 2009 recibió una condena de diez años por engañar a
inversionistas con patrimonios superiores a los 100 millones de dólares a
través de una empresa de estafa inmobiliaria llamada Southwest Exchange, y el
contratista de defensa Mitchell Wade, quien utilizó una empresa fantasma
registrada en Nevada para canalizar un soborno para el entonces congresista
Randy Cunningham (ambos se echaron la soga al cuello durante un almuerzo en el
que Cunningham diagramó sobre un papel membretado de su oficina en el Congreso
una lista con la relación de los sobornos de Wade y los contratos federales que
había orientado a cambio).
La página web de la
secretaría del estado ofrece una serie de razones por las que las empresas
deberían inscribirse en Nevada, anunciando la falta de impuestos sobre las
sociedades y la casi imposibilidad de penetrar el “velo corporativo”. Ese tipo
de normas ha atraído a unas 300,000 empresas activas hacia el estado, una por
cada nueve habitantes, y recolectado ingresos de unos 133 millones de dólares
solo en 2012.
Tanta de esa actividad es
potencialmente criminal que el subsecretario de Estado Scott Anderson dice que
su oficina ha adoptado una serie de medidas para poner freno a los abusos,
incluyendo una regla que prohíbe estrictamente a cualquier persona crear una
corporación en Nevada para cometer un delito. “Por supuesto, si alguien va a
hacer algo ilegal”, admitió Anderson, “probablemente no va a revelarlo”.
Un día durante mi viaje
entrevisté a Cort Christie, director de Nevada Corporate Headquarters, una de
las firmas fundadoras de empresas fantasma más prolíficas del estado. Su
empresa se encuentra en un edificio enorme de oficinas, en una zona llamada
Spring Valley. Christie hizo parte de la junta de la poderosa y políticamente
conectada Asociación de Agentes Registrados de Nevada (MF Corporate Services es
miembro de ella), que “trabaja para garantizar el futuro del estado como el
epicentro de la inscripción de empresas en Estados Unidos”, según el sitio web
del grupo. Advierte que si “se pierde el ventajoso entorno fiscal,
proempresarial actual, la reputación del estado… se perderá también. Una vez
que la confianza del público se pierde, no puede ser recuperada fácilmente”.
En 2013, la Asociación
Nacional del Rifle presionó en contra de una propuesta de la secretaria de
Estado que habría endurecido las reglas que reducen el secreto empresarial. El
proyecto de ley, que “hubiera combatido la idea de que la gente puede venir
aquí y esconderse”, según me dijo Christie, fue rechazado abrumadoramente.
En la mañana del 4 de
noviembre, recorrí el bulevar de casinos en el corazón del centro de Las Vegas,
pasando por el Golden Nugget y El Cortez (el primer casino que fue propiedad de
la mafia) y la mayor cantidad de restaurantes en Estados Unidos que ofrecen
costillitas por 9.99 dólares. Luego llegué a la carretera interestatal 15 y me
dirigí hacia el sur hasta Henderson, un suburbio donde los centros comerciales
gigantescos dan paso a un borrón de estuco y casas de adobe.
MF Corporate Services está
ubicado en el complejo profesional Parc Place, el hogar de varios edificios
idénticos, de un solo piso y techos de tejas rojas. Solo había unos pocos
coches en el parqueadero, y no vi a nadie afuera. Un letrero metálico rojo y
blanco de MF Corporate Services plantado en una parcela de rocas y cactus sopló
con tristeza en la brisa cálida.
Hasta donde sé por los
registros públicos y documentos de la corte, MF Corporate Services no hace
ningún trabajo en el que tenga que ir a otro lugar —su único objetivo parece
ser la creación de empresas fantasma en Nevada para los clientes de Mossack
Fonseca— y su ubicación apartada no ayuda a disipar esa impresión. Amunátegui
dirige las operaciones, aunque documentos internos de la empresa que encontré
en registros de la corte muestran que trabaja en estrecha colaboración con los
empleados de Mossack Fonseca en Panamá, como Leticia Montoya, guardiana del
expediente de decenas de empresas fantasma vinculadas a Lázaro Báez.
Montoya tiene una carrera
bastante accidentada, luego de haber inscrito o servido como directora de
nómina de al menos seis compañías anónimas que estuvieron involucradas en
grandes escándalos de corrupción internacional. Entre ellas una empresa
fantasma panameña llamada Nicstate, cuyos propietarios beneficiarios incluían
al expresidente nicaragüense Arnoldo ‘El Gordo’ Alemán, quien utilizó Nicstate
y otros atajos fiscales para desviar a sus bolsillos casi 100 millones de dólares
de los fondos estatales.
Montoya también ayudó a
establecer Mirror Development Inc., que Siemens de Alemania utilizó para
canalizar sobornos a funcionarios del gobierno argentino que les ayudaron a
ganar un contrato de mil millones de dólares para producir tarjetas de
identidad nacionales. Este fue solo uno de los componentes de un plan mundial
de Siemens, que también utilizó atajos corporativos para pagarles a los
funcionarios del gobierno de Bangladesh, Venezuela e Irak, incluyendo a Saddam
Hussein entre los beneficiarios.
Me imaginé que la mejor forma
para hablar con Amunátegui era pasarme por allí casualmente, así que no llamé
previamente. Cuando golpeé en la puerta de cristal de MF Corporate Services, un
hombre con una tabla sujetapapeles, sentado en una silla azul ubicada al azar
en el vestíbulo de la oficina, me hizo señas con la mano para que entrara. Una
bolsa blanca de basura llena de documentos triturados se apoyaba en la puerta,
y un mapa del mundo enmarcado colgaba de una pared. Había cuatro relojes sobre
él que mostraban el tiempo en Las Vegas, Hong Kong, Suiza y Panamá.
El hombre de la silla —que
resultó ser un cerrajero— llamó a Amunátegui cuando pedí hablar con ella, y
salió del cuarto trasero. Su rostro estaba salpicado de pecas, y llevaba el
pelo largo y castaño recogido en un moño. Frunció el ceño suavemente y se negó
a hablar cuando le dije que era un periodista interesado en los trabajos que MF
Corporate Services realizaba para Báez.
—Deme su nombre y veré si
nuestro abogado puede hablar con usted —dijo.
—¿El abogado de Mossack
Fonseca? —pregunté.
—No, el abogado de mi empresa
—respondió ella, refiriéndose a MF Corporate Services—. Son independientes.
Me quedé allí por un momento
bajo el brillante resplandor de las luces del techo, tratando desesperadamente
de encontrar una manera de mantener la conversación. Había tanto que todavía
quería saber, y Amunátegui era lo más cerca que había llegado de poder hablar
directamente con alguien realmente afiliado a Mossack Fonseca.
Quería preguntarle sobre
personas específicas presuntamente vinculadas a empresas fantasma constituidas
por Mossack Fonseca, según el gobierno de Estados Unidos, expedientes
judiciales, investigadores internacionales y mi propia investigación: Billy
Rautenbach, presunto recaudador de Robert Mugabe, presidente vitalicio de
Zimbabwe; Yulia Tymoshenko, ex primera ministra y oligarca ucraniana apodada
“la princesa del gas”; Beny Steinmetz, un multimillonario israelí que presuntamente
obtuvo una enorme concesión minera en Guinea pagando un soborno a una de las
esposas del dictador asesino de este país a través de una empresa fantasma
creada por Mossack.
Incluso quería preguntarle
acerca de los perfiles optimistas de Mossack Fonseca en Facebook y Twitter, en
los que aparecen imágenes de los sonrientes beneficiarios, las donaciones
caritativas de la empresa y algunos lugares comunes como el “me gusta” a Thomas
Edison y Dr. Seuss (“¡Hoy tú eres tú! ¡Eso es más cierto que cierto!”).
Pero Amunátegui no diría una
palabra después de anotar mi información de contacto. Prometió dársela a su
abogado. Ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta, en vez de eso se
metió en su oficina personal, se sentó en un escritorio salpicado con algunas
carpetas y paquetes de FedEx, y cogió el teléfono. La oí hablar desde el
pasillo, y aunque no pude entender lo que estaba diciendo, claramente estaba
hablando de manera agitada, presumiblemente con el abogado de la compañía que
antes me había mencionado (y de quien nunca volví a saber).
La negativa de Amunátegui a
responder a las preguntas fue frustrante, más no sorprendente. Cuando se
trabaja con Mossack Fonseca hay un montón de secretos sucios que mantener, así
que tener la boca cerrada es quizás la parte más esencial de este trabajo.
(SIN EMBARGO.MX/ VICE Media abril 8, 2016- 09:54h)