Anteproyecto de reforma pretende
terminar con el mercado negro de la droga, asegura diputado federal Mario
Delgado. Morena propone la constitución de una empresa estatal que compraría la
producción de cannabis al mayoreo y la vendería, a través de franquicias, al
menudeo. Investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez
Reynoso, estima que al industrializarse la producción “este sería el gran
negocio de su vida de algunos políticos”. Aprobar la Ley General para el
Control de Cannabis no garantiza la pacificación del país, las disputas de los
cárteles son por otras drogas
La iniciativa que propone
reformas legales para permitir el autocultivo de marihuana para consumo de sus
adictos, también lleva implícita la creación de una empresa estatal dedicada a
la compra y venta de la sustancia, que convertiría la llamada regulación de
cannabis en un lucrativo negocio para el gobierno mexicano.
Así lo considera el
investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, quien
señaló que esta medida no logrará el propósito que originalmente se planteó y
que sería desalentar las luchas violentas que vive el país, pues estas disputas
no son por la marihuana, sino por otras drogas de mayor envergadura y que dejan
más margen de ganancia al crimen organizado.
La iniciativa fue presentada
ante la Cámara de Diputados por el coordinador del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo. Propone reformas a la
Ley General de Salud, al Código Penal Federal, a la Ley de Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, y que además se expida la Ley General para el
Control de Cannabis.
Delgado Carrillo asegura que
“con este esquema terminarías con el mercado negro de esta droga; no tendría
ningún sentido que la delincuencia organizada pudiera vender marihuana cuando
puedes comprar los productos de manera legal, está pensado para desplazar al
mercado negro de la marihuana”.
El documento propone crear
una Comisión Reguladora del Cannabis con carácter interinstitucional, adscrita
a la Secretaría de Salud. Esta comisión expediría licencias para el cultivo,
producción y venta de la planta y de sus derivados, incluida la importación y
exportación de marihuana y sus semillas, pero también impulsa la creación de
una empresa pública propiedad del Gobierno Federal, que estaría encargada de la
compra y venta de cannabis y sus derivados.
El legislador señala en la
exposición de motivos del anteproyecto de reforma: “Estamos acatando el mandato
explícito de salvaguardar los derechos humanos del país, especialmente el del
libre desarrollo de la personalidad, mismo que ya ha sido interpretado -tanto
en lo general como en lo específico- por nuestro máximo órgano de justicia”.
En el documento se asegura
que con una correcta regulación de la droga, el Estado se está haciendo cargo
de minimizar los riesgos y daños en que incurren los usuarios, pues también se
brindaría protección a ámbitos de seguridad y se rompería la espiral de
violencia que la política prohibicionista ha legado al país.
Se subraya que se pretende
entrar a un régimen que permita la creación de un mercado legal de cannabis que
procura -como finalidad- el respeto y garantía de los derechos fundamentales de
usuarios y no usuarios, el derecho a la salud, y no tanto maximizar la
generación de riqueza o las utilidades de quienes participan en la producción y
comercio de la droga.
Desde que era senadora, antes
de ser titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa de
Ley para despenalizar el uso de la marihuana con fines personales, científicos
y comerciales, con el objetivo de disminuir la violencia asociada con el crimen
organizado, bajo una regulación “responsable”, dado el “momento histórico” por
el que atraviesa el país.
El 6 de noviembre del 2018,
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, entonces senadora por Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), presentó ante el pleno de la Cámara alta un
proyecto de decreto para expedir la Ley General para la Regulación y Control de
Cannabis, que despenalizaría el uso de dicha sustancia con fines personales,
científicos y comerciales.
De ser aprobada, dicha Ley
establecería los mecanismos -licencias o permisos- para cultivar, cosechar,
procesar, producir y vender productos de marihuana bajo la vigilancia del
Estado mexicano, por un plazo de cinco y diez años. Además, se realizarían
programas de comunicación social para informar a la población sobre los riesgos
relativos al consumo del cannabis.
“El modelo que se propone
impulsar es el de regulación legal estricta; es decir, el punto medio entre
prohibición absoluta y el libre mercado”, señala la propuesta de la ahora
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y ex ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció jurisprudencia para
normar la producción, comercialización y distribución de esta droga.
Asimismo, la iniciativa
pretende determinar las medidas para comercialización como etiquetado, canales
de venta, transporte, distribución y promoción, con un enfoque de salud pública
y como una medida para disminuir la violencia asociada al crimen organizado.
La propuesta aclara que desde
la Constitución no se debería imponer un ideal de excelencia humana, sino
“permitir que cada individuo elija su propio plan de vida”. A través de esta
regulación, el Estado mexicano tendrá la capacidad de acompañar el mercado con
información, estándares mínimos, monitoreo, verificación y evaluación.
“Esta iniciativa propone un
modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana que opta por
el cambio y que reconoce el momento histórico que nos apresta a emprenderlo”,
se lee en la propuesta presentada por Sánchez Cordero Dávila.
También se enlistan siete
ejes rectores: Respetar la autonomía de las personas; Proteger la salud de las
personas frente a un producto psicoactivo; Minimizar la alteración de potencias
de componentes del cannabis con efectos inciertos; Promover la información
basada en evidencia sobre etiquetado y condiciones de consumo.
Por otra parte, contempla la
creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, instancia
que tendría la atribución de otorgar licencias hasta por cinco años para fines
terapéuticos, de investigación o recreativos.
Dicho Instituto será un
organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud federal y entre sus
objetivos destaca el crear la regulación que garantice que el enfoque de salud
pública, de reducción de riesgos y de daños relacionados con el consumo de
marihuana, esté sobre el interés del comercio y otros intereses creados por la
industria del cannabis.
En el documento se explica
que el mayor reto a enfrentar será equilibrar el enfoque de salud pública con
el interés del comercio, pues mientras el primero busca minimizar los riesgos y
daños relacionados con la marihuana, el segundo buscará obtener mayores
ganancias.
De aprobarse el dictamen,
esta Ley prohibiría el comercio, distribución, donación, regalo, venta y
suministro de marihuana a menores de edad, así como emplearlos en estas
actividades.
Además, la iniciativa
considera la emisión de un permiso especial para producir más yerba cuando se
padezca alguna condición de salud. La marihuana podría ser fumada en espacios
públicos, excepto los que sean 100 por ciento libres del humo del tabaco.
En lo que respecta a
comercialización, la iniciativa autorizaría la emisión de licencias para producir
marihuana con fines médicos, recreativos e industrial, y establece medidas para
su exportación. Sin embargo, se prohibiría comercializar productos comestibles
derivados del cannabis o su mezcla con otras sustancias como nicotina, alcohol
o cafeína.
Para su venta al público, la
iniciativa contempla que se emitirían permisos para abrir tiendas, pero
únicamente podrían ofrecer marihuana y sus derivados. Plantea que se permita
sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta veinte plantas
de cannabis en floración, destinadas para consumo personal en propiedad
privada, siempre y cuando la producción no sobrepase los 480 gramos por año.
Cualquier excedente debería ser donado a instituciones cuyo objetivo sea la
investigación científica.
Por último, la iniciativa de
Ley General para la Regulación y Control de Cannabis contempla la emisión de
licencias para la producción de marihuana en cooperativas integradas por un
mínimo de dos y un máximo 150 personas. Los usuarios tendrían que registrar sus
plantas ante el Instituto, en un padrón anónimo. (Carlos Álvarez Acevedo)
DEL AUTOCONSUMO AL NEGOCIO ESTATAL
Este proyecto, refiere la
motivación presentada, “contempla la posibilidad de que mexicanas y mexicanos
puedan tener la facultad de cultivar su propio cannabis. Sin la necesidad de
licencia o permiso, podrán poseer, cultivar, cosechar, preparar o procesar
hasta seis plantas de cannabis, siempre y cuando sean destinadas para consumo
personal, permitiéndose también el compartido en el hogar”.
Prevé que el consumo y
autocultivo sean realizados por personas mayores de edad y prohíbe que el uso
se haga en espacios públicos, incluyendo aquellos privados donde existe acceso
al público, “con lo cual atendemos de manera más pacífica y prudente la situación
controversial que envuelve al cannabis actualmente en nuestro país”.
En la propuesta, la polémica
se encuentra en la propuesta de crear la empresa pública denominada CANNSALUD,
la cual estará autorizada exclusivamente para realizar la adquisición de la
sustancia cannabis y sus derivados de los particulares que hayan obtenido los
permisos de industrialización correspondientes para ese fin.
Se destaca que la empresa
será del Estado y de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, contando con una
autonomía técnica, operativa y de gestión para la realización de su fin
primordial, el cual es tener el monopsonio (estructura de mercado en donde
existe un único demandante o comprador) al mayoreo del cannabis y sus
derivados, para posteriormente darlos en venta a los franquiciatarios que
venderán al menudeo.
Los propósitos fundamentales
de la creación de esta empresa, señalados en la iniciativa para que se expida
la Ley General para el Control de Cannabis son:
*Abaratar y facilitar la verificación
sanitaria de los productos.
*Registrar y sistematizar la información
relativa a la producción, flujos, volumen, calidad, destino, etcétera, del
producto.
*Evitar, al menos temporalmente, la
integración vertical de la industria, a fin de que los grandes intereses
comerciales no estén en posición de avasallar o captura al regulador.
La constitución de CANNSALUD
sería un primer paso “para la apertura de un mercado lícito nuevo, y se propone
una empresa pública como intermediario obligado, a fin de identificar y
contener los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, cuando
existen ya intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus
utilidades por encima de la protección de la salud de las personas”.
La referida compañía estatal
tendría como actividades:
*La compra de las cosechas de cannabis a
cultivadores autorizados.
*Realizar pruebas que determinen los
niveles de sustancias accesorias al cannabis y sus derivados adquiridos.
*Vender cannabis o sus derivados a los
franquiciatarios autorizados.
*Vender cannabis o sus derivados a la
industria farmacéutica para la constitución de medicamentos.
*Realizar actividades de consulta y
estadística en materia.
“UTOPÍA EXTREMA”: INVESTIGADOR
El investigador de la
Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, estima que una parte de
la regulación de la cannabis es positiva; sin embargo, el planteamiento de que
es la solución para disminuir la violencia y las actividades del narcotráfico
no es real, puesto que la marihuana, pese a ser la más producida y consumida,
no es el problema grueso de la producción y trasiego de drogas ilícitas por las
que se están matando los grupos delincuenciales.
El entrevistado lamentó que
en México “se hagan las cosas exactamente al revés”, pues cuando participó en
las mesas de trabajo a nivel nacional -convocadas por la Presidencia de la
República- creyó que se trabajaría en su aportación de que primero habría que
realizarse una campaña informativa, dirigida principalmente a los jóvenes, para
que conozcan sobre “lo que ocasionan las drogas, cada una de ellas; su consumo,
sus efectos, las consecuencias, para después liberar, entonces sí, lo que algunos
llaman la legalización del cannabis”.
“Sabemos que, en este
momento, la marihuana es ilegal en su portación, más no su consumo. Cinco
gramos para consumo personal, así como otras cantidades para otras drogas que
maneja la Ley General de Salud. Pero el gran problema que nos dejaron las
pasadas legislaturas fue que no nos dijeron a quién se le va a comprar la
droga”, señaló el académico.
Para Jiménez Reynoso la
iniciativa llega a destiempo, pues ahora -además del autocultivo para consumo
de los usuarios- sí se plantea quién la va a vender y quién va a manejar los
controles de calidad. “El gobierno está adoptando la propuesta que en su
momento hizo, y la tendencia que traía el expresidente Vicente Fox Quesada, que
le urgía la legalización de algunas drogas para comercializarlas”.
“Parece ser que esta
administración y este partido que domina el país, políticamente hablando, ya
compró la idea para lucrar y para industrializar las drogas. Primero la
marihuana, y después quién sabe cuáles otras, para -ahora sí- dar paso a lo que
algunos ya veíamos venir, que este sería el gran negocio de su vida de algunos
políticos; en este caso, los de esta administración”, enfatizó el doctor en
Derecho.
La justificación de la
iniciativa de reforma no convence al investigador. Desalentar la venta como
negocio ilícito de la marihuana, debido a los altos índices de violencia que
tenemos en las calles, no es lo que ha sido motivo de noticia internacional, dice
Francisco Jiménez. “Desaparecidos, descuartizados, cementerios clandestinos,
casas de seguridad, bolsas con restos humanos enterradas, al aire libre o en el
fondo de cuerpos de agua y ejecuciones en la vía pública a la vista de todos,
no son por una guerra de cannabis”.
“La guerra o lucha violenta,
fraticida, la estamos viviendo los mexicanos por el dominio de las plazas o
territorios de parte de los grupos que conforman el narcotráfico y que realizan
otros delitos vinculados con la delincuencia organizada -multiplicando sus
actividades- tiene que ver con otras drogas. Es una utopía extrema la que está
siguiendo esta administración; no viene a resolver el problema. Estas luchas no
van a cesar con esta medida que se está adoptando”.
Jiménez Reynoso aseguro que
Estados Unidos ya tomó medidas desde hace tiempo; “al menos seis años, y ya es
autosuficiente con el tema del autoconsumo en su nación del producto que más
consume el estadounidense: la marihuana. Ellos ya son autosuficientes. Tienen
sus cultivos de marihuana de calidad, la que ellos quieren, a su gusto. La
realidad es que los estadounidenses, que son los primeros consumidores del
orbe, ya no están demandando marihuana mexicana”.
HACIA EL MONOPOLIO GUBERNAMENTAL DE LA MARIHUANA EN
MÉXICO
En México no se ha legalizado
el uso medicinal ni recreativo de la marihuana. Pero Morena, el partido
mayoritario en el Congreso, está impulsando una serie de iniciativas de Ley
encaminadas a la creación de una empresa estatal que monopolice la compra y
venta de la sustancia psicoactiva. Sin embargo, en países como Canadá y Estados
Unidos, la producción y comercialización está en manos de particulares, bajo
licencia gubernamental.
En Estados Unidos, donde el
negocio es de particulares, la industria emergente obtuvo casi 9 mil millones
de dólares en ventas en 2017. Hay 9 mil 397 licencias activas para los negocios
de marihuana (incluye cultivadores, fabricantes, minoristas, dispensarios,
distribuidores y laboratorios de pruebas) y 121 mil personas trabajan alrededor
de la planta de cannabis, un número en crecimiento.
El mercado de la marihuana
legal en la Unión Americana podría alcanzar un valor de hasta 23 mil 400
millones de dólares para 2022, según Arcview Group, una firma de inversión e
investigación centrada en la industria del cannabis.
Los beneficios económicos de
esta industria emergente han ayudado a los más de 30 estados donde la marihuana
ha sido legalizada, al canalizar los ingresos tributarios de la venta del
medicamento a campos como educación e infraestructura. En 2017 se generaron mil
400 millones de dólares en impuestos estatales pagados por la marihuana.
En Canadá entró en vigor la
legalización de cannabis recreativa con un proyecto presentado por los
liberales del Primer Ministro Justin Trudeau y aprobado por los senadores en 18
de octubre de 2018. Entre otros puntos, la normatividad canadiense establece
que la hierba será producida por compañías privadas bajo licencia
gubernamental.
En junio del año pasado, la
Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy, Argentina, sancionó la Ley que
establece la creación de Cannabis Avatara, una empresa estatal que se encargará
del cultivo, producción, industrialización y comercialización de cannabis con
fines científicos, medicinales y/o terapéuticos.
Esta norma argentina abría
las puertas al negocio privado en el cultivo de cannabis, ya que habilitaba al
acuerdo con multinacionales extranjeras en la producción. La aprobación de la
legislación se dio en el marco de que la Organización Mundial de la Salud,
dictaminó que la planta de marihuana no es peligrosa y destacó su uso médico.
El 10 de diciembre de 2013,
en Uruguay se aprobó una legislación que
regula el mercado de esta planta, producción
que es controlada por el Estado, así como la comercialización, tenencia,
usos recreativos y medicinales, y las utilizaciones con fines industriales.
El país sudamericano se
convirtió en la primera nación del mundo en legalizar la venta y cultivo de
marihuana. En diciembre de 2018, el gobierno uruguayo anunció que realizaría un
nuevo llamado a licitación para contratar empresas que produzcan cannabis
recreativo legal para venta en farmacias, hasta dos toneladas por año. (Carlos
Álvarez Acevedo)
DROGAS Y ADICCIONES EN MÉXICO
En México, la marihuana es la
droga que tiene el mayor número de adictos experimentales o cautivos, además de
ser la sustancia con mayor número de aseguramientos por parte de las
autoridades policiales, de acuerdo con informes rendidos por la Fiscalía
General de la República (FGR) y con datos de encuestas o reportes realizados
por la Comisión Nacional de Adicciones de la Secretaría de Salud.
La Oficina Nacional de
Política de Drogas de la FGR, advierte que el cannabis -en sus diversas
variedades- ocupa el primer lugar en incautaciones, seguido por la
metanfetamina y la cocaína. El importante volumen de estas acciones policiales
está relacionado con la posición estratégica que tiene el país en las rutas de
narcotráfico.
Durante la administración del
expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), a falta de cinco meses para
concluir su periodo, se rindieron cuentas sobre el aseguramiento de más de
cuatro mil toneladas y media de marihuana, en poco más de cinco años y medio,
mientras que otras drogas estuvieron muy por debajo –comparativamente- en su
incautación.
Por su parte, durante el
primer semestre de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las
cifras de drogas ilícitas también posicionaron al cannabis como el más
encontrado en operativos por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional, con más de 61 toneladas incautadas del enervante.
Un periodo comparativo entre
los meses de diciembre de 2018 y mayo de 2019 del sexenio lopezobradoristas y
los mismos meses entre 2017 y 2018, deja en claro no solo la posición que
guarda el tipo de droga que se trafica en el país, sino también el cambio en la
política contra estas sustancias prohibidas, pues se registró una baja en los
aseguramientos de las autoridades en general.
Por su parte, el Primer
Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México, -realizado por la
Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud y presentado
en 2019 por el actual Gobierno de la República- advierte que la marihuana es la
droga ilegal más consumida a nivel mundial, y México no es la excepción.
Encuestas realizadas bajo
diferentes denominaciones por las autoridades sanitarias, muestran la evolución
en el consumo de la marihuana en las personas de 12 a 65 años de edad, aunque
sea alguna vez en su vida. Las cifras y su incremento son las siguientes: en el
año 2002, dos millones 430 mil personas; en 2008, tres millones 146 mil 796; en
2016, siete millones 374 mil 195.
Este informe, que pone en
primer lugar del organigrama de la investigación a Jorge Alcocer Varela,
Secretario de Salud, advierte que las causas del aumento en adictos y
experimentadores del consumo de marihuana se deben a factores sociales e
individuales, entre los que destacan:
*El aumento en su disponibilidad.
*Las actitudes tolerantes hacia su
consumo (normalización).
*La desinformación sobre sus efectos
nocivos, entre otros.
Un informe que contradice,
como investigación científica, la postura de la iniciativa de reformas de ley
recientemente presentada por el diputado federal, Mario Delgado, del partido
Movimiento Regeneración Nacional. (Luis Carlos Sáinz Martínez)
