viernes, 15 de diciembre de 2017

10 DE LOS 19 QUE APROBARON LA LEY DE SEGURIDAD NO GANARON EN UNA ELECCIÓN SU LUGAR EN EL SENADO


La Ley de Seguridad Interior ayer fue avalada en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación del Senado de la República. Fueron 19 senadores los que votaron a favor del dictamen, y diez de ellos ocupan su lugar en el recinto legislativo por el principio de representación proporcional o de primera minoría.

Hoy se discute en el Pleno la polémica legislación, pese a la oposición de algunos senadores que acusaron cambios cosméticos y de organizaciones, expertos y grupos internacionales que acusan que el proyecto tal y como está abre la puerta a la violación de los derechos humanos.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Diez de los 19 senadores que ayer dieron luz verde a la Ley de Seguridad Interior llegaron al cargo sin haber ganado en elecciones, pues llegaron por el principio de representación proporcional o de primera minoría.

Hay tres condiciones para llegar a ser unos de los 128 senadores de la República: por mayoría relativa, que son 64 y que llegan ahí tras haber ganado en la elección por mayoría de votos, se asignan dos por cada uno de los 31 estados y otros dos por la Ciudad de México; por primera minoría, que son 32 y que son asignados por haber obtenido el segundo lugar en la elección y se nombra a uno por cada estado y otro por la capital del país, y por representación proporcional, que son otros 32 y se asignan con base al porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica.

La Ley de Seguridad Interior ayer fue avalada en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación con modificaciones a 34 artículos del proyecto que el pasado mes de noviembre entregó la Cámara de Diputados.

Pese a la oposición de algunos senadores que acusaron cambios cosméticos en la legislación y de organizaciones, expertos y grupos internacionales que acusan que el proyecto tal y como está abre la puerta a la violación de los derechos humanos.

Pese a la oposición en pronunciamientos y ayer con una marcha del Ángel de la Independencia a la sede senatorial ubicada en Pasea de la Reforma, 19 legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) dieron los votos suficientes para que avanzara al Pleno, donde hoy se discute.

Por acuerdo de las fuerzas del PAN y PRI, las reservas a los artículos del dictamen son discutidas en el Pleno. Éstas recaen sobre los artículos uno, siete, ocho, nueve, 10 , 16, 21, 22 y 26, y un transitorio propuesto por el Senador Jorge Luis Preciado.



La Ley de Seguridad Interior se discute este día en el pleno del Senado, luego de que ayer fuera aprobada en comisiones. Foto: Especial

Los senadores que votaron a favor del dictamen fueron:

-Roberto Gil Zuarth (PAN): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos

-Carlos Romero Deschamps (PRI): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Defensa Nacional

-María Cristina Díaz Salazar (PRI): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Gobernación

– Joel Ayala Almeida (PRI): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Defensa Nacional

-Gerardo Sánchez Garcia (PRI): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Gobernación

-Jorge Luis Preciado (PAN): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Marina

-José María Tapia Franco (PRI): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos

-Miguel Ángel Chico Herrera (PRI): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Gobernación

-Esteban Albarrán Mendoza (PRI): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Gobernación

-Manuel Cavazos Lerma (PRI): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Defensa Nacional

-Fernando Torres Graciano (PAN): Senador por Mayoría Relativa Guanajuato e integrante de la Comisión de Defensa Nacional

-Ricardo Barroso Agramont (PRI): Senador por Mayoría Relativa y presidente de la Comisión de Marina.

-Marcela Guerra Castillo (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Defensa Nacional

-José Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos

-Patricio Martínez Garcia (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Defensa Nacional

-Jose Francisco Yunes Zorrilla (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Marina.

-Ernesto Gándara Camou (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Gobernación

-María Verónica Martínez Espinoza (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Gobernación

-Carlos Alberto Puente Salas (PVEM): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Gobernación

Hoy en un hecho inédito, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, al que acusaron de ser “un riesgo para los derechos humanos” al carecer de “mecanismos sólidos de control” en las Fuerzas Armadas.

“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señalaron.

El pronunciamiento fue emitido por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

La protesta de los especialistas del organismo internacional se sumó a los que han hecho decenas de grupos civiles -a través del colectivo #SeguridadSinGuerra-, la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), comisiones estatales de defensa a las garantías, expertos nacionales y extranjeros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, grupos internacionales como Amnistía Internacional,  Human Rights Watch, Wola, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ibero, entre otros.


(SIN EMBARGO/ ANTONIO HERNÁNDEZ/ DICIEMBRE 14, 2017, 4:30 PM)

40 MILLONES PERDERÁN SEGURIDAD SOCIAL CON INICIATIVA PRESENTADA POR SENADORES “OBREROS” DEL PRI


El documento de 286 páginas, que busca quitar todo límite a la contratación por outsourcing, es una ley que impactaría a más de 40 millones de trabajadores y a sus derechos laborales.

A una semana de haber presentado la iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, ésta guarda su estatus de “pendiente” en el Senado de la República. De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no hay una fecha para que sea discutida y hablar con los senadores que integran dicha comisión, resulta poco posible “porque hay mucho trabajo”.

Con tantos pendientes en el Senado y con el alcance de esa iniciativa, académicos consideran que esta reforma deberá ser abordada con toda la atención de los legisladores y con tiempo, ya que de dejarse como está, significaría el sacrificio total de la seguridad del trabajador.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La iniciativa elaborada por dos senadores “obreros” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y guarda ahí un estatus de “PENDIENTE”.

De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Julián López Olalde, hasta el momento no hay una reunión programada en dicha Comisión y tampoco hay una instrucción para que la iniciativa sea abordada de inmediato. Aseguró que no está programada y que por la cantidad de pendientes que hay en el Senado, tampoco hay condiciones para abordar la reforma a la ley, que no cuenta “ni con un borrador”.

La comisión que tiene en sus manos esta ley, que busca quitar todos los topes a la subcontratación, está integrada por un conocedor de la ley laboral actual y por militantes de organizaciones populares y de trabajadores ligados al partido tricolor: la preside Miguel Ángel Chico Herrera del PRI; Javier Lozano Alarcón del PAN y Luis Humberto Fernández Fuentes del PT son secretarios y el resto de los integrantes son Isaías González Cuevas (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Tereso Medina Ramírez (PRI).

La ley está en manos conocidas, con integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). SinEmbargo solicitó entrevistas a cada uno para hablar del futuro de la iniciativa, pero no se obtuvo respuesta.

Aunque la ley fue presentada mientras la atención en el Senado la ocupa la Ley de Seguridad Interior, expertos en el tema y organizaciones civiles han recalcado la importancia y la seriedad del documento presentado.

Para Marcelo Delajara, Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), si la ley va encaminada a quitar los topes al outsourcing es, en definitiva, una mala noticia por lo que, debido a la extensión del documento y de las implicaciones que traería el aprobarlo tal cual está, el Senado debe dedicarle tiempo para que no pase como “una bola rápida”.

La Reforma Laboral de 2012 decretó que una empresa podía contratar sólo a una parte por outsourcing a su personal. Además, que ese personal no podía estar en la empresa en un puesto fundamental en las actividades.

De acuerdo con Delajara, eso tenía cierto sentido y se podía justificar porque ahorraba costos en las áreas en las que la empresa no se dedica, pero si ahora se puede hacer outsourcing, es una cuestión que alarma.

“Todo fue en aras de la flexibilidad y se sacrificó un poco la parte de la seguridad de los trabajadores. En esa reforma hay mucha ambigüedad en quién es el responsable de la seguridad social de los trabajadores, si la empresa dueña del outsourcing o la empresa que contrata el outsourcing. Estas ambigüedades no se han resuelto, están ahí en la ley de 2012 y es de los principales problemas que trajo ese método de contratación. Entonces lo que quieren hacer es ir por más en el tema de outsourcing y es un sacrificio total de la seguridad del trabajador”, comentó en entrevista.

Desde su perspectiva, si ahora todo el personal puede estar en una empresa de outsourcing, se camina en una dirección incorrecta.

Esta ley afectaría a más de 40 millones de mexicanos, según cifras de Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, quien también criticó el contexto en que la iniciativa fue presentada.

“Esta es una cuestión que abona a la suspicacia, que esta gente maquiavélicamente lo presente con toda intencionalidad. Los trabajadores no son un sector organizado, no hay defensores de los derechos laborales y los poco que lo hacen, quedan aislados”, comentó.

Delajara concluye que ir más allá en la flexibilización, compromete la protección social de los trabajadores y éstos quedarán en una situación muy vulnerable.

“Esta ley lo que hace es estirar más la cuerda en dirección de la flexibilidad pero a un costo grande para la seguridad de los trabajadores […] El tema debe tener una discusión larga, no puede pasar como bola rápida.  Tiene que haber una discusión con una perspectiva de largo plazo; que defina dónde estábamos antes de la Reforma de 2012, dónde estamos después y con base en ese diagnóstico, ver lo que significa esta nueva ley”.

LA COMISIÓN DE TRABAJO

PRESIDENTE

Miguel Ángel Chico Herrera (PRI)



Miguel Ángel Chico Herrera. Foto: Cuartoscuro

Chico Herrera es Senador por Guanajuato y perteneció a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), sector popular del PRI.

Además es también presidente de la Comisión de la Reforma del Estado, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, e integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Radio, Televisión y Cinematografía.

Da sido Diputado en el Congreso de Guanajuato (2009-2012). Ahora busca ser Gobernador de esa entidad.

SECRETARIOS



Javier Lozano, el artífice de la reforma laboral de 2012. Foto: Cuartoscuro

-Javier Lozano Alarcón (PAN)

Es Senador plurinominal por Puebla e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa

El Senador Lozano podría terminar lo que empezó como Secretario del Trabajo (2006-2011) en la administración de Felipe Calderón. Es el artífice de la Reforma Laboral de 2012 que avaló de entrada el outsourcing.

Cuando era titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llegó a llamar cobardes, egoístas y miopes a quienes se opusieron a la aprobación de su ley, que aseguró en 2011, contaba con el apoyo de la CTM y CROC. Como ahora.

A la fecha, uno de los resultados que resalta de dicha reforma, es sí, la creación de más empleos, pero con sueldos de 1 a 3 salarios mínimos.

-Luis Humberto Fernández Fuentes (PT)

Actualmente es CEO de Tecnología y Desarrollo Consultores S.C., empresa dedicada a la consultoría, desarrollo de proyectos tecnológicos y de innovación, económica  y científica.

Ha ocupado puestos en el poder Ejecutivo y en el equipo de Andrés Manuel López Obrador.

INTEGRANTES


El senador por el PRI, Isaías González Cuevas, impulsor del outsorcing. Foto: Cuartoscuro

Isaías González Cuevas (PRI)

Ha sido Diputado federal en dos ocasiones con únicamente la secundaria terminada.

En la CROC ha tenido todo tipo de puestos: Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Secretario de Capacitación Sindical,

Secretario General en el DF y área metropolitana y Secretario General en Baja California Sur.

-Armando Neyra Chávez (PRI)

Es integrante de las comisiones de Salud y del Distrito Federal.

Ha sido Diputado Federal en cinco ocasiones (1979-1982, 1991-1994, 1997-2000, 2003-2006 y 2009-2012). Una vez Diputado en el Congreso del Estado de México (1984-1987).

Además fue regidor en el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, Secretario de Finanzas de la CTM, Consejero Propietario del Sector Obrero ante el Consejo Político Nacional y Estatal del PRI y Coordinador de la Comisión Estatal de Asuntos Obreros del Comité Directivo Estatal PRI.

-Adriana Dávila Fernández (PAN)

Es presidente de la comisión Contra la Trata de personas y secretaria de la de Derechos Humanos.

En la Administración Pública Federal se desempeñó como Coordinadora Nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República; fue asesora del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo y Coordinadora Nacional de Cultura del Agua en la Comisión Nacional del Agua.

-Tereso Medina Ramírez (PRI)

Es secretario de la comisión de Asuntos Fronterizos Norte e integrante de las comisiones de Energía.

Ha sido Coordinador del Sector Obrero  del PRI, además de una vez Diputado federal (2009-2012) y local en el Congreso de Coahuila (1997-199 y 2003-2005).

Es miembro de la CTM, en donde ha sido Secretario general de la Federación de Trabajadores del Sureste de Coahuila, Subsecretario de Educación  y Secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila.


(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN / DICIEMBRE 14, 2017, 12:05 AM)

110 DEFENSORES DE DH ASESINADOS EN SEXENIO DE PEÑA

Tan solo en 2017, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos TDT documenta más de 30 homicidios y ocho desapariciones de activistas. Amenazas, detenciones arbitrarias, exceso en el uso de la fuerza, hostigamiento, vigilancia intimidatoria y violaciones al derecho de acceso a la justicia, son otros tipos de agresiones. En cuanto a la impunidad de estos ataques, el Padre Alejandro Solalinde asegura que el problema no es de leyes, sino que las autoridades no las aplican

Más de seis meses han transcurrido desde que los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres fueron asesinados, sin que sus crímenes se hayan aclarado. Eran indígenas y defensores de derechos humanos en la comunidad huichol (wixárika) de Jalisco. Así como ellos, más de un centenar de activistas de todo el país han muerto de forma violenta en la actual administración federal.

Hasta principios de septiembre de 2017, las organizaciones civiles que forman parte de la Red TDT, informaron que durante lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, 106 activistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados; sin embargo, a decir del sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, luchador por la libertad, la cifra ya aumentó a 110 en los últimos días.

Las mayores atrocidades cometidas contra activistas se han acumulado  durante el último sexenio, que ha sido cuando más sacerdotes, periodistas, migrantes y protectores de derechos humanos han sido privados de la vida. Además de que esos mismos sectores fueron blanco ilícito de espionaje gubernamental.

Para el Padre Solalinde, la situación de los derechos humanos en México es muy ambivalente: “Por un lado, se proclaman claramente. Tenemos buenas leyes en derechos humanos, con reformas constitucionales como la de 2011, pero por otro lado, no se cumplen. El problema es que en México las leyes se tienen, pero no se cumplen”, expresó en entrevista con ZETA.

El reproche social de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. “Basta ver la respuesta que da el Comité de la ONU de trabajadores internacionales de Ginebra, Suiza, a México, en el tercer informe del examen periódico, para darse cuenta de cómo la ONU sigue reiterando a México lo que no ha cumplido”, asevera el clérigo.

La figura de Solalinde Guerra se ha convertido en el estandarte de lucha de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, de las clases desprotegidas y más castigadas económicamente. Ha conseguido que su voz y la de sus hermanos, en tránsito hacia el norte, se escuche con fuerza y trascienda fronteras.

“Son 110 los defensores y defensoras de derechos humanos que han asesinado, recientemente las personas que asesinaron en Baja California Sur, la persecución que se ha hecho de los ombudsman en diferentes estados del país, la vida amenazada también de activistas. Periodistas ya ni se diga, hombres y mujeres que han sido asesinados por todos lados, pero sobre todo en Veracruz”, advierte el hombre de sotana blanca y cruz de madera en el pecho.

El 31 de marzo del año en curso, al dar respuesta al informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Peña Nieto reiteró la arenga que ha usado a lo largo del sexenio: reconocer que existen deficiencias en la protección de derechos humanos en el país, pero afirmó que la responsabilidad de protegerlos es de todos, no solo de su gobierno.

El mandatario destacó que las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas son una afrenta a la sociedad, por lo que es necesario fortalecer los instrumentos de protección en el ámbito federal y local.

Como ha sido costumbre, hace ocho meses Peña Nieto de nuevo optó por el discurso que sigue sin respaldarse con acciones o resultados de investigaciones concretas: “Es inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión, un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos, es una afrenta a la sociedad en su conjunto. Ante esta realidad debemos hacer una revisión del diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la protección y defensores de los derechos humanos”.

IMPUNIDAD COMO MARCA DE LA CASA

A las semanas de tal declaración, se registró el asesinato de los hermanos Vázquez Torres, quienes además de liderar a los wixárikas en la zona norte de Jalisco, colaboraban con las autoridades como peritos traductores y se les consideraba defensores de los derechos naturales del hombre y de la mujer.

El 20 de mayo, primero fue baleado Miguel por un comando armado en el pueblo de Kuruxi Manuwe, en San Sebastián Teponahuaxtlán y, cuando recibía atención médica en un centro de salud, los sicarios volvieron para matar a su hermano. Ambos perecieron.

Los agresores fueron identificados como pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en ese entonces al servicio del ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia “El Diablo”, quien presuntamente pretendía desplazar a las comunidades indígenas de tierras localizadas en Huamijic y Puente de Camotlán, en el municipio de La Yesca, y beneficiar a pequeños propietarios mestizos. Los Vázquez lograron legalmente la recuperación de diversos predios en la Sierra de Pajaritos. Hasta el momento no hay detenidos en el asunto.

En Sinaloa, a finales de junio se registraron agresiones y amenazas hacia diversos custodios del penal de Aguaruto, quienes se manifestaban pacíficamente por sus malas condiciones laborales y las presiones de que eran objeto tras la fuga del presunto narcotraficante Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, tres meses atrás.

Las intimidaciones se extendieron hacia personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Culiacán. Se identificó a servidores de la Secretaría de Seguridad Pública como los emisarios del mensaje y la CNDH hizo un pronunciamiento enérgico para exigir garantías necesarias para el personal sinaloense.

En el informe septembrino de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se anunció que, durante los primeros siete meses del año, por lo menos 30 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, en tanto que ocho estaban desaparecidos, con independencia de otros tipos de agresiones, como amenazas, detenciones arbitrarias, exceso en el uso de la fuerza, hostigamiento, vigilancia intimidatoria, violaciones al derecho de acceso a la justicia, allanamientos ilegales, violaciones al derecho a la honra y la reputación. Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero, los estados con mayor número de vejaciones.

Nuevamente se cuestionó a México en los foros internacionales, lo que motivó la reiterada respuesta del Gobierno Federal con la cantaleta de que la administración expresaba “su más amplia voluntad y capacidad para atender los desafíos en la materia, en un marco de cooperación” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También refrendó su política de apertura y colaboración con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, para los casos denunciados públicamente de espionaje a activistas y periodistas incómodos para las autoridades.

En ese contexto llegó el 20 de noviembre, cuando criminales decidieron matar a otro defensor de derechos humanos, esta vez de la esfera gubernamental, así que el ataque se dio por primera vez directamente contra el Estado mexicano. Por la noche, en la ciudad de La Paz, fue asesinado a balazos el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho junto con su hijo Fernando. Su esposa Silvia Lucero y su hija Silvia María resultaron heridas, pero viven para contarlo.

El hecho fue condenado por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y por el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la Naciones Unidas, Michel Forst, quien solicitó al gobierno de México implementar mecanismos para personas defensoras de derechos humanos en riesgo, e hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar que la investigación sea exhaustiva y los responsables sean llevados ante la justicia.

En medio de una cadena de condenas por el homicidio, González Pérez informó de las  amenazas que existen actualmente en contra de defensores públicos de derechos humanos de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.

Luego la impunidad se continuó hilvanando, dos días más tarde, en Guadalajara, uno de los auxiliares adscrito a la Cuarta Visitaduría de la CEDHJ, fue privado de la libertad cuando llegaba durante la mañana a su trabajo. El funcionario conducía un Jeep de color rojo que fue interceptado por al menos dos sujetos armados, quienes incluso dispararon al aire para amedrentar a su víctima y se lo llevaron en un automotor tipo taxi. Al día siguiente, el servidor público fue liberado sano y salvo.

La Fiscalía General de Jalisco no abundó en detalles de la libertad de la víctima, como tampoco lo hizo el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, quien aseguró a los medios de comunicación que no se reforzaría la seguridad personal ni para sus subalternos:

“Para defensoras y defensores de derechos humanos existen protocolos especializados que se activan cuando existe algún tipo de amenaza, nosotros en este momento no tenemos elementos para considerar una amenaza contra el trabajo de la institución”.

Para concluir, el Padre Alejandro Solalinde destacó para este Semanario que lo importante “ya no son las recomendaciones, que sí hay nuevas, sino las reiteraciones, porque se le sigue juntando un periodo y otro periodo al gobierno de México porque no las cumple. Entonces, sigue siendo un gobierno totalmente incongruente en cuestión de derechos humanos y políticas públicas, como las de migrantes. Entonces, tenemos las leyes, pero de nada sirve, si como en el caso que más conozco, tenemos un instituto criminal de migración que se encarga de hacer todo lo contrario. De nada sirve tener la Ley, si tenemos una contraley en la misma Ley secundaria o el reglamento. No se puede así”.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /LUIS CARLOS SÁINZ /LUNES, 11 DICIEMBRE, 2017 07:00 PM)

REINCIDE “LA PERRA” EN BC

Entre octubre y noviembre, el Grupo Coordinación ha recibido una serie de denuncias reportando la participación de Filiberto Parra “La Perra” en actividades delictivas a las que han dado seguimiento. Aunque mencionan su presencia como un detonante de la inseguridad, los reportes que lo implican en delitos no se investigan judicialmente, solo se integran como información de inteligencia. Mientras la violencia continúa y Tijuana acumula 1624 de los 2118 homicidios violentos que se han cometido en el Estado

“Hemos recibido denuncias de su presencia”, informaron a ZETA dos mandos incorporados al Grupo Coordinación al referirse a Filiberto Parra Ramos, los reportes se han dado en dos restaurantes y en dos escenas de crimen.

“Nos llamaron dos veces para informarnos que lo estaban viendo, que estaba comiendo en un determinado restaurante -una vez en la delegación La Mesa y otra en la delegación centro-, consultamos y la repuesta fue que no tenía orden de aprehensión en contra, así que no había mucho que hacer”.

Los otros dos reportes que incluyen las presuntas apariciones delictivas de Parra Ramos tienen como fondo un homicidio a balazos y el decomiso de droga.

*7 de noviembre de 2017: en el Centro Comercial Santa Fe, ubicado en el acceso principal al fraccionamiento del mismo nombre, en la delegación San Antonio de los Buenos, en Tijuana; los residentes reportaron una balacera en la que un hombre murió y otro resultó lesionado. La referencia fue que el ataque era contra “La Perra” y las víctimas del atentado debían ser sus empleados delictivos.

* El 28 de julio de 2017, elementos de la Policía Federal y de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron en un operativo en la calle Mesopotamia colonia Cerro Colorado de la delegación del mismo nombre, un camión en el que localizaron 178 paquetes de mariguana con peso de 979 kilos.

“Se nos fue”, comentaron los miembros del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, que dejaron  los reportes como datos de inteligencia.

En ninguno de los dos casos, José Filiberto Parra Ramos, alias “Clark Brandon Gutiérrez” y/o “Sergio Alcaraz Hernán”, fue localizado por las autoridades  al realizar las intervenciones. Tampoco las referencias de las denuncias de su presunta presencia fueron incluidas en los Informes Policiacos Homologados (IPH).

Ante la pregunta expresa de ZETA, las autoridades indicaron que en ninguno de los expedientes que se iniciaron por ambos delitos, los agentes encargados no hicieron preguntas de la participación de Parra Ramos, ni al sobreviviente de la balacera, ni al chofer detenido con la droga.

Para fines oficiales se desconoce la relación con el conocido traficante liberado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca este año, tras siete años de reclusión.

Durante agosto, antes de entregar su renuncia -previa solicitud y conversación con el Gobernador-, el ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, había advertido del regreso de Filiberto Parra a la vida delictiva.

Informó que la Policía Estatal Preventiva (PEP) mantenía “monitoreo sobre sus actividades” y confirmó que los reportes de inteligencia mostraban una reincidencia en sus actividades criminales y su reinserción a los cárteles que trasiegan droga en Baja California. También dijo que la intención de la Secretaria era “ponerlo a disposición de nueva cuenta de la autoridad”.

Entrevistado por el mismo tema, al ser presentado el actual secretario de Seguridad en el Estado, licenciado Gerardo Sosa Olachea, indicó que este tipo de personajes solo serían capturados en dos escenarios: previo mandamiento judicial o si se los topaban en flagrancia delictiva.

Él no habló de darle seguimiento a las actividades de monitoreo sobre los cabecillas criminales que son liberados de prisión, mediante trabajo de inteligencia.

LA BALACERA

Respecto al decomiso de droga en el tráiler, la autoridad se negó a dar más información; en cuanto al homicidio, hubo más datos y también evidencias que muestran la falta de interés, por el momento, por parte del Consejo de Seguridad de ir más allá en la búsqueda de delincuentes menores, de los autores materiales de delitos.

El reporte al Centro de Mando que llegó la tarde el 7 de noviembre, fue que alrededor de las 17:00 horas había atacado a balazos a los tripulantes de un sedán blanco deportivo, estacionado en la plaza comercial de Sana Fe.

Uno de los hombres quedó muerto dentro del auto y el segundo se bajó e intentó ingresara a un mercado, pero los atacantes que siguieron baleándolo durante la huida, lo alcanzaron a herir frente a varios testigos antes de que logrará salvaguardarse.

De acuerdo a las indagatorias, el hombre asesinado fue Fernando García López, de quien los investigadores supieron que estuvo implicado como sospechoso en un secuestro relacionado por la célula de Teodoro García Simental -a la que pertenecía “La Parra”- en el año 2008; sin embargo, esa información de nuevo  no fue incluida en el expediente de investigación, solo se manejó como información de “inteligencia” entre los agentes.

El sobreviviente baleado, quien dijo ser Cristian Ambriz -identidad que el Ministerio Público no pudo corroborar-, se negó a declarar, acompañado de quienes dijeron ser miembros de su familia y un abogado exigió ser dejado en paz para ser trasladado a Estados Unidos, para su seguridad.

En el auto donde estaban los dos hombres atacados, el cual fue inspeccionado por peritos, las autoridades encontraron escondida una pistola calibre nueve milímetros que no se había disparado. Le hicieron pruebas y a la fecha no le han encontrado relación balística con otro hecho criminal.

De la presencia de Parra Ramos en el lugar, la versión que el Grupo Coordinación fue:  “se mencionó y se manejó como datos no oficiales, pero de los sujetos atacados no se obtuvo nada; el que sobrevivió no habló, lo que sí se comentó entre los agentes es que se trataba de gente del grupo de Los Uriarte, quienes son primos de Raydel López ‘El Muletas’, quien entre 2006 y hasta 2009, cuando detuvieron a Parra, operaba muy cerca con ‘La Perra’, así que serían de la misma célula”.

Los reportes indican que Santa Fe se convirtió en una zona de confort  para Filiberto Parra y su gente, lo que sería uno de los motivos por el cual en el área se empiezan a incrementar los operativos criminales violentos a plena luz del día, levantones y lo que los delincuentes llaman “ajustes de cuentas”.

PERFIL VIOLENTO

Capturado en junio de 2009 como parte del Cártel Arellano Félix (CAF) y miembro de la fracción escindida que rechazaba el liderazgo de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, que tenía como jefe a “El Teo” García Simental, las autoridades de Baja California se enteraron de la liberación Parra Ramos a principios de 2017.

Durante los siete años que permaneció en prisión -una parte en el Penal de Almoloya y otra  en el Cereso de Oaxaca-, aprendió del manejo de la Ley, presentó más de 20 juicios de amparos y otras decenas de juicios de garantías.

Algunos de estos reclamos judiciales los hizo aliado con otros delincuentes con los que estableció relación en prisión, como Víctor Magno Escobar Luna “El Pareja”, Ezequiel Machain Buitrón, y otros de mayor resonancia delictiva como Miguel Ángel Guzmán Loera, Édgar Valdés Villarreal, Mario Alberto Cárdenas Medina, Armando Valencia Cornelio, Erick Valencia Salazar, Alcides Ramón Magaña, Eduardo Arellano Félix y Teodoro García Simental.

Considerado reo de alta peligrosidad, de manera reiterada fue sometido a segregación y correctivos de parte del Consejo Técnico Interdisciplinario, debido a “las malas actitudes del interno”, a “el carácter irascible”, “arranques explosivos” a sus contantes peleas encarnizadas con otros reos y a la tendencia de “auto-agredirse”.

Al ser detenido  en 2009 fue acusado de delincuencia organizada y otros delitos derivados y siete años después, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, decretó su libertad.

Nunca lo acusaron y menos juzgaron por los homicidios en los que el Grupo Coordinación informó que estuvo implicado, incluidos los asesinatos de los agentes federales de investigación, adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Manuel Alejandro Arellano Figueroa y Guillermo Cuautle Hernández, cometidos en abril de 2008.



Preso en el año 2010, solicitó permiso para casarse, en su expediente tenía a Paola Cruz identificada como su persona de confianza y a tres diferentes abogados, Cuauhtémoc Valdovinos Ruiz, Juan Manuel Saucedo Talamantes y Gonzalo Bustillo Ramos.

Hoy, de acuerdo a las denuncias anónimas recibidas por las autoridades  y a los reportes y monitoreos de las áreas de inteligencia del Grupo Coordinación, Parra Ramos retoma su liderazgo contribuyendo al incremento de la incidencia criminal en Tijuana.

TIJUANA: MIL 624 ASESINATOS; MATAN A ABOGADO 

A 23 días de que culmine el año, en Tijuana se han registrado mil 624 asesinatos; a nivel estatal, la cifra alcanza las dos mil 118 personas que han sido ejecutadas, convirtiendo a 2017 en el año más violento en la historia de Baja California.

En lo que va de diciembre, la estadística de la Procuraduría General de Justicia del Estado refiere que 24 personas han sido privadas de la vida en distintos puntos de la ciudad de Tijuana.

Al cierre de esta edición, el jueves 7 de diciembre se reportó que una persona con vestimenta oscura agredió con arma de fuego al abogado René Ortiz Quiñones, de 67 años,  a unos cuantos metros de los Juzgados Civiles, en la colonia Anexa 20 de Noviembre, su cuerpo fue localizado afuera de su auto que también presentaba evidencias de balazos.

fue presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, de la Federación de Abogados de Baja California y de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, el grueso de los asuntos que llevaba eran laborales y algunos civiles. Sus compañeros de profesión lo calificaron como un hombre “serio y tranquilo”

Pero la jornada mortal de esta semana empezó el viernes primero de mes, con cuatro hombres asesinados. El primer hecho se suscitó en la colonia Empleados Federales, donde un sujeto de entre 55 y 60 años de edad fue ultimado con un objeto contundente al interior de la canalización, a la altura de las instalaciones del PRI. En la colonia Panamericano, una persona fue acribillada a tiros, así como otro hombre de entre 30 y 35 años, en la colonia Río Parte Baja. Ramón Alfredo García Córdova, de 27 años, fue ejecutado a balazos en el Maclovio Rojas.

El sábado 2, Evelia Romero Codina, de 58 años, fue asesinada con arma de fuego en Infonavit Latinos. En la colonia del Río Parte Baja, un hombre fue privado de la vida a balazos. Ángel Duarte Sánchez, de 56 años, murió en el interior de un domicilio del Ejido Francisco Villa. Mientras que un masculino de entre 50 y 55 años fue encontrado muerto con lesiones por arma de fuego en la colonia Patria Nueva.

El domingo 3 falleció Ricardo Majalca Chávez, de 40 años, producto de un ataque a balazos en la colonia Buenos Aires Sur. En  El Florido, también con arma de fuego, pereció un varón de entre 30 y 35 años. Con lesiones por arma de fuego fueron encontrados los cadáveres de una pareja, el hombre tenía entre 40 y 45 años, en tanto que la mujer, entre 30 y 35 años. Por último, Fernando Estrada Arias, de 43 años, fue muerto a tiros.

El lunes 4, en la colonia Emiliano Zapata, un joven de entre 20 y 25 años fue ejecutado con arma de fuego. Salvador Rivera Barrios murió en el Hospital General, luego de haber sido atacado a tiros en la colonia Monte San Antonio. Y en estado de putrefacción se localizó el cadáver de un desconocido en Riveras del Bosque.

El martes 5, José Cápula Hernández, de 43 años, fue asesinado en la colonia Tomás Aquino. En el fraccionamiento Villas del Sol Tercera Sección, se encontró el cuerpo sin vida de un desconocido de entre 30 y 35 año. Nelson Ramos, de 39 años, fue asesinado a tiros en el interior de un taller de herrería denominado “La Unión”, en Ejido Francisco Villa. Y Ranulfo García Flores, de 44 años, fue ejecutado de por lo menos tres tiros en la cabeza en la Zona Centro.

El miércoles 6, en la Cruz Roja Tijuana, producto de lesiones por arma de fuego, falleció Jorge Olivarria. Héctor Gutiérrez murió en el Hospital General a consecuencia de lesiones traumatológicas que recibió en cara y región cefálica, el 27 de noviembre.

De acuerdo a las estadísticas del Consejo Estatal de Seguridad, en Tijuana, el 66% de los homicidios violentos se cometen con arma de fuego; el 81% se perpetran en vía pública, y las delegaciones más violentas son La Presa, Presa Rural, Pinos y Sánchez Taboada, zona de pugna entre Los Uriarte y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

IDENTIFICAN A UNO DE LOS  ATACANTES DE POLICÍAS EN TECATE

En lo que la Dirección de Seguridad Pública de Tecate refiere se trató de “una acción completamente policial”, un agente municipal murió y otro resultó lesionado en el fémur, tras ser atacados a balazos la madrugada del jueves 7 de diciembre.

Aproximadamente a las 4:00 am, los agentes Odín Garcés y Francisco Fraijo Lino realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Andalucía. Al detectar un vehículo sospechoso con tres hombres a bordo, le marcaron el alto, se detuvieron justo a la altura de una gasolinera que está a la salida a Mexicali.

Uno de los elementos bajó de la unidad policiaca, percatándose que los sujetos iban armados, por lo que regresó a la patrulla para exponerle la situación a su compañero, pero de inmediato fueron recibido a tiros; los agentes repelieron la agresión, hiriendo a uno de los atacantes.

Odín Garcés, quien tenía siete meses de haber ingresado a la Policía activa, luego de estar desde el año 2000 en la comercial, murió en el lugar de los hechos; mientras que Francisco Frajio Lino recibió un balazo en el fémur izquierdo.

Según Francisco Castro Trenti, director de Seguridad Publica de Tecate, en un video del establecimiento de gasolina se aprecia que los atacantes iban vestidos de negro, dos de ellos con sudadera y uno más con chaleco,  quienes huyeron de la escena del crimen a pie.

“La agresión duró segundos, hay fuertes indicios de la probable autoría de los atacantes, quienes al huir dejan una arma larga abandonada en el camino, la cual presenta manchas hemáticas, lo que corrobora de que uno de ellos está lesionado. Otra arma larga fue localizada en la cajuela de la unidad color negro, con placas americanas”, se informó.

Agentes periciales localizaron en la escena del crimen casquillos percutidos calibre 223 y 7.62 de arma conocida como “cuerno de chivo”, además de cartuchos  9 milímetros.

Tras la agresión, la Dirección de Policía de Tecate emitió una alerta a todas las corporaciones de seguridad del Estado, informando que entre los presuntos responsables se encontraba una persona herida.

Horas después, uno de los agresores fue identificado como Armando Labrador Pérez, de 26 años de edad, originario de Escuinapa, Sinaloa, quien se encuentra internado en el Hospital General de Mexicali. Presenta cuatro heridas entre hombro y brazo izquierdo.

En lo que va la administración de la alcaldesa Nereida Fuentes, tres policías municipales han sido asesinados, mientras que en el  transcurso de 2017 se han registrado 52 homicidios dolosos.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 11 DICIEMBRE, 2017 12:00 PM)

ANDRÉS MANUEL EN EL CIELO

Las precampañas presidenciales arrancan este jueves con un escenario de altas expectativas para un solo candidato, Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente en 2006 y en 2012 arrancó con amplias posibilidades de victoria, e incluso hace 12 años, tenía una ventaja de 20 puntos sobre el segundo lugar. El contrargumento es que si bien en aquellas dos elecciones presidenciales López Obrador representaba la posibilidad de cambio, en esta ocasión esa esperanza ya está asimilada por el electorado, que no la ve como un atributo suficiente para marcar una diferencia. Pero ante ello, sostienen expertos en opinión pública que han trabajado para el PRI y el PAN, a partir de los análisis realizados en las redes sociales, el hábitat de cerca del 30 por ciento del electorado que votará por primera vez, lo que esperan en 2018 no es una elección competida, como sugiere la última encuesta pública de preferencias electorales divulgada por Consulta MItofsky, sino que se abra tanto, que el tres veces candidato presidencial podría ganar por una diferencia de 10 puntos -aproximadamente cinco millones de votos.

Según la encuesta, si bien la coalición Por México al Frente supera por cinco décimas de punto a Morena y por 1.7 por ciento al PRI en preferencia por partido, en inclinación por candidato López Obrador alcanzó el 23 por ciento de las preferencias, seguido de Ricardo Anaya, por la alianza, con 20 por ciento, y José Antonio Meade del PRI, con 19.4 por ciento. El estudio de Consulta MItofsky muestra una competencia muy cerrada, con empate técnico, que no es como la ven otras casas encuestadoras. Buendía y Laredo difundió la semana pasada su propia medición, donde Morena empata con la coalición en 27 por ciento, quienes relegan al PRI ocho puntos abajo. A nivel de candidatos, López Obrador supera por nueve puntos a Anaya y está arriba de Meade por 15. Una tercera encuesta, publicada por Reforma el 30 de noviembre, le dio al morenista una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre sus adversarios, que los mostró empatados con 16 por ciento del voto.

Las mediciones han mantenido prácticamente la misma metodología en los tres últimos procesos presidenciales, pero no deben ser analizadas analógicamente. En 2006 y 2012 el impacto de las redes sociales en el ánimo y humor del electorado o no existía, o estaba limitado. Es verdad que hasta ahora, el malestar de un electorado beligerante e inconforme que se aprecia en las redes sociales, no ha podido trasladarse al voto, aunque lo más cercano a lograr ese objetivo lo hizo Morena en la reciente elección para Gobernador en el Estado de México. Los asesores de la candidata Delfina Gómez confiaban en que la irritación política en las redes anticipaba una ventaja de 10 puntos sobre el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, lo que no se concretó.

Habría que revisar con datos y evidencia empírica lo que provocaron, o dejaron de provocar, las campañas sucias contra Gómez, para poder alcanzar conclusiones preliminares. Filtraciones del Gobierno federal a la prensa de videos de Eva Cadena, candidata a un municipio veracruzano, cuando recibía medio millón de pesos para las campañas de Morena, restaron legitimidad a López Obrador. Paralelamente se difundieron señalamientos sobre un presunto mal uso de recursos públicos en contra de los trabajadores de Texcoco, cuando Gómez era Presidenta Municipal. Las dos campañas frenaron el crecimiento de Gómez, suficiente para que Del Mazo, con la ayuda de los partidos que respaldaron al PRI, ganara la elección. Sin embargo, en el tú-a-tú, cayó ante Gómez por 56 mil votos. Es decir, perdió el partido en el poder, pero ganó su candidato, con casi un millón y medio de votos menos de los que obtuvo Eruviel Ávila seis años antes.

La pradera incendiada en las redes sociales contra el PRI no alcanzó a darle la vuelta a la elección en las urnas, pero el resultado permite argumentar sobre un cambio tangible en los procesos electorales directamente relacionados con el mundo virtual. Las altas expectativas que le dan los expertos en opinión pública a López Obrador, retoman los análisis de comportamiento político en las redes sociales donde se ve la discusión incendiaria, tumultuosa y descalificadora en Twitter, pero también el enfado en Facebook con lo establecido y la exigencia de un cambio. Facebook es el microcosmos del electorado switcher, que puede ir hacia un lado o hacia otro, mientras que Twitter permite trabajar sobre la hipótesis que ese switcher está definido, en este momento, por López Obrador.

El llamado al cambio sí se ha venido reflejando en las encuestas, donde la mayoría de los mexicanos -entre 55 y 85 por ciento- dicen que nunca votarían por el PRI. Los ataques del Gobierno contra Anaya han radicalizado su discurso y lo ha acercado, en beligerancia, a López Obrador. Sin embargo, no es antisistémico como el tabasqueño. Anaya es visto por estrategas del PRI como el candidato más vulnerable, lo que está por verse. Pero aún si así fuera, la mayor parte de quien votaría por él prefiere, como segunda opción, a López Obrador. Igual pasa con los independientes. Si no es por El Bronco o Margarita Zavala, la alternativa mayoritaria es por López Obrador.

Lo que se plantea en este texto está lejos de ser una verdad absoluta o un pronóstico de lo que sucederá el próximo verano en las urnas. Son meramente las condiciones objetivas con las que arranca las precampañas presidenciales, en vísperas de un año que sí se anticipa muy caliente.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 14/12/2017 | 03:00 AM) 



EL FRENTE: EL ESCORPIÓN

Una de las fábulas más célebres atribuidas a Esopo es la del escorpión y la rana, donde el batracio ayuda al depredador a cruzar el río y ve materializados sus dudas y temores cuando, a la mitad del camino, le cruza su venenoso aguijón. Las fábulas tienen una finalidad didáctica ética y universal, que llega a una expresión sublime cuando la rana que le pregunta porqué ha podido hacer algo así, ya que morirán los dos ahogados. “No he tenido elección”, dice el escorpión, en una de las frases más citadas a los largo de los siglos, “es mi naturaleza”. Es la moraleja de cómo hay quienes sacan su maldad sin importarles las consecuencias, incluso dañándose a sí mismo, que se puede aplicar mecánicamente a Ricardo Anaya, el autoproclamado candidato de una coalición armada a su gusto y necesidades. Pocos como él simbolizan mejor las ambiciones sin escrúpulos.

Anaya presionó y chantajeó a un grupo de dirigentes del PRD que, mermado su peso electoral en los últimos años, se enfrentaron a la disyuntiva de, o aceptaban las condiciones del ex líder del PAN para ungirlo como candidato de un frente ciudadano que se rebautizó como Por México al Frente, o quedaban expuestos a que Andrés Manuel López Obrador, quien los ha descalificado de manera sistemática por aventureros oportunistas, les chupara cuadros, militantes y votos  sin que pudieran hacer nada por impedirlo. Los líderes perredistas no lo admiten abiertamente, pero carecen de argumentos objetivos para refutar que su destino, sin el Frente y sin el PAN, significaba la muerte como partido. Esa dirigencia está llevando a la izquierda reformista mexicana, en el Partido Verde del PAN, utilitario y desechable en el momento que sea un lastre.

El escorpión está montado sobre la rana amarilla cruzando el río hacia la contienda presidencial. ¿Cuánto tardará en traicionarlos? Ya lo verán e irán comprobando si así sucede, concede Héctor Serrano, líder de Vanguardia Progresista, una de las corrientes del PRD, y la más cercana al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a quien no le dieron la oportunidad, si pudiera llamarse así, de que Anaya lo traicionara. Ellos hicieron el trabajo sucio, sin que Anaya se manchara las manos. El precandidato del PAN, y del PRD y el Movimiento Ciudadano, se ocupará de ellos en el futuro, si fuera necesario. ¿Cómo se puede afirmar con tal contundencia tal escenario? Porque, como le dijo el escorpión a la rana, está en su naturaleza.

Hace 13 meses se describió en este espacio la forma como Anaya ha traicionado sistemáticamente a quien le ha ayudado. Lleva alrededor de 15 años haciéndolo y sería ingenuo pensar que no se repetirá. El domingo, al anunciar que buscaría la Presidencia, comenzó a picar a los suyos. Anaya disparó sus dardos envenenados contra los dos ex presidentes panistas. Sobre Vicente Fox, expresó: “En el 2000, ccuando ganó Vicente Fox, muchos soñamos con que la derrota del PRI traería todos los cambios anhelados. Pero seamos francos y hagamos autocrítica de esta circunstancia: no cambiamos el régimen. Un ejemplo que pinta de cuerpo entero es el Pemexgate”.

El Gobierno de Fox investigó el desvío de más de 500 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida y dos años después de comenzar la averiguación, la concluyó sin procesar a nadie. El Instituto Federal Electoral -hoy Instituto Nacional Electoral-, multó al PRI con mil millones de pesos por no haber reportado esos gastos. “Al líder del sindicato petrolero no se le tocó ni con el pétalo de una rosa”, añadió Anaya, “y ese sistema corporativo y clientelar del PRI permaneció prácticamente intacto”. No lo dijo el precandidato, pero en esa elección también se investigó a la organización privada Amigos de Fox, a la que el IFE documentó al menos 46 millones de pesos de financiamiento ilícito en la campaña presidencial. Tuvo menos consecuencias que el Pemexgate porque el Gobierno panista, donde el principal asesor de Anaya, Santiago Creel, era Secretario de Gobernación, se negó a aportar la documentación solicitada. Un Diputado priista denunció en su momento las irregularidades. Ese diputado estuvo el domingo codo a codo con Anaya, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

Anaya fue selectivo en la crítica contra Fox, al igual que la que enderezó contra Felipe Calderón. “No cambiamos las estructuras clientelares y corporativas del PRI, y quedó intacto el pacto de impunidad”, dijo. “Se le entregó a Elba Esther Gordillo el control de la educación básica en nuestro País, nombrando a su yerno Subsecretario de Educación Básica”. Es cierto, sólo que habría que recordar algo: el Subsecretario respondía a las órdenes de la Secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, a quien apoyó como candidata al Gobierno del estado de México, y él mismo fue Subsecretario de Turismo en la administración de Calderón. Y el Gobernador Yunes formaba parte orgánica de esa estructura clientelar que tanto denostó el domingo.

El precandidato es el escorpión que está matando a la rana, su rana. Comenzó su campaña presidencial el domingo mordiendo la mano que le dio de comer durante años, el panismo en Los Pinos. Nada nuevo. Ese es Anaya, descrito por uno de los interlocutores que ha tenido a lo largo de los dos últimos años como un político “muy inteligente, valiente, pero pragmático y sin escrúpulos”. Picar a la mitad del río es una apuesta osada, incluso para quien, hasta ahora, se ha salido con la suya.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 13/12/2017 | 02:00 AM)

EL FRENTE: LA PROPUESTA A MANCERA

Miguel Ángel Mancera pensaba renunciar este fin de semana pasado tras entregar la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estaba listo para que lo sustituyera Patricia Mercado, Secretaria General de Gobierno, mientras se presentaba la terna a la Asamblea legislativa y el Secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, asumiera el cargo. La Conago pospuso su reunión para el miércoles, porque el Presidente Enrique Peña Nieto, quien presidirá el encuentro, viajaba a una cumbre climática de líderes en París. Le iba a dar más tiempo a Mancera para seguir forzando un método abierto para definir la candidatura presidencial del Frente Ciudadano, pero cuando los partidos de la coalición fueron el viernes al Instituto Nacional Electoral a registrarla, ya lo habían decidido. La candidatura presidencial, por consenso, sería para el PAN. “No se quiso arriesgar el PRD”, dijo un cercano a Mancera. “No se la rifó”.

La tarde del viernes todo estaba consumado. Mancera, que le encargó a Alejandra Barrales, líder del PRD, la negociación del Frente y le depositó toda su confianza, lo hizo públicamente a un lado el sábado -en privado, se había deslindado de él hace tres semanas- y señalo que podría coordinar la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Segunda humillación para Mancera en menos de una semana. Primero, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que podría ser coordinador de la bancada frentista en el Senado; luego Barrales, el remate. Mancera rechazó las dos propuestas y dijo que se quedaría al frente del gobierno de la Ciudad de México. Quizás, sin embargo, fue prematuro el anuncio; probablemente empujado más por emociones que por razones.

Dentro del equipo de Anaya quieren a Mancera para otra función: jefe de Gabinete en la Presidencia del panista. Esta posición no existe todavía, pero es parte de lo planteado dentro de la coalición. Los documentos de la coalición no han sido dados a conocer públicamente, pero establecen la repartición de posiciones electorales, redondeadas, con el 49 por ciento para el PAN, el 33 por ciento para el PRD y el 17 por ciento para Movimiento Ciudadano. La coalición va más allá. Incluye los fundamentos para un gobierno realmente de coalición, donde haya equilibrios y posiciones de Estado conjuntas. Todo el Gabinete tendría que ser sometido a aprobación del Senado, para evitar complicidades y amiguismos, y se crearía la jefatura de Gabinete, en la forma de una Secretaría de la Presidencia.

La jefatura de Gabinete es la forma como se define en la Casa Blanca, por ejemplo, al número dos en la Presidencia, que maneja toda la operación interna -que incluye la seguridad nacional, el presupuesto, las negociaciones comerciales internacionales y la comunicación-, la agenda del Presidente, a quién ve y a quién no, articula al Gabinete y lleva a cabo las negociaciones políticas más delicadas con el Capitolio y los gobernadores. En países como Francia, Canadá o la Unión Europea, el jefe de Gabinete es el principal colaborador político del Presidente o el Primer Ministro, por encima de todos los miembros del Gabinete y considerado, como en Estados Unidos, el poder detrás del trono.

Uno de los principales asesores de Anaya, dijo que para el léxico político mexicano la jefatura de Gabinete puede ser exógena, pero que ya existió en el organigrama de Los Pinos una figura idéntica, la de secretario de la Presidencia, que tuvieron en sus manos poderosos políticos como Emilio Martínez Manatou y Hugo Cervantes del Río durante el gobierno de Luis Echeverría. La diferencia sustancial en la actualidad es que esa jefatura de Gabinete o Secretaría de la Presidencia tendría una función no sólo más política y ejecutiva, sino que sería el equilibrio con la Presidencia, al pertenecer a diferentes corrientes políticas dentro de una coalición. “Es más similar a la de un sistema semi parlamentario”, explicó uno de los arquitectos del modelo, señalando a Francia como modelo, donde el Presidente y el Primer Ministro suelen ser de diferente partido.

La propuesta no ha sido hecha formalmente a Mancera, quien ha visto desfilar por su escritorio otras posibilidades, particularmente la de ser Fiscal General. En el equipo de Anaya no ven mal esa posibilidad y apoyarían su nominación en el Senado, pero cercanos al Jefe de Gobierno decían todavía la semana pasada que no estaba convencido de que esa fuera una salida política para él en caso de que se frustrara la candidatura presidencial. Mancera, de cualquier forma, desechó cualquier posibilidad, en principio, el sábado, al anunciar que permanecería al frente del gobierno de la Ciudad de México.

El anuncio pareció anticlimático pero, sobre todo, apresurado. Atajó especulaciones y frenó presiones internas dentro del gobierno, pero no dejó abiertas sus posibilidades. El capital político de Mancera al aceptar lo que acordaron los partidos, aunque no le guste en lo personal, se vio fortalecido interna y públicamente, lo que le permitiría negociar con el Frente por México una integración orgánica, que falta les va a hacer. El acuerdo de coalición que entregaron al Instituto Nacional Electoral es un pacto cupular que todavía tiene que amarrarse hacia abajo, con los militantes de cada uno de los partidos, y con los ciudadanos.

Mancera puede jugar un papel importante en el campo de los ciudadanos y como puente entre sectores partidistas que no están de acuerdo con la coalición. Él siempre fue un creyente del Frente Ciudadano y no tendría por qué decidir de manera individual su exclusión por el hecho de no haber sido nominado candidato a la Presidencia, ya sea como eventual Jefe de Gabinete, o en otra posición.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO / 12/12/2017 | 03:00 AM) 

EL FRENTE: LOS PACTOS SECRETOS

Nadie sabe realmente para quién trabaja. El 26 de octubre del año pasado se dio a conocer en este espacio la negociación entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para materializar una vieja idea del veracruzano, la creación de un cuarto polo de cara a las elecciones de 2018. Un año después, Delgado lo traicionó y se alió con el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, para empujarlo a la candidatura presidencial de una coalición de oposición, que se formalizó este viernes como Por México al Frente. Lo paradójico de todo es que no fue una vindicta natural la de Delgado, sino resultado de la construcción de una serie de condiciones que llevaron a decisiones pragmáticas, incluido al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que estuvo involucrado en varios momentos del fortalecimiento de la coalición.

Durante más de seis meses, Anaya se convirtió en el enemigo declarado número uno del Gobierno federal, impulsado por la molestia del Presidente Peña Nieto quien había pactado con el líder del PAN un proceso electoral en el Estado de México donde se unieran contra Morena, y sintió que lo había engañado cuando comenzó a criticar a los priistas de corruptos y hacerlos los principales enemigos a vencer. A través de El Universal, buscaron aniquilarlo con revelaciones sobre el oscuro crecimiento de su fortuna familiar, a lo que Anaya se creció y respondió con denuncias sistemáticas de la injerencia directa del gobierno. No lo pudieron liquidar políticamente y lo fortalecieron, aunque en ese momento no era suficiente para que alcanzara la candidatura presidencial del Frente, que deseaba también Mancera.

La campaña contra Anaya desde el Gobierno federal se fue desvaneciendo de manera misteriosa. “Estamos esperando algo muy fuerte”, dijo uno de sus principales asesores. “Nos lo vienen anunciando en la prensa”. Nunca llegó esa nueva bomba porque, en otra de las paradojas de la construcción de la candidatura presidencial de Anaya, un par de aliados inopinados cambiaron el rumbo del Frente. La Senadora Dolores Padierna y su ex esposo René Bejarano, líderes de Izquierda Democrática Nacional, una de las corrientes históricas y poderosas del PRD, fueron detonantes de lo que hoy se vive.

A principio de septiembre renunciaron al partido en el que militaron por 28 años en protesta por la alianza con el PAN, anunciada en mayo por Anaya y la líder del PRD, Alejandra Barrales, para formar un frente amplio opositor en 2018. Desde agosto habían amagado con irse, pero dentro del PRD no hubo los reflejos necesarios para evitar su renuncia. La salida de ellos dos hacia el campo de Andrés Manuel López Obrador en Morena, debilitó al PRD como una opción real de poder, con lo cual se detuvo la campaña contra Anaya desde el gobierno, y se inició una negociación secreta con Delgado.

A través del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Delgado habló con el Presidente Peña Nieto en Los Pinos y sostuvo un diálogo continuo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El propósito era uno. Movimiento Ciudadano, que coqueteaba con el Frente y Morena, no podía sumarse a López Obrador. Lo apoyarían en Jalisco, donde el Alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, parece ir caminando sobre nubes hacia la gubernatura el próximo año, a cambio de permanecer en el Frente. Para ampliar la convergencia de partidos en el Frente, Anaya buscó a principios de octubre a Luis Castro, líder de Nueva Alianza, para proponerle que se uniera a la coalición. Lo que Castro pedía a cambio era un número proporcionalmente igual de posiciones que las de Movimiento Ciudadano. En automático, Castro se volvió un estorbo para Delgado, el político más sagaz dentro del Frente. Si se unía Nueva Alianza, perdería posiciones, poder y presupuesto.

La propuesta de Castro se dejó pudrir, hasta que 50 días después de haberla presentado, el líder de Nueva Alianza retiró la posibilidad de unirse al Frente. Para entonces, Anaya y Delgado ya habían forjado un pacto al margen de Mancera. La primera señal pública de ello la reveló el Jefe de Gobierno en un foro político convocado por El Financiero en la última semana de noviembre, en el inicio de su sprint final para que la selección del candidato presidencial del Frente no fuera, como lo llamó, una “imposición”. Para ese momento, se puede ver hoy con mayor claridad, era demasiado tarde. El PAN no cedía para que le quitaran la candidatura presidencial a ese partido, y el PRD no tenía opciones. “Aceptaré lo que los partidos decían”, dijo Mancera.

La salida de Padierna y Bejarano volvió al PRD rehén del PAN. Con Movimiento Ciudadano amarrado con el gobierno y el PAN en el Frente, el PRD se quedó sin alternativa: o firmaba la coalición, con lo cual obtendría posiciones de gobierno y legislativas en 2018 para repartir entre sus militantes, o sin ser una opción de poder real, colapsaría con la diáspora hacia Morena. Sacrificar a Mancera fue una decisión pragmática, tras una gestión débil de Barrales para sostener al partido en una posición de fuerza dentro de las negociaciones del Frente. Tampoco, es cierto, el PRD daba para más.
Mancera fue lastimado la semana pasada por Delgado, quien anticipando lo que vendría días después, repartió candidaturas y dijo que Mancera podría coordinar al Frente en el Senado. Barrales apuntaló: puede coordinar la campaña presidencial. Esto no es, sin embargo, lo que quieren proponerle.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 11/12/2017 | 04:00 AM)