sábado, 22 de julio de 2017

LOS CAMPESINOS DE LA COCA EN COLOMBIA TEMEN POR SU SUBSISTENCIA EN TIEMPOS DE PAZ


Después de décadas de conflicto, las Farc y el gobierno buscan que los agricultores colombianos sustituyan sus campos de coca por cultivos legales, pero las ganancias de la coca siguen siendo demasiado tentadoras y muchos desconfían de las promesas de las autoridades.

LOS RÍOS, Colombia .— Más o menos cada tres meses, Javier Tupaz, padre de seis hijos, baja la colina desde su casa de tablones de madera para trabajar en su laboratorio de cocaína en la jungla.

Al igual que todos en su poblado, Tupaz depende del negocio de la coca para obtener efectivo, y ha sobrevivido durante décadas de guerra en Colombia. La producción no se detuvo durante el conflicto que parecía no tener fin entre los guerrilleros y el gobierno colombiano, que trató de destruir sus cultivos de coca en múltiples ocasiones. Él simplemente volvía a plantarla.

Sin embargo, Tupaz cree que hay una cosa a la que sus cultivos podrían no sobrevivir: la paz.

El acuerdo de paz que se firmó el año pasado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Farc, puso fin al conflicto más antiguo del continente americano. Pero el gobierno colombiano también ve en la paz la mejor oportunidad que Colombia ha tenido en décadas para acabar de una vez con el tráfico de drogas controlado por los guerrilleros, y poder sustituirlo con cultivos legales, aunque sean menos lucrativos.

 “Celebramos el acuerdo; después de todo, el conflicto terminó”, dijo Tupaz, de 44 años, al lado de uno de sus enormes barriles de droga. “Pero, por otra parte, las Farc tenían el control aquí; uno podía cultivar coca, tener un laboratorio y estaba protegido”.


Pedro Emilio Culchas con sus cultivos de pimienta, que comenzó a sembrar en 2007 en sustitución de la coca Credit Juan Arredondo para The New York Times

La paz significa que los soldados ya no tienen que abrirse paso a tiros en el territorio de los rebeldes para arrancar plantas de coca ni desmantelar laboratorios de droga. Ahora las Farc, que formalmente entregaron las armas en junio, han unido fuerzas con el gobierno para que los campesinos dejen de cultivar coca, en una de las primeras colaboraciones entre los hasta hace poco enemigos.

Afuera de Los Ríos, la comunidad en la que vive Tupaz, los rebeldes ahora aparecen vestidos de civiles junto a los funcionarios del gobierno, intentando convencer a los campesinos de que planten cultivos como la pimienta negra y el palmito.

“Sin la guerra con las Farc se nos presenta una gran oportunidad”, explicó el vicepresidente Óscar Naranjo, un general retirado que pasó buena parte de su carrera luchando contra los guerrilleros.

Hay cierta urgencia detrás de los esfuerzos por sustituir los cultivos. El año pasado, incluso cuando el gobierno y las Farc estaban negociando la paz, el cultivo de coca en Colombia se disparó: una cantidad récord de tierras fueron destinadas a este cultivo, señaló la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca.

Ahora, como parte de su plan de reconstrucción de los departamentos colombianos en la jungla y asolados por la guerra, el gobierno promete entregar dinero a las primeras 50.000 familias productoras de coca que acepten la oferta de sustitución: un pago mensual de unos 325 dólares por el primer año que los campesinos abandonen el cultivo de coca, seguido de subsidios para plantar nuevos cultivos y educación sobre cómo hacerlos crecer.



Colombianos que cultivan coca en La Florida durante un seminario de buenas prácticas para la sustitución Credit Juan Arredondo para The New York Times

Pero, aunque haya incentivos, el general Naranjo advirtió que no desaparecerá el uso de la fuerza.

“No todos querrán sustituir sus cultivos”, dijo, en especial aquellos que tienen fuertes lazos con la industria del narcotráfico. “Y para ellos habrá erradicación manual forzada”.

Desde el pequeño terreno cercano a su pueblo, Tupaz dice que le parece como si la historia se repitiera.

Tupaz recuerda que a principios de 2000 el gobierno le entregó dos vacas a cada familia para que dejaran de producir coca, un plan que condujo a que los precios del ganado se desplomaran cuando la gente vendió los animales. O cuando a los funcionarios se les ocurrió la idea de cultivar vainilla, proyecto que fracasó porque en Los Ríos nadie sabía cómo cultivarla. Luego hubo una ocasión en 2010 cuando Tupaz, después de tantas fumigaciones a sus plantas de coca, prefirió abandonar el cultivo de droga y recorrer un camino lodoso hasta el banco local del pueblo para solicitar un préstamo con el fin de plantar 8000 metros cuadrados de cacao.

“Tenían apenas este tamaño cuando también los rociaron”, dijo, levantando la mano unos cuantos centímetros del suelo, mientras relataba cómo los aviones militares arrojaron químicos que acabaron matando sus cultivos legales.

Las fumigaciones se detuvieron en 2015 porque la Organización Mundial de la Salud vinculó el herbicida utilizado para esa labor, el glifosato, con el cáncer.



Mary Fanny Ruales y su familia fueron de los primeros en sustituir sus cultivos cuando aún no se ofrecían subsidios. Credit Juan Arredondo para The New York Times

Para muchos en la Colombia rural se trata de una cuestión matemática: la hoja de coca que se usa para hacer cocaína es mucho más rentable que cualquier otra cosa que se pueda cultivar aquí.

“Estamos rodeados de campos de coca. Pagan el doble”.

ALIRIO HERNÁNDEZ, LÍDER DE UNA ASOCIACIÓN LOCAL DE AZUCAREROS

Para llegar a Los Ríos, una comunidad de 32 familias, hay que caminar por lodazales y ríos durante más de una hora; no hay hospitales ni mercados cerca, ni prácticamente ninguna industria, con excepción de la de las drogas. Los lugareños dicen que los tiempos de paz los ponen entre la espada y la pared: la criminalidad de la coca o la pobreza aún más profunda que enfrentarían al plantar otra cosa.

“Lo hemos aceptado: ganaremos menos con otros cultivos”, dijo Edward Cuaran, un joven de 23 años que cultiva coca y regresó a Los Ríos, a pesar de haber obtenido un título universitario, porque no pudo encontrar trabajo. “Pero ¿qué otra cosa se puede hacer aquí?”.

Los precios de la coca ya han disminuido debido a la gran cantidad de coca plantada y a que actualmente hay menos guerrilleros metidos en el narcotráfico, lo cual deja a muchos agricultores sin comprador.

El gobierno legalizó la marihuana —que los rebeldes han traficado desde siempre— para fines médicos, dejándola principalmente en manos de las grandes empresas. Hasta ahora se han otorgado pocas licencias, y los pequeños agricultores se quejan de que se les ignoró en el proceso. Esto ha hecho que se tengan que tomar decisiones difíciles en lugares como Corinto, un pueblo a 482 kilómetros de Los Ríos, ubicado a los pies de montañas cubiertas de arbustos de marihuana.



Una persona lava las hojas de coca, primero con gasolina y después con agua, para recopilar el extracto en barriles y después acidificarlo y mezclarlo con cemento. Credit Juan Arredondo para The New York Times

Hace poco, en una reunión de decenas de campesinos, una mujer comenzó con una oración para pedir a Dios que los ayudara “a sustituir los cultivos ilegales por legales”. Edward García, el alcalde de Corinto, explicó en términos generales un paquete gubernamental para los lugareños sobre un pizarrón blanco, mientras algunos tomaban notas. “No van a esperar para siempre a que nos sumemos”, dijo, advirtiendo que el ejército ya estaba patrullando los límites del pueblo.

Unos cuantos campesinos han logrado una sustitución exitosa en el transcurso de los años. Cerca de la frontera con Ecuador, Pablo Ángel Cuaran cortó de un machetazo una pequeña palmera y después abrió el tronco para mostrar su interior jugoso: el palmito, que había comenzado a cultivar hacía una década. Ahora planta este cultivo junto con otros miembros de una cooperativa de campesinos que negoció con el gobierno local para que por fin les llevara energía eléctrica a cambio de poner fin a sus cultivos de coca.

Ahora los cultivos legales se extienden a lo largo de 80 hectáreas de llanos, que incluyen una fosa común donde los combatientes paramilitares enterraron a decenas de víctimas.

Una enorme cruz marca el lugar, que ahora está cubierto con un nuevo cultivo de palmas. Cuaran dijo que cuando era niño y los campos eran de coca se podía ver a un hombre con una bata blanca en el camino, desmembrando cuerpos con un machete.

“Antes uno tenía mucho dinero pero nunca estaba en paz”, dijo Cuaran.



Pablo Ángel Cuaran cultiva palmito desde 2007. Credit Juan Arredondo para The New York Times

A unas cuantas horas en auto, en La Carmelita, una región con un puñado de poblados al lado de un campo de desmovilización rebelde, 500 familias ya se inscribieron en el nuevo programa de sustitución de cultivos del gobierno. En junio comenzaron a arrancar sus plantas de coca, dijo Aldemar Yandar, coordinador local del programa.

“Mucha gente piensa que, si no es coca, no se puede plantar aquí, y eso simplemente no es cierto”, dijo Yandar. “La gente pronto verá lo que su vecino está haciendo y querrá hacer lo mismo”.

Sin embargo, el atractivo de la hoja de coca siempre está cerca. La cantidad de trabajadores de una planta de procesamiento de caña de azúcar subsidiada por el gobierno cerca de La Carmelita ha disminuido; ahora emplea a una docena de los más de 30 que tenía el año anterior. La mayoría de los empleados se fueron a cultivar hoja de coca y la planta azucarera ya no pudo encontrar quien cubriera las vacantes, explicaron los trabajadores. La producción ha caído a la mitad.

“Estamos rodeados de campos de coca”, dijo Alirio Hernández, un líder en la asociación local de productores. “Pagan el doble”.

“Tal vez regresemos a la violencia si el gobierno no mantiene su parte de este acuerdo”.

CAMPO ELÍAS CHAGUA, UN AGRICULTOR DE COCA

El vicepresidente Naranjo se mantuvo optimista. Dijo que, dado que el gobierno ya no está enfocado en la guerra con los guerrilleros, por fin podrá construir los caminos y la infraestructura necesaria para crear mercados para los cultivos legales, mientras asesta el golpe final a los narcotraficantes restantes.

No obstante, Naranjo reconoció que eso tal vez no le funcione a todos, como en el caso de las poblaciones que no están conectadas a caminos o las comunidades que se asentaron en los parques nacionales de manera ilegal, donde el cultivo de coca se ha expandido en años recientes.

“A estas familias habrá que reubicarlas”, sentenció el vicepresidente.



Factores como el que el Putumayo esté retirado y que haya una falta de acceso a caminos han contribuido a que muchos campesinos continúen cultivando coca. Credit Juan Arredondo para The New York Times

Campo Elías Chagua, un agricultor de coca de 50 años que vive a las afueras de un pueblo llamado La Hormiga, espera no tener que irse.

Una mañana hace poco, Chagua se encontró con que ya se había extendido una densa selva de enredaderas y aves tropicales en su campo de coca, salpicado de árboles de cacao y de carambolas, una fruta verde en forma de estrella. Su hijo de 27 años y él pasaron el día recolectando la cosecha de los arbustos de coca en el terreno, mientras otro agricultor de coca, Arnulio Quiñones, los miraba.

“Las Farc mantenían el orden”, dijo la esposa de Chagua, Mariana Narváez, recordando los viejos tiempos. Pero ahora se preguntan: ¿lo hará el gobierno? Aquí todavía no hay energía eléctrica ni agua corriente. Y ahora los funcionarios les están pidiendo que dejen de cultivar coca.

“Tal vez regresemos a la violencia si el gobierno no mantiene su parte de este acuerdo”, dijo Chagua.

Aquel día visitaron el laboratorio de un vecino, que estaba procesando pasta de cocaína con ayuda de una persona a la que había contratado para ello. El olor a gasolina y hojas frescas inundaba el aire.

“Él simplemente no podría subsistir de la pimienta negra”, dijo Quiñones.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ NICHOLAS CASEY /18 de julio de 2017)

URUGUAY COMIENZA A VENDER MARIHUANA PARA COMPETIR CON EL NARCOTRÁFICO


Una joven muestra su camiseta con la imagen del entonces presidente de Uruguay, José Mujica, durante la primera marcha por la marihuana regulada en Montevideo, el 3 de mayo de 2014. La regulación fue aprobada a fines de 2013 y esta semana comenzará su venta para uso recreativo de forma legal en el país. Credit Matilde Campodonico /Associated Press

MONTEVIDEO — Por primera vez en la historia del continente, un país de América Latina venderá marihuana de manera oficial: este miércoles 19 de julio, cuando abran los comercios en Uruguay, casi 5000 ciudadanos registrados como “adquirentes” podrán comprar marihuana “recreacional” en 16 farmacias del país a 1,30 dólar el gramo.

La droga, por ahora, está libre del impuesto al consumo (IVA). Así lo decidió el Estado, que fijó el precio para competir sobre todo con el cannabis que llega desde Paraguay y se comercia de manera ilegal (una marihuana prensada de calidad inferior, que abastece también a Brasil y Argentina).

Uruguay es el primer país del mundo que compró, germinó y entregó —en febrero de 2016— 4000 plantines de marihuana a dos empresas que las florecieron y cosecharon por primera vez en mayo de 2016. Las autoridades uruguayas dicen que ya tienen una existencia de 400 kilos de marihuana de calidad para vender en las farmacias.

Esta es la tercera forma de acceso a la marihuana prevista en la Ley 19.172, que reguló el mercado en este pequeño país suramericano en diciembre de 2013. Hasta este miércoles, los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años interesados en acceder al cannabis legal podían elegir entre cosechar en su casa hasta medio kilo de marihuana al año o asociarse con amigos, conocidos o algún jardinero y plantar hasta 99 plantas hembras para llevarse una porción mensual de 40 gramos como máximo. Desde mañana también podrán optar por comprar en las farmacias hasta 40 gramos al mes.

El cannabis se comercializará en un empaque de plástico trilaminado con dos cierres. Uno tipo zipper y otro de seguridad para evitar perfumar las tiendas y preservar las características vegetales. El envoltorio, en color azul y blanco, tiene recomendaciones: usar el cannabis vaporizado, no mezclar con otras sustancias psicoactivas, evitar su consumo durante tareas de aprendizaje, de memoria o en el embarazo. El uso está prohibido para menores de 18 años.

El contenido del envase pesa cinco gramos. Las farmacias pueden almacenar hasta dos kilos en armarios amurados para evitar robos. También cuentan con un sistema de aviso a la policía.

Hasta el viernes anterior al comienzo de la venta había 4893 “adquirentes” registrados en las oficinas del correo estatal. El trámite para inscribirse no lleva más de cinco minutos y exige presentar cédula de identidad, comprobante de domicilio y responder una encuesta. Un escáner dactilar almacena las huellas de los usuarios en servidores informáticos para corroborar la identidad del comprador y que no se pasen de la cantidad permitida. El sistema usa la misma tecnología que los servicios financieros. Las otras dos formas de conseguir cannabis también requieren registro.



Flores de marihuana cuelgan de una cuerda mientras son cortadas y preparadas en el Club Canábico Sativa en Montevideo, Uruguay, en julio de 2016. Los clubes son una de las tres formas previstas por la legislación uruguaya aprobada en 2013 para acceder a la marihuana de forma legal. Credit Matilde Campodonico/Associated Press

Los farmacéuticos no tienen acceso a los datos personales del comprador. Solo sabrán si está habilitado a través de un lector de huellas digitales. Los datos están encriptados y el servidor se bloquea si alguien lo mueve.

La gestión de los datos sensibles fue uno de los puntos débiles del proceso y recibió críticas durante los debates sobre la regulación del mercado de cannabis.

Diego Olivera, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND) —una agencia que depende de la presidencia del país—, admite que “el registro es una restricción. Por más que se otorguen todas las garantías de protección de datos exige un nivel de confianza hacia las instituciones que no todo el mundo tiene necesariamente”.

Las cifras le dan la razón. De las 161.475 personas que la Junta Nacional de Drogas estima que usan marihuana al menos una vez al año, solamente unas 5000 se registraron para comprar en farmacias.

En diciembre de 2013 el parlamento votó la ley para regular el cannabis. En 2014 empezó a funcionar el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que habilitó, en primer lugar, el registro para el cultivo hogareño. Desde entonces, 6942 personas confiaron sus datos al Estado para poder sembrar, cultivar, cosechar y almacenar hasta 480 gramos anuales de marihuana por hogar.

El mismo año comenzaron a funcionar también los clubes de membresía. Entre 15 y 45 personas pueden formar una asociación civil para plantar marihuana legal y acceder a 40 gramos mensuales por socio.

LA ECONOMÍA DEL CANNABIS

El principal argumento que el gobierno del expresidente José Mujica repitió para impulsar la reforma a las políticas de drogas era que había que quitarle una porción del mercado al narcotráfico

La Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay le arrebató en 2016, en total, 4373 kilos de marihuana al narcotráfico, fundamentalmente material paraguayo prensado.

La legalidad parece que será más efectiva que la policía para quitarle utilidades al narcotráfico.

Si las farmacias vendieran las cuatro toneladas de marihuana que comienzan a comercializar esta semana (cada empresa puede producir un máximo de dos toneladas anuales), el consumo total de cannabis legal, en las tres modalidades previstas por la ley, sobrepasará ampliamente las incautaciones policiales.

Esto bajo el supuesto de que los 63 clubes de cannabis acopien su máximo posible (1200 kilos) y que los auto cultivadores cosechen cada gramo de su cuota legal (3192 kilos). Estas cantidades ya pisan los talones a los números de la policía. Si además los adquirientes consumen las cuatro toneladas, el cannabis legal duplicará los resultados de la policía.

Cuando los casi 5000 usuarios de las farmacias entren al mercado regulado, un cuarto de la demanda total del país será legal, de acuerdo con las estimaciones de Monitor Cannabis, un núcleo académico multidisciplinario dedicado a estudiar al nuevo mercado regulado, que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR) y coordina investigadores de distintas universidades.

ECONOMÍA DE ESTADO

En Uruguay, el Estado dirige el negocio cannábico. La ausencia de publicidad y el énfasis en la prevención estrangulan cualquier estrategia comercial por fuera de las ideas gubernamentales. Uruguay compró las semillas en España y las germinó en el Instituto Nacional de Semillas. En agosto de 2014 se realizó el llamado a licitación pública abierta internacional para elegir dos postulantes —se presentaron 22— para cosechar y distribuir; pero no para vender.

Cuando necesiten renovar existencias, las farmacias se comunicarán con la agencia de regulación. El IRCCA entonces hará el pedido a las empresas. Las restricciones están hechas a la medida de un pequeño país con tradición estatal.

La inversión inicial prevista de Simbiosys, una de las dos licenciatarias, fue de 1.700.000 dólares el primer año. Las utilidades estimadas llegarían a medio millón de dólares en cinco años.

Las farmacias se quedarán con el 30 por ciento del precio final de venta. Otro 10 por ciento será para el Estado que recaudaría un millón de dólares anuales si los usuarios se fuman las cuatro toneladas previstas por años. Las dos licenciatarias, Simbiosys e International Cannabis Corporation (que cotiza en la bolsa de Valores de Toronto), se quedarán con 0,90 dólares por cada gramo vendido. Son responsables del transporte y de todas las inversiones necesarias para hacer crecer las plantas, cosecharlas y distribuirlas.

Las empresas tienen un monopolio sobre el canal de distribución, pero no pueden hacer publicidad de las dos variedades comercializadas bajo los nombres genéricos de Alfa y Beta. Cada variedad corresponde a los dos tipos de marihuana que el Estado entregó a las empresas. Las plantas germinaron en el Instituto Nacional de la Semilla y las empresas cosecharon sus frutos. Alfa es un híbrido de la subespecie índica, una cepa más bien de relax, introspectiva. En Beta predomina la subvariedad sativa, asociada al humor.

Las dieciséis farmacias no cubren todo el territorio uruguayo. Pero hay veinte más con intención firme de comenzar a la brevedad y otras esperando conocer cómo se mueve el producto.



Un manifestante enciende un cigarrillo de marihuana durante una protesta frente a la sede del gobierno uruguayo, en Montevideo, para exigir una aplicación más rápida de la ley que regula la producción y venta de marihuana, el 5 de mayo de 2017. Credit Miguel Rojo/Agence France-Presse — Getty Images

LA IDEOLOGÍA JUDICIAL

La regulación del cannabis en Uruguay no ha sido en todos sus aspectos como muchos la imaginaban. El gobierno no ha presentado los informes técnicos de evaluación y monitoreo que exige la ley. El comité científico hace meses que no se reúne y tampoco se han conformado algunas comisiones necesarias para la implementación de la ley.

A pesar de la nueva reglamentación, existieron casos de cultivadores legales allanados. La policía no respetó el manual de procedimiento que los obliga a cuidar las plantas en custodia y, si fuera el caso, devolverlas en óptimas condiciones.

Para Gianella Bardazano, profesora del Instituto de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), también existe una “ideología judicial” relacionada con la edad y la formación de los magistrados. Algunos jueces, explica, “le atribuyeron el peor de los sentidos” a la modificación del estatus legal del cannabis.

“El consumo recreativo para ellos no existe; son adictos”, señala la investigadora especializada en políticas de drogas.

Algunas hipótesis muestran que la regulación, en vez de aumentar el consumo como algunos temían, no disparó el uso: eso ocurrió durante los últimos diez años de prohibición. Desde 2012 se observa una meseta levemente ascendente.

A partir de 2003 crecieron los procesados por delitos contra las leyes de drogas en Uruguay. En 2012 llegaron a 12 por ciento. Desde entonces, fluctúan entre 9 y 11 por ciento. “El mercado y sus actores llegaron a un punto de estabilidad donde no hay crecimiento”, interpreta Marcos Baudean, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad ORT, integrante de Monitor Cannabis.

Una de las últimas polémicas en Uruguay es que las variedades disponibles en las farmacias tienen un bajo porcentaje de THC, principio activo responsable del “viaje” de la marihuana: un 2 por ciento, cuando las variedades más habituales tienen como piso un 10 por ciento.

La decisión responde a una visión sanitarista que encarnó el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, dijeron fuentes del proceso. Pero el IRCCA tiene cinco variedades más que están siendo testeadas para incorporar a las farmacias. Su máximo valor de THC será de 8 por ciento, confirmaron desde el instituto regulador.

Otro de los puntos que ha generado sospechas y ha alimentado teorías conspirativas —desde que nunca se iba a cumplir con la venta prevista en la ley hasta que las semillas iban a ser de Monsanto porque había intereses en juego— fue el silencio oficial que mantuvo el gobierno durante todo el proceso, tal vez como estrategia defensiva.

DE URUGUAY A LATINOAMÉRICA

Desde que el expresidente José Mujica propuso regular, especialistas, activistas, académicos, periodistas y políticos de todo el mundo llegaron a Uruguay para conocer la experiencia del país. Uno de ellos fue Andrés López Velasco, director del Fondo Nacional de Estupefacientes de Colombia, responsable gubernamental de que la marihuana medicinal funcione en su país.

En 2016 Colombia votó la Ley 1.787 para la investigación científica y el cannabis medicinal. López explicó a The New York Times en Español que prestaron atención a la legislación uruguaya para desarrollar cáñamo industrial. En Uruguay ya se entregaron siete licencias para este cannabis sin efecto psicoactivo, pero con usos textiles y de alimentación, entre otros.

“En las variedades que tienen THC para uso medicinal aquí [en Colombia] establecemos la obligatoriedad de que todo se procese en aceites y extractos”, explicó López. Algo que Uruguay todavía no ha podido lograr a pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una ley y su reglamentación para el cannabis medicinal.

Colombia está por hacer el llamado para poner en funcionamiento la fabricación y venta de cannabis medicinal. A un año de aprobada la ley, los laboratorios y las universidades ya testean cannabis medicinal para estandarizar la producción de aceites. En Uruguay, a cuatro años de la ley, la marihuana medicinal brilla por su ausencia ante los reparos que el Ministerio de Salud Pública (MSP) muestra en cada discusión interna.

México, por otra parte, consiguió eliminar la penalización del uso de cannabis medicinal a finales del año pasado. “Todos estamos mirando a Uruguay para ver cómo va la venta en farmacias. Uruguay permite visualizar entre modelos, comparar y sacar una idea de la regulación preferida”, señala Zara Snapp, consultora en políticas de drogas con base en México.

“Lo que pasó en Uruguay sirve para relativizar el peso de los tratados de control de sustancias. Uruguay relativizó el peso de los tratados en general”, opina Catalina Pérez Correa, socióloga y antropóloga de asuntos jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, que discute activamente sobre regulación de mercados de drogas en México.

“Frente a cien años de prohibicionismo se creó un sistema nuevo y es un gran logro. Hay un debate en todo el mundo donde también son muy lentas las iniciativas para regular los mercados y romper el prohibicionismo rígido. Uruguay lo está rompiendo y está ensayando con coraje cívico un nuevo sistema”, opinó Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) en dos periodos y exembajador de Uruguay ante la OEA.

El modelo uruguayo está empezando a caminar en una región que, muy tímidamente, apenas tocó sus marcos normativos. Los porcentajes de THC, el registro y las carencias institucionales podrían mejorar. “Hay una curva de aprendizaje”, repiten desde el IRCCA.
“El paso del tiempo irá dictaminando cuáles de las restricciones tienen que mantenerse y cuáles pueden evolucionar o eventualmente flexibilizarse”, señala Olivera, el actual secretario de la JND.

“Es la primera vez que se hace algo de esto en el mundo”, dice Sebastián Aguiar, doctor en Sociología y coordinador de Monitor Cannabis, “es muy difícil que todo salga bien”.

(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ GUILLERMO GARAT/ 18 de julio de 2017)


GALERÍA: LA MIRADA ALTERNATIVA DE LAS RADIOS COMUNITARIAS DE ARGENTINA


Las estaciones de radio comunitarias de ArgentinaCreditAnita Pouchard Serra/Hans Lucas

En esta época, la gente se comunica de manera instantánea mediante mensajes de texto o ve las transmisiones noticiosas más recientes en su computadora, pero algunas personas en Argentina han adoptado un medio de comunicación que no cuenta con tecnología de punta: la radio. Desde que ocurrió la crisis económica de principios de la década de 2000, decenas de estaciones de radio comunitarias han surgido en aldeas remotas y barrios sobrepoblados para ofrecer a los radioescuchas una fuente alternativa de noticias e información, en contraste con las radiodifusoras comerciales y tradicionales del país.

Durante los últimos años, Anita Pouchard Serra ha documentado a varios colectivos argentinos que ayudan a que los grupos comunitarios monten estaciones de radio de baja y mediana potencia. Los proyectos no solo ofrecen información, sino también una manera de unir a los residentes en torno a un proyecto común conforme aprenden a montar, dirigir y programar una estación.


Martín, uno de los fundadores de DTL!, durante una larga asamblea en la que se discutieron temas políticos y sociales, así como planes para nuevos proyectos de radios comunitarias. 2015. Credit Anita Pouchard Serra/Hans Lucas

“Estas estaciones pueden tener un gran impacto en la vida cotidiana de las personas porque les dan la opción de elegir qué escuchar”, dijo Pouchard Serra, quien divide su tiempo entre Buenos Aires y París. “En zonas rurales donde no hay internet ni servicio de celular, ofrecen una manera de comunicarse entre aldeas y organizaciones para enterarse de lo que está pasando”.

Su serie fotográfica es resultado de su curiosidad sobre los efectos remanentes de la crisis de Argentina en los procesos políticos y sociales del país, por la cual comenzó a cubrir manifestaciones callejeras. Durante una de ellas, conoció a miembros del colectivo DTL!, uno de los grupos que ayudan a otras organizaciones a montar estaciones alternativas de radio. Después de visitar su taller, les propuso seguirlos en el proceso de montaje de un transmisor y un estudio.

“Son agentes invisibles en su lucha”, comentó. “Su trabajo estaba oculto, así que propuse ir con ellos para documentar el proceso”.

El colectivo proporciona el transmisor, la antena y otros equipos —que pueden costar cerca de 1300 dólares, una suma que ayudan a recaudar a través de sorteos, fiestas y otros métodos— y reclutan a la comunidad para poner la estación en marcha. En las ciudades, su señal podría limitarse a algunas cuadras, mientras que en el campo puede llegar a lugares que se ubiquen hasta a 40 kilómetros de distancia.



Miembros de DTL! durante la construcción de una torre de radio, en 2014 Credit Anita Pouchard Serra/Hans Lucas

La programación es variada dependiendo de las diferentes ubicaciones y estaciones, que operan en su mayor parte de manera ilegal. En las ciudades, dijo, la programación se enfocaba en temas de política, problemas sociales y cultura. En algunos casos, las organizaciones que patrocinaban la estación la usaban como medio para promover su trabajo en el contexto de las circunstancias políticas y económicas del país. En algunas localidades, los programas incluso se transmitían en lenguas indígenas.

Su impacto puede ser especialmente profundo en áreas remotas donde los funcionarios intentan controlar la información, dijo la fotógrafa. Durante un conflicto en torno a un proyecto minero en la región norte del país, el alcalde de un pueblo estuvo promoviendo de manera enérgica el controvertido plan a pesar de la oposición local a la destrucción del paisaje y su resultante contaminación. Pouchard Serra dijo que una estación de radio alternativa fue capaz de ofrecer programación en contra en la que se presentó el punto de vista de la oposición.

A lo largo de los años, las estaciones se han unido bajo una red central que les permite compartir programas. Otro grupo de cerca de diez estaciones se reúne semanalmente para establecer qué temas abordarán durante la semana.


Matías y Leonardo, de DTL!, durante una asamblea semanal en Buenos Aires en 2014 Credit Anita Pouchard Serra/Hans Lucas

Aunque el colectivo ayuda a instalar la estación, son grupos de lugareños los que la dirigen. Esto puede ser un desafío porque la gente se cansa o pierde el interés. Aun así están surgiendo más estaciones, dijo la fotógrafa.

“A veces lo que se transmite no es tan importante como el efecto que tiene en los residentes”, explicó Pouchard Serra. “La radio es un proyecto visible que une a la gente para participar como productores o técnicos. En esos barrios, la radio funciona como un centro donde la gente se reúne y se une. Se crean vínculos para generar solidaridad, donde la gente se conoce”.

(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ DAVID GONZALEZ/ 15 de julio de 2017)


EL REGRESO DE JAVIER DUARTE A MÉXICO: UN RETO PARA LA IMPUNIDAD


Javier Duarte durante una audiencia para su extradición desde Guatemala, el 4 de julio Credit Johan Ordonez/Agence France-Presse — Getty Images

CIUDAD DE MÉXICO — Javier Duarte, el exgobernador mexicano al que se le adjudica un desvío colosal de fondos públicos, regresará esta lunes a México para enfrentar un juicio por cargos de corrupción después de su extradición desde Guatemala, donde estuvo prófugo por varios meses.

El proceso contra el exmandatario del estado de Veracruz ha generado muchas expectativas en el país. Se trata de una figura emblemática de la corrupción en México, pues la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de fondos públicos, estima que de 2010 a 2015 el gobierno de Duarte habría desviado más de 45.000 millones de pesos (unos 3000 millones de dólares) mediante empresas fantasma. Es la cifra más alta de desfalco para cualquier entidad pública mexicana —estatal o federal— desde que la ASF lleva un registro.

Además, el caso de Duarte será uno de los de más alto nivel llevados con el nuevo sistema de justicia acusatorio en México, que entró en vigor formalmente en junio del año pasado con cambios como audiencias orales en vez de expedientes escritos y requisitos más rigurosos para la recopilación de pruebas y el peritaje.

 “Va a ser una de las pruebas de fuego del nuevo sistema para que, en el caso de que se compruebe la responsabilidad, se haga adecuadamente y sea sancionada de la manera correspondiente”, dijo Eloy Morales Brand, experto en derecho penal y jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. “Será uno de los mejores ejemplos que vamos a tener de si efectivamente se está luchando contra la impunidad”.

“El caso contra Duarte será uno de los mejores ejemplos que vamos a tener de si efectivamente se está luchando contra la impunidad”.

ELOY MORALES BRAND, EXPERTO EN DERECHO PENAL

Sin embargo, Duarte es solo uno de los trece gobernadores mexicanos que están siendo investigados por diversos cargos de corrupción por la Procuraduría General de la República (PGR). Apenas el 3 de julio pasado se abrió una carpeta de investigación contra el actual mandatario del estado de Nayarit, Roberto Sandoval.

Pero esos trece casos no bastan para explicar los números generales de desvíos y afectaciones a las cuentas públicas. La ASF ha presentado unas 740 denuncias durante los últimos tres años ante la procuraduría y solo 30 de ellas han sido resueltas; es decir: el 4 por ciento. “Hay un rezago importante”, dijo el director de la auditoría, Juan Manuel Portales, al presentar las cifras ante la Cámara de Diputados de México a finales de mayo.

Y es un rezago evidente más allá de los casos de corrupción. A nivel general, las cifras de impunidad que arroja México son impresionantes.

“De cada cinco homicidios dolosos, solo uno es procesado”, dijo Federico Reyes Heroles, expresidente y fundador del consejo rector del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien actualmente es director del consejo de Impunidad Cero, un grupo de la sociedad civil que recopila y analiza datos de temas relacionados a la justicia en el país. “El número de homicidios en los últimos años ha oscilado entre 12.000 y 22.000 al año, pero el número de sentencias que se pronuncia al respecto no ha cambiado en la última década y media”.

Para Reyes Heroles, este es un tema que tiene hastiados a los mexicanos: “Sabemos y nos damos cuenta” de lo que sucede en materia de corrupción e impunidad, señala, “y vemos que no pasa nada”.



Una sesión de capacitación de jueces mexicanos para el sistema acusatorio, u oral, por parte de expertos estadounidenses, en 2012 Credit Dennis Rivera para The New York Times

La situación responde, en parte, a un funcionamiento del sistema judicial que Reyes Heroles califica como “la carencia brutal de la aplicación de la ley”, tanto por el presupuesto que se le asigna —el monto de este año para todo el Poder Judicial en Veracruz, por ejemplo, equivale al 3,7 por ciento del monto para la cartera de Educación— como por la capacitación que han recibido los jueces, defensores y procuradores, así como por la falta de personal. “México necesita diez jueces más de los que tenemos hoy”, aseguró el politólogo.

La falta de recursos humanos es algo que busca solucionar el nuevo sistema penal, aunque la misma PGR ha indicado que el personal especializado todavía no cuenta con suficiente capacitación para la recopilación de pruebas. Políticos a nivel local y federal señalan que estas falencias han permitido dejar libre a posibles criminales, y que el cambio en el sistema acusatorio es responsable de un aumento de la violencia. (Un análisis estadístico sugiere que los datos no respaldan tal aseveración).

“Es un cambio de algo que lleva aplicándose más de 500 años, porque teníamos el sistema inquisitivo desde la conquista, y poco a poco es como vamos a ir generando el conocimiento de los operadores. Sí falta capacitación en algunos policías, servidores, defensores y jueces”, dijo el el experto en derecho penal Morales Brand, “pero considero que existen las herramientas adecuadas para lograr una aplicación adecuada del sistema”.

A las complicaciones con el nuevo sistema penal se suman retrasos en la aplicación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Cuando fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto hace un año, el mandatario dijo que con él se erradicarían “los abusos de quienes no cumplen con la ley” y lo calificó como “un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad”. Pero desde entonces ha enfrentado frenos y trabas en varios frentes.

El fiscal anticorrupción, que por primera vez sería independiente del poder ejecutivo —la PGR es parte de la Secretaría de Gobernación— no ha sido nombrado e incluso se reveló que dos de los candidatos, ahora descalificados, se copiaron en una de las pruebas. Tampoco se han creado todos los organismos locales que deberían de existir a nivel local para complementar al sistema. El Comité de Participación Ciudadana, un órgano inédito en México que permitiría que la sociedad civil promueva políticas anticorrupción y vigilaría el funcionamiento del sistema, ha sido blanco de ataques; algunos políticos y comunicadores, por ejemplo, acusaron falsamente que sus integrantes fueron nombrados al cargo por amiguismo.

Es una señal de que los políticos a cargo de temas como el nombramiento del fiscal “no pueden ponerse de acuerdo, o de que lo están haciendo, pero específicamente para frenarlo”, opinó Reyes Heroles.

Sin embargo, el hecho de que exista el SNA ya es visto como algo positivo, sobre todo si desde ahora provoca tales reacciones en ciertos sectores públicos. “La buena noticia es que no hay vuelta atrás”, dijo recientemente Max Kaiser, el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. “Somos más los que queremos hacer que esto funcione que las pocas personas que quieren hacer que falle”.

Y se toma como un hecho que las acciones anticorrupción seguirán siendo demandadas por los mexicanos, en particular de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

“Esto ya no es asunto de voluntad política”, dijo Reyes Heroles, pues con un caso como el de Duarte o de otros funcionarios públicos acusados de desfalcos e ilegalidades similares, las diferentes ramas del gobierno —y los próximos integrantes de este— ya no tienen tanto margen de maniobra para quedarse sentados de manos: “Ahora hay un actor que es la opinión pública, que no se va a doblegar. Quien llegue a la presidencia, del color que sea, va a tener que seguir atendiéndola”.

Reyes Heroles añadió que, cuando la oficina de Transparencia México apenas fue instalada, en 1999, en algunos sondeos un tercio de la población mexicana llegó a opinar que la corrupción no era tan mala, pero que esa sociedad ha cambiado y ya no existe. “Es otro México y me da confianza de que ya nadie para esto”, señaló.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ MARINA FRANCO/ 17 DE JULIO DE 2017)

‘NO HE HECHO NADA MALO’: TRUMP ARREMETE CONTRA LOS INVESTIGADORES DE LOS POSIBLES NEXOS CON RUSIA


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca, este miércoles en entrevista con The New York Times Credit Stephen Crowley/The New York Times

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el miércoles que no habría nombrado a Jeff Sessions como procurador general si hubiera sabido que se recusaría de la investigación sobre la posible intervención rusa que ha perseguido su presidencia. Dijo que la decisión de Sessions fue “muy injusta con el presidente”.

En esta ruptura pública y notable con uno de sus primeros simpatizantes políticos, Trump se quejó de que al final el comportamiento de Sessions provocó la designación de un fiscal especial lo que, según él, nunca tendría que hacer sucedido. “Sessions no se tendría que haber recusado, y si lo iba a hacer, debió decirme antes de que aceptara el puesto y así yo habría nombrado a alguien más”, dijo Trump.

En una extensa entrevista con The New York Times, el presidente estadounidense también acusó a James Comey —el director del FBI que despidió en mayo— de intentar aprovecharse de un archivo con información comprometedora para mantener su trabajo. Trump criticó tanto al actual director del FBI —quien está en el cargo desde el despido de Comey— como al fiscal general suplente que lo recomendó y arremetió contra Robert Mueller III, el consejero especial que ahora encabeza la investigación del involucramiento de Rusia en las elecciones del año pasado.

Trump dijo que Mueller dirige una oficina plagada de conflictos de interés y le lanzó una advertencia a los investigadores en contra de profundizar en otros asuntos que no tengan que ver con Rusia. El mandatario no habló sobre la posibilidad de que podría ordenarle al Departamento de Justicia que despida a Mueller, ni esbozó las circunstancias en las que lo haría, sin embargo dejó abierta esa posibilidad mientras lamentaba profundamente esa investigación que le ha cobrado factura en términos políticos.

“No creo que nos estén investigando. No estoy siendo investigado… ¿por qué? No he hecho nada malo”.

TRUMP, SOBRE PESQUISA DE VÍNCULOS RUSOS CON SU EQUIPO DE CAMPAÑA

Cuando se le preguntó si consideraría que la investigación de Mueller se sobrepasa al ampliarse y revisar las finanzas de su familia más allá de cualquier relación con Rusia, Trump dijo: “Diría que sí”. Lo que no dijo es qué haría al respecto. “Creo que esa es una violación. Miren, todo esto es sobre Rusia”.

Aunque la entrevista abarcó una amplia variedad de temas como el sistema de salud pública, las relaciones exteriores y la política, la investigación sobre Rusia dominó la conversación. Trump dijo que, hasta donde sabe, no está siendo investigado a pesar de la información de que Mueller está explorando si el presidente obstruyó la justicia al despedir a Comey.

“No creo que nos estén investigando. No estoy siendo investigado… ¿por qué? No he hecho nada malo”, dijo.



En junio, el fiscal general Jeff Sessions testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado. Credit Eric Thayer para The New York Times

Al describir una conversación informal con Vladimir Putin —que se dio a conocer hace poco— durante la cena de líderes mundiales en el G20, Trump dijo que hablaron durante unos quince minutos en los que básicamente solo intercambiaron comentarios corteses y se acercó porque Putin estaba cerca de la primera dama, Melania Trump.

“La cena se movía hacia el postre. Fui a saludar a Melania y cuando estaba allí le dije hola a Putin. Realmente cortesías más que otra cosa. No fue una conversación larga pero fue, ya saben, como de quince minutos. Solo hablamos sobre cosas. De hecho, fue muy interesante, hablamos sobre adopción”, dijo.

Putin prohibió las adopciones de niños rusos por estadounidenses en 2012 después de que Estados Unidos sancionara los abusos a los derechos humanos ocurridos en Rusia, un asunto que sigue siendo un tema delicado en la relación con Moscú.

Trump reconoció que era “interesante” que surgiera el tema las adopciones dado que su hijo, Donald Trump Jr., indicó que ese había sido el tema que discutió con varios rusos vinculados al Kremlin durante una reunión en la Trump Tower en junio del año pasado.

“No había mucho que pudiera decir sobre Hillary Clinton que fuera peor de lo que ya estaba diciendo”.

TRUMP, SOBRE REPORTES DE QUE SU HIJO QUERÍA CONSEGUIR INFORMACIÓN COMPROMETEDORA DE CLINTON

Aunque en los correos electrónicos se muestra que la finalidad del encuentro era compartir información incriminatoria sobre Hillary Clinton, el presidente dijo que el año pasado no necesitaba ese material sobre su rival demócrata porque ya tenía más que suficiente.

“No había mucho que pudiera decir sobre Hillary Clinton que fuera peor de lo que ya estaba diciendo”, señaló Trump. “A menos de que alguien diga que le disparó a alguien en la espalda, no hay mucho que agregar al repertorio”.

Pero el mandatario reiteró que en ese momento no sabía que su hijo se había reunido con personas vinculadas a Moscú. Esta entrevista se produjo mientras la Casa Blanca intenta recuperar fuerzas después de que colapsara una medida sobre el sistema de salud y ahora que el hijo del presidente, su yerno y su ex director de campaña fueron llamados a testificar ante el senado el próximo 24 de julio.



El presidente Donald Trump en el Despacho Oval en mayo Credit Doug Mills/The New York Times

Relajado y comprometido, el presidente se sentó en el escritorio “Resolute” en el Despacho Oval acompañado de su asesora, Hope Hicks. La conversación se realizó luego de un almuerzo que tuvo con senadores republicanos y antes de un evento para promover la semana de “Hecho en Estados Unidos”.

En el transcurso de 50 minutos, Trump se exaltó por momentos pero también se mostró más ameno e hizo bromas sobre cómo le da la mano al presidente de Francia Emmanuel Macron y se imaginó un desfile militar en una avenida de Washington. Dijo que estaba satisfecho porque ha caído la tasa de desempleo y los mercados han registrado mejores números durante su mandato.

En algún momento, su hija Ivanka llegó a la puerta con su hija, Arabella, quien corrió hacia su abuelo y le dio un beso. Él se refirió a la niña de seis años como “bebé” y luego la instó a que le demostrara a los reporteros cómo puede hablar chino mandarín. Ella lo hizo.

“Jeff Sessions acepta el trabajo, se mete al trabajo, se recusa, lo que francamente creo es muy injusto para el presidente”.

TRUMP, SOBRE EL FISCAL GENERAL

Sin embargo, durante la entrevista fue evidente que la investigación sobre posibles vínculos rusos es una herida para su gobierno. Su arremetida contra Sessions también demostró que eso todavía lo afecta, aunque han pasado meses desde que se recusó el fiscal general. Sessions fue el primer senador en respaldar la candidatura de Trump y fue premiado con un cargo importante en el gabinete, pero recientemente se ha distanciado del mandatario.

“Jeff Sessions acepta el trabajo, se mete al trabajo, se recusa, lo que francamente creo es muy injusto con el presidente”, dijo. “¿Cómo aceptas un trabajo y luego te recusas? Si lo hubiera hecho antes de aceptar, le habría dicho: ‘Gracias, Jeff, pero no te voy a incluir’. Es extremadamente injusto, y esa es una palabra leve, con el presidente”.

Trump también criticó a Sessions por su comparecencia ante el senado para su confirmación al cargo, cuando el fiscal general dijo que no había tenido “comunicaciones con los rusos” pese a que se había reunido al menos dos veces con el embajador Sergei Kislyak. “Jeff Sessions dio respuestas equivocadas”, dijo el presidente. “Dio algunas respuestas que eran cuestiones sencillas y merecían respuestas sencillas, pero no lo fueron”.

Un portavoz de Sessions prefirió no comentar al respecto cuando fue contactado el miércoles. Aunque Sessions se pronunció este jueves y dijo que se quedó en el cargo “tanto tiempo como fue apropiado”.



James B. Comey, el exdirector del FBI, testificando ante el Comité Judicial del Senado, el mes pasado Credit Carolyn Kaster/Associated Press

El mandatario agregó una nueva acusación contra Comey, cuya destitución se ha vuelto un tema candente entre los críticos que sostienen que representa un intento de obstruir la investigación sobre el involucramiento ruso en la elección y la posible colusión con integrantes del equipo de Trump.

Según el presidente, unas dos semanas antes de su toma de posesión lo fueron a visitar Comey y otros agentes de inteligencia en la Trump Tower para un informe sobre la posible interferencia rusa. Comey después le dijo a Trump que había un archivo con información de un exespía británico lleno de acusaciones salaces contra el presidente, entre ellas detalles sobre sus supuestas aventuras con prostitutas en Moscú. El FBI no ha corroborado las afirmaciones del archivo.

En la entrevista, Trump dijo que creyó que Comey lo estaba informando para dejar claro que tenía algo comprometedor contra el presidente. “En mi opinión, lo compartió para que pensara que lo tenía por ahí”, dijo Trump. ¿A modo de ventaja? “Sí, eso creo, en retrospectiva”, contestó.

El mandatario también descartó las afirmaciones del archivo: “Cuando me lo trajo, dije: ‘esta es basura inventada’. No creo en nada de eso. Solo pensé, hijo, esta es una cosa muy falsa”.

Comey prefirió no comentar. Pero tanto él como otros agentes de inteligencia decidieron que lo mejor era mencionarle el tema a Trump, a solas, porque Comey seguiría siendo director del FBI. Cuando Comey testificó ante el congreso que reveló detalles del archivo, dijo que lo había hecho porque pensaba que los medios publicarían detalles al respecto y que Trump tenía derecho a saber qué información existía sobre él. Un resumen de dos páginas del archivo fue reportado en varios medios, incluido el Times, la semana antes de la toma de posesión.

“Mira, vean su testimonio. Su testimonio está lleno de mentiras, ¿ok?”.

TRUMP, SOBRE JAMES COMEY

El presidente descartó las aseveraciones de Comey quien sostiene que le pidió cerrar la investigación contra su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn en una reunión en el Despacho Oval, el 14 de febrero, como Comey dijo ante el congreso. Según el exdirector del FBI, Trump le pidió al vicepresidente, al fiscal general y otros funcionarios de alto rango que se salieran de la oficina, antes de discutir el tema con Comey.

“No recuerdo haber hablado con él sobre nada de esto”, dijo Trump. “Él dijo que le pedí a la gente que se fuera. Mira, vean su testimonio. Su testimonio está lleno de mentiras, ¿ok?”. Trump dijo que no se siente arrepentido por haber despedido a Comey: “Hice una gran cosa para el pueblo estadounidense”.



El fiscal Robert Mueller en 2012 Credit J. Scott Applewhite/Associated Press

El mandatario también criticó a Mueller, exdirector del FBI, al recalcar algunas quejas en el pasado de que los abogados de la oficina de Mueller le dieron fondos a la campaña de Clinton. Hizo notar que había entrevistado a Mueller para remplazar a Comey, justo antes de que fuera nombrado fiscal especial.

“Estaba arriba y quería el trabajo”, dijo Trump. Después de que lo nombraron fiscal, “dije: “¿y esto de qué diablos se trata?’. Hablando de conflictos. Fue entrevistado para el trabajo. Hay muchos otros conflictos que no he mencionado, pero lo haré en algún momento”.

“Hay muchos otros conflictos que no he mencionado, pero lo haré en algún momento”.

TRUMP, SOBRE PRESUNTOS CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL PODER JUDICIAL

El presidente también dijo que estaba descontento con el subprocurador Rod Rosenstein, quien es de Baltimore. Cuando Sessions se recusó en el tema ruso y Rosenstein quedó a cargo, Trump descubrió de dónde era y dijo que eso le molestaba. “Hay muy pocos republicanos en Baltimore”, indicó.

Se quejó de que Rosenstein ha estado en ambos bandos cuando se trata de Comey. El subprocurador general recomendó que Comey fuera despedido pero después nombró a Mueller, quien investiga si ese despido fue una obstrucción de justicia. “Pues eso es un conflicto de interés”, dijo Trump. “¿Saben cuántos conflictos de interés hay?”.

Trump también sugirió que Andrew McCabe, el director en funciones del FBI, tiene conflictos. La esposa de McCabe, Jill, recibió unos 500.000 dólares en 2015 de un comité de acción política vinculado al gobernador de Virginia, Terry McAuliffe cuando ella se postuló para el senado estatal. McAuliffe es amigo de Hillary y Bill Clinton.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ PETER BAKER , MICHAEL S. SCHMIDT Y MAGGIE HABERMAN / 20 DE JULIO DE 2017)

ME ENCANTA’: LA RESPUESTA DE TRUMP JR. A LA OFERTA DE INFORMACIÓN CONTRA CLINTON


Donald Trump Jr. después de su discurso en la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, en junio del año pasado Credit Sam Hodgson para The New York Times

NUEVA YORK — El correo electrónico enviado el 3 de junio a Donald Trump Jr. no podría haber sido más claro: uno de los exasociados rusos de su padre había sido contactado por un funcionario de alto rango del gobierno de Moscú que estaba ofreciendo darle información comprometedora sobre Hillary Clinton a la campaña de Trump.

Los documentos “incriminarían a Hillary y sus tratos con Rusia y serían de mucha utilidad para tu padre”, decía el correo, escrito por un intermediario que agregaba: “Esta es información sensible de muy alto nivel pero es parte del apoyo de Rusia y su gobierno a Trump”.

Si al hijo mayor del futuro presidente le sorprendió o le preocupó de dónde venía el material prometido —o que fuera parte de una campaña de apoyo de Rusia y su gobierno— no mostró indicios de ello. “Si es lo que dices, me encanta, especialmente a estas alturas del verano”, respondió.

Cuatro días después, tras un intercambio de más correos, el intermediario escribió para proponer una reunión en Nueva York con una “abogada del gobierno ruso”.

Donald Trump Jr. estuvo de acuerdo y dijo que probablemente acudiría acompañado de “Paul Manafort (jefe de campaña)” y “mi cuñado”, Jared Kushner, actualmente uno de los asesores más cercanos del presidente de Estados Unidos.

El 9 de junio, la abogada rusa Natalia Veselnitskaya estaba sentada en la oficina de Trump Jr. en el piso 25 de la Trump Tower, apenas un nivel debajo de la oficina del actual presidente estadounidense. Para ese momento, Trump, como candidato republicano, ya tenía la protección del Servicio Secreto y el acceso a la Trump Tower era controlado. Veselnitskaya le dijo a los reporteros de The New York Times que la acompañó un intérprete, aunque se negó a dar su nombre.

Seguir
Donald Trump Jr. @DonaldJTrumpJr
Here's my statement and the full email chain
08:00 - 11 Jul 2017

En el transcurso de los últimos días, The New York Times ha revelado que la reunión se produjo, quienes estuvieron involucrados y de qué hablaron.

Sin embargo, los correos detallan cómo fue el contacto con la abogada Veselnitskaya y la forma en que Trump Jr. aceptó lo que le dijeron, de manera explícita, que sería una ayuda del gobierno ruso para la campaña electoral de su padre.

El Departamento de Justicia, al igual que los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, examinan si alguno de los asociados de Trump estuvo coludido con Moscú para afectar los resultados de la elección presidencial de noviembre pasado. Las agencias de inteligencia estadounidenses ya concluyeron que el Kremlin intentó favorecer a Trump en la contienda.

No queda claro cuál era la información comprometedora de Clinton que ofrecieron los rusos, ni hay evidencia que sugiera que eso estuvo relacionado al hackeo del Comité Nacional Demócrata. Pero varios de los relatos de los involucrados en la reunión con la abogada, incluido el de Trump Jr., han cambiado o fueron desmentidos por los correos electrónicos.

Trump Jr., por ejemplo, primero dijo que “fue una breve reunión introductoria” y que discutieron “principalmente un programa sobre la adopción de niños rusos que estaba activo y era popular con familias estadounidenses y había sido suspendido por el gobierno ruso”.

Al día siguiente, cuando el Times le informó que preparaba un artículo que diría que también se discutió la información posiblemente comprometedora de Clinton, emitió un comunicado en el que decía que: “Un allegado al que conocí durante el concurso Miss Universo 2013, me pidió tener una reunión con alguien que tendría información de ayuda para la campaña. No me dieron su nombre antes de la reunión”, indicó. “La mujer dijo que tenía información de los individuos vinculados a Rusia que estaban financiando el Comité Nacional Demócrata y apoyando a Clinton. Sus declaraciones fueron vagas, ambiguas y sinsentido. No dio detalles o información que respaldara, ni la ofreció”. Después de eso, según Trump Jr., la discusión regresó al tema de adopciones. “Me quedó claro que esa era la agenda desde un inicio”.

Cuando el Times le dijo a Trump Jr. que revelaría el contenido de los correos, en vez de responder a solicitudes de información, publicó algunas imágenes de los correos en su cuenta de Twitter.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ JO BECKER , ADAM GOLDMAN Y MATT APUZZO/ 11 DE JULIO DE 2017)